Viernes, 25 de marzo de 2005
Rollo de Suplicaci?n n?: 1912/2.003
Sentencia n? : 2.330/2.003
Presidente
Ilmo. Sr. D. ANTONIO NAVAS GALISTEO
Magistrados
Ilmo. Sr. D. RAM?N G?MEZ RUIZ
Ilmo. Sr. D. JOS? LUIS BARRAGAN MORALES
En M?laga a doce de
Diciembre de dos mil tres.
La Sala de lo Social en M?laga del Tribunal Superior de Justicia de
Andaluc?a, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A
En el recurso de Suplicaci?n interpuesto por FUJITSU ICL ESPA?A,
S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n? seis, ha sido
ponente el Ilmo. Sr. D. RAM?N G?MEZ RUIZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seg?n consta en autos se present? demanda por
FUJITSU ICL ESPA?A, S.A. sobre Prestaciones, siendo demandado
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO
habi?ndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 28 de
octubre de 2.002 en los t?rminos que se recogen en su parte dispositiva.
SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados
los siguientes:
1?) Por resoluci?n de la Direcci?n Provincial del INSS de fecha 21-11-00 se
acord? estimar la existencia de responsabilidad empresarial por falta de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el
trabajador D. B. M. G. el d?a 7-5-98, cuando prestaba servicios por cuenta de
la empresa Fujitsu ICL Espa?a, S.A. y declarar, en consecuencia, la
procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del referido
accidente sean incrementadas en el 30%, con cargo exclusivo a la referida
empresa.
2?) Contra la anterior resoluci?n, interpuso la empresa Fujitsu ICL Espa?a,
S.A. reclamaci?n previa el d?a 5-1-01, que fue desestimada por resoluci?n de
23-7-01.
3?) Con fecha 27-8-98 se emiti? informe por la Inspecci?n Provincial de
Trabajo y Seguridad Social cuyo contenido obra en autos, d?ndose aqu? por
reproducido.
4?) Con fecha 4-9-01 se dict? sentencia en autos n? 1054/00 seguidos ante el
Juzgado de lo Social n? 1 de M?laga que declar? al trabajador D. B. M. G. en
situaci?n de invalidez permanente en grado de incapacidad permanente parcial
derivada de accidente de trabajo. Dicha sentencia fue confirmada por sentencia
de fecha 22-3-02 de la Sala de lo Social en M?laga del Tribunal Superior de
Justicia de Andaluc?a.
5?) El accidente del mencionado trabajador se produjo el d?a 7-5-98, en
horario normal de trabajo. Dicho accidente se produjo, cuando el accidentado
proced?a a extraer unos cajeros de la c?mara clim?tica donde se realizan
determinadas pruebas, y llevarlos al taller. Para ello utiliza una transpapeleta
electromec?nica. Una vez que introduc?a las palas en el palet del cajero,
proced?a a su desconexi?n de la pared y a la colocaci?n de una caja de
accesorios encima del mismo. Realizando esta operaci?n se percat? de que la
carga volcaba sobre ?l, retir?ndose lo m?s r?pidamente posible, pero la carga,
de aproximadamente unos 386 kg cay? sobre el mismo.
6?) La demanda se present? el 5-10-01.
TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunci? Recurso de Suplicaci?n la
parte demandante, recurso que formaliz?, no siendo impugnado de contrario.
Recibidos los autos en este Tribunal se provey? el pase de los mismos a
ponente para su examen y resoluci?n.
FUNDAMENTOS JUR?DICOS
PRIMERO .- El trabajador demandado prestaba servicios para la empresa
actora como montador de cajero, y al proceder a extraer unos cajeros de la
c?mara clim?tica donde se les realizan determinadas pruebas y llevarlos al
taller, sufri? el 7-5-98 un accidente que le produjo lesiones que determinaron
su declaraci?n en situaci?n de Incapacidad Permanente Parcial para la
profesi?n habitual.
Efectuada actuaci?n inspectora, por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social en resoluci?n de 21-1-00 se acord? el Recargo por falta de medidas de
seguridad e higiene del 30% de las prestaciones derivadas del accidente por
infracci?n de las medidas de seguridad exigibles que la empresa impugna en
v?a jurisdiccional sin ?xito en la instancia.
SEGUNDO .- Frente a dicha sentencia que desestim? la demanda interpuesta
en impugnaci?n por la empresa declarada responsable del Recargo por falta de
medidas de seguridad e higiene del 30% de las prestaciones derivadas del
accidente por infracci?n de las medidas de seguridad exigibles declarado por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, formula la empresa demandante
Recurso de Suplicaci?n, articulando un doble motivo por el cauce del p?rrafo
a) del art. 191 Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral solicitando la
reposici?n de las actuaciones al momento de haberse infringido normas o
garant?as del procedimiento que hayan producido indefensi?n, denunciando
una situaci?n de indefensi?n por la falta de expediente administrativo con
diversas alegaciones y que no existe suficiencia de los hechos probados ni
suficiente motivaci?n o explicaci?n de los razonamientos jur?dicos que
determinen la consecuencia jur?dica que consta en el fallo de la sentencia con
diversas alegaciones, y sin interesar la revisi?n de los hechos declarados
probados, dos motivos encaminados al examen del derecho aplicado en la
misma por el cauce procesal del art. 191.c del Real Decreto Legislativo 2/1995
de 7 de abril por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, denuncia la infracci?n de la Disposici?n adicional
Cuarta de la ley 42/97 de 14 de noviembre y del art. 123 del Real Decreto
Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social solicitando la nulidad de la sentencia o
alternativamente la revocaci?n de la sanci?n impuesta.
TERCERO .- Constituye deber inexcusable de los Tribunales velar por la
legalidad y el estricto cumplimiento de las normas procesales, en cuanto cauce
de todo ordenamiento jur?dico, pero, en doctrina consolidada del Tribunal
Supremo -STS 13 marzo 1990, 13 mayo y 31 julio 1991 y 22 julio 1992 entre
otras muchas-, se recoge y establece el car?cter excepcional de la declaraci?n
de nulidad de actuaciones como consecuencia de defectos procesales, pues se
trata de una medida extrema que ha de aplicarse con criterio restrictivo
evit?ndose in?tiles dilaciones originadoras de negativas consecuencias para la
celeridad y eficacia que deben inspirar las actuaciones judiciales art. 74,1 LPL,
de manera que s?lo debe accederse a tal pretensi?n en supuestos
excepcionales, doctrina que se recoge en las Sentencias de esta Sala, entre ellas
la n? 1.413/2.002 de 19-7-02 con cita de la de otras Salas, y as? se dijo que es
doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y Jurisprudencia del Tribunal
Supremo seguida por esta Sala, que la nulidad de actuaciones es una medida
excepcional que ha de acordarse con criterio restrictivo para no comprometer
el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constituci?n Espa?ola,
derecho en cuyo contenido se integra una soluci?n del fondo del asunto sin
dilaciones indebidas, procediendo solo cuando realmente se produce
infracci?n de normas o garant?as procesales que causen indefensi?n para
alguna de las partes litigantes y se haya formulado si el momento procesal lo
permite la oportuna protesta, y que la nulidad de actuaciones es un remedio
extraordinario dada la notoria conmoci?n procedimental que supone tanto para
las partes como para los principios de celeridad y econom?a procesal, teniendo
declarado el Tribunal Constitucional, entre otras en Sentencias n? 90/1983,
117/1986 y 139/1987 y las m?s recientes 91/1991 de 25 abril, 109/1991 de 20
mayo, 172/1992 de 6 septiembre, y 179/1992 de 19 septiembre, que las
formas y requisitos procesales cumplen un papel de capital importancia en la
recta ordenaci?n de los procesos judiciales siempre que su previsi?n legal
responda a una finalidad adecuada y no constituya exigencia excesiva,
desproporcionada o irrazonable, teniendo declarado la doctrina judicial que
para que un quebrantamiento de norma procesal comporte la nulidad de
actuaciones son precisas cuatro circunstancias: a) Que se invoque por el
recurrente de modo concreto la norma que se entiende violada; b) que se haya
infringido la referida norma procesal, c) que haya causado indefensi?n, y, d)
que se haya formulado oportunamente protesta por la infracci?n en el acto del
juicio.
Y, en el caso de autos, no quedan cumplidas las condiciones exigidas
para determinar la nulidad reclamada, que tiene car?cter de remedio
extraordinario.
Denuncia el recurrente en primer lugar una situaci?n de indefensi?n por
la falta de expediente administrativo con diversas alegaciones relativas a que
fue pedido como medio de prueba y asimismo el Instituto Nacional de la
Seguridad Social lo indic? con tal car?cter y que debe entenderse que ha
desaparecido con anterioridad a dictarse la sentencia, pero el art. 143 del Real
Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que "El juicio se
celebrar? en el d?a se?alado, aunque la entidad correspondiente no hubiera
remitido el expediente o su copia, salvo que justificara suficientemente la
omisi?n" y s?lo en el p?rrafo 2? prev? que " Si al demandante le conviniera la
aportaci?n del expediente a sus propios fines, podr? solicitar la suspensi?n del
juicio, para que se reitere la orden de remisi?n del expediente en un nuevo
plazo de diez d?as", y lo cierto es que la recurrente no propuso ni reprodujo tal
petici?n de expediente administrativo en el acto del juicio sino que se limit? a
proponer la prueba documental que rese??, ni solicit? la suspensi?n en uso de
la facultad concedida por el precepto adjetivo por lo que el juicio debi? como
as? ocurri? celebrarse, y tampoco la recurrente durante el mismo, ni en el
momento de proposici?n ni pr?ctica de la prueba ni en conclusiones formul?
la protesta exigida para determinar la nulidad que ahora pretende, no
produci?ndole indefensi?n pues propuso los medios de prueba que estim?
convenientes y se encuentra aportado a Autos el informe de la Inspecci?n de
Trabajo, la propuesta de recargo y la resoluci?n impugnada, por lo que no
concurren los requisitos exigidos para determinar la nulidad de actuaciones
por tal motivo que debe rechazarse.
Tambi?n denuncia la recurrente que no existe suficiencia de los hechos
probados ni suficiente motivaci?n o explicaci?n de los razonamientos
jur?dicos que determinen la consecuencia jur?dica que consta en el fallo de la
sentencia lo que conforma un supuesto de indefensi?n que vicia de nulidad la
Sentencia efectuando muy diversas alegaciones sobre la insuficiencia en la
valoraci?n de la prueba practicada, pero es reiterada doctrina judicial, contenida
entre otras en la Sentencia de esta Sala n? 1.868/2.002 de 24-10-02, la que
declara que la suficiencia de los hechos probados solo al Tribunal compete
determinarla gozando el recurrente de la posibilidad de solicitar todas las
modificaciones f?cticas a su juicio precisas por haber incurrido el Juzgador en
error que resulte de documentos y pericias h?biles a tales efectos con arreglo
al art. 191.b del Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, y en el caso
sometido a Recurso se recoge los datos f?cticos de la forma en que ocurri? el
accidente y se da por reproducido en el ordinal 3? el informe de la Inspecci?n
de Trabajo, razon?ndose en el Fundamento Jur?dico a?n de forma sucinta y
suficiente, por lo que deben entenderse suficientes los hechos probados e
igualmente motivaci?n y explicaci?n suficiente a?n sucinta de las razones de la
desestimaci?n de la demanda, sin perjuicio de que la recurrente hubiera podido
como ten?a a su alcance en esta v?a demostrar el error del juzgador de instancia
por la v?a de la revisi?n f?ctica y haber denunciado las infracciones jur?dicas
que a su juicio hubiera cometido la Sentencia de instancia.
En consecuencia, no existiendo infracci?n procesal que constituya
defecto esencial que cause indefensi?n no puede declararse la nulidad
pretendida y debe rechazarse este motivo del recurso
CUARTO .- El art. 123 Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto
Legislativo 1/94 de 20 de Junio regula el Recargo de las prestaciones
econ?micas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional,
disponiendo que : "1. Todas las prestaciones econ?micas que tengan su causa
en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentar?n, seg?n la
gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesi?n se produzca
por m?quinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que
carezcan de los dispositivos de precauci?n reglamentarios, los tengan
inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las
medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las
elementales de salubridad o las de adecuaci?n personal a cada trabajo habida
cuenta de sus caracter?sticas y de la edad, sexo y dem?s condiciones del
trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el
apartado anterior recaer? directamente sobre el empresario infractor y no
podr? ser objeto de seguro alguno siendo nulo de pleno derecho cualquier
pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. 3. La
responsabilidad que regula este art?culo es independiente y compatible con las
de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracci?n."
Por doctrina judicial reiterada se exige como condiciones precisas para
que proceda el recargo que se haya vulnerado o incumplido una medida de
seguridad general o particular prevista en la norma y que esa vulneraci?n u
omisi?n sea causa del accidente, en relaci?n de causa a efecto entre el hecho y
la falta de la medida reglamentaria, concurriendo dolo, culpa o negligencia de
la empresa y debiendo haber quedado probado de modo suficiente tal
conducta empresarial, por lo que la empresa que no adopta la medida de
seguridad exigida determinando el suceso con el resultado acaecido, existiendo
inobservancia de la medida de seguridad, infracci?n de la norma que la
establece y relaci?n de causalidad directa y eficaz en la producci?n del
resultado, responde del recargo prestacional.
As? esta Sala ha declarado con reiteraci?n en sentencias, entre otras, de
14-1-1.998 y de 27-7-2.000, que el Recargo de prestaciones de la Seguridad
Social, exige, seg?n reiterada jurisprudencia, la existencia de nexo causal
adecuado entre el siniestro de que trae causa el resultado lesivo para la vida o
integridad f?sica de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador,
consistente en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas
reglamentarias respecto a m?quinas, instrumentos o lugares de trabajo,
excluy?ndose la responsabilidad empresarial cuando la producci?n del evento
acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin
constancia di?fana del incumplimiento por parte del empleador de alguna
norma de prevenci?n; y que la sanci?n por falta de medidas de seguridad debe
atemperarse, pues al ser una cuesti?n punitiva debe probarse de una manera
fehaciente que existe tal incumplimiento, sin que deje lugar a dudas la omisi?n
de medidas de seguridad e higiene, es decir que dado su car?cter punitivo debe
interpretarse restrictivamente, sin que ello impida la aplicaci?n estricta de la
norma o permitir la impunidad de la conducta negligente de la empresa,
debiendo concurrir adem?s de la conducta consistente en la omisi?n de las
medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias y la adecuada
relaci?n causal entre el siniestro y la conducta del empleador un elemento de
voluntariedad a t?tulo de dolo, culpa o al menos negligencia.
Y tales presupuestos y requisitos permiten afirmar, como lo hace la
sentencia de la Sala de lo Social de Granada, n?m. 1.383/1.992 de 23-11-
1.992, AS 1.992/5.445, que concurriendo una imprudencia del accidentado, la
l?nea jurisprudencial dominante lleva a la exoneraci?n de responsabilidad,
dado el car?cter restrictivo que, en su enjuiciamiento, preside la aplicaci?n de
medidas de car?cter sancionador; la norma del art. 123 de la LGSS, en cuanto
sancionadora de conducta il?cita empresarial por omisi?n de aquellas medidas,
implica que el suceso no sea debido a la propia y personal conducta del
trabajador.
QUINTO .- Y la censura jur?dica contenida en la pretensi?n deducida por la
empresa recurrente no debe alcanzar ?xito.
Por la empresa actora se impugna en esta v?a el recargo alegando que
no concurren las condiciones y presupuestos exigidos por el precepto
sustantivo y doctrina judicial para su imposici?n.
Lo que debe es analizarse y decidirse es si la empresa ten?a respecto del
trabajador accidentado una obligaci?n de seguridad y debi? adoptar una actitud
diligente, activa y positiva procurando al trabajador las medidas necesarias
para realizar el trabajo sin riesgo, o por el contrario bastaba y era suficiente la
simple experiencia o pr?ctica adquirida o acumulada por el trabajador en la
realizaci?n de la tarea, y la atenci?n del mismo y su buen criterio en la
evitaci?n de los riesgos, cargando sobre el trabajador accidentado m?s que
sobre la empresa la necesidad de diligencia y la deuda de seguridad haci?ndola
propia del mismo y no de la empresa.
Previamente debe rechazarse el 3? motivo pues si bien es cierto lo que
el recurrente alega en relaci?n al valor de las actas de la Inspecci?n de Trabajo
que s?lo gozan de presunci?n de certeza respecto de los hechos constatados
por el funcionario actuante, no lo es menos que adem?s de esta presunci?n
tambi?n constituyen un medio de prueba que puede valorar el magistrado de
instancia y la valoraci?n realizada por el mismo debe ser respetada salvo que
se demuestre el error por medio de prueba h?bil al efecto documental o
pericial y en todo caso que el recurrente solicite la revisi?n de hechos probados
lo que no es el caso por lo que queda intactas por inatacadas las conclusiones
f?cticas contenidas en la sentencia recurrida.
Con arreglo al art. 123 Ley General de la Seguridad Social, Real
Decreto Legislativo 1/94 de 20 de Junio es preciso que no se hayan observado
medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo; y en el
caso de autos debe concluirse que la empresa estaba obligada a adoptar las
medidas de seguridad necesarias a fin de evitar los riesgos derivados de la
actividad laboral; es decir, no es suficiente un aprendizaje general de la
realizaci?n de las tareas, ni el conocimiento y experiencia adquiridos por la
realizaci?n del trabajo, la habilidad y destreza obtenidos en el mismo, o la
prestaci?n de la atenci?n exigida y necesaria haciendo recaer el deber de
diligencia en el trabajador, sino que la empresa debe cumplir con el deber de
diligencia y cautela que sobre ella pesa en la prevenci?n y evitaci?n de riesgos
laborales, procurando las medidas de seguridad a tales efectos necesarias, y,
en el caso de autos como se recoge en el informe de la Inspecci?n de Trabajo
que el ordinal 3? de los hechos probados da por reproducido no se contempla
en la evaluaci?n de riesgos realizada por la empresa la operaci?n realizada por
el trabajador accidentado ni el riesgo derivado de la misma por lo que el
mismo realiz?, cuando prestaba servicios para la empresa actora como
montador de cajero, la operaci?n de extraer unos cajeros de la c?mara
clim?tica donde se les realizan determinadas pruebas y llevarlos al taller sin la
suficiente informaci?n y formaci?n sobre la forma, mecanismo y riesgos
derivados de dicha operaci?n de manera que por el mal manejo de las cargas,
no introducci?n correcta de las palas de la transpaleta y realizaci?n forzada de
la operaci?n debido a la falta de informaci?n y de formaci?n y de la evaluaci?n
de riesgos por la empresa y tambi?n por la inestabilidad del suelo, el
trabajador demandado sufri? un accidente al volc?rsele la carga que le produjo
lesiones que determinaron su declaraci?n en situaci?n de Incapacidad
Permanente Parcial para la profesi?n habitual, no constando que el trabajador
accidentado tuviera la cualificaci?n t?cnica para el manejo de la m?quina y que
hubiera recibido formaci?n por la empresa para su manipulaci?n y manejo,
sin que pueda decirse en forma alguna que el accidente fue debido a la
negligencia del trabajador pues precisamente todo ello es lo que la empresa
debiera haber evitado con aquellas medidas, y solo en el caso de que la
empresa las hubiera adoptado, si el trabajador las hubiera incumplido o
infringido podr?a predicarse respecto de ?l la imprudencia exoneradora de la
responsabilidad empresarial en el recargo; no ocurri? as? en el caso presente, la
empresa no adopt? dichas necesarias y debidas diligencias, y a consecuencia
de esta omisi?n empresarial en la adopci?n de dichas medidas se produjo el
accidente, concurriendo los requisitos exigidos para la declaraci?n de la
responsabilidad empresarial, al encontrarse la falta de medidas en relaci?n de
causalidad con el accidente de trabajo y al haberlo entendido as? el juzgador de
instancia no vulner? el precepto invocado como infringido, por lo que procede
desestimar el recurso con confirmaci?n de la sentencia.
SEXTO .- El criterio del vencimiento previsto en el art. 233.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral, obliga a imponer la condena en costas a la empresa
recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita.
FALLAMOS
Debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicaci?n
interpuesto por FUJITSU ICL ESPA?A, S.A., contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social n? seis de M?laga de fecha 28 de octubre de 2.002,
reca?da en los Autos del mismo formados para conocer de demanda
formulada por FUJITSU ICL ESPA?A, S.A. contra INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO sobre Prestaciones,
y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resoluci?n
recurrida.
Se condena a la empresa recurrente a la p?rdida del dep?sito de 150?25
euros y de la cantidad consignada para recurrir, a las que se dar? el destino
legal, as? como al pago de las costas procesales causadas en el presente
recurso de suplicaci?n, incluidos los honorarios profesionales del letrado de la
parte demandada, los cuales no podr?n superar en todo caso, la cantidad de
601.01 euros, y ello una vez adquiera firmeza la presente resoluci?n judicial.
Notif?quese esta resoluci?n a las partes y al Ministerio Fiscal
advirti?ndoles que contra la misma cabe Recurso de Casaci?n para la
Unificaci?n de Doctrina ante la Sala IV del Tribunal Supremo, el que deber?
prepararse en el plazo de los diez d?as siguientes a la notificaci?n de este fallo.
Advi?rtase a la empresa demandada que en caso de recurrir habr? de
efectuar las siguientes consignaciones:
- La suma de 50.000 ptas. (300.51 _) en la cuenta de Dep?sitos y
Consignaciones de la Sala IV del Tribunal Supremo en Madrid.
L?brese certificaci?n de la presente sentencia para el rollo a archivar en
este Tribunal incorpor?ndose su original al correspondiente libro.
As? por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
Publicado por tuasesor @ 21:19
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