Mi?rcoles, 16 de marzo de 2005
STC 17/2005, de 1 de febrero de 2005


La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por do?a Mar?a Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto Garc?a-Calvo y Montiel, don Jorge Rodr?guez-Zapata P?rez, don Manuel Arag?n Reyes y don Pablo P?rez Tremps, Magistrados, ha pronunciado



EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

S E N T E N C I A


En el recurso de amparo n?m. 2484-2000, promovido por el sindicato Comisiones Obreras, representado por la Procuradora de los Tribunales do?a Isabel Ca?edo Vega y asistido por el Letrado don Pablo Gunti?as Fern?ndez, contra la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99, y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000, reca?do en el recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina n?m. 3077/99. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei, representada por el Procurador de los Tribunales don Roberto de Hoyos Mencia y asistida por la Letrada do?a Carmen Rodr?guez Fern?ndez. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Arag?n Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.





I. Antecedentes


1. Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 28 de abril de 2000, la Procuradora de los Tribunales do?a Isabel Ca?edo Vega, actuando en nombre y representaci?n del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento, por vulneraci?n del derecho a la libertad sindical.



2. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo son los siguientes:



a) El sindicato demandante formul? demanda ante la jurisdicci?n social de tutela de la libertad sindical contra la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei, que fue turnada al Juzgado de lo Social de Orense n?m. 2, autos n?m. 136/99. El Juzgado dict? Sentencia estimatoria de la demanda en fecha 26 de mayo de 1999, declarando que la conducta de la Mancomunidad demandada constitu?a una lesi?n al derecho de libertad sindical y conden?ndola al cese inmediato del comportamiento antisindical y a abonar al sindicato demandante la cantidad de cinco millones de pesetas en concepto de da?os y perjuicios causados por la referida conducta.



En el relato de hechos probados de la Sentencia se recoge, entre otros extremos, que el sindicato Comisiones Obreras particip? en las elecciones sindicales llevadas a cabo en la entidad demandada Mancomunidad das Terras do Navea Bibei en 1995, en las cuales obtuvo dos delegados de personal, don Jos? Antonio Barreiro Rodr?guez y don Pedro Di?guez ?lvarez, los cuales prestaban servicios en la Residencia de la tercera edad de Puebla de Trives. Desde las indicadas elecciones sindicales, los delegados elegidos de Comisiones Obreras comenzaron a ejercer su labor sindical, reclamando de la entidad demandada diversa informaci?n al amparo del art. 64 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), solicitud que no fue atendida, por lo que presentaron denuncia ante la Inspecci?n de Trabajo.



Asimismo se establece en los hechos probados que el delegado Sr. Barreiro fue despedido disciplinariamente el 25 de marzo de 1996, siendo dicho despido declarado improcedente por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 1 de Orense de 17 de junio de 1996, declarada nula por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de octubre de 1996; finalmente el Juzgado de lo Social n?m. 1 de Orense dict? nueva Sentencia el 23 de junio de 1997 declarando procedente el despido, siendo dicha Sentencia confirmada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de octubre de 1997. Entretanto se sustanciaba el asunto, la Mancomunidad, que opt? por el abono de salarios sin contraprestaci?n de servicios durante la ejecuci?n provisional de la Sentencia de 17 de junio de 1996, volvi? a despedir al Sr. Barreiro el 5 de noviembre de 1996, siendo este despido declarado nulo por vulneraci?n de la libertad sindical por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 25 de febrero de 1997, confirmada en suplicaci?n por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de mayo de 1997.



Por su parte, el delegado Sr. Di?guez tambi?n fue despedido disciplinariamente el 1 de agosto de 1996, siendo dicho despido declarado improcedente por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 3 de febrero de 1997, confirmada en suplicaci?n por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de abril de 1997. La Mancomunidad, que opt? por el abono de salarios sin contraprestaci?n de servicios durante la ejecuci?n provisional de la Sentencia de 3 de febrero de 1997, volvi? a despedir al Sr. Di?guez el 30 de septiembre de 1997, siendo este despido declarado nulo por vulneraci?n de la libertad sindical por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 27 de abril de 1998, confirmada en suplicaci?n por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de diciembre de 1998. El 25 de enero de 1999 la Mancomunidad vuelve a despedir al Sr. Di?guez, hall?ndose pendiente de resolver su demanda por despido nulo o subsidiariamente improcedente a la fecha de dictarse por el Juzgado de lo Social n?m. 2 de Orense la Sentencia de 26 de marzo de 1999 en los autos n?m. 136/99.



Se recoge asimismo en el relato de hechos probados que el sindicato Comisiones Obreras formul? diversas denuncias contra la Mancomunidad ante la Inspecci?n de Trabajo por falta de publicaci?n de los calendarios de vacaciones, falta de entrega a los delegados de las copias b?sicas de los contratos, obstaculizaci?n de la labor representativa, y falta de ocupaci?n efectiva de los delegados, que dieron lugar a la extensi?n de las correspondientes actas de infracci?n a lo largo de los a?os 1996, 1997 y 1998, as? como denuncias ante los propios ?rganos de la Mancomunidad, el Delegado de Servicios Sociais de la Xunta de Galicia y el Subdelegado del Gobierno. En marzo de 1998, la Tesorer?a General de la Seguridad Social, a instancia de la Inspecci?n de Trabajo, procedi? a la liquidaci?n de cuotas por no dar de alta la Mancomunidad en el r?gimen general de la Seguridad Social a los delegados de personal de Comisiones Obreras, durante la ejecuci?n provisional de las sentencias de despido antes aludidas.



Se declara igualmente probado que el 15 de octubre de 1997 se realizan una serie de protestas por parte de representantes de Comisiones Obreras en el Concello de Puebla de Trives y que el Presidente de la Mancomunidad interpuso denuncia contra los manifestantes por coacci?n y menosprecio a la autoridad, celebr?ndose juicio de faltas al que la Mancomunidad no compareci?, siendo absueltos los denunciados.



En fin, se declara probado que por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 11 de septiembre de 1998 fue estimada la demanda interpuesta por el delegado Sr. Barreiro contra la Mancomunidad, declarando que la conducta de la demandada constituye una lesi?n al derecho de libertad sindical y condenando a la misma a abonar al actor la cantidad de 2.000.000 de pesetas en concepto de da?os y perjuicios. Dicha Sentencia fue confirmada en suplicaci?n por la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 18 de enero de 1999, excepto en el punto referido a la indemnizaci?n, que se reduce a 200.000 pesetas.



La Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 26 de marzo de 1999 (autos n?m. 136/99), fundamenta su fallo estimatorio en el segundo de los fundamentos de derecho, en el que se razona lo siguiente:



?Se desprende que la entidad demandada, a ra?z de la elecci?n sindical llevada a cabo en 1995, en la que resultaron elegidos dos delegados de personal de CC OO, D. Jos? Antonio Barreiro Rodr?guez y D. Pedro Di?guez ?lvarez, comienza a realizar una serie de actuaciones o a mantener una conducta reiterada y continua contra el sindicato demandante a trav?s de sus representantes, de vulneraci?n de los derechos sindicales de los mismos origin?ndose un grave conflicto laboral entre los representantes sindicales de CC OO y otros compa?eros y la Direcci?n del Centro y dem?s ?rganos de la Mancomunidad, conflicto que se mantiene desde 1996, y que continua en la actualidad y que se traduce en denuncia de actas de infracci?n, actas de liquidaci?n de cuotas y sobre todo en reiterados procedimientos judiciales motivados por los despidos y ceses de los Delegados de CC OO llevados a cabo por la entidad demandada y que aun se est?n produciendo dado que el ?ltimo cese del Sr. Di?guez es de enero pasado; dicha conducta antisindical de la demandada ya fue constatada en diversas resoluciones judiciales, as? las sentencias del Juzgado de lo Social n? 3 de 25-2-97, conformada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16-5-97, la de 27-4-98, confirmada por la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15-12-98 y la de 11-9-98 conformada por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 15-12-98 y la de 11-9-98 conformada por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 18-1-99. As? pues, procede declarar la existencia de la lesi?n del derecho de libertad sindical en la conducta de la demandada que ha de ser tutelada a trav?s del proceso especial como establece el art?culo 175 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo ser dicha vulneraci?n objeto de reparaci?n fijando la correspondiente indemnizaci?n ... que ha de establecerse en 5.000.000 pesetas por da?os y perjuicios al sindicato demandante, pues se trata de un n?cleo poblacional peque?o, en el que tiene mayor repercusi?n un conflicto como el presente que l?gicamente coacciona a posibles simpatizantes del sindicato a afiliarse al mismo o a presentarse a las elecciones por temor a ser represaliados y teniendo en cuenta adem?s que pese a las sucesivas declaraciones judiciales de vulneraci?n de derechos fundamentales, no ha cesado la conducta antisindical?.



b) Contra dicha Sentencia se interpuso por ambas partes recurso de suplicaci?n ?si bien el sindicato s?lo discrepaba con la cuant?a de la indemnizaci?n, sosteniendo la inclusi?n en la misma de los gastos de asesoramiento, desplazamiento y materiales, excluidos por la Sentencia de instancia del quantum indemnizatorio. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de julio de 1999, que ahora se recurre en amparo, estim? el recurso interpuesto por la Mancomunidad y absolvi? a ?sta de la reclamaci?n contra ella efectuada, desestimando el recurso formulado por el sindicato Comisiones Obreras.



La Sentencia adiciona al relato de hechos probados la menci?n de que la Sentencia por la que se declara que la conducta de la demandada constituye una lesi?n al derecho de libertad sindical fue recurrida en casaci?n para la unificaci?n de doctrina por la Mancomunidad, encontr?ndose el recurso pendiente de resoluci?n; tambi?n se hace constar que la Mancomunidad hab?a permitido a los delegados de Comisiones Obreras y en concreto al Sr. Barreiro, cuando lo han solicitado, el ejercicio del derecho de reuni?n, y as? el 24 de octubre de 1996 y el 23 de mayo de 1997 aqu?l convoc? reuniones y se le permiti? ejecutarlas y tambi?n se le dio permiso para recorrer las instalaciones de la residencia de la tercera edad de Puebla de Trives; asimismo se hace constar que desde el 30 de marzo de 1998 existe una vacante de delegado de personal en la empresa, sin que el sindicato Comisiones Obreras haya procedido a cubrir dicha vacante.



Considera la Sala en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia recurrida que ?ni de la demanda ni de los hechos probados de la sentencia se obtiene dato alguno que permita sostener la existencia de indicios que revelen una conducta atentatoria del ejercicio de los derechos sindicales?. La Sentencia de instancia no alude a la existencia de los graves perjuicios alegados por el sindicato en su demanda (imposibilidad de presencia en la empresa, falta de afiliaci?n, ausencia de candidatos para las pr?ximas elecciones sindicales y da?o importante a la imagen y prestigio del sindicato) ?y en autos no se ejercit? prueba dirigida a acreditarlos?, de forma que la Sentencia de instancia se limita a estimar como vulneraci?n de la libertad sindical ?la que resulta de la actuaci?n empresarial con respecto a los Delegados Sres. Barreiro y Di?guez, ?nica y exclusivamente, sin referirse para nada a los extremos concretos que plantea el Sindicato, y s? tan s?lo de forma hipot?tica para justificar la fijaci?n de una indemnizaci?n de da?os y perjuicios, a la l?gica repercusi?n que dichos conflictos entre la Empresa y los representantes sindicales, podr?an tener en orden a coaccionar a posibles simpatizantes respecto a su posible afiliaci?n o a presentarse como candidatos, lo que por otra parte tanto pod?a predicarse respecto al Sindicato accionante como a otros, pues tampoco hay alusi?n concreta a la existencia de discriminaci?n a favor de otros entes sindicales frente a CC OO. Nadie duda que en el terreno de la mera hip?tesis pudiera darse dicha circunstancia, pero para afirmar la existencia de indicios v?lidos de discriminaci?n o vulneraci?n de los derechos del Sindicato que justificase la obligaci?n de la empresa de probar lo contrario, no basta las meras suposiciones sino que habr?a de exigirse al Sindicato demandante, que se?alase al menos la certeza de alguna de sus afirmaciones, si hubo bajas de afiliados, si hubo candidatos que se negasen a serlo o representantes que renunciasen a su cargo, u otros extremos an?logos, que en los autos para nada aparecen, por lo que el litigio ha quedado reducido a los t?rminos aludidos, declaraci?n de la existencia de vulneraci?n de la libertad sindical de la entidad demandante, porque han sido despedidos o atacada la libertad sindical de alguno de sus Delegados?.



Contin?a razonando la Sala que, adem?s de no apreciarse indicios de antisindicalidad en la conducta de la Mancomunidad, ?no cabe duplicar las reclamaciones en los t?rminos que se ha hecho, pues si las vulneraciones de la libertad sindical de los representantes del Sindicato fueron la causa de sus despidos o de la acci?n de tutela entablada por alguno de ellos, es evidente que resueltas dichas cuestiones por sentencia firme, habr? que atenerse a su contenido, sin que el Sindicato pueda extraer de ello, de forma autom?tica, que se afirme la existencia de una vulneraci?n indirecta de su propia libertad sindical, para ello ser?a preciso que concurriesen y se acreditasen hechos o circunstancias que directamente le afectasen, cuando adem?s, aunque el Sr. Barreiro ha obtenido una sentencia favorable en su reclamaci?n de tutela de libertad sindical, sin embargo su despido por parte de la empresa, que aun siendo anteriores en el tiempo fue resuelto posteriormente por las vicisitudes procesales que experiment? el pleito, fue en definitiva declarado procedente, es decir, que con respecto al mismo, aunque se apreci? por la Sala la existencia de vulneraci?n de su libertad sindical, tambi?n se entendi? que hab?a incurrido en una conducta abusiva y sancionable frente a la empresa. En cualquier caso tanto las sentencias del despido del Sr. Di?guez como la de tutela a que nos estamos refiriendo, determinan definitivamente el alcance de la condena, las de despido limitando sus efectos a su nulidad y la de tutela fijando la correspondiente indemnizaci?n, por lo que no resultar?a admisible que en funci?n de las propias conductas y el socaire de una gen?rica afectaci?n a la imagen del Sindicato, sobre cuyo particular solo existe la mera referencia sin el menor atisbo de prueba, obtuviese ?ste reparaciones econ?micas que ya han quedado fijadas en los procesos en cuesti?n, y que as? es, lo ratifica precisamente la postura que mantiene el Sindicato en su recurso, en el que incluye como partidas de gastos producidos, los que dieron lugar a la defensa de los tantas veces citados representantes sindicales en sus respectivos procesos?.



c) Formulado por el sindicato Comisiones Obreras recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina (n?m. 3077/99) contra esta Sentencia, fue inadmitido por Auto de 23 de febrero de 2000 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por estimar inexistente la identidad f?ctica entre la Sentencia recurrida y la de contraste (arts. 217 y 232 de la Ley de procedimiento laboral).



3. En la demanda de amparo se alega que la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99, ha vulnerado el derecho fundamental del sindicato Comisiones Obreras a la libertad sindical (28.1 CE), as? como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a la igualdad (art. 14 CE).



Se aduce en primer lugar que ha existido vulneraci?n del derecho a la libertad sindical en su dimensi?n colectiva de derecho de las organizaciones sindicales a la actividad sindical (art. 2.2 de la Ley Org?nica de libertad sindical, en adelante LOLS), diferenciado del derecho individual de los afiliados o trabajadores (art. 2.1 LOLS) y en relaci?n con la doctrina del Tribunal Constitucional (se invocan las SSTC 38/1981, 90/1997 y 37/1998) sobre la inversi?n de la carga de la prueba en caso de existencia de indicios de vulneraci?n del derecho a la libertad sindical, as? como lesi?n del derecho a la tutela judicial efectiva, pues en el caso enjuiciado exist?an indicios claros y suficientes para aplicar la regla de la prueba indiciaria del art. 179.2 LPL, correspondiendo a la empresa aportar una justificaci?n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad en relaci?n con el conflicto continuado que le enfrentaba al sindicato Comisiones Obreras, lo que no hizo la empresa, por lo que el Juzgado a quo lleg? a la obligada conclusi?n en la Sentencia de instancia de que ha existido lesi?n de la libertad sindical. Sin embargo, la Sala ha realizado en su Sentencia de suplicaci?n, vulnerando el derecho a la libertad sindical, en relaci?n con el derecho a la tutela judicial efectiva, una revisi?n de la prueba practicada en la instancia para discrepar con el criterio del Juez a quo en perjuicio de lo dispuesto en los arts. 176 y 179.2 LPL.



No cabe negar, como se hace en la Sentencia impugnada, la existencia de indicios de antisindicalidad, pues constan en autos las Sentencias dictadas por la propia Sala en cuestiones anteriores que enfrentaron a los miembros de Comisiones Obreras con la Mancomunidad demandada. En tales resoluciones judiciales, aportadas como prueba documental y recogidas en los hechos probados de la Sentencia de instancia ?que la Sentencia impugnada acepta?, se relacionan una serie de datos f?cticos que constituyen una prueba real y palpable de la existencia de un grave conflicto laboral y social entre Comisiones Obreras y la Mancomunidad ?sancionado siempre por la jurisdicci?n social? y que como m?nimo, suponen unos indicios claros y suficientes para desplegar la regla de inversi?n de la carga de la prueba del art. 179.2 LPL. As?, se afirma por el recurrente que en la Sentencia de la Sala de 18 de enero de 1999, confirmatoria en suplicaci?n de la Sentencia del Juzgado que estim? la demanda presentada por don Jos? Antonio Barreiro, delegado de Comisiones Obreras, por vulneraci?n de la libertad sindical, se relatan unos hechos probados en esencia id?nticos a los planteados en el presente caso, lo que evidencia que la Sala consider? dichos hechos indicios claros y relevantes de antisindicalidad, por lo que no se entiende que en la Sentencia impugnada en amparo se afirme lo contrario. Asimismo, en el fundamento jur?dico cuarto de la Sentencia de 15 de diciembre de 1998 de la Sala, dictada en el segundo procedimiento de despido de don Pedro Di?guez ?el otro delegado de Comisiones Obreras? se razona que la carga de la prueba se traslada a la Mancomunidad demandada, a la vista de los indicios aportados en la demanda, que son pr?cticamente los mismos que en el presente caso ?sentencias, actas de la Inspecci?n de Trabajo, etc?. Resulta, en consecuencia, incomprensible que la Sentencia impugnada en amparo afirme que no existen indicios de antisindicalidad en la conducta de la Mancomunidad y que Comisiones Obreras no practic? prueba alguna dirigida a acreditar la existencia de indicios de lesi?n del derecho a la libertad sindical, cuando tales indicios constan en autos, obviando la Sala que es la empresa a la que corresponde acreditar que su actuaci?n frente a Comisiones Obreras y sus representantes obedece a causas objetivas y razonables ajenas a todo prop?sito atentatorio contra la libertad sindical.



Alega asimismo el sindicato demandante de amparo que la Sentencia impugnada ha lesionado su derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva. El sindicato desarrolla su principal labor a trav?s de sus representantes, por lo que la reiterada conducta antisindical y coacci?n contra los delegados de personal sindicalizados constituy? un menoscabo de la capacidad de actuaci?n de la organizaci?n, de manera que la limitaci?n de derechos sindicales individuales supone una merma de la libertad de acci?n sindical colectiva. No existe, en consecuencia, duplicidad de reclamaciones, ni procesales ni sustantivas, ya que si bien las sentencias de despido agotan sus efectos en s? mismas, la reiteraci?n de dichos comportamientos, convierten en destinatario de los mismos a las Comisiones Obreras. La causa petendi y petitum son diferentes a los sustanciados en los procesos precedentes seguidos a instancias de cada uno de los delegados de personal, a lo que se suma la concurrencia de otros datos aut?nomos reveladores de conflictividad que evidencian la conducta lesiva del empresario, pues los enfrentamientos entre Comisiones Obreras y la Mancomunidad no se reducen a conflictos individuales sino que ?como se refleja en autos? tambi?n ha existido una denuncia de la Mancomunidad contra los sindicalistas que efectuaron protesta ante el Ayuntamiento, sin que luego la Mancomunidad asistiera siquiera al juicio de faltas. Igualmente destaca la presencia de Comisiones Obreras en distintos procedimientos penales y administrativos contra la Mancomunidad ?tambi?n reflejados en autos? y el cruce continuo de declaraciones en los medios de comunicaci?n durante estos ?ltimos a?os, muestra que el conflicto se desarrolla en el ?mbito institucional, no individual.



Los hechos relatados provocan efectos disuasorios sobre el resto de los trabajadores en orden a su afiliaci?n o permanencia en el sindicato, favoreciendo la desigualdad y discriminaci?n con respecto a otras centrales sindicales que se han visto impunes durante su mandato. Tales dificultades ?que ya se hab?an evidenciado en la incapacidad de Comisiones Obreras para cubrir la vacante del delegado despedido?, se han visto confirmadas en las elecciones sindicales de 1999, en las que el sindicato Comisiones Obreras no ha podido formar candidatura. Se concluye por todo ello que estamos ante una conducta antisindical empresarial, al estar afectados los derechos esenciales y primigenios que protegen la libertad sindical de Comisiones Obreras, cuales son la afiliaci?n o no a un sindicato, la actividad sindical, y, en suma la consecuci?n de un cierto grado de indemnidad al ejercer una labor en defensa de los intereses que constitucionalmente le corresponde. Esta conducta sistem?tica y reiterada, pues, ignora las sucesivas condenas judiciales, no puede quedar impune, m?xime procediendo de una Administraci?n p?blica que, como tal, debe ser la principal garante de los derechos de sus trabajadores.



Por todo ello concluye solicitando que se declare la nulidad de la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y con ella del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000, ordenando retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno, a fin de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicte nueva Sentencia respetuosa con el derecho a la libertad sindical, estableciendo la indemnizaci?n que considere oportuna.



4. La Secci?n Segunda del Tribunal Constitucional acord? por providencia de 26 de marzo de 2001 la admisi?n a tr?mite del recurso de amparo y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y al Juzgado de lo Social n?m. 2 de Orense, para que en el plazo de diez d?as remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina n?m. 3077/99, del recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99 y de los autos n?m. 136/99, interes?ndose al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, para que en el plazo de diez d?as pudieran comparecer ante este Tribunal.



5. Recibidos los testimonios de actuaciones interesados y presentado escrito del Procurador de los Tribunales don Roberto de Hoyos Mencia solicitando personarse en el recurso de amparo en nombre y representaci?n de la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei, por diligencia de ordenaci?n del Secretario de Justicia de la Secci?n Segunda de 14 de mayo de 2001 se tiene por personado al citado Procurador en nombre y representaci?n de la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei y se da vista de todas las actuaciones en la Secretar?a de la Sala Primera al Ministerio Fiscal, al Sindicato recurrente y a la Mancomunidad para que, de conformidad con el art. 52 LOTC, dentro del plazo de veinte d?as pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.



6. El 12 de junio de 2001 present? su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando el otorgamiento del amparo solicitado. El Ministerio Fiscal recuerda que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho fundamental a la libertad sindical se integra no s?lo por su contenido esencial sino tambi?n por su contenido adicional, de modo que los actos contrarios a este contenido adicional son tambi?n susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (STC 26/2001) y que se ha considerado integrante del contenido adicional del derecho a la libertad sindical el derecho del sindicato a formar secciones sindicales en la empresa y a nombrar en su caso los correspondientes delegados sindicales en los t?rminos dispuestos por la LOLS (SSTC 30/1992, 173/1992, 192/1993 y 145/1999). Asimismo recuerda el Ministerio Fiscal la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre la inversi?n de la carga de la prueba cuando se aporten por el trabajador indicios de vulneraci?n de sus derechos fundamentales, de suerte que en tales casos incumbe al empresario probar que la decisi?n empresarial que se impugna obedece a motivos razonables y ajenos a todo prop?sito atentatorio a un derecho fundamental (SSTC 38/1981, 136/1996 y 80/2001).



Aplicando esta doctrina al caso examinado, considera el Ministerio Fiscal que la Sentencia impugnada en amparo ha lesionado el derecho a la libertad sindical del sindicato demandante. La cuesti?n debatida en el proceso era si la continuada actuaci?n empresarial, que ya hab?a sido desautorizada por una multiplicidad de pronunciamientos judiciales, como vulneradora de los derechos a la libertad sindical individual de los delegados de personal del sindicato demandante, constitu?a o no una vulneraci?n del derecho a la libertad sindical, en su dimensi?n colectiva, al afectar adem?s, a la actividad del Sindicato en cuanto tal. El sindicato lo que denunciaba como lesivo de su derecho de libertad sindical ?y lo acredit? era la ininterrumpida sucesi?n de decisiones de la Mancomunidad demandada encaminadas a obstaculizar la actividad de los representantes sindicales en la empresa: despido de los representantes de personal ?despidos desautorizados judicialmente por lesivos de la libertad sindical de dichos representantes?, obstrucci?n a su actividad sindical al no proporcionarles la informaci?n o documentos a que la empresa ven?a obligada ?lo que hab?a ocasionado el levantamiento de m?ltiples actas de infracci?n por la Inspecci?n de Trabajo?, decisi?n de no mantener en alta a dichos representantes en la Seguridad Social durante la sustanciaci?n de los recursos de suplicaci?n contra las Sentencias dictadas en los procesos por despido ?lo que hab?a dado lugar a la liquidaci?n de cuotas por parte de la Tesorer?a General de la Seguridad Social a instancias de la Inspecci?n de Trabajo?, e incluso la formulaci?n de denuncias penales contra los delegados de personal y otros miembros del sindicato, sin base alguna. Tal actuaci?n empresarial continuaba en las fechas en que se interpuso la demanda rectora de autos, pues en fechas inmediatamente anteriores a la misma le hab?a sido nuevamente denegada informaci?n al ?nico delegado de personal en aquellos momentos existente, y este delegado de personal fue nuevamente despedido tras la interposici?n de la demanda por el sindicato Comisiones Obreras.



El sindicato entiende que se ha enjuiciado en los pronunciamientos judiciales precedentes la conducta empresarial desde la dimensi?n individual de los trabajadores afectados, pero que tal conducta tiene adem?s una dimensi?n colectiva, pues ha afectado a la actividad sindical en la empresa del sindicato en cuanto tal, vulnerando su derecho de actividad sindical a trav?s de reiteradas lesiones a los derechos de los representantes de personal pertenecientes del sindicato, sobre todo, e incluso mediante denuncias penales infundadas a otros miembros del sindicato.



La Sala, con base en la existencia de los precedentes pronunciamientos judiciales que hab?an declarado nulos los despidos de los delegados de personal o hab?an concedido a uno de ellos determinada indemnizaci?n por vulneraci?n de su derecho a la libertad sindical, prescindi? del an?lisis de la vulneraci?n denunciada por el sindicato demandante, con olvido de que el sindicato accionaba en defensa de un inter?s propio y distinto del que ya hab?a sido objeto de enjuiciamiento, ejerciendo un derecho que forma parte del contenido esencial de la libertad sindical, y lo hac?a denunciando una continuada actuaci?n desplegada por la Mancomunidad demandada frente a los delegados de personal sindicalizados, actuaci?n empresarial que ya hab?a merecido la desautorizaci?n judicial y el levantamiento de actas de infracci?n por la autoridad administrativa laboral, por hab?rseles despedido por su actividad sindical y por hab?rseles impedido o obstaculizado la misma. Adem?s, esta actuaci?n antisindical continu? con posterioridad a las sentencias que declararon la nulidad de los despidos y al levantamiento de las actas de infracci?n por la Inspecci?n de Trabajo.



En consecuencia, concluye el Ministerio Fiscal interesando el otorgamiento del amparo por vulneraci?n del derecho a la libertad sindical del sindicato Comisiones Obreras, debiendo anularse la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de julio de 1999 y retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al dictado de la misma para que la Sala dicte nueva sentencia, respetuosa con el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante.



7. El 12 de octubre de 2001 present? sus alegaciones la representaci?n procesal del sindicato demandante, resumiendo los argumentos expuestos en su escrito de formalizaci?n del recurso de amparo.



8. La Mancomunidad das Terras do Navea Bibei present? su escrito de alegaciones el 13 de junio de 2001, solicitando la desestimaci?n del recurso de amparo. Considera la Mancomunidad que la Sentencia impugnada no ha lesionado el derecho a la libertad sindical del sindicato demandante. El sindicato no ha aportado indicios razonables, concretos y precisos de la supuesta lesi?n de la libertad sindical que invoca, limit?ndose a alegar que la actuaci?n de la empresa le ha irrogado graves perjuicios, tales como la imposibilidad de presencia sindical en la empresa, falta de afiliaci?n, falta de candidatos para las elecciones sindicales en la empresa, etc., as? como un da?o a la imagen y prestigio del sindicato, pero no ha aportado ning?n indicio o principio de prueba al respecto, por lo que no procede la aplicaci?n de la doctrina sobre la inversi?n de la carga de prueba. No obstante, aun en la hip?tesis de que se considerase que s? se han aportado tales indicios, la Mancomunidad considera que la demanda de amparo deber?a ser desestimada, toda vez que ha desplegado actividad probatoria suficiente para desvirtuar los indicios. As?, ha demostrado que en ning?n momento ha sido sancionada por las actas levantadas por la Inspecci?n de Trabajo; que ha facilitado toda la informaci?n precisa a los delegados de personal; que ha contestado a todos los escritos remitidos por los delegados de personal; que ha permitido realizar las asambleas, visitar y recorrer las instalaciones de la residencia de la tercera edad cuando lo han solicitado los delegados de personal; que ha permitido a los miembros de Comisiones Obreras hacer encierros en la sede de la Mancomunidad, facilit?ndoles un local al efecto; que el sindicato Comisiones Obreras ha concurrido sin ning?n tipo de traba a las elecciones de representantes de los trabajadores en la Mancomunidad; que la actividad del sindicato y de sus delegados en el seno de la Mancomunidad se ha limitado a la formulaci?n de denuncias ante la Inspecci?n de Trabajo y a la aparici?n en prensa; que la Mancomunidad nunca ha impedido al sindicato demandante que presentase cuantas denuncias penales, civiles o administrativas tuviese por conveniente; y que el sindicato ha efectuado en prensa las manifestaciones que ha considerado oportunas, sin cortapisa alguna por parte de la Mancomunidad; que la vacante del delegado de personal despido en marzo de 1998 no ha sido cubierta por el sindicato, pudiendo hacerlo con un suplente o solicitar que se celebraran elecciones parciales para cubrir dicha vacante. Todo ello resulta acreditado con la documental obrante en autos, as? como con la testifical del delegado de personal de la Mancomunidad.



En cuanto a la pretendida lesi?n del art. 24.1 CE en relaci?n con el art. 28.1 CE, por la revisi?n efectuada por la Sala de la valoraci?n de la prueba realizada por el Juzgador de instancias, se trata de una queja formulada por primera vez en amparo, por lo que se incumple el requisito del art. 44.1 c) LOTC. Sin perjuicio de ello, se trata de una queja carente en cualquier caso de fundamento, pues la Sentencia de la Sala ha modificado el relato de hechos probados estimando uno de los motivos del recurso de suplicaci?n de la Mancomunidad, lo que resulta plenamente conforme a las potestades revisoras de la Sala en el recurso de suplicaci?n.



En fin, concluye la Mancomunidad, tampoco cabe admitir que se haya vulnerado la libertad sindical, en su vertiente colectiva, del Sindicato demandante, pues, tal como se razona en la Sentencia impugnada, no cabe duplicar las reclamaciones en los t?rminos en que se hizo, pues declaradas en alg?n caso las vulneraciones de la libertad sindical de los representantes de personal en Sentencias firmes estimatorias de las demandas presentadas por dichos representantes, habiendo sido cumplidas dichas Sentencias en sus propios t?rminos, no cabe que el Sindicato demandante pretende extraer de ello la existencia de una vulneraci?n indirecta de su propia libertad sindical, que no ha quedado acreditada con la aportaci?n de indicios concretos y precios de la supuesta lesi?n.



9. Por providencia de fecha 27 de enero de 2005 se se?al? para deliberaci?n y fallo de la presente Sentencia el siguiente d?a 31 del mismo mes y a?o.





II. Fundamentos jur?dicos


1. El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99, ha lesionado el derecho del sindicato demandante a la libertad sindical (art. 28.1 CE).



En efecto, debe precisarse que, si bien el demandante de amparo tambi?n invoca la vulneraci?n de su derecho a la igualdad y no discriminaci?n (art. 14 CE), tal queja carece de sustantividad propia, pues la discriminaci?n enunciada no concierne a ninguna de las circunstancias expl?citamente proscritas por el art. 14 CE, por lo que ha de quedar subsumida en la queja referida a la lesi?n del art. 28.1 CE, conforme a la reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, SSTC 55/1983, de 22 de junio, FJ 1; 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 1; 90/1997, de 6 de mayo, FJ 3; 87/1998, de 21 de abril, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 2; y 44/2001, de 12 de febrero, FJ 2).



Del mismo modo, la queja relativa a la vulneraci?n del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relaci?n con el derecho a la libertad sindical, ha de quedar subsumida en este derecho fundamental sustantivo, pues lo que denuncia el recurrente es que la Sala, pese a partir del relato de hechos probados de la Sentencia de instancia (con las adiciones aceptadas en suplicaci?n antes mencionadas, que no alteran sustancialmente el relato de la conflictividad existente entre la empresa y los delegados de personal miembros del sindicato demandante), rechaza la existencia de indicios de antisindicalidad en la conducta empresarial. En suma, esta queja incide en el reproche dirigido a la Sala por no haber aplicado la regla de la distribuci?n de la carga de la prueba sentada por la doctrina del Tribunal Constitucional y recogida expresamente en el art. 179.2 de la Ley de procedimiento laboral (LPL), para garantizar el derecho a la libertad sindical frente a decisiones o actuaciones empresariales que puedan constituir una discriminaci?n por motivos sindicales, lo que debe enjuiciarse desde la perspectiva del art. 28.1 CE, debiendo en todo caso recordarse que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una respuesta fundada en Derecho, esto es, motivada, razonable y no manifiestamente err?nea ni arbitraria, ni lesiva de otros derechos fundamentales, si bien en este ?ltimo supuesto ser?an esos derechos los vulnerados y no el art. 24.1 CE (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4, y 214/1999, de 24 de julio, FJ 2).



2. Planteada as? la cuesti?n, debe recordarse en primer lugar que, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el derecho a la libertad sindical proclamado por el art. 28.1 CE garantiza, en su vertiente individual, el derecho del trabajador a no sufrir consecuencias desfavorables en la empresa por raz?n de su afiliaci?n o actividad sindical, de suerte que el derecho a la libertad sindical queda afectado y menoscabado si el trabador resulta perjudicado por el desempe?o leg?timo de la actividad sindical. Por ello, la libertad de afiliarse a un sindicato y la libertad de no afiliarse, as? como el desarrollo de la actividad inherente a la leg?tima actuaci?n sindical en el ?mbito de la empresa, para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabajadores, constituye una ?garant?a de indemnidad?, que veda cualquier diferencia de trato por raz?n de la afiliaci?n sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes en relaci?n con el resto de los trabajadores (por todas, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 5; 17/1996, de 7 de febrero, FJ 4; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 3; /1998, de 29 de septiembre, FJ 4; 30/2000, de 31 de enero, FJ 2; 173/2001, de 26 de julio, FJ 5; 111/2003, de 16 de junio, FJ 5; y 79/2004, de 5 de mayo, FJ 3).



Asimismo, el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), en su vertiente colectiva, y en virtud de una interpretaci?n sistem?tica con el art. 7 CE y del canon hermen?utico sentado por el art. 10. 2 CE, integra derechos de actividad y medios de acci?n de los sindicatos que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el citado art. 7 CE, constituyen el n?cleo m?nimo e indispensable de la libertad sindical, sin el cual ese derecho fundamental no ser?a reconocible. De este modo, como repetidamente ha declarado nuestra doctrina, la libertad sindical comprende el derecho a que los sindicatos realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el car?cter democr?tico del Estado, lo que supone el derecho a llevar a cabo una libre acci?n sindical, comprensiva de todos los medios l?citos y sin indebidas injerencias de terceros (SSTC 4/1983, de 28 de enero, FJ 3; 127/1989, de 13 de julio, FJ 3; 30/1992, de 18 de marzo, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; 127/1995, de 25 de julio, FJ 3; 168/1996 de 29 octubre, FJ 1 y 145/1999, de 22 de julio, FJ 3). En coherencia con dicho contenido constitucional, este derecho fundamental tiene su desarrollo en la Ley Org?nica 11/1985, de 2 agosto, de libertad sindical (LOLS), donde se establece que, en el plano colectivo, el derecho de libertad sindical comporta que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tengan derecho al ?ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella? [art. 2.2 d) LOLS]. Por tanto, la libertad sindical se integra por los derechos de actividad y los medios de acci?n que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el art. 7 CE, constituyen el n?cleo m?nimo e indispensable de la libertad sindical (SSTC 9/1988, de 25 de enero, FJ 2; 51/1988, de 22 de marzo, FJ 5; 127/1989, de 13 de julio, FJ 3 y 121/2001, de 4 de junio, FJ 2, por todas). Entre estos derechos de actividad y medios de acci?n que constituyen el n?cleo m?nimo e indisponible de la libertad sindical este Tribunal ha venido incluyendo el derecho a la negociaci?n colectiva, a la huelga y a la promoci?n de conflictos.



Pero el derecho fundamental a la libertad sindical se integra no s?lo por su contenido esencial, sino tambi?n por otros derechos o facultades adicionales atribuidos por la propia Ley Org?nica de libertad sindical y otras normas o convenios ?participaci?n institucional, facultad de los sindicatos para promover y participar en las elecciones para ?rganos de representaci?n de los trabajadores, nombrar en su caso los correspondientes delegados sindicales, etc.?, de forma que los actos contrarios a este contenido adicional, en el marco de su regulaci?n infraconstitucional, son tambi?n susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre otras muchas, SSTC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 3; 51/1988, de 22 de marzo, FJ 5; 30/1992, de 18 de marzo, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4; 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 132/2000, de 16 de mayo, FJ 2; y 257/2000, de 30 de octubre, FJ 4).



3. Debe igualmente traerse a colaci?n la doctrina sentada por este Tribunal ya desde su temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre, acerca de la importancia que tiene la regla de la distribuci?n de la carga de prueba para garantizar el derecho a la libertad sindical frente a posibles actuaciones empresariales que puedan constituir una discriminaci?n por motivos sindicales, regla consagrada expresamente en el art. 179.2 LPL como consecuencia de dicha doctrina, como recuerda la STC 74/1998, de 31 de marzo, FJ 5.



Para precisar con nitidez los criterios aplicables en materia probatoria cuando est?n en juego posibles vulneraciones de derechos fundamentales en el ?mbito de las relaciones laborales, como es el caso de la libertad sindical, es pertinente traer a colaci?n la STC 29/2002, de 11 de febrero. Dec?amos all?, recordando nuestra reiterada doctrina, que ?la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de ?ste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operaci?n de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesi?n constitucional, encubierta tras la legalidad s?lo aparente del acto empresarial. Una necesidad tanto m?s fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan en el contrato de trabajo las facultades organizativas y disciplinarias del empleador?. Y prosegu?amos se?alando que ?precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneraci?n en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la espec?fica distribuci?n de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL; SSTC 38/1981, 37/1986, 47/1985, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 180/1994 y 136/1996, entre otras). La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que ?ste resulta lesivo del derecho fundamental (STC 38/1981, FFJJ 2 y 3), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental (STC 38/1986, FJ 2), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aqu?l; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegaci?n de la vulneraci?n constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aqu?lla se haya producido (as?, SSTC 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994 y 85/1995)?. S?lo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, a?ad?amos, ?sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuaci?n tiene causas reales absolutamente extra?as a la pretendida vulneraci?n de derechos fundamentales, as? como que aqu?llas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisi?n, ?nico medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una aut?ntica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneraci?n de derechos fundamentales ?lo que claramente dejar?a inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989)?, que debe llevar a la convicci?n del juzgador que tales causas han sido las ?nicas que han motivado la decisi?n empresarial, de forma que ?sta se hubiera producido veros?milmente en cualquier caso y al margen de todo prop?sito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por s? mismas su decisi?n, eliminando toda sospecha de que aqu?lla ocult? la lesi?n de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, as? como tambi?n las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ?mbito puramente procesal y determina, en ?ltimo t?rmino, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesi?n del propio derecho fundamental del trabajador (SSTC 197/1990, FJ 1; 136/1996, FJ 4, as? como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995 ? 17/1996)?.



En definitiva, el demandante, que invoca la regla de inversi?n de la carga de la prueba, debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente, concreta, y precisa, en torno a los indicios de que ha existido discriminaci?n. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo prop?sito lesivo del derecho fundamental la decisi?n o pr?ctica empresarial cuestionada, ?nico medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (SSTC 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 2; y 29/2002, de 11 de febrero, FJ 3, por todas).



4. Conforme a la doctrina expuesta nos corresponde dilucidar si el sindicato demandante de amparo acredit? en el proceso a quo suficientemente la existencia de indicios de antisindicalidad y si, en tal caso, la Mancomunidad demandada prob? que su actuaci?n fue por completo ajena a todo prop?sito de atentar contra la libertad sindical.



Antes de analizar ese punto decisivo, visto que el Juez de instancia y la Sala de lo Social alcanzaron conclusiones diversas sobre el particular, ser? oportuno recordar, como destacaba la STC 14/2002, de 28 de enero, que para resolver la cuesti?n no bastar? con la simple evaluaci?n de la razonabilidad de esas decisiones judiciales. Y ello porque es perfectamente posible que se den resoluciones judiciales que contengan una fundamentaci?n que exprese razones ?de hecho y de Derecho? por las que el ?rgano judicial llega a un determinado pronunciamiento, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales como los aqu? en juego, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de la decisi?n adoptada. En estos casos, como se?ala la citada STC 14/2002, de 28 de enero, FJ 5, ?nuestro enjuiciamiento no puede limitarse a comprobar que los ?rganos judiciales efectuaron una interpretaci?n de los derechos en juego, y que ?sta no fue irrazonable, arbitraria o manifiestamente err?nea (STC 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4), ya que aqu? el derecho afectado no es el del art. 24.1 CE, sino un derecho fundamental sustantivo (STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4). Cuando se enjuicia la presunta vulneraci?n de un derecho sustantivo, como lo es el relativo a la libertad sindical, el test de razonabilidad que este Tribunal aplica a los derechos del art. 24 CE queda absorbido, como ya dijimos, por el canon propio de aquel derecho. A tal fin se hace necesario interpretar a la luz de los valores constitucionales los indicios que sirven de base al enjuiciamiento, todo ello sin que tal actuaci?n suponga la revisi?n de la valoraci?n de la prueba efectuada por el juzgador, por ser firme doctrina constitucional que dicha valoraci?n se encuentra atribuida en exclusiva a los ?rganos judiciales, sin que competa a este Tribunal revisar en v?a de amparo las apreciaciones de aqu?llos ni la ponderaci?n que lleven a cabo, salvo que unas u otra resulten arbitrarias o irrazonables (SSTC 140/1994, de 9 de mayo, FJ 3, y 136/1996, de 23 de julio, FJ 4)?.



5. Abordando el enjuiciamiento que nos corresponde con ese criterio y desde aquel esquema de distribuci?n de cargas probatorias, debemos examinar si el sindicato demandante de amparo aport? una ?prueba veros?mil? (STC 207/2001, de 22 de octubre, FJ 5) o un ?principio de prueba? revelador de la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminaci?n por razones sindicales o de una quiebra del derecho fundamental de que se trate (por todas, SSTC 87/1998, de 21 de abril, FJ 3; 140/1999, de 22 de julio, FJ 5; 29/2000, de 31 de enero, FJ 3; 214/2001, de 29 de octubre, FJ 4, y 14/2002, de 28 de enero, FJ 4).



En el caso de autos el Juzgado de lo Social estim? la vulneraci?n del derecho a la libertad sindical alegada por el sindicato recurrente en amparo, al considerar que hab?a aportado indicios suficientes que generaban la razonable sospecha del trato discriminatorio denunciado, por referencia a la actuaci?n desplegada por la empresa frente a los dos delegados de personal del sindicato Comisiones Obreras, elegidos en las elecciones sindicales de 1995, que se concreta en las decisiones empresariales reflejadas en el relato de hechos probados y cuya antisindicalidad ha sido ya declarada por diversos pronunciamientos judiciales de los que igualmente se hace menci?n en los hechos probados de la Sentencia de instancia. Nada se dice en cuanto a que la Mancomunidad haya demostrado que su actuaci?n respondiese a razones ajenas a la actividad sindical de los delegados de personal pertenecientes al sindicato demandante de amparo ?por lo que ha de entenderse que las razones invocadas por la Mancomunidad para contrarrestar los indicios de antisindicalidad han sido descartadas por el Juzgado.



La Sentencia dictada en el recurso de suplicaci?n interpuesto por la Mancomunidad, sin embargo, revoc? la de instancia al considerar que el sindicato no ha aportado indicios que revelen una conducta empresarial lesiva del derecho a la libertad sindical, por lo que no resulta necesario siquiera entrar a examinar las razones y la actividad probatoria desplegada por la Mancomunidad en orden a desvirtuar las quejas del sindicato demandante. Se?ala la Sala de lo Social que la lesi?n de la libertad sindical invocada por el sindicato Comisiones Obreras se refiere a la situaci?n de conflicto entre la Mancomunidad y los dos delegados de personal de dicho sindicato, elegidos en las elecciones sindicales de 1995, sin que se haya acreditado la repercusi?n de tal conflicto en orden a disuadir a simpatizantes de afiliarse al sindicato o a dificultar la presentaci?n de candidatos por dicho sindicato a las elecciones sindicales, por lo que no existen indicios de discriminaci?n sindical m?s all? de esa situaci?n de conflicto con los delegados de personal mencionados, que no puede servir de fundamento a la demanda del sindicato, pues supondr?a duplicar las reclamaciones, toda vez que los litigios entre los delegados de personal y la empresa porque han sido despedidos o atacada su libertad sindical, ya han sido resueltos por Sentencias firmes del orden social, a cuyo contenido ha de estarse.



6. Pues bien, estas conclusiones de la Sentencia de suplicaci?n no pueden ser compartidas, toda vez que no cabe negar que el examen de los hechos probados recogidos en ambas Sentencias pone de manifiesto un acervo probatorio suficientemente indicativo de antisindicalidad. En ellos se recoge que los delegados de personal elegidos en las listas de Comisiones Obreras reclamaron diversa informaci?n al amparo del art. 64 LET, solicitud que no fue atendida, por lo que presentaron denuncia ante la Inspecci?n de Trabajo (hechos probados segundo y duod?cimo); que uno de los representantes fue despedido en dos ocasiones sucesivas, declar?ndose nulo el segundo de los despidos por vulneraci?n de la libertad sindical (el primer despido fue inicialmente declarado improcedente, para ser finalmente declarado procedente tras diversas vicisitudes procesales); que la empresa formul? contra ?l denuncia por lesiones y amenazas, resultando el trabajador absuelto (hechos tercero y cuarto); que el otro delegado, tambi?n elegido en listas de Comisiones Obreras, fue tambi?n despedido, declar?ndose improcedente el acto extintivo y que volvi? a ser despedido por segunda vez, siendo calificado dicho despido como nulo por vulneraci?n de la libertad sindical; que este trabajador fue despedido una tercera vez, aproximadamente un mes despu?s de la Sentencia firme del anterior despido nulo, estando pendiente de resoluci?n la correspondiente causa de despido en la fecha de la Sentencia de instancia dictada en estos autos (hechos s?ptimo y octavo); que durante la ejecuci?n provisional de las Sentencias que declararon los despidos improcedentes la Mancomunidad opt? por el abono de los salarios sin contraprestaci?n de servicios, situaci?n que se prolong? durante m?s de dos a?os (hecho quinto); que durante ese tiempo el sindicato efectu? diversas denuncias ante la Inspecci?n por falta de publicaci?n de calendarios de vacaciones, falta de entrega a los delegados de copias de los contratos, falta de ocupaci?n efectiva de ?stos, etc.; que la Inspecci?n extendi? actas de infracci?n, una de ellas por obstaculizaci?n de la funci?n representativa (hechos sexto y noveno); que la Tesorer?a General de la Seguridad Social procedi? a la liquidaci?n de cuotas en el r?gimen general de la Seguridad Social por no dar de alta la empresa a los delegados de personal de Comisiones Obreras durante la ejecuci?n provisional de las Sentencias de despido (hecho probado d?cimo); que se realizaron una serie de protestas por parte de representantes de Comisiones Obreras, interponiendo denuncia la Mancomunidad y absolvi?ndose a los denunciados en el juicio de faltas (hecho probado und?cimo); que uno de los delegados de personal citados formul? demanda en procedimiento de tutela de libertad sindical, declar?ndose en suplicaci?n que la conducta de la demandada constituye una lesi?n del art. 28.1 CE (hecho decimotercero en la redacci?n dada por la Sentencia de la Sala de lo Social impugnada en amparo, que acept? la revisi?n f?ctica en este punto); que los despidos de los delegados de personal implicaron vacantes en los puestos de representaci?n unitaria, sin que conste si pudieron cubrirse (fundamento de Derecho segundo de la Sentencia impugnada). Frente a todo ello, la empresa logr? en suplicaci?n hacer constar en el relato de hechos que la empresa ha permitido a uno de los delegados de personal de Comisiones Obreras el ejercicio del derecho de reuni?n en fechas posteriores a su primer despido ?fundamento de derecho segundo de la Sentencia de suplicaci?n en relaci?n con los hechos probados tercero y quinto.



En suma, el examen de los hechos declarados probados evidencia la existencia de indicios de antisindicalidad de naturaleza mediata, referidos a los actos de despido contra los delegados de personal de Comisiones Obreras, que fueron objeto de los correspondientes procesos individuales, y de indicios de antisindicalidad de car?cter inmediato, esto es, expresivos de un conflicto directo entre empresa y sindicato al que pertenecen dichos representantes unitarios.



Respecto a los primeros no cabe negar la relevancia constitucional de los actos contra la representaci?n unitaria de los trabajadores, a la vista, al menos, de tres circunstancias principales: la utilizaci?n mediata de las representaciones unitarias en la empresa para la acci?n sindical de las organizaciones sindicales; la necesidad de aqu?llas para obtener las organizaciones sindicales la implantaci?n exigida por la ley en punto a desarrollar desde una singular posici?n determinadas facultades sindicales (mayor representatividad, se?aladamente, art. 7 LOLS); y los derechos de las organizaciones sindicales sobre esos ?rganos electivos (promover elecciones a delegados de personal y miembros de comit?s de empresa y presentar candidatos a tales elecciones, art. 2.2.d LOLS y arts. 67.1 y 69.3 LET), derechos considerados como integrantes del contenido adicional de la libertad sindical en su vertiente colectiva (SSTC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4; 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 132/2000, de 16 de mayo, FJ 2; y 257/2000, de 30 de octubre, FJ 4, por todas). De modo que una actuaci?n empresarial contra los delegados de personal constituye un indicio de vulneraci?n de la libertad sindical no s?lo de ?stos a t?tulo individual, sino tambi?n de la organizaci?n sindical a la que pertenecen, por la afectaci?n de tal conducta empresarial a la acci?n sindical como manifestaci?n del derecho fundamental del sindicato.



Por lo mismo, resulta inaceptable excluir estos indicios de antisindicalidad de car?cter mediato del panorama indiciario a tener en cuenta en el caso concreto para determinar si ha existido vulneraci?n del derecho a la libertad sindical del sindicato demandante, por el hecho que los representantes unitarios pertenecientes al sindicato Comisiones Obreras hayan accionado contra los despidos de que han sido objeto, o incluso en reclamaci?n de indemnizaci?n por vulneraci?n de su derecho a la libertad sindical. No puede hablarse de una duplicidad de reclamaciones, como se hace en la Sentencia impugnada en amparo, pues la organizaci?n sindical defiende un inter?s propio que es distinto y aut?nomo del que constituye la pretensi?n que hayan podido formular a t?tulo personal los delegados de personal (SSTC 257/2000, de 20 de octubre, FJ 3, y 66/2002, de 21 de marzo, FJ 2). Dicho de otro modo, la organizaci?n sindical demandante de amparo articula procesalmente un derecho que trasciende el del trabajador que defiende su derecho fundamental como titular individual, tomando pie aqu?lla para ello en la dimensi?n colectiva de la libertad sindical, como derecho fundamental y b?sico en la comprensi?n del sistema constitucional de relaciones laborales.



A ello se a?ade que en el panorama indiciario a considerar concurren adem?s los mencionados indicios aut?nomos o de afectaci?n inmediata en la acci?n sindical del sindicato recurrente. En efecto, en los hechos probados se reflejan, al margen de las decisiones del empresario contra los delegados de personal ya enjuiciadas por la jurisdicci?n social a instancias de las demandas formuladas por dichos delegados, otros elementos independientes reveladores de una potencial antisindicalidad. As?, las actas de infracci?n levantadas por la Inspecci?n de Trabajo (hechos probados sexto y noveno) o la interposici?n de una denuncia por coacci?n contra representantes de Comisiones Obreras tras la celebraci?n de protestas, que concluy? con la absoluci?n de los denunciados (hecho probado und?cimo), poseen un innegable valor indiciario, en el contexto de conflictividad sindical en que se insertan, sin perjuicio de que el n?cleo constitutivo del panorama indiciario venga dado principalmente por la actuaci?n empresarial contra los delegados de personal del sindicato Comisiones Obreras.



En definitiva, tal como apreci? el Juzgado de instancia, ha de concluirse que la organizaci?n sindical demandante hab?a desarrollado una actividad alegatoria suficientemente concreta y precisa, en torno a una posible violaci?n de su derecho de libertad sindical, creando con ello una apariencia o sospecha de comportamiento empresarial contrario a este derecho fundamental.



7. Alcanzada la anterior conclusi?n y con arreglo a la doctrina constitucional antes reproducida, correspond?a a la Mancomunidad la carga de probar que sus decisiones se basaban en causas ajenas a la apariencia de discriminaci?n sindical creada por la organizaci?n sindical demandante. En efecto, conforme recog?amos en el fundamento jur?dico tercero, existente un principio de prueba o apariencia veros?mil de la vulneraci?n de derechos fundamentales, aqu? de la libertad sindical, incumbe al empresario la carga probatoria encaminada a demostrar que su actuaci?n resulta por completo ajena a todo prop?sito de discriminaci?n sindical, como ?nico medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios.



En este punto ha de tenerse en cuenta que la empresa aleg? en el acto del juicio las razones que, a su juicio, desvirtuaban los indicios de antisindicalidad y desarroll? la actividad probatoria que consider? oportuna al respecto. Tal argumentaci?n fue rechazada en instancia por el Juzgado d
Publicado por tuasesor @ 0:49
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