Mi?rcoles, 09 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1995\4467
RESOLUCION: SENTENCIA de 17-11-1995, n?m. 6260/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 3694/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)
PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO
[TEXTO]:
Desestimando el recurso de suplicaci?n interpuesto por la parte demandada
frente a Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 8 de Barcelona, de fecha
2-2-1995, el TSJ confirma la resoluci?n de instancia en todas sus partes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 5 de octubre de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado
de lo Social demanda sobre despido suscrita por Mezian D. contra ?F. Herrera
Garc?a Mart?n, SL? y Francisco H. G., en la que alegando los hechos y
fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite
y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 2 febrero 1995 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando como estimo la demanda interpuesta por don Mezian D. contra
don Francisco H. G. y "F. Herrera Garc?a-Mart?n, SL", debo declarar y
declaro la improcedencia del despido notificado al actor, y en su
consecuencia debo condenar y condeno a la empresa demandada, a su opci?n,
que ejercer? en el t?rmino de 5 d?as, a que le readmita en las mismas
condiciones que antes del despido o le abone una indemnizaci?n de 235.395
pesetas, con abono de los salarios dejados de percibir hasta la notificaci?n
de sentencia, absolviendo a don Francisco H. G.?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-El demandante prestaba servicios como pe?n para la empresa demandada,
dedicada a la jardiner?a, percibiendo un salario con prorrata de
gratificaciones extraordinarias de 104.620 pesetas mensuales.
II.-No ostenta ni ha ostentado representaci?n legal o sindical de los
trabajadores.
III.-Suscribieron un primer contrato de trabajo el 2 de marzo de 1992 por
un per?odo de 2 meses hasta el 1 de mayo de 1992, sin que conste el tipo de
contrato temporal de que se trata, ni el motivo que ampara la temporalidad,
ni el Real Decreto al que se acoge. Dicho contrato se registr? en el INEM el
2 de marzo de 1992. Obra en autos un documento fechado el 1 de septiembre de
1992 por el que el trabajador se da por saldado y finiquitado de dicho
contrato mediante percibir 66.192 ptas. en concepto de liquidaci?n de partes
proporcionales.
IV.-El 14 de septiembre de 1994 ambas partes suscriben un nuevo contrato
cuya duraci?n se pacta por 4 meses y 30 d?as, finalizando el 12 de febrero
de 1993. Dicho contrato tampoco se ampara en ning?n Real Decreto de
contrataci?n temporal ni se invoca en el mismo la causa de temporalidad o la
clase o tipo de contrato temporal. En la copia b?sica del mismo, en el
apartado relativo a la normativa reguladora del contrato se hace constar
s?lo "contrato para extranjeros T-19". Dicho contrato se registr? en la
Oficina de Empleo el 24 de septiembre de 1992. Se le notifica al trabajador
la finalizaci?n de contrato con efectos de 12 de febrero. Mediante documento
fechado el 12 de febrero de 1993 el trabajador se declara saldado y
finiquitado tras percibir la liquidaci?n de partes proporcionales por
importe de 53.026 pesetas.
V.-Las partes suscribieron un ?ltimo contrato fechado el 18 de febrero de
1993 y registrado en el INEM el 26 de febrero de 1994 sin sujetarse tampoco
a Real Decreto alguno que ampare la contrataci?n temporal y sin hacer
constar la causa de la temporalidad, se?al?ndose exclusivamente que la
duraci?n del contrato se extender? de 18 de febrero de 1993 hasta el 17 de
febrero de 1994. En la copia b?sica, en el apartado relativo a la normativa
reguladora se hace constar simplemente "extranjeros". El 18 de febrero de
1994, sin que conste denuncia o liquidaci?n del anterior, suscriben un nuevo
contrato pactando una duraci?n de 6 meses desde el 18 de febrero de 1994
hasta el 17 de agosto de 1994. En las cl?usulas adicionales de dicho
contrato se hace constar que "la presente pr?rroga y el contrato inicial de
fecha 18 de febrero de 1993 se acogen al RD 1989/1984" y que "al trabajador
se le mantiene una antig?edad de 18 de febrero de 1993".
VI.-El actor present? demanda de despido que correspondi? al Juzgado de lo
Social n?m. 14. Antes de la celebraci?n del juicio la empresa remiti?
telegramas al actor inst?ndole a la reincorporaci?n. El 25 de mayo de 1994
se celebra acto de conciliaci?n en el que el actor desiste de la demanda
afirmando haber sido readmitido el d?a 19 y se le ofrecen 370.000 pesetas en
concepto de salarios de tr?mite y salarios adeudados. Finalmente el actor
manifiesta que su antig?edad en la empresa es de 18 de febrero de 1993.
VII.-El demandante inici? proceso de ILT el 21 de febrero de 1994 hasta el
9 de septiembre de 1994.
VIII.-Mediante telegrama de 29 de julio de 1994 se le comunica al actor la
finalizaci?n de su contrato de trabajo el 17 de agosto de 1994.
IX.-Present? papeleta de conciliaci?n el 19 de agosto de 1994, intent?ndose
la avenencia el 16 de septiembre de 1994. El 21 de septiembre de 1994
interpuso la demanda.
X.-Por escrito fechado el 1 de marzo de 1993 se notifica al actor que a
partir de dicha fecha pasa a depender de la Sociedad "F. Herrera
Garc?a-Mart?n, SL" manteni?ndosele todos los derechos adquiridos en la
anterior empresa individual y respet?ndosele su antig?edad de 18 de febrero
de 1993?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la empresa demandada, contra la sentencia
de instancia que declara constitutivo de despido improcedente el cese del
trabajador por estimar realizada en fraude de ley la contrataci?n temporal
en que se sustenta la relaci?n laboral.
SEGUNDO.-Al amparo del p?rrafo c) del art?culo 190 de la Ley de
Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049), se articula el ?nico motivo del
recurso que en su primer apartado denuncia infracci?n de los art?culos 359 y
372.3.? de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 248.3.? de la Ley Org?nica del
Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) y 24.1.? de la
Constituci?n (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), postulando que la sentencia
incurre en incongruencia al resolver cuestiones no planteadas por el
demandante.
Como establece el art?culo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ?las
sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con
las dem?s pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las
declaraciones que ?stas exijan, condenando o absolviendo al demandado y
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate?. En
el caso de autos, se solicita en la demanda la calificaci?n como despido
nulo o subsidiariamente improcedente, de la extinci?n contractual acordada
por la empresa. La sentencia de instancia acoge parcialmente la pretensi?n
ejercitada y declara la improcedencia del despido. Desde este punto de vista
no se produce incongruencia alguna, pues la resoluci?n recurrida no se
limita a estimar la pretensi?n ejercitada con car?cter subsidiario en la
demanda.
Seg?n la tesis del recurso, la incongruencia deriva del hecho de que el
juzgador ?a quo? expone como causa de estimaci?n de la acci?n argumentos que
no han sido esgrimidos por el demandante, con lo que se le ha causado
indefensi?n. No comparte la Sala esta conclusi?n. Ciertamente la redacci?n
de la demanda no es todo lo afortunada que ser?a de desear al referirse al
car?cter fraudulento de los distintos contratos que fueron formalizados como
temporales por el trabajador. No obstante, se alude gen?ricamente a ello y
se afirma en el hecho sexto el derecho del trabajador a considerarse fijo en
la plantilla de la empresa. En el acto de juicio, sin que se alegara
entonces indefensi?n por la demandada, la actora afirma que los contratos
son irregulares por no especificar la modalidad contractual a la que se
acogen, y esta argumentaci?n es suficientemente expresiva de las razones
jur?dicas esgrimidas para combatir el cese calificado como despido. La
empresa puede conocer adecuadamente las causas en que se basa la pretensi?n
actora y articular convenientemente su defensa.
En estas circunstancias, la mayor brillantez con la que el juzgador de
instancia expone y razona sobre estos argumentos, no supone que la
resoluci?n recurrida incurra en incongruencia, sino tan s?lo, una mejor y
m?s completa fundamentaci?n de las causas que evidencian el car?cter
fraudulento de la contrataci?n, convirtiendo en indefinida la relaci?n
laboral y por ende, el cese en despido; que, como hemos dicho, el actor ya
ha alegado, siquiera de manera escueta y un tanto confusa, pero, en todo
caso, lo suficientemente expresiva como para no causar indefensi?n a la
contraparte.
TERCERO.-Igual resultado desestimatorio merece el apartado segundo que
denuncia infracci?n de los art?culos 15.1.? del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006); disposici?n transitoria 1.? de la Ley 11/1994,
de 19 mayo (RCL 1994\1422 y 1651) y art?culo 49.3.? del Estatuto de los
Trabajadores.
El actor, de nacionalidad extranjera, inicia su relaci?n laboral con la
recurrente en fecha 2 de marzo de 1992, formalizando contrato de trabajo
pactado con una duraci?n de tres meses, que no se acoge a ninguna de las
modalidades de contrataci?n temporal prevista en nuestro ordenamiento
jur?dico. Con posterioridad, en 14 de septiembre de 1992, suscribe nuevo
contrato en iguales condiciones, pact?ndose en este caso una duraci?n de
cinco meses. En 18 de febrero de 1993, se formaliza nuevo contrato de
trabajo cuyo plazo de duraci?n se establece hasta el 17 de febrero de 1994,
en el que tampoco se menciona la modalidad contractual a la que se acoge,
haciendo constar simplemente ?contrato de trabajo para extranjeros?.
En fecha 18 de febrero de 1994, se suscribe un nuevo contrato en cuyas
cl?usulas adicionales se indica que ?la presente pr?rroga y el contrato
inicial de fecha 18 de febrero de 1993, es acogen al Real Decreto 1989/1984
(RCL 1984\2602, 2710 y ApNDL 3018)?. La sentencia de instancia estima que
los dos primeros contratos no despliegan efecto alguno en el litigio al
haber firmado el trabajador saldo y finiquito, y limita el an?lisis de la
cuesti?n a los dos posteriores, lo que condiciona el pronunciamiento de la
Sala a tales contratos, al conformarse el demandante con esta declaraci?n.
Como acertadamente razona el juzgador ?a quo?, el contrato de 18 de febrero
de 1994, carece de cualquier eficacia como contrato temporal por no acogerse
a modalidad alguna de contrataci?n de esta naturaleza prevista en nuestro
ordenamiento jur?dico. T?ngase en cuenta que la contrataci?n temporal es una
excepci?n a la regla general de la duraci?n indefinida de la relaci?n de
trabajo, por lo que los contratos de esta naturaleza tan s?lo ser?n eficaces
si se ajustan a la normativa que desarrolla el tipo contractual utilizado,
que debe siempre constar suficientemente identificada en el mismo. No hay
norma legal alguna que except?e de este r?gimen jur?dico a los trabajadores
extranjeros que disponen de los necesarios permisos para trabajar legalmente
en Espa?a, por lo que los denominados ?contratos de trabajo para
extranjeros? carecen de toda virtualidad y eficacia como contratos
temporales si no contienen una adecuada remisi?n a cualquiera de las
modalidades y f?rmulas de contrataci?n temporal en cada momento vigentes y,
por supuesto, se respeta la normativa aplicable en igual medida que si se
tratara de un trabajador nacional. El indicado contrato, no tiene apoyo
legal alguno por lo que no puede estimarse v?lida la cl?usula de duraci?n
que pueda establecerse, absolutamente ajena a cualquiera de las
circunstancias de temporalidad reguladas por el legislador. El hecho de que
el permiso de trabajo o residencia tenga, en principio, una duraci?n
limitada en el tiempo, no legitima ni legaliza la pr?ctica empresarial de
incluir cl?usulas de temporalidad en el contrato de trabajo sin ajustarse a
modalidad alguna de las autorizadas en nuestro ordenamiento jur?dico.
Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso de autos, aunque
posteriormente se pretenda subsanar la situaci?n creada tras la
formalizaci?n del contrato de 18 de febrero de 1993, mediante la firma de
uno nuevo en 18 de febrero de 1994 como ?pr?rroga? del anterior y aprovechar
para indicar que el mismo se reg?a por la normativa del Real Decreto
1989/1984. Este segundo contrato carece de cualquier eficacia subsanatoria
del primero y no legitima por tanto la naturaleza temporal del mismo. La
relaci?n laboral se convierte en indefinida desde el momento que el primero
de los contratos no se ajusta a modalidad alguna de contrataci?n temporal y
consecuentemente, no puede luego tornarse temporal mediante los pretendidos
efectos retroactivos que se quieren otorgar a la denominada ?pr?rroga?, que
carece de cualquier eficacia como tal, pues tan s?lo puede prorrogarse el
contrato temporal v?lida y eficazmente celebrado, no existiendo tal
posibilidad cuando la relaci?n laboral nace indefinida.
Se dice por la recurrente que la voluntad de las partes fue la de pactar la
duraci?n temporal del contrato de trabajo. Si bien el art?culo 8.2.? del
Estatuto de los Trabajadores, permite la prueba de la naturaleza temporal de
los contratos aunque no hubieran sido celebrados por escrito, en el caso de
autos, la modalidad que se dice utilizada, contrato para el fomento del
empleo, es absolutamente ajena a cualquier causa concreta de temporalidad,
no va unida a circunstancias especiales que afecten a la actividad de la
empresa, por lo que no es posible acreditar el car?cter temporal de los
servicios contratados, siendo el ?nico elemento identificativo a tal efecto,
el mero pacto que limita su plazo de duraci?n de concurrir los requisitos
que establece el Real Decreto 1989/1984. Como ya hemos dicho, el contrato
celebrado inicialmente entre las partes no se acoge a esta modalidad, ni se
acredita que obedezca a cualquier otra causa de temporalidad de las
legalmente previstas que justifiquen la limitaci?n impuesta a su duraci?n.
La circunstancia de que la Administraci?n admita el registro de los
denominados ?contratos de trabajo para extranjeros? como contratos
temporales, carece de relevancia ante el hecho indiscutible de que se
utilizan los servicios del trabajador sin que concurra causa alguna de
temporalidad. Ning?n obst?culo legal existe para que el contrato celebrado
con un trabajador extranjero se someta a cualquiera de las modalidades de
contrataci?n temporal contempladas en la legislaci?n y ning?n obst?culo
puede poner la Administraci?n al registro del contrato celebrado en tales
condiciones.
En definitiva, debe ser desestimado el recurso y confirmada en sus t?rminos
la resoluci?n recurrida.
CUARTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral procede imponer al recurrente el pago de honorarios de Letrado de la
parte impugnante que la Sala establece en 50.000 pesetas.
Publicado por tuasesor @ 23:41
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