Domingo, 24 de abril de 2005
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de 30 de septiembre de 2004

El TSJ de Catalu?a condena a la Agencia de Desarrollo Local de Barcelona por contrataci?n fraudulenta
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha reconocido el fraude de ley cometido por Barcelona Activa, la Agencia de desarrollo Local de Barcelona, en la contrataci?n de una trabajadora, declarando la nulidad de su despido.La mujer suscribi? un contrato por obra o servicio determinado para dar apoyo administrativo al desarrollo del Programa IPI 2003. Pero, no s?lo realizaba las funciones que se describen como propias de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa, sino que tambi?n hac?a labores de recepcionista, introduc?a datos de otros programas, daba soporte administrativo a los t?cnicos de la empresa y, a menudo, llevaba a cabo la gesti?n de sus agendas.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.?Con fecha 23 de enero de 2004 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite y celebrado el juicio se dict? sentencia con fecha 27 de febrero de 2004 que conten?a el siguiente Fallo:
"Procede estimar la demanda presentada por la actora Mar?a Antonieta contra la empresa demandada Barcelona Activa, S.A., y el Fondo de Garant?a Salarial, declarar la nulidad del despido condenado al empresario a la readmisi?n inmediata de la trabajadora y el abono de los salarios de tramitaci?n dejados de percibir desde el despido 31-12-03 hasta que la readmisi?n tenga lugar a raz?n de 41,82 euros d?a con absoluci?n del Fondo de Garant?a Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades legales?.
Segundo.?En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"PRIMERO.?La demandante Mar?a Antonieta, con DNI N.?..., presta servicios para la empresa demandada desde el 10-06-03, categor?a profesional de auxiliar administrativo y percibiendo un salario diario de 41,82 euros con inclusi?n de prorrata de pagas extras.
SEGUNDO.?La trabajadora, el d?a 2002-01, suscribi? con la empresa demandada contrato de trabajo en pr?cticas, con la categor?a profesional de auxiliar administrativo, dicho contrato fue objeto de dos pr?rrogas, extingui?ndose el 19-02-03. Casi cuatro meses despu?s la actora el 10-06-03 suscribi? con la empresa demandada otro contrato de trabajo de duraci?n determinada y en la modalidad de obra o servicio determinado, con la categor?a profesional de auxiliar administrativa programa IPI; fij?ndose como per?odo de duraci?n de dicho contrato del 10-06-03 al 31-12-03: y como objeto del mismo en la cl?usula adicional primera se establece dar apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI para el a?o 2003 de acuerdo con la resoluci?n del Director del Servicio de Ocupaci?n de Catalu?a de fecha 11 de abril de 2003, seg?n la Orden 10/12/2001 (DOGC n.? 3542 de 28-12-01).
TERCERO.?La empresa demandada el d?a 31-12-03 comunic? a la trabajadora carta de finalizaci?n de contrato, dando por extinguida la relaci?n laboral (carta a la que nos remitimos y que consta en el folio 5 de los presentes autos).
CUARTO.?La empresa demandada Barcelona Activa, S.A., se constituy? en 1986 con un capital social de 100 millones de ptas., como sociedad Privada Municipal cuyo capital social corresponde ?ntegramente al Ayuntamiento de Barcelona. Su objeto social tras adaptar los estatutos de la Ley de Sociedades An?nimas, consiste en fomentar, facilitar, promocionar, e impulsar toda clase de actuaciones generadoras de empleo y de actividad econ?mica, especific?ndose en el art?culo tres de dichos estatutos las actividades que comprende.
QUINTO.?La principal actividad de la empresa demandada consiste en la b?squeda de recursos para generar actividad econ?mica y empleo, para ello recibe fundamentalmente subvenciones de origen p?blico, as? del Ayuntamiento, del INEM, y del Fondo Social Europeo.
SEXTO.?Por orden de 10-12-01 (DOGC n.? 3542, de 28-12-2001) se establecieron las bases reguladoras para la concesi?n de subvenciones para la realizaci?n de acciones de orientaci?n profesional para la ocupaci?n de acuerdo tambi?n con la resoluci?n de 19 de febrero de 2002 (DOGC n.? 3586 de 1-3-02) de convocatoria para el a?o 2000 para la prestaci?n de las solicitudes para la obtenci?n de las subvenciones.
S?PTIMO.?La obtenci?n de los recursos se produce a trav?s de otorgamientos de subvenciones, as? por resoluci?n del INEM de 13-6-02 y para la realizaci?n de itinerarios personales de inserci?n, se concedi? al Ayuntamiento o de Barcelona una subvenci?n de 554.198,69 euros para la realizaci?n durante el a?o 2002, de 1.050 itinerarios personales de inserci?n (IPI), en los t?rminos que resultan en el folio 359 de los obrantes en autos. Y el INEM por resoluci?n posterior de 14-4-03 otorg? otra subvenci?n al Ayuntamiento de Barcelona por la cantidad de 614.791,15 euros para la realizaci?n durante el a?o 2003 de 1.120 itinerarios personales de inserci?n. En los anexos se fijan los trabajadores que pueden ser contratados, la duraci?n y categor?as profesionales que se necesitan.
OCTAVO.?La trabajadora fue contratada como auxiliar administrativo para el apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI 2003. Las funciones que ten?a que realizar consist?an en: atenci?n personal y telef?nica de las acciones previstas en el programa; dar apoyo administrativo en aquellas tareas que as? lo requiriese el propio programa; recoger y organizar la documentaci?n administrativa seg?n los requerimientos del programa, introducci?n de datos a las aplicaciones correspondientes, mecanizaci?n y consulta de datos a la aplicaci?n espec?fica que determine la entidad otorgante y en relaci?n a la gesti?n del programa.
NOVENO.?La demandante durante el per?odo de duraci?n del contrato de obra si bien realiz? las funciones que se describen como desarrollo al programa IPI 2003; tambi?n realiz? labores de recepcionista los viernes por la ma?ana y dos tardes a la semana; los viernes sustituyendo a una trabajadora que realizaba funciones sindicales, adem?s introduc?a datos de otros programas, daba soporte administrativo a los t?cnicos de empresa, y en muchos casos llevaba a cabo la gesti?n de agenda de muchos t?cnicos de empresa.
D?CIMO.?La demandante se encuentra embarazada.
UND?CIMO.?La trabajadora es representante legal de los trabajadores.
DUOD?CIMO.?Con fecha 21 de enero de 2004 se present? papeleta de conciliaci?n ante el SMAC, celebr?ndose dicho acto con el resultado de intentado sin efecto el d?a 3 de febrero de 2003.?
Tercero.?Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte demandada, que formaliz? dentro de plazo, se dio traslado a la parte contraria y se impugn? por la representaci?n procesal de D.? Mar?a Antonieta, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.?Recurre la sociedad condenada el desfavorable pronunciamiento judicial que declar? de "la nulidad del despido? de la actora (con efectos del 31 de diciembre de 2003) para interesar a trav?s del primero de sus motivos de revisi?n f?ctica se precise como las "labores? desarrolladas por la misma (ajenas al "programa IPI 2003? para el que fue contratada) lo fueron seg?n el contenido de los propios testimonios judicialmente valorados con car?cter puntual, espor?dico u ocasional; a?adiendo (con apoyo en la "memoria de actividades?) que "del total de participantes en acciones de fomento de la ocupaci?n y mejora de la ocupabilidad (para) el a?o 2003 en el Centro de Servicios de Promoci?n Econ?mica y Ocupaci?n de Barcelona Activa del Ensanche y Sarri?-San Gervasio, al que estaba adscrita la demandante, un 34,2% pertenecieron al Programa IPI? (f.562).
Seg?n reiterada doctrina mantenida por esta Sala en sus sentencias de 28 de junio de 1997, 17 de julio de 1998, 15 de junio de 1999, 28 de febrero y 15 de mayo de 2000 y 4 de mayo de 2001 entre otras muchas s?lo es posible la revisi?n de los hechos probados de la sentencia dictada en el proceso laboral cuando, adem?s de patentizarse el error del Juzgador (sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos) de documentos o pericias obrantes en los autos que as? lo evidencien y se?alarse los p?rrafos a modificar ofreciendo redacci?n alternativa que delimite el contenido de la pretensi?n revisoria, no se vea ?sta desvirtuada por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicci?n entre las mismas debe prevalecer el criterio del juez de instancia, a quien la ley reserva la funci?n de valoraci?n de las aportadas.
En efecto, en nuestro sistema jur?dico-procesal y en relaci?n con la prueba rige el principio de adquisici?n procesal seg?n el cual una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria, cual ha sostenido tanto el Tribunal Supremo en sentencia de 31 de mayo de 1990 y 10 de noviembre de 1999, como el Constitucional en las de 7 de mayo de 1984, 28 de octubre de 1985 o en el Auto 518/1985, de 17 de junio. Correspondiendo, en cualquier caso, al Juzgador de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediaci?n del proceso laboral, apreciar los elementos de convicci?n concepto m?s amplio que el de medios de prueba para establecer la verdad procesal intentando su m?xima aproximaci?n a la verdad real, valorando, en conciencia y seg?n las reglas de la sana cr?tica, la practicada en autos. Reitera la Sala en este sentido (SS de 31 de enero y 20 de septiembre de 2001) el criterio seg?n el cual "(...) la apreciaci?n de la prueba es facultad que corresponde al ?rgano judicial de instancia, que debe ser libremente ejercitada por el mismo, con el ?nico requisito de que no resulte arbitraria, il?gica, irracional y absurda y se encuentre adem?s debida y suficientemente motivada?.
En el presente supuesto alcanza la Juzgadora "a quo? su censurada conclusi?n f?ctica sobre la base de una "especial? y "cr?tica? valoraci?n de "la prueba documental aportada por ambas partes y testifical propuesta? (FJ 1); prueba, esta ?ltima, que no puede ser eficazmente invocada por quien recurre sin vulnerar tanto las normas que disciplinan el interpuesto recurso extraordinario [arts. 191.b) y 194 LPL] como el principio de inmediaci?n sobre el que se sustenta.
Igual suerte adversa merece seguir una propuesta de adici?n que (y sin perjuicio de su relevancia litigiosa) se fundamenta en una simple manifestaci?n escrita que, emitida por la propia empresa, no participa de la condici?n de "documento? h?bil a efectos revisorios.
Se rechaza, en consecuencia, este primer motivo de recurso.
Segundo.?Dirige ?sta el segundo de sus motivos a la denunciada infracci?n (por interpretaci?n err?nea) de los art?culos 15.1.? y 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores en relaci?n a la indebida aplicaci?n del "55.5.?... y la jurisprudencia vertida en la materia?.
Sostiene la empresa recurrente (en contra del censurado criterio judicial) que la demandante (contratada el 10 de junio de 2003 para "dar apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI Itinerarios Personalizados de Inserci?n para el a?o 2003 de acuerdo con la resoluci?n del director del Servicio de Ocupaci?n de fecha 11 de abril de 2003, seg?n Orden 10/12/01?) "ha realizado funciones propias del programa objeto de su contrato, sin que la realizaci?n secundaria y residual de tareas pertenecientes a otros programas pueda tener la incidencia pretendida? en orden a la declarada nulidad del despido de que se trata cuando "en ning?n caso la destinaci?n de menos del 10% de la jornada a la realizaci?n de tareas no pertenecientes al objeto del contrato puede sustentar la concurrencia de fraude de ley, teniendo en cuenta la identidad de las funciones realizadas por la trabajadora en virtud del Programa y de la magnitud e importancia de ?ste en la total actividad del Centro?.
Conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial (manifestada, entre otras, por las SSTS de 10 de diciembre de 1996 y 19 de marzo de 2002) los requisitos de "validez del contrato de obra o servicio determinado? vienen determinados porque "la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonom?a y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; que su ejecuci?n, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duraci?n incierta; que se especifique e identifique en el contrato, con precisi?n y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto y (condici?n de especial relevancia en orden a la decisi?n de litis) que en el desarrollo de la relaci?n laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecuci?n de aqu?lla o en el cumplimiento de ?ste y no en tareas distintas...?
A este ?ltimo requisito se refiere la Sala al invocar criterios de normalidad o habitualidad, afirmando (en la de 11 de octubre de 2002 con cita de las del Tribunal Supremo de 10 y 30 de diciembre de 1996 y 19 de enero de 1999) la necesidad de que "en el desarrollo de la actividad laboral, el trabajador sea ocupado en la ejecuci?n de aqu?lla o en el cumplimiento de ?ste y no normalmente en tareas distintas?; criterio que se reitera en las posteriores de 16 de enero y 17 de febrero de 2003.
Afirma en esta misma l?nea la STSJ del Pa?s Vasco 12 de noviembre de 2002 (con cita de la del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1989 y de las de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias S de 28 de mayo de 1999, Castilla y Le?n 7 de junio de 1999 y Extremadura S. de 14 de mayo de 1997) que el fraude en la contrataci?n por obra o servicio determinado no opera autom?ticamente por el simple hecho de prestar servicios ajenos al objeto propio de un contrato temporal de esa naturaleza, cualquiera que sean las circunstancias y razones de esa extralimitaci?n, toda vez que "la desviaci?n intencional propia de una actuaci?n de fraudatoria en el ?mbito de la contrataci?n laboral exige una abierta y manifiesta contradicci?n entre los t?rminos del contrato y el ulterior comportamiento adoptado por las partes que lo suscribieron en relaci?n con la finalidad objetiva perseguida con el mismo, sin que, por tanto, quepa tachar de fraudulento a aqu?l por la simple aparici?n, en su desarrollo, de alguna ocasional nota destipificadora de su propio car?cter cuando, en contraposici?n, se advierte una constante l?nea de desenvolvimiento contractual acorde con su espec?fica naturaleza. Para que el fraude de ley pueda viciar el contrato, priv?ndole de los efectos que le son propios concluye la sentencia que se cita de nuestro m?s Alto Tribunal ha de patentizarse la radical discordancia entre el fin propio de aqu?l y el realmente perseguido por las partes, que revele la an?mala utilizaci?n de una norma legal para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jur?dico...?
En el presente supuesto (y as? resulta del incombatido octavo hecho probado) "la trabajadora que fue contratada como auxiliar administrativa para el apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI 2003?, ten?a encomendada la "atenci?n personal y telef?nica de las acciones previstas en el programa; dar apoyo administrativo en aquellas tareas cuando as? lo requiriese el propio programa; recoger y organizar la documentaci?n administrativa seg?n los requerimientos del programa (con) elaboraci?n de estad?sticas y gr?ficos de las acciones realizadas dentro del (mismo); introducci?n de datos a las aplicaciones correspondientes, mecanizaci?n, consulta de datos a la aplicaci?n espec?fica que determine la entidad otorgante y en relaci?n a la gesti?n de (dicho) programa?. Pues bien, aun habiendo realizado "durante el per?odo de duraci?n del contrato de obra ... las funciones que se describen como desarrollo del programa IPI 2003, tambi?n realiz? labores de recepcionista los viernes por la ma?ana (sustituyendo a una trabajadora que realizaba funciones sindicales) y dos tardes a la semana ... adem?s introduc?a datos de otros programas, daba soporte administrativo a los t?cnicos de la empresa y en muchos casos llevaba a cabo la gesti?n de agenda de muchos t?cnicos de empresa? (Hp 9.?); produci?ndose, de este forma, una desviaci?n funcional (respecto del cometido propio del objeto de su coyuntural contrato) que supera en exceso tanto desde una perspectiva temporal como objetiva los l?mites del flexibilizador criterio manifestado (entre otras) por la sentencia que se cita del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1989 (en la que se consider?, "la inexistencia de despido, en el caso de quien hab?a prestado servicios durante cinco a?os en la obra objeto del contrato sin m?s interrupciones que durante dos per?odos de 2 d?as y menos de un mes, en que lo hizo en otras?); recordando, por su parte, la de 25 de noviembre de 2002 como no es v?lido argumentar a favor de la indistinta ocupaci?n a favor de cualquiera de los servicios con que cuenta la empresa "(...) porque la modalidad contractual prevista en el art?culo 15.1.a) Estatuto de los Trabajadores s?lo autoriza contratar a su amparo, cuando el objeto lo constituye una sola obra o servicio determinado, no un conjunto de ellos?.
Tercero.?El ratificado fraude de ley en la contrataci?n litigiosa determina la judicialmente declarada nulidad de su extinci?n, pues con independencia de que la parte no haya razonado "la pertinencia y fundamentaci?n? de la infracci?n que se invoca del art?culo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores "ex? 194.2 LPL (al limitarse a considerar, con amparo "en lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET?, que no nos encontramos ante "el supuesto previsto? en aqu?l) es lo cierto que la calificaci?n que en derecho procede a la resoluci?n enjuiciada no puede ser otra que la de su decidida nulidad, conforme a lo establecido en la letra a) de aquel primer precepto y en relaci?n al inatacado 10.? ordinal f?ctico de la sentencia.
Cuarto.?El rechazo del recurso interpuesto determina la condena en costas de la Sociedad recurrente por importe que (y a los efectos de lo establecido en el art?culo 233 LPL) la Sala fija en 300 Euros. Se decreta la p?rdida de la consignaci?n y dep?sito efectuados por aqu?lla, firme que sea la presente resoluci?n (art. 202 LPL).
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y dem?s disposiciones de general y pertinente aplicaci?n
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de suplicaci?n interpuesto por la empresa "BARCELONA ACTIVA, S.A.? frente a la sentencia de 27 de febrero de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social 9 de Barcelona en los autos 45/2004, seguidos a instancia de D.? Mar?a Antonieta; debemos confirmar y, en su integridad, confirmamos la citada resoluci?n, con expresa imposici?n de costas a la Sociedad recurrente en la se?alada cuant?a de 300 euros.
Se decreta la p?rdida de la consignaci?n y dep?sito efectuados por aqu?lla, firme que sea la presente resoluci?n.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casaci?n para la Unificaci?n de Doctrina que deber? prepararse ante esta Sala en los diez d?as siguientes a la notificaci?n, con los requisitos previstos en los n?meros 2 y 3 del Art?culo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Publicado por tuasesor @ 0:16
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