Viernes, 18 de marzo de 2005
MARGINAL: AS 1995\4761
RESOLUCION: SENTENCIA de 12-12-1995.
Recurso de Suplicaci?n n?m. 2347/1995
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PAIS VASCO, Sala de
lo Social)
RESUMEN:
ERROR DE HECHO: ineficacia revisoria de confesi?n. EXTINCION DEL CONTRATO DE
TRABAJO: modificaci?n sustancial de las condiciones del contrato en
perjuicio de la formaci?n profesional y de la dignidad del trabajador:
asignaci?n de funciones de inferior categor?a con car?cter permanente.
DIS-ESTUDIADAS:
LEY 10-3-1980, n? 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
Art. 50.1, a)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR
VOCES:
CATEGORIA PROFESIONAL
Funciones
Inferior categor?a: supone si es permanente una modificaci?n sustancial
de las condiciones de trabajo

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Doctrina general
Requisitos: incumplimiento grave y culpable del empresario

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Doctrina general
Requisitos: modificaci?n sustancial y perjudicial

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
a) Modificaciones sustanciales
Doctrina general

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
a) Modificaciones sustanciales
Debe estimarse: cambio de funciones: en perjuicio de su formaci?n y
menoscabo de su dignidad

PRUEBA
Medios de prueba
Confesi?n judicial
Valor probatorio
Ineficacia revisoria

RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Confesi?n
Ineficacia revisoria

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por las empresas codemandadas
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 7 de los de Bilbao, de
fecha 3-5-1995, dictada en autos promovidos en reclamaci?n sobre resoluci?n
del contrato.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La ?nica instancia del proceso en curso se inici? por demanda y
termin? por sentencia, cuya relaci?n de hechos probados es la siguiente:
?I.-La actora, do?a Bego?a G. P., mayor de edad, con DNI ..., viene
prestando sus servicios por cuenta y cargo de la demandada con categor?a de
oficial 2.? administrativo, antig?edad del 1 de febrero de 1981 y salario
mensual prorrateado de 225.942 pesetas.
II.-Hasta el d?a 16 de enero de 1995 la actora ven?a desarrollando su
trabajo en el centro de trabajo de la empresa "Multiserv Lycrete, SA", sito
en Las Arenas-Vizcaya. Esta empresa es la principal de un grupo entre las
que se encuentra la filial "Multiserv Intermetal, SA" que tiene sus oficinas
administrativas en Sestao (interior de AHV), produci?ndose habitualmente
cambios de trabajadores entre las diversas del grupo. La actora en
"Multiserv Lycrete, SA" ven?a realizando sus funciones bajo las ?rdenes y
dependencia directa del se?or V?ctor R., habi?ndose producido entre ellos
diversos roces y falta de entendimiento a nivel personal que deterior? sus
relaciones. El cometido de la actora consist?a en revisar facturas de
proveedores y dietas, adjuntando el albar?n y previo control se
contabilizaba y archivaba, control de vencimientos de pagos, redacci?n de
correspondencia, liquidaci?n de IVA, preparaba los talones de pagos. En
dicha empresa es donde se lleva administraci?n principal del grupo sobre los
datos suministrados por la filial "Multiserv Lycrete, SA" factura
mensualmente ciertas cantidades a "Multiserv Lycrete, SA" en concepto de
administraci?n y servicios t?cnicos.
III.-Con fecha 17 de enero de 1995 el se?or Valeriano B., director general,
le comunic? que a partir del d?a siguiente deb?a prestar servicios en la
oficina "Multiserv Lycrete, SA" en el centro de Sestao al que se incorpora
asign?ndole las labores administrativas que hab?a venido desarrollando otra
productora, la se?ora Lucena C. en baja por maternidad (categor?a de
auxiliar administrativo), que consist?an en preparar y remitir los datos al
centro de Las Arenas encarg?ndose de la preparaci?n y confecci?n de las
n?minas del personal de "Multiserv Lycrete" remiti?ndolos de modo
inform?tico a la oficina de Las Arenas, preparaci?n de costes de m?quinas,
recepci?n y control de las facturas correspondientes al centro para su
remisi?n posterior a Las Arenas.
IV.-La actora caus? baja laboral por enfermedad el 28 de marzo de 1994
hasta el 28 de octubre de 1994.
V.-Con fecha 8 de febrero de 1995 se celebr? acto de conciliaci?n que
result? sin avenencia entre las partes.
VI.-La actora no ha ostentado cargo representativo de los trabajadores?.
SEGUNDO.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:
?Que estimando la demanda interpuesta por Bego?a G. P. contra "Multiserv
Intermetal, SA" y "Multiserv Lycrete, SA", sobre rescisi?n de contrato, debo
declarar y declaro resuelta la relaci?n laboral existente entre las partes,
condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaraci?n y a que
abonen a la actora la cantidad de 4.473.652 ptas. en concepto de
indemnizaci?n?.
TERCERO.-Frente a dicha resoluci?n se interpuso el recurso de suplicaci?n,
que fue impugnado por la parte recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-A) Las sociedades demandadas recurren en suplicaci?n, ante esta
Sala, la sentencia del Juzgado de lo Social que, acogiendo la demanda
interpuesta por una de las trabajadoras formalmente adscrita a una de ellas,
ha declarado resuelta la relaci?n laboral existente y las ha condenado a
pagarle una indemnizaci?n de 4.473.652 ptas., acogiendo la acci?n ejercitada
por ?sta al amparo del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1994\1422 y 1651): la acci?n resolutoria del contrato de trabajo por
incumplimiento empresarial de las obligaciones derivadas del mismo.
El Juzgado sustenta su pronunciamiento en que la demandante, con categor?a
de oficial 2.? administrativa, salario de 225.942 ptas./mes y antig?edad en
la empresa desde el 1 de febrero de 1991, debido a roces y falta de
entendimiento personal con su jefe inmediato en el centro donde trabajaba
(sito en Las Arenas), fue trasladada, con efectos del 18 de enero de 1995,
al centro que tiene en Sestao la codemandada -filial de la sociedad formal y
existiendo confusi?n de plantillas entre ambas-, en virtud de comunicaci?n
del d?a anterior, en donde se le asignan las funciones que realizaba otra
trabajadora, de baja por maternidad a la saz?n y con categor?a de auxiliar
administrativa.
Decisi?n que en el recurso se ataca por una raz?n esencial, como es que se
ha aplicado indebidamente lo dispuesto en el art. 50.1, a) del Estatuto de
los Trabajadores (motivo segundo) al no concurrir el supuesto previsto en
dicho precepto, dado que la orden empresarial resultaba plenamente ajustada
a derecho ya que se daba la situaci?n prevista en el art. 40.1 de esta Norma
(lo que plantea en forma espec?fica en el motivo tercero), no se impugn? por
el cauce ah? se?alado y, en todo caso, no perjudic? a la demandante en su
formaci?n profesional ni en su dignidad, pues ?nicamente trabaj? cinco d?as
en el centro de Sestao, porque desde entonces est? de baja por enfermedad,
seg?n confes? la demandante en juicio (ampliaci?n del hecho probado cuarto
que, con tal base, propone en un primer motivo).
Esta se ha opuesto al recurso y, adem?s, ha pedido la condena de las
recurrentes al pago de las costas: a su juicio, la Magistrada de instancia
no ha incurrido en ninguno de los errores denunciados de adverso.
B) Como hemos dicho en otras ocasiones (Sentencias de 11 abril 1995, 28
marzo 1995, 15 y 22 noviembre, 13 septiembre, 26 julio, 25 abril y 9 mayo
1994 [AS 1994\2287], Recursos n?ms. 3306/1994, 3384/1994, 2122/1994,
1509/1994, 1374/1994, 1119/1994, 2776/1993 y 235/1994, respectivamente), el
trabajador, por el car?cter personal?simo de sus servicios, puede desistir
unilateralmente del contrato de trabajo que le vincula con su empresario
(art. 49.4 del ET), de forma que su sola voluntad es suficiente a tal fin,
sin necesidad de que su decisi?n est? basada en un previo incumplimiento de
las obligaciones por parte de aqu?l. Basta, pues, con que no le resulte de
inter?s continuar manteniendo el v?nculo contractual, para que la relaci?n
pueda finalizar, sin m?s deber, por su parte, que la de preavisar su
decisi?n al empleador (a salvo, claro es, que por convenio colectivo o pacto
individual se dispusiera otra cosa l?citamente).
Ahora bien, nuestro ordenamiento jur?dico tambi?n ha previsto la situaci?n
en la que el empresario incumple gravemente sus obligaciones para con el
trabajador por circunstancias que no sean absolutamente imprevisibles o
inevitables. Dicha situaci?n puede provocar en ?ste una p?rdida de inter?s
en continuar con el v?nculo contractual, pero que aqu? viene provocada por
esa actitud del otro contratante, y es la raz?n por la que se ha regulado en
forma distinta, disponi?ndose que, en estos casos, el trabajador estar?
facultado para solicitar la resoluci?n de su contrato de trabajo con derecho
a percibir la misma indemnizaci?n que le habr?a correspondido si hubiera
sido objeto de un despido improcedente (art. 50 del ET). Adaptaci?n, a este
concreto contrato, de una regla que, con car?cter general, recogen nuestras
leyes para supuestos de incumplimiento de las obligaciones convenidas por
uno de los contratantes (art. 1124 del C?digo Civil).
El mencionado precepto estatutario concreta, en su n?m. 1, el tipo com?n
generador de dicha facultad -cualquier incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del empresario con el trabajador, en tanto no
sean debidas a razones de fuerza mayor-, junto a dos supuestos espec?ficos,
que no son sino concreta aplicaci?n de esa regla general: la falta de pago o
retrasos continuados en el abono del salario pactado y las modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de la
formaci?n del trabajador o en menoscabo de su dignidad.
Rep?rese en que, para el ?xito de la acci?n resolutoria, no basta con que
se produzca una transgresi?n empresarial de uno de sus deberes laborales,
sino que se precisa, siempre, que sea grave. La resoluci?n del contrato se
ha de ofrecer, en suma, como fruto de la actividad de quien, razonablemente,
no conf?a ya en obtener la satisfacci?n propia de la persona que trabaja por
cuenta de otro; esto es, de alguien que se ve forzado a resolver el contrato
de trabajo injustificadamente provocado por la conducta de su empresario.
Pero no de cualquier conducta sino ?nicamente de aquella que constituya una
transgresi?n de las obligaciones que tiene contra?das por raz?n del contrato
de trabajo que, adem?s, le sea imputable, con lo que se descartan los casos
en los que el incumplimiento ata?e a obligaciones no derivadas de dicho
contrato, como tambi?n aqu?llos en que la falta de cumplimiento de un deber
laboral obedece a razones de fuerza mayor.
Advi?rtase, igualmente, que la raz?n de ser de ese derecho a resolver el
contrato con indemnizaci?n no estriba en los perjuicios que le ocasione al
trabajador los actos que el empresario realice, sino que radica en que ?ste
incumpla sus obligaciones, por lo que no estaremos ante el supuesto de hecho
generador del mismo si el da?o proviene de una conducta suya derivada del
ejercicio de las facultades que tiene con arreglo a lo establecido en las
leyes, convenios colectivos o en virtud de pacto leg?timo alcanzado con el
trabajador. Los perjuicios que ?ste tenga, pues, constituyen tan s?lo un
dato a tener en cuenta, a lo m?s, a los exclusivos efectos de poder valorar
la gravedad del incumplimiento empresarial, pero no es el determinante de
que ?ste concurra.
Conclusi?n que se corrobora a la luz de mandatos como los contenidos en los
arts. 40.1 y 41.3 del Estatuto de los Trabajadores (en la redacci?n vigente
en la fecha de ejercicio de la acci?n resolutoria), en cuanto que autorizan
al trabajador a extinguir su contrato de trabajo cuando el empresario
proceda a adoptar, por existir razones t?cnicas, organizativas o productivas
que lo justifican, medidas como el traslado del trabajador a centros de
trabajo que exigen su cambio de domicilio, la variaci?n de su jornada u
horario de trabajo, la implantaci?n de un r?gimen de trabajo a turnos o la
forma de remunerar su trabajo. Son situaciones que van a producir evidentes
perjuicios al trabajador, derivadas de una decisi?n empresarial que excede
de las facultades que tiene en virtud del poder de direcci?n de la actividad
empresarial (en estricto sentido); sin embargo, tan s?lo dan lugar a que
aqu?l pueda resolver el contrato de trabajo con una indemnizaci?n
sensiblemente inferior a la prevista en el art. 50 del ET, salvo en el
excepcional supuesto de que perjudiquen la formaci?n profesional del
afectado o menoscaben su dignidad (STS 8 febrero 1993 [RJ 1993\749], con
cita de otras 6 en igual sentido). Casos, ?stos, en los que s? concurre el
incumplimiento grave exigido por dicho precepto, ya que as? lo ha tipificado
la norma en cuesti?n en forma espec?fica en la letra a) de su n?m. 1. La
gravedad viene aqu? medida por la peculiar ?ndole del perjuicio ocasionado
al trabajador, en cuanto que horada la consideraci?n que le es debida o pone
en peligro su futuro profesional.
C) A la hora de analizar el supuesto de autos, a la Sala ha de partir,
necesariamente, del relato de hechos probados que efect?a la sentencia
recurrida, sin que pueda tomar en consideraci?n la ampliaci?n propuesta en
el primer motivo del recurso, y ello por una raz?n elemental: esa ampliaci?n
viene apoyada en una prueba inh?bil, como es la de confesi?n.
En efecto, nuestro legislador ha querido limitar esos cambios a aquellos
que vengan sustentados en prueba documental o pericial v?lidamente
practicada en autos [art. 191.b) del TRLPL (RCL 1995\1144 y 1563)]. La raz?n
de esa opci?n del legislador es bien comprensible, si tenemos en cuenta que
la ?nica instancia del proceso se dirime en juicio oral desarrollado en acto
?nico y con presencia del Magistrado que lo preside. Por tanto, la forma en
que ?ste capta las declaraciones que se realizan en prueba de confesi?n o
testifical no es posible que pueda percibirse por la Sala que dirime el
recurso de suplicaci?n o, cuando menos, no hay seguridad alguna de que ?sta
pueda hacerlo en igualdad de condiciones. Advi?rtase que el ser humano se
expresa con todo su cuerpo, y no s?lo con la palabra; incluso que el uso de
?sta queda sujeto a tal gama de rasgos (inflexiones, pausas, dudas, cambios
de tonos, etc.), de imposible reproducci?n por escrito, y m?s cuando el acta
que la ley ordena que se levante, ?nicamente debe reflejar un resumen
bastante de lo acontecido en la prueba. Y algo similar cabe decir de la
prueba de reconocimiento judicial, ya que es francamente dif?cil transmitir
todo lo que se percibe cuando se examina personalmente un objeto, un lugar,
etc?tera.
D) An?lisis que conduce a la Sala a una soluci?n del litigio del mismo
tenor que la obtenida por el Juzgado, sin que ?ste haya infringido lo
dispuesto en el art. 50.1, a) del Estatuto de los Trabajadores, ni su art.
40.1.
Conclusi?n cuya explicaci?n conviene desglosar en varios apartados, a fin
de dar respuesta a los diversos argumentos esgrimidos por las recurrentes o
que derivan de ?stos.
E) En efecto, el cambio de puesto de trabajo de la demandante, operado el
18 de enero de 1995 por decisi?n de su empresario, constituye un
incumplimiento contractual por parte de ?ste y no el leg?timo ejercicio de
las facultades que le incumben como titular del poder de direcci?n
empresarial, por cuanto que supone atribuirle funciones propias de otra
categor?a distinta a la suya, de inferior calificaci?n profesional, sin que
conste que se hiciera con car?cter provisional y motivado por razones de
urgencia.
Es verdad que las categor?as de auxiliar administrativo y oficial 2.?
administrativo forman parte del mismo grupo profesional, mas ello no es
suficiente para estimar que un empresario pueda destinar al trabajador a
realizar funciones propias de cualquiera de ellas, al amparo de lo dispuesto
en el art. 39 del ET, ya que la regla contenida en dicho precepto, seg?n
hemos dicho en otras ocasiones (por ejemplo, Sentencia de 9 mayo 1994
[AS 1994\2287]), ha de leerse en forma sistem?tica y, por tanto, en
coordinaci?n con lo dispuesto en el art. 23 del ET, en donde se pone de
manifiesto (n?m. 4 [RCL 1980\607 y ApNDL 3006]), que la asignaci?n de
funciones propias de categor?as inferiores, s?lo cabe realizarla cuando
concurran necesidades perentorias o imprevisibles en la actividad productiva
y, desde luego, ?nicamente por el tiempo imprescindible para atenderlas, tal
y como tuvo ocasi?n de aplicar la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en
sus Sentencias de 21 marzo 1989 (RJ 1989\1905) y 22 enero 1990
(RJ 1990\800). Unicas circunstancias que legitiman al empresario para que,
unilateralmente, pueda adoptar una decisi?n de esa naturaleza, que no
constan se hayan dado en el caso de autos, en el que la asignaci?n de
funciones se ofrece desprovista de toda raz?n de ser que la justifique y
carente de cualquier signo revelador de provisionalidad. Conviene se?alar, a
esos efectos, que no es bastante el dato de que el puesto que pasaba a
desempe?ar hubiera estado ocupado por otra trabajadora moment?neamente
ausente por estar de baja por maternidad, ya que el Juzgado da cuenta de que
el motivo del cambio fue otro -los roces que manten?a con su jefe
inmediato-, y as? lo corrobora la ausencia de cualquier indicio de que las
funciones asignadas a ese puesto fueran de mayor trascendencia para la buena
marcha de la empresa que las que la demandante realizaba en el suyo, como
tambi?n que la carta en la que se le comunica el cambio no mencione ese
motivo ni contenga dato alguno indicativo de su car?cter pasajero.
Estamos, por tanto, ante una modificaci?n de las condiciones laborales de
la demandante que se ofrece como sustancial, pese a que formalmente se
respete su categor?a y se le mantenga el salario propio de la misma. Por
ello, ven?a precisada, para su operatividad en legal forma, de la voluntad
del trabajador afectado.
Hay, pues, incumplimiento empresarial. Todo el enfoque de las demandadas,
tratando de encajar la situaci?n en la prevista en el art. 40.1 del ET
adolece de error, que es doble, dado que: 1) no se est? ante el supuesto de
movilidad geogr?fica contemplado en dicha norma, ya que contempla el caso de
traslado del trabajador a un centro que le exija el cambio de domicilio, lo
que no es el caso de la demandante, porque la distancia que hay de Sestao a
Bilbao, donde vive, no es mucho mayor que la existente entre esta capital y
Las Arenas, y, en cualquier caso, le permite residir en esta capital; 2) el
traslado previsto en dicho precepto no legitima m?s cambios que los
atinentes al lugar de trabajo, sin que autorice, desde luego, a traspasar
las fronteras prohibidas al empresario en orden a asignar al trabajador
labores de categor?a inferior a la suya.
Habr? que ver si ese incumplimiento tiene gravedad suficiente como para
justificar la resoluci?n contractual. Previamente, sin embargo, conviene
despejar alguna duda suscitada por las recurrentes.
F) Nuestro ordenamiento jur?dico no ha configurado el ejercicio de esa
acci?n resolutoria en forma subordinada respecto a la destinada a exigir el
cumplimiento del deber transgredido, sino que contempla ambas en forma
alternativa (art. 1124 del CC), con lo que la falta de ejercicio de esta
?ltima, como aqu? acontece, carece de incidencia para impedir el ?xito de la
que ha deducido, ni revela, por s? mismo, un uso abusivo de la misma.
No hacemos sino reiterar lo que ya indic?bamos en nuestra Sentencia de 9
mayo 1994, anteriormente mencionada.
G) Finalmente, no queda sino advertir el car?cter sumamente grave que tiene
la conducta de las demandadas.
Cierto es que, como dec?amos en dicha sentencia, una medida tan extrema
como es la resoluci?n indemnizada del contrato de trabajo s?lo cabe
adoptarla con suma cautela, en forma an?loga a lo que ocurre con el despido
y en consonancia con el principio de conservaci?n de los contratos, lo que
requiere una contumacia en la conducta empresarial constitutiva del
incumplimiento o que se est? ante un acto aislado de tal entidad como para
mostrar una incompatibilidad con la satisfacci?n que el trabajador espera
leg?timamente obtener del contrato que le liga con su empresario. Criterios,
estos, que reflejan la doctrina sentada en su aplicaci?n por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, revelada, entre otras, por sus Sentencias de 15
enero 1987 (RJ 1987\38) y 6 junio 1991 (RJ 1991\5135).
Merece la pena recalcar que la gravedad del incumplimiento es igualmente
exigible a los supuestos espec?ficamente tipificados en los apartados a) y
b) del art. 50 del ET, y no s?lo al tipo general del apartado c), seg?n
muestra la dicci?n de ?ste, al referirse a ?... cualquier otro
incumplimiento grave ...?, pues resalta que tambi?n aqu?llos han de
participar de esa cualidad, y corrobora, por ejemplo, el absurdo al que
dar?a lugar de no estimarse as?: cualquier impago de salarios encajar?a en
el tipo, incluso uno de 1.000 ptas., por ejemplo.
Gravedad que concurre en el caso de autos, dadas sus especiales
caracter?sticas, en la medida en que se advierte que la medida en cuesti?n
lesiona la dignidad de la demandante, por cuanto que si bien surge por los
roces y falta de entendimiento personal que tiene con su jefe inmediato, los
t?rminos en que se adopta no permiten deducir que se limitan a poner
soluci?n a esa falta de acoplamiento personal con respecto a las condiciones
laborales de la trabajadora, sino que se hace en forma que se muestra
ofensiva para ella y harto perceptible por cualquiera de sus compa?eros,
dado que le asignan el puesto desempe?ado por uno con categor?a inferior a
la suya, formalmente adscrito a una sociedad filial del mismo grupo y con
evidente intenci?n de que esa situaci?n resulte definitiva. A mayor
abundamiento, perjudica su formaci?n profesional, en la medida en que le
asigna funciones que, lejos de potenciar sus cualidades profesionales,
vienen a degrad?rselas, sin que sea preciso, a estos efectos, que los
potenciales perjuicios que conlleva hayan quedado definitivamente
consumados. La resoluci?n contractual indemnizada persigue, precisamente,
que no se llegue a esa situaci?n, facilitando al trabajador medios con que
poder afrontar su recolocaci?n en otra empresa.
No est? de m?s recordar que ?se es el criterio mantenido por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo cuando ha enjuiciado supuestos de asignaci?n de
funciones propias de categor?a inferior en forma permanente, y as? lo
revelan, entre otras muchas, sus Sentencias de 22 y 29 enero 1990
(RJ 1990\800 y RJ 1990\229) y 21 marzo 1990 (2) (RJ 1990\2208 y
RJ 1990\2211).
El recurso, por cuanto se ha expuesto, no puede acogerse.
SEGUNDO.-La desestimaci?n del recurso de suplicaci?n interpuesto por quien,
como ocurre con la parte recurrente, no goza del beneficio de justicia
gratuita y, para recurrir, ha precisado efectuar dep?sito de 25.000 ptas., y
ha avalado la cantidad a la que fue condenada en la sentencia recurrida,
trae consigo que, una vez firme esta resoluci?n, haya de perder aqu?l en
beneficio del Estado, y deba mantenerse el aval hasta su ejecuci?n o
devoluci?n (seg?n resulte del cumplimiento por la recurrente de la
obligaci?n de pago a la que ha sido condenada), as? como su condena al pago
de las costas del recurso, entre las que han de incluirse los honorarios del
abogado de la parte demandante devengados por su intervenci?n en esta fase
del proceso, cuya cuant?a fijamos en atenci?n a los niveles de complejidad y
trascendencia que tiene, as? como el de calidad de su intervenci?n (arts.
201.3 y 4 y 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral [RCL 1990\922 y 1049]).
Publicado por tuasesor @ 3:51
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