Martes, 26 de abril de 2005

REFERENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUBD. PROV. INVALIDEZ.
EXPEDIENTE: 98-5_____6-76
Inic. Expte.: 1__3
A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Don _______________________, nacido con fecha ___________con D.N.I. número _________,
con nº de afiliación a la Seguridad Social ________________, y domiciliado en
_________________________________________, ante ese Organismo comparece, y, como
mejor proceda en Derecho,
DICE:


Que, por medio del presente escrito, viene en interponer escrito de RECLAMACION PREVIA
a la vía jurisdiccional laboral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral vigente, contra la Resolución dictada por la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha:15 de junio de 1998, en base a los siguientes:

MOTIVOS


PRIMERO.- Que, trabajo al servicio de la Empresa ___________________________, con una
antigüedad desde el día _______________, en el centro de trabajo de: ________________, con la
categoría de ___________________, devengando un salario de ____________, mensuales
incluyendo la prorrata de pagas extraordinarias.


SEGUNDO.- Que, con fecha __________, la Dirección Provincial del I.N.S.S. dictó Resolución
en virtud de la cual, se concedía (o no) al compareciente la prestación de
____________________ (p.e. IPP), a tenor del informe emitido por el Equipo de Valoración de
Incapacidades, en el que consta que el compareciente sufre: (descripción de secuelas y/o
incapacidades)__________________________________


TERCERO.- Que, no estoy conforme con dicha Resolución, y, considero que la misma no es
ajustada a Derecho, y, entiendo que las lesiones que padezco son constitutivas de (grado de
incapacidad reclamado), en base a los siguientes motivos:


CUARTO.- Que, a la vista de lo expuesto, solicito que se me reconozca que las lesiones que
padezco son constitutivas de (p.e.) Invalidez Permanente, en el grado de Incapacidad Permanente
Absoluta o subsidiariamente total derivada de accidente de trabajo, y, que, por consiguiente, me
corresponde el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 55 por ciento de la base
reguladora que legalmente me corresponde, que, según mis cálculos es de: ________.- euros.
anuales, _________ euros mensuales, con efectos a partir del día , con independencia
de las revalorizaciones, mínimos y mejoras que me puedan corresponder.


QUINTO (en su caso).- Que esta parte quiere hacer constar que por la Inspección Provincial de
____________ del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha iniciado expediente sobre
declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene a
consecuencia del accidente sufrido por el compareciente en fecha 24 de noviembre de 1994 del
que derivan las lesiones que sufre y a las que se hace mención en este escrito.
Y, por lo expuesto,


SUPLICO A DICHO ORGANISMO, que, habiendo por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, y, en su virtud, dicte Resolución en virtud de la cual, tenga por formulada, en tiempo y
forma, escrito de Reclamación Previa contra la Resolución dela Dirección Provincial del I.N.S.S.
antes citada, y, tras los trámites legales pertinentes, dicte Resolución, en virtud de la cual, se
declare que las lesiones que padezco son constitutivas de _________________________
Es Justicia que se pide en _________, a __________________ de 2___.


C/ _____________________
Rama/ Unión: ____________
Ltdo.: __________________
Tfnos.: _________________


AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE
D/ DÑA:
con Nº D.N.I.: , con Nº de afiliación a la Seguridad Social:
con domicilio en la calle:
ante ese Juzgado de lo Social comparece, y, como mejor proceda en Derecho,
DICE:
Que, por medio del presente escrito, viene a formular DEMANDA por el concepto de:
INVALIDEZ PERMANENTE EN EL GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE
ABSOLUTA O SUBSIDIARIAMENTE TOTAL contra:


A) EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en la persona de su
representante legal, con domicilio social en ___________________________________.
B) LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en la persona de su
representante legal, con domicilio social en ____________________________________.
C) LA EMPRESA , en la persona de su representante legal, con
domicilio social en:
Se fundamenta la presente Demanda en los siguientes,


HECHOS


PRIMERO.- Que, trabajo al servicio de la Empresa demandada, con la antiguedad de:
en el centro de trabajo de: , con la categoría de:
y, devengando un salario de: , mensuales incluyendo la prorrata de pagas
extraordinarias.
SEGUNDO.- Exposición de los hechos.
TERCERO.- Que, a la vista de lo expuesto, solicito que se me reconozca que las lesiones que
padezco son constitituvas de Invalidez Permanente, en el grado de Incapacidad Permanente
, derivada de , y, que, por consiguiente, me corresponde el
derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al , de la base reguladora que
legalmente me corresponde, que, según mis cálculos es de: pts, mensuales/ anuales, con
efectos a partir del día , con independencia de las revalorizaciones, mínimos y mejoras
que me puedan corresponder.
A los anteriores Hechos son de aplicación los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


I.- Real Decreto Legislativo 2/ 1.995, de 7 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.
II.- Real Decreto Legislativo 1/ 1.994, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
III.- Demás Normativa aplicable.
Y, por lo expuesto,
SUPLICA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE
que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y, en su virtud, tenga por formulada
DEMANDA por el concepto de INVALIDEZ PERMANENTE EN EL GRADO DE
INCAPACIDAD PERMANENTE , contra el INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, y, la EMPRESA , en las personas de sus respectivos
representantes legales, y, previos los trámites legales que procedan, tenga a bien citar a las partes,
señalando día y hora para la celebración del acto del Juicio Oral, tras el que, en definitiva, se
dicte Sentencia por la que se me reconozca que las lesiones que padezco son constitutivas de
Invalidez Permanente, en el grado de Incapacidad Permanente derivada de: ,
y, que, por consiguiente, me corresponde el Derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente
al de la base reguladora que legalmente me corresponde de: pts,
con efectos a partir del día: con independencia de las revalorizaciones, mínimos y mejoras
aplicables, condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración, y, a abonarme,
quien o quienes de ellas sean declaradas legalmente responsables, la citada pensión vitalicia.
Es Justicia que se pide en Madrid, a:
OTROSI DIGO,que, esta parte asistirá al acto del Juicio Oral, asistido de Letrado que me
defienda.
SEGUNDO OTROSI DIGO, que, interesa al Derecho de esta parte que, en el acto del Juicio
Oral, se practiquen los siguientes medios de:
PRUEBA
CONFESION JUDICIAL, del representante legalde la Empresa demandada, bajo juramento
indecisorio y con apercibimiento de ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.
Se le citará en el domicilio social indicado.
DOCUMENTAL, consistente en:
A) Que, por la ( s ) Empresa ( s ) demandada ( s ) se aporte ( n ) en el acto del Juicio Oral, los
Libros de Matrícula del Personal, parte de alta y / o baja en la Seguridad Social, los contratos de
trabajo y prórrogas de dichos contratos correspondientes al actor suscritos con dicha ( s )
Empresa ( s ), los recibos y nóminas de salarios correspondientes al actor, del tiempo trabajado
en la ( s ) Empresa ( s ), los boletines de cotización a la Seguridad Social " TC - 1" y " TC - 2" del
tiempo trabajado en la Empresa.
B) Que, por los Organismos demandados, se aporte en el acto del Juicio Oral el expediente
administrativo referido al actor, en especial, los informes médicos emitidos por sus facultativos.
C) La que esta parte aportará al acto del Juicio Oral.
TESTIFICAL, para que por conducto de ese Juzgado de lo Social, se cite a los testigos que a
continuación se indican, a fin de que puedan ser examinados en el acto del Juicio Oral.
PERICIAL MEDICA, para que por conducto de ese Juzgado de lo Social, se cite al Perito
Médico que a continuación se indica:
Doctor _______________________, con consulta en _______________________________.
Y,
SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que, tenga por hechas las anteriores
manifestaciones y por propuesta la prueba articulada, la cual, previa declaración de pertinencia,
deberá practicarse en la forma que la Ley señala.
Es Justicia que reitero en lugar y fecha "ut supra".

 


A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DON/DOÑA:
con domicilio en la calle:
con Nº D.N.I.:
con Nº de afiliación a la Seguridad Social:
ante ese Organismo comparece, y, como mejor proceda en Derecho,
DICE:
Que, por medio del presente escrito, vengo en formular escrito de solicitud, con valor de
reclamación previa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral, viniendo en señalar lo siguiente:


PRIMERO.- Que, trabajo al servicio de la Empresa:
con domicilio social en:
con la antiguedad de:
en el centro de trabajo de: , con la categoría de:
y, devengando un salario de: , mensuales incluyendo la prorrata de pagas
extraordinarias.
SEGUNDO.- Que, con fecha caí en situación de Incapacidad Temporal derivada de
accidente de trabajo/ enfermedad profesional, dado que el(la) que suscribe, sufrió con fecha
un accidente de trabajo consistente en:
Que, el siniestro descrito tiene la consideración de accidente de trabajo de conformidad con lo
dispuesto en el art. 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/ 1.994, de 20 de Junio.
TERCERO.- Que, el que suscribe, no ha percibido las prestaciones económicas de Incapacidad
Temporal derivada de accidente de trabajo/ enfermedad profesional, de los siguientes meses:
CUARTO.- Que, la Empresa tiene suscrito la cobertura de riesgos profesionales con________,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
QUINTO.- Que, a la vista de lo expuesto, vengo en reclamar que se me reconozco el derecho a
percibir las prestaciones económicas de Incapacidad Temporal derivada de accidente de trabajo/
enfermedad profesional de los citados meses, y, así mismo, vengo en reclamar el abono de las
citadas prestaciones económicas, cuyas cuantías en cada uno de los diferentes meses son las
siguientes:
Total reclamado en concepto de Prestaciones Económicas de Incapacidad Temporal derivada de
accidente de trabajo/ enfermedad profesional: pts.
Que, tengo que señalar que la base reguladora de la cual se parte para el cálculo de las
prestaciones económicas de Incapacidad Temporal asciende a la cuantía de: euros,
mensuales y euros diarias.
SEXTO.- Que, a la vista de lo expuesto, vengo en reclamar el reconocimiento del derecho a
percibir las prestaciones económicas de Incapacidad Temporal derivada de accidente de trabajo/
enfermedad profesional, del siguiente período:
y, por consiguiente, vengo en reclamar el abono de las citadas prestaciones económicas del citado
período, cuya cuantía asciende a: pts, correspondiendo el abono de las
mismas a la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
, o a la Empresa demandada o, en su caso subsidiariamente, por el
I.N.S.S. y por la T.G.S.S.
Y, por lo expuesto,
SUPLICO A ESE ORGANISMO, que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo,
y, en su virtud, y en base a lo expuesto en el mismo, dicte Resolución en virtud de la cual, se
acceda a lo solicitado en el Hecho Sexto de la presente Reclamación.


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AL JUZGADO

Don ....................., en virtud de lo establecido en la Ley de Asistencia Jur?dica Gratuita 1/1996, de 10 de enero ante el Juzgado o Colegio de Abogados comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, de conformidad con el art?culo 6.3 de la Ley de Asistencia Jur?dica Gratuita, 30, 32 y dem?s concordantes de la LEC de 8 de enero de 2000, declaro que los datos que relaciono a continuaci?n son ciertos, completos y sin omisi?n alguna, pretendiendo tan s?lo litigar por derechos propios.

1. Datos Personales:

A) Declarante:

Nombre:....................................................................

Primer Apellido:.........................................................

Segundo Apellido:......................................................

N?mero de identificaci?n fiscal:..................................

Domicilio: Calle-plaza:.................................................

Localidad:................................. Municipio:...................................

Provincia:................................... Tel?fono -------------

Fecha de Nacimiento -- -- ---- Estado civil:.......................

R?gimen econ?mico matrimonial:......................................................

Profesi?n:............................................................................

B) C?nyuge:

Nombre:....................................................................

Primer Apellido:.........................................................

Segundo Apellido:......................................................

N?mero de identificaci?n fiscal:..................................

Domicilio: Calle-plaza:.................................................

Localidad:................................. Municipio:...................................

Provincia:................................... Tel?fono -------------

Fecha de Nacimiento -- -- ---- Estado civil:.......................

R?gimen econ?mico matrimonial:......................................................

Profesi?n:............................................................................

C) Familiares que convivan con el declarante:

Parentesco:........................... Nombre:............................................

Primer Apellido:............................. Segundo Apellido:.....................

Fecha de nacimiento:..........................................

2. Datos econ?micos:

A) Ingresos anuales por unidad familiar:

Origen:.................................................. Importe bruto:.........................

Retenci?n judicial:................................. Concepto:................................

B) Propiedades bienes inmuebles:

Origen:....................................... Tipo:...........................................

Valoraci?n:.............................. Cargas:......................................

C) Propiedades bienes muebles:

Origen:....................................... Tipo:...........................................

Valoraci?n:...............................................................

D) Otros bienes:

Origen......................................... Valoraci?n:....................................

Descripci?n:......................................................

3. Otros datos de inter?s:....................................................................

4. Pretensi?n a defender:.....................................................................

Situaci?n en la que se encuentra el proceso:...................................................

Pruebas que puede aportar:..............................................................................

Nombre, apellidos y domicilio del contrario(s):..................................................

Otros aspectos procesales de inter?s:...............................................................

DECLARO SABER QUE:

1. Esta solicitud no suspende por s? misma el curso del proceso, debiendo personalmente solicitar al ?rgano judicial la suspensi?n del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensi?n o preclusi?n de tr?mite.

2. Mis datos de car?cter personal ser?n incluidos en un fichero automatizado a los efectos del reconocimiento del derecho, siendo destinatarios de la informaci?n la Comisi?n de Asistencia Jur?dica Gratuita y el Ministerio de Justicia.

3. La desestimaci?n de mi pretensi?n por la Comisi?n de Asistencia Jur?dica Gratuita implicar?, en su caso, el abono de honorarios y derechos econ?micos ocasionados por la intervenci?n de los profesionales designados con car?cter provisional.

4. La declaraci?n err?nea, falsa o con ocultaci?n de datos relevantes conllevar? la revocaci?n del reconocimiento del derecho, dando lugar a la obligaci?n de pago de las prestaciones obtenidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que corresponda.

Lugar, fecha y firma





5. Documentaci?n que adjunta :

Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

Fotocopia de la tarjeta de residencia, en el caso de ser extranjero.

Certificado de liquidaci?n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F?sicas y del Patrimonio, o del Impuesto de Sociedades.

Fotocopia de la declaraci?n de utilidad p?blica o de la inscripci?n en el Registro de Fundaciones, en el caso de las personas jur?dicas.

Fotocopia del permiso de circulaci?n o certificado de la Jefatura Provincial de Tr?fico.

Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio.

Fotocopia del libro de familia.

Certificado de empadronamiento.

Certificado de empresa de conceptos salariales.

Certificado del Instituto Nacional de Empleo de per?odo de desempleo y percepci?n de subsidios.

Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual o, en su caso, copia del recibo mensual.

Fotocopia t?tulos de propiedad bienes inmuebles.

Certificado de valores.

..............

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En ..................., a ..... de ?..........de .....



Con la firma del presente documento, Don/Do?a ..................., confirma la finalizaci?n de su relaci?n laboral con la empresa ..................., y por tanto, extinguido el contrato de trabajo suscrito entre ambos, en fecha ??.. de ?????.. de ??., percibiendo las siguientes cantidades:

Salarios del periodo: a .... de ...................de??..

Salario mensual o part. prop. : ?????.
Vacaciones no disfrutadas :. .....................
Parte proporcional paga diciembre : .....................
Parte proporcional paga beneficios : ....................
Parte proporcional otras pagas :. ....................
Otros : ....................

Total : ....................

Habiendo percibido la cuant?a arriba indicada, doy por saldado y finiquitado, mi deuda con la empresa, por toda clase de conceptos, comprometi?ndome a no reclamar por concepto alguno que pudiera derivarse de la expresada relaci?n laboral.



Firma del trabajador



(en presencia s?/no del representante de los trabajadores)

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SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL









Expediente n? ...............







AL ORGANO DE RECAUDACION COMPETENTE

AL QUE SE DIRIGE LA PETICION.





En cuanto a la competencia, ver art?culo 42 del Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre.





D./D?. .................., mayor de edad, con N.I.F. ...., con domicilio en la calle ......, n? ......., piso ......., en ......., provincia de ......., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho propio, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:



O bien,



D./D?. ..................., Procurador/a de los Tribunales, con domicilio a efectos de notificaciones en .............., en nombre y representaci?n de D./D?. .................., mayor de edad, con N.I.F. ...., con domicilio en la calle ......, n? ......., piso ......., en ......., provincia de ......., seg?n acredito con la presentaci?n de ......., comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:



El art?culo 32.3 de la LRJAPYPAC establece que: ?Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deber? acreditarse la representaci?n por cualquier medio v?lido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaraci?n en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero tr?mite se presumir? aquella representaci?n?.





Que mediante el presente escrito y al amparo de los art?culos 20 de la Ley General de la Seguridad Social, y art?culos 40 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre, vengo a presentar SOLICITUD DE FRACIONAMIENTO por ............. de la deuda con la Seguridad Social exigida por este ?rgano de recaudaci?n en concepto de .........., en el expediente ..........., cuyo importe asciende a .............. PESETAS( .............ptas.), habi?ndose iniciado el periodo de ingreso voluntario en fecha ..... de ........ de ...., con fundamento en las siguientes,



ALEGACIONES




PRIMERA.- .............



SEGUNDA.- .............







FUNDAMENTOS JUR?DICOS




PRIMERO.- El art?culo 20 del RD Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.



SEGUNDO.- El art?culo 40 del Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre establece que podr? fraccionarse el pago de la deuda, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando la situaci?n econ?mico-financiera, y dem?s circunstancias concurrentes discrecionalmente apreciadas por la Tesorer?a General de la Seguridad Social, les impida efectuar el pago de sus d?bitos.



TERCERO.- En cualquier caso se cumple con lo establecido en el art?culo 41 del Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre en tanto que son aplazables las deudas por cuotas de la Seguridad Social o recargos sobre las mismas, as? como aquellas otras deudas con la Seguridad Social cuyo objeto lo constituyan recursos que no tengan la naturaleza jur?dica de cuotas, salvo, y en defecto de Ley que disponga lo contrario, las cuotas correspondientes a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional ni la aportaci?n de los trabajadores correspondientes a las cuotas aplazadas, relativas a trabajadores por cuenta ajena o asimilados, incluidos en el campo de aplicaci?n de los Reg?menes del Sistema de la Seguridad Social. Entendi?ndose asimiladas a cuotas de la Seguridad Social las de desempleo, formaci?n profesional, Fondo de Garant?a Salarial y cuantos recursos se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social.



CUARTO.-Es competente el ?rgano administrativo de recaudaci?n frente al cual se formula en la presente solicitud en virtud de lo establecido en el art?culo 42 del Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre.



QUINTO.- Al amparo de lo dispuesto en los art?culos 20.3 de la Ley General de Seguridad Social, 40 y 42.2 Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre, se ofrece garant?a de la deuda cuyo fraccionamiento se solicita en .................



SEXTO.- ..........................



Por todo lo expuesto,



AL ......... (ORGANO DE RECAUDACI?N COMPETENTE) SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito con los documentos que lo acompa?an, y por presentada SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA exigida a D./D?. ............, en concepto de ............, cuya cuant?a asciende a .......... PESETAS ( ........ ptas.), a fin de que se me otorgue el fraccionamiento del pago que se solicita.







OTROSI DIGO: Que de acuerdo con lo dispuesto en los art?culos 40 y 42.2 del citado Reglamento, se ofrece garant?a en los siguientes t?rminos;

.........................



SUPLICO: que tenga por hecha la anterior manifestaci?n a los efectos que procedan.







En ....... a ........ de ......... de ...........







Fdo.: ...................

(Procurador)





SR./SRA. ................

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PETICI?N DE COMPENSACI?N DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL









Expediente n? ...............







AL ORGANO DE RECAUDACION COMPETENTE

AL QUE SE DIRIGE LA PETICION.







D./D?. .................., mayor de edad, con N.I.F. ...., con domicilio en la calle ......, n? ......., piso ......., en ......., provincia de ......., designado el mismo a efectos de notificaciones, actuando en nombre y derecho propio, comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:



O bien,



D./D?. ..................., Procurador/a de los Tribunales, con domicilio a efectos de notificaciones en .............., en nombre y representaci?n de D./D?. .................., mayor de edad, con N.I.F. ...., con domicilio en la calle ......, n? ......., piso ......., en ......., provincia de ......., seg?n acredito con la presentaci?n de ......., comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:



El art?culo 32.3 de la LRJAPYPAC establece que: ?Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deber? acreditarse la representaci?n por cualquier medio v?lido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaraci?n en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero tr?mite se presumir? aquella representaci?n?.





Que mediante el presente escrito y al amparo de los art?culos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre, vengo a presentar SOLICITUD DE COMPENSACI?N DE LA DEUDA TRIBUTARA exigida por .............. en concepto de .........., en el expediente ..........., cuyo importe asciende a .............. PESETAS (............. ptas), habi?ndose iniciado el periodo de ingreso voluntario en fecha, con el cr?dito que tengo reconocido frente a la Seguridad Social cuyo importe asciende a ........... PESETAS (.......... ptas.), de fecha .... de ........ de ......, en concepto de ..........., frente al ?rgano administrativo ............., con fundamento en las siguientes,



Ver art?culo 50 del RD 1637/1995 de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social.



ALEGACIONES


PRIMERA.- .............



SEGUNDA.- .............



FUNDAMENTOS DE DERECHO




PRIMERO.- Deudas compensables.



Al amparo del art?culo 48 del RD 1637/1995 de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social, las deudas contra?das con la Seguridad Social descritas anteriormente son susceptibles de extinci?n total por compensaci?n. As? el mencionado precepto indica:



?1. Podr?n extinguirse total o parcialmente por compensaci?n las deudas con la Seguridad Social, tanto si se encuentran en per?odo voluntario de recaudaci?n como en v?a ejecutiva, con los cr?ditos reconocidos, liquidados y notificados por la Administraci?n de la Seguridad Social a favor del deudor.



2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, respecto de las deudas por cuotas de la Seguridad Social ?nicamente los sujetos responsables del pago de las mismas que hubieren presentado los documentos de cotizaci?n en plazo reglamentario podr?n compensar en dichos documentos su cr?dito por las prestaciones abonadas como consecuencia de su colaboraci?n obligatoria con la Seguridad Social y su deuda por las cuotas debidas en el mismo per?odo a que se refieren los documentos de cotizaci?n, cualquiera que sea el momento del pago de tales cuotas.

Salvo el supuesto del cr?dito por prestaciones abonadas en r?gimen de colaboraci?n obligatoria a que se refiere el p?rrafo anterior y en las condiciones en ?l establecidas, los sujetos responsables del pago de cuotas de la Seguridad Social no podr?n compensar sus cr?ditos frente a la misma por prestaciones satisfechas en r?gimen de pago delegado ni por cualquier otro concepto con el importe de aquellas cuotas, cualquiera que sea el momento del pago de las mismas y hayan sido o no reclamadas en per?odo voluntario o en v?a de apremio, sin perjuicio del derecho de los sujetos responsables para solicitar el pago de sus respectivos cr?ditos frente a la Tesorer?a General de la Seguridad Social o ante la Entidad Gestora o Colaboradora correspondiente, en la forma que legalmente proceda.



3. Ser? requisito indispensable para que proceda la compensaci?n, en los t?rminos establecidos en los apartados anteriores, la existencia de acto administrativo previo que reconozca y liquide los cr?ditos y las deudas salvo, respecto de estas ?ltimas, cuando se trate de deudas por cuotas que deban ingresarse mediante la presentaci?n en plazo reglamentario de los pertinentes documentos de cotizaci?n, las cuales ?nicamente se compensar?n con el importe de las prestaciones abonadas por las empresas en r?gimen de pago delegado en los t?rminos y con el alcance regulados en el apartado anterior y en art?culo 77 de este Reglamento (...)?



Por lo tanto, y atendiendo al supuesto de hecho concreto las deudas se?aladas son compensables ya que .............. ........... De otro lado, reiterando lo anterior, no estamos ante ninguno de los supuestos contemplados en el art?culo 52 del mencionado Reglamento.



SEGUNDO.- Compensaci?n por deudas distintas a cuotas a instancia del obligado al pago. Requisitos de la solicitud y documentaci?n preceptiva.



Resulta de aplicaci?n el art?culo 50 del RD 1637/1995 de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social el cual dispone que :



"1. Compete a la Tesorer?a General de la Seguridad Social acordar, a instancia de los obligados al pago, la aplicaci?n de la compensaci?n de las deudas a la Seguridad Social en los t?rminos fijados en el art?culo 48 de este Reglamento con los cr?ditos frente a la misma y sin perjuicio de la excepci?n prevista en el apartado 2 de dicho art?culo en que la compensaci?n figurada en los documentos de cotizaci?n se producir? autom?ticamente por imperio de la Ley.



2. La solicitud de compensaci?n se ajustar? a las normas de aplicaci?n y desarrollo del presente Reglamento y necesariamente contendr? los siguientes requisitos:



a) Nombre y apellidos, raz?n social o denominaci?n y domicilio del obligado al pago, con expresi?n, en su caso, del c?digo de cuenta de cotizaci?n, si lo tuviere asignado. Asimismo, se especificar? el medio y el lugar elegidos a efectos de notificaci?n.



b) Identificaci?n de la deuda distinta a cuotas cuya compensaci?n se solicita, indicando su importe, per?odo de recaudaci?n en que se encuentra y fecha de vencimiento del per?odo reglamentario de ingreso, en su caso.



c) Cr?dito contra las Entidades Gestoras o la Tesorer?a General de la Seguridad Social cuya compensaci?n se ofrece, indicando su importe y naturaleza.



d) Declaraci?n expresa de no haber sido transmitido o cedido el cr?dito a otra persona.



e) Lugar, fecha y firma del solicitante.



3. Con la solicitud se acompa?ar?, necesariamente, el documento que contenga el acto administrativo justificativo de la liquidez y firmeza del cr?dito contra la Seguridad Social y escrito en el que se formalice la renuncia a toda reclamaci?n o recurso contra los actos en los que se reconozcan el cr?dito y la deuda compensables.



Asimismo, se adjuntar?, en su caso, reclamaci?n de la deuda y, si ?sta fuese de cuant?a superior al cr?dito, se entregar? justificante del ingreso de la diferencia.



Si la solicitud no reuniera los requisitos regulados en el apartado anterior o no se acompa?aren los documentos indicados en este apartado, se estar? a lo dispuesto en el art?culo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R?gimen Jur?dico de las Administraciones P?blicas y del Procedimiento Administrativo Com?n.



4. El Director general de la Tesorer?a General de la Seguridad Social y los titulares de los dem?s ?rganos de la misma, dentro de los l?mites acordados por el Director general de aqu?lla, resolver?n sobre la procedencia o improcedencia de la compensaci?n.


La resoluci?n en el procedimiento de compensaci?n deber? adoptarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentaci?n de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resoluci?n, podr? entenderse estimada la solicitud, en la forma y con los efectos previstos en los art?culos 43 y 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.



5. Si se resolviere acordando la improcedencia de la compensaci?n, se conceder? al interesado un plazo de diez d?as para el ingreso de la deuda no compensada, transcurrido el cual sin que el mismo se produzca continuar? el procedimiento recaudatorio seg?n proceda."



TERCERO.- Efectos de la compensaci?n.



El art?culo 51 del RD 1637/1995 de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci?n de los Recursos de la Seguridad Social contempla los efectos de la compensaci?n:



1. el cr?dito y la deuda quedar?n extinguidos en la cantidad concurrente.

2. La Administraci?n de la Seguridad Social debe entregar al interesado el justificante oportuno de la extinci?n de la deuda y declarar? extinguido el cr?dito compensado.



3. Cuando el cr?dito sea superior al importe de la deuda a la Seguridad Social, la Tesorer?a General practicar? liquidaci?n minorando el mismo y expresando la cuant?a del remanente a favor del interesado.



Por todo lo expuesto,



AL .......... (ORGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE) SUPLICO: tenga por presentado este escrito junto con los documentos que lo acompa?an, y en su virtud tenga por presentada SOLICITUD DE COMPENSACI?N DE DEUDAS en los t?rminos expuestos en el cuerpo del presente escrito, y declare extinguidos el cr?dito y la deuda en la cantidad concurrente, con entrega a esta parte del justificante oportuno de la extinci?n de la deuda.



OTROSI DIGO: Que expresamente esta parte renuncia a toda reclamaci?n o recurso contra los actos en los que se reconozcan el cr?dito y la deuda compensables, en virtud de lo dispuesto en el art?culo 50.3 del Reglamento General de Recaudaci?n aprobado por el RD 1637/1995 de 6 de octubre.



SEGUNDO OTROSI DIGO: Que esta parte no ha tramitado, endosado, ni cedido el cr?dito referenciado a tercera persona.



SUPLICO: Que tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos procedentes.



En .... a ...... de ....... de ...........



Fdo.: ...............



( Procurador)

SR./SRA. .............

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AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ........................





D/D?........................................, mayor de edad, provisto/a de D.N.I. n?m................., con domicilio a efectos de notificaciones en la calle.....n?.....de ......, provincia de ....., ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda comparezco y como mejor proceda en Derecho



O bien,



D/D?........................, abogado en ejercicio, en nombre y representaci?n de D/D? ........................, mayor de edad, provisto/a de D.N.I. n?m. .........., con domicilio en la calle ....... n? ........ de .........., provincia de ..............., representaci?n que acredito en virtud de la copia de poder notarial / o poder otorgado ante Secretario Judicial que adjunto, documento cuya devoluci?n solicito una vez testimoniado en autos, designado como domicilio a efectos de notificaciones situado en la calle ........ n? ............ de ................, provincia de ......................, ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda comparezco y como mejor proceda en Derecho,





DIGO




Que por medio del presente escrito interpongo DEMANDA DECLARATIVA DE ......................... (Indicar el derecho, que se pretende sea declarado, por ej: antig?edad) Y RECLAMACI?N DE CANTIDAD contra .................., con D.N.I./C.IF......................, domiciliada en la calle......, n?.... de...., provincia de ....., demanda que baso en los siguientes



HECHOS


Primero: Vengo prestando mis servicios para la mencionada empresa desde el d?a....., ostentando la categor?a profesional de...., percibiendo un salario de .....pesetas brutas mensuales incluida la prorrata de las pagas extraordinarias, en el centro de trabajo de....... dedicado a la actividad de......



Segundo: ........................



Tercero: Que seg?n los hechos descritos, la demandada adeuda al trabajador las cantidades y por los conceptos que a continuaci?n se detallan:...................................



Cuarto : Que teniendo la empresa por objeto mercantil ..............., resulta de aplicaci?n el Convenio Colectivo de................



Quinto : Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 L.P.L., se ha celebrado el preceptivo acto de conciliaci?n previa en fecha....., con el resultado de ................................ seg?n se acredita mediante certificaci?n del acta levantada, aport?ndose junto con la presente demanda como documento n?m. 1.







A los anteriores hechos son de aplicaci?n los siguientes











FUNDAMENTOS DE DERECHO


I


Seg?n lo dispuesto en los arts. 1, 2. a), 6, y 10 L.P.L., en concordancia con los arts. 9.5 L.O.P.J., es competente el Juzgado de lo Social, tanto por raz?n de la condici?n de los litigantes, como por la materia y territorio.



II


Ostento legitimaci?n activa para promover la presente demanda en virtud de lo dispuesto en los arts. 16 y 17 L.P.L.



III


Se seguir?n los tr?mites previstos para el procedimiento ordinario seg?n lo dispuesto en los arts. 80 y ss. L.P.L.





IV


Seg?n lo establecido en el art. 63 L.P.L. se ha intentado el acto de conciliaci?n, seg?n se acredita.



V


Es aplicable al fondo del asunto las normas y doctrina jurisprudencial que se aducir?n en la fase de juicio oral.





Por todo lo expuesto,





SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito, con los documentos y copias que lo acompa?an, se sirva admitirlos, y tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA DECLARATIVA DE ........... Y RECLAMACI?N DE CANTIDAD frente a la mercantil ..................., y previos los tr?mites oportunos, se sirva convocar a las partes, se?ale d?a y hora para los actos de conciliaci?n y juicio, y en definitiva dicte sentencia por la que estimando esta demanda, declare ...........(reconocimiento del derecho que se pide), y condene al demandado a que me abone la cantidad de ................... Ptas, en concepto de .............., con los dem?s pronunciamientos a que en derecho haya lugar.




OTROSI DIGO: Que a los efectos prevenidos en el art. 21.3 L.P.L quiero hacer constar al Juzgado que acudir? a juicio asistido por el Letrado / Graduado Social D./D?........... , con domicilio en ..................... el cual designo como m?o a los efectos de notificaciones.



SEGUNDO OTROSI DIGO: Que se tenga por aportada certificaci?n de la celebraci?n del preceptivo intento de conciliaci?n que se aporta como documento n?m. 1.





TERCER OTROSI DIGO: Que esta parte interesa el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo, y sin perjuicio de la posteriormente se adicione, la pr?ctica de los siguientes medios de prueba:



1. DOCUMENTAL, consistente en que se requiera a la demandada para que aporte al acto de juicio oral los documentos que a continuaci?n se detallan, con expreso apercibimiento para el caso de no hacerlo as? de que podr?n estimarse probadas las alegaciones de hechos de esta parte seg?n lo dispuesto en el art. 94 L.P.L. :



a) Libro de matr?cula del personal.

b) TC-1 y TC-2 del ?ltimo a?o.

c) ............................................



2. CONFESI?N JUDICIAL, solicitando al Juzgado que se cite y emplace al demandado/a D./ D?....../ o representante legal de la empresa, para que comparezca en juicio al objeto de absolver las posiciones que esta parte propondr?, con las advertencias que legalmente se establecen en caso de no comparecer.



3. TESTIFICAL, interesando a esta parte se cite judicialmente a las siguientes personas:



1. D./D?......., con domicilio en ...

2. D./D?......., con domicilio en ...





Por todo lo expuesto,





SUPLICO: Tenga por hechas las anteriores manifestaciones, admita la prueba propuesta y se sirva proveer de conformidad con lo interesado.











Lo que por ser Justicia se solicita en .... a ... de ... de.....













Fdo.:D./D?..............

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AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ...............


DON ..............................., mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número ................ y domicilio a efecto de notificaciones en ...................., calle de ...................... número ......., ante el Juzgado de lo Social de ............... comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:


Que por medio del presente escrito viene a formalizar demanda so­bre RECLAMACION DE CANTIDAD contra la compañía mercantil ..................., con domicilio en ........................, calle de .................., número .... y C.I.F .............

La presente demanda se basa en los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

HECHOS

Primero.

He prestado mis servicios por cuenta de ...................... desde el día ....... de ................ de ......... hasta el día ...... de ............ de ..............., fecha en la que me fue notificado mi despido.

Mi categoría profesional fue de .................., percibiendo una retribución de ......... pesetas mensuales brutas, incluidas las partes proporcionales de pagas extraordinarias.

Acompaño, como documento nº 1 copia de mi contrato de trabajo y como documentos nº .... al ...... las copias de mis ......... últimos recibos de nómina.

Segundo.

La empresa demandada, hasta el día de la notificación de mi despido, me adeuda la cantidad de ...................... pesetas por los conceptos que se señalan a continuación:

Diferencias nómina del mes de ..... de ......
Ptas.

Nómina del mes de ....... de ......
Ptas.

Nómina del mes de ....... de ......
Ptas.

.... días de la nómina del mes ..... de .....
Ptas.

TOTAL
Ptas.


La anterior cantidad deberá incrementarse en un 10% anual por mora.

Tercero.


Según acredito con los documentos nº ....., .... y .... de la presente demanda, he agotado el trámite de intento de conciliación ante los Servicios Administrativos de Mediación, Arbitraje y Conciliación de ............... el pasado día ...... de ......., con el resultado de ............................


FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los artículos 1 y 2 a) del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, por lo que se refiere a la competencia de la Jurisdicción Social para juzgar y decidir sobre la cuestión planteada en esta demanda.

El artículo 10.1 del mismo Texto Refundido de Procedimiento Laboral en cuanto a la competencia del Juzgado de lo Social de ..................

Artículo 63 y 80 del citado Texto Legal, en lo relativo al cumplimiento del intento previo de conciliación y de los requisitos formales que debe reunir el presente escrito de demanda.

Artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 1.089 del Código Civil, por lo que al fondo del asunto se refiere.

Los restantes fundamentos de derecho y doctrina jurisprudencial que se aducirán en el acto del juicio.


En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL, que teniendo por recibido el pre­sente escrito con sus copias y documentos unidos a uno y otras, tenga asimismo por formalizada en tiempo y forma demanda sobre reclamación de cantidad contra la compañía mercantil ............................., acor­dando su admisión y trámite, a fin de que, previa citación de las partes intere­sadas, se señale día y hora para la celebración del correspondiente intento de conciliación y, en su caso, Juicio, dictándose sentencia en su día, mediante la cual, con estimación de la presente demanda, se condene a la demandada a abonarme la cantidad de ................... pesetas que reclamo, con los restantes pro­nunciamientos que en derecho procedan.

Lo que por ser de Justicia se solicita en ........., a ....... de ....... de ........

PRIMER OTROSI DIGO, que esta parte acudirá al acto del Juicio asistida de Abogado en ejercicio.

SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL tenga por hecha la anterior manifes­tación a los efectos procesales oportunos.

SEGUNDO OTROSI DIGO, que por así interesar al derecho de esta parte, se solicita la práctica de los siguientes medios de prueba:

Confesión Judicial.

Consistente en que se cite al representante de ..........................., D / Dª .................., en el domicilio de la empresa sito en ............................, calle de ......................, número, a fin de que comparezca al acto del Juicio y, bajo juramento indecisorio, responda a las posiciones que se le formulen bajo apercibimiento de ser tenido por confeso en caso de incomparecencia.

Documental.


Consistente en que se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del juicio la siguiente documentación:

1. ........................................

2. ........................................

3. ........................................

4. ........................................


SUPLICO AL JUZGADO DE LO SOCIAL que previa admisión de los medios de prueba que se proponen, provea con arreglo a derecho para su práctica.

Principal y otrosíes que se reiteran.

Fdo.: ........................


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DEMANDA SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

 

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ........................



D/Dª........................................, mayor de edad, provisto/a de D.N.I. núm................., con domicilio a efectos de notificaciones en la calle.....nº.....de ......, provincia de ....., ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda comparezco y como mejor proceda en Derecho

DIGO

Que por medio del presente escrito interpongo DEMANDA EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra .................., con D.N.I./C.IF......................, domiciliada en la calle......, nº.... de...., provincia de ....., demanda que baso en los siguientes

HECHOS

Primero: Vengo prestando mis servicios para la mencionada empresa desde el día....., ostentando la categoría profesional de...., percibiendo un salario de .....pesetas brutas mensuales incluida la prorrata de las pagas extraordinarias, en el centro de trabajo de....... dedicado a la actividad de......, siendo mi jornada laboral de .... horas al día, de ..... a.......



Segundo: Que habiendo finalizado la relación laboral que me vinculaba con la demandada por expiración del contrato de trabajo, el día ....... de .......de ........, al día de hoy la empresa ha incumplido su deber de abono de salarios no habiéndome satisfecho las nóminas correspondientes a los siguientes días, adeudándome la cantidad de ............... pesetas por los conceptos que a continuación se detallan:


CONCEPTO COBRÓ DEBIÓ COBRAR DIFERENCIA


MES DE ......: .... .... ....


Salario Base .... .... ....

Plus de ......

Dieta de .....

..................



PAGAS ( Proporcionales)


Extra Navidad .... .... .....

Extra Verano

Extra Vacaciones


SUBTOTAL

10% MORA Art. 29.3 E.T.

TOTAL ............


Deberá hacerse mención y aportarse, junto con la demanda, la documentación que acredite los conceptos que se adeudan enumerando cada uno de ellos.


Tercero : Que la suma que mediante la presente demanda se reclama corresponde a conceptos líquidos y vencidos no satisfechos por la demandada en las fechas en que venía obligada a abonarla.


Cuarto : Que teniendo la empresa por objeto mercantil ..............., resulta de aplicación el Convenio Colectivo de................


Quinto : Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 L.P.L., se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación previa en fecha....., con el resultado de ................................ según se acredita mediante certificación del acta levantada, aportándose junto con la presente demanda como documento núm. 1.


A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO


I.-Según lo dispuesto en los arts. 1, 2. a), 6, y 10 L.P.L., en concordancia con los arts. 9.5 L.O.P.J., es competente el Juzgado de lo Social, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio.



II.-Ostento legitimación activa para promover la presente demanda en virtud de lo dispuesto en los arts. 16 y 17 L.P.L.



III.-Se seguirán los trámites previstos para el procedimiento ordinario según lo dispuesto en los arts. 80 y ss. L.P.L.



IV.-En virtud del art. 4.2 f) E.T., en relación con los derechos y deberes laborales, y en concreto en el ámbito de las relaciones de trabajo, se declara el derecho del trabajador a la percepción puntual de la remuneración pactado o legalmente establecida.

V.-Arts. 26 y ss. E.T. y en concreto el art. 29. 3 E.T. el cual establece que el interés por mora en el pago del salario será el 10 por 100 de lo adeudado.


VI.-Según lo establecido en el art. 63 L.P.L. se ha intentado el acto de conciliación, según se acredita.


VII.-Es aplicable al fondo del asunto las normas y doctrina jurisprudencial que se aducirán en la fase de juicio oral.



Por todo lo expuesto,


SUPLICO AL JUZGADO : Que tenga por presentado este escrito, con los documentos y copias que lo acompañan, se sirva admitirlos, y tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD frente a la mercantil........., y previos los trámites oportunos, se sirva convocar a las partes, señale día y hora para los actos de conciliación y juicio, y en definitiva dicte sentencia por la que estimando esta demanda condene al demandado al abono de ............... pesetas por los conceptos de ................ más el 10 % por mora establecido en el art. 29.3 E.T.


OTROSI DIGO: Que a los efectos prevenidos en el art. 21.3 L.P.L quiero hacer constar al Juzgado que acudiré a juicio asistido por el Letrado / Graduado Social D./Dª........... , con domicilio en ..................... el cual designo como mío a los efectos de notificaciones.


SEGUNDO OTROSI DIGO: Que se tenga por aportada certificación de la celebración del preceptivo intento de conciliación que se aporta como documento núm. 1.


TERCER OTROSI DIGO: Que esta parte interesa el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo, y sin perjuicio de la posteriormente se adicione, la práctica de los siguientes medios de prueba:


1. DOCUMENTAL, consistente en que se requiera a la demandada para que aporte al acto de juicio oral los documentos que a continuación se detallan, con expreso apercibimiento para el caso de no hacerlo así de que podrán estimarse probadas las alegaciones de hechos de esta parte según lo dispuesto en el art. 94 L.P.L. :


a) Libro de matrícula del personal.

b) TC-1 y TC-2 del último año.

c) ............................................


2. CONFESIÓN JUDICIAL, solicitando al Juzgado que se cite y emplace al demandado/a D./ Dª....../ o representante legal de la empresa, para que comparezca en juicio al objeto de absolver las posiciones que esta parte propondrá, con las advertencias que legalmente se establecen en caso de no comparecer.


3. TESTIFICAL, interesando a esta parte se cite judicialmente a las siguientes personas:



1. D./Dª......., con domicilio en ...

2. D./Dª......., con domicilio en ...


Por todo lo expuesto,


SUPLICO AL JUZGADO : Tenga por hechas las anteriores manifestaciones, admita la prueba propuesta y se sirva proveer de conformidad con lo interesado.



Lo que por ser justicia se solicita en ..... a..... de ....., de......










Fdo.:D./Dª...............


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AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE ........................





D/D*........................, abogado en ejercicio con n: de colegiado NUMERO, en nombre y representacisn de D/D* ........................, mayor de edad, con D.N.I. núm. .........., y domicilio en la calle ....... n: ........ de .........., provincia de ..............., representacisn que acredito en virtud del poder notarial que adjunto, documento cuya devolucisn solicito una vez testimoniado en autos, designado como domicilio a efectos de notificaciones situado en la calle ........ n: ............ de ................, provincia de ......................, ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda comparezco y como mejor proceda en Derecho,





DIGO


Que por medio del presente escrito interpongo DEMANDA ejercitando la accisn de .................. contra .................., con D.N.I./C.I.F......................, domiciliada en la calle......, n:.... de...., provincia de ....., demanda que baso en los siguientes





HECHOS




Primero: Vengo prestando mis servicios para la mencionada empresa desde el día....., ostentando la categoría profesional de...., percibiendo un salario de .....pesetas brutas mensuales incluida la prorrata de las pagas extraordinarias, en el centro de trabajo de....... dedicado a la actividad de......



Segundo: ........................



Tercero: Que teniendo la empresa por objeto mercantil ..............., resulta de aplicacisn el Convenio Colectivo de................



Cuarto: Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 L.P.L., se ha celebrado el preceptivo acto de conciliacisn previa en fecha....., con el resultado de.........según se acredita mediante certificacisn del acta levantada, aportándose junto con la presente demanda como documento núm. 1.





A los anteriores hechos son de aplicacisn los siguientes



FUNDAMENTOS DE DERECHO


I


Según lo dispuesto en los arts. 1, 2. a), 6, y 10 L.P.L., en concordancia con los arts. 9.5 L.O.P.J., es competente el Juzgado de lo Social, tanto por razsn de la condicisn de los litigantes, como por la materia y territorio.

II


Ostento legitimacisn activa para promover la presente demanda en virtud de lo dispuesto en los arts. 16 y 17 L.P.L.



III
Se seguirán los trámites previstos para el procedimiento ordinario según lo dispuesto en los arts. 80 y ss. L.P.L.



IV
Según lo establecido en el art. 63 L.P.L. se ha intentado el acto de conciliacisn, según se acredita.



V
Es aplicable al fondo del asunto las normas y doctrina jurisprudencial que se aducirán en la fase de juicio oral.



Por todo lo expuesto,



SUPLICO: Que tenga por presentado este escrito, con los documentos y copias que lo acompañan, se sirva admitirlos, y tenga por interpuesta en tiempo y forma DEMANDA ejercitando accisn por ............. frente a ........., y previos los trámites oportunos, se sirva convocar a las partes, señale día y hora para los actos de conciliacisn y juicio, y en definitiva dicte sentencia por la que estimando esta demanda condene al demandado a ...................


OTROSI DIGO: Que a los efectos prevenidos en el art. 21.3 L.P.L quiero hacer constar al Juzgado que acudiré a juicio asistido por el Letrado D./D*........... , con domicilio en ..................... el cual designo como mío a los efectos de notificaciones.



SEGUNDO OTROSI DIGO: Que se tenga por aportada certificacisn de la celebracisn del preceptivo intento de conciliacisn que se aporta como documento núm. 1.





TERCER OTROSI DIGO: Que esta parte interesa el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo, y sin perjuicio de la posteriormente se adicione, la práctica de los siguientes medios de prueba:



1. DOCUMENTAL, consistente en que se requiera a la demandada para que aporte al acto de juicio oral los documentos que a continuacisn se detallan, con expreso apercibimiento para el caso de no hacerlo así de que podrán estimarse probadas las alegaciones de hechos de esta parte según lo dispuesto en el art. 94 L.P.L. :



a) Libro de matrícula del personal.

b) TC-1 y TC-2 del último año.

c) ............................................



2. CONFESISN JUDICIAL, solicitando al Juzgado que se cite y emplace al demandado/a D./ D*....., para que comparezca en juicio al objeto de absolver las posiciones que esta parte propondrá, con las advertencias que legalmente se establecen en caso de no comparecer.



3. TESTIFICAL, interesando a esta parte se cite judicialmente a las siguientes personas:





1. D./D*......., con domicilio en ...

2. D./D*......., con domicilio en ...





Por todo lo expuesto,





SUPLICO: Tenga por hechas las anteriores manifestaciones, admita la prueba propuesta y se sirva proveer de conformidad con lo interesado.



Lo que por ser Justicia se solicita en lugar a dd de mm de aa



Fdo.:


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AL CEMAC

Don CLIENTE, mayor de edad, con DNI n: NIF y domicilio en DOMICILIO, ante el CEMAC comparezco y DIGO:
Que interpongo papeleta de conciliaci?n previa a la v?a judicial laboral contra la empresa CONTRARIO, dedicada a la actividad de ..., con domicilio en DOMICILIO, con n?mero de inscripci?n en la Seguridad social ..., por despido, en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. Presto servicios para la empresa mencionada, en el Centro situado en la c/..., n?m. ... desde el d?a ..., con categor?a profesional de ..., y percibiendo una remuneraci?n de ... pesetas y no ostento ni he ostentado la condici?n de delegado de personal o miembro del Comit? de Empresa.

SEGUNDO. El pasado d?a ..., recib? carta de despido, con efectos del mismo d?a, alegando como motivos que ...

TERCERO. Tales motivos no son ciertos (o defecto de forma y dem?s por los que el despido sea improcedente).

En su virtud, al CEMAC,

SOLICITO

Que teniendo por presentada la papeleta de conciliaci?n en tiempo y forma se sirva admitirla y, en consecuencia, ordenar lo necesario para que se celebre el preceptivo acto de conciliaci?n con la mencionada empresa, a fin de que acepte readmitirme en el trabajo en las mismas condiciones existentes antes del despido y me abone los salarios de tramitaci?n o, alternativamente, me abone la indemnizaci?n que legalmente proceda, as? como los salarios no percibidos desde que se produjo el despido.
OTROSM DIGO: Que designo a ABOGADO, con DNI n: NN, y domicilio en DOMICILIO, para que en mi representaci?n presente esta papeleta de conciliaci?n y reciba las notificaciones correspondientes.

LUGAR a DD de MM de AAAA

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A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

D. 501[

............................501],con domicilio en 502[....................502], DNI 503[..............503] y núm. de afiliación a la Seguridad Social 504[...................504] ante esos Organismos, comparece y EXPONE:

Que mediante el presente escrito formulo RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL sobre base reguladora de la prestación de incapacidad temporal, basándonos en las siguientes

ALEGACIONES

Primera.—

Presto (o he prestado) mis servicios a la empresa 505[

.............505] desde 506[....................506] (hasta) 507[.................507]

Segunda.—

Me encuentro en situación de Incapacidad Temporal desde el día 508[

...................508] hasta 509[..................509]

(o continuando en la actualidad).

Tercera.—

La prestación de Incapacidad Temporal se me viene abonando por la empresa (o en su caso por esas entidades en modalidad de pago directo) sobre una base reguladora de 510[

.......................510] euros diarios.

Cuarta.—

Considero que dicha base se encuentra mal calculada, toda vez que en el mes anterior a la baja, la base de cotización por contingencias comunes (o en su caso por accidente de trabajo)ascendía a 511[

.......511] euros, lo que resulta diariamente la cantidad de 513[...........513] euros y no la computada y que expresábamos en la alegación anterior.

(Pudiera ocurrir que la prestación de servicios no se hubiera llevado a cabo durante la totalidad del mes anterior, en cuyo caso habría de hacerse referencia a los días efectivamente cotizados, o incluso que la prestación de servicios en la empresa se hubiese iniciado durante el mismo mes en que se produce la IT, en cuyo caso la base habría de calcularse sobre la base de cotización de los días anteriores a la misma.)

Quinta.—

En consecuencia existen unas diferencias diarias en la base reguladora que han motivado que haya percibido una prestación inferior a la que corresponde, de acuerdo al siguiente cálculo: 508[

...................508]

(Tener en cuenta el número de días a que afecta, así como el diferente porcentaje en función de la duración de la incapacidad temporal.)

Por lo expuesto,

SUPLICO que, habiendo presentado este escrito (con los documentos que se acompañan en su caso), se admita, se tenga por interpuesta Reclamación Previa a la vía jurisdiccional, y previos los trámites oportunos se dicte resolución por la que se proceda a revisar la base reguladora de la prestación de incapacidad temporal, y a abonarme en concepto de diferencias en la prestación la cantidad de 515[

...................515] euros por el período reseñado (en su caso hacer constar que se proceda al abono de la prestación correspondiente a la base reguladora solicitada).

Por ser de justicia que pido en 516[

..........................................516] (lugar y fecha).


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AL JUZGADO

A) CLIENTE, mayor de edad, con DNI n?mero NIF, domiciliado en DOMICILIO, ante el Juzgado comparezco y digo:
B)Don ABOGADO, Abogado (o Procurador, Graduado Social o cualquier persona en pleno uso de sus derechos civiles), en representaci?n de Don CLIENTE, seg?n acredito mediante la designa de oficio (o mediante escritura de apoderamiento que acompa?o con ruego de su devoluci?n una vez testimoniada en autos; o mediante apoderamiento que se conferir? ante el Secretario), ante el Juzgado comparezco y digo:
Que interpongo DEMANDA por MOTIVO, contra la empresa CONTRARIO, dedicada a la actividad de ..., con domicilio en DOMICILIO, en base a los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. Presto mis servicios a la empresa demandada, en el centro de trabajo sito en ..., desde ..., con categor?a de ...

SEGUNDO. ...

TERCERO. El d?a ... present? papeleta de conciliaci?n ante el CEMAC, celebr?ndose el d?a ... con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa (o sin avenencia). Se acompa?a certificaci?n del acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El art. ... del Convenio colectivo para la industria ..., de fecha ... de 199.

II. Los arts. ... del Estatuto de los Trabajadores.

III. Los arts. 80 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1995.

IV. La sentencia podr? imponer al litigante que obr? con notoria temeridad una sanci?n pecuniaria y cuando el condenado fuera el empresario deber? abonar tambi?n los honorarios de los Abogados (art. 97.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito y documentos acompa?antes con sus copias, los admita y, previos los tr?mites legales, y a falta de conciliaci?n judicial, dicte sentencia estimatoria de la demanda y condene a la demandada a ...

OTROSM DIGO: comparecer? a juicio asistido de Letrado.

SEGUNDO OTROSM DIGO: designo como domicilio para notificaciones ...

TERCER OTROSM DIGO: interesa a esta parte valerse de los siguientes medios de prueba:

CONFESISN, para lo que deber? ser citado el legal representante de la empresa demandada a fin de absolver posiciones, con el apercibimiento de que si no comparece podr? ser tenido por confeso seg?n dispone el art?culo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

DOCUMENTAL, consistente en que se requiera a la empresa demandada para que el d?a del acto del juicio aporte los siguientes documentos:

1. Hojas de salario del demandante de los ?ltimos ... meses.
2. TC2 desde ... a ... de ...
3. Parte de alta y baja en la Seguridad social.
4. Libro de Matr?cula.
5. ...

PERICIAL, informe de ..., con domicilio en ..., cuya citaci?n solicito.

TESTIFICAL, que sean citados judicialmente (o que comparecer?n voluntariamente) los siguientes testigos:

Don ..., domiciliado en ..., y Don ..., domiciliado en ...

Es justicia que pido en LUGAR a DD de MM de AAAA

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Papeleta de conciliaci?n extinci?n por incumplimiento del empresario

AL C.M.A.C.

D. CLIENTE, mayor de edad, con DNI n: NIF, domiciliada en DOMICILIO, de esta ciudad, atentamente,

EXPONE

Que presenta PAPELETA DE CONCILIACISN por EXTINCISN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL EMPRESARIO, contra la empresa NOMBRE DE EMPRESA, dedicada a la actividad de ..., con domicilio en DOMICILIO, e inscrita en la Seguridad Social con el n: ..., en base a los siguientes:

HECHOS

1:. Que presta servicios en la empresa mencionada desde el d?a ..., salario mensual de ... pts. mensuales, con inclusi?n de la prorrata de pagas extras, y categor?a profesional de ...

2:. (Incumplimiento del art. 50 ET, p.e. no le han sido abonadas las retribuciones siguientes: ordinaria del mes de junio de 1990, extraordinaria de julio de 1990, ordinaria de junio de 1991, extraordinaria de julio de 1991 y ordinarias de agosto y septiembre de 1991, lo que supone un total de 6 mensualidades, por lo que la demandada le adeuda las cantidades siguientes: ...).

3:. Que a pesar de ello, durante todo el tiempo la solicitante de conciliaci?n ha seguido prestando sus servicios regularmente.

Por todo ello,

SUPLICA Que admitiendo esta papeleta de conciliaci?n se sirva ordenar lo necesario seg?n la legislaci?n vigente para que se celebre el preceptivo acto de conciliaci?n con la mencionada empresa a fin de que reconozca que tiene justa causa para solicitar la declaraci?n judicial de extinci?n del contrato por causa imputable al empresario, en base al art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, dada la falta de pago de los mencionados salarios y le abone las indemnizaciones previstas para el despido improcedente.

Lo que pide en justicia en LUGAR a DD de MM de AAAA

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha retirado la pensi?n reconocida a una trabajadora con fibromialgia al considerar que esta dolencia no siempre supone la invalidez permanente total del trabajador.

La Sala de lo Social del TSJC ha revocado la sentencia dictada el 23 de abril de 2002 por el juzgado de lo Social n?mero 2 de Girona, que reconoci? a Angustias G.F. la situaci?n de invalidez permanente en grado de total para su profesi?n habitual, as? como La trabajadora, de 47 a?os, operaria textil, inici? el proceso administrativo ante la Seguridad social en octubre de 2001 tras serle diagnosticadas entre otras dolencias, una fibromialgia que la incapacitaba totalmente para su trabajo.

Asimismo, sufr?a dolencias cervicales y un s?ndrome "ansioso depresivo reactivo" con "incipientes cambios degenerativos". La Seguridad Social recurri? ante el TSJC la sentencia del juez de instancia, al considerar que se hab?a "vulnerado la normativa sustantiva" en materia laboral.

Concretamente, el recurso de la Seguridad Social recordaba que el art?culo 137.4 de la Ley General de la Seguridad Social reconoce la invalidez permanente y total del trabajador cuando la dolencia le "inhabilita para la realizaci?n de todas o de las fundamentales tareas de su profesi?n u oficio siempre que pueda dedicarse a otros distintos". el derecho a percibir el 100% de la pensi?n, unos 775 euros

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STC 202/1999, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1999.- SOBRE BAJAS M?DICAS ANOTADAS EN FICHA DE PERSONAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pedro Cruz Villal?n, Presidente, don Manuel Jim?nez de Parga y Cabrera, don Pablo Garc?a Manzano, don Pablo Cach?n Villar, don Fernando Garrido Falla y do?a Mar?a Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de amparo n?m. 4.138/96, interpuesto por don Sergi Lafont Escayola, bajo la representaci?n procesal de la Procuradora de los Tribunales do?a Isabel Sober?n Garc?a de Enterr?a y asistido por el Letrado don Rafael Senra Biedma, contra la Sentencia n?m. 6483/1996, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, de 14 de octubre de 1996, desestimatoria del recurso de suplicaci?n interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, de 30 de enero de 1996, reca?da en los autos n?m. 1.128/95. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Banco Central Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador don Rafael Reig Pascual y bajo la direcci?n del Letrado don Angel Hern?ndez del R?o. Ha sido ponente el Magistrado don Pablo Cach?n Villar, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado el 15 de noviembre de 1996, do?a Isabel Sober?n Garc?a de Enterr?a, Procuradora de los Tribunales y de don Sergi Lafont Escayola, interpuso recurso de amparo constitucional contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, n?m. 6.483/1996, por la que se desestimaba el recurso de suplicaci?n n?m. 3.708/96, interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, de fecha 30 de enero de 1996, reca?da en los autos n?m. 1.128/95.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para la resoluci?n del caso son, en s?ntesis, los siguientes:
a) El actor, presidente del Comit? de Empresa de la oficina principal del Banco Central Hispanoamericano en Barcelona, interpuso, con fecha 16 de noviembre de 1995, demanda contra dicha entidad de cr?dito, por vulneraci?n de derechos fundamentales. El conocimiento de dicha demanda correspondi?, seg?n turno de reparto, al Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, dando lugar a la formaci?n de los autos n?m. 1.128/95, que fueron tramitados conforme a lo dispuesto en los arts. 175 a 182 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. El proceso concluy? por Sentencia de 30 de enero de 1996, desestimatoria de la pretensi?n ejercitada por el demandante.
b) Seg?n los hechos declarados probados en dicha Sentencia, a los que expresamente se remite el recurrente en su escrito de demanda, la entidad crediticia demandada, que ostenta la condici?n de colaboradora de la Seguridad Social, dispone de unos locales de empresa en los que se realizan las visitas de sus trabajadores a los facultativos de la Seguridad Social y donde est?n ubicados, asimismo, los servicios m?dicos de empresa. Estos servicios se prestan por cuatro m?dicos, tres de los cuales ostentan la condici?n de facultativos del Institut Catal? de la Salut al tiempo que empleados de la entidad de cr?dito. La empresa dispone de un sistema inform?tico, con una sola base de datos, donde existen unos ficheros m?dicos en los que constan los resultados de las revisiones peri?dicas realizadas por los servicios m?dicos de la empresa y empresas m?dicas subcontratadas, as? como los diagn?sticos m?dicos de todas las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores extendidas por los facultativos de la Seguridad Social. El fichero m?dico, que no se encuentra individualizado, no est? dado de alta como tal en la Agencia de Protecci?n de Datos y ?nicamente tienen acceso al mismo los referidos facultativos y un empleado del Banco, en su calidad de administrador ?nico de inform?tica, encuadrado funcionalmente en la Jefatura de Personal, Secci?n de Recursos Humanos, que es quien suministra a aqu?llos la clave de paso.
El actor se dirigi? por escrito, con fecha 28 de agosto de 1995, a la entidad de cr?dito donde presta sus servicios, solicitando relaci?n de todos los datos relativos a su salud obrantes en los ficheros inform?ticos que posee el Banco. En respuesta a esta solicitud, el Director de los Servicios M?dicos de Empresa remiti? al interesado escrito de 29 de septiembre siguiente, d?ndole cuenta de los datos m?dicos que al mismo ata??an existentes en el fichero informatizado de utilizaci?n por el servicio, consistentes todos ellos en las bajas temporales causadas por el trabajador desde el 9 de abril de 1988 hasta el 1 de agosto de 1995, con las fechas de baja y alta y diagn?stico, tal y como figuran en los impresos oficiales del Institut Catal? de la Salut.
c) La Sentencia de 30 de enero de 1996 neg? que la existencia en la empresa del fichero informatizado suponga una vulneraci?n del derecho fundamental del demandante a la intimidad (art. 18 C.E.), dado que la informaci?n confidencial que solicit? le fue facilitada ?nicamente a ?l, habi?ndose adoptado las medidas precisas para evitar su divulgaci?n o conocimiento por terceros. Igualmente, en la referida decisi?n judicial se indica que la inclusi?n del diagn?stico en los partes de baja m?dica por incapacidad transitoria facilita la posible decisi?n empresarial de controlar, conforme a lo dispuesto en el art. 20.4 E.T. y a trav?s de sus servicios m?dicos, la evoluci?n de los trabajadores que se encuentran en dicha situaci?n. Por otro lado, se destaca que la existencia misma del fichero representa una obligaci?n impuesta a los Servicios P?blicos de Salud por el art. 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (en adelante, L.G.S.) y, por extensi?n, a las Mutuas Patronales y a las Empresas con servicio de colaboraci?n en la asistencia sanitaria e incapacidad temporal [art. 208.1 b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo]. Finalmente, la resoluci?n judicial remite la posible infracci?n de los preceptos de la Ley Org?nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci?n del Tratamiento Automatizado de Datos de car?cter personal (en adelante, L.O.R.T.A.D.), o del Real Decreto 1.332/1994, de 20 de junio, de desarrollo parcial de aqu?lla, a las acciones que pudieran corresponder en v?a administrativa.
d) Frente a dicha Sentencia se interpuso recurso de suplicaci?n (rollo n?m. 3.708/96) ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, siendo desestimado por Sentencia de 14 de octubre de 1996. En lo que ahora interesa, la desestimaci?n se funda, en primer lugar, en que el fichero en cuesti?n est? formado por la reuni?n de las hojas cl?nicas de cada uno de los trabajadores visitados por el servicio m?dico de la empresa, colaboradora de la Seguridad Social, no pudiendo exig?rsele mayores garant?as y controles, por ser su soporte inform?tico, que aqu?llas que debiera tener en el supuesto de hallarse en soporte papel. Asimismo, se resalta que el art. 11 L.O.R.T.A.D. autoriza a los centros sanitarios, tanto p?blicos como privados, y a los profesionales correspondientes, el tratamiento automatizado de los datos relativos a la salud, de donde se concluye que el fichero gestionado por la entidad demandada no requer?a de previa autorizaci?n administrativa. Tampoco se apreci? vulneraci?n de los arts. 5 y 23 L.O.R.T.A.D., pues no se trata de datos solicitados al interesado y no habr?a quedado acreditada extralimitaci?n alguna del personal que tiene acceso al fichero. Igualmente, se entiende que la gesti?n del fichero se habr?a llevado a cabo de conformidad con lo prevenido en los arts. 9, 10, en cuanto a seguridad y secreto del fichero, y 13, todos ellos de la L.O.R.T.A.D., dado que no se ha producido petici?n alguna de rectificaci?n y no se estima procedente la cancelaci?n en cuanto la existencia de informaci?n relativa a la salud es garant?a tanto del paciente como de los facultativos que le prestan asistencia. Se insiste, finalmente, en la posibilidad de interesar en su caso la actuaci?n de la Agencia de Protecci?n de Datos, conforme a lo establecido en el art. 17 L.O.R.T.A.D.
3. El recurrente aduce vulneraci?n de los arts. 18 (especialmente, en su apartado cuarto) y 24.1 C.E., puesto que las resoluciones judiciales impugnadas no anularon las actuaciones llevadas a cabo por la entidad demandada. Siguiendo la estructura expositiva del escrito de demanda, habremos de dar cuenta, en primer lugar, de la relaci?n de hechos que contiene, para analizar posteriormente las alegaciones relativas a la vulneraci?n de los derechos fundamentales mencionados.
a) El solicitante de amparo sostiene que los hechos declarados probados en ambas decisiones resultan concluyentes al respecto, pues la entidad hab?a procedido a crear una base de datos en la que figuran, al menos, los diagn?sticos de las enfermedades que originaron una situaci?n de baja laboral por incapacidad temporal, sin requerir para ello la previa autorizaci?n del interesado, ni invocar inter?s contractual alguno; de igual modo, tampoco se aduce dicho inter?s para motivar la negativa a la cancelaci?n de los datos obrantes en el archivo automatizado. Dicho archivo no est? dado de alta en la Agencia de Protecci?n de Datos, por lo que no existe responsable oficial del mismo, y a ?l tienen acceso, por un lado, los cuatro m?dicos contratados por la entidad crediticia como m?dicos de empresa y, por otro, un empleado del Banco adscrito al ?rea de personal, que no ostenta la condici?n de facultativo y que facilita la clave de acceso al sistema. Finalmente, el recurrente pone de manifiesto una situaci?n de pluriempleo de los m?dicos al servicio de la entidad, dado que son tambi?n facultativos de la Seguridad Social.
A juicio del recurrente, las resoluciones judiciales impugnadas habr?an otorgado una injustificada primac?a al derecho del empresario a que se le facilite el control de las situaciones de incapacidad temporal de sus empleados sobre el derecho fundamental a la intimidad. De donde resultar?a la vulneraci?n del art. 18 C.E., particularmente en su apartado cuarto, en relaci?n con determinados preceptos de la L.O.R.T.A.D., la jurisprudencia de este Tribunal contenida en su Sentencia 254/1993 y el Convenio para la protecci?n de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de car?cter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981.
Denuncia el recurrente que desde el a?o 1990 ven?a solicitando a la entidad crediticia la cancelaci?n de los datos automatizados relativos a su salud, obteniendo respuesta ?nicamente despu?s de que se dirigiera a la Agencia de Protecci?n de Datos y ?sta le indicara que el fichero no figuraba inscrito en sus registros. En todo caso, esa respuesta se ha limitado a la comunicaci?n de los datos sobre el interesado obrantes en el registro, rechaz?ndose la petici?n de cancelaci?n.
b) Seguidamente, se exponen de manera pormenorizada seis alegaciones referidas a la vulneraci?n del art. 18 C.E., particularmente de su apartado cuarto, la primera de las cuales se refiere a la creaci?n del fichero automatizado. Se recuerda que, conforme al art. 6 del Convenio de 28 de enero de 1981, la misma s?lo es posible si el Derecho interno contiene las garant?as apropiadas. En cumplimiento de esta previsi?n, el art. 6 L.O.R.T.A.D. requiere el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de datos personales, salvo que por ley se disponga lo contrario, o cuando en una relaci?n contractual dichos datos sean precisos para el mantenimiento o cumplimiento del contrato. Pues bien, ni la Ley General de Sanidad, ni tan siquiera las normas reglamentarias reguladoras de los servicios m?dicos de empresa y de la colaboraci?n de las empresas con la Seguridad Social, autorizan la creaci?n de este tipo de fichero sin mediar el consentimiento de los afectados.
Unicamente la Seguridad Social, en su condici?n de Organismo p?blico, se halla facultada para la creaci?n de este tipo de ficheros, y ello con notables limitaciones. No existiendo habilitaci?n legal para la creaci?n, ?sta s?lo es posible si los datos obrantes en ?l resulten imprescindibles para el cumplimiento del contrato, lo que, a la vista de los datos efectivamente existentes, no es el caso, o mediando consentimiento del afectado, que tampoco concurri?. En conclusi?n, la creaci?n de la base de datos vulner? el art. 6.1 L.O.R.T.A.D. en relaci?n con el art. 6 del Convenio de 28 de enero de 1981 y, a su trav?s, el art. 18.4 C.E. Se a?ade que, en cuanto al acceso a los datos obrantes en estos ficheros, deber? limitarse al propio interesado, invoc?ndose al respecto el art. 22.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci?n de Riesgos Laborales.
Por lo que se refiere al derecho a la informaci?n del afectado, proclamado en el art. 5 L.O.R.T.A.D., se reitera la negativa de la empresa a reconocer la existencia misma del fichero, destac?ndose que ninguna informaci?n le fue facilitada al actor, hasta el acto del juicio oral, acerca de la finalidad del fichero, los destinatarios de la informaci?n, identidad y direcci?n del responsable del fichero, o sobre los derechos de acceso y rectificaci?n. Igualmente, se habr?an incumplido los requisitos del art. 23 L.O.R.T.A.D., de donde deriva la obligada comunicaci?n al afectado. Los hechos denunciados vulnerar?an, asimismo, el art. 8 del Convenio de 28 de enero de 1981.
Tampoco habr?a quedado salvaguardado el derecho de acceso al fichero, tanto por la actitud obstruccionista de la empresa, como por no haber dado de alta aqu?l en los organismos oficiales. Por otra parte, en el art. 4 L.O.R.T.A.D. se establece la obligaci?n de que los datos sean almacenados de tal modo que se facilite el ejercicio del mencionado derecho. Otro tanto cabe decir del derecho de rectificaci?n, que no ha podido ser ejercido al no respetarse las garant?as legales en las fases anteriores, vulner?ndose con ello los arts. 15 L.O.R.T.A.D. y 8 c) del Convenio de 28 de enero de 1981.
Respecto del derecho del actor a la cancelaci?n de los datos que sobre su salud personal obran en el fichero, recuerda el recurrente que no han arrojado resultado alguno las denuncias efectuadas ante el Colegio Oficial de M?dicos, la Inspecci?n de Trabajo y la Agencia de Protecci?n de Datos. La falta de cancelaci?n de los datos ir?a contra los arts. 4 L.O.R.T.A.D. y 8 c) del Convenio de 28 de enero de 1981, pues ni siquiera se han "despersonalizado" los datos. La negativa no puede fundarse, como parecen dar a entender las resoluciones judiciales impugnadas, en la facultad de control por el empresario de la autenticidad de las causas de incapacidades temporales, pues dicho control ha de efectuarse durante el tiempo de la baja laboral y no tras su finalizaci?n. A fortiori, el control versar? sobre la autenticidad de la causa y no sobre el diagn?stico, al ser ?ste un dato inserto en la confidencialidad m?dica. Dicho de otro modo, la legalidad vigente autoriza al empresario a controlar, constante la situaci?n de incapacidad transitoria, la veracidad de esa situaci?n, pero no el diagn?stico m?dico. En el bien entendido de que esta facultad habr? de ejercerse conforme a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sin que en ning?n caso pueda vaciar de contenido el derecho fundamental a la intimidad.
En lo que ata?e a la confidencialidad de los datos, las Sentencias impugnadas han estimado probado el hecho de que los mismos se encuentran en un fichero integrado en la base de datos general de la empresa. Igualmente, que a los mismos tienen acceso no s?lo los cuatro m?dicos, contratados en la empresa y facultativos de la Seguridad Social, sino tambi?n un empleado de la entidad crediticia, adscrito a la jefatura de personal, que es quien proporciona la clave de acceso. Todo ello representa, en opini?n del recurrente, un atentado a la confidencialidad de los datos, pues tienen acceso a ellos m?dicos distintos de los que atienden al trabajador, que mantienen una relaci?n contractual con la entidad demandada, por lo que no existe ning?n motivo que justifique su conocimiento del historial cl?nico del recurrente. A este respecto, se aduce la existencia de un precedente que pone de manifiesto la falta de garant?as de confidencialidad de los datos. En dicho precedente la informaci?n sobre la salud de una trabajadora, al parecer suministrada por los propios servicios m?dicos de la empresa, dio lugar a la no renovaci?n de su contrato temporal.
Tras realizar una exhaustiva exposici?n de la doctrina contenida en la STC 254/1993, se concluye que el criterio mantenido por los ?rganos judiciales en las resoluciones impugnadas es contrario a la misma, lo que ha supuesto la efectiva vulneraci?n del derecho del recurrente a la intimidad (art. 18 C.E.). Finalmente, y frente a lo afirmado en dichas resoluciones judiciales acerca de la existencia de simples infracciones administrativas, se defiende la idoneidad de la v?a jurisdiccional utilizada para reaccionar frente a la conculcaci?n padecida del derecho en cuesti?n.
c) Con car?cter subsidiario a la alegaci?n anteriormente desarrollada, aduce el recurrente vulneraci?n del art. 24.1 C.E., en cuanto la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a le habr?a causado indefensi?n.
En primer lugar, se sostiene que la decisi?n judicial mencionada no respet? la regla de inversi?n de la carga de la prueba que debe regir en el proceso de protecci?n de derechos fundamentales (art. 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral). De haberse atenido a dicha regla, la aportaci?n por el demandante de una suficiente prueba de indicios, no contradicha en ning?n momento por la demandada, hubiera debido llevar, inexorablemente, a la estimaci?n de las pretensiones ejercitadas.
Por otro lado, las razones aducidas para no alterar la relaci?n del supuesto f?ctico, su intrascendencia o la posibilidad de deducir aquellos extremos que se pretend?a se hicieran constar expresamente, deben calificarse de il?gicas e irrazonables, al tiempo que dificultan los posibles recursos que posteriormente puedan entablarse contra la Sentencia.
Tras lo expuesto, concluye el escrito de demanda solicitando la anulaci?n de las resoluciones judiciales impugnadas, por vulnerar los arts. 18 (en especial, su apartado cuarto) y 24.1 C.E. Asimismo, que se declare la nulidad radical de la conducta del Banco Central Hispano en relaci?n con el recurrente, orden?ndose el cese inmediato de la vulneraci?n del art. 18 C.E., con destrucci?n inmediata de los datos m?dicos relativos al demandante obrantes en los archivos de la empresa demandada, lo que deber? ser certificado por dos peritos inform?ticos. Que se libre testimonio de la Sentencia al Ministerio Fiscal, para que, en su caso, se deduzcan las responsabilidades penales que pudiera haber lugar y, asimismo, se libre testimonio a la Agencia de Protecci?n de Datos para que se establezcan las responsabilidades de los depositarios de los ficheros en los que figuraban los datos m?dicos del recurrente. Todo ello, con indemnizaci?n de da?os y perjuicios materiales y morales.
Subsidiariamiente, se solicita la anulaci?n de la Sentencia de suplicaci?n, por vulnerar el art. 24.1 C.E., con retroacci?n de actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al dictado de la Sentencia, para que la Sala sentenciadora se pronuncie de manera razonada sobre la admisi?n o no de las distintas revisiones de hechos que se interesaron y se apliquen los criterios de carga de la prueba establecidos en la Ley de Procedimiento Laboral para los procesos de tutela de los derechos fundamentales y libertades p?blicas.
4. Mediante providencia de 17 de noviembre de 1997, la Secci?n Segunda de este Tribunal acord? la admisi?n a tr?mite del recurso y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y al Juzgado de lo Social n?m. 22 de Barcelona, para que, en el plazo de diez d?as, remitieran respectivamente testimonio del recurso de suplicaci?n n?m. 3.708/96 y de los autos 1.128/95, interes?ndose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepci?n del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez d?as pudieran comparecer en este proceso.
5. La personaci?n del Banco Central Hispanoamericano, S.A., bajo la direcci?n letrada de don Angel Hern?ndez del R?o y representado por el Procurador de los Tribunales don Rafael Reig Pascual, tuvo lugar por escrito registrado en este Tribunal el 16 diciembre de 1997.
6. Por nuevo prove?do de 12 de enero de 1998, la Secci?n Primera de este Tribunal acord? tener por recibidas las actuaciones judiciales solicitadas y por personada a la entidad crediticia mencionada en el antecedente anterior. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acord? dar vista de todas las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal, para que, en el plazo com?n de veinte d?as, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.
7. El recurrente evacu? el tr?mite conferido por escrito registrado el 3 de febrero de 1998, ratific?ndose ?ntegramente en los motivos de amparo y pretensiones deducidas en el escrito de demanda. Al respecto, sostiene que de la lectura de los autos se deduce que la entidad crediticia demandada en el proceso judicial ha vulnerado el contenido esencial de su derecho fundamental a la intimidad, almacenando unos datos m?dicos, en especial el diagn?stico de las incapacidades temporales, sin alegar para ello ning?n inter?s contractual o legal. Asimismo, se denuncia la voluntad de la entidad demandada de conservar los datos en el fichero hasta tanto se prolongue la relaci?n contractual con los empleados. Por lo que se refiere a las decisiones judiciales impugnadas, se insiste en que, al no poner fin a la vulneraci?n denunciada, habr?an incurrido en infracci?n de los arts. 18 y 24.1 C.E.
8. El escrito de alegaciones de la entidad de cr?dito se registr? en este Tribunal el d?a 4 de febrero de 1998, desarroll?ndose la l?nea argumental que seguidamente se extracta y que lleva a solicitar la desestimaci?n del amparo.
En primer lugar, se discrepa del relato f?ctico contenido en el escrito de demanda, por cuanto en ?l se incluyen determinados extremos que no quedaron acreditados en el proceso judicial. Es el caso, singularmente, de la denuncia a la Inspecci?n de Trabajo, de las consultas al Colegio de M?dicos, con respuestas gen?ricas de ?ste, ajenas al propio Banco, o, en fin, del pretendido acceso a datos relativos a la salud del recurrente por personal ajeno a los servicios sanitarios de la entidad. Particular hincapi? se hace en que el administrador de la base de datos ?nicamente proporciona la clave de acceso a los m?dicos de la empresa, garantizando con ello el secreto de los archivos y su informaci?n, seg?n consta en el relato de hechos probados contenido en las resoluciones judiciales impugnadas.
Por lo que se refiere a la alegaci?n de infracci?n del art. 24.1 C.E., relativa a las conclusiones extra?das por los ?rganos jurisdiccionales a partir de las pruebas practicadas, se subraya la amplia libertad de criterio que el art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral reconoce en este punto al juzgador para valorar los elementos de convicci?n llevados al pleito por las partes. Partiendo de esta premisa, la representaci?n procesal de la entidad crediticia entiende conforme con el mencionado precepto constitucional la negativa de los ?rganos judiciales a efectuar una alteraci?n del relato f?ctico, en el sentido pretendido por el entonces demandante, tanto m?s cuanto que dicha alteraci?n carece de sustento probatorio. En especial, por lo que se refiere a la referencia a la no renovaci?n del contrato a una trabajadora con contrato temporal, pues lo ?nico que se aport? fue copia simple de un documento no ratificado en juicio ni reconocido por la empresa.
Se recuerda que, con fecha 13 de febrero de 1965, el entonces Banco Hispano Americano y el Instituto Nacional de Previsi?n suscribieron un acuerdo de colaboraci?n en la gesti?n de las prestaciones econ?micas y sanitarias derivadas de las contingencias de enfermedad com?n y accidente no laboral, que afectaba al personal de las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Tras la fusi?n de la entidad con el Banco Central, la Direcci?n General de Ordenaci?n Jur?dica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social autoriz?, mediante Resoluci?n de 15 de septiembre de 1993, la extensi?n del ?mbito subjetivo de colaboraci?n a los empleados procedentes de dicha entidad crediticia. Todo ello de conformidad con los arts. 77 y ss. del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La naturaleza de la relaci?n del personal facultativo con la empresa ha quedado aclarada en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 1993, donde se subraya que existe una sola y ?nica relaci?n jur?dica, que es la estatutaria establecida entre el m?dico y la entidad Gestora de la Seguridad Social, sin que este hecho se vea alterado por la posibilidad de colaboraci?n voluntaria de las empresas en la gesti?n de la Seguridad Social. En su consecuencia, la queja relativa a la inclusi?n en los partes de baja del diagn?stico m?dico deb?a haberse planteado ante los servicios de inspecci?n del INSALUD o del Institut Catal? de la Salut, sin trasladar la responsabilidad a la empresa.
Por otro lado, la existencia y mantenimiento de la historia cl?nica individualizada trae causa del art. 61 de la Ley General de Sanidad, que impone su unicidad y su conservaci?n dentro de la instituci?n asistencial. Igualmente, el art. 10.11 del mismo texto legal establece la obligaci?n de que quede constancia escrita de todo el proceso sanitario. En cuanto a los datos obrantes en los ficheros automatizados, el art. 4.1 L.O.R.T.A.D. dispone que deben ser adecuados y no excesivos en relaci?n con la finalidad perseguida, debiendo evitarse, conforme a la mencionada Ley Org?nica, su divulgaci?n, e imponi?ndose el deber de secreto, pero sin requerir para el tratamiento informatizado de los datos consentimiento alguno cuando una ley prevea otra cosa [art. 11.2 a)]. Pues bien, la Orden de 21 de noviembre de 1959 y disposiciones concordantes vigente, creadoras y reguladoras del servicio m?dico de empresa, establece en su art. 40 la obligaci?n de cumplimentar una ficha m?dica, en impreso normalizado, previ?ndose asimismo su renovaci?n y actualizaci?n anual, con un contenido exhaustivo que se fija en el art. 44, e incluy?ndose un examen y reconocimientos, con incorporaci?n de detallados datos cl?nicos, anal?ticos, e incluso psicot?cnicos, que han de ser conservados en fichas oficiales. Estas mismas obligaciones se derivar?an de los arts. 22 y 23 de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales, limitando el conocimiento de los datos al personal m?dico y sanitario.
Por su parte, la prestaci?n de asistencia m?dica precisa del conocimiento de los antecedentes patol?gicos de los pacientes, pues lo contrario supone un riesgo para la salud, que el legislador no ha ignorado al obligar a los m?dicos a que recaben dicha informaci?n. Esta idea cristaliza en el art. 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevenci?n, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
En cuanto a la preservaci?n del derecho a la intimidad del trabajador, se afirma que las medidas establecidas por la empresa van incluso m?s all? de lo exigido por la normativa aplicable. En lo que interesa al presente recurso, se subraya que s?lo por la jefatura de los servicios m?dicos de empresa se facilitaron directamente al actor los datos protegidos, manteni?ndose el m?s estricto sigilo profesional por las ?nicas personas --los facultativos-- con acceso a dichos datos.
Respecto de la pretendida vulneraci?n del art. 24.1 C.E., se sostiene que dicha alegaci?n pretende dar dimensi?n y alcance constitucional a una cuesti?n de legalidad ordinaria, convirtiendo el recurso de amparo constitucional en una tercera instancia. Raz?n por la cual debe ser, igualmente, desestimada.
9. El Ministerio Fiscal formul? las correspondientes alegaciones en escrito registrado el 12 de febrero de 1998, interesando asimismo la desestimaci?n del recurso.
Tras una sucinta exposici?n de los hechos de que el recurso trae causa se indica, en relaci?n con la alegaci?n de vulneraci?n del derecho fundamental a la intimidad (art. 18 C.E.), que si bien los datos registrados afectan a la intimidad del trabajador, fueron obtenidos de modo leg?timo y deben ser calificados de adecuados y no excesivos, por ser los mismos que figuran en los impresos oficiales de baja laboral. De otro lado, al recurrente se le ha facilitado la informaci?n precisa para conocer la existencia, fines y responsables del fichero, as? como los propios datos, cuya inexactitud o falta de actualidad no se discute. La confidencialidad de los datos parece quedar garantizada y los datos son ?tiles para la adecuada prestaci?n de la asistencia sanitaria. No se ha acreditado, en fin, vulneraci?n alguna del secreto m?dico profesional.
Por lo que hace a la alegada vulneraci?n del art. 24.1 C.E., se se?ala que la fijaci?n de los hechos del proceso y la valoraci?n o apreciaci?n de los medios de prueba tendentes a definir la quaestio facti corresponde en exclusiva a los ?rganos judiciales, exclusividad que tambi?n ostentan, respecto de la interpretaci?n y aplicaci?n de la legalidad ordinaria, en el ejercicio de la funci?n jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 C.E. Se afirma, igualmente, que las pretensiones revisoras del relato f?ctico obtuvieron adecuada y pormenorizada respuesta en el fundamento de Derecho 2? de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, por lo que debe concluirse que ha quedado salvaguardado el contenido del art. 24.1 C.E.
10. Mediante providencia de 24 de septiembre de 1999 se se?al? para deliberaci?n y votaci?n de la presente Sentencia el d?a 27 del mismo mes y a?o, d?a en que se inici? el tr?mite que ha finalizado en el d?a de la fecha.

II. Fundamentos jur?dicos
1. Seg?n se ha consignado en los antecedentes, el ahora solicitante de amparo denuncia que la existencia en la entidad crediticia Banco Hispanoamericano, S.A., en la que presta sus servicios, de una base de datos denominada de "absentismo con baja m?dica" en la que figuran los diagn?sticos de las enfermedades que dieron origen a una situaci?n de baja laboral por incapacidad temporal, sin consentimiento expreso de los afectados y sin que la entidad haya alegado en ning?n momento un inter?s contractual suficiente, vulnera los derechos fundamentales proclamados en el art. 18 C.E., en especial en su apartado cuarto. Denuncia que se extiende a la negativa a la cancelaci?n de los datos obrantes en el fichero, as? como al hecho de que puedan tener acceso a la base tanto los cuatro m?dicos de la empresa como un empleado de ?sta, adscrito al ?rea de personal, que no goza de la condici?n de facultativo y que es quien proporciona la clave de entrada en el sistema, con lo que no quedar?a garantizada la confidencialidad de los datos. Finalmente, pone de manifiesto que la base de datos en cuesti?n no est? dada de alta en la Agencia de Protecci?n de Datos, no existiendo, por tanto, un responsable oficial del fichero.
Con car?cter subsidiario, aduce el demandante de amparo vulneraci?n del art. 24.1 C.E., puesto que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a n?m. 6483/1996, de 14 de octubre de 1996, desestimatoria del recurso de suplicaci?n interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 22 de Barcelona, de 30 de enero de 1996, le habr?a causado indefensi?n por un doble motivo. De una parte, en la meritada Sentencia no se habr?a respetado la regla de inversi?n de la carga de la prueba que, conforme al art. 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, ha de regir en los procesos de protecci?n de derechos fundamentales. La adecuada aplicaci?n de este criterio hubiera debido conducir, siempre a juicio del recurrente, a la estimaci?n de la pretensi?n deducida. De otra, sostiene que las razones aducidas para no modificar la relaci?n de hechos probados, que merecen ser calificadas de il?gicas e irrazonables, dificultan los hipot?ticos recursos que pudieran entablarse contra la Sentencia.
A la estimaci?n del presente recurso de amparo se oponen de consuno la entidad crediticia y el Ministerio Fiscal, para quienes no se ha acreditado vulneraci?n alguna del derecho fundamental a la intimidad, pues los datos fueron obtenidos de manera leg?tima y su confidencialidad ha quedado suficientemente garantizada, no habi?ndose acreditado ning?n uso de los mismos desviado del fin que justific? su obtenci?n. Por lo que hace a la alegada conculcaci?n del art. 24.1 C.E., se sostiene que el ?rgano judicial ha actuado, en la valoraci?n de los medios de prueba llevados al proceso por las partes, dentro de las facultades legalmente reconocidas, dando respuesta adecuada y fundada en Derecho a las pretensiones revisoras del relato f?ctico.
2. Una vez expuestos, de manera necesariamente sucinta, los t?rminos en que se ha trabado el debate procesal, parece oportuno iniciar el examen de los argumentos aducidos por el solicitante de amparo por aquellos motivos que fundamentan la pretensi?n principal ejercitada. Es decir, los que hacen referencia a la alegada vulneraci?n de su derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 y 4 C.E.).
Al respecto, interesa recordar que este Tribunal ha tenido ya ocasi?n de advertir que el derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 C.E., se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ning?n g?nero de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 C.E. reconoce [SSTC 231/1988, fundamento jur?dico 3?; 197/1991, fundamento jur?dico 3?; 142/1993, fundamento jur?dico 7?; 57/1994, fundamento jur?dico 5? A); 143/1994, fundamento jur?dico 6? y 207/1996, fundamento jur?dico 3? B) y ATC 30/1998, fundamento jur?dico 2?], e implica, necesariamente, la existencia de un ?mbito propio y reservado frente a la acci?n y conocimiento de los dem?s, necesario, conforme a las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad m?nima de la vida humana [SSTC 110/1984, fundamento jur?dico 3?; 170/1987, fundamento jur?dico 4?; 231/1988, fundamento jur?dico 3?; 197/1991, fundamento jur?dico 3?; 57/1994, fundamento jur?dico 5? A); 143/1994, fundamento jur?dico 6?; 207/1996, fundamento jur?dico 3? B) y 151/1997, fundamento jur?dico 5?].
Atendiendo en especial al elemento teleol?gico que la proclamaci?n de este derecho fundamental incorpora, la protecci?n de la vida privada como protecci?n de la libertad y de las posibilidades de autorrealizaci?n del individuo (STC 142/1993, fundamento jur?dico 8?), este Tribunal ha tenido asimismo ocasi?n de se?alar que la protecci?n dispensada por el art. 18.1 C.E. alcanza tanto a la intimidad personal stricto sensu, integrada, entre otros componentes, por la intimidad corporal (SSTC 37/1989, fundamento jur?dico 7?; 137/1990, fundamento jur?dico 10?; 207/1996, fundamento jur?dico 3?) y la vida sexual (STC 89/1987, fundamento jur?dico 2?), como a determinados aspectos de la vida de terceras personas que, por las relaciones existentes, inciden en la propia esfera de desenvolvimiento del individuo (SSTC 231/1988, fundamento jur?dico 4? y 197/1991, fundamento jur?dico 3?). Por lo que se refiere a los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desarrolla su actividad, si bien no se integran en principio en la esfera privada de la persona (STC 142/1993, fundamento jur?dico 7? y ATC 30/1998, fundamento jur?dico 2?), sin embargo no cabe ignorar que, mediante un an?lisis detallado y conjunto de los mismos, es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida ?ntima personal y familiar (STC 142/1993, fundamento jur?dico 8?), en cuyo ?mbito se encuentran, sin duda, las referencias a la salud.
La hip?tesis ahora planteada adquiere una dimensi?n singular por mor de la generalizaci?n del tratamiento automatizado de datos personales. En previsi?n de los nuevos riesgos que ello pueda originar para la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos, se dispone en el art. 18.4 C.E. que "la Ley limitar? el uso de la inform?tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Se trata, por tanto, de un instituto de garant?a de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero tambi?n de un instituto que es, en s? mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ileg?timo del tratamiento mecanizado de datos (SSTC 254/1993, fundamento jur?dico 6? y 11/1998, fundamento jur?dico 4?). De suerte que, como se precisara en la STC 143/1994, "un sistema normativo que, autorizando la recogida de datos incluso con fines leg?timos, y de contenido aparentemente neutro, no incluyese garant?as adecuadas frente a su uso potencialmente invasor de la vida privada del ciudadano, a trav?s de su tratamiento t?cnico, vulnerar?a el derecho a la intimidad de la misma manera en que lo har?an las intromisiones directas en el contenido nuclear de ?sta" (fundamento jur?dico 7?; en el mismo sentido, STC 94/1998, fundamento jur?dico 4?).
Por consiguiente, la garant?a de la intimidad adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la llamada "libertad inform?tica" es as? derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa inform?tico (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposici?n del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aqu?l leg?timo que justific? su obtenci?n (SSTC 254/1993, fundamento jur?dico 7?; 11/1998, fundamento jur?dico 4?; 11/1998, fundamento jur?dico 4? y 94/1998, fundamento jur?dico 4?).
3. Partiendo de estas premisas debemos analizar si la creaci?n y el mantenimiento por la entidad crediticia personada en este proceso constitucional del fichero automatizado denominado "absentismo con baja m?dica", donde se conservan los datos referidos a las bajas laborales causadas por el ahora solicitante de amparo entre el 9 de abril de 1988 y el 4 de agosto de 1995, se acomoda al art. 18 C.E. o lo vulnera.
A este respecto, aduce el recurrente que, trat?ndose de datos de car?cter personal que hacen referencia a la salud, su tratamiento automatizado ?nicamente resultar?a posible ex art. 7 de la Ley Org?nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci?n del Tratamiento Automatizado de Datos de car?cter personal (L.O.R.T.A.D.) si mediase el consentimiento expreso de los afectados o si, por razones de inter?s general, as? lo dispusiera una Ley. Como quiera que ninguno de dichos requisitos concurren en el presente supuesto, ello determinar?a que la creaci?n de la base de datos habr?a vulnerado el art. 18 C.E. al conculcar el derecho a la intimidad personal de los titulares de la informaci?n en ella conservada. As?, tras destacar que la conservaci?n de los datos contenidos en el fichero se llev? a cabo sin conocimiento de los afectados, denuncia que las Sentencias impugnadas, al tratar de amparar la actuaci?n empresarial en las facultades de control de la situaci?n de incapacidad laboral que le reconoce el art. 20.4 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), habr?an procedido a una inadecuada ponderaci?n de los intereses en conflicto, otorgando primac?a al inter?s del empresario sobre el derecho fundamental de los trabajadores a su intimidad.
En franca discrepancia con lo alegado por el demandante de amparo, la entidad crediticia sostiene que la existencia misma del fichero discutido vendr?a no ya autorizada, sino incluso impuesta por la legislaci?n vigente. As?, en defensa de esta tesis se aduce principalmente el art. 61 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (L.G.S.), que a juicio de la parte personada le impondr?a la obligaci?n de conservar los historiales cl?nico-sanitarios de sus trabajadores. Igualmente, se mencionan los arts. 10.11 del mismo texto legal, conforme al cual ha de quedar constancia escrita de todo el proceso sanitario; 4.1 L.O.R.T.A.D., a cuyo tenor los datos recabados han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relaci?n con el ?mbito y las finalidades leg?timas para las que hubieren sido obtenidos, y 7 y 11.2 a), que excepcionan la exigencia de consentimiento previo de los afectados cuando la recogida y tratamiento automatizado de los datos atinentes a la salud se realice en cumplimiento de lo dispuesto en una Ley. Siempre a juicio de la empresa titular del fichero automatizado controvertido, su actuaci?n quedar?a plenamente cubierta por la citada excepci?n seg?n resultar?a de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1959, reguladora de los Servicios M?dicos de Empresa, los arts. 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci?n de Riesgos Laborales y el art. 37 del Reglamento de los Servicios de Prevenci?n, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Por su parte, el Ministerio Fiscal coincide con la entidad crediticia personada al afirmar que los datos fueron obtenidos de forma leg?tima y acorde con lo dispuesto en el art. 8 L.O.R.T.A.D.
4. A fin de elucidar la cuesti?n ahora planteada debemos comenzar precisando que el fichero automatizado de que trae causa el presente proceso constitucional no es un compendio de historiales cl?nico-sanitarios, esto es, de rese?as circunstanciadas de los datos y antecedentes relativos a la salud de los afectados, sino, sencillamente, una relaci?n de partes de baja, como resulta del propio relato de hechos probados (apartado cuarto) de las Sentencias impugnadas. En ellos se consignan las correspondientes fechas de baja y alta laboral, el motivo de la baja (enfermedad com?n o accidente laboral), los d?as durante los cuales se prolong? la situaci?n de incapacidad temporal y el diagn?stico m?dico.
A la vista del contenido del fichero, forzoso resulta convenir que su mantenimiento no se dirige a la preservaci?n de la salud de los trabajadores sino al control del absentismo laboral, lo que, por otra parte, resulta plenamente acorde con la denominaci?n "absentismo con baja m?dica" que recibe el fichero. Consecuentemente, la creaci?n y actualizaci?n del fichero, en los t?rminos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo sostenido por la empresa, en la existencia de un inter?s general (art. 7.3 L.O.R.T.A.D. y, por remisi?n, arts. 10.11 y 61 L.G.S.), que justificar?a la autorizaci?n por ley, sin necesidad del consentimiento del trabajador, para el tratamiento automatizado de los datos atinentes a su salud, ni tampoco en lo dispuesto en los arts. 22 y 23 de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales, habida cuenta de que en el fichero en cuesti?n no se reflejan los resultados arrojados por la vigilancia peri?dica --y consentida por los afectados-- del estado de salud de los trabajadores en funci?n de los riesgos inherentes a su actividad laboral, sino tan s?lo la relaci?n de per?odos de suspensi?n de la relaci?n jur?dico-laboral dimanantes de una situaci?n de incapacidad del trabajador.
5. Dicho ?sto, y teniendo en todo momento presente que la concreta cuesti?n suscitada en el presente recurso de amparo se refiere a la conformidad con el art. 18 C.E. del tratamiento y conservaci?n en el preciso soporte inform?tico de los datos atinentes a la salud del trabajador, a que se acaba de hacer referencia, debemos se?alar que la realizaci?n de dichas actividades prescindiendo del consentimiento expreso del afectado ha de calificarse como una medida inadecuada y desproporcionada que conculca por ello el derecho a la intimidad y a la libertad inform?tica del titular de la informaci?n.
En efecto, conforme se ha apuntado con anterioridad, mediante la creaci?n de la base de datos ahora discutida parece perseguirse un control m?s eficaz del absentismo laboral, seg?n las facultades que al efecto reconoce al empresario la legislaci?n vigente. En este sentido, lo primero que conviene advertir es que entre dichas facultades no figura la de proceder al almacenamiento en soporte inform?tico de los datos atinentes a la salud de los trabajadores --y en concreto del diagn?stico m?dico-- prescindiendo del consentimiento de ?stos. Por otra parte, y con independencia de ello, lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los c?nones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideraci?n de soluci?n id?nea, necesaria y proporcionada para la consecuci?n del fin, en este caso, el control del absentismo laboral [SSTC 66/1995, fundamento jur?dico 5?; 207/1996, fundamento jur?dico 4? E) y 69/1999, fundamento jur?dico 4?], pues no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan m?s beneficios o ventajas para el inter?s general o para el inter?s empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad.
Al respecto, interesa recordar que, en desarrollo de lo previsto en el art. 18.4 C.E., en la L.O.R.T.A.D. se enuncian, entre otros principios generales de la protecci?n de datos, la congruencia y racionalidad de su utilizaci?n, "en cuya virtud ha de mediar una n?tida conexi?n entre la informaci?n personal que se recaba y trata inform?ticamente y el leg?timo objetivo para el que se solicita y, en consecuencia, prohibe tajantemente el uso de los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida (aps. 1 y 2 del art. 4)" (STC 94/1998, fundamento jur?dico 4?), as? como su exactitud y puesta al d?a (art. 4.3). Esta regulaci?n es sustancialmente coincidente con lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, para la protecci?n de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de car?cter personal, ratificado por Espa?a mediante Instrumento de 27 de enero de 1984, y en los arts. 6 y ss. de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, sobre protecci?n de las personas f?sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci?n de estos datos. Pues bien, en este caso debemos afirmar que el expresado tratamiento inform?tico --con vistas a su conservaci?n-- de los datos referidos a la salud de los trabajadores de que tenga conocimiento la empresa quiebra la aludida exigencia de n?tida conexi?n entre la informaci?n personal que se recaba y el leg?timo objetivo para el que fue solicitada.
Consiguientemente, debemos concluir que el tratamiento y conservaci?n del diagn?stico m?dico en la mencionada base de datos sin mediar consentimiento expreso del afectado incumple la garant?a que para la protecci?n de los derechos fundamentales se contiene en el art. 53 C.E.
6. La estimaci?n del motivo principal del recurso torna innecesario el examen del motivo subsidiario, en el que se plantea la vulneraci?n del art. 24.1 C.E. por la resoluciones dictadas en el procedimiento judicial de que este proceso constitucional trae causa. No obstante lo cual, debemos anular dichas resoluciones judiciales por no haber procedido a una adecuada ponderaci?n del derecho fundamental afectado.
Sentado esto, y a efectos de precisar el alcance del fallo, debemos dar expresa respuesta al resto de los pedimentos planteados por el recurrente como parte de su pretensi?n principal. A este respecto, la estimaci?n del recurso ha de llevar aparejada la supresi?n de los diagn?sticos m?dicos consignados en la base de datos denominada "absentismo con baja m?dica" existente en dicha entidad crediticia.
Por contra, debe rechazarse la petici?n de que se deduzca testimonio de la Sentencia al Ministerio Fiscal y a la Agencia de Protecci?n de Datos para que por los mismos se depuren las correspondientes responsabilidades a que pudiere haber lugar. Abstracci?n hecha de que el primero ha comparecido en el presente proceso constitucional, interesa recordar que el art. 164.1 C.E., al establecer la publicaci?n de las Sentencias dictadas por este Tribunal al disponer su inserci?n en el "Bolet?n Oficial del Estado", permite el general conocimiento de ?stas; por ello resulta improcedente acceder a lo solicitado por el recurrente. Se pide asimismo en la demanda de amparo la condena de la empresa a la indemnizaci?n por da?os y perjuicios materiales y morales, causados, seg?n se afirma, por los estados de "nerviosismo y pesadumbre" originados por el conflicto y por el "tiempo de actividad" dedicado a su resoluci?n. Tal pretensi?n indemnizatoria no puede ser acogida, conforme a los arts. 41.3 y 55.1 LOTC, ya que, dados los t?rminos en que se ha producido la vulneraci?n del derecho a la intimidad del recurrente, es claro que tal derecho queda preservado y restablecido en el presente caso por los pronunciamientos que corresponden a las dem?s peticiones de la demanda de amparo, a los que se ha hecho referencia anteriormente, en el presente fundamento jur?dico.

F A L L O
En atenci?n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCI?N DE LA NACI?N ESPA?OLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por don Sergi Lafont Escayola y, en su consecuencia:
1? Declarar que la existencia de diagn?sticos m?dicos en la base de datos "Absentismo con baja m?dica", cuya titularidad corresponde al Banco Central Hispano, vulnera el derecho del recurrente a la intimidad (arts. 18.1 y 4 C.E.).
2? Anular las Sentencias del Juzgado de lo Social n?m. 22 de los de Barcelona, dictada el 20 de enero de 1996 en los autos n?m. 1.128/95, y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, de 14 de octubre de 1996, reca?da en el recurso de suplicaci?n n?m. 3.708/96.
3? Restablecer al recurrente en el derecho vulnerado y, a tal fin, ordenar la inmediata supresi?n de las referencias existentes a los diagn?sticos m?dicos contenidas en la citada base de datos.
Publ?quese esta Sentencia en el "Bolet?n Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

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Lunes, 25 de abril de 2005
El informe de alta m?dica en las incapacidades laborales emitido por el facultativo correspondiente debe precisar de forma motivada las causas de su expedici?n, pues de lo contrario es nulo, seg?n ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

Los magistrados de la Sala Social del tribunal auton?mico exigen para declarar la nulidad de estos informes que la irregularidad provoque indefensi?n en el trabajador de cara a una futura impugnaci?n de la resoluci?n que pone fin a su situaci?n de incapacidad.

La sentencia recuerda que la normativa vigente impone al facultativo la obligaci?n de emitir el parte de alta "tras un reconocimiento m?dico", debiendo, adem?s, constatar "el resultado y la causa que motiva el alta en la situaci?n de incapacidad laboral".

En el caso estudiado por la Sala Social "basta la simple lectura de la copia del alta m?dica entregada al trabajador para constatar que no se ha marcado ninguna de las casillas en las que se indican los motivos de su emisi?n", por lo que se declara la nulidad del informe emitido por el m?dico de la mutua.

Casos excluidos
En cualquier caso, no todo defecto en el parte de alta conlleva su nulidad. Para el tribunal, la omisi?n de datos como por ejemplo el diagn?stico s?lo constituyen una "irregularidad administrativa que no lleva aparejada la nulidad, por cuanto no le produce indefensi?n [al trabajador], ya que, por regla general, conoce cu?les son las enfermedades o lesiones que han dado lugar las sucesivas altas y bajas m?dicas, no impidi?ndole recurrirlas".

Por ?ltimo, el fallo, publicado por Actualidad del Derecho Sanitario, recuerda que el alta emitido por el m?dico de una mutua no est? sujeta a la motivaci?n que exige la ley para los actos administrativos, puesto no se pueden considerar como tales "en la medida en que no proceden de la Administraci?n p?blica".

Sin embargo, esto no impide que en el parte conste "el resultado [de la exploraci?n del trabajador] y la causa que motiva el alta en la situaci?n de incapacidad temporal".

Los fundamentos de la sentencia rechazan el argumento de la mutua de que las causas est?n recogidas en el original del parte, pero no en la copia que se entrega al trabajador por un defecto del autocalco del papel. Para los magistrados, "tan ingenuo es el alegato que no puede tener trascendencia, porque en todo caso tambi?n se demuestra que al trabajador no se le lleg? a notificar en ning?n momento los motivos del alta"
En consecuencia, el tribunal auton?mico anula el parte m?dico de alta y declara el derecho del trabajador a seguir percibiendo el subsidio correspondiente a la incapacidad laboral transitoria que se le declar?.

M?s datos de la sentencia:
Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Sala Social
Fecha sentencia: 14-XI-2002
Magistrado ponente: Ilmo. Sr. Sebasti?n Moralo Gallego

Coincidentes
La Sala Social del Tribunal Supremo tambi?n ha tenido ocasi?n de pronunciarse sobre qu? circunstancias producen la nulidad de los partes de alta. El alto tribunal y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a coinciden: la omisi?n de requisitos formales no anula el informe de alta en la incapacidad laboral siempre y cuando no cause indefensi?n para el trabajador. El alto tribunal estudi? la reclamaci?n de un trabajador que impugn? el parte de alta de su incapacidad por no recoger la causa por la que se emit?a. Los magistrados del Supremo detallan que no todos los defectos de forma son determinantes de la nulidad, sino s?lo cuando el parte "carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o d? lugar a indefensi?n

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La obligaci?n gen?rica de los trabajadores de cooperar con el empresario para que ?ste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entra?en riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, no puede interpretarse en el sentido de que incluya la exigencia de que la mujer informe al empresario de su estado de gestaci?n a fin de que su empleador adopte las medidas oportunas.

(Sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 18 de mayo de 2000, rec. n?m. 1078/2000)AI91100

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No exist?a en la jurisprudencia espa?ola ning?n caso en el que el suceso se produjera en horario laboral y en el propio centro de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha dictado una sentencia en la que reconoce como accidente de trabajo el suicidio de la doctora Ana O.A., una m?dico residente que el 10 de marzo de 2000 se lanz? al vac?o desde el noveno piso del hospital Josep Trueta, de Gerona, por la angustia que le creaba enfrentarse al trabajo. La sentencia destaca que no exist?a en la jurisprudencia espa?ola ning?n caso en el que el suceso se produjera en horario laboral y en el propio centro de trabajo.

La doctora no hab?a tenido antecedentes por problemas psicol?gicos pero tres d?as antes del suicidio acudi? a la consulta del psiquiatra del propio hospital, que le diagnostic? un cuadro de "angustia y ansiedad y temor a enfrentarse a su trabajo", y se le prescribi? un tratamiento antidepresivo.

En primera instancia, la mutua demandada por el marido de la doctora ya fue condenada a pagarle una pensi?n de viudedad sobre una base reguladora de 3,2 millones de pesetas y una indemnizaci?n de 1,6 millones de pesetas. Sin embargo, la mutua recurri? ante el TSJC para que se declarase que el fallecimiento de la doctora fue consecuencia de una enfermedad com?n y no de un accidente de trabajo, para eludir as? el pago de la indemnizaci?n.

El alto tribunal catal?n declara en su sentencia que la muerte de la doctora fue consecuencia de la "intensidad horaria y de la especialidad m?dica (de la fallecida) y se produjo por la fuerte carga emocional y de tensi?n". Esa tensi?n vino dada por la "sobrecarga f?sica y ps?quica que ten?a que soportar la mujer en el desarrollo de sus obligaciones laborales" y que la oblig? a acudir a especialistas, que le prescribieron un tratamiento m?dico.

La sentencia se acoge a la propia ley General de la Seguridad Social para condenar a la mutua, norma que establece que "son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo". Los jueces tambi?n han valorado especialmente el testimonio de los compa?eros de trabajo de la fallecida, todos ellos especialistas en psiquiatr?a y psicolog?a, que "en ning?n momento han descartado que en las causas del suicidio no hubiesen tenido especial relevancia los problemas emocionales derivados de sus condiciones laborales y el temor (de la doctora) a enfrentarse al trabajo".

El Tribunal Superior de Catalu?a considera probado que "la situaci?n emocional determinante de esta decisi?n se encuentra directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador que adopta tan dr?stica medida fruto de la angustia y tensi?n que su vida laboral le produce".

La sentencia resta importancia al hecho que, en los d?as previos al fatal suceso, la mujer no solicit? la baja laboral por este motivo. El tribunal se decanta por esta decisi?n "a?n cuando siempre resulte incomprensible para terceras personas una decisi?n tan dr?stica, cuando no existen antecedentes psicol?gicos que puedan permitir entenderla y se produce de forma tan repentina, sin que conste un desencadenante inmediato que, de forma alguna, lleve a conocer los motivos de un suceso de tal gravedad".

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TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO SOCIAL


Excmos. Sres.
D. Aurelio Desdentado Bonete
D. Victor Fuentes L?pez
D. Fernando Salinas Molina
D. Gonzalo Moliner Tamborero
D. Jes?s Gull?n Rodr?quez

En la Villa de Madrid, a trece de Noviembre de dos mil,

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina interpuesto por el Procurador D. Argimiro V. en nombre y representaci?n del SERVICIO GALLEGO DE SALUD (SERGAS), contra la sentencia de 15 de septiembre de 1.999 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Galicia en el recurso d? suplicaci?n n?m. 3264/97, interpuesto por el demandante contra la sentencia de 17 de abril de 1.996 dictada en autos 618/95 por el Juzgado de lo Social n?m. 2 de La Coru?a seguidos a instancia de D. J. S. G. contra el Servicio Gallego de Salud, sobre reclamaci?n de cantidad

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JES?S GULL?N, RODR?GUEZ



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de abril de 1.996, el Juzgado de lo Social n?m. 2 de La Coru?a, dict? sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por D. J. S. G. contra el SERVICIO GALEGO DE SAUDE,

debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos contenidos en aquella."

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "1?.- Que el demandante D. J. S. viene prestando sus servicios para la demandada SERGAS, como m?dico otarrinolaringologo, con destino en el Ambulatorio del Ventorrillo percibiendo sus retribuciones por el sistema de cupos.- 2?.- Que en fecha mayo de 1.995 la Direcci?n le comunica por escrito que a partir de dicha fecha, los pacientes qu? precisen cirug?a ser?an desviados y atendidos en el Servicio de Consultas Externas del Servicio de otorrinolaringolog?a del Hospital Materno Infantil dependiente del Complejo Hospitalario "Juan Canalejo Mar?timo de Oza" en La Coru?a, suprimi?ndole de forma unilateral la cantidad correspondiente a actividad quir?rgica, que asciende a la cantidad de 28.429 pesetas.- 3?.- Disconforme el actor interpuso reclamaci?n administrativa previa la cual fue desestimada por resoluci?n de fecha 4-8-95 que confirma la decisi?n impugnada.- 4?. - Que el actor reclama dicho concepto retributivo desde el mes de febrero al mes de diciembre de 1.995, que asciende a la suma de 369.577 pesetas.".

SEGUNDO.- Posteriormente, con fecha 15 de septiembre de 1.999, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dict? sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que acogiendo el recurso, de Suplicaci?n Interpuesto por Don J. S. estimamos, la demanda por el mismo formulada y declaramos su derecho a continuar percibiendo la cantidad abonada por actividad quir?rgica, condenando al demandado SERVICIO GALEGO DE SAUDE a que se la haga efectiva desde la fecha de su supresi?n.".

TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicaci?n, se formaliz?, por la, representaci?n procesal del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) el present? recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el d?a 23 de octubre de, 1.999, alegando 1?.- la contradicci?n existente entre la sentencia recurrida, y. la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de 9 de enero de 1.997 y 2?.- la interpretaci?n err?nea de la Orden de 8 de agosto de 1986 del Ministerio de Sanidad y Consumo, as? copio de los art?culo 23, apartados 1 y 2 del Estatuto Jur?dico del Personal M?dico, 28 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre y art?culos 158.2 y 178.2 de la Orden de 7 de julio de 1.972.

CUARTO.- Por Providencia de esta Sala de 14 de julio de 2.000, se admiti? a tr?mite el presente recurso, y no habi?ndose personado la parte recurrida, no obstante haber sido emplazada, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe.

QUINTO.- Por el Ministerio Fiscal se emiti? informe en el sentido de considerar el, recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado. Ponente, se declararon conclusos los autos, se?al?ndose para la votaci?n y fallo el 8 de noviembre de 2.000, fecha en que tuvo lugar.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El actor presta servicios para el Servicio Gallego de Salud como m?dico especialista en otorrinolaringolog?a, personal m?dico estatutario de cupo, adscrito a un determinado ambulatorio, percibiendo como parte de su retribuci?n el denominado coeficiente quir?rgico hasta febrero de 1995, en que le fue suprimido.

Interpuso demanda para que se le abonara el referido importe de actividad quir?rgica correspondiente al periodo febrero de 1995 a diciembre del mismo a?o, lo que supon?a la cifra indiscutida de 369.577 ptas. El Juzgado de lo Social n?mero dos de los de La Coru?a desestim? la demanda en sentencia de 17 de abril de 1996. Interpuesto recurso de suplicaci?n frente a dicha resoluci?n, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dict? sentencia en 15 de septiembre de 1999 estimando el mismo y tambi?n la demanda, condenando al SERGAS al restablecimiento de la situaci?n anterior a la supresi?n de la actividad quir?rgica y al abono de las cantidades impagadas desde la eliminaci?n del concepto retributivo.

SEGUNDO.- Frente a la referida sentencia de la Sala de Galicia se interpone el presente recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina, en el que se invoca como sentencia contradictoria con aqu?lla, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de 9 de enero de 1997. En ?sta se analiza tambi?n el supuesto de un m?dico de cupo, especialista en cirug?a general, que ven?a haciendo intervenciones quir?rgicas en un centro concertado, hasta que en 1981 debido a la finalizaci?n del concierto, pas? a r?gimen ambulatorio y dej? de realizar intervenciones de tal clase que requiriesen internamiento hospitalario. Sin embargo se le continu? abonando el coeficiente quir?rgico hasta que se le suprimi? en julio de 1992. Tambi?n en este caso reclam? el m?dico el importe del concepto retributivo y en la sentencia invocada de contraste se desestima el recurso y la pretensi?n, por entender que ning?n derecho asiste al reclamante de conservar el derecho al abono del coeficiente reclamado cuando, debido a la remodelaci?n de los servicios, no se llevan a cabo por el demandante intervenciones quir?rgicas en r?gimen de internamiento hospitalario, limit?ndose a las correspondientes al r?gimen ambulatorio. Salvo peque?as diferencias de matiz, como la especialidad del recurrente o el hecho de que en la sentencia de contraste se tardara varios a?os en suprimir el coeficiente discutido despu?s de cesar la actividad quir?rgica en r?gimen de internamiento hospitalario, los hechos, los fundamentos y las pretensiones son sustancialmente id?nticos en las sentencias comparadas, por lo que, como admite el Ministerio Fiscal en su informe, se cumple el requisito de contradicci?n que exige el art?culo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del presente recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina, pues es manifiesto que la respuesta dada por la sentencia recurrida al afirmar el derecho del reclamante a mantener el devengo es absolutamente contraria a la que dio en el mismo supuesto la sentencia de contradicci?n.
TERCERO.- La cuesti?n de fondo se centra entonces en determinar si el concepto retributivo denominado en el Anexo I de la Orden Ministerial de 8 de agosto de 1986 (B.O.E. de 14.8.96) "coeficiente quir?rgico" y previsto para el personal facultativo de cupo y zona en determinadas especialidades, puede ser suprimido unilateralmente cuando debido a la reestructuraci?n del servicio, dejen de llevarse a cabo por tales especialistas las intervenciones quir?rgicas que antes hac?an con internamiento hospitalario o sin ?l. Antes de analizar las infracciones legales denunciadas en el recurso por el SERGAS, convendr?a recordar que las sentencias de esta Sala de 30 de octubre de 1992, 31 de octubre de 1994 y 13 de marzo de 1995 han mantenido el criterio de que, con car?cter general, el sistema retributivo anterior al Real Decreto-Ley 3/1987 sigue rigiendo para el personal de cupo y zona, dado lo que "se establece en el n?mero segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1987, publicado en el Bolet?n Oficial del Estado de 29 de abril de 1988, en virtud de resoluci?n de la Secretar?a General de Asistencia Sanitaria del d?a 25 inmediato anterior, en relaci?n con la disposici?n final primera de ese Real Decreto Ley 3/1987". Esa soluci?n se justifica en las particularidades de la remuneraci?n de este personal en funci?n del n?mero de titulares del derecho adscritos, que no permite una aplicaci?n directa de las disposiciones del Real Decreto Ley 3/1987, que han de instrumentarse en la forma prevista en su disposici?n final primera y as? lo reconoce el punto segundo del Acuerdo del Consejo de Ministros antes citado, sobre la aplicaci?n del r?gimen retributivo previsto en el Real Decreto 3/1987, a tenor del cual dicho acuerdo no es de aplicaci?n al "personal que percibe sus retribuciones a trav?s del Servicio de Determinaci?n de Horarios (cupo y zona)..., que continuar? siendo remunerado de acuerdo con el anterior sistema retributivo".

La denuncia que se hace en el recurso, por tanto, como infringido en la sentencia recurrida, en primer lugar es, in genere, de lo dispuesto en la Orden de 8 de agosto de 1986, en relaci?n con el art?culo 23, apartados 1? y 2?, del Estatuto Jur?dico del Personal M?dico de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, todo ello vinculado al art?culo 28 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre y art?culo 158.2 y 178.2 de la Orden de 7 de julio de 1972. Realmente, todas las infracciones denunciadas conducen a tratar de resolver la discrepancia de fondo de manera opuesta a aquella en que lo hace la sentencia recurrida, girando los argumentos siempre en torno a la definici?n de la naturaleza jur?dica del coeficiente quir?rgico y sus condiciones de percibo por el personal facultativo especialista de cupo y zona.

Sin embargo, la sentencia recurrida hace una interpretaci?n arm?nica y ajustada de lo dispuesto en los referidos preceptos, conteniendo por tanto la doctrina correcta. El art?culo 23 del Estatuto del Personal M?dico antes citado se refiere a las funciones de los especialistas. En el n?mero primero, se refiere al concepto de "asistencia completa" de las personas protegidas que le hayan sido adscritas, y en el segundo, se dice que "la asistencia especializada incluye la pr?ctica de las t?cnicas exploratorias quir?rgicas, en su caso, habituales de la especialidad, y abarcar? tanto la asistencia ambulatoria como la domiciliaria y la de r?gimen de internamiento". De ello se deduce que esa asistencia completa conlleva tanto la diagn?stica como la terap?utica y, cuando sea necesario, la quir?rgica, asistencia ?sta para la que en modo alguno se vincula la necesidad de que se practique en centros hospitalarios, aunque sea lo m?s normal, sino que puede consistir, y de hecho as? fue en el caso del actor hasta que se reestructur? el servicio, en intervenciones quir?rgicas menores practicadas en ambulatorio o, en su caso, en el domicilio del beneficiario.

En el mismo sentido, el art?culo 28 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, que recoge en el apartado a) del fundamento jur?dico ?nico de la sentencia recurrida, y se denuncia como infringido en el recurso, establec?a tambi?n dentro del concepto de "asistencia completa" la pr?ctica de t?cnicas quir?rgicas dentro de la especialidad correspondiente. Suprimido el referido art?culo 28 por la disposici?n derogatoria ?nica 1 del R.D. 63/1995, de 20 de enero, (B.O.E. de 10 de febrero), sobre Ordenaci?n de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, sin embargo, en su Anexo I .3.1.a), se mantiene la asistencia ambulatoria especializada en consultas, que puede incluir la realizaci?n de procedimientos quir?rgicos menores. Cabe, entonces, que se lleven a cabo actividades quir?rgicas por un facultativo especialista en otorrinolaringolog?a aunque preste sus servicios en ambulatorio y de hecho podr?a exig?rsele esa actividad terap?utica en los casos que fuesen necesarios. Sin embargo, el problema radica en que el facultativo demandante, ha dejado de realizar, por disposici?n expresa de la Entidad recurrente, tales actividades quir?rgicas, al remitirse los pacientes que requieran ese tratamiento a un centro hospitalario, y por ello ha dejado de abon?rsele el coeficiente quir?rgico. Deber? entonces decidirse si ese concepto retributivo es de naturaleza funcional, como se afirma en la sentencia de contraste y por ello no se percibe si no se realiza actividad quir?rgica, o, por el contrario, tiene una naturaleza distinta y forma parte de la retribuci?n ordinaria o b?sica de los especialistas de cupo para los que, como es el caso del facultativo demandante, la Orden de 8 de agosto de 1986 contempla el coeficiente quir?rgico.

El art?culo 1 de la referida Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo atribuye en su n?mero primero la cualidad de "haberes b?sicos" del personal sanitario de cupo y zona determinadas cantidades que resulta de aplicar los coeficientes del Anexo I, entre los que se encuentra el coeficiente quir?rgico. No se trata entonces de un complemento vinculado a la actividad, como el de destino o el de asistencia de urgencia, sino que forma parte b?sica de la retribuci?n de la actividad m?dica, que se integra, como se dijo, con las funciones que se describen fundamentalmente en el art?culo 28 del Estatuto del Personal M?dico de la Seguridad Social, entre las que se encuentra como integrante del concepto de "asistencia completa" la actividad quir?rgica, de manera que si se decide por la Administraci?n sanitaria suprimir una parte de esa actividad b?sica, que se remunera como parte de los haberes b?sicos, no de los complementarios, esa eliminaci?n no se ajusta a los preceptos analizados anteriormente, por lo que, como se afirma acertadamente en la sentencia recurrida, la decisi?n del SERGAS no fue respetuosa con los derechos profesionales del actor pues sus facultades directivas no alcanzan a la privaci?n de una parte de la remuneraci?n b?sica del profesional ?ntimamente relacionada con tales derechos y deberes que se derivan de su relaci?n profesional con la Administraci?n sanitaria.

El recurso, en consecuencia, ha de desestimarse y confirmar la resoluci?n recurrida por contener la doctrina ajustada a derecho, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre las costas.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espa?ol.


FALLO

Desestimamos el recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina interpuesto por el Procurador D. Argimiro V?zquez Guill?n, en nombre y representaci?n del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), contra la sentencia de 15 de septiembre de 1999 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el recurso de suplicaci?n n?m. 3264/97, interpuesto por el demandante contra la sentencia de 17 de abril de 1996 dictada en autos 618/95 por el Juzgado de lo Social n?m. 2 de La Coru?a seguidos a instancia de D. Jos? contra el Servicio Gallego de Salud, sobre reclamaci?n de cantidad. Sin pronunciamiento sobre costas.

Devu?lvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente, con la certificaci?n y comunicaci?n de esta resoluci?n.

As? por esta nuestra sentencia, que se insertar? en la Colecci?n Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Aurelio Desdentado Bonete.- Victor Fuentes L?pez.- Fernando Salinas Molina.- Gonzalo Moliner Tamborero.- Jes?s Gull?n Rodr?guez.

Publicaci?n.- En el mismo d?a de la fecha fue le?da y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jes?s Gull?n Rodr?guez hall?ndose celebrando Audiencia P?blica la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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UN JUEZ CONCEDE POR PRIMERA VEZ LA INVALIDEZ ABSOLUTA POR FIBROMALGIA



Esta enfermedad provoca dolor en las extremidades y afecta al tres por ciento de espa?oles
Un juez de Barcelona ha condenado a la Seguridad Social a indemnizar a una mujer por no concederle la invalidez permanente absoluta despu?s de que le fuera diagnosticada fibromialgia. Esta es la primera vez que, seg?n fuentes jur?dicas, se concede la invalidez absoluta a un enfermo de fibromialgia, reconociendo as? que los afectados de esta enfermedad "no pueden realizar ninguna actividad laboral". Esta decisi?n sienta un precendente para el 3 por ciento de espa?oles que sufren esta enfermedad, que provoca un intenso dolor en las extremidades y que no fue reconocida por la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS) hasta 1992, seg?n explic? el abogado de la trabajadora, Miquel Nadal Borr?s. Si a finales del pasado a?o, un juez, tambi?n de Barcelona, concedi? por primera vez a una funcionaria de la Generalitat la invalidez total, ahora el titular del Juzgado de lo Social n?mero 12 de Barcelona ha concedido la invalidez absoluta a una mujer de la limpieza, Francisca A.G., lo que significa, adem?s de que no puede realizar ning?n trabajo, el derecho a una pensi?n mayor. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se?ala que "la abundante y s?lida documental m?dica" aportada por la mujer demuestra que sufre fibromialgia que "determina una limitaci?n funcional severa de la que no se desprende razonablemente capacidad para desarrollar actividad laboral alguna".
"NI LAS TAREAS MAS RUDIMENTARIAS".
Seg?n el fallo, la mujer no puede desarrollar ni un contrato de trabajo "de forma m?nimamente continuada y estable", incluso "el que afecta a las categor?as profesionales de actividades m?s elementales y sencillas o el concertado para desarrollar las tareas m?s rudimentarias". El juez se?ala que "cualquier contrato de trabajo" comporta "ineludiblemente" para el trabajador el cumplimiento de "una jornada regular, cumplimiento de un determinado horario, desarrollo de los trabajos con profesionalidad, dedicaci?n, eficacia y rendimiento" que la trabajadora no puede desarrollar "de forma m?nimamente continuada y estable". El juez concluye que los informes m?dicos aportados se?alan el "car?cter severo" de la enfermedad y el "grave estado" en que se encuentra, por lo que declara su situaci?n de incapacidad permanente absoluta

Publicado por tuasesor @ 23:48
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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reconoce a un antiguo empleado de banca la posibilidad de que se reconozca su situaci?n de invalidez permanente desde una fecha anterior a laque caus? baja en la empresa por despido.
La resoluci?n examina el caso de un empleado de banca que trabaj? en la entidad desde 1974 hasta noviembre de 1994, fecha en la que fue despedido por motivos disciplinarios. El empleado recurri? a los tribunales que declara el despido improcedente. El fallo obligaba a pagar a la entidad bancaria 27 millones de pessetas en concepto de indemnizaci?n, salarios de tramitaci?n e intereses.

Antes de que se dictaminase el despido improcedente, el trabajador reclam? que se declarara la invalidez permanente por apnea obstructiva del sue?o. Una sentencia en 1997 le di? la raz?n al trabajador y concedi? la declaraci?n de invalidez con efectos retroactivos desde septiembre de 1994 y estableci? una contraprestaci?n de 11 millones de pesetas. El trabajador despu?s de esta declaraci?n de invalidez reclam? un r?gimen de previsi?n que mejora las prestaciones que concede la Seguridad Social.

El fallo recurrido que el alto tribunal revoca negaba la posibilidad de que se produjera la extinci?n laboral por dos hechos distintos y en diferentes momentos, por el despido y por la invalidez permanente. El Supremo admite que la existencia de una sentencia que declare la extinci?n laboral por despido en una fecha y otro fallo que determina la extinci?n laboral en una fecha anterior por invalidez es ?una situaci?n ciertamente anormal?, pero admite esta posibilidad porque considera que los efectos de la invalidez se producen en el momento en el que la enfermedad es definitiva.

La resoluci?n concluye que ?la fecha del dictamen de la unidad de valoraci?n m?dica de la invalidez no puede configurarse necesariamente y en todos los casos como el hecho causante de la prestaci?n porque lo decisivo es el momento en que las dolencias aparecen fijadas como definitivas e invalidantes?.

El alto tribunal manifiesta que es necesario evitar la acumulaci?n de las compensaciones por invalidez y por despido. La sentencia considera que percibir las cantidades de las dos extinciones laborales supondr?a ?un enriquecimiento sin causa? del trabajador. Por este motivo, el Supremo afirma que ?la soluci?n en este caso debe ser la apreciaci?n de una situaci?n de incompatibilidad y el reconocimiento a favor del trabajador de un derecho de opci?n?.

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Domingo, 24 de abril de 2005
Un trabajador, que formul? correctamente una reclamaci?n frente a su empresa por modificaci?n sustancial de condiciones de trabajo, vio desestimada la reclamaci?n porque el Juzgado no advirti? que la papeleta de conciliaci?n hab?a sido presentada en el Registro General de la Comunidad, en lugar de en el Registro espec?fico del organismo de Mediaci?n, Arbitraje y Conciliaci?n. El error del Juzgado hizo que ?ste estimase que la demanda estaba caducada y, en consecuencia, sin entrar a decidir si el trabajador ten?a o no raz?n sobre la modificaci?n, el asunto qued? terminado. El trabajador pregunta qu? puede hacer en este caso para rehabilitar su reclamaci?n.

El caso que se presenta reviste una importante complicaci?n porque en el mismo se a?nan una serie de circunstancias del todo infrecuentes. En primer lugar, ocurri? que el trabajador, por una cuesti?n de simple comodidad, decidi? presentar la papeleta de conciliaci?n, imprescindible para ir al Juzgado, en el Registro General de la Comunidad donde reside. Este procedimiento es absolutamente normal y, aunque no se utiliza con frecuencia, est? totalmente dentro de la legalidad. La presentaci?n de escritos puede hacerse en cualquier dependencia de la Administraci?n y surte plenos efectos para interrumpir los plazos de prescripci?n o de caducidad.

Cuando se celebr? el acto de conciliaci?n, se consign? err?neamente en el Acta que la presentaci?n se hab?a hecho el d?a que el escrito tuvo entrada en ese organismo y no cuando se present? en el Registro General. Este error no ten?a la menor trascendencia dado que el escrito original con el sello de presentaci?n en el Registro General figuraba tambi?n en el expediente del Juzgado, de modo que estaba acreditado que la presentaci?n se produjo d?as antes de la fecha que figuraba en el Acta. Pero el Juzgador s?lo mir? el Acta y, sin advertir la fecha de presentaci?n real del escrito, efectu? el c?mputo de los plazos, obteniendo como resultado que la demanda estaba caducada.

Es obvio que fue el Juzgado el que cometi? el error pues no debi? detenerse en la fecha que figuraba en el acta, sino que debi? examinar la totalidad del expediente. Si as? lo hubiera hecho, se habr?a encontrado con una discrepancia de fechas que pod?a perfectamente resolver sin mayor molestia que pedirle aclaraci?n a las partes o al propio organismo de conciliaci?n. Teniendo en cuenta que la caducidad es una instituci?n que la propia jurisprudencia describe como "fatal", antes de tomar una decisi?n como la de estimar la caducidad debi? poner todos los medios para asegurarse de que concurr?a esa situaci?n.

La caducidad, en un procedimiento como ?ste, significa la imposibilidad de proseguir la reclamaci?n, es decir, que el trabajador ha perdido su derecho a reclamar contra una modificaci?n de sus condiciones de trabajo que, seg?n ?l, es injusta y, lo que es peor, ni siquiera ha obtenido de la Justicia un examen de su caso porque la err?nea estimaci?n de la caducidad impide al Juez entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

Pero lo importante es qu? puede hacer el consultante ante una situaci?n tan injusta y desesperante. Porque el problema se agrava al tener en cuenta que, en este tipo de procedimientos judiciales, no se concede recurso alguno contra la sentencia que se dicte, que es firme y definitiva desde el primer momento.

Afortunadamente, en este caso el Juzgado, concedi? recurso, lo cual permite al consultante formularlo ante el Tribunal Superior de Justicia. Adem?s, aunque sin propon?rselo, lo cierto es que el Juzgado acert?, en mi opini?n, al conceder el recurso porque el motivo del mismo es la comisi?n de un error de procedimiento esencial y de graves consecuencias. En este caso, cabr?a formular el recurso con base en que es un error judicial de procedimiento el que ha motivado la apreciaci?n asimismo err?nea de la caducidad.

Desde luego, el reclamante no tiene m?s remedio que seguir el camino se?alado por la sentencia del Juzgado, es decir, formular el recurso, porque, si no lo hiciera, podr?a interpretarse como aceptaci?n, por su parte, del "fallo" de la sentencia. No hay que perder la esperanza de que el Tribunal estime el recurso habida cuenta que, en definitiva, de lo que se trata es de hacer justicia y no de aplicar con autom?tico rigor la ley.

Si no fuera as?, el ?nico recurso que cabe es el de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Es muy probable que este recurso sea estimado ya que el error del Juzgado es de absolutamente evidente, pero la tramitaci?n del recurso de amparo es muy larga y costosa, ya que requiere la intervenci?n de Procurador de los Tribunales. Finalmente, pues, cuando nuestro consultante obtenga una respuesta a su problema, pueden haber pasado varios a?os, durante los cuales habr? debido soportar la modificaci?n de su jornada sin posible reclamaci?n.

Cabe, finalmente, que el trabajador denuncie al Juzgado ante el Consejo General del Poder Judicial para que por este ?rgano se adopten las medidas disciplinarias que procedan contra el Juzgador. El Consejo act?a con total garant?a de imparcialidad y es, por tanto, previsible una respuesta adecuada. Y, asimismo, cabe una demanda reclamando los da?os que sufra el reclamante como consecuencia de su actuaci?n

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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de 30 de septiembre de 2004

El TSJ de Catalu?a condena a la Agencia de Desarrollo Local de Barcelona por contrataci?n fraudulenta
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha reconocido el fraude de ley cometido por Barcelona Activa, la Agencia de desarrollo Local de Barcelona, en la contrataci?n de una trabajadora, declarando la nulidad de su despido.La mujer suscribi? un contrato por obra o servicio determinado para dar apoyo administrativo al desarrollo del Programa IPI 2003. Pero, no s?lo realizaba las funciones que se describen como propias de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa, sino que tambi?n hac?a labores de recepcionista, introduc?a datos de otros programas, daba soporte administrativo a los t?cnicos de la empresa y, a menudo, llevaba a cabo la gesti?n de sus agendas.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.?Con fecha 23 de enero de 2004 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite y celebrado el juicio se dict? sentencia con fecha 27 de febrero de 2004 que conten?a el siguiente Fallo:
"Procede estimar la demanda presentada por la actora Mar?a Antonieta contra la empresa demandada Barcelona Activa, S.A., y el Fondo de Garant?a Salarial, declarar la nulidad del despido condenado al empresario a la readmisi?n inmediata de la trabajadora y el abono de los salarios de tramitaci?n dejados de percibir desde el despido 31-12-03 hasta que la readmisi?n tenga lugar a raz?n de 41,82 euros d?a con absoluci?n del Fondo de Garant?a Salarial sin perjuicio de sus responsabilidades legales?.
Segundo.?En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"PRIMERO.?La demandante Mar?a Antonieta, con DNI N.?..., presta servicios para la empresa demandada desde el 10-06-03, categor?a profesional de auxiliar administrativo y percibiendo un salario diario de 41,82 euros con inclusi?n de prorrata de pagas extras.
SEGUNDO.?La trabajadora, el d?a 2002-01, suscribi? con la empresa demandada contrato de trabajo en pr?cticas, con la categor?a profesional de auxiliar administrativo, dicho contrato fue objeto de dos pr?rrogas, extingui?ndose el 19-02-03. Casi cuatro meses despu?s la actora el 10-06-03 suscribi? con la empresa demandada otro contrato de trabajo de duraci?n determinada y en la modalidad de obra o servicio determinado, con la categor?a profesional de auxiliar administrativa programa IPI; fij?ndose como per?odo de duraci?n de dicho contrato del 10-06-03 al 31-12-03: y como objeto del mismo en la cl?usula adicional primera se establece dar apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI para el a?o 2003 de acuerdo con la resoluci?n del Director del Servicio de Ocupaci?n de Catalu?a de fecha 11 de abril de 2003, seg?n la Orden 10/12/2001 (DOGC n.? 3542 de 28-12-01).
TERCERO.?La empresa demandada el d?a 31-12-03 comunic? a la trabajadora carta de finalizaci?n de contrato, dando por extinguida la relaci?n laboral (carta a la que nos remitimos y que consta en el folio 5 de los presentes autos).
CUARTO.?La empresa demandada Barcelona Activa, S.A., se constituy? en 1986 con un capital social de 100 millones de ptas., como sociedad Privada Municipal cuyo capital social corresponde ?ntegramente al Ayuntamiento de Barcelona. Su objeto social tras adaptar los estatutos de la Ley de Sociedades An?nimas, consiste en fomentar, facilitar, promocionar, e impulsar toda clase de actuaciones generadoras de empleo y de actividad econ?mica, especific?ndose en el art?culo tres de dichos estatutos las actividades que comprende.
QUINTO.?La principal actividad de la empresa demandada consiste en la b?squeda de recursos para generar actividad econ?mica y empleo, para ello recibe fundamentalmente subvenciones de origen p?blico, as? del Ayuntamiento, del INEM, y del Fondo Social Europeo.
SEXTO.?Por orden de 10-12-01 (DOGC n.? 3542, de 28-12-2001) se establecieron las bases reguladoras para la concesi?n de subvenciones para la realizaci?n de acciones de orientaci?n profesional para la ocupaci?n de acuerdo tambi?n con la resoluci?n de 19 de febrero de 2002 (DOGC n.? 3586 de 1-3-02) de convocatoria para el a?o 2000 para la prestaci?n de las solicitudes para la obtenci?n de las subvenciones.
S?PTIMO.?La obtenci?n de los recursos se produce a trav?s de otorgamientos de subvenciones, as? por resoluci?n del INEM de 13-6-02 y para la realizaci?n de itinerarios personales de inserci?n, se concedi? al Ayuntamiento o de Barcelona una subvenci?n de 554.198,69 euros para la realizaci?n durante el a?o 2002, de 1.050 itinerarios personales de inserci?n (IPI), en los t?rminos que resultan en el folio 359 de los obrantes en autos. Y el INEM por resoluci?n posterior de 14-4-03 otorg? otra subvenci?n al Ayuntamiento de Barcelona por la cantidad de 614.791,15 euros para la realizaci?n durante el a?o 2003 de 1.120 itinerarios personales de inserci?n. En los anexos se fijan los trabajadores que pueden ser contratados, la duraci?n y categor?as profesionales que se necesitan.
OCTAVO.?La trabajadora fue contratada como auxiliar administrativo para el apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI 2003. Las funciones que ten?a que realizar consist?an en: atenci?n personal y telef?nica de las acciones previstas en el programa; dar apoyo administrativo en aquellas tareas que as? lo requiriese el propio programa; recoger y organizar la documentaci?n administrativa seg?n los requerimientos del programa, introducci?n de datos a las aplicaciones correspondientes, mecanizaci?n y consulta de datos a la aplicaci?n espec?fica que determine la entidad otorgante y en relaci?n a la gesti?n del programa.
NOVENO.?La demandante durante el per?odo de duraci?n del contrato de obra si bien realiz? las funciones que se describen como desarrollo al programa IPI 2003; tambi?n realiz? labores de recepcionista los viernes por la ma?ana y dos tardes a la semana; los viernes sustituyendo a una trabajadora que realizaba funciones sindicales, adem?s introduc?a datos de otros programas, daba soporte administrativo a los t?cnicos de empresa, y en muchos casos llevaba a cabo la gesti?n de agenda de muchos t?cnicos de empresa.
D?CIMO.?La demandante se encuentra embarazada.
UND?CIMO.?La trabajadora es representante legal de los trabajadores.
DUOD?CIMO.?Con fecha 21 de enero de 2004 se present? papeleta de conciliaci?n ante el SMAC, celebr?ndose dicho acto con el resultado de intentado sin efecto el d?a 3 de febrero de 2003.?
Tercero.?Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte demandada, que formaliz? dentro de plazo, se dio traslado a la parte contraria y se impugn? por la representaci?n procesal de D.? Mar?a Antonieta, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.?Recurre la sociedad condenada el desfavorable pronunciamiento judicial que declar? de "la nulidad del despido? de la actora (con efectos del 31 de diciembre de 2003) para interesar a trav?s del primero de sus motivos de revisi?n f?ctica se precise como las "labores? desarrolladas por la misma (ajenas al "programa IPI 2003? para el que fue contratada) lo fueron seg?n el contenido de los propios testimonios judicialmente valorados con car?cter puntual, espor?dico u ocasional; a?adiendo (con apoyo en la "memoria de actividades?) que "del total de participantes en acciones de fomento de la ocupaci?n y mejora de la ocupabilidad (para) el a?o 2003 en el Centro de Servicios de Promoci?n Econ?mica y Ocupaci?n de Barcelona Activa del Ensanche y Sarri?-San Gervasio, al que estaba adscrita la demandante, un 34,2% pertenecieron al Programa IPI? (f.562).
Seg?n reiterada doctrina mantenida por esta Sala en sus sentencias de 28 de junio de 1997, 17 de julio de 1998, 15 de junio de 1999, 28 de febrero y 15 de mayo de 2000 y 4 de mayo de 2001 entre otras muchas s?lo es posible la revisi?n de los hechos probados de la sentencia dictada en el proceso laboral cuando, adem?s de patentizarse el error del Juzgador (sin necesidad de llevar a cabo conjeturas o razonamientos) de documentos o pericias obrantes en los autos que as? lo evidencien y se?alarse los p?rrafos a modificar ofreciendo redacci?n alternativa que delimite el contenido de la pretensi?n revisoria, no se vea ?sta desvirtuada por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicci?n entre las mismas debe prevalecer el criterio del juez de instancia, a quien la ley reserva la funci?n de valoraci?n de las aportadas.
En efecto, en nuestro sistema jur?dico-procesal y en relaci?n con la prueba rige el principio de adquisici?n procesal seg?n el cual una vez practicadas no son de la parte, sino del Juez, quien tiene la facultad de valorarlas todas por igual o unas con preferencia a las otras siempre que se ponderen los distintos elementos que constituyen la actividad probatoria, cual ha sostenido tanto el Tribunal Supremo en sentencia de 31 de mayo de 1990 y 10 de noviembre de 1999, como el Constitucional en las de 7 de mayo de 1984, 28 de octubre de 1985 o en el Auto 518/1985, de 17 de junio. Correspondiendo, en cualquier caso, al Juzgador de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediaci?n del proceso laboral, apreciar los elementos de convicci?n concepto m?s amplio que el de medios de prueba para establecer la verdad procesal intentando su m?xima aproximaci?n a la verdad real, valorando, en conciencia y seg?n las reglas de la sana cr?tica, la practicada en autos. Reitera la Sala en este sentido (SS de 31 de enero y 20 de septiembre de 2001) el criterio seg?n el cual "(...) la apreciaci?n de la prueba es facultad que corresponde al ?rgano judicial de instancia, que debe ser libremente ejercitada por el mismo, con el ?nico requisito de que no resulte arbitraria, il?gica, irracional y absurda y se encuentre adem?s debida y suficientemente motivada?.
En el presente supuesto alcanza la Juzgadora "a quo? su censurada conclusi?n f?ctica sobre la base de una "especial? y "cr?tica? valoraci?n de "la prueba documental aportada por ambas partes y testifical propuesta? (FJ 1); prueba, esta ?ltima, que no puede ser eficazmente invocada por quien recurre sin vulnerar tanto las normas que disciplinan el interpuesto recurso extraordinario [arts. 191.b) y 194 LPL] como el principio de inmediaci?n sobre el que se sustenta.
Igual suerte adversa merece seguir una propuesta de adici?n que (y sin perjuicio de su relevancia litigiosa) se fundamenta en una simple manifestaci?n escrita que, emitida por la propia empresa, no participa de la condici?n de "documento? h?bil a efectos revisorios.
Se rechaza, en consecuencia, este primer motivo de recurso.
Segundo.?Dirige ?sta el segundo de sus motivos a la denunciada infracci?n (por interpretaci?n err?nea) de los art?culos 15.1.? y 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores en relaci?n a la indebida aplicaci?n del "55.5.?... y la jurisprudencia vertida en la materia?.
Sostiene la empresa recurrente (en contra del censurado criterio judicial) que la demandante (contratada el 10 de junio de 2003 para "dar apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI Itinerarios Personalizados de Inserci?n para el a?o 2003 de acuerdo con la resoluci?n del director del Servicio de Ocupaci?n de fecha 11 de abril de 2003, seg?n Orden 10/12/01?) "ha realizado funciones propias del programa objeto de su contrato, sin que la realizaci?n secundaria y residual de tareas pertenecientes a otros programas pueda tener la incidencia pretendida? en orden a la declarada nulidad del despido de que se trata cuando "en ning?n caso la destinaci?n de menos del 10% de la jornada a la realizaci?n de tareas no pertenecientes al objeto del contrato puede sustentar la concurrencia de fraude de ley, teniendo en cuenta la identidad de las funciones realizadas por la trabajadora en virtud del Programa y de la magnitud e importancia de ?ste en la total actividad del Centro?.
Conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial (manifestada, entre otras, por las SSTS de 10 de diciembre de 1996 y 19 de marzo de 2002) los requisitos de "validez del contrato de obra o servicio determinado? vienen determinados porque "la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonom?a y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; que su ejecuci?n, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duraci?n incierta; que se especifique e identifique en el contrato, con precisi?n y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto y (condici?n de especial relevancia en orden a la decisi?n de litis) que en el desarrollo de la relaci?n laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecuci?n de aqu?lla o en el cumplimiento de ?ste y no en tareas distintas...?
A este ?ltimo requisito se refiere la Sala al invocar criterios de normalidad o habitualidad, afirmando (en la de 11 de octubre de 2002 con cita de las del Tribunal Supremo de 10 y 30 de diciembre de 1996 y 19 de enero de 1999) la necesidad de que "en el desarrollo de la actividad laboral, el trabajador sea ocupado en la ejecuci?n de aqu?lla o en el cumplimiento de ?ste y no normalmente en tareas distintas?; criterio que se reitera en las posteriores de 16 de enero y 17 de febrero de 2003.
Afirma en esta misma l?nea la STSJ del Pa?s Vasco 12 de noviembre de 2002 (con cita de la del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1989 y de las de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias S de 28 de mayo de 1999, Castilla y Le?n 7 de junio de 1999 y Extremadura S. de 14 de mayo de 1997) que el fraude en la contrataci?n por obra o servicio determinado no opera autom?ticamente por el simple hecho de prestar servicios ajenos al objeto propio de un contrato temporal de esa naturaleza, cualquiera que sean las circunstancias y razones de esa extralimitaci?n, toda vez que "la desviaci?n intencional propia de una actuaci?n de fraudatoria en el ?mbito de la contrataci?n laboral exige una abierta y manifiesta contradicci?n entre los t?rminos del contrato y el ulterior comportamiento adoptado por las partes que lo suscribieron en relaci?n con la finalidad objetiva perseguida con el mismo, sin que, por tanto, quepa tachar de fraudulento a aqu?l por la simple aparici?n, en su desarrollo, de alguna ocasional nota destipificadora de su propio car?cter cuando, en contraposici?n, se advierte una constante l?nea de desenvolvimiento contractual acorde con su espec?fica naturaleza. Para que el fraude de ley pueda viciar el contrato, priv?ndole de los efectos que le son propios concluye la sentencia que se cita de nuestro m?s Alto Tribunal ha de patentizarse la radical discordancia entre el fin propio de aqu?l y el realmente perseguido por las partes, que revele la an?mala utilizaci?n de una norma legal para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jur?dico...?
En el presente supuesto (y as? resulta del incombatido octavo hecho probado) "la trabajadora que fue contratada como auxiliar administrativa para el apoyo administrativo al desarrollo de las acciones de orientaci?n profesional previstas dentro del programa IPI 2003?, ten?a encomendada la "atenci?n personal y telef?nica de las acciones previstas en el programa; dar apoyo administrativo en aquellas tareas cuando as? lo requiriese el propio programa; recoger y organizar la documentaci?n administrativa seg?n los requerimientos del programa (con) elaboraci?n de estad?sticas y gr?ficos de las acciones realizadas dentro del (mismo); introducci?n de datos a las aplicaciones correspondientes, mecanizaci?n, consulta de datos a la aplicaci?n espec?fica que determine la entidad otorgante y en relaci?n a la gesti?n de (dicho) programa?. Pues bien, aun habiendo realizado "durante el per?odo de duraci?n del contrato de obra ... las funciones que se describen como desarrollo del programa IPI 2003, tambi?n realiz? labores de recepcionista los viernes por la ma?ana (sustituyendo a una trabajadora que realizaba funciones sindicales) y dos tardes a la semana ... adem?s introduc?a datos de otros programas, daba soporte administrativo a los t?cnicos de la empresa y en muchos casos llevaba a cabo la gesti?n de agenda de muchos t?cnicos de empresa? (Hp 9.?); produci?ndose, de este forma, una desviaci?n funcional (respecto del cometido propio del objeto de su coyuntural contrato) que supera en exceso tanto desde una perspectiva temporal como objetiva los l?mites del flexibilizador criterio manifestado (entre otras) por la sentencia que se cita del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1989 (en la que se consider?, "la inexistencia de despido, en el caso de quien hab?a prestado servicios durante cinco a?os en la obra objeto del contrato sin m?s interrupciones que durante dos per?odos de 2 d?as y menos de un mes, en que lo hizo en otras?); recordando, por su parte, la de 25 de noviembre de 2002 como no es v?lido argumentar a favor de la indistinta ocupaci?n a favor de cualquiera de los servicios con que cuenta la empresa "(...) porque la modalidad contractual prevista en el art?culo 15.1.a) Estatuto de los Trabajadores s?lo autoriza contratar a su amparo, cuando el objeto lo constituye una sola obra o servicio determinado, no un conjunto de ellos?.
Tercero.?El ratificado fraude de ley en la contrataci?n litigiosa determina la judicialmente declarada nulidad de su extinci?n, pues con independencia de que la parte no haya razonado "la pertinencia y fundamentaci?n? de la infracci?n que se invoca del art?culo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores "ex? 194.2 LPL (al limitarse a considerar, con amparo "en lo dispuesto en el art. 49.1.c) ET?, que no nos encontramos ante "el supuesto previsto? en aqu?l) es lo cierto que la calificaci?n que en derecho procede a la resoluci?n enjuiciada no puede ser otra que la de su decidida nulidad, conforme a lo establecido en la letra a) de aquel primer precepto y en relaci?n al inatacado 10.? ordinal f?ctico de la sentencia.
Cuarto.?El rechazo del recurso interpuesto determina la condena en costas de la Sociedad recurrente por importe que (y a los efectos de lo establecido en el art?culo 233 LPL) la Sala fija en 300 Euros. Se decreta la p?rdida de la consignaci?n y dep?sito efectuados por aqu?lla, firme que sea la presente resoluci?n (art. 202 LPL).
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y dem?s disposiciones de general y pertinente aplicaci?n
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de suplicaci?n interpuesto por la empresa "BARCELONA ACTIVA, S.A.? frente a la sentencia de 27 de febrero de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social 9 de Barcelona en los autos 45/2004, seguidos a instancia de D.? Mar?a Antonieta; debemos confirmar y, en su integridad, confirmamos la citada resoluci?n, con expresa imposici?n de costas a la Sociedad recurrente en la se?alada cuant?a de 300 euros.
Se decreta la p?rdida de la consignaci?n y dep?sito efectuados por aqu?lla, firme que sea la presente resoluci?n.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casaci?n para la Unificaci?n de Doctrina que deber? prepararse ante esta Sala en los diez d?as siguientes a la notificaci?n, con los requisitos previstos en los n?meros 2 y 3 del Art?culo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

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Lunes, 18 de abril de 2005
CCOO valora positivamente la condena a los acusados no solo por el grave da?o ocasionado sino tambi?n por el reconocimiento de que la sola ausencia de medios suficientes para garantizar un trabajo seguro se tiene que considerar delito por infracci?n de las normas de seguridad


El juzgado penal n?m. 7 de Barcelona ha condenado al Responsable de Producci?n y Seguridad y a un encargado de la empresa TELEPS COMUNICACIONES, S.A a 2 a?os y 1 a?o y 8 meses de prisi?n respectivamente, al encontrarlos responsables de la muerte del trabajador R.R.A., de 19 a?os, ocurrida el 8 de mayo del 2001 en la Terminal de Carga del Aeropuerto del Prat.


El accidente sucedi? mientras el encargado condenado y R.R.A. proced?an a realizar trabajos previos para la instalaci?n de una antena en la azotea de la Terminal de Carga. Durante esta labor el trabajador cay? desde un muro de la azotea a un tejado de uralita, ocasion?ndole la muerte.


La sentencia considera probado que la empresa no proporcion?, ni al encargado ni a R.R.A., los medios suficientes para garantizar un trabajo seguro. El trabajador accidentado no hab?a recibido ninguna formaci?n ni informaci?n sobre trabajos en alzada, ni tampoco dispon?a de medios materiales para realizar en condiciones de seguridad sus tareas. Asimismo, en la fecha del accidente la empresa no dispon?a de un plan de prevenci?n ni siquiera ten?a contratado a un servicio de prevenci?n, tal y como le obliga la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales.


La Acusaci?n Particular instada por la familia de R.R.A. y representada por el Gabinete Jur?dico de CCOO de Catalunya solicitaba la aplicaci?n del C?digo Penal en sus art?culos 316 (delito contra los derechos de los trabajadores por la inexistencia de medidas de seguridad) y del 412 (delito de homicidio imprudente por resultado de muerte).


M?s all? de las penas establecidas en esta sentencia, las cuales no podr?n restablecer la p?rdida de la vida de un joven trabajador, CCOO valora positivamente la condena a los acusados no solo por el grave da?o ocasionado sino tambi?n por el reconocimiento de que la sola ausencia de medios suficientes para garantizar un trabajo seguro se tiene que considerar delito por infracci?n de las normas de seguridad tal y como establece en el art?culo 316 del C?digo Penal

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El juez considera que ?se pone de relieve la relaci?n causal entre trabajo desarrollado y enfermedad padecida, que conduce a la calificaci?n de ?sta como accidente laboral?. Por ello, tiene derecho a percibir una pensi?n mensual en concepto de invalidez absoluta permanente


El Juzgado de Lo Social n?mero 13 de Valencia reconoce como accidente laboral la depresi?n profunda de una trabajadora del Ayuntamiento de Sagunto al considerar que esa patolog?a psiqui?trica se deriva de una situaci?n de acoso laboral. La v?ctima, trabajadora de la Fundaci?n Municipal de Cultura, que entre otras cosas se encargaba de la programaci?n del Teatro Romano, cobrar? una pensi?n por invalidez absoluta pemanente.


La sentencia, del 8 de marzo pasado, ha sido objeto de valoraciones pol?ticas. CC OO de la comarca del Camp de Morvedre ha expresado su apoyo a la afectada, la t?cnico superior Amparo Lled?. EL PSPV se ha manifestado en el mismo sentido. El Bloc, en cambio, cuyo concejal de cultura es responsable de la Fundaci?n municipal para la que trabajaba Lled?, se ha mostrado contrario a la decisi?n judicial y ha anunciado recurso a la misma, aunque s?lo el Consistorio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Uni?n de Mutuas est?n legitimadas para interponerlo.


Amparo Lled? empez? a trabajar para el Ayuntamiento de Sagunto en 1993 como t?cnico superior de Gesti?n Cultural para la Fundaci?n Municipal de Cultura. Entre sus responsabilidades estaba la participaci?n en la gesti?n del programa de actividades en el Teatro Romano de Sagunto. El fallo inicia el an?lisis de lo ocurrido en 1999. Fue entonces, antes de las elecciones municipales, cuando el Bloc design? a una liberada pol?tica como asesora ?para que se encargara de la intermediaci?n con los dem?s representantes pol?ticos de los partidos que compon?an la Corporaci?n municipal?. Durante unos meses, previos a la celebraci?n de las elecciones municipales, Lled? recib?a ?rdenes de la liberada pol?tica a pesar de depender del concejal delegado de Cultura, entonces del Grupo Independiente. Seg?n consta en el relato de los hechos que recoge la sentencia y acepta como probados, dicho concejal, Miguel Almor, ?debi? llamar la atenci?n a la liberada pol?tica del Bloc al menos en dos ocasiones dici?ndole que no interfiriera en el trabajo de la t?cnico y se abstuviera de darle ?rdenes?.


El fallo precisa que ?desde ese momento las relaciones entre ambas empeoraron y se produjo un progresivo aislamiento y marginaci?n de la demandante?. Despu?s de las elecciones de 1999, fue el concejal del Bloc Manuel Civera G?mez el responsable de la Fundaci?n Municipal de Cultura. A partir de ah?, seg?n el relato del fallo judicial, el trabajo de Lled? y su participaci?n en la Fundaci?n fueron mermando hasta el punto de provocarle un trastorno pisqui?trico irreversible que le impide trabajar. El juez considera que ?la demandante ven?a trabajando en la Fundaci?n a plena satisfacci?n de los anteriores presidentes de la misma [...] sin haber padecido dolencias de tipo ps?quico hasta el a?o 1999 en el que como consecuencia de las elecciones municipales accedi? al cargo el nuevo presidente, al tiempo que otra persona de su partido se encargaba de la intermediaci?n y asesoramiento excedi?ndose de las funciones que le eran propias?. Y se?ala que ambos actuaron sobre Lled? ?margin?ndola progresivamente, limitando sus posibilidades de comunicaci?n, limitando sus funciones, produciendo su aislamiento y fomentando rumores y cr?ticas contra ella?. El juez entiende que ?las consecuencias del acoso condujeron a la demandante a la p?rdida de autoestima y a una depresi?n profunda?. Y considera que ?se pone de relieve la relaci?n causal entre trabajo desarrollado y enfermedad padecida, que conduce a la calificaci?n de ?sta como accidente laboral?. Por ello, Amparo Lled? tiene derecho a percibir una pensi?n mensual en concepto de invalidez absoluta permanente que debe pagar la Uni?n de Mutuas ya que se considera al Ayuntamiento responsable de lo ocurrido, as? como a la Fundaci?n Municipal de Cultura.


Vicent Vercher, abogado de la v?ctima, afirma que tras este fallo pueden derivarse otras dos causas: ?Una por la falta de medidas de seguridad, ya que era previsible lo que ocurri?, y otra por da?os?.

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El presidente de la CEOE considera que la nueva modalidad podr?a pactarse a trav?s de los convenios colectivos en lugar de fijarse por ley

El presidente de la CEOE, Jos? Mar?a Cuevas, adelant? ayer la intenci?n de su organizaci?n de proponer en el proceso de negociaci?n de la reforma laboral un contrato temporal de duraci?n mayor a la actual. La intenci?n es que los trabajadores encuentren mayor estabilidad con este tipo de contratos, sin que los mismos tengan un car?cter indefinido.

Cuevas precis? que el nuevo contrato de duraci?n determinada afectar?a a la modalidad por ?obra o servicio?. Ya a finales de a?o, fuentes consultadas por ABC en la organizaci?n empresarial barajaban la propuesta de un contrato temporal cuya duraci?n fuera de tres o cinco a?os. Esta idea era entonces defendida por organizaciones adscritas a la CEOE, como la patronal del autom?vil, Anfac.

El presidente de la CEOE, tras pronunciar una conferencia organizada por el Club de Alta Gesti?n, dijo que la duraci?n del nuevo contrato debe coincidir con un periodo de producci?n de modelos o productos, como en el caso de los fabricantes de autom?viles, una idea que puede hacerse extensible a otros sectores. Con ello, argument? Cuevas, se frenar?an problemas como el de la deslocalizaci?n de empresas. Adem?s, consider? que este contrato temporal podr?a crearse a trav?s de la negociaci?n colectiva y no por ley

En su conferencia, Cuevas volvi? a mostrar la preocupaci?n de los empresarios por la p?rdida de competitividad. Para solucionar este problema propuso un dec?logo de propuestas, que supondr?an modificaciones a aspectos como el fiscal (el tipo del impuesto de sociedades debe reducirse), infraestructuras, internet, sistemas educativo y formativo, o defender la unidad de mercado frente a cualquier reforma constitucional o estatutaria. Y en el ?mbito laboral, Cuevas, aunque con cautela, se refiri? a la necesidad de eliminar la ?rigidez del mercado de contratos indefinidos?.

El ?recargo? de la Seguridad Social

Tambi?n calific? de ?flagrante? la carga que supone para las empresas los costes laborales extrasalariales, en referencia a las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, que suponen un ?recargo? del 33% cuando en pa?ses como Estados Unidos este gasto es del 9% y en Dinamarca del 0,4%.

Ante el nuevo contrato propuesto por la patronal, UGT advirti? que con se ?consagrar?a la precariedad en el empleo?, mientras CC.OO. dijo que las propuestas deben plantearse en la negociaci?n y no empezar el proceso a trav?s de los medios de negociaci?n

UGT tambi?n aprovech? ayer para insistir al Gobierno que en la nueva reforma laboral ?no toca hablar de despido?. Su secretario de Acci?n Sindical, Toni Ferrer, dijo que ?el diagn?stico? del Gobierno sobre la reforma laboral ?est? equivocado y errado?, y advirti? que si persiste en su error de potenciar el contrato de fomento del empleo (con un coste de despido m?s barato) ?se alejar?a de su compromiso electoral? de cambiar el modelo productivo y dar estabilidad al empleo. Y concluy? asegurando que la negociaci?n abierta ?no pasa por recortar los derechos de los trabajadores y colocar al despido en el centro de la discusi?n?,


Ante esto ir al art?culo publicado sobre EEUU Y DERECHO LABORAL

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Los responsables de la compa??a, para quienes el fiscal pide 15 a?os de c?rcel, quitaron las medidas de seguridad de la f?brica, donde una mujer qued? aplastada por una m?quina.

Los seis m?ximos dirigentes de una empresa dedicada a la manipulaci?n y envasado de frutas y situada en el t?rmino municipal de Cieza tendr?n que sentarse pr?ximamente en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo penal de Murcia a responder de los delitos que les imputa el Ministerio Fiscal, quien les considera responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro de lesiones por imprudencia, ya que una de las obreras fue aplastada por una de las m?quinas de la empresa. Seg?n las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, a las que ha tenido acceso esta redacci?n, los procesados desconectaron intencionadamente los mecanismos de seguridad de la m?quina en la que se accident? la obrera con el fin de realizar el trabajo con mayor rapidez.

Las penas que pide que se impongan a los procesados superan los quince a?os de prisi?n. En concreto solicita cuatro a?os de c?rcel para P. M. M., gerente y socio de la empresa; dos a?os y medio para F. M. M. (socio y apoderado), para J. J. M. M. (socio y administrador) y para E. S. V. (jefe de administraci?n; y un a?o y diez meses para F. J. C. A., que ejerc?a de delegado de prevenci?n de riesgos laborales, y para J. C. J., que ten?a la funci?n de encargado de almac?n.

Seg?n las conclusiones provisionales del fiscal, la mercantil hab?a adquirido en septiembre del a?o 2000 una m?quina flejadora (utilizada en el embalaje de grandes paquetes y pal?s), que estaba dotada de un sistema de rayos infrarrojos que hac?a que se detuviera cuando detectaba la presencia de alguna persona en sus inmediaciones. Estas interrupciones no gustaron a los empresarios, que desconectaron el sistema para realizar el trabajo con mayor rapidez, siempre de acuerdo con el Ministerio P?blico, que indica asimismo que se suprimieron otros sistemas de seguridad, como las se?ales de alarma de la maquinaria.

Con esta situaci?n, en noviembre de 2001, una de las trabajadoras manejaba la citada m?quina cuando ?sta se detuvo. Entonces vinieron otras obreras a comprobar qu? ocurr?a. Fue en ese momento cuando un bloque m?vil de la m?quina cay? r?pidamente atrapando debajo a una de las mujeres.

El golpe fue tal que la v?ctima sufri? traumatismo craneal y la rotura de m?s de seis huesos, entre ellos varias v?rtebras. La mujer no se ha recuperado de sus lesiones y le han quedado numerosas secuelas como la falta de movilidad en una rodilla y una cadera.

Publicado por tuasesor @ 23:04
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Cuatro responsables de la construcci?n de un edificio de 142 viviendas en Rota se sentar?n hoy en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal n?mero 2 de C?diz por un accidente laboral que lesion? y dej? en situaci?n de incapacidad permanente total a un trabajador.

La Fiscal?a sostiene que los procesados permitieron que en la obra no hubiese medidas de seguridad y pide para cada uno de ellos dos a?os y medio de prisi?n y que indemnicen solidariamente al accidentado con 181.956 euros. El accidente ocurri? el 5 de julio de 2000. El trabajador lesionado se encontraba en la cubierta del edificio, tropez? con un tabl?n de encofrado a poca distancia de un hueco y cay? al vac?o.

La fiscal de Siniestralidad Laboral, ?ngeles Ayuso, afirma en su escrito de calificaci?n que los obreros trabajaban en el edificio, que hab?a alcanzado ya la altura de cuatro pisos y ten?a dos huecos de escalera, sin que se hubiesen colocado las preceptivas barandillas y rodapi?s en los laterales de los huecos de escalera. Y que los huecos abiertos para instalar los ascensores tambi?n carec?an de medidas de seguridad. Los acusados son dos aparejadores y dos encargados de la obra.

Publicado por tuasesor @ 23:03
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El dram?tico n?mero de accidentes laborales que padece la provincia de Granada desde que comenzara el presente a?o ha disparado todas las alarmas. Algunos agentes sociales han desvelado en los ?ltimos d?as que el flagrante incumplimiento de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales por parte de muchas empresas y trabajadores, se ve favorecido por la escasa presi?n que sobre unos y otros ejerce la Inspecci?n de Trabajo. Y no por otra causa que por falta de recursos humanos.

Los datos requeridos por IU a la Junta de Andaluc?a avalan estas afirmaciones. Y es que el n?mero de inspectores que ejerce su labor en el ?mbito laboral en la provincia granadina (8) supone un exiguo 6,6 por ciento del total de Andaluc?a. Y el de subinspectores (18) tampoco alcanza una cifra destacable en el ?mbito regional, con un 13,2 por ciento del total. M?xime cuando estos ?ltimos no tienen capacidad sancionadora entre sus competencias. Unos y otros conforman un colectivo que entre sus tareas tiene la de velar para que los 290.319 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en el pasado a?o y las casi 50.000 empresas existentes, cumplan los requisitos de la citada normativa. Cifras que hablan por s? solas.

Pese a lo anterior, a la Inspecci?n de Trabajo de Granada no le falta ocupaci?n. Durante el pasado a?o, levant? un total de 619 actas de infracci?n (sanciones) tras investigar a 953 empresas del sector de la construcci?n, a las que hay que a?adir otras 250 m?s en las restantes actividades de la econom?a provincial. El n?mero de afectados entre unas y otras se elev? a 3.422 y el importe derivado de todas ellas supuso un montante total de 1,9 millones de euros.

Por lo que a las paralizaciones de obra se refiere, la Inspecci?n de Trabajo de Granada decret? a lo largo de 2004 que 53 tajos quedaran inmovilizados y a la espera de la resoluci?n pertinente. La construcci?n aglutin?, as?, la pr?ctica totalidad del bloqueo impuesto a las empresas granadinas. Los restantes sectores s?lo tuvieron cuatro ?rdenes en este sentido.

En lo tocante a los requerimientos -que no necesariamente acaban en sanci?n- los inspectores granadinos elevaron un total de 2.027, una cantidad que supone un 7,2 por ciento de los 28.146 que se efectuaron en Andaluc?a en el periodo de referencia. Si hubiera que relacionarlos con las infracciones, superan a estas en poco m?s de un 30 por ciento.

A la luz de estos datos, el coordinador regional de IU, Diego Valderas, censur? ayer sin paliativos que la Junta de Andaluc?a tenga tantas palabras y tan pocos hechos en la lucha contra la siniestralidad laboral.

Valderas critic? igualmente la permisividad de la que hace gala la Administraci?n andaluza en esta materia, cuando tendr?a que ser la primera en vigilar que tales desmanes no ocurran. Valderas lament? tambi?n que la Junta de Andaluc?a sea muy permisiva en la subcontrataci?n de obras, tanto -dijo- que incluso muchas de las contrataciones se dan en el marco de la propia administraci?n.

Publicado por tuasesor @ 23:01
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La aplicaci?n en Espa?a de un m?todo de evaluaci?n de riesgos sicosociales en la empresa ideado en Dinamarca revela que la mayor?a de los trabajadores del pa?s tiene una baja influencia y posibilidad de desarrollo en el puesto que ocupa, situaci?n que genera problemas de salud.

Esta es la principal conclusi?n extra?da hasta el momento de la aplicaci?n del citado m?todo, denominado Istas 21, afirm? hoy durante su presentaci?n la soci?loga del Trabajo del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO, Clara Llorens.

Este es un m?todo desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud dan?s que se ha adaptado a las caracter?sticas del mercado laboral espa?ol, donde CCOO lo aplica, en forma de cuestionario a los trabajadores, desde hace dos a?os porque est? basado en evidencias cient?ficas, es fiable y tiene una finalidad preventiva.

La soci?loga Clara Llorens explic? que los riesgos sicosociales a los que est? expuesto el trabajador aluden a las exigencias psicol?gicas referidas tanto a la cantidad como a la calidad de las tareas que desempe?a; las influencias y posibilidades de desarrollo del trabajador; las relaciones sociales que se dan entre compa?eros y la calidad de liderazgo; y las compensaciones del trabajo, su reconocimiento y la seguridad laboral.

Asegur? que hay evidencias cient?ficas que demuestran que la exposici?n a este tipo de riesgos genera efectos negativos en la salud como el estr?s, enfermedades cardiovasculares, m?sculo-esquel?ticas, o dermatol?gicas.

Llorens afirm? que la conclusi?n m?s llamativa que se ha extra?do hasta el momento de la aplicaci?n en Espa?a de este m?todo es que los trabajadores espa?oles est?n expuestos a una baja influencia y posibilidad de desarrollo, en comparaci?n con los daneses, y que exponerse a unas altas exigencias y a un bajo control de la tarea que se desarrolla en un puesto de trabajo tiene efectos negativos en la salud, sobre todo en el sistema cardiovascular.

Esta situaci?n afecta a?n m?s a la mujer, en t?rminos generales, porque est?n en los puestos donde se tiene menos influencia y posibilidad de desarrollo, dijo.

Llorens lament? que, en t?rminos generales, en Espa?a se hace poca prevenci?n, hay muy pocas empresas que tengan hecha la evaluaci?n de riesgos sicosociales, que son el gran ausente de la prevenci?n.

Entre las medidas que se deben aplicar para evitar la exposici?n a este tipo de riesgos, la soci?loga cit? la de dar m?s participaci?n al trabajador, para lo que se requiere una recomposici?n del proceso productivo.

Se trata de dar m?s influencia en la cotidianeidad porque el ser humano es creativo por naturaleza y lo que est? demostrado cient?ficamente es que lo que estresa es tener que ser un robot, asever?.

Publicado por tuasesor @ 22:58
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Viernes, 15 de abril de 2005
No se califica como accidente laboral la lesi?n de un m?dico que asiste a un taller formativo no impuesto por su empresa, seg?n ha manifestado el TSJ de Andaluc?a. El fallo explica que no es un accidente en misi?n porque, pese a que el m?dico contaba con la autorizaci?n del SAS, la entidad no lo hab?a ordenado expresamente, aparte de ocurrir fuera del horario.

La lesi?n sufrida por un m?dico que acude a un curso de formaci?n con la autorizaci?n de su entidad gestora no se considera accidente de trabajo. As? se desprende de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andaluc?a, que ha rechazado la petici?n de un refuerzo que sufri? un dolor s?bito que deriv? en una fractura del segmento lumbar L1 a L3 mientras asist?a a un taller formativo de emergencias para m?dicos.

El fallo afirma que "el accidente no se produjo en una actividad ordenada por la empresa, tuvo lugar fuera del horario laboral y sin mandato expreso del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El tribunal auton?mico ha estudiado el caso de un m?dico que fue contratado por el SAS con car?cter eventual para hacer guardias. La direcci?n del distrito le autoriz? para que participara en las actividades de formaci?n del curso Talleres de emergencias para m?dicos, organizado por una fundaci?n sanitaria. Esta acci?n formativa incluye cursos te?ricos y pr?cticos en los que el profesional aplica las t?cnicas aprendidas.

El reclamante demand? a la entidad gestora solicit?ndole que su incapacidad profesional se trataba de un accidente laboral en misi?n, pues ocurri? durante una actividad sanitaria para formarse.

La Sala Social del TSJ, con sede en Granada, explica que "son accidentes en misi?n aquellos que ocurren cuando el trabajador tiene que trasladarse de un lugar a otro como consecuencia del trabajo que le ha encomendado la empresa y en raz?n a las tareas que presta en ella. En este contexto los episodios que ocurran durante su transcurso reciben id?ntico tratamiento que si sucediesen en el recinto de aqu?lla y en horario laboral".

Para los magistrados andaluces, este criterio no puede aplicarse a este caso porque "la lesi?n no se produjo en una actividad ordenada por la empresa, el facultativo no estaba sometido a las decisiones del SAS, pues hab?a solicitado de forma voluntaria su asistencia en el curso".

La resoluci?n judicial, que ha sido redactada por el magistrado Antonio L?pez Delgado, a?ade que "adem?s, el suceso ocurri? fuera del horario laboral para completar su formaci?n profesional con lo que, al no estar en presencia de tareas de trabajo, no se dan los supuestos necesarios para que se pueda calificar como accidente laboral".

La jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo es un?nime en afirmar que sufrir un infarto o una embolia camino del trabajo, es decir, in itinere no es accidente laboral. Para el alto tribunal, "la presunci?n de laboralidad del accidente o de la dolencia de trabajo establecida en la Ley General de la Seguridad Social s?lo alcanza a los accidentes acaecidos en el tiempo y en el lugar de trabajo, pero no a los ocurridos en el trayecto de ida o vuelta al centro laboral". En cambio, si la dolencia ocurre durante un viaje de trabajo s? es accidente laboral. El Supremo calific? como tal el ataque al coraz?n que sufri? un conductor de una empresa de autobuses mientras dorm?a en un hotel.


www.miabogadolaboralista.com

Publicado por tuasesor @ 20:46
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S?bado, 02 de abril de 2005
Aunque el estr?s es probablemente uno de los principales problemas de salud relacionados con el trabajo en el medio hospitalario, poco esfuerzo se est? haciendo para incluir los factores de riesgo psicosocial en la evaluaci?n de riesgos laborales.

Sorprendente, no obstante, el contraste entre la atenci?n que despierta el s?ndrome de burnout o del trabajador quemado, como uno de los supuestos problemas m?s importantes en el colectivo, y la confusi?n existente en torno al t?rmino, as? como el poco rigor en su medici?n.

Es evidente que se trata de un problema cuya repercusi?n en la disminuci?n de la calidad asistencial lo convierte en una preocupaci?n tambi?n para la empresa. Sin embargo, la evaluaci?n del riesgo psicosocial en los hospitales no puede reducirse a valorar el burnout.

El trabajo en el hospital significa, no s?lo esfuerzo f?sico y mental, sino tambi?n emocional. Con frecuencia el trabajador o la trabajadora debe ocultar sus propias emociones para dar una imagen p?blicamente aceptable. Lo ha de hacer constantemente cuando se encuentra ante pacientes y familiares exigentes, o maleducados o amenazantes, o cuando tiene que dar malas noticias y adem?s ha de convivir con el dolor y con situaciones de incertidumbre en la toma de decisiones que pueden tener efectos graves sobre la salud de los pacientes. En un hospital los trabajadores se?alaban estos factores como uno de los elementos generadores de estr?s:

"Tenemos que dar la cara, incluso cuando hay anulaciones por la falta de infraestructura y de recursos y tienes que decidir qui?n pasa antes de qui?n y no puedes curar al paciente. Tienes que parar los golpes: pacientes con retrasos y listas de esperas, as? como conflictos originados por la falta de espacio por ejemplo en urgencias. Tienes que pedir perd?n alrededor de 50 veces al d?a por las limitaciones del sistema2. (M?dicos).



"...Discusiones cont?nuas con la gente: insultos, falta de respeto, amenazas, miedo a la agresi?n... Tener que o?r "Est?s aqu? porque yo te pago, hago lo que me da la gana". La gente se te pone borde y te lo tienes que tragar y mantener el tipo con mucha diplomacia. Te cansa emocionalmente, siempre lo mismo" (Enfermeras de urgencias).

Pero la exposici?n a estos factores de riesgo no es exclusiva de los profesionales m?s directamente relacionados con el cuidado, sino que se extiende a todos los trabajadores y trabajadores del hospital. A este respecto una trabajadora de la limpieza comentaba:

"Tienes conflictos con familiares y pacientes y tienes que tolerarlo todo y m?s porque si no te meten r?pidamente un parte o te amenazan con ?l. A veces (familiares y pacientes) te lanzan miradas, comentarios amenazantes, insultantes, ridiculizantes...".

Es necesario incluir esta dimensi?n de trabajo emocional en la evaluaci?n de riesgos psicosociales en el ?mbito sanitario y es importante diferenciarla del s?ndrome del burnout con el que a menudo se confunde. El trabajo emocional es un factor de riesgo; el burnout, un efecto. Como trastorno de salud el concepto de burnout es sin?nimo de depresi?n e insatisfacci?n y sus causas hay que buscarlas en los factores de riesgo psicosocial, pero no s?lo en el trabajo emocional.

Para la evaluaci?n del riesgo psicosocial del trabajo en el hospital se pueden utilizar encuestas y/o m?todos cualitativos como los grupos de discusi?n. Las primeras son probablemente el m?todo m?s extendido pero tienen una serie de limitaciones que a menudo no se toman en consideraci?n: los colectivos menos cualificados no las contestan, por lo que quedar?an infrarrepresentados, el dise?o de los cuestionarios y el an?lisis estad?stico no son f?ciles y finalmente, y muy importante, en una encuesta s?lo se cuantifica aquello que se pregunta, por lo que si no se ha incluido alguna dimensi?n de inter?s, ?sta quedar? fuera de la discusi?n sobre la prevenci?n de riesgos. Para evitar que esto suceda es fundamental utilizar m?todos cualitativos como los grupos de discusi?n que pueden ayudar a conocer mejor la situaci?n y as? incluir en los cuestionarios todas las dimensiones de inter?s. Los m?todos cualitativos, adem?s de suponer un ejercicio de participaci?n de trabajadores y trabajadoras en las estrategias de prevenci?n, son fundamentales para entender las organizaciones.

Y es que quienes m?s saben sobre los riesgos de naturaleza psicosocial y sobre las formas de prevenirlos son los propios trabajadores y trabajadoras.

Publicado por tuasesor @ 12:25
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A medio camino entre la figura del empresario y la del trabajador, el aut?nomo constituye una de las bases fundamentales de la estructura del empleo en Espa?a que, sin embargo, ha sido el gran olvidado en la regulaci?n legal de las relaciones laborales. Ahora, este amplio colectivo, conformado por tres millones y medio de profesionales en todo el Estado, se prepara para impulsar su primer estatuto espec?fico, en un proceso en el que Galicia marca el banderazo de salida.

La Uni?n de Profesionales y Trabajadores Aut?nomos una de las organizaciones m?s representativas tanto en Galicia como en el conjunto del Estado, ha elaborado ya una propuesta, que ser? debatida en mayo en Santiago, donde se aguarda la presencia del ministro de Trabajo, Jes?s Caldera. Se abrir? entonces una secuencia en la que agentes sociales, administraciones y colectivos de las distintas comunidades aut?nomas a?adir?n sus aportaciones. El objetivo es que el documento sea entregado tras el verano al departamento de Caldera y a los diferentes grupos pol?ticos del Congreso para su posterior debate y aprobaci?n con rango de ley, de aplicaci?n en todo el territorio espa?ol.

A qui?n se dirige: A las personas f?sicas que realizan una actividad por cuenta propia y de forma directa, incluidos extranjeros en situaci?n legal. No entrar?an, por lo tanto, en su ?mbito ni las pymes ni las compa??as societarias, cuyas figuras y relaciones se entienden suficientemente reguladas. En el caso de aut?nomos con empleados a su cargo, el estatuto les cubrir?a en tanto que trabajadores en su propia empresa.

Derechos laborales: Se reconocen la libre sindicaci?n y asociaci?n, la negociaci?n colectiva y el paro reivindicativo, en condiciones equivalentes a la huelga.

Protecci?n social: Los familiares del aut?nomo hasta el tercer grado que trabajen con ?l no estar?n obligados a darse de alta en el r?gimen especial. Estar?n exentos de cotizar los trabajadores con ingresos anuales inferiores a seis mil euros. Derecho a obtener prestaciones por cese de actividad y reconocimiento del accidente de trabajo, incluidos los desplazamientos hasta el lugar en el que se desempe?a.

R?gimen fiscal: Deducciones por inversi?n en I+D y revisi?n del sistema de m?dulos y estimaci?n directa, as? como de las condiciones de transmisi?n de empresas a familiares. Se elimina la cuota obligatoria a las C?maras de Comercio y se limita la responsabilidad patrimonial a los bienes vinculados a la actividad econ?mica. El aut?nomo podr? declararse en quiebra siguiendo un procedimiento reglado.

Publicado por tuasesor @ 12:22
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En Navarra determinadas ocupaciones tienen un mayor riesgo de mortalidad por algunas causas concretas. En este sentido, los resultados corroboran estudios previos como que los trabajadores del sector textil, de la piel y del calzado tienen mayor riesgo de mortalidad derivada de tumores malignos renales, de vejiga y del aparato urinario". As? concluye el trabajo Modelizaci?n estad?stica de los riesgos de mortalidad por ocupaci?n en Navarra que han llevado a cabo investigadoras del Departamento de Estad?stica e Investigaci?n Operativa de la Universidad P?blica de Navarra y del Instituto Navarro de Salud Laboral.

El trabajo se plante? por la escasez de estudios en Espa?a sobre mortalidad ocupacional y por la necesidad de investigar si en Navarra tambi?n se observan diferencias en los riesgos de mortalidad por una determinada causa dependiendo de la ocupaci?n laboral del individuo. "Hay que tener en cuenta que aunque en la ?ltima d?cada ha habido diversos estudios en la Uni?n Europea sobre seguridad y salud laboral, exist?a un vac?o sobre los riesgos a los que se exponen los trabajadores en funci?n de su profesi?n".

Sin embargo, este tipo de estudios se consideran muy importantes "a la hora de dise?ar e implantar pol?ticas de prevenci?n de salud". De este modo el objetivo del trabajo explica la profesora Dolores Ugarte era "el de proporcionar tasas de mortalidad estandarizadas (SMR) en Navarra seg?n la ocupaci?n para un grupo de veinte causas distintas de mortalidad, entre las que se encuentran distintos tipos de tumores, enfermedades isqu?micas y causas externas".

Tras una revisi?n bibliogr?fica de los trabajos que relacionan mortalidad y ocupaci?n, las investigadoras llevaron a cabo un estudio tomando como muestra la poblaci?n de hombres de m?s de 34 a?os, censada en 1986 en Navarra; un total de personas 79.361. La tipolog?a de ocupaciones se adapt? de la clasificaci?n que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estad?stica, de forma que fueron agrupadas en 9 categor?as profesionales. "De este modo, tan solo el 0,5% del total, 367, no quedaron adscritos a ninguna clasificaci?n por lo que el estudio final se hizo sobre una muestra de 78.994 personas".

La causa de mortalidad (que se agrup? en 20 categor?as) se recuper? del registro de mortalidad entre los a?os 1986 a 2001 con un total de 7.609 muertes en este segmento de poblaci?n. La ocupaci?n del individuo se consigui? enlazando el registro de mortalidad y el padr?n de 1986.

Tras utilizar determinadas t?cnicas estad?sticas adaptadas al estudio, para estimar los riesgos relativos de mortalidad asociados a la ocupaci?n, "tambi?n nos propusimos descubrir si determinadas ocupaciones iban asociadas a un mayor riesgo de mortalidad por causas concretas".

El estudio sirve para concluir "que en Navarra, determinadas ocupaciones presentan un mayor riesgo de mortalidad seg?n causas. En este sentido, los resultados corroboran estudios previos como que los trabajadores del sector textil, de la piel y del calzado tienen un mayor riesgo de mortalidad causada por tumores malignos renales, de vejiga y del aparato urinario. En pa?ses industrializados se considera que m?s de un 25% de estos tumores pueden ser atribuibles a factores laborales".

Tambi?n es importante remarcar "el alto riesgo estimado en la categor?a de trabajadores del comercio cuando se estudian enfermedades como la leucemia, enfermedades isqu?micas del coraz?n y otras del sistema circulatorio". En este sentido ya hay estudios que avalan que el estr?s y la tensi?n laboral elevan el riesgo de mortalidad por estas causas. Sin embargo, "ser?a necesario m?s estudios que confirmen la relaci?n entre los trabajadores del comercio y el riesgo de mortalidad por patolog?as derivadas del estr?s".

Por otra parte, enfermedades como el asma y otras del aparato respiratorio parecen tener relaci?n con profesiones como la de pintores, trabajadores del sector qu?mico o del pl?stico as? como otras del sector de la restauraci?n o de la seguridad. "Al parecer la exposici?n a gases y vapores pueden ir relacionado con el incremento de s?ntomas de estas enfermedades".

Las investigadoras consideran adem?s que merece la pena destacarse "que el colectivo de trabajadores de construcci?n y agricultura presenta un mayor riesgo de muerte por causas externas, entre las que se incluyen las provocadas por accidente, que el resto de grupos de trabajadores". Concluyen las investigadoras que "este estudio abre nuevas posibilidades de investigaci?n de la mortalidad laboral, tanto desde la ?ptica de la actividad a que se dedica la empresa a la que pertenecen los trabajadores, como desde el an?lisis de la esperanza de vida y los a?os de vida perdidos por profesiones".

El proyecto de investigaci?n ha sido realizado por un convenio de colaboraci?n entre el Instituto Navarro de Salud Laboral y la UPNA. Dirigido por las profesoras del Departamento de Estad?stica e Investigaci?n Operativa de la UPNA, M? Dolores Ugarte Mart?nez y Ana Fern?ndez Militino, adem?s han formado parte Berta Ib??ez Beroiz, Liliana Artieda Pellejero y Mercedes Lez?un Go?i, del Instituto de Salud Laboral, Marina L?pez Sagaseta del Instituto de Estad?stica y Concepci?n Moreno Iribas, del Instituto de Salud P?blica de Navarra.

Publicado por tuasesor @ 12:21
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Acudimos asiduamente a las peluquer?as para el cuidado y mantenimiento del cabello. Nos ponemos en manos de peluqueras que nos lavan, cortan, moldean, alisan, planchan, decoloran y tintan el pelo. Se trata de una actividad cercana y cotidiana a la que no se le ha prestado la suficiente atenci?n desde la prevenci?n de riesgos laborales: trastornos musculoesquel?ticos, afecciones pulmonares, alergias, dermatosis, c?nceres y trastornos de la reproducci?n son algunos de los problemas que padece este colectivo.

El trabajo en las peluquer?as tiene unos grandes requerimientos f?sicos: permanecen durante largos periodos de pie sobre suelos duros, lo que provoca varices, tumefacci?n y callosidades. En las tareas de corte y peinado realizan constantes flexiones y giros de mu?eca as? como alargamientos de brazos y trabajo por encima de los hombros que dan lugar a tendinitis, s?ndrome del t?nel carpiano y bursitis. Las flexiones y giros continuos durante las actividades de lavado y corte por debajo del nivel de las orejas producen pinzamientos de nervios y roturas de discos intervertebrales. Las medidas preventivas frente a estos trastornos musculoesquel?ticos pasan por adecuar los equipos, instrumentos y espacios de trabajo: sillas regulables, banquetas que permitan alternar entre la posici?n sentada y de pie, herramientas con mangos flexibles y adaptados a la mano de cada persona, almacenamiento accesible de los materiales, moquetas y una programaci?n con los clientes que permita variar las tareas, son algunos ejemplos de medidas a adoptar.

Riesgo qu?mico

Existen miles de productos qu?micos asociados con los trabajos de peluquer?a, presentes en tintes, decolorantes, soluciones para el moldeado permanente y productos para el lavado, peinado y alisado del cabello. Seg?n el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos, NIOSH, el 30% de los productos utilizados en peluquer?as y cosm?tica est?n clasificados como t?xicos. El acceso a las fichas t?cnicas de seguridad es un primer elemento indispensable para que las peluqueras conozcan los riesgos a los que se exponen.

Los colorantes org?nicos sint?ticos y los colorantes met?licos utilizados para te?ir los cabellos son responsables de irritaciones en ojos, garganta y nariz, de sensibilizaci?n al?rgica y de dermatitis. Un estudio reciente dirigido por Luis Conde-Salazar, jefe del servicio de Dermatolog?a de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, en el que han participado 300 profesionales de la peluquer?a de los cuales el 93% eran mujeres, pone de manifiesto que casi tres cuartas partes de los problemas de piel son de tipo al?rgico, y de ellos el 58% fueron diagnosticados de dermatitis al?rgica ocupacional (reacci?n inmunitaria exagerada a una sustancia qu?mica) y el 20% de dermatitis irritativa (por contacto). El principal responsable de las alergias es un colorante derivado de la parafenilendiamina (PPD), seguido de un colorante azoico, el ?cido 4-aminobenzoico y el n?quel. En otro estudio, realizado por la secci?n de alergia del Hospital Universitario de C?rdoba con el objetivo de detectar precozmente la sensibilizaci?n al?rgica a la parafenilendiamina entre estudiantes de peluquer?a, se revel? una gran incidencia de dermatitis at?pica concluy?ndose que debe realizarse la vigilancia m?dica desde el periodo de formaci?n antes de comenzar la actividad laboral.

Tambi?n los productos utilizados en la decoloraci?n, en el moldeado permanente o aquellos m?s usuales que ocupan su espacio en nuestras viviendas particulares, como los champ?s y acondicionadores, pueden contener sustancias asociadas a irritaci?n de v?as superiores, asma, alteraciones del sistema nervioso, problemas pulmonares, dermatitis, alergias o c?ncer. Entre estas sustancias destacan el agua oxigenada, alcohol, derivados de sodio y amoniacos, destilados del petr?leo y formaldeh?do.

Alteraciones de la reproducci?n y c?nceres

Dos estudios alertan sobre los riesgos para la reproducci?n y la propiedades carcin?genas de algunos productos qu?micos utilizados en peluquer?as. En el primero de ellos un equipo de investigadores suecos de la Universidad de Lund realiz? seguimiento sobre un total de 7000 peluqueros que hab?an cursado sus estudios en las principales escuelas del pa?s entre 1970 y 1995. Los resultados sugieren que los trabajadores y trabajadoras de peluquer?as tienen un riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer un 10% mayor que la poblaci?n general, siendo el etanol y la acetona las sustancias m?s determinantes de este aumento de riesgo. Tambi?n se desprende del estudio un mayor riesgo de malformaciones entre los hijos de las peluqueras, especialmente defectos en el coraz?n. Los autores recomiendan la utilizaci?n de guantes y una buena ventilaci?n, pero sin duda las estrategias de prevenci?n, tal y como recomienda la OIT, pasan por sustituir estos productos por otros menos peligrosos, por ejemplo de origen vegetal, como el tinte llamado "alhe?a", del que no se conocen propiedades mut?genas ni cancer?genas.

El segundo estudio, realizado por investigadores brit?nicos entre poblaci?n inglesa y americana, revel? que una de cada 12 mujeres brit?nicas y una de cada 8 mujeres de Estados Unidos contraer? c?ncer de pecho. Entre los colectivos m?s propensos a contraer dicho c?ncer destacan las peluqueras, por la exposici?n a las productos qu?micos que utilizan.

Publicado por tuasesor @ 12:18
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