Martes, 26 de abril de 2005
STC 202/1999, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1999.- SOBRE BAJAS M?DICAS ANOTADAS EN FICHA DE PERSONAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pedro Cruz Villal?n, Presidente, don Manuel Jim?nez de Parga y Cabrera, don Pablo Garc?a Manzano, don Pablo Cach?n Villar, don Fernando Garrido Falla y do?a Mar?a Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de amparo n?m. 4.138/96, interpuesto por don Sergi Lafont Escayola, bajo la representaci?n procesal de la Procuradora de los Tribunales do?a Isabel Sober?n Garc?a de Enterr?a y asistido por el Letrado don Rafael Senra Biedma, contra la Sentencia n?m. 6483/1996, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, de 14 de octubre de 1996, desestimatoria del recurso de suplicaci?n interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, de 30 de enero de 1996, reca?da en los autos n?m. 1.128/95. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Banco Central Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador don Rafael Reig Pascual y bajo la direcci?n del Letrado don Angel Hern?ndez del R?o. Ha sido ponente el Magistrado don Pablo Cach?n Villar, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado el 15 de noviembre de 1996, do?a Isabel Sober?n Garc?a de Enterr?a, Procuradora de los Tribunales y de don Sergi Lafont Escayola, interpuso recurso de amparo constitucional contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, n?m. 6.483/1996, por la que se desestimaba el recurso de suplicaci?n n?m. 3.708/96, interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, de fecha 30 de enero de 1996, reca?da en los autos n?m. 1.128/95.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resoluci?n del caso son, en s?ntesis, los siguientes:
a) El actor, presidente del Comit? de Empresa de la oficina principal del Banco Central Hispanoamericano en Barcelona, interpuso, con fecha 16 de noviembre de 1995, demanda contra dicha entidad de cr?dito, por vulneraci?n de derechos fundamentales. El conocimiento de dicha demanda correspondi?, seg?n turno de reparto, al Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, dando lugar a la formaci?n de los autos n?m. 1.128/95, que fueron tramitados conforme a lo dispuesto en los arts. 175 a 182 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. El proceso concluy? por Sentencia de 30 de enero de 1996, desestimatoria de la pretensi?n ejercitada por el demandante.
b) Seg?n los hechos declarados probados en dicha Sentencia, a los que expresamente se remite el recurrente en su escrito de demanda, la entidad crediticia demandada, que ostenta la condici?n de colaboradora de la Seguridad Social, dispone de unos locales de empresa en los que se realizan las visitas de sus trabajadores a los facultativos de la Seguridad Social y donde est?n ubicados, asimismo, los servicios m?dicos de empresa. Estos servicios se prestan por cuatro m?dicos, tres de los cuales ostentan la condici?n de facultativos del Institut Catal? de la Salut al tiempo que empleados de la entidad de cr?dito. La empresa dispone de un sistema inform?tico, con una sola base de datos, donde existen unos ficheros m?dicos en los que constan los resultados de las revisiones peri?dicas realizadas por los servicios m?dicos de la empresa y empresas m?dicas subcontratadas, as? como los diagn?sticos m?dicos de todas las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores extendidas por los facultativos de la Seguridad Social. El fichero m?dico, que no se encuentra individualizado, no est? dado de alta como tal en la Agencia de Protecci?n de Datos y ?nicamente tienen acceso al mismo los referidos facultativos y un empleado del Banco, en su calidad de administrador ?nico de inform?tica, encuadrado funcionalmente en la Jefatura de Personal, Secci?n de Recursos Humanos, que es quien suministra a aqu?llos la clave de paso.
El actor se dirigi? por escrito, con fecha 28 de agosto de 1995, a la entidad de cr?dito donde presta sus servicios, solicitando relaci?n de todos los datos relativos a su salud obrantes en los ficheros inform?ticos que posee el Banco. En respuesta a esta solicitud, el Director de los Servicios M?dicos de Empresa remiti? al interesado escrito de 29 de septiembre siguiente, d?ndole cuenta de los datos m?dicos que al mismo ata??an existentes en el fichero informatizado de utilizaci?n por el servicio, consistentes todos ellos en las bajas temporales causadas por el trabajador desde el 9 de abril de 1988 hasta el 1 de agosto de 1995, con las fechas de baja y alta y diagn?stico, tal y como figuran en los impresos oficiales del Institut Catal? de la Salut.
c) La Sentencia de 30 de enero de 1996 neg? que la existencia en la empresa del fichero informatizado suponga una vulneraci?n del derecho fundamental del demandante a la intimidad (art. 18 C.E.), dado que la informaci?n confidencial que solicit? le fue facilitada ?nicamente a ?l, habi?ndose adoptado las medidas precisas para evitar su divulgaci?n o conocimiento por terceros. Igualmente, en la referida decisi?n judicial se indica que la inclusi?n del diagn?stico en los partes de baja m?dica por incapacidad transitoria facilita la posible decisi?n empresarial de controlar, conforme a lo dispuesto en el art. 20.4 E.T. y a trav?s de sus servicios m?dicos, la evoluci?n de los trabajadores que se encuentran en dicha situaci?n. Por otro lado, se destaca que la existencia misma del fichero representa una obligaci?n impuesta a los Servicios P?blicos de Salud por el art. 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (en adelante, L.G.S.) y, por extensi?n, a las Mutuas Patronales y a las Empresas con servicio de colaboraci?n en la asistencia sanitaria e incapacidad temporal [art. 208.1 b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo]. Finalmente, la resoluci?n judicial remite la posible infracci?n de los preceptos de la Ley Org?nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci?n del Tratamiento Automatizado de Datos de car?cter personal (en adelante, L.O.R.T.A.D.), o del Real Decreto 1.332/1994, de 20 de junio, de desarrollo parcial de aqu?lla, a las acciones que pudieran corresponder en v?a administrativa.
d) Frente a dicha Sentencia se interpuso recurso de suplicaci?n (rollo n?m. 3.708/96) ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, siendo desestimado por Sentencia de 14 de octubre de 1996. En lo que ahora interesa, la desestimaci?n se funda, en primer lugar, en que el fichero en cuesti?n est? formado por la reuni?n de las hojas cl?nicas de cada uno de los trabajadores visitados por el servicio m?dico de la empresa, colaboradora de la Seguridad Social, no pudiendo exig?rsele mayores garant?as y controles, por ser su soporte inform?tico, que aqu?llas que debiera tener en el supuesto de hallarse en soporte papel. Asimismo, se resalta que el art. 11 L.O.R.T.A.D. autoriza a los centros sanitarios, tanto p?blicos como privados, y a los profesionales correspondientes, el tratamiento automatizado de los datos relativos a la salud, de donde se concluye que el fichero gestionado por la entidad demandada no requer?a de previa autorizaci?n administrativa. Tampoco se apreci? vulneraci?n de los arts. 5 y 23 L.O.R.T.A.D., pues no se trata de datos solicitados al interesado y no habr?a quedado acreditada extralimitaci?n alguna del personal que tiene acceso al fichero. Igualmente, se entiende que la gesti?n del fichero se habr?a llevado a cabo de conformidad con lo prevenido en los arts. 9, 10, en cuanto a seguridad y secreto del fichero, y 13, todos ellos de la L.O.R.T.A.D., dado que no se ha producido petici?n alguna de rectificaci?n y no se estima procedente la cancelaci?n en cuanto la existencia de informaci?n relativa a la salud es garant?a tanto del paciente como de los facultativos que le prestan asistencia. Se insiste, finalmente, en la posibilidad de interesar en su caso la actuaci?n de la Agencia de Protecci?n de Datos, conforme a lo establecido en el art. 17 L.O.R.T.A.D.
3. El recurrente aduce vulneraci?n de los arts. 18 (especialmente, en su apartado cuarto) y 24.1 C.E., puesto que las resoluciones judiciales impugnadas no anularon las actuaciones llevadas a cabo por la entidad demandada. Siguiendo la estructura expositiva del escrito de demanda, habremos de dar cuenta, en primer lugar, de la relaci?n de hechos que contiene, para analizar posteriormente las alegaciones relativas a la vulneraci?n de los derechos fundamentales mencionados.
a) El solicitante de amparo sostiene que los hechos declarados probados en ambas decisiones resultan concluyentes al respecto, pues la entidad hab?a procedido a crear una base de datos en la que figuran, al menos, los diagn?sticos de las enfermedades que originaron una situaci?n de baja laboral por incapacidad temporal, sin requerir para ello la previa autorizaci?n del interesado, ni invocar inter?s contractual alguno; de igual modo, tampoco se aduce dicho inter?s para motivar la negativa a la cancelaci?n de los datos obrantes en el archivo automatizado. Dicho archivo no est? dado de alta en la Agencia de Protecci?n de Datos, por lo que no existe responsable oficial del mismo, y a ?l tienen acceso, por un lado, los cuatro m?dicos contratados por la entidad crediticia como m?dicos de empresa y, por otro, un empleado del Banco adscrito al ?rea de personal, que no ostenta la condici?n de facultativo y que facilita la clave de acceso al sistema. Finalmente, el recurrente pone de manifiesto una situaci?n de pluriempleo de los m?dicos al servicio de la entidad, dado que son tambi?n facultativos de la Seguridad Social.
A juicio del recurrente, las resoluciones judiciales impugnadas habr?an otorgado una injustificada primac?a al derecho del empresario a que se le facilite el control de las situaciones de incapacidad temporal de sus empleados sobre el derecho fundamental a la intimidad. De donde resultar?a la vulneraci?n del art. 18 C.E., particularmente en su apartado cuarto, en relaci?n con determinados preceptos de la L.O.R.T.A.D., la jurisprudencia de este Tribunal contenida en su Sentencia 254/1993 y el Convenio para la protecci?n de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de car?cter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981.
Denuncia el recurrente que desde el a?o 1990 ven?a solicitando a la entidad crediticia la cancelaci?n de los datos automatizados relativos a su salud, obteniendo respuesta ?nicamente despu?s de que se dirigiera a la Agencia de Protecci?n de Datos y ?sta le indicara que el fichero no figuraba inscrito en sus registros. En todo caso, esa respuesta se ha limitado a la comunicaci?n de los datos sobre el interesado obrantes en el registro, rechaz?ndose la petici?n de cancelaci?n.
b) Seguidamente, se exponen de manera pormenorizada seis alegaciones referidas a la vulneraci?n del art. 18 C.E., particularmente de su apartado cuarto, la primera de las cuales se refiere a la creaci?n del fichero automatizado. Se recuerda que, conforme al art. 6 del Convenio de 28 de enero de 1981, la misma s?lo es posible si el Derecho interno contiene las garant?as apropiadas. En cumplimiento de esta previsi?n, el art. 6 L.O.R.T.A.D. requiere el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de datos personales, salvo que por ley se disponga lo contrario, o cuando en una relaci?n contractual dichos datos sean precisos para el mantenimiento o cumplimiento del contrato. Pues bien, ni la Ley General de Sanidad, ni tan siquiera las normas reglamentarias reguladoras de los servicios m?dicos de empresa y de la colaboraci?n de las empresas con la Seguridad Social, autorizan la creaci?n de este tipo de fichero sin mediar el consentimiento de los afectados.
Unicamente la Seguridad Social, en su condici?n de Organismo p?blico, se halla facultada para la creaci?n de este tipo de ficheros, y ello con notables limitaciones. No existiendo habilitaci?n legal para la creaci?n, ?sta s?lo es posible si los datos obrantes en ?l resulten imprescindibles para el cumplimiento del contrato, lo que, a la vista de los datos efectivamente existentes, no es el caso, o mediando consentimiento del afectado, que tampoco concurri?. En conclusi?n, la creaci?n de la base de datos vulner? el art. 6.1 L.O.R.T.A.D. en relaci?n con el art. 6 del Convenio de 28 de enero de 1981 y, a su trav?s, el art. 18.4 C.E. Se a?ade que, en cuanto al acceso a los datos obrantes en estos ficheros, deber? limitarse al propio interesado, invoc?ndose al respecto el art. 22.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci?n de Riesgos Laborales.
Por lo que se refiere al derecho a la informaci?n del afectado, proclamado en el art. 5 L.O.R.T.A.D., se reitera la negativa de la empresa a reconocer la existencia misma del fichero, destac?ndose que ninguna informaci?n le fue facilitada al actor, hasta el acto del juicio oral, acerca de la finalidad del fichero, los destinatarios de la informaci?n, identidad y direcci?n del responsable del fichero, o sobre los derechos de acceso y rectificaci?n. Igualmente, se habr?an incumplido los requisitos del art. 23 L.O.R.T.A.D., de donde deriva la obligada comunicaci?n al afectado. Los hechos denunciados vulnerar?an, asimismo, el art. 8 del Convenio de 28 de enero de 1981.
Tampoco habr?a quedado salvaguardado el derecho de acceso al fichero, tanto por la actitud obstruccionista de la empresa, como por no haber dado de alta aqu?l en los organismos oficiales. Por otra parte, en el art. 4 L.O.R.T.A.D. se establece la obligaci?n de que los datos sean almacenados de tal modo que se facilite el ejercicio del mencionado derecho. Otro tanto cabe decir del derecho de rectificaci?n, que no ha podido ser ejercido al no respetarse las garant?as legales en las fases anteriores, vulner?ndose con ello los arts. 15 L.O.R.T.A.D. y 8 c) del Convenio de 28 de enero de 1981.
Respecto del derecho del actor a la cancelaci?n de los datos que sobre su salud personal obran en el fichero, recuerda el recurrente que no han arrojado resultado alguno las denuncias efectuadas ante el Colegio Oficial de M?dicos, la Inspecci?n de Trabajo y la Agencia de Protecci?n de Datos. La falta de cancelaci?n de los datos ir?a contra los arts. 4 L.O.R.T.A.D. y 8 c) del Convenio de 28 de enero de 1981, pues ni siquiera se han "despersonalizado" los datos. La negativa no puede fundarse, como parecen dar a entender las resoluciones judiciales impugnadas, en la facultad de control por el empresario de la autenticidad de las causas de incapacidades temporales, pues dicho control ha de efectuarse durante el tiempo de la baja laboral y no tras su finalizaci?n. A fortiori, el control versar? sobre la autenticidad de la causa y no sobre el diagn?stico, al ser ?ste un dato inserto en la confidencialidad m?dica. Dicho de otro modo, la legalidad vigente autoriza al empresario a controlar, constante la situaci?n de incapacidad transitoria, la veracidad de esa situaci?n, pero no el diagn?stico m?dico. En el bien entendido de que esta facultad habr? de ejercerse conforme a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sin que en ning?n caso pueda vaciar de contenido el derecho fundamental a la intimidad.
En lo que ata?e a la confidencialidad de los datos, las Sentencias impugnadas han estimado probado el hecho de que los mismos se encuentran en un fichero integrado en la base de datos general de la empresa. Igualmente, que a los mismos tienen acceso no s?lo los cuatro m?dicos, contratados en la empresa y facultativos de la Seguridad Social, sino tambi?n un empleado de la entidad crediticia, adscrito a la jefatura de personal, que es quien proporciona la clave de acceso. Todo ello representa, en opini?n del recurrente, un atentado a la confidencialidad de los datos, pues tienen acceso a ellos m?dicos distintos de los que atienden al trabajador, que mantienen una relaci?n contractual con la entidad demandada, por lo que no existe ning?n motivo que justifique su conocimiento del historial cl?nico del recurrente. A este respecto, se aduce la existencia de un precedente que pone de manifiesto la falta de garant?as de confidencialidad de los datos. En dicho precedente la informaci?n sobre la salud de una trabajadora, al parecer suministrada por los propios servicios m?dicos de la empresa, dio lugar a la no renovaci?n de su contrato temporal.
Tras realizar una exhaustiva exposici?n de la doctrina contenida en la STC 254/1993, se concluye que el criterio mantenido por los ?rganos judiciales en las resoluciones impugnadas es contrario a la misma, lo que ha supuesto la efectiva vulneraci?n del derecho del recurrente a la intimidad (art. 18 C.E.). Finalmente, y frente a lo afirmado en dichas resoluciones judiciales acerca de la existencia de simples infracciones administrativas, se defiende la idoneidad de la v?a jurisdiccional utilizada para reaccionar frente a la conculcaci?n padecida del derecho en cuesti?n.
c) Con car?cter subsidiario a la alegaci?n anteriormente desarrollada, aduce el recurrente vulneraci?n del art. 24.1 C.E., en cuanto la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a le habr?a causado indefensi?n.
En primer lugar, se sostiene que la decisi?n judicial mencionada no respet? la regla de inversi?n de la carga de la prueba que debe regir en el proceso de protecci?n de derechos fundamentales (art. 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral). De haberse atenido a dicha regla, la aportaci?n por el demandante de una suficiente prueba de indicios, no contradicha en ning?n momento por la demandada, hubiera debido llevar, inexorablemente, a la estimaci?n de las pretensiones ejercitadas.
Por otro lado, las razones aducidas para no alterar la relaci?n del supuesto f?ctico, su intrascendencia o la posibilidad de deducir aquellos extremos que se pretend?a se hicieran constar expresamente, deben calificarse de il?gicas e irrazonables, al tiempo que dificultan los posibles recursos que posteriormente puedan entablarse contra la Sentencia.
Tras lo expuesto, concluye el escrito de demanda solicitando la anulaci?n de las resoluciones judiciales impugnadas, por vulnerar los arts. 18 (en especial, su apartado cuarto) y 24.1 C.E. Asimismo, que se declare la nulidad radical de la conducta del Banco Central Hispano en relaci?n con el recurrente, orden?ndose el cese inmediato de la vulneraci?n del art. 18 C.E., con destrucci?n inmediata de los datos m?dicos relativos al demandante obrantes en los archivos de la empresa demandada, lo que deber? ser certificado por dos peritos inform?ticos. Que se libre testimonio de la Sentencia al Ministerio Fiscal, para que, en su caso, se deduzcan las responsabilidades penales que pudiera haber lugar y, asimismo, se libre testimonio a la Agencia de Protecci?n de Datos para que se establezcan las responsabilidades de los depositarios de los ficheros en los que figuraban los datos m?dicos del recurrente. Todo ello, con indemnizaci?n de da?os y perjuicios materiales y morales.
Subsidiariamiente, se solicita la anulaci?n de la Sentencia de suplicaci?n, por vulnerar el art. 24.1 C.E., con retroacci?n de actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al dictado de la Sentencia, para que la Sala sentenciadora se pronuncie de manera razonada sobre la admisi?n o no de las distintas revisiones de hechos que se interesaron y se apliquen los criterios de carga de la prueba establecidos en la Ley de Procedimiento Laboral para los procesos de tutela de los derechos fundamentales y libertades p?blicas.
4. Mediante providencia de 17 de noviembre de 1997, la Secci?n Segunda de este Tribunal acord? la admisi?n a tr?mite del recurso y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y al Juzgado de lo Social n?m. 22 de Barcelona, para que, en el plazo de diez d?as, remitieran respectivamente testimonio del recurso de suplicaci?n n?m. 3.708/96 y de los autos 1.128/95, interes?ndose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepci?n del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez d?as pudieran comparecer en este proceso.
5. La personaci?n del Banco Central Hispanoamericano, S.A., bajo la direcci?n letrada de don Angel Hern?ndez del R?o y representado por el Procurador de los Tribunales don Rafael Reig Pascual, tuvo lugar por escrito registrado en este Tribunal el 16 diciembre de 1997.
6. Por nuevo prove?do de 12 de enero de 1998, la Secci?n Primera de este Tribunal acord? tener por recibidas las actuaciones judiciales solicitadas y por personada a la entidad crediticia mencionada en el antecedente anterior. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acord? dar vista de todas las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal, para que, en el plazo com?n de veinte d?as, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
7. El recurrente evacu? el tr?mite conferido por escrito registrado el 3 de febrero de 1998, ratific?ndose ?ntegramente en los motivos de amparo y pretensiones deducidas en el escrito de demanda. Al respecto, sostiene que de la lectura de los autos se deduce que la entidad crediticia demandada en el proceso judicial ha vulnerado el contenido esencial de su derecho fundamental a la intimidad, almacenando unos datos m?dicos, en especial el diagn?stico de las incapacidades temporales, sin alegar para ello ning?n inter?s contractual o legal. Asimismo, se denuncia la voluntad de la entidad demandada de conservar los datos en el fichero hasta tanto se prolongue la relaci?n contractual con los empleados. Por lo que se refiere a las decisiones judiciales impugnadas, se insiste en que, al no poner fin a la vulneraci?n denunciada, habr?an incurrido en infracci?n de los arts. 18 y 24.1 C.E.
8. El escrito de alegaciones de la entidad de cr?dito se registr? en este Tribunal el d?a 4 de febrero de 1998, desarroll?ndose la l?nea argumental que seguidamente se extracta y que lleva a solicitar la desestimaci?n del amparo.
En primer lugar, se discrepa del relato f?ctico contenido en el escrito de demanda, por cuanto en ?l se incluyen determinados extremos que no quedaron acreditados en el proceso judicial. Es el caso, singularmente, de la denuncia a la Inspecci?n de Trabajo, de las consultas al Colegio de M?dicos, con respuestas gen?ricas de ?ste, ajenas al propio Banco, o, en fin, del pretendido acceso a datos relativos a la salud del recurrente por personal ajeno a los servicios sanitarios de la entidad. Particular hincapi? se hace en que el administrador de la base de datos ?nicamente proporciona la clave de acceso a los m?dicos de la empresa, garantizando con ello el secreto de los archivos y su informaci?n, seg?n consta en el relato de hechos probados contenido en las resoluciones judiciales impugnadas.
Por lo que se refiere a la alegaci?n de infracci?n del art. 24.1 C.E., relativa a las conclusiones extra?das por los ?rganos jurisdiccionales a partir de las pruebas practicadas, se subraya la amplia libertad de criterio que el art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral reconoce en este punto al juzgador para valorar los elementos de convicci?n llevados al pleito por las partes. Partiendo de esta premisa, la representaci?n procesal de la entidad crediticia entiende conforme con el mencionado precepto constitucional la negativa de los ?rganos judiciales a efectuar una alteraci?n del relato f?ctico, en el sentido pretendido por el entonces demandante, tanto m?s cuanto que dicha alteraci?n carece de sustento probatorio. En especial, por lo que se refiere a la referencia a la no renovaci?n del contrato a una trabajadora con contrato temporal, pues lo ?nico que se aport? fue copia simple de un documento no ratificado en juicio ni reconocido por la empresa.
Se recuerda que, con fecha 13 de febrero de 1965, el entonces Banco Hispano Americano y el Instituto Nacional de Previsi?n suscribieron un acuerdo de colaboraci?n en la gesti?n de las prestaciones econ?micas y sanitarias derivadas de las contingencias de enfermedad com?n y accidente no laboral, que afectaba al personal de las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Tras la fusi?n de la entidad con el Banco Central, la Direcci?n General de Ordenaci?n Jur?dica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social autoriz?, mediante Resoluci?n de 15 de septiembre de 1993, la extensi?n del ?mbito subjetivo de colaboraci?n a los empleados procedentes de dicha entidad crediticia. Todo ello de conformidad con los arts. 77 y ss. del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La naturaleza de la relaci?n del personal facultativo con la empresa ha quedado aclarada en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 1993, donde se subraya que existe una sola y ?nica relaci?n jur?dica, que es la estatutaria establecida entre el m?dico y la entidad Gestora de la Seguridad Social, sin que este hecho se vea alterado por la posibilidad de colaboraci?n voluntaria de las empresas en la gesti?n de la Seguridad Social. En su consecuencia, la queja relativa a la inclusi?n en los partes de baja del diagn?stico m?dico deb?a haberse planteado ante los servicios de inspecci?n del INSALUD o del Institut Catal? de la Salut, sin trasladar la responsabilidad a la empresa.
Por otro lado, la existencia y mantenimiento de la historia cl?nica individualizada trae causa del art. 61 de la Ley General de Sanidad, que impone su unicidad y su conservaci?n dentro de la instituci?n asistencial. Igualmente, el art. 10.11 del mismo texto legal establece la obligaci?n de que quede constancia escrita de todo el proceso sanitario. En cuanto a los datos obrantes en los ficheros automatizados, el art. 4.1 L.O.R.T.A.D. dispone que deben ser adecuados y no excesivos en relaci?n con la finalidad perseguida, debiendo evitarse, conforme a la mencionada Ley Org?nica, su divulgaci?n, e imponi?ndose el deber de secreto, pero sin requerir para el tratamiento informatizado de los datos consentimiento alguno cuando una ley prevea otra cosa [art. 11.2 a)]. Pues bien, la Orden de 21 de noviembre de 1959 y disposiciones concordantes vigente, creadoras y reguladoras del servicio m?dico de empresa, establece en su art. 40 la obligaci?n de cumplimentar una ficha m?dica, en impreso normalizado, previ?ndose asimismo su renovaci?n y actualizaci?n anual, con un contenido exhaustivo que se fija en el art. 44, e incluy?ndose un examen y reconocimientos, con incorporaci?n de detallados datos cl?nicos, anal?ticos, e incluso psicot?cnicos, que han de ser conservados en fichas oficiales. Estas mismas obligaciones se derivar?an de los arts. 22 y 23 de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales, limitando el conocimiento de los datos al personal m?dico y sanitario.
Por su parte, la prestaci?n de asistencia m?dica precisa del conocimiento de los antecedentes patol?gicos de los pacientes, pues lo contrario supone un riesgo para la salud, que el legislador no ha ignorado al obligar a los m?dicos a que recaben dicha informaci?n. Esta idea cristaliza en el art. 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevenci?n, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
En cuanto a la preservaci?n del derecho a la intimidad del trabajador, se afirma que las medidas establecidas por la empresa van incluso m?s all? de lo exigido por la normativa aplicable. En lo que interesa al presente recurso, se subraya que s?lo por la jefatura de los servicios m?dicos de empresa se facilitaron directamente al actor los datos protegidos, manteni?ndose el m?s estricto sigilo profesional por las ?nicas personas --los facultativos-- con acceso a dichos datos.
Respecto de la pretendida vulneraci?n del art. 24.1 C.E., se sostiene que dicha alegaci?n pretende dar dimensi?n y alcance constitucional a una cuesti?n de legalidad ordinaria, convirtiendo el recurso de amparo constitucional en una tercera instancia. Raz?n por la cual debe ser, igualmente, desestimada.
9. El Ministerio Fiscal formul? las correspondientes alegaciones en escrito registrado el 12 de febrero de 1998, interesando asimismo la desestimaci?n del recurso.
Tras una sucinta exposici?n de los hechos de que el recurso trae causa se indica, en relaci?n con la alegaci?n de vulneraci?n del derecho fundamental a la intimidad (art. 18 C.E.), que si bien los datos registrados afectan a la intimidad del trabajador, fueron obtenidos de modo leg?timo y deben ser calificados de adecuados y no excesivos, por ser los mismos que figuran en los impresos oficiales de baja laboral. De otro lado, al recurrente se le ha facilitado la informaci?n precisa para conocer la existencia, fines y responsables del fichero, as? como los propios datos, cuya inexactitud o falta de actualidad no se discute. La confidencialidad de los datos parece quedar garantizada y los datos son ?tiles para la adecuada prestaci?n de la asistencia sanitaria. No se ha acreditado, en fin, vulneraci?n alguna del secreto m?dico profesional.
Por lo que hace a la alegada vulneraci?n del art. 24.1 C.E., se se?ala que la fijaci?n de los hechos del proceso y la valoraci?n o apreciaci?n de los medios de prueba tendentes a definir la quaestio facti corresponde en exclusiva a los ?rganos judiciales, exclusividad que tambi?n ostentan, respecto de la interpretaci?n y aplicaci?n de la legalidad ordinaria, en el ejercicio de la funci?n jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 C.E. Se afirma, igualmente, que las pretensiones revisoras del relato f?ctico obtuvieron adecuada y pormenorizada respuesta en el fundamento de Derecho 2? de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, por lo que debe concluirse que ha quedado salvaguardado el contenido del art. 24.1 C.E.
10. Mediante providencia de 24 de septiembre de 1999 se se?al? para deliberaci?n y votaci?n de la presente Sentencia el d?a 27 del mismo mes y a?o, d?a en que se inici? el tr?mite que ha finalizado en el d?a de la fecha.

II. Fundamentos jur?dicos
1. Seg?n se ha consignado en los antecedentes, el ahora solicitante de amparo denuncia que la existencia en la entidad crediticia Banco Hispanoamericano, S.A., en la que presta sus servicios, de una base de datos denominada de "absentismo con baja m?dica" en la que figuran los diagn?sticos de las enfermedades que dieron origen a una situaci?n de baja laboral por incapacidad temporal, sin consentimiento expreso de los afectados y sin que la entidad haya alegado en ning?n momento un inter?s contractual suficiente, vulnera los derechos fundamentales proclamados en el art. 18 C.E., en especial en su apartado cuarto. Denuncia que se extiende a la negativa a la cancelaci?n de los datos obrantes en el fichero, as? como al hecho de que puedan tener acceso a la base tanto los cuatro m?dicos de la empresa como un empleado de ?sta, adscrito al ?rea de personal, que no goza de la condici?n de facultativo y que es quien proporciona la clave de entrada en el sistema, con lo que no quedar?a garantizada la confidencialidad de los datos. Finalmente, pone de manifiesto que la base de datos en cuesti?n no est? dada de alta en la Agencia de Protecci?n de Datos, no existiendo, por tanto, un responsable oficial del fichero.
Con car?cter subsidiario, aduce el demandante de amparo vulneraci?n del art. 24.1 C.E., puesto que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a n?m. 6483/1996, de 14 de octubre de 1996, desestimatoria del recurso de suplicaci?n interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 22 de Barcelona, de 30 de enero de 1996, le habr?a causado indefensi?n por un doble motivo. De una parte, en la meritada Sentencia no se habr?a respetado la regla de inversi?n de la carga de la prueba que, conforme al art. 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, ha de regir en los procesos de protecci?n de derechos fundamentales. La adecuada aplicaci?n de este criterio hubiera debido conducir, siempre a juicio del recurrente, a la estimaci?n de la pretensi?n deducida. De otra, sostiene que las razones aducidas para no modificar la relaci?n de hechos probados, que merecen ser calificadas de il?gicas e irrazonables, dificultan los hipot?ticos recursos que pudieran entablarse contra la Sentencia.
A la estimaci?n del presente recurso de amparo se oponen de consuno la entidad crediticia y el Ministerio Fiscal, para quienes no se ha acreditado vulneraci?n alguna del derecho fundamental a la intimidad, pues los datos fueron obtenidos de manera leg?tima y su confidencialidad ha quedado suficientemente garantizada, no habi?ndose acreditado ning?n uso de los mismos desviado del fin que justific? su obtenci?n. Por lo que hace a la alegada conculcaci?n del art. 24.1 C.E., se sostiene que el ?rgano judicial ha actuado, en la valoraci?n de los medios de prueba llevados al proceso por las partes, dentro de las facultades legalmente reconocidas, dando respuesta adecuada y fundada en Derecho a las pretensiones revisoras del relato f?ctico.
2. Una vez expuestos, de manera necesariamente sucinta, los t?rminos en que se ha trabado el debate procesal, parece oportuno iniciar el examen de los argumentos aducidos por el solicitante de amparo por aquellos motivos que fundamentan la pretensi?n principal ejercitada. Es decir, los que hacen referencia a la alegada vulneraci?n de su derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 y 4 C.E.).
Al respecto, interesa recordar que este Tribunal ha tenido ya ocasi?n de advertir que el derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 C.E., se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ning?n g?nero de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 C.E. reconoce [SSTC 231/1988, fundamento jur?dico 3?; 197/1991, fundamento jur?dico 3?; 142/1993, fundamento jur?dico 7?; 57/1994, fundamento jur?dico 5? A); 143/1994, fundamento jur?dico 6? y 207/1996, fundamento jur?dico 3? B) y ATC 30/1998, fundamento jur?dico 2?], e implica, necesariamente, la existencia de un ?mbito propio y reservado frente a la acci?n y conocimiento de los dem?s, necesario, conforme a las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad m?nima de la vida humana [SSTC 110/1984, fundamento jur?dico 3?; 170/1987, fundamento jur?dico 4?; 231/1988, fundamento jur?dico 3?; 197/1991, fundamento jur?dico 3?; 57/1994, fundamento jur?dico 5? A); 143/1994, fundamento jur?dico 6?; 207/1996, fundamento jur?dico 3? B) y 151/1997, fundamento jur?dico 5?].
Atendiendo en especial al elemento teleol?gico que la proclamaci?n de este derecho fundamental incorpora, la protecci?n de la vida privada como protecci?n de la libertad y de las posibilidades de autorrealizaci?n del individuo (STC 142/1993, fundamento jur?dico 8?), este Tribunal ha tenido asimismo ocasi?n de se?alar que la protecci?n dispensada por el art. 18.1 C.E. alcanza tanto a la intimidad personal stricto sensu, integrada, entre otros componentes, por la intimidad corporal (SSTC 37/1989, fundamento jur?dico 7?; 137/1990, fundamento jur?dico 10?; 207/1996, fundamento jur?dico 3?) y la vida sexual (STC 89/1987, fundamento jur?dico 2?), como a determinados aspectos de la vida de terceras personas que, por las relaciones existentes, inciden en la propia esfera de desenvolvimiento del individuo (SSTC 231/1988, fundamento jur?dico 4? y 197/1991, fundamento jur?dico 3?). Por lo que se refiere a los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desarrolla su actividad, si bien no se integran en principio en la esfera privada de la persona (STC 142/1993, fundamento jur?dico 7? y ATC 30/1998, fundamento jur?dico 2?), sin embargo no cabe ignorar que, mediante un an?lisis detallado y conjunto de los mismos, es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida ?ntima personal y familiar (STC 142/1993, fundamento jur?dico 8?), en cuyo ?mbito se encuentran, sin duda, las referencias a la salud.
La hip?tesis ahora planteada adquiere una dimensi?n singular por mor de la generalizaci?n del tratamiento automatizado de datos personales. En previsi?n de los nuevos riesgos que ello pueda originar para la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos, se dispone en el art. 18.4 C.E. que "la Ley limitar? el uso de la inform?tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Se trata, por tanto, de un instituto de garant?a de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero tambi?n de un instituto que es, en s? mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ileg?timo del tratamiento mecanizado de datos (SSTC 254/1993, fundamento jur?dico 6? y 11/1998, fundamento jur?dico 4?). De suerte que, como se precisara en la STC 143/1994, "un sistema normativo que, autorizando la recogida de datos incluso con fines leg?timos, y de contenido aparentemente neutro, no incluyese garant?as adecuadas frente a su uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano, a trav?s de su tratamiento t?cnico, vulnerar?a el derecho a la intimidad de la misma manera en que lo har?an las intromisiones directas en el contenido nuclear de ?sta" (fundamento jur?dico 7?; en el mismo sentido, STC 94/1998, fundamento jur?dico 4?).
Por consiguiente, la garant?a de la intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la llamada "libertad inform?tica" es as? derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa inform?tico (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposici?n del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aqu?l leg?timo que justific? su obtenci?n (SSTC 254/1993, fundamento jur?dico 7?; 11/1998, fundamento jur?dico 4?; 11/1998, fundamento jur?dico 4? y 94/1998, fundamento jur?dico 4?).
3. Partiendo de estas premisas debemos analizar si la creaci?n y el mantenimiento por la entidad crediticia personada en este proceso constitucional del fichero automatizado denominado "absentismo con baja m?dica", donde se conservan los datos referidos a las bajas laborales causadas por el ahora solicitante de amparo entre el 9 de abril de 1988 y el 4 de agosto de 1995, se acomoda al art. 18 C.E. o lo vulnera.
A este respecto, aduce el recurrente que, trat?ndose de datos de car?cter personal que hacen referencia a la salud, su tratamiento automatizado ?nicamente resultar?a posible ex art. 7 de la Ley Org?nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci?n del Tratamiento Automatizado de Datos de car?cter personal (L.O.R.T.A.D.) si mediase el consentimiento expreso de los afectados o si, por razones de inter?s general, as? lo dispusiera una Ley. Como quiera que ninguno de dichos requisitos concurren en el presente supuesto, ello determinar?a que la creaci?n de la base de datos habr?a vulnerado el art. 18 C.E. al conculcar el derecho a la intimidad personal de los titulares de la informaci?n en ella conservada. As?, tras destacar que la conservaci?n de los datos contenidos en el fichero se llev? a cabo sin conocimiento de los afectados, denuncia que las Sentencias impugnadas, al tratar de amparar la actuaci?n empresarial en las facultades de control de la situaci?n de incapacidad laboral que le reconoce el art. 20.4 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), habr?an procedido a una inadecuada ponderaci?n de los intereses en conflicto, otorgando primac?a al inter?s del empresario sobre el derecho fundamental de los trabajadores a su intimidad.
En franca discrepancia con lo alegado por el demandante de amparo, la entidad crediticia sostiene que la existencia misma del fichero discutido vendr?a no ya autorizada, sino incluso impuesta por la legislaci?n vigente. As?, en defensa de esta tesis se aduce principalmente el art. 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (L.G.S.), que a juicio de la parte personada le impondr?a la obligaci?n de conservar los historiales cl?nico-sanitarios de sus trabajadores. Igualmente, se mencionan los arts. 10.11 del mismo texto legal, conforme al cual ha de quedar constancia escrita de todo el proceso sanitario; 4.1 L.O.R.T.A.D., a cuyo tenor los datos recabados han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relaci?n con el ?mbito y las finalidades leg?timas para las que hubieren sido obtenidos, y 7 y 11.2 a), que excepcionan la exigencia de consentimiento previo de los afectados cuando la recogida y tratamiento automatizado de los datos atinentes a la salud se realice en cumplimiento de lo dispuesto en una Ley. Siempre a juicio de la empresa titular del fichero automatizado controvertido, su actuaci?n quedar?a plenamente cubierta por la citada excepci?n seg?n resultar?a de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1959, reguladora de los Servicios M?dicos de Empresa, los arts. 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci?n de Riesgos Laborales y el art. 37 del Reglamento de los Servicios de Prevenci?n, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Por su parte, el Ministerio Fiscal coincide con la entidad crediticia personada al afirmar que los datos fueron obtenidos de forma leg?tima y acorde con lo dispuesto en el art. 8 L.O.R.T.A.D.
4. A fin de elucidar la cuesti?n ahora planteada debemos comenzar precisando que el fichero automatizado de que trae causa el presente proceso constitucional no es un compendio de historiales cl?nico-sanitarios, esto es, de rese?as circunstanciadas de los datos y antecedentes relativos a la salud de los afectados, sino, sencillamente, una relaci?n de partes de baja, como resulta del propio relato de hechos probados (apartado cuarto) de las Sentencias impugnadas. En ellos se consignan las correspondientes fechas de baja y alta laboral, el motivo de la baja (enfermedad com?n o accidente laboral), los d?as durante los cuales se prolong? la situaci?n de incapacidad temporal y el diagn?stico m?dico.
A la vista del contenido del fichero, forzoso resulta convenir que su mantenimiento no se dirige a la preservaci?n de la salud de los trabajadores sino al control del absentismo laboral, lo que, por otra parte, resulta plenamente acorde con la denominaci?n "absentismo con baja m?dica" que recibe el fichero. Consecuentemente, la creaci?n y actualizaci?n del fichero, en los t?rminos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo sostenido por la empresa, en la existencia de un inter?s general (art. 7.3 L.O.R.T.A.D. y, por remisi?n, arts. 10.11 y 61 L.G.S.), que justificar?a la autorizaci?n por ley, sin necesidad del consentimiento del trabajador, para el tratamiento automatizado de los datos atinentes a su salud, ni tampoco en lo dispuesto en los arts. 22 y 23 de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales, habida cuenta de que en el fichero en cuesti?n no se reflejan los resultados arrojados por la vigilancia peri?dica --y consentida por los afectados-- del estado de salud de los trabajadores en funci?n de los riesgos inherentes a su actividad laboral, sino tan s?lo la relaci?n de per?odos de suspensi?n de la relaci?n jur?dico-laboral dimanantes de una situaci?n de incapacidad del trabajador.
5. Dicho ?sto, y teniendo en todo momento presente que la concreta cuesti?n suscitada en el presente recurso de amparo se refiere a la conformidad con el art. 18 C.E. del tratamiento y conservaci?n en el preciso soporte inform?tico de los datos atinentes a la salud del trabajador, a que se acaba de hacer referencia, debemos se?alar que la realizaci?n de dichas actividades prescindiendo del consentimiento expreso del afectado ha de calificarse como una medida inadecuada y desproporcionada que conculca por ello el derecho a la intimidad y a la libertad inform?tica del titular de la informaci?n.
En efecto, conforme se ha apuntado con anterioridad, mediante la creaci?n de la base de datos ahora discutida parece perseguirse un control m?s eficaz del absentismo laboral, seg?n las facultades que al efecto reconoce al empresario la legislaci?n vigente. En este sentido, lo primero que conviene advertir es que entre dichas facultades no figura la de proceder al almacenamiento en soporte inform?tico de los datos atinentes a la salud de los trabajadores --y en concreto del diagn?stico m?dico-- prescindiendo del consentimiento de ?stos. Por otra parte, y con independencia de ello, lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los c?nones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideraci?n de soluci?n id?nea, necesaria y proporcionada para la consecuci?n del fin, en este caso, el control del absentismo laboral [SSTC 66/1995, fundamento jur?dico 5?; 207/1996, fundamento jur?dico 4? E) y 69/1999, fundamento jur?dico 4?], pues no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan m?s beneficios o ventajas para el inter?s general o para el inter?s empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad.
Al respecto, interesa recordar que, en desarrollo de lo previsto en el art. 18.4 C.E., en la L.O.R.T.A.D. se enuncian, entre otros principios generales de la protecci?n de datos, la congruencia y racionalidad de su utilizaci?n, "en cuya virtud ha de mediar una n?tida conexi?n entre la informaci?n personal que se recaba y trata inform?ticamente y el leg?timo objetivo para el que se solicita y, en consecuencia, prohibe tajantemente el uso de los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida (aps. 1 y 2 del art. 4)" (STC 94/1998, fundamento jur?dico 4?), as? como su exactitud y puesta al d?a (art. 4.3). Esta regulaci?n es sustancialmente coincidente con lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, para la protecci?n de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de car?cter personal, ratificado por Espa?a mediante Instrumento de 27 de enero de 1984, y en los arts. 6 y ss. de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, sobre protecci?n de las personas f?sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci?n de estos datos. Pues bien, en este caso debemos afirmar que el expresado tratamiento inform?tico --con vistas a su conservaci?n-- de los datos referidos a la salud de los trabajadores de que tenga conocimiento la empresa quiebra la aludida exigencia de n?tida conexi?n entre la informaci?n personal que se recaba y el leg?timo objetivo para el que fue solicitada.
Consiguientemente, debemos concluir que el tratamiento y conservaci?n del diagn?stico m?dico en la mencionada base de datos sin mediar consentimiento expreso del afectado incumple la garant?a que para la protecci?n de los derechos fundamentales se contiene en el art. 53 C.E.
6. La estimaci?n del motivo principal del recurso torna innecesario el examen del motivo subsidiario, en el que se plantea la vulneraci?n del art. 24.1 C.E. por la resoluciones dictadas en el procedimiento judicial de que este proceso constitucional trae causa. No obstante lo cual, debemos anular dichas resoluciones judiciales por no haber procedido a una adecuada ponderaci?n del derecho fundamental afectado.
Sentado esto, y a efectos de precisar el alcance del fallo, debemos dar expresa respuesta al resto de los pedimentos planteados por el recurrente como parte de su pretensi?n principal. A este respecto, la estimaci?n del recurso ha de llevar aparejada la supresi?n de los diagn?sticos m?dicos consignados en la base de datos denominada "absentismo con baja m?dica" existente en dicha entidad crediticia.
Por contra, debe rechazarse la petici?n de que se deduzca testimonio de la Sentencia al Ministerio Fiscal y a la Agencia de Protecci?n de Datos para que por los mismos se depuren las correspondientes responsabilidades a que pudiere haber lugar. Abstracci?n hecha de que el primero ha comparecido en el presente proceso constitucional, interesa recordar que el art. 164.1 C.E., al establecer la publicaci?n de las Sentencias dictadas por este Tribunal al disponer su inserci?n en el "Bolet?n Oficial del Estado", permite el general conocimiento de ?stas; por ello resulta improcedente acceder a lo solicitado por el recurrente. Se pide asimismo en la demanda de amparo la condena de la empresa a la indemnizaci?n por da?os y perjuicios materiales y morales, causados, seg?n se afirma, por los estados de "nerviosismo y pesadumbre" originados por el conflicto y por el "tiempo de actividad" dedicado a su resoluci?n. Tal pretensi?n indemnizatoria no puede ser acogida, conforme a los arts. 41.3 y 55.1 LOTC, ya que, dados los t?rminos en que se ha producido la vulneraci?n del derecho a la intimidad del recurrente, es claro que tal derecho queda preservado y restablecido en el presente caso por los pronunciamientos que corresponden a las dem?s peticiones de la demanda de amparo, a los que se ha hecho referencia anteriormente, en el presente fundamento jur?dico.

F A L L O
En atenci?n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCI?N DE LA NACI?N ESPA?OLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por don Sergi Lafont Escayola y, en su consecuencia:
1? Declarar que la existencia de diagn?sticos m?dicos en la base de datos "Absentismo con baja m?dica", cuya titularidad corresponde al Banco Central Hispano, vulnera el derecho del recurrente a la intimidad (arts. 18.1 y 4 C.E.).
2? Anular las Sentencias del Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, dictada el 20 de enero de 1996 en los autos n?m. 1.128/95, y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, de 14 de octubre de 1996, reca?da en el recurso de suplicaci?n n?m. 3.708/96.
3? Restablecer al recurrente en el derecho vulnerado y, a tal fin, ordenar la inmediata supresi?n de las referencias existentes a los diagn?sticos m?dicos contenidas en la citada base de datos.
Publ?quese esta Sentencia en el "Bolet?n Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
Publicado por tuasesor @ 0:01
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