Jueves, 10 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1995\1085
RESOLUCION: SENTENCIA de 1-3-1995, n?m. 1429/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 6641/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso de suplicaci?n interpuesto por la empresa
demandada contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 9 de Barcelona,
de fecha 7-6-1994, dictada en autos sobre despido y que establece la
responsabilidad solidaria de las empresas implicadas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 17 de enero de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado de
lo Social demanda sobre Despidos suscrita por Mar?a Carmen G. M. contra
?Canindus, SL?, ?SA de Manufacturados El?ctricos?, ?Manufacturados
Electromec?nicos, SA? y Fondo de Garant?a Salarial, en la que alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando
se dictase sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a
tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 7 junio 1994 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando como estimo la demanda formulada por Mar?a Carmen G. M.,
debo declarar y declaro improcedente su despido y condeno solidariamente a
las empresas "SA de Manufacturados El?ctricos", "Manufacturados
Electromec?nicos, SA" y "Canindus, SL" a que le readmitan en su puesto de
trabajo, en id?nticas condiciones a las que ten?a antes de producirse el
despido y a que le abonen los salarios dejados de percibir, en la cuant?a
que despu?s se dir? y, para el supuesto de que no se produjera la
readmisi?n, la trabajadora percibir? por el concepto de indemnizaci?n
1.048.044 ptas. y por el de salarios de tramitaci?n, desde la fecha del
despido hasta la de esta resoluci?n, la cantidad de 583.869 ptas., m?s la de
4.083 ptas. diarias hasta la fecha de notificaci?n de esta resoluci?n,
declar?ndose extinguida la relaci?n laboral en el supuesto de no readmisi?n.
La opci?n deber? ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la
Secretar?a de este Juzgado, dentro del plazo de cinco d?as de la
notificaci?n, sin esperar la firmeza de la misma, entendi?ndose, de no
hacerlo, que optan por la readmisi?n?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La actora Mar?a Carmen G. M., ingres? a prestar servicios por cuenta de
las empresas demandadas en fecha 12 de septiembre de 1988, ostentando la
categor?a profesional de Pe?n y percibiendo un salario mensual de 122.510
ptas. mensuales, con inclusi?n de prorrata de pagas extra.
II.-En fecha 12 de septiembre de 1988, la demandante suscribi? contrato de
trabajo para la formaci?n con la empresa "SA de Manufacturados El?ctricos",
con un plazo de duraci?n de tres meses, constando en el mismo que la
categor?a profesional de la actora era la de Aprendiz, as? como una jornada
de 8 horas diarias, distribuida en un tiempo de ense?anza equivalente a 1/4
de aqu?lla y los 3/4 restantes, a trabajo efectivo. El referido contrato fue
objeto de sucesivas pr?rrogas, venciendo la ?ltima en fecha 11 de junio de
1991. Ha quedado asimismo acreditado que, durante la vigencia del referido
contrato, la actora no recibi? ense?anza, prestando sus servicios como pe?n.
III.-En fecha 12 de junio de 1991, la demandante suscribi? un nuevo
contrato para la formaci?n, al amparo del RD 1992/1994, con la codemandada
"Manufacturados Electromec?nicos, SA", constando en el mismo como categor?a
profesional de la trabajadora la de pe?n. La duraci?n pactada del contrato
es de tres meses, siendo prorrogado sucesivamente hasta 11 de junio de 1992.
IV.-En fecha 15 de junio de 1992, la demandante formaliz? nuevo contrato
temporal, esta vez con la empresa "SA de Manufacturados El?ctricos", al
amparo del RD 1989/1984, como medida de fomento del empleo, en el que consta
que la trabajadora est? desempleada e inscrita como demandante de empleo
desde 12 de junio de 1992. La categor?a de la actora, seg?n el contrato en
cuesti?n, es la de Pe?n y la duraci?n pactada de doce meses.
V.-En fecha 4 de enero de 1992, la actora suscribi? contrato de trabajo
temporal como medida de fomento del empleo, con la "Mercantil Canindus, SL",
figurando en el mismo que aqu?lla est? desempleada e inscrita como
demandante de empleo en la Oficina de Empleo de 0809610, desde 23 de
diciembre de 1992. La duraci?n del referido contrato es de 12 meses, desde 4
de enero de 1993 a 3 de enero de 1994.
VI.-"Canindus, SL" notific? a la actora la extinci?n del contrato en fecha
19 de diciembre de 1993, con fecha de efectos de 3 de enero de 1994.
VII.-Ha quedado acreditado que desde el inicio de la relaci?n laboral, en
fecha 12 de septiembre de 1988, la actora ha prestado sus servicios como
Pe?n, de forma continuada e ininterrumpida en el mismo centro de trabajo,
situado en Canovellas, Pol. Industrial Can Castells, calle Isaac Peral, n?m.
6.
VIII.-"SA Manufacturados El?ctricos" fue constituida mediante escritura
p?blica de fecha 31 de marzo de 1987 por don Pascual F. V., don Francisco P.
R. y don Jos? C. A., siendo su objeto social la fabricaci?n y montaje de
aparatos electromec?nicos y el domicilio social situado en el Pol?gono
Industrial "Can Castells", en Canovellas. En la escritura fundacional de la
Compa??a, fue nombrado Administrador ?nico de la misma a don Francisco P.
R., quien renunci? al cargo en fecha 31 de enero de 1990, siendo nombrado
nuevo Administrador el se?or Pascual F. V.
IX.-"Manufacturados Electromec?nicos, SA" fue constituida el 5 de octubre
de 1989, por don Jos? Ram?n M. V., don Pascual F. V. y don Francisco P. R.,
teniendo como objeto social la fabricaci?n y montaje de toda clase de
accesorios para el autom?vil, as? como la fabricaci?n y montaje de toda
clase de electrodom?sticos. El domicilio social establecido en el momento de
constituirse la Sociedad, fue trasladado a Canovelles, pol?gono Industrial
Can Castells, Isaac Peral, 6, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria
y Universal de Accionistas, celebrada el 22 de noviembre de 1990, en la
escritura de constituci?n fue nombrado Administrador don Francisco P. R.,
quien ces? por renuncia el 19 de febrero de 1991, en cuya fecha fue nombrado
don Pascual F. V.
X.-"Canindus, SL" fue constituida mediante escritura otorgada el 5 de
noviembre de 1992, por don Ricardo I. P y don Jos? Luis G. G.; su objeto
social es la fabricaci?n, montaje, comercializaci?n e instalaci?n de toda
clase de aparatos electrodom?sticos, l?mparas y material de alumbrado, as?
como de aparatos electromec?nicos. El domicilio social est? situado en
Barcelona, Gran V?a de les Corts Catalanes, 444, 3.? 3.? y el del Centro de
Trabajo en el Pol. Industrial Can Castells, n?m. 16, de Canovelles. El
administrador ?nico de dicha sociedad es don Ricardo I. P.
XI.-Ha quedado acreditado que las tres Sociedades codemandadas tienen un
?nico centro de trabajo, el situado en Canovelles, Pol. Industrial Can
Castells, c/ Isaac Peral, que "Canindus, SL" utiliza la misma maquinaria que
"SA, Manufacturados El?ctricos" y que parte de su personal hab?a figurado en
la plantilla de dicha Compa??a y que dos de las tres codemandadas figuran en
la Gu?a Telef?nica, con id?ntico n?mero. Ha resultado igualmente probado que
el se?or Pascual F., sin tener la condici?n de socio de "Canindus, SL",
sigue ejerciendo funciones directivas en la citada Mercantil.
XII.-La demandada "SA, Manufacturados El?ctricos" inst? ERE n?m. 1708/1992,
que fue aprobado por el Departament de Treball el 14 de diciembre de 1992,
homologando el pacto suscrito entre dicha empresa y los 28 trabajadores de
su plantilla, autorizando la rescisi?n de los contratos de trabajo de los
mismos y, entre ellos, el de la actora, quien suscribi? el citado pacto el
18 de noviembre de 1992, seg?n consta al folio 195 de las actuaciones.
XIII.-Intentada conciliaci?n, result? sin avenencia en cuanto a "Canindus,
SL" e intentado sin efecto, respecto, a las restantes codemandadas?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La sentencia de instancia estima ?ntegramente la demanda origen
del procedimiento, declarando improcedente el despido de la actora,
condenando solidariamente a las tres empresas demandadas.
Recurre en suplicaci?n la codemandada ?Canindus, SL?, por la doble v?a de
los p?rrafos b) y c) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral
(RCL 1990\922 y 1049), postulando su absoluci?n, argumentando la
inexistencia de grupo empresarial o sucesi?n en la actividad desempe?ada por
las otras codemandadas.
SEGUNDO.-Hemos de recordar, como cuesti?n previa a la resoluci?n de los
motivos del recurso que interesan la modificaci?n del relato hist?rico, que
la prosperabilidad del de suplicaci?n por el cauce procesal previsto en el
apartado b) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral, exige: a)
que la equivocaci?n que se imputa al juzgador en los hechos probados,
resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o
razonamientos, m?s o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en
autos que as? lo evidencien; b) que se se?alen los p?rrafos a modificar,
ofreciendo redacci?n alternativa que delimite el contenido de la pretensi?n
revisoria; c) que los resultados postulados, aun deduci?ndose de aquellos
medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en
autos, pues en caso de contradicci?n entre ellas debe prevalecer el criterio
del juzgador ?a quo?, a quien le est? reservada la funci?n de valoraci?n de
las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones
solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resoluci?n de las
cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no
puede prosperar el recurso de suplicaci?n, de naturaleza extraordinaria, al
igual que el de casaci?n y, que a diferencia de la apelaci?n civil, no
faculta a la Sala para la revisi?n de lo actuado.
Con estas consideraciones, el motivo primero que interesa la modificaci?n
del correlativo hecho probado, debe ser desestimado, pues ya constan
reflejadas en el ordinal quinto las circunstancias a que se refiere la
recurrente, que por ello no suponen la introducci?n de datos relevantes para
la resoluci?n del recurso. Cierto que el hecho probado primero ha sido
redactado de manera un tanto imprecisa al referirse con car?cter general a
todas la demandadas, pero, considerando conjuntamente los restantes, no
queda duda alguna sobre su significado, que no se ve alterado por la
modificaci?n postulada.
Igual resultado desestimatorio merece el motivo segundo que pretende la
modificaci?n del hecho probado s?ptimo para que conste que la recurrente
inici? su actividad en fecha 4 de enero de 1993 en el local sito en
Canovelles, Pol?gono Industrial Can Castells, calle Isaac Peral, 6. Estas
circunstancias ya est?n reflejadas en el relato hist?rico, por lo que
deviene intrascendente su adici?n, siendo indiscutible el contenido actual
del ordinal impugnado en cuanto afirma que la actora siempre ha prestado
servicios en el centro de trabajo mencionado; no pudiendo la Sala tener en
consideraci?n las argumentaciones que el recurrente expone al hilo de la
modificaci?n de hechos solicitada, relativas al alquiler del local y
titularidad de la maquinaria, puesto que no tienen apoyo en elemento
probatorio alguno y adem?s, no se interesa que aparezcan reflejadas en la
redacci?n alternativa propuesta, con lo que carecen de toda eficacia
jur?dica.
Tampoco el motivo tercero merece ser acogido, puesto que se propone una
redacci?n alternativa del hecho probado d?cimo que contiene conceptos
jur?dicos predeterminantes del fallo, tales como la conclusi?n de
inexistencia de vinculaci?n alguna con las codemandadas; y por otra parte,
se refiere a circunstancias de hecho intrascendentes para la resoluci?n del
litigio, como pueden ser la composici?n del accionariado que ya consta
reflejada suficientemente, o la no coincidencia absoluta en las actividades
que constituyen el objeto social de las demandadas, lo que no desvirt?a las
afirmaciones que obran en la resultancia f?ctica, ni las consecuencias
jur?dicas que de ellas puedan desprenderse.
La modificaci?n que se postula del ordinal und?cimo, podr?a tener especial
relevancia para la resoluci?n del recurso, pero los documentos citados por
la recurrente no evidencian error de apreciaci?n del juez de instancia, ni
acreditan la incerteza de los datos que constan en el ordinal impugnado,
toda vez que no se refieren a la cuesti?n de la maquinaria; no desvirt?an la
afirmaci?n relativa a las funciones directivas del se?or P. F.; y son
coincidentes respecto al tema del personal, por lo que no puede entenderse
que se produzca evidente error de valoraci?n que conlleve la sustituci?n del
hecho probado por la redacci?n alternativa propuesta.
TERCERO.-Inmodificado el relato hist?rico y las afirmaciones con valor de
hecho contenidas en los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia,
debe ser desestimado el ?ltimo de los motivos del recurso que al amparo del
p?rrafo c) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con
escasa, pr?cticamente nula, argumentaci?n jur?dica, denuncia infracci?n de
los art?culos 15.7.? del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL
3006); 6.4.? del C?digo Civil; 49.3.? y 1.2.? del Estatuto de los
Trabajadores. La sentencia de instancia ha establecido la responsabilidad
solidaria de la recurrente al considerar la existencia de un grupo de
empresas entre las codemandadas, configurado il?citamente como una sola
unidad empresarial.
Como esta Sala ha venido indicando con reiteraci?n tal que exime de citas,
el fen?meno de los grupos de empresa posee como elemento com?n que las
personas -f?sicas o jur?dicas- que los integran, siendo independientes entre
s? desde una perspectiva jur?dica formal, mantienen entre ellas una cierta
unidad econ?mica.
Desde el punto de vista del derecho laboral el principal problema que
plantean los grupos de empresas es el de determinar qui?n es el sujeto que
debe hacerse frente a las obligaciones laborales contratadas con los
trabajadores de una empresa del grupo: ?la empresa que ha contratado
formalmente al trabajador o el grupo de empresas como tal?, o dicho de otra
forma ?existe una responsabilidad solidaria de todas frente a las
reclamaciones de los trabajadores de cualquiera de ellas?. La doctrina
jurisprudencial acu?ada parte de la idea de que ?no cabe sentar pautas o
criterios de car?cter general? (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 mayo
1990 [RJ 1990\3946]) y del principio general de la independencia y no
comunicaci?n de responsabilidades entre las sociedades integrantes del
grupo, sobre la base de que, los v?nculos de gesti?n, econ?mica y
organizativa, no alteran por s? mismos y en todo caso, la consideraci?n de
las sociedades como entidades aut?nomas o separadas, dotadas de personalidad
jur?dica propia y por ello, independientes entre s? y responsables
limitadamente en el ?mbito de su actuaci?n; as? se expresan las Sentencias
del Tribunal Supremo de 30 enero 1990 (RJ 1990\241) ?no es suficiente que
concurra el mero hecho de que dos o m?s empresas pertenezcan al mismo grupo
empresarial para derivar de ello, sin m?s, una responsabilidad solidaria
respecto de obligaciones contratadas por una de ellas con sus propios
trabajadores?; 3 mayo 1990 ?que una empresa tenga acciones en otra o varias
empresas llevan a cabo una pol?tica econ?mica de colaboraci?n, no comporta
necesariamente la p?rdida de su independencia a efectos jur?dicos-laborales?
o la de 24 septiembre 1990 (RJ 1990\7045) que distingue entre ?el fen?meno,
l?gicamente rechazable, de la pura diferenciaci?n formal con fines
defraudatorios de los intereses laborales en juego y el de la efectiva
existencia de unidades empresariales independientes, por m?s que en ?stas se
produzca coincidencia en los elementos de direcci?n o participaci?n
empresarial?, ya que, como recordaba esta Sala en Sentencias de 21
septiembre 1992 (AS 1992\4376) y 1 junio 1994 (AS 1994\2534), entre otras,
?para que pudiera nacer la obligaci?n solidaria de responder frente a los
trabajadores de una empresa del grupo, es necesario que el grupo de empresas
haya actuado en fraude de Ley, haciendo una utilizaci?n abusiva de la
personalidad jur?dica independiente de cada una de las entidades en
perjuicio de los trabajadores, de forma que se produzca un abuso de derecho
o ?nimo defraudatorio en base al cual las empresas establezcan una trama
jur?dica que disfrace situaciones de hecho en las que en realidad se act?e
como una sola entidad empleadora, bajo la apariencia formal de distintas
empresas con personalidad jur?dica independiente, por lo que s?lo cabe
deducir responsabilidad solidaria frente a los trabajadores de todas las
empresas del grupo, cuando se haga un uso torticero y fraudulento de las
normas legales, pero no cabe exigir tal responsabilidad, cuando el grupo de
empresas act?a conforme a derecho, pues es perfectamente leg?tima la
constituci?n de tales grupos para operar en el mercado?; y cuando el grupo
act?a respetando las normas legales vigentes y sin ?nimo fraudulento
dirigido a perjudicar los derechos de los trabajadores, no cabe establecer
responsabilidad solidaria y debe mantenerse el car?cter plenamente
independiente de cada persona jur?dica, o f?sica que lo integra.
Los criterios jurisprudenciales establecidos para determinar la posible
configuraci?n il?cita del grupo de empresas y por tanto, la responsabilidad
solidaria de todas ellas frente a los trabajadores de cualquiera de las
entidades que configuran el grupo formando en realidad una ?nica unidad
empresarial, pueden resumirse en los siguientes: 1.?) la existencia de una
plantilla ?nica (Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 19 junio, 28
octubre, 16 diciembre 1986 [RTCT 1986\4657, RTCT 1986\10337 y
RTCT 1986\13899], 30 enero y 3 mayo entre otras) que se produce, cuando las
sociedades pertenecientes al grupo se benefician de la prestaci?n laboral de
trabajadores formalmente adscritos a la plantilla de una de ellas; 2.?)
cuando existe una caja ?nica o patrimonio social confundido (Sentencias del
Tribunal Supremo de 10 noviembre 1987 [RJ 1987\7838], 8 junio 1989
[RJ 1989\5256], 30 enero 1990), que tiene lugar cuando se utilizan
indiferenciadamente por todas ellas los activos o se hace pago indistinto
del pasivo; 3.?) cuando se produce una apariencia externa unitaria, actuando
en el mercado de manera conjunta, que induce a confusi?n a los terceros que
contraten con las empresas del grupo (Sentencias del Tribunal Supremo de 8
octubre 1987 [RJ 1987\6973], 22 diciembre 1989 [RJ 1989\9073]).
De no concurrir de forma suficientemente relevante cualquiera de estos
elementos, no cabe establecer responsabilidad solidaria entre las empresas
que puedan conformar el grupo por el solo hecho de estar ligadas por
v?nculos de direcci?n, organizaci?n o participaci?n accionarial,
absolutamente frecuentes en la realidad socio-econ?mica actual, en la que
las exigencias o estrategias de mercado originan situaciones de agrupaci?n
de empresas, que no por ello pierden su personalidad jur?dica propia e
independiente de las dem?s que puedan integrar o conformar el grupo.
Habr? que estar a cada caso concreto para determinar, seg?n sus
particularidades la concurrencia de los elementos y circunstancias
antedichas, teniendo en cuenta, que no es exigible a los trabajadores una
prueba pormenorizada y exhaustiva de las interioridades de las empresas,
que, obviamente no se encuentra a su alcance, por lo que, ante la existencia
de elementos de juicio suficientes que acrediten la eventual concurrencia de
cualquiera de aquellas circunstancias, corresponder?a a las empresas, por
estar m?s pr?ximas a la fuente de la prueba, aportar los datos de su
funcionamiento y estructura interna, contabilidad, patrimonio, plantilla,
etc. ..., para acreditar que las relaciones que pudieran darse entre ellas y
se deriven de las pruebas aportadas por la contraparte, obedecen a leg?timos
intereses de mercado, ajenos a cualquier ?nimo o intenci?n de defraudar los,
igualmente leg?timos, derechos de los trabajadores.
En el caso de autos, ha quedado acreditado que la actora comenz? a prestar
servicios en septiembre de 1988 para la codemandada ?SA de Manufacturados
El?ctricos?, posteriormente para la demandada ?Manufacturados
Electromec?nicos, SA? y finalmente para la recurrente, siempre en el mismo
centro de trabajo y desempe?ando id?nticas funciones. Las tres empresas
citadas tiene entre su objeto social actividades coincidentes, desarrollando
sus tareas en el mismo centro de trabajo. Entre las dos primeras se produce
una importante coincidencia en su accionariado y el de la recurrente est?
formado por un antiguo trabajador de una de ellas y un tercero, si bien, uno
de los socios de las anteriores, el se?or P. R., ejerce funciones directivas
en la misma, sin ostentar la condici?n de part?cipe en su capital social y
sin que tal circunstancia sea reconocida por la recurrente. Parte del
personal de la recurrente hab?a pertenecido a la plantilla de las otras
empresas y su actividad se desempe?a en la actualidad con maquinaria de las
mismas. Se afirma en el recurso que el hecho de encontrarse el centro de
trabajo en el mismo local es una mera coincidencia y que la maquinaria fue
comprada a los trabajadores de las otras empresas, pero no se aporta prueba
documental que acredite estos extremos, habi?ndose limitado toda la
actividad probatoria a la aportaci?n de una p?liza de cr?dito, el alta en la
seguridad social de la empresa y el pago del impuesto municipal de apertura
de establecimiento; sin que se haya tra?do al proceso los datos relativos al
centro de trabajo y adquisici?n de la maquinaria, de los que debe disponer
la empresa a la que corresponde la carga de acreditar su verdadera situaci?n
patrimonial y su total independencia y ausencia de vinculaci?n con las
anteriores, a la vista de los elementos de hecho acreditados por la actora.
De esto se infiere la efectiva confusi?n patrimonial que se produce entre
las codemandadas, suficientemente relevante como para entender que nos
encontramos ante una situaci?n de unidad empresarial, configurada de forma
oculta y con evidente ?nimo de limitar las responsabilidades de las
distintas sociedades del grupo; viniendo a configurarse una apariencia de
independencia jur?dica donde realmente se produce una continuidad en la
explotaci?n del negocio que obliga a la recurrente a responder
solidariamente con las dem?s empresas frente a la trabajadora.
Debe por ello ser desestimado el recurso y confirmada en sus t?rminos la
sentencia de instancia.
CUARTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral procede imponer al recurrente el pago de honorarios de Letrado de la
parte impugnante que la Sala establece en 50.000 pesetas.
Publicado por tuasesor @ 23:59
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