Mi?rcoles, 09 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1995\2409
RESOLUCION: SENTENCIA de 20-6-1995, n?m. 3819/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 5831/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 26 de Barcelona, de fecha 11-7-1994,
dictada en autos promovidos sobre despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 2 de febrero de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado
de lo Social demanda sobre reconocimiento de derecho suscrita por Mar?a
Dolores O. V. contra Organismo Aut?nomo de Correos y Tel?grafos, en la que
alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los t?rminos de la misma.
Admitida la demanda a tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con
fecha 11 julio 1994 que conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando la demanda formulada por do?a Mar?a Dolores O. V. frente al
Organismo Aut?nomo de Correos y Tel?grafos, debo declarar y declaro la
condici?n de trabajadora fija de plantilla de la actora desde el 21 de
noviembre de 1989, condenando al Organismo demandado a estar y pasar por
esta declaraci?n?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La actora, do?a Dolores O. V., con DNI n?mero ... presta servicios por
cuenta y orden del Organismo Aut?nomo de Correos y Tel?grafos con categor?a
profesional de auxiliar de clasificaci?n y salario mensual de 124.372
pesetas.
II.-La relaci?n laboral entre ambas partes se ha venido desarrollando,
desde el 19 de mayo de 1989, mediante la suscripci?n de los siguientes
contratos de trabajo:
-Interinidad, de 19 de mayo de 1989 al 31 de agosto de 1989, cuyo objeto
fue sustituir a don Modesto P. C., en situaci?n de cubrir enfermedad, seg?n
se consign? en la cl?usula 5.?
-Interinidad, de 1 de septiembre de 1989 al 18 de noviembre de 1989, cuyo
objeto, conforme se estipul? en su cl?usula 5.?, era sustituir a los
trabajadores que se designaban durante sus vacaciones y asuntos propios.
-Eventual, para reforzar el servicio en la oficina de Granollers por
"acumulaci?n de tr?fico", desde el 21 de noviembre de 1989 al 31 de
diciembre de 1989.
-Temporal como medida de fomento de empleo, desde el 1 de enero de 1990 al
31 de diciembre de 1992.
-Eventual, del 1 de enero de 1993 al 31 de marzo de 1993, "para atender
circunstancias de servicio en la oficina de Granollers producidas por
acumulaci?n de tr?fico", seg?n se consign? en su cl?usula 5.?
-Eventual, del 1 de abril de 1993 al 30 de abril de 1993, id?ntico al
anterior.
-Eventual, del 1 de mayo de 1993 al 30 de junio de 1993, id?ntico a los dos
anteriores.
-Interinidad, suscrito el 1 de julio de 1993 y a?n en vigor, en cuya
cl?usula 5.? se consign? que se formalizaba para cubrir el puesto de trabajo
especificado en el anverso, hasta que el mismo fuera cubierto
definitivamente por personal funcionario mediante oferta de empleo p?blico,
concurso de traslado, o fuera suprimido en la relaci?n de puestos de trabajo
de personal funcionario.
III.-Desde el 21 de noviembre de 1989 la actora ha prestado servicios para
la demandada ininterrumpidamente, desempe?ando las mismas funciones.
IV.-El 9 de diciembre de 1993 la actora formul? reclamaci?n previa
solicitando el reconocimiento de su condici?n de trabajadora fija de
plantilla, que se desestim? por Resoluci?n de 4 abril 1994?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la demandada, Organismo Aut?nomo de Correos
y Tel?grafos, contra la sentencia de instancia que estimando la demanda ha
declarado el car?cter indefinido de la relaci?n laboral que vincula a los
litigantes, formalmente constituida mediante sucesivos contratos de car?cter
temporal que se estiman fraudulentos.
Al amparo del p?rrafo c) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1990\922 y 1049) se articula el ?nico motivo del recurso que,
en dos apartados diferentes, denuncia infracci?n de los art?culos 15.7.? del
Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL 3006); 6.4.? del C?digo
Civil, en relaci?n con el art?culo 3.2.?.a) del Real Decreto 2104/1984, de
21 noviembre (RCL 1984\2697 y ApNDL 3021); 103 de la Constituci?n
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875); 19 de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma
de la Funci?n P?blica (RCL 1984\2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), y
Jurisprudencia que se cita.
SEGUNDO.-La cuesti?n relativa al tratamiento jur?dico que merece la
contrataci?n temporal cuando es realizada por las Administraciones u
Organismos P?blicos, ha sido ya resuelta por la doctrina jurisprudencial de
manera un?nime y reiterada en el sentido de establecer, que las
Administraciones P?blicas pueden acudir a estas modalidades de contrataci?n
temporal cuando lo necesiten por razones del servicio, pero ello no las
exime de cumplir con los requisitos legales que en cada caso resulten
exigibles seg?n la modalidad de que se trate. Se ha dicho, que no cabe
presumir fraude de ley en la actuaci?n de la Administraci?n y tambi?n, que
las meras irregularidades formales en que pudieran incurrir los Organismos
P?blicos al contratar, no tienen eficacia suficiente para convertir en
indefinida la relaci?n de trabajo formalizada como temporal. A lo que cabe
a?adir, como acertadamente argumenta la recurrente, que la mera
concatenaci?n de contratos temporales, por s? sola, no es causa suficiente
para estimar fraudulenta la contrataci?n, si tales contratos se ajustan a la
legalidad vigente y a los presupuestos y requisitos de la f?rmula elegida
por la empleadora.
Pero tambi?n se ha establecido que el principio de legalidad que consagra
el art?culo 9.1.? de la Constituci?n vincula a la Administraci?n en igual
medida que al resto de los ciudadanos y en consecuencia, no puede dejar de
aplicarse lo dispuesto en el art?culo 15.7.? del Estatuto de los
Trabajadores en caso de que se acredite que el Organismo P?blico ha
incurrido en fraude de ley en la contrataci?n temporal, al utilizar este
mecanismo excepcional de contrataci?n para atender necesidades permanentes
de trabajo, sin respetar la normativa sustantiva que regula la modalidad
utilizada; bien entendido, que la situaci?n que se deriva no supone la
adquisici?n de la condici?n de funcionario por el trabajador afectado, sino
la de personal laboral fijo o de plantilla, pues no existe norma legal que
impida a la Administraci?n quedar vinculada por una relaci?n laboral
ordinaria de car?cter indefinido, distinta a la que mantiene con el personal
funcionario.
Habr? que analizar en cada caso concreto los contratos de trabajo de
duraci?n temporal formalizados, para determinar si incurren en meras
irregularidades formales o realmente suponen infracci?n de los preceptos
legales de car?cter material que regulan su r?gimen jur?dico y en caso
afirmativo, la conclusi?n no puede ser otra que la de declarar indefinida la
relaci?n laboral (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 marzo 1991
[RJ 1991\1875] y 27 enero 1992 [RJ 1992\75]).
Que la anterior tesis es la ajustada a los principios rectores del
Ordenamiento Jur?dico, se comprueba claramente en el art?culo 38.2.? de la
Ley 31/1991, de 30 diciembre (RCL 1991\3025) de Presupuestos Generales del
Estado, al se?alar que los contratos laborales ?habr?n de formalizarse
siguiendo las prescripciones de los art?culos 15 y 17 del Estatuto de los
Trabajadores. En los contratos se har? constar, cuando proceda, la obra o
servicio para cuya realizaci?n se formaliza y el tiempo de duraci?n, as?
como el resto de formalidades que impone la legislaci?n sobre contratos
laborales eventuales o temporales. Los Departamentos, Organismos o
Entidades, habr?n de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones
formales, as? como la asignaci?n de personal contratado, actuaciones que, en
su caso, podr?n dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de
conformidad con el art?culo 140 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria (RCL 1988\1966 y 2287)?, mandato que evidencia, que ya el
legislador contempla la posibilidad de que las infracciones en la
contrataci?n temporal sean determinantes de su transformaci?n en contratos
por tiempo indefinido y que fue repetido en el art?culo 37 de la Ley
39/1992, de 29 diciembre (RCL 1992\2801 y RCL 1993\483) de Presupuestos para
1993, y ha vuelto a ser recogido en el art?culo 35 de la Ley 21/1993, de 29
diciembre (RCL 1993\3567) de Presupuestos para 1994, reiter?ndose en el
art?culo 32.2.? de la Ley 41/1994, de 30 diciembre (RCL 1994\3564 y RCL
1995\515) de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
TERCERO.-En el caso de autos, las partes han concertado un total de ocho
contratos temporales de distinta naturaleza desde el mes de mayo de 1989
hasta la actualidad. Atendiendo ?nicamente a los formalizados a partir de 21
de noviembre de 1989, es de ver que se han ido sucediendo
ininterrumpidamente, e intercalando, contratos eventuales por circunstancias
de la producci?n suscritos al amparo del art?culo 3 del Real Decreto
2104/1984, con contratos para el fomento de empleo y de interinidad. En los
contratos formalizados al amparo del art?culo 3 de dicho Real Decreto, se
hace constar como causa de la eventualidad ?para atender circunstancias de
servicio en la oficina de Granollers producidas por acumulaci?n de tr?fico?,
sin mayores precisiones y sin que se haya practicado actividad probatoria
alguna dirigida a demostrar la existencia de circunstancias especiales que
acreditasen la real y efectiva acumulaci?n de tareas, cualquiera que pudiere
ser su causa.
De ello resulta, que la expresi?n gen?rica utilizada en la formalizaci?n de
tales contratos, no cumple la exigencia del art?culo 3.2.?.a) del citado
Real Decreto al no consignarse con precisi?n y claridad la causa o
circunstancia que justifica la utilizaci?n de esta modalidad contractual,
prevista en nuestro Ordenamiento como estrictamente causal, por lo que
?nicamente puede acudirse a la misma cuando se produzca un incremento del
proceso productivo que no pueda ser atendido con la plantilla ordinaria de
la empresa. De ah?, que sea necesario describir en el contrato de trabajo
las concretas y especiales circunstancias que hacen necesaria la
contrataci?n del trabajador, no bastando para ello f?rmulas gen?ricas que se
limiten a una reproducci?n del tenor literal del art?culo 15.1.?.B del
Estatuto de los Trabajadores, o sean ambiguas e inexpresivas, impidiendo
conocer la situaci?n que motiva la contrataci?n. Bien es cierto, que la
ausencia de expresi?n en el contrato de las circunstancias que lo motivan
puede ser suplida por la actividad probatoria de la empresa en el proceso,
encaminada a acreditar que, efectivamente, se produjo una situaci?n de
incremento de la actividad que justifica acudir a esta modalidad
contractual. Ya se ha dicho que en el supuesto presente, ni siquiera se ha
intentado aportar prueba por la empresa para acreditar las circunstancias
que justificasen la modalidad contractual utilizada.
No desconoce esta Sala la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 23
mayo 1994 (RJ 1994\5361) dictada en recurso de casaci?n para la unificaci?n
de doctrina en el supuesto similar al presente en el que la demandada es el
mismo Organismo P?blico. En esta sentencia se afirma que no es contrario a
derecho el contrato temporal formalizado al amparo del art?culo 3.? del Real
Decreto 2104/1984 que tiene por objeto atender, no un incremento especial de
la actividad, sino simplemente, la propia actividad ordinaria que no puede
ser cubierta con el personal de plantilla al existir vacantes sin cubrir. Se
dice, que en el ?mbito de la empresa privada no pueden calificarse como
propios de la acumulaci?n de tareas los casos en que el desequilibrio o
desproporci?n entre la actividad y el n?mero efectivo de trabajadores con
los que en ese momento se cuenta sea bebido exclusivamente a la existencia
de vacantes o puestos fijos sin cubrir en la plantilla de la misma, pues la
contrataci?n indefinida que ser?a necesaria puede realizarse con igual o
mayor rapidez que la contrataci?n temporal. Pero en cambio, cabe esta
posibilidad para los Organismos P?blicos, ante las dificultades, complejidad
y lentitud de proceso para cubrir las vacantes con personal fijo o
funcionario, en su caso.
Ahora bien, la aplicaci?n de esta doctrina jurisprudencial exige, cuando
menos, que resulte probado que la acumulaci?n de tareas es real y efectiva,
esto es, que se acredite que el ritmo productivo, siquiera sea ordinario, no
puede ser atendido con el personal fijo que presta servicios en ese concreto
momento, al existir vacantes no cubiertas en la plantilla. La prueba de este
extremo corresponde a la empresa, y en el caso de autos, no resulta probado
-ni siquiera se ha intentado probar- que el Organismo P?blico demandado se
encuentra en una situaci?n de d?ficit de personal, en la que el trabajo
sobrepasa la capacidad de los empleados disponibles en la oficina en la que
prest? servicios la actora, lo que constituye presupuesto b?sico para la
aplicaci?n de la novedosa doctrina expuesta en la antedicha sentencia.
No afecta dicha sentencia a la doctrina general sobre la contrataci?n
temporal de las Administraciones P?blicas, ni impide aplicar en toda su
extensi?n las consecuencias jur?dicas derivadas de la existencia de fraude
de ley en los casos en que se hayan infringido preceptos legales de car?cter
sustantivo, conforme a lo ya expuesto en el anterior fundamento de derecho,
sin que ello suponga infracci?n de los art?culos 23.2.? y 103.3.? de la
Constituci?n, sino estricta aplicaci?n del principio de legalidad que la
propia norma suprema consagra.
Consecuentemente, los contratos temporales formalizados en este caso bajo
la modalidad contemplada en el art?culo 3.? del Real Decreto 2104/1984, son
de car?cter fraudulento al no expresarse en el mismo las causas que
justifican la contrataci?n, ni haberse probado que en ese momento exist?a un
d?ficit de personal en la oficina en cuesti?n que imped?a atender
debidamente las necesidades del servicio, con lo que la relaci?n laboral,
desde ese momento, es de car?cter indefinido, ex art?culo 15.7.? del
Estatuto de los Trabajadores, y por ende, mantiene esta naturaleza cuando se
formalizan con posterioridad los contratos de fomento del empleo y de
interinidad. A lo que habr?a de a?adirse la irregularidad que supone
formalizar un contrato de fomento del empleo con quien no ostenta la
condici?n de desempleado por estar prestando servicios hasta ese momento,
precisamente, para la misma empresa que lo contrata bajo esta modalidad,
infringiendo as? lo dispuesto en el art?culo 1 del Real Decreto 1989/1984
(RCL 1984\2697 y ApNDL 3021).
Es por todo ello que la actora ha adquirido la condici?n de trabajadora
fija de plantilla -que no de funcionaria-, como acertadamente declara la
sentencia de instancia que debe ser confirmada en sus t?rminos.
CUARTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral procede imponer al recurrente el pago de honorarios de Letrado de la
parte impugnante que la Sala establece en 50.000 pesetas
Publicado por tuasesor @ 23:53
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