S?bado, 05 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1994\2046
RESOLUCION: SENTENCIA de 9-5-1994, n?m. 2720/1994. Rollo n?m. 409/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)

RESUMEN:

DESPIDO NULO: discriminaci?n: distinta sanci?n que la impuesta a otros
trabajadores implicados en los mismos hechos sin constar a la empresa la
autor?a de los mismos.

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 28 de Barcelona, de fecha
28-10-1993, dictada en autos promovidos sobre despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 12 de agosto de 1993 tuvo entrada en el citado Juzgado
de lo Social demanda sobre despidos suscrita por Santiago A. F. contra
Agencia Estatal de Administraci?n Tributaria, en la que alegando los hechos
y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite
y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 28 octubre 1993 que
conten?a el siguiente,
FALLO:
?Que con estimaci?n de la demanda interpuesta por don Santiago A. F. frente
a la Agencia Estatal de Administraci?n de Tributos debo declarar y declaro
nulo el despido producido y condeno a la demandada a estar y pasar por dicha
declaraci?n y a readmitir al actor en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que reg?an antes de producirse aqu?l en fecha de 15 de julio de
1993, as? como a abonarles los salarios de tramitaci?n dejados de percibir
desde que aqu?l se produjo hasta que la readmisi?n tenga lugar?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declararan los
siguientes:
?I.-El trabajador demandante don Santiago A. F., con DNI n?m. ..., ven?a
prestando servicios por cuenta de la Agencia Estatal de la Administraci?n
Tributaria en r?gimen de relaci?n laboral desde el 1 de junio de 1988 con la
categor?a profesional de Agente Tributario. Percib?a por sus servicios la
cantidad mensual de 152.118 ptas., con inclusi?n del prorrateo de las
gratificaciones extraordinarias.
El demandante est? afiliado a la Central Sindical de CC OO, circunstancia
de la que tiene constancia la demandada.
II.-En fecha de 9 de julio de 1993 le fue notificada la Resoluci?n del
Director del Departamento de fecha 6 julio, por la que se acuerda imponerle
la sanci?n de despido con efectos a 15 de julio de 1993 por entender era
responsable de la comisi?n de una falta disciplinaria muy grave consistente
"... en haber accedido a la informaci?n de contribuyentes obrantes en la
Base de Datos Provincial y en la Base de Datos Nacional sin motivo ni
justificaci?n por raz?n de su trabajo, facilitando dicha informaci?n a
tercera persona no legitimada para obtenerla, y por haber usado el C?digo de
acceso a la BDN, pertenecientes a otro usuario sin el conocimiento de su
titular leg?timo, o con el debido consentimiento de ?ste" 17.? Antecedente
de la Resoluci?n.
III.-El art?culo 36 del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Agencia Estatal de Administraci?n Tributaria vigente, publicado en el BOE de
fecha 19 enero 1993, que obra en la prueba documental del actor, establece
en su apartado primero que "Las sanciones por faltas graves y muy graves
requeriran la tramitaci?n previa de expediente disciplinario, cuya
iniciaci?n se comunicar? a los representantes de los trabajadores y al
interesado, d?ndose audiencia a ?ste, y siendo o?dos aqu?llos en el mismo
con car?cter previo al posible acuerdo de suspensi?n provisional de empleo y
sueldo que se pudiera adoptar por la autoridad competente para ordenar la
instrucci?n del expediente".
IV.-En fecha de 23 de marzo de 1993 el Delegado de la Agencia de Barcelona
acord? incoar expediente disciplinario al actor, Agente Tributario adscrito
a la Dependencia de Inspecci?n. Esta decisi?n le fue comunicada el siguiente
d?a 24 de marzo con constancia del Instructor y Secretario del expediente.
No consta que ello se comunicara a los representantes de los trabajadores ni
al Sindicato al que pertenece.
El Instructor incorpor? al expediente iniciado en dicha fecha escrito de la
Administradora de Pedralbes de fecha 16 de noviembre de 1992 comunicando la
posible existencia de tr?fico de informaci?n contenida en la BDP y BDN del
contribuyente don Jos? F. T. Dicha Administradora tuvo indicios de ello a
ra?z de un escrito denuncia de fecha 13 de noviembre de 1992 de la empresa
"Enthome OMI (Espa?a), SA" dirigida a la Delegaci?n de Hacienda de Barcelona
firmada por el Director Comercial se?or don D. por el que ?ste denunciaba a
aquel contribuyente por competencia desleal en el ramo industrial en que
trabajaba, e interesaba se le confirmara si dicho se?or contribuye Jos? F.
efectuaba su obligatoria declaraci?n de renta de acuerdo con la cifra de
doce millones anuales que aqu?l le ofrec?a para trabajar con ?l y que el
se?or F. rechaz?, pues entend?a el denunciante dicha cifra deb?a suponer sus
ingresos actuales. Terminaba interesando que en caso de infradeclaraciones
se procediera a una inspecci?n fiscal del se?alado contribuyente. Adjuntaba
factura abonada por ?l a la empresa "Ariza Investigadors" propiedad de
Francesc A. por valor de 169.750 ptas. por la informaci?n referida a la
declaraci?n de Renta, IVA, Ventas, Licencias Fiscal e Impuesto de
Actividades Econ?micas, Liquidaciones de cuentas corrientes, etc., entre los
a?os 1987 a 1991 que ?sta le facilit?. La Administradora observ? que la
informaci?n de los investigadores era literalmente copia de los datos de
ordenador de la Agencia tanto Mod. 347 de la BDP como de las cuentas
bancarias obtenidas de la BDN por lo que entend?a pod?a producirse tr?fico
de informaci?n de alg?n empleado con acceso a tales datos.
Efectuadas las oportunas investigaciones en el listado de control de acceso
a la base de datos por c?digo de usuario, decidi? iniciar una informaci?n
reservada por parte del Delegado Adjunto de la Agencia Estatal de
Administraci?n Tributaria, se averigu? que el Agente Ayudante se?or C. C. de
la Administraci?n de la AEAT de Pedralbes Sarria consult? al contribuyente
se?or Jos? F. por solicitud de la grabadora de la ULI que tambi?n presta
servicios en dicha Agencia, se?ora Isabel G. B., el primo de dicha
trabajadora es el Director Comercial se?or D. denunciante del se?or Jos? F.
por cuestiones de competencia industrial, do?a Isabel G. B. tambi?n pidi? a
do?a Carmen B. R. responsable de Archivo de la Administraci?n de AEAT de
Pedralbes Sarria que le informara sobre la situaci?n de dicho contribuyente
como perceptor de rendimiento de trabajo, tomando nota de los datos de la
pantalla.
Igualmente se interrog? al actor en dicho tr?mite de informaci?n reservada
como agente tributario en equipo de apoyo a la Unidad de la SIA la
Delegaci?n de la AEAT, a fin de que se se?alara por qu? dicho contribuyente
fue objeto de consulta por ?l los d?as 20 y 22 de octubre de 1992 en la BDP
desde la terminal L 935. Se?al? que si bien no recordaba con exactitud el
motivo, pod?a deberse a hab?rselo as? indicado "pues si se le indica,
consulta la base de datos para mirar evoluciones de renta". Se?alaba adem?s
tener clave de BDP propia apuntada en un papel guardado en el caj?n de su
mesa, que permanece abierto por no existir medio de cerrarlo con llave.
En fecha de 18 de febrero de 1993 finaliz? la investigaci?n reservada con
un informe suscrito por el Delegado Adjunto se?or P. N., nombrado
posteriormente instructor del expediente disciplinario del demandante, por
el que se decid?a la apertura de expedientes disciplinarios con propuesta de
sanci?n por falta grave a do?a Benedicta B. P., subinspectora destinada en
la Unidad de Inspecci?n n?m. 56 de la Delegaci?n de AEAT de Barcelona, a
do?a Carmen B. R., responsable de archivo de la Administraci?n de Pedralbes
Sarri?, don Ram?n C. C., agente Ayudante de la Administraci?n de Pedralbes
Sarr?a y don Alfredo M. C., agente Tributario destinado en la Unidad de
Inspecci?n n?m. 56 de la Delegaci?n. Se propon?a la apertura de expediente
disciplinario por falta muy grave al actor, se?or A. y a do?a Isabel G. B.
Se inici? de nuevo turno de declaraciones en el expediente disciplinario
del actor, que consta en el ramo de prueba de la demandada, incluida nueva
declaraci?n del mismo, hasta que en fecha de 16 de abril se emiti? el
correspondiente pliego de cargos que consta en el expediente administrativo
y se tiene aqu? por reproducido:
Don Jos? Eduardo P. N., Instructor del expediente disciplinario incoado por
Acuerdo de 23 de marzo de 1993 del Delegado de la AEAT de Barcelona a don
Santiago A. F., contratado laboral con la categor?a de Agente Tributario que
presta servicios en la Dependencia de Inspecci?n, en cumplimiento de lo
establecido en el art?culo 35 del Reglamento de R?gimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administraci?n del Estado, aprobado por Real Decreto
33/1986, de 10 enero, de aplicaci?n subsidiaria en los procedimientos
sancionadores del personal laboral en ausencia de normativa espec?fica,
formula el presente.
PLIEGO DE CARGOS
CARGO PRIMERO.-En relaci?n a la BDP.
Se le imputa haber accedido a la informaci?n de contribuyentes obrante en
la BDP sin motivo ni justificaci?n por raz?n de su trabajo, y facilitar la
informaci?n a tercera persona que no tiene legitimaci?n para obtenerla.
Resulta de las actuaciones de instrucci?n obrantes en el expediente que don
Santiago A. F. ha accedido a un n?mero importante de contribuyentes
(relacionados en el documento 6C, folios n?meros 5 y 6 del expediente), sin
motivo o causa alguna por raz?n de las tareas que le han sido asignadas. El
inculpado no ha justificado ninguno de tales accesos de acuerdo con la
comparecencia realizada (documento 6F, folios n?meros 1 y 2).
CARGO SEGUNDO.-En relaci?n a la BDN.
Se le imputa el uso de c?digos de acceso a la BDN pertenecientes a otros
usuarios, con el indebido consentimiento de ?stos.
Resulta de la propia declaraci?n del inculpado que ?ste accede a datos
confidenciales, bien con claves ajenas, bien una vez abierta leg?timamente
la BDN por el titular de una clave (documento 6C, folio n?mero 3, del
expediente).
CARGO TERCERO.-En relaci?n a la BDN.
Se le imputa el uso de c?digos de acceso a la BDN pertenecientes a otro
usuario, sin el consentimiento de su titular leg?timo.
Resulta que, careciendo de clave propia de acceso a BDN, ha accedido
tambi?n a esta base de datos en relaci?n a los mismos contribuyentes a los
que consta que accedi? con su clave en la BDP, sin justificaci?n alguna
(documento 4B, folios n?meros 2 al 8, y documento 6C, folios n?meros 5 y 6,
del expediente).
CARGO CUARTO.-En relaci?n a terceros.
Se le imputa haber facilitado a terceros informaci?n confidencial de las
actuaciones que obran en el expediente, que en poder de la empresa "Ariza
Investigadors" se encuentra informaci?n detallada sobre don Jos? F. T.
(documento 10C del expediente, folios n?mero 1 al 5, ambos inclusive), a la
que ?nicamente ha accedido, sin motivo, el inculpado Santiago A. F., de lo
que se concluye que dicha informaci?n fue facilitada por ?ste.
Dichas conductas son contrarias a lo que dispone la Resoluci?n n?mero
2/1990, de 23 marzo, de la Secretar?a General de Hacienda, sobre acceso a
las Bases de Datos provinciales y nacionales y utilizaci?n de la informaci?n
contenida en las mismas, por parte del personal que ocupa puestos de trabajo
en Organos o Dependencias de la Administraci?n Tributaria.
De probarse tales hechos, los mismos podr?an ser constitutivos de la falta
disciplinaria tipificada en el apartado 3.1 del art?culo 33 del vigente
Convenio Colectivo para el personal laboral de la AEAT, por "el fraude, la
deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas", a
corregir con alguna de las sanciones previstas en el art?culo 34, apartado
1.3 del citado Convenio Colectivo.
De conformidad con lo dispuesto por el art?culo 36 del Reglamento de
R?gimen Disciplinario, el presente pliego de cargos podr? ser contestado por
usted en el plazo de diez d?as, a partir del siguiente a su recepci?n, con
las alegaciones que considere convenientes y con la aportaci?n de documentos
que considere de inter?s, debiendo solicitar, si lo estima conveniente, la
pr?ctica de las pruebas para su defensa que crea necesarias.
De dichos cargos no se dio cuenta a los representantes de los trabajadores
ni al Sindicato de CC OO al que pertenece. Dentro del plazo concedido, el
actor formul? el correspondiente pliego de descargos con propuesta de prueba
consistente en testifical de varios trabajadores, que finalmente se llevaron
a cabo.
Durante algunas declaraciones estuvo presente un representante sindical de
la CGT-CAT. Al ?nico implicado a quien la demanda impuso la sanci?n de
despido es al actor.
V.-Si bien existe una resoluci?n interna que regula el acceso a las Bases
de Datos Provinciales y nacionales y la utilizaci?n de la informaci?n en
ellas contenidas por parte del personal, y que se establece que para acceder
al cualquier aplicaci?n de una Base de Datos es necesario un c?digo de
acceso (C?digo de usuario y Palabra clave) y un nivel de acceso, que si es
superior al que corresponde por el puesto de trabajo debe ser autorizado por
los Jefes competentes, lo cierto es que en la pr?ctica y el quehacer diario,
tales instrucciones no se aplican debido a la existencia de agilidad en el
rendimiento. As?, son los mismos Responsables superiores quienes ordenan a
los trabajadores acceder a las Bases de Datos con c?digos de acceso de los
que no son titulares o que por su puesto de trabajo no les corresponde el
nivel por ser superior, sin que tales ?rdenes se den nunca por escrito, sino
que son verbales. Con tales ?rdenes los trabajadores, bien utilizando su
propio c?digo de acceso, bien utilizando uno ajeno, realizan consultas o
gestiones cuyo motivo de acceso no queda reflejado ni qui?n dio la orden o
de qui?n surgi? la petici?n. Lo ?nico que queda reflejado es el c?digo de
acceso utilizado para realizar una determinada consulta o modificaci?n, ya
que inform?ticamente se obtiene los listados de las claves de los usuarios
que han accedido, d?as y contribuyentes, y tipo de actuaci?n realizada.
Existe intercambio de c?digos entre trabajadores generalmente para agilizar
el trabajo. Para ello a veces los c?digos se encuentran escritos con las
palabras claves en los cajones de las mesas de las propias terminales,
enganchados en la pared, etc. Las terminales permanecen abiertas lo que
facilita el acceso a las bases de datos una vez terminado el trabajo a
realizar, por lo que cualquier persona puede consultar sin necesidades de
conocer ning?n c?digo de acceso. El Comit? de Empresa ha denunciado en
ocasiones tal situaci?n al menos desde 1990.
VI.-El demandante tiene su puesto de trabajo en una sala que comparte con
otros dos trabajadores, donde est? instalada una terminal, a la que tienen
acceso m?s personas, incluidos los subinspectores para consultas urgentes.
Se encuentra frente a las m?quinas fotocopiadoras, desde las que existe
total visibilidad de las operaciones por ser las separaciones de mamparas
acristaladas. Las claves de acceso a BDN corresponden a un Inspector y tres
subinspectores. La de su Jefa inmediata se?ora Benedicta B. est? en el caj?n
que no puede cerrarse con llave, al igual que el resto.
En octubre de 1992 por raz?n de su trabajo efectu? numerosas consultas de
contribuyentes, oscilando entre cinco y diez todos los d?as, por la clave L
935.
VII.-En fecha de 28 de julio de 1993 formul? reclamaci?n previa sin que le
fuera estimada en base a silencio administrativo.?
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n el organismo demandado, contra la sentencia
que estimando la demanda declar? la nulidad del despido objeto del litigio.
Interesa el primero de los motivos del recurso la parcial modificaci?n del
correlativo hecho probado en cuanto afirma que ?el demandante est? afiliado
a la Central Sindical CC OO, circunstancia de la que tiene constancia la
demandada?.
La pretensi?n revisoria tiene por objeto que se precise que la demandada no
ten?a conocimiento de esta circunstancia en el momento de iniciar el
expediente.
Pretensi?n que debe ser acogida, pues la carga de probar que la empresa
conoce la afiliaci?n sindical corresponde al trabajador que alega esta
circunstancia y como es de ver en los recibos de n?mina aportados por el
mismo (folios 26 y 27) y a los que se refiere en su impugnaci?n; hasta el
mes de abril de 1993 no se lleva a cabo el abono de la cuota sindical por el
procedimiento de descontarla del salario; por lo que si el expediente se
inici? en fecha 23 de marzo no existe prueba alguna que acredite que la
empresa conoc?a en ese momento la afiliaci?n.
La sentencia no precisa el momento exacto en el que la demandada tuvo
conocimiento de este hecho y tras limitarse a afirmar que era conocido por
la empresa, estima en el fundamento jur?dico cuarto la nulidad del despido
por no constar comunicaci?n formal de iniciaci?n del expediente a los
delegados representantes del sindicato de CC OO; pese a reconocer que
posteriormente se les concedi? la oportunidad de participar en su
tramitaci?n.
Es por ello esencial establecer el momento preciso en el que la empresa fue
conocedora de la condici?n de afiliado del actor y la prueba de este hecho
corresponde al demandante, que aporta al respecto los recibos de n?mina
citados, de los que no puede extraerse otra consecuencia que la antedicha,
esto es, que la empresa no conoc?a al momento de iniciar el expediente esta
circunstancia y en tal sentido debe entenderse reformado el ordinal
combatido.
SEGUNDO.-Se articula el motivo segundo al amparo del p?rrafo c) del
art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049),
postulando que el despido del actor no es discriminatorio, por lo que no
procede declarar su nulidad por esta causa.
No denuncia el recurrente de forma expresa infracci?n de precepto legal
alguno limit?ndose a alegar incidentalmente los art?culos 14 y 24 de la
Constituci?n (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), a la vez que vierte toda una
serie de consideraciones valoraciones sobre el resultado de la prueba
practicada, totalmente inadecuadas en un motivo de derecho, en el que no se
solicita revisi?n de los hechos probados, pese a lo cual se discute el
contenido de los mismos a trav?s de la exposici?n de la persona apreciaci?n
de la prueba que hace el recurrente.
No combati?ndose el relato hist?rico, debe ser resuelta la cuesti?n
planteada conforme a los hechos declarados probados por la Jueza ?a quo?.
En los ordinales quinto y sexto del relato hist?rico, se realiza una
exhaustiva descripci?n de las condiciones en las que se desarrolla el
trabajo del actor y sus otros compa?eros. Seg?n esto, son los mismos
responsables superiores de los trabajadores quienes les ordenan acceder a
las Bases de Datos con c?digos de acceso de los que no son titulares o que
incluso, corresponden a un nivel superior; siendo pr?ctica frecuente y
habitual que los trabajadores utilicen c?digos de acceso distintos a los que
tienen asignados, quedando registrado unicamente el c?digo utilizado pero
no, la persona que hizo uso de ?l. Se indica que es generalizada la pr?ctica
de intercambio de c?digos entre los usuarios del sistema inform?tico, que
incluso es accesible sin necesidad de conocer ning?n c?digo de acceso al
permanecer abiertas las terminales. A la que corresponde al actor, tienen
igualmente acceso otros compa?eros de trabajo, incluso de superior
categor?a.
Estas circunstancias que denotan un absoluto descontrol en la utilizaci?n
habitual del sistema inform?tico y el conocimiento de tales hechos por los
superiores jer?rquicos del trabajador; se declaran probadas por la Jueza de
instancia no siendo combatidas por la recurrente, que como ya se dijo,
formula un motivo de recurso que no impugna la declaraci?n de probados,
sino, que unicamente expone sus discrepancias con las conclusiones de la
Jueza ?a quo?.
TERCERO.-En este contexto, razona acertadamente la sentencia de instancia,
que resultando implicados en los mismos hechos imputados al actor en la
carta de despido otros cinco trabajadores de la demandada y habi?ndose
incoado a los dem?s expedientes por falta grave que no da lugar al despido,
mientras que el demandante le es aplicada la m?xima sanci?n, se produce
trato discriminatorio que infringe el art?culo 14 de la Constituci?n
Espa?ola.
Corresponde a la empresa probar la existencia de datos y elementos de
juicio que de forma razonable, justificaran la designaci?n de trato aplicada
a los distintos trabajadores.
Se argumenta en el recurso que la sanci?n de despido impuesta al actor a
diferencia de sus compa?eros, obedece a que incurri? en un hecho de mayor
gravedad consistente en incumplir la obligaci?n de mantener la
confidencialidad de la informaci?n tributaria, entreg?ndola por precio a una
Agencia de Investigaci?n.
Pero, no es ya s?lo que esta imputaci?n no se declare probada en la
resultancia f?ctica -lo que dar?a lugar a la calificaci?n del despido como
improcedente-; sino que, de la ca?tica situaci?n que describen los hechos
probados quinto y sexto al establecer el modo habitual de trabajo en las
dependencias de la demandada; se concluye que no exist?a dato o indicio
alguno que permitiera dirigir contra el actor la sanci?n de despido en
lugar, o al igual que hacia el resto de sus compa?eros presuntamente
implicados en el tr?fico de datos tributarios confidenciales.
Dicho de otra forma, el conocimiento por los superiores jer?rquicos del
hecho de que cualquiera de los trabajadores tiene acceso al sistema
inform?tico utilizando la clave del actor; impide aplicar al mismo un trato
distinto basado exclusivamente en esta circunstancia, pues no concurre
indicio alguno que apuntara a su espec?fica implicaci?n en los hechos,
distinta a la de los dem?s trabajadores que no son despedidos.
CUARTO.-Como establece la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (por
todas, Sentencia de 14 febrero 1992 [RTC 1992\21]); en los casos en los que
se alegue que el despido del trabajador es discriminatorio o lesivo de
cualquier otro derecho fundamental, el empresario tiene la carga de probar
la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de
razonable, desde la perspectiva disciplinaria, la decisi?n extintiva. En
tales casos, cuando la invocaci?n por el trabajador de violaci?n de derechos
fundamentales genere una razonable sospecha o presunci?n a favor del alegato
de discriminaci?n, ha de trasladarse al empresario la carga de probar la
existencia de un motivo que justifique la decisi?n empresarial,
constituyendo esta exigencia una aut?ntica carga probatoria que debe llevar
a la convicci?n del juzgador, no la duda, sino la certeza de que su decisi?n
fue absolutamente extra?a a todo prop?sito discriminatorio (Sentencia del
Tribunal Constitucional de 22 junio 1989 [RTC 1989\114]).
En el supuesto presente, lo dicho hasta ahora es m?s que suficiente para
establecer que el actor ha aportado indicios racionales que se?alan el
posible car?cter discriminatorio de la decisi?n empresarial; sin que por la
demandada se hayan acreditado la concurrencia de circunstancias que
justifiquen razonablemente la diferencia de trato, pues ten?a la obligaci?n
de indagar adecuadamente para determinar la existencia de razones que
distinguieran el comportamiento del actor del resto de sus compa?eros y
evidenciaran la especial gravedad de su conducta respecto a la de los dem?s;
circunstancias que no pueden deducirse de la simple constancia de su clave
de acceso en la consulta de los datos origen del despido; dado el
funcionamiento, an?malo, conocido y consentido, de la oficina, procede la
declaraci?n de nulidad del despido por esta raz?n y, en consecuencia,
deviene innecesario resolver la cuesti?n relativa a la eventual inadecuaci?n
del expediente disciplinario.
QUINTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral procede imponer al recurrente el pago de honorarios de Letrado de la
parte impugnante que la Sala establece en 50.000 pesetas.
Publicado por tuasesor @ 19:55
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