Martes, 15 de marzo de 2005
Comentario de la STS de 11 de marzo de 2004 (RJ 3401).


1. Hechos.

El trabajador de una entidad de cr?dito interpuso demanda solicitando del Juzgado de lo Social n?m. 1 de Ciudad Real, la extinci?n de su contrato al amparo del art. 50 ET. En sentencia de 26-11-1996, el Juzgado de lo Social declar? extinguida la relaci?n laboral y conden? a la empleadora a satisfacer la indemnizaci?n legalmente prevista en el apartado 2 del art. 50 ET. En aquellas fechas el trabajador se le diagn?stico al trabajador un ?trastorno adaptativo?, cuadro que posteriormente degener? en un cuadro de depresi?n. Contra dicha resoluci?n se interpuso recurso de suplicaci?n, dict?ndose Sentencia por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha con fecha de 11 de febrero de 1997 confirmando en todos los extremos la sentencia del Juzgado de lo Social. El 10 de marzo de 1998 se inicia expediente de incapacidad permanente, resolvi?ndose por resoluci?n de 15 de marzo de 1999, en la que se reconoce la prestaci?n en base a un cuadro cl?nico depresivo melanc?lico.

Con fecha de 14 de junio de 2000, esto es casi cuatro a?os despu?s de instar la extinci?n del contrato de trabajo, se presenta demanda contra la empleadota en la que el trabajador solicita la restituci?n de los da?os ps?quicos causados como consecuencia del proceso que condujo en su d?a a la extinci?n de la relaci?n laboral. El Juzgado de lo Social n?m. 3 de Ciudad Real desestim? inicialmente la pretensi?n indemnizatoria absolviendo a la demandada. Presentado recurso de suplicaci?n la demandada, en Sentencia de 26 de junio de 2002 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia revoc? la sentencia de la instancia, reconociendo al demandante el derecho a ser indemnizado por los da?os y perjuicios causados en su salud ps?quica como consecuencia de la persecuci?n laboral de que fue objeto por parte de la empresa.

Se presenta recurso de casaci?n para la unificaci?n de la doctrina, alegando como sentencia contradictoria de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1997.

2. Fundamentos Jur?dicos.

La cuesti?n planteada en el recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina consist?a en determinar si existe o no compatibilidad entre las indemnizaciones percibidas al amparo de la extinci?n del art?culo 50.1 ET, debido al trato vejatorio continuado por parte de la empleadora, con la indemnizaci?n general prevista en el art?culo 1101 CC, con base en los perjuicios a la salud ps?quica que aquella conducta empresarial ha representado para el trabajador.

La Sentencia rechaza la eventual compatibilidad entre la indemnizaci?n legalmente tasada que deriva del ejercicio de la acci?n resolutoria del art. 50 ET con cualquier otra indemnizaci?n de da?os y perjuicios que eventualmente hubiere significado la conducta empresarial. En primer lugar, el Tribunal reitera la doctrina contenida en la Sentencia de 3 de abril de 1997, se?alando que la indemnizaci?n por despido improcedente, a la que el art?culo 50.2 ET asimila la que devenga la extinci?n del contrato a instancias del trabajador, es legalmente tasada, presumi?ndose ex lege los da?os causados por el despido. Por consiguiente, no cabe que el juzgador estime una cuant?a distinta de los da?os y perjuicios.

Junto con ello, la Sentencia niega la eventual aplicaci?n de las reglas civiles contenidas en los art?culos 1101 y 1124 CC. En esencia, reiterando la posici?n mantenida por la misma Sala en la ya referida Sentencia de 3 de abril de 1997, se considera que tanto el art. 1124 como el 1101 CC contienen reglas generales en materia de obligaciones, que solamente son de aplicaci?n al contrato de trabajo con car?cter supletorio. As?, en la medida en que esta materia est? expresamente regulada en la legislaci?n laboral no procede la aplicaci?n de las referidas reglas civiles. En este sentido, el art. 50 ET se separa de la regla general contemplada en el art. 1124 CC en dos aspectos esenciales. Por un lado, a diferencia de lo regulado en la norma de derecho com?n, en el ?mbito del art. 50 ET no cabe la resoluci?n extrajudicial del contrato, siendo preciso acudir a la v?a judicial para obtener el trabajador la resoluci?n contractual con base al incumplimiento del empleador. Por otro, en la esfera laboral los da?os se presumen y la cuant?a de la indemnizaci?n por los perjuicios que causa la extinci?n de la relaci?n de trabajo quedan legalmente tasada en virtud de la remisi?n del art. 50.2 ET a las reglas del despido improcedente.

En tercer lugar, la resoluci?n ahora comentada declina la aplicaci?n de la doctrina elaborada por el propio Tribunal en materia de indemnizaci?n por da?os y perjuicios en los despidos discriminatorios al supuesto enjuiciado. Recu?rdese que, de conformidad con la Sentencia de 12 de junio de 1991 (RJ 5931), es compatible la indemnizaci?n por da?os morales con la obligaci?n legal de readmisi?n y abono de los salarios de tr?mite prevista para los despidos discriminatorios. En opini?n del Tribunal, no cabe aplicar la misma soluci?n al caso que enjuicia, puesto que en los despidos nulos la relaci?n laboral permanece ?inc?lume, mientras que en el presente se trata precisamente de romper la relaci?n laboral, a instancia del trabajador, mediante la correspondiente indemnizaci?n? .

Tambi?n desecha la Sentencia ahora relatada que pueda acogerse la interpretaci?n favorable a la compatibilidad de indemnizaciones elaborada por la Sala 1? del mismo Tribunal. Efectivamente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tuvo ocasi?n de pronunciarse acerca de la compatibilidad entre la indemnizaci?n por despido con una indemnizaci?n complementaria derivada de la conducta culposa de la empleadora que hab?a originado una depresi?n a la trabajadora despida. Considera la Sala de lo Social que no cabe aplicar tal soluci?n por dos razones: por un lado, por la ausencia de competencia jurisdiccional del orden civil para resolver cuestiones laborales; por otro, por tratarse de un despido y de la aplicaci?n del 1902 CC y no de la compatibilidad de la extinci?n contractual del art. 50 ET con el 1101 CC.

Finalmente, a pesar de los argumentos que se han ido desgranando hasta aqu?, el Tribunal a?ade un ?ltimo argumento de orden f?ctico. Se indica que la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha que reconoce la indemnizaci?n da por supuesto que ha existido una relaci?n causal entre la conducta empresarial con cuya base se acord? a resoluci?n del contrato y el cuadro cl?nico del trabajador que motiv? la declaraci?n de su incapacidad permanente absoluta a causa de enfermedad com?n. Sin embargo, se?ala el Tribunal Supremo, la Sentencia de instancia constata lo contrario. A pesar de ello, el recurso de suplicaci?n contra la decisi?n del Juzgador de instancia se limit? a denunciar infracci?n de normas sustantivas y de jurisprudencia al amparo del art. 191 c) LPL, sin pedir la revisi?n de los hechos probados que procede a trav?s del apartado b) del citado precepto.

3. Voto particular.

Consideran los Magistrados discrepantes que la doctrina de la Sentencia de 3 de abril de 1997 debe revisarse, porque la indemnizaci?n prevista en el art. 50.2 ET repara exclusivamente el da?o producido por la p?rdida del empleo, derivada de la extinci?n contractual, mientras que las indemnizaciones que reclam? el demandado en el caso comentado no tienen por objeto reparar tal p?rdida, sino los da?os ps?quicos que el proceder empresarial le caus?. En este sentido, se afirma que ?son da?os distintos que han de ser objeto de reparaci?n independiente, pues de lo contrario se est? exonerando al causante de la obligaci?n de reparar las consecuencias de un acto il?cito que no han sido compensadas por una indemnizaci?n que s?lo cubre el da?o derivado de la extinci?n del contrato, como se advierte si se tiene en cuenta que aquella reparaci?n hubiera sido posible si el contrato no se hubiere extinguido? .

As? pues, en opini?n de los firmantes del voto particular, deben diferenciarse dos tipos de da?os. En primer lugar, los derivados directamente del incumplimiento empresarial y, en segundo, los que el legislador une al efecto resolutorio. De ambos, solamente los relacionados con el efecto resolutorio deben considerarse tasados por el art. 56 ET, el resto han de indemnizarse de conformidad con las reglas generales que corresponde. Ello se advierte, seg?n se indica en el voto particular, en el caso de la resoluci?n contractual por impago de los salarios prevista en el art. 50.1.b) ET. El referido impago es una causa resolutoria, pero ?la extinci?n del contrato no impide reclamar los salarios no abonados y la indemnizaci?n por mora correspondiente? .

Por ?ltimo, se indica que la valoraci?n f?ctica acerca de la conexi?n causal entre la conducta empresarial y el da?o que se efect?a en la Sentencia queda fuera del ?mbito propio del recurso de casaci?n para la unificaci?n de la doctrina.

4. Comentario.
Como se habr? advertido ya son numerosas y de diversa ?ndole las cuestiones que suscita la STS de 11 de marzo de 2004. Nos limitaremos a se?alar aquellas que, en nuestra opini?n, pueden resultar de mayor relevancia.

En primer lugar, parte la construcci?n de Tribunal de que el art?culo 50 ET constituye la transcripci?n en el derecho laboral del art?culo 1124 CC, referido, como es sabido, a la facultad de resolver el contracto de trabajo en caso de que una de las partes no cumpliere con las obligaciones que le incumben. De este modo, si la rescisi?n laboral es constituye una norma espec?fica respecto de la m?s general contemplada en el art?culo 1124 CC, la consecuencia no puede ser otra que la de considerar que con la indemnizaci?n legalmente prevista en el art. 50.2 ET se satisface ?ntegramente el inter?s del trabajador derivado de la conducta empresarial. Consiguientemente, aplicada la norma espec?fica en los t?rminos legalmente previstos, no cabe acudir a otras v?as indemnizatorias de Derecho Civil que presentan la misma naturaleza que la laboral.

Sin embargo, en nuestra opini?n, no puede trazarse una identificaci?n tal entre la extinci?n del art. 50.1 a) ET y el instituto resolutorio del art. 1124 CC que conduzca a la referida conclusi?n de la unicidad de indemnizaci?n en la esfera laboral. Y ello porque dif?cilmente puede sostenerse que el instituto laboral sea una mera especialidad de la acci?n rescitoria contemplada en el C?digo Civil. Es sabido que la jurisprudencia y doctrina judicial mayoritaria sostuvieron una interpretaci?n restrictiva de la aplicaci?n de la causa resolutoria, .ampar?ndose en una interpretaci?n integradora de los art?culos 50.1. a) TRELT y 1124 C?digo Civil. De conformidad con dicha interpretaci?n, se exig?a en los mismos t?rminos del art?culo 1124 C?digo Civil, la existencia de una incumplimiento imputable al empresario, as? como la manifestaci?n de una voluntad culpable, en diverso grado, en el incumplimiento empresarial que se traduc?a en la aplicaci?n del art?culo 50.1.a) TRLET. Por consiguiente, junto con la irregularidad en la decisi?n adoptada deb?a constatarse la voluntad deliberada de causar el menoscabo en la dignidad o profesionalidad del trabajador; en otras palabras, la mala fe en el ejercicio de los poderes empresariales. No obstante, tras la reforma operada en el r?gimen jur?dico de los art. 40 y 41 TRLET por la Ley 11/1994, consistente en la eliminaci?n de la autorizaci?n previa a la adopci?n de la decisi?n empresarial, la doctrina mayoritaria se decanta por considerar que la causa contenida en el art. 50.1.a TRLET comprende las decisiones de modificaci?n sustancial adoptadas legalmente (y, por tanto justificadas), las que no hubieren sido impugnadas por el trabajador (y, por consiguiente, se presumen justificadas) y, en fin, aquellas que tras ser impugnadas se declaran judicialmente justificadas. Y ello porque, de conformidad con el art. 138 TRLPL, la declaraci?n judicial de injustificaci?n o nulidad de la decisi?n de modificaci?n sustancial exigir? la reposici?n del trabajador en sus condiciones anteriores. El incumplimiento absoluto o cumplimiento defectuoso por parte del empresario de la sentencia desfavorable en los t?rminos ahora apuntados justificar? la solicitud del extinci?n del contrato por parte del trabajador al amparo de la letra c) del 50.1 TRLET. A la vista de lo antedicho, puede concluirse que, a diferencia de las normas generales, la rescisi?n del contrato amparada en el art. 50.1.a) ET no requiere de una conducta culposa, ni tan siquiera de un incumplimiento previo.

De conformidad con ello, parece l?gico considerar que la remisi?n del art. 50.2 a la indemnizaci?n tasada en el art. 56 ET lo ser?a solamente respecto de la cuant?a, sin que pueda considerarse que con ello se estima aplicable un sistema indemnizatorio en el que se tasan todos los da?os derivados de la ruptura culpable del contrato propio del despido improcedente. Quiere decirse con todo ello que, tal y como sostiene un sector de la doctrina, la indemnizaci?n tasada que deriva del art. 50 ET ?nicamente reparar?a la p?rdida del empleo y no otros eventuales da?os que pudieren derivar de la conducta empresarial. De modo que de existir una conducta culposa de la que se infieran otros perjuicios distintos de la p?rdida del empleo, deber?n ser efectivamente indemnizados.

En definitiva, coincidimos con el voto particular cuando se?ala que es preciso distinguir dos tipos de da?os: los da?os derivados directamente de la eventual conducta incumplidora y los que el legislador liga al efecto resolutorio sea o no vinculado a una conducta culpable. Solamente ?stos ?ltimos est?n tasados legalmente en virtud de la remisi?n del art. 50.2 al art. 56 ET.

Por otra parte, es f?cilmente deducible la relevancia que la doctrina contenida en la STS de 11 de marzo presenta para los supuestos extinci?n por acoso moral en el trabajo. En particular, merece recordarse que la doctrina judicial ha admitido la compatibilidad entre las acciones de extinci?n y de indemnizaci?n resarcitoria de da?os y perjuicios en los supuestos en los que la acci?n resolutoria se sustanci? a trav?s del proceso de tutela de derechos fundamentales (pi?nsese en los supuestos de acoso moral que se manifiestan bien en actos discriminatorios, bien en la vulneraci?n de otros derechos fundamentales). En tales casos, se ha considerado plenamente aplicable la antes referida doctrina del Tribunal en materia de despidos discriminatorios y seg?n la cual ?no es admisible que la ?nica consecuencia legal del despido discriminatorio haya de ser la readmisi?n y abono de salarios de tramitaci?n, pues pueden existir da?os morales o incluso materiales, cuya reparaci?n ha de ser compatible con la obligaci?n legal de readmisi?n y abono de salarios de tr?mite?. (Vid., por ejemplo, STSJ Catalu?a de 15 de julio de 2002, AS 2881). Inicialmente resultar?a l?gico pensar que, a la vista de argumentaci?n mantenida por la referida STS de 11 de marzo de 2004, la doctrina judicial ahora referida deviene inaplicable, puesto que es precisamente la reclamaci?n simult?nea de ambas acciones (extinci?n e indemnizaci?n) la causa que excluye la compatibilidad de las indemnizaciones. No obstante, en los supuestos de ejercicio de la acci?n resolutoria en el seno de un proceso de tutela de derechos fundamentales no puede desconocerse que la naturaleza tasada de la indemnizaci?n por despido no es extensible a la tutela reparadora expresamente contemplada en el proceso del art?culo 180 TRLPL. En este sentido, no parece que exista raz?n alguna que justifique, tal y como se infiere de la STS de 11 de marzo de 2004, que el resarcimiento de los da?os morales derivados de la violaci?n del derecho fundamental ?nicamente proceda en los supuestos de nulidad del despido. Por consiguiente, cabe pensar que continuar? siendo de aplicaci?n la doctrina judicial referida en las extinci?n contractuales sustanciadas ex. Art. 180 TRLPL.
Publicado por tuasesor @ 1:15
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