El Gobierno prepara incentivos para prolongar la vida laboral
El Gobierno está preparando una nueva batería de medidas para favorecer la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral. El objetivo de las mismas es retrasar el pago de las pensiones de jubilación y reforzar la contribución de los trabajadores a la financiación del sistema de pensiones.
Así se recoge en la última propuesta de negociación sobre la reforma de la Seguridad Social que ha presentado el Gobierno a la patronal y los sindicatos dentro del diálogo social y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
Dentro de los incentivos para la “prolongación voluntaria” de la vida laboral, el Ejecutivo ha decidido romper el techo establecido hasta ahora de la pensión máxima como prestación: 2.232, 54 euros mensuales y 31.250,56 euros anuales.
Con este fin, quienes se jubilen con la pensión máxima después de los 66 años y con más de 35 años de cotización percibirán una indemnización a tanto alzado adicional. Esta cuantía equivaldrá a un 2% de la prestación más alta por cada cada año en que retrasen su retiro. Eso sí, en ningún caso la suma de la indemnización más el importe anual de la pensión máxima podrá superar la cuantía más alta de cotización, que este año está en 2.897,70 euros.
Esta última limitación en la cuantía se explica porque, de lo contrario, rompería con el principio de búsqueda del equilibrio entre lo que aporta el trabajador y lo que luego recibe como prestación. Una variable de esta medida es que el Gobierno aumentará anualmente un 2% la pensión de quien permanezca trabajando después de los 65 años, si éste no ha cubierto los 35 años establecidos para cobrar la totalidad de la prestación. Si fuese así, y el trabajador no llegase todavía a la pensión máxima, el incentivo será aumentar la renta un 3% adicional por cada año de permanencia en la vida laboral. Es decir, que, en este último caso, el Ejecutivo aumenta la cuantía de la pensión y no estipula una indemnización adicional, como cuando el beneficiario ha alcanzado la pensión máxima. Con el objetivo de dificultar en todo lo posible el fraude a la Seguridad Social con la jubilación a tiempo parcial, el Ejecutivo ha planteado una batería de medidas restrictivas a la patronal y los sindicatos.
Antigüedad
Para acogerse a esta medida el trabajador deberá demostrar que tiene una antigüedad mínima en la empresa de diez años. Además, para evitar que bajo esta figura las empresas “enmascaren” despidos, la Seguridad Social exigirá que la reducción de la jornada del trabajador que está con jubilación parcial esté comprendidA entre un mínimo del 25% y un máximo del 75% del horario laboral. Tanto para el periodo de antigüedad como para la reducción de jornada, el Gobierno propone un periodo transitorio de dos años.
Además, para acogerse a la jubilación parcial el trabajador deberá acreditar 30 años de cotización a la Seguridad Social, y en ningún caso el nuevo empleado que le sustituya tendrá un sueldo inferior al 85% del relevado.
Así se recoge en la última propuesta de negociación sobre la reforma de la Seguridad Social que ha presentado el Gobierno a la patronal y los sindicatos dentro del diálogo social y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
Dentro de los incentivos para la “prolongación voluntaria” de la vida laboral, el Ejecutivo ha decidido romper el techo establecido hasta ahora de la pensión máxima como prestación: 2.232, 54 euros mensuales y 31.250,56 euros anuales.
Con este fin, quienes se jubilen con la pensión máxima después de los 66 años y con más de 35 años de cotización percibirán una indemnización a tanto alzado adicional. Esta cuantía equivaldrá a un 2% de la prestación más alta por cada cada año en que retrasen su retiro. Eso sí, en ningún caso la suma de la indemnización más el importe anual de la pensión máxima podrá superar la cuantía más alta de cotización, que este año está en 2.897,70 euros.
Esta última limitación en la cuantía se explica porque, de lo contrario, rompería con el principio de búsqueda del equilibrio entre lo que aporta el trabajador y lo que luego recibe como prestación. Una variable de esta medida es que el Gobierno aumentará anualmente un 2% la pensión de quien permanezca trabajando después de los 65 años, si éste no ha cubierto los 35 años establecidos para cobrar la totalidad de la prestación. Si fuese así, y el trabajador no llegase todavía a la pensión máxima, el incentivo será aumentar la renta un 3% adicional por cada año de permanencia en la vida laboral. Es decir, que, en este último caso, el Ejecutivo aumenta la cuantía de la pensión y no estipula una indemnización adicional, como cuando el beneficiario ha alcanzado la pensión máxima. Con el objetivo de dificultar en todo lo posible el fraude a la Seguridad Social con la jubilación a tiempo parcial, el Ejecutivo ha planteado una batería de medidas restrictivas a la patronal y los sindicatos.
Antigüedad
Para acogerse a esta medida el trabajador deberá demostrar que tiene una antigüedad mínima en la empresa de diez años. Además, para evitar que bajo esta figura las empresas “enmascaren” despidos, la Seguridad Social exigirá que la reducción de la jornada del trabajador que está con jubilación parcial esté comprendidA entre un mínimo del 25% y un máximo del 75% del horario laboral. Tanto para el periodo de antigüedad como para la reducción de jornada, el Gobierno propone un periodo transitorio de dos años.
Además, para acogerse a la jubilación parcial el trabajador deberá acreditar 30 años de cotización a la Seguridad Social, y en ningún caso el nuevo empleado que le sustituya tendrá un sueldo inferior al 85% del relevado.
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