Al mucho ruido nuevas normas. La Comisión Europea ha aprobado una directiva que será ley como muy tarde el próximo mes de febrero y que obligará a que en los lugares de trabajo el bullicio no supere los 87 decibelios. Esta normativa reduce en tres los decibelios que hasta el momento consiente la normativa española, un descenso "que significaría bajar el ruido a la mitad", explica Irene Saavedra, experta en salud laboral de CCOO.
"La reducción es tan sustancial que las empresas asturianas van a tener muchos problemas para adaptarse" añade Saavedra, quien estima que en en el Principado , debido a la importancia de sectores tan ruidosos como la metalurgia, el problema tendrá especial calado. "Yo hablo con algunos compañeros que han trabajado en fabricas, y los ves que se han quedado sordos", dice Saavedra antes de cuantificar que en las empresas asturianas del metal actualmente la media de ruido está en 90 decibelios. "Eso es muchísimo".
Un tercio de los asalariados trabajan soportando un ruido que, de no tomar medidas, acabará mermando su capacidad para oír. Al ser un problema cuyos efectos solo son visibles a largo plazo, lo habitual es que el trabajador solo sea consciente del desgaste cuando el daño ya se vuelve irreversible.
Ello le da derecho a "pensiones de incapacidad, con el consiguiente gasto para la sanidad", advierte el director de la Agencia de Salud Laboral, Hans-Horts Konkolewsky. Para este organismo el ruido está detrás de un numero significativo de accidentes laborales y es uno de los principales factores desencadenantes de estrés en el trabajo.
TOMAR MEDIDAS "Los cascos no bastan, y además, pueden ser peligrosos", avisa Irene Saavedra. Según esta experta, la Ley de Riesgos Laborales obliga a los empresarios a sustituir la maquinaria ruidosa por otra de menor contaminación acústica, o en su defecto, a tratar de aislar la fuente del ruido. "Los cascos pueden valer para algo momentáneo, pero nada más, porque en determinados sectores lo que produce es que tengas un accidente ya que a lo mejor no oyes el aviso de que se te está viniendo encima una grúa".
Los sindicatos preparan una campaña informativa ante la inminencia de una legislación que ya ha sido traspuesta en la mayoría de los países europeos. España tiene de plazo hasta el próximo mes de febrero, "pero copiar la ley o dictar sanciones no es solución, hace falta un plan político que le diga a las empresas: tienes que hacer esto", indican los sindicatos a la par que reconocen no tener noticias de que se estén dando pasos en ese sentido.