Condena Penal por Mobbing
El sindicato CCOO solicita, como acusación particular, una pena de cinco años de cárcel y 60.000 euros de indemnización para un empresario al que acusan de vulnerar los derechos de los trabajadores. El Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón acogió ayer la vista contra el consejero delegado de la empresa de material ortopédico, para quien el ministerio fiscal pide una condena de un año de prisión y el pago 50 euros al día en concepto de responsabilidad civil.
Los servicios jurídicos del sindicato sostienen que Yuste sometió a al menos uno de los tres representantes sindicales de CCOO elegidos en 1999, José Davo García, a sanciones injustificadas, órdenes de trabajo arbitrarias y dos despidos declarados posteriormente nulos por los tribunales, que obligaron a la empresa a readmitirlo. El empleado, destinado en el almacén, lleva a tratamiento psiquiátrico desde casi seis años, después de que se le diagnosticara un proceso depresivo reactivo. Davor achaca su patología a los escritos supuestamente intimidatorios que le remitía Yuste, que podían llegar a ser tres diarios, y a cambios en cometido y horario laboral que CCOO considera injustificados.
El empresario alegó que el trabajador, que fue dado de alta en Shortes España en 1998, sólo ha trabajado 536 de los 1.485 días cotizados, "lo que representa el 21% del total", alegó. Uno de los hechos más reiterados durante la vista, por que el que Yuste ya fue condenado, se refiere a la difusión entre la plantilla de la empresa de las bajas causadas por Gemma Molinero, otra de las representantes sindicales que se presentó en la candidatura de CCOO cuando se encontraba de baja, actuación que atenta contra el derecho de intimidad de los trabajadores.
Dos meses después de las elecciones sindicales, se celebró una asamblea de trabajadores con el fin de revocar a los representantes. La letrada de la acusación particular trató de demostrar a través de sus preguntas a otros trabajadores -actuales y pasados- de la empresa, que Yuste cuestionó a cada empleado por el sentido de su voto en el proceso sindical, y de que de alguna manera había influido en la decisión de revocación.
Desde ese momento, en septiembre de 1999, no existen delegados sindicales en la empresa y según corroboraron algunos testigos, los 19 trabajadores de un total de 29 que votaron a favor de la candidatura de CCOO, fueron despedidos, sus contratos no fueron renovados o pidieron la baja voluntaria. Tras escuchar el testimonio de diez testigos, la magistrada decidió suspender la vista hasta poder contar con el testimonio de la última testigo, que no acudió al juzgado por recomendación de su psiquiatra.
Los servicios jurídicos del sindicato sostienen que Yuste sometió a al menos uno de los tres representantes sindicales de CCOO elegidos en 1999, José Davo García, a sanciones injustificadas, órdenes de trabajo arbitrarias y dos despidos declarados posteriormente nulos por los tribunales, que obligaron a la empresa a readmitirlo. El empleado, destinado en el almacén, lleva a tratamiento psiquiátrico desde casi seis años, después de que se le diagnosticara un proceso depresivo reactivo. Davor achaca su patología a los escritos supuestamente intimidatorios que le remitía Yuste, que podían llegar a ser tres diarios, y a cambios en cometido y horario laboral que CCOO considera injustificados.
El empresario alegó que el trabajador, que fue dado de alta en Shortes España en 1998, sólo ha trabajado 536 de los 1.485 días cotizados, "lo que representa el 21% del total", alegó. Uno de los hechos más reiterados durante la vista, por que el que Yuste ya fue condenado, se refiere a la difusión entre la plantilla de la empresa de las bajas causadas por Gemma Molinero, otra de las representantes sindicales que se presentó en la candidatura de CCOO cuando se encontraba de baja, actuación que atenta contra el derecho de intimidad de los trabajadores.
Dos meses después de las elecciones sindicales, se celebró una asamblea de trabajadores con el fin de revocar a los representantes. La letrada de la acusación particular trató de demostrar a través de sus preguntas a otros trabajadores -actuales y pasados- de la empresa, que Yuste cuestionó a cada empleado por el sentido de su voto en el proceso sindical, y de que de alguna manera había influido en la decisión de revocación.
Desde ese momento, en septiembre de 1999, no existen delegados sindicales en la empresa y según corroboraron algunos testigos, los 19 trabajadores de un total de 29 que votaron a favor de la candidatura de CCOO, fueron despedidos, sus contratos no fueron renovados o pidieron la baja voluntaria. Tras escuchar el testimonio de diez testigos, la magistrada decidió suspender la vista hasta poder contar con el testimonio de la última testigo, que no acudió al juzgado por recomendación de su psiquiatra.
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