Exposición de artículos doctrinales y jurisprudenciales,y opiniones particulares sobre derecho laboral.
La Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas, ha alertado sobre el aumento del acoso moral y físico en el ámbito laboral. Según datos de la asociación entre un 65 y 70% de las víctimas de acoso moral o “mobbing” son mujeres, no sólo por cuestiones de género, sino porque son las que cuentan con contrataciones más precarias.
“Dentro de nuestro mercado laboral, la mujer es el trabajador más vulnerable a la hora de perder su trabajo y, en consecuencia, se ve más fácilmente sometida a las presiones psicológicas presentes en las empresas”.
Este colectivo, en particular el que cuenta con menor formación y calificación, junto con las mujeres mayores de 40 años, sufre esta presión que “está derivando en enfermedades laborales que, en muchos casos, se enmascaran con depresiones, estrés o el síndrome del trabajador quemado”.
Entre los síntomas de esta situación pueden destacarse la apatía, la tendencia a la depresión, los dolores psicosomáticos, la irritabilidad, el insomnio, las cefaleas y el deterioro de las relaciones familiares. En situaciones extremas puede llevar a la víctima a pensar en el suicidio.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cifra en más de 12 millones de personas en toda Europa que sufren este problema en el ámbito laboral. En España, según un reciente estudio elaborado por la Universidad de Alcalá de Henares, en torno al 15% de la población activa sufre esta situación, lo que supone unos 2,3 millones de trabajadores y se reconocía que un 80% de los trabajadores ven en su entorno laboral comportamientos dirigidos a intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a compañeros.
En cuanto al colectivo de las mujeres, la situación se agrava por las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral que añade una presión psicológica adicional, “aunque se pueda ver como un problema extra-laboral, la legislación española considera que se trata de un daño relacionado con el trabajo y, por lo tanto, un riesgo laboral.
Por todas estas razones, se alerta a los técnicos de prevención de riesgos laborales y las empresas con el fin de que, tal y como indica la ley, se tenga en cuenta esta situación en sus actuaciones. El objetivo es que se reduzcan los daños a la salud de las trabajadoras y las pérdidas económicas que suponen para las compañías por las bajas laborales que acarrean.
“Dentro de nuestro mercado laboral, la mujer es el trabajador más vulnerable a la hora de perder su trabajo y, en consecuencia, se ve más fácilmente sometida a las presiones psicológicas presentes en las empresas”.
Este colectivo, en particular el que cuenta con menor formación y calificación, junto con las mujeres mayores de 40 años, sufre esta presión que “está derivando en enfermedades laborales que, en muchos casos, se enmascaran con depresiones, estrés o el síndrome del trabajador quemado”.
Entre los síntomas de esta situación pueden destacarse la apatía, la tendencia a la depresión, los dolores psicosomáticos, la irritabilidad, el insomnio, las cefaleas y el deterioro de las relaciones familiares. En situaciones extremas puede llevar a la víctima a pensar en el suicidio.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cifra en más de 12 millones de personas en toda Europa que sufren este problema en el ámbito laboral. En España, según un reciente estudio elaborado por la Universidad de Alcalá de Henares, en torno al 15% de la población activa sufre esta situación, lo que supone unos 2,3 millones de trabajadores y se reconocía que un 80% de los trabajadores ven en su entorno laboral comportamientos dirigidos a intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a compañeros.
En cuanto al colectivo de las mujeres, la situación se agrava por las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral que añade una presión psicológica adicional, “aunque se pueda ver como un problema extra-laboral, la legislación española considera que se trata de un daño relacionado con el trabajo y, por lo tanto, un riesgo laboral.
Por todas estas razones, se alerta a los técnicos de prevención de riesgos laborales y las empresas con el fin de que, tal y como indica la ley, se tenga en cuenta esta situación en sus actuaciones. El objetivo es que se reduzcan los daños a la salud de las trabajadoras y las pérdidas económicas que suponen para las compañías por las bajas laborales que acarrean.