Mi?rcoles, 09 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1995\4012
RESOLUCION: SENTENCIA de 23-10-1995, n?m. 5693/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 2144/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)
PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO
[TEXTO]:
Estimando el recurso de suplicaci?n interpuesto por la empresa demandada
frente a Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 9 de Barcelona, de fecha
27-12-1994, el TSJ revoca la resoluci?n de instancia y declara procedente la
decisi?n empresarial de extinguir el contrato de trabajo de la actora por
causas econ?micas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 29 de julio de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado de
lo Social demanda sobre despidos suscrita por Mar?a Enriqueta G. G. contra
?Suberolita, SA" y Fondo de Garant?a Salarial, en la que alegando los hechos
y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite
y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 27 diciembre 1994 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando como estimo la demanda formulada por Mar?a Enriqueta G. G.
contra la empresa "Suberolita, SA" debo declarar y declaro improcedente su
despido y condeno a la citada empresa a que le readmita en su puesto de
trabajo, con id?nticas condiciones a las que ten?a antes de producirse el
despido y a que le abone los salarios dejados de percibir en la cuant?a que
despu?s se dir? y, para el supuesto de que no se produzca la readmisi?n, la
actora percibir? por el concepto de indemnizaci?n 2.743.156 ptas. y por el
de salarios de tramitaci?n, desde la fecha del despido hasta la de esta
resoluci?n, la cantidad de 1.271.204 ptas., m?s la de 7.348 ptas., diarias
hasta la fecha de notificaci?n de esta resoluci?n, declar?ndose extinguida
la relaci?n laboral en el supuesto de no readmisi?n. La opci?n deber?
ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretar?a de este
Juzgado, dentro del plazo de cinco d?as desde la notificaci?n, sin esperar a
la firmeza de la misma, entendi?ndose, de no hacerlo, que opta por la
readmisi?n?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La actora, do?a M.? Enriqueta G. G., viene prestando servicios
laborales por cuenta y orden de la empresa demandada "Suberolita, SA",
teniendo reconocida una antig?edad de 8 de julio de 1987, categor?a
profesional de Auxiliar Administrativa y percibiendo un salario mensual de
220.444 ptas. con inclusi?n de prorrata de pagas extraordinarias. El centro
de trabajo en que prestaba servicios la actora radica en Granollers.
II.-En fecha 8 de julio de 1994, la empresa demandada notific? a la actora
la carta del siguiente tenor literal:
"Esta empresa tiene la necesidad objetivamente acreditada, de amortizar su
puesto de trabajo con base a causas organizativas (centralizaci?n de todas
las unidades administrativas en las oficinas de "Suberolita, SA" en Girona y
cuya plantilla al respecto es m?s que suficiente) y econ?micas (reducci?n de
costes que ello supone) causas previstas todas ellas en el art. 51.1 del
Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia y en atenci?n a lo expuesto
esta empresa extingue por dicha causa su contrato de trabajo con efectos del
d?a de hoy, y al amparo del art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. En
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 53 del propio Estatuto de los
Trabajadores pone a su disposici?n las siguientes cantidades: 1.028.738
ptas. como indemnizaci?n a raz?n de 20 d?as por a?o de servicio. La empresa,
adem?s sustituye el preaviso de un mes, mediante el pago de los salarios
correspondientes a una mensualidad o sea la cantidad neta de 131.821 ptas.,
seg?n el siguiente detalle: Sueldo Bruto 176.355 ptas. menos retenciones de
IRPF y Seguridad Social de 44.534 ptas. Dicha puesta a disposici?n, que
incluye todos los conceptos expresados, se efect?a mediante cheque bancario
nominativo por pesetas totales 1.160.559 ptas. que se le entrega en este
acto. El resto de salarios devengados y liquidaci?n por cese
correspondiente, se encuentra a su disposici?n a partir de este momento en
las oficinas de la empresa".
III.-Simult?neamente a la notificaci?n de la carta a que se refiere el
ordinal anterior, la Mercantil demandada puso a disposici?n de la actora una
cheque por importe de 1.160.559 ptas. (doc. 24 de la demandada),
correspondiente, en cuanto a 1.028.738 ptas. a indemnizaci?n a raz?n de 20
d?as por a?o de servicio y, en cuanto a 131.821 a salarios del plazo de
preaviso de 30 d?as. La accionante se neg? a recibir el cheque ofrecido.
IV.-Copia del escrito de preaviso de cese fue notificada por la empresa a
la representaci?n legal de los trabajadores.
V.-"Suberolita, SA" adquiri? a "Prefabricados Uniland, SA" cuatro f?bricas
que esta ?ltima sociedad explotaba en las localidades de Granollers,
Terrassa, Vic y Viladecaballs dedicadas a la propia actividad industrial de
aqu?lla -fabricaci?n de productos de hormig?n- reconociendo al personal que
prestaba servicios en tales centros de trabajo, entre el que figura la
actora, todos los derechos laborales ganados en "Prefabricados Uniland, SA"
seg?n resulta del doc. n?m. 2 de la parte actora.
VI.-La plantilla de "Suberolita, SA" es de 129 personas de las que 14
realizan funciones administrativas.
VII.-La cuenta de resultados de la mercantil demandada durante los
ejercicios de 1991, 1992 y 1993 ha sido:
1991 - 55.610.937 pesetas perdidas.
1992 - 82.810.595 pesetas perdidas.
1993 - 275.317.493 pesetas perdidas.
VIII.-Durante el a?o 1994, se han producido en la Mercantil demandada, seis
despidos disciplinarios y dos extinciones de contrato por circunstancias
objetivas, entre estas ?ltimas, la de la actora.
IX.-No ha quedado acreditado que la empresa demandada haya procedido a la
centralizaci?n de todas las unidades administrativas de la empresa en las
Oficinas de la misma, sitas en el t?rmino municipal de Quart (Girona), si
bien determinadas tareas contables, antes efectuadas en los centros locales
de Vic, Terrassa, y Granollers, se realizan actualmente en las Oficinas
centrales.
X.-Ha quedado probado que en el centro de trabajo de Granollers, donde ha
venido trabajando la accionante, adem?s de un empleado dedicado a funciones
comerciales, presta servicios un Auxiliar Administrativo, don Antonio F. B.,
el cual, adem?s de la jornada ordinaria, realiza cinco horas extras
semanales.
XI.-Intentada conciliaci?n, result? sin avenencia.
XII.-En el presente procedimiento, se postula por la parte actora la
declaraci?n de nulidad o de improcedencia del despido, con las consecuencias
legales inherentes?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la demandada contra la sentencia de
instancia que estimando la demanda, declara improcedente la decisi?n de la
empresa de extinguir el contrato de la actora por causas objetivas en base
al art. 52 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL 3006).
SEGUNDO.-Interesa el primer motivo del recurso la modificaci?n de los
hechos probados noveno y d?cimo.
El noveno, para que conste que ha quedado acreditado que la empresa ha
procedido a la centralizaci?n de todas las unidades administrativas en sus
oficinas en Girona, si bien ha quedado un oficial administrativo en
Granollers que desempe?a tareas de esta ?ndole. Como es de ver, el propio
Texto Alternativo propuesto por la recurrente confirma la certeza del hecho
probado que se quiere modificar en el que se establece que no ha quedado
acreditada la centralizaci?n de todas las unidades administrativas en Girona
como se alega en la comunicaci?n remitida a la trabajadora para justificar
la extinci?n del contrato. Por otra parte, la prueba invocada carece de
cualquier eficacia revisoria, pues el hecho que se pretende acreditar tan
s?lo queda reflejado en las declaraciones del representante de la empresa
ante la Inspecci?n de Trabajo, trat?ndose por tanto de una prueba de
car?cter testifical absolutamente inh?bil en suplicaci?n, ex art. 190.b) de
la Ley de Procedimiento Laboral, al igual que las dem?s pruebas de confesi?n
y testifical que se citan, por estar reservada en exclusiva su valoraci?n al
Juez de instancia.
Id?ntica soluci?n merece la solicitada modificaci?n del hecho noveno, que
se fundamenta, ?nica y exclusivamente, en la declaraci?n de un testigo en el
acto de juicio. Tan s?lo las pruebas documentales y periciales pueden ser
esgrimidas ante este Tribunal, siendo ineficaces las de otra naturaleza para
la revisi?n de la resultancia f?ctica.
TERCERO.-Denuncia el motivo segundo infracci?n de los arts. 51 y 52 del
Estatuto de los Trabajadores, postulando que ha quedado acreditada la
concurrencia de causas econ?micas y organizativas que justifican la medida
acordada por la empresa.
La modificaci?n operada en estos preceptos por la Ley 11/1994, de 19 mayo
(RCL 1994\1422 y 1651), mantiene como causas extintivas de la relaci?n de
trabajo las econ?micas y tecnol?gicas (estas ?ltimas bajo la denominaci?n de
?t?cnicas?), a?adiendo las basadas en razones productivas y organizativas.
En todo caso, y como fuere que la finalidad de la reforma del mercado de
trabajo radica, seg?n la Exposici?n de Motivos de la Ley ?en el objetivo de
proteger el empleo existente y en fomentar la creaci?n de empleo?, el
legislador no ha aunado a una situaci?n econ?mica negativa o a disfunciones
por causas t?cnicas, organizativas o productivas que, por ello s?lo, pueda
el empresario acudir a la medida extintiva, pues es preciso que acredite,
adem?s, que tal medida contribuye, de forma adecuada y razonablemente
eficaz, a superar dicha situaci?n negativa o a garantizar la viabilidad
futura de la empresa y del empleo.
En lo referente a la existencia de causas organizativas o de producci?n que
justifiquen la resoluci?n del contrato de trabajo, ya hemos dicho que no ha
quedado acreditado que la empresa haya emprendido proceso alguno de
modificaci?n de su estructura organizativa para centralizar todas sus
unidades administrativas, como se alega en la notificaci?n remitida a la
trabajadora y por tanto, no cabe estimar que se pretende garantizar la
viabilidad futura de la actividad empresarial con la extinci?n del contrato
de trabajo de la actora.
Respecto a la causa econ?mica ha de ponerse el acento en un punto de
equidistancia entre, por una parte, aquella situaci?n asimilable a la
protecci?n de un lucro empresarial, en la que la medida extintiva se
intentar?a justificar por una transitoria disminuci?n de beneficios o
incluso p?rdidas espor?dicas-posici?n no asumible porque no demuestra por
ella misma que la extinci?n del contrato de trabajo mejore la
competitividad, y por tanto, la conservaci?n o creaci?n de empleo-, y por
otra parte, una situaci?n de crisis importante (que a menudo imposibilita ya
cualquier reflotamiento), pues, entre ambos extremos, pueden registrarse
situaciones intermedias, en principio aptas y bastantes para una extinci?n
objetiva del contrato si se demuestra la seriedad y entidad de la situaci?n
empresarial de car?cter econ?mico negativo y sus perniciosos efectos para la
conservaci?n del empleo, lo que habr? de ser adecuadamente ponderado en cada
ocasi?n por el juzgador de instancia al conformar todo ello materia
eminentemente casu?stica en la que apenas ser? posible directriz general
alguna ante la extraordinaria variedad de las situaciones y multitud de
variables que concurrir?n en cada caso, que ser? lo determinante para hallar
el fundamental concepto -verdadero eje de reforma- de ?razonabilidad? de la
medida empresarial. Como dec?amos en Sentencia de 16 mayo 1995 (Rec.
1835/1995), la extinci?n del contrato de trabajo en v?a del art. 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores, cuando se trata de causas econ?micas, ?exige
la concurrencia de dos requisitos: a) existencia de una situaci?n econ?mica
negativa, b) que la medida adoptada contribuya a superarla. El primero de
los requisito es un hecho pret?rito y presente y como tal susceptible de
prueba plena y su carga incumbe al empresario cuando la medida es
cuestionada judicialmente. El segundo requisito ya no es un hecho. Es una
previsi?n de futuro. Sobre una previsi?n no puede exigirse la misma
contundencia en la prueba que respecto de hechos pret?ritos. Bastar?
acreditar la existencia de una razonable expectativa de que la amortizaci?n
de los puestos de trabajo contribuir? a superar dicha situaci?n negativa?. A
lo que podemos a?adir, que si bien cualquier amortizaci?n de puestos de
trabajo es evidente que contribuye en abstracto a la superaci?n de la crisis
econ?mica de la empresa en cuanto implica una reducci?n, mayor o menor, de
los costes de explotaci?n; con car?cter general la simple adopci?n por el
empresario de esta medida no podr? considerarse suficiente si no va
acompa?ada de otras medidas que coadyuven a afrontar tal situaci?n. Habr?
que estar a cada caso concepto para determinar si la extinci?n de los
contratos de trabajo de los litigantes puede considerarse como una medida
que, razonablemente, ayudar? a salir de la crisis, lo que depender? en cada
supuesto de las dimensiones de la empresa, del n?mero de trabajadores de la
misma y, en fin, de la naturaleza y alcance del conjunto de medidas
acordadas y circunstancias concretas que afecten al desarrollo de la
actividad empresarial, bien entendido que, como hemos dicho, basta acreditar
que estas medidas pueden permitir la soluci?n o disminuci?n de los problemas
econ?micos de la empresa para que la extinci?n se estime procedente, sin que
pueda exigirse la total y absoluta garant?a de la consecuci?n de estos
fines, lo que, por su propia naturaleza es un hecho de futuro imprevisible y
en consecuencia, que no puede ser probado.
En el inatacado hecho probado s?ptimo se declara probado que la empresa se
encuentra en una situaci?n econ?mica negativa como refleja, la cuenta de
resultados de los ejercicios de 1991, 1992 y 1993, en los que las p?rdidas
aumentan de 55 millones a 275 millones de pesetas.
No discutida la crisis econ?mica que afecta a la empresa, debe aceptarse
como adecuadamente razonable y eficaz la medida adoptada, puesto que junto
con la extinci?n del contrato de la actora se ha resuelto por estas mismas
causas el de otra trabajadora y, adem?s, se han amortizado otros seis
puestos de trabajo que quedaron vacantes durante el a?o 1994 a consecuencia
de despidos disciplinarios. En este contexto, el importante ahorro econ?mico
que se produce con este c?mulo de circunstancias, debe estimarse eficaz para
contribuir a superar la situaci?n econ?mica negativa que atraviesa la
empresa, que se plasma en unas p?rdidas de 275 millones de pesetas en el
ejercicio de 1993 y sobre las cuales repercute significativamente la
reducci?n de gastos que implica la amortizaci?n de un total de ocho puestos
de trabajo, concurriendo as? el segundo de los presupuestos antes
mencionado.
Publicado por tuasesor @ 23:46
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