Martes, 08 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1995\4769
RESOLUCION: SENTENCIA de 29-12-1995.
Recurso de Suplicaci?n n?m. 179/1995
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PAIS VASCO, Sala de lo Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por la empresa contra la Sentencia
del Juzgado de lo Social n?m. 6 de los de Bilbao, de fecha 28-7-1994,
dictada en autos promovidos en reclamaci?n sobre recargo de prestaciones por
omisi?n de medidas de seguridad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La ?nica instancia del proceso en curso se inici? por demanda y
termin? por sentencia, cuya relaci?n de hechos probados es la siguiente:
?I.-La Inspecci?n Provincial de Trabajo y Seguridad Social present? ante la
Direcci?n Provincial del INSS escrito de iniciaci?n de Expediente de
responsabilidad por falta de medidas de seguridad e higiene a favor del
trabajador don Francisco Javier M. M., como consecuencia del Acta de
Infracci?n levantada el 28 de mayo de 1993 contra la empresa "Construcciones
Jos? Aranguren, SA".
II.-Seg?n se desprende de las actuaciones practicadas por la Inspecci?n de
Trabajo, el citado trabajador, afiliado al R?gimen General de la Seguridad
Social con el n?m. ..., sufri? un accidente de trabajo con fecha 27 de julio
de 1992, cuando prestaba sus servicios para la referida empresa
"Construcciones Jos? Aranguren, SA" en la obra construcci?n de un pabell?n
anejo a la empresa "Fungarbi, SL" de Iurreta, estando desencofrando sobre
plataforma sin barandillas ni rodapi?s a una altura aproximada de 8 metros,
cayendo al suelo desde dicha altura.
III.-Por la Direcci?n Provincial del INSS, se dict? Resoluci?n de 5 agosto
1993 por la que acord? declarar la existencia de responsabilidad empresarial
por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente
sufrido por el trabajador, don Francisco Javier M. M. en fecha 27 de julio
de 1992, y declarar, en consecuencia, la procedencia de que las prestaciones
de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo citado, sean
incrementadas en el 40% con cargo exclusivo a la empresa responsable
"Construcciones Jos? Aranguren, SA", durante el tiempo en que aquellas
prestaciones permanezcan vigentes, calcul?ndose el recargo en funci?n de la
cuant?a inicial de las mismas y desde la fecha en que ?stas se hayan
declarado causadas.
IV.-Disconforme con dicha resoluci?n la empresa demandante interpuso el 22
de septiembre de 1993 reclamaci?n previa interesando se deje sin efecto la
resoluci?n impugnada sobre responsabilidad empresarial por falta de medidas
de seguridad, en consecuencia se deje tambi?n sin efecto el recargo del 40%
en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sufrido por el
trabajador de dicha empresa don Francisco Javier M. M.; siendo desestimada
la citada reclamaci?n previa con nueva Resoluci?n de la Entidad Gestora de 1
marzo 1994.
V.-Asimismo como consecuencia del acta de infracci?n levantada por la
Inspecci?n de Trabajo el 28 de mayo de 1993, en la que se hac?a constar que
el accidente de trabajo se produjo porque el trabajador estaba prestando
servicios sobre una plataforma de trabajo desde la cual hab?a un riesgo de
ca?da aproximadamente 8 metros sin que se hubieran instalado barandillas y
rodapi?s, y que la empresa no hab?a comunicado la apertura del centro de
trabajo a la autoridad laboral, constituyendo ello una infracci?n prevista
en el art?culo 10.9 y otra infracci?n del art. 9.3, ambos de la Ley 8/1988,
de 7 abril de Infracciones y Sanciones en el orden social, la Delegaci?n
Territorial de Vizcaya del Departamento de Trabajo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco impuso a la empresa demandante la multa de 65.001 pesetas?.
SEGUNDO.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:
?Que desestimando la demanda, sobre impugnaci?n de recargo de prestaciones
por omisi?n de medidas de seguridad, formulada por don Luis B. I. en nombre
y representaci?n de la empresa "Construcciones Jos? Aranguren, SA", contra
don Francisco Javier M. M., y contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorer?a General de la Seguridad Social, debo absolver y
absuelvo a dichos demandados de las pretensiones formuladas por el actor en
su demanda; confirmando la resoluci?n administrativa?.
TERCERO.-Frente a dicha resoluci?n se interpuso el recurso de suplicaci?n,
que fue impugnado por la parte recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El empresario demandante recurre en suplicaci?n, ante esta Sala,
la sentencia del Juzgado de lo Social que ha desestimado la demanda por la
que impugnaba la Resoluci?n del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
de fecha 5 agosto 1993, que declar? la existencia de responsabilidad
empresarial en el accidente de trabajo sufrido el 27 de julio de 1992 por
uno de sus trabajadores y, en consecuencia, impon?a al hoy recurrente que le
abonase un recargo del 40% en todas las prestaciones econ?micas de Seguridad
Social a que tuviere derecho a consecuencia del mismo. Pretend?a dicha
sociedad que se dejara sin efecto ese recargo, al estimarlo improcedente.
El Juzgado, como antes el citado Instituto, sustenta su decisi?n en que el
accidente tuvo lugar al caer el operario al vac?o, cuando estaba
desencofrando sobre una plataforma sita a unos 8 m de altura, carente de
barandillas y rodapi?s.
El recurso interpuesto persigue que se cambie ese pronunciamiento por otro
que acoja su pretensi?n inicial, a cuyo fin articula tres motivos en los
que, en esencia, viene a denunciar que se ha aplicado indebidamente lo
dispuesto en el art. 93.1 de la Ley General de la Seguridad Social
(RCL 1974\1482 y NDL 27361) ya que no concurre la situaci?n prevista para
que proceda el recargo establecido en dicho precepto (motivo segundo) y, en
cualquier caso, no ser?a aplicable ?ste por vulnerar los principales de
legalidad, tipicidad y prohibici?n de doble sanci?n por unos mismos hechos,
que resultan de lo dispuesto en el art. 25.1 de nuestra Constituci?n
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) (motivo tercero). De manera auxiliar para el
primero de esos argumentos, propone una modificaci?n del relato que la
sentencia efect?a en el hecho probado segundo sobre el modo en que ocurri?
el accidente, ya que omite indicar que la ca?da del trabajador fue de
espaldas, seg?n resulta del informe de la Inspecci?n de Trabajo obrante en
autos y, a su juicio, resulta trascendental en cuanto que elimina la
relaci?n de causa/efecto entre la falta de barandillas y dicha ca?da (motivo
primero).
Se ha opuesto al recurso el mencionado empleado: en su opini?n, el Juzgado
no ha incurrido en ninguno de los errores denunciados de adverso.
SEGUNDO.-A) El empresario tiene contra?da con sus trabajadores una deuda de
seguridad por el solo hecho de que ?stos presten servicios bajo su ?mbito
organizativo, al tener que dispensarles una protecci?n eficaz en la materia,
a fin de que hagan efectivo el derecho que, al respecto, les reconoce
nuestro ordenamiento jur?dico, derivado del que tienen a conservar su
integridad f?sica (arts. 4.2.d y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores
[RCL 1980\607 y ApNDL 3006]). Obligaci?n que le exige ?... adoptar cuantas
medidas fuesen necesarias en orden a la m?s perfecta organizaci?n y plena
eficacia de la debida prevenci?n de los riesgos que puedan afectar a la
vida, integridad y salud de los trabajadores? (art. 7.2 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por OM 9 marzo 1971
[RCL 1971\539, 722 y NDL 27211]).
Estos, por su parte, no est?n exentos de deberes en esta materia, pues han
de observar las medidas legales y reglamentarias de seguridad (art. 19.2
ET).
Deuda de seguridad a cargo del empresario, para cuya efectividad nuestro
ordenamiento jur?dico configura diversos medios, uno de los cuales es el
previsto en el art. 93.1 de la Ley General de la Seguridad Social, por el
que se establece un recargo en todas las prestaciones econ?micas de
Seguridad Social derivadas de un accidente de trabajo en cuya producci?n, o
en la de sus efectos da?osos, haya sido elemento decisivo -?nico o
compartidamente con otras causas- el incumplimiento de una medida de
seguridad exigible al empresario. Prestaci?n a cargo directo de ?ste, en
cuant?a comprendida entre un 30% y un 50% de incremento, del que no le
exonera la transgresi?n por el trabajador de su respectivo deber al efecto,
siempre y cuando la conducta de ?ste no traiga consigo la ruptura del nexo
causal entre incumplimiento empresarial y accidente o da?o sufrido.
Dicho de otra forma, y reiterando lo que esta Sala ha afirmado en otras
ocasiones (Sentencias de 28 febrero 1993 [Recurso 45/1992], 18 octubre 1993
[AS 1993\4294], 22 noviembre 1994 [Recurso 1554/1993], 25 abril 1995
[Recurso 1077/1994], 12 septiembre 1995 [AS 1995\3451] [Recurso 1457/1995] y
7 noviembre 1995 [Recurso 2815/1994]), lo esencial para que entre en juego
la responsabilidad empresarial prevista en dicho precepto no radica en
analizar si el trabajador accidentado, otro distinto o incluso un tercero
ajeno a la empresa han contribuido a la producci?n del resultado da?oso con
una actuaci?n negligente o dolosa, sino que consiste en determinar si el
empresario ha infringido alguna concreta norma de seguridad y ?sta, de
haberse cumplido, lo hubiera evitado o minorado. Distinto ser?a si ?ste
hubiera sido igual aunque se hubiese adoptado la concreta medida de
seguridad vulnerada, porque es s?lo entonces cuando deja de darse el
imprescindible -a estos efectos- nexo causal entre esa infracci?n y el da?o
sufrido por el trabajador accidentado, determinando la ausencia de la
responsabilidad empresarial tipificada en el art. 93.1 LGSS.
B) En el caso de autos, se dan todos los requisitos legalmente exigibles
para la procedencia del mencionado recargo.
A tal fin, la Sala ha de partir del relato de lo sucedido que efect?a el
Juzgado, sin que pueda tenerse en cuenta la modificaci?n propuesta en el
primer motivo del recurso, por cuanto que el informe de la Inspecci?n de
Trabajo se limita a recoger que la ca?da del trabajador fue de espaldas
?nicamente como referencia contada por ?ste, y no como expresi?n propia de
que as? sucediera.
As?, ha habido un accidente laboral, como es la ca?da al vac?o del
trabajador demandado cuando estaba desencofrando en una plataforma situada a
8 m de altura.
Concurr?a infracci?n de una norma de seguridad perfectamente delimitada,
como es la contenida en el art. 20.3 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, aprobada por OM 9 marzo 1971, que literalmente dispone: ?las
plataformas que ofrezcan peligro de ca?da desde m?s de dos metros estar?n
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos, con las
condiciones que se?ala el art?culo 23?. Aqu?, la plataforma estaba a 8 m de
altura y carec?a tanto de barandilla como de plintos o rodapi?s.
Finalmente, se daba relaci?n de causa a efecto entre la falta de
barandillas y rodapi?s y el accidente sufrido por el operario, ya que la
ca?da se hubiera evitado si dichas medidas de seguridad se hubieran
cumplido, para lo que debe tenerse en cuenta que el mencionado art. 23
precisa que las barandillas deben tener una altura m?nima de 90 cm sobre el
nivel del piso y el hueco existente entre ella y el rodapi? ha de quedar
protegido mediante una barra horizontal o bien por medio de barrotes
verticales, con una separaci?n m?xima de 15 cm. Rep?rese, en tal sentido, la
irrelevancia de la modificaci?n propuesta por el recurrente en el motivo
primero de su recurso, dado que, aunque la ca?da hubiese sido de espaldas,
seguir?a d?ndose el nexo entre la falta de esas espec?ficas medidas de
seguridad y el accidente: su ca?da al vac?o desde 8 m de altura -fuese o no
de espaldas- no se habr?a producido de haberse cumplido con ellas, ya que la
barandilla la habr?a impedido.
En consecuencia, han de desestimarse los dos primeros motivos del recurso.
TERCERO.-Tampoco puede tener ?xito el tercero en el que, en esencia, se
viene a sostener la inaplicabilidad del recargo establecido en el art. 93.1
LGSS por estimarlo inconstitucional, en cuanto que vendr?a a vulnerar
derechos fundamentales dispuestos en el art. 25.1 de nuestra Constituci?n
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), dado que no se respetan los principios de
legalidad y tipicidad ni aquel que proh?be sancionar dos veces por el mismo
hecho.
Falta de ?xito que proviene de que dicho precepto constitucional ?nicamente
extiende su ?mbito de aplicaci?n a las sanciones penales o administrativas,
lo que no es el caso del recargo por falta de medidas de seguridad previsto
en dicho precepto de la LGSS, pues su naturaleza es la de una prestaci?n de
Seguridad Social y as? lo revela no s?lo el hecho de que se regule en una
norma como es la Ley de Seguridad Social, sino porque su naturaleza es
claramente indemnizatoria y no punitiva, dado que viene establecida en favor
de quienes soportan los efectos del accidente ocurrido por falta de medidas
de seguridad y no se impone, en consecuencia, en aquellos supuestos en los
que, aun existiendo incumplimiento de normas de seguridad por el empresario,
no generan consecuencias lesivas para los trabajadores que requieran ser
reparadas mediante prestaciones econ?micas previstas en nuestro sistema
p?blico de Seguridad Social.
Cabe decir, a mayor abundamiento: 1.?) que el ?ltimo de esos principios
tiene un alcance m?s estricto que el que puede derivar de su misma
formulaci?n, dado que no impide la doble sanci?n en la medida en que venga a
satisfacer diferentes intereses jur?dicamente protegidos (STC n?m. 234/1991,
de 10 diciembre [RTC 1991\234]), como ocurre entre la sanci?n administrativa
al empresario por haber incumplido medidas de seguridad y el recargo que ha
de satisfacer en las prestaciones econ?micas de Seguridad Social causadas
por los trabajadores accidentados a consecuencia de esa transgresi?n; 2.?)
que el principio de legalidad no impide que la Norma Legal que define los
tipos de il?cito penal o administrativo se sirva para ello de conceptos
abiertos o de remisiones a otras normas de rango inferior (SSTC 207/1990, de
17 diciembre [RTC 1990\207], 127/1990, de 5 julio [RTC 1990\127], 2/1987, de
21 enero [RTC 1987\2] y 62/1982, de 15 octubre [RTC 1982\62]) ni es posible
exigir la reserva de ley de manera retroactiva para anular o considerar
nulas disposiciones reguladoras de materias y de situaciones respecto de las
cuales no exist?a esa reserva legal antes del promulgarse nuestra
Constituci?n (STC 83/1990, de 4 mayo [RTC 1990\83]), tal y como sucede con
el recargo objeto de nuestra atenci?n, dado que se establece en norma con
rango de ley, como es el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por Decreto 30 mayo 1974, y no siendo obst?culo, por tanto,
que dicho precepto legal remita a la infracci?n de concretas medidas de
seguridad que vengan tipificadas en normas de rango reglamentario.
El recurso, por cuanto se ha expuesto, no puede acogerse.
CUARTO.-La desestimaci?n del recurso de suplicaci?n interpuesto por quien,
como ocurre con la parte recurrente, no goza del beneficio de justicia
gratuita y, para poder hacerlo, ha constituido el dep?sito de 25.000 ptas.
legalmente establecido al efecto, trae consigo, si esta resoluci?n queda
firme, la p?rdida de ?ste en favor del Estado y su condena al pago de las
costas del recurso, entre las que han de incluirse los honorarios del
Letrado de la parte contraria devengados por su intervenci?n en esta fase
del proceso, cuant?a que fijamos en atenci?n a los niveles de complejidad y
trascendencia que tiene, as? como al de calidad de su intervenci?n (arts.
201.4 y 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral [RCL 1990\922 y 1049])
Publicado por tuasesor @ 23:51
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