Lunes, 26 de febrero de 2007
26-02-2007 )
Una profesora de religi?n interpuso una demanda por haber sido despedida de su puesto de trabajo por mantener una relaci?n afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se hab?a separado

En la cuesti?n de inconstitucionalidad n?m. 4831-2002, promovida por la Secci?n Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relaci?n con la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo (en cuanto al p?rrafo a?adido por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y de los art?culos III, VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979. Han sido parte el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido ponente la Presidenta do?a Mar?a Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Con fecha 5 de agosto de 2002 se registr? en este Tribunal escrito del Presidente de la Secci?n Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al que se adjuntaba testimonio del rollo de suplicaci?n n?m. 419/2002 y Auto de 8 de julio de 2002, por el que se acuerda plantear cuesti?n de inconstitucionalidad en relaci?n con la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo (en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracci?n de los arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constituci?n.

2. Del conjunto de las actuaciones remitidas por el ?rgano judicial proponente resulta que los hechos que dan lugar al planteamiento de la cuesti?n son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) Do?a Mar?a del Carmen Galayo Mac?as hab?a venido prestando servicios como profesora de religi?n (educaci?n infantil y primaria), a propuesta del Obispo de Canarias, en diversos centros escolares p?blicos, desde el curso acad?mico 1990/1991. En octubre del a?o 2000 se le comunic? que no se le formalizar?a nuevo contrato, por mantener una relaci?n afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se hab?a separado.

b) La Sra. Galayo Mac?as interpuso ante el Juzgado de lo Social n?m. 4 de Las Palmas de Gran Canaria demanda de tutela de derechos fundamentales contra el Ministerio de Educaci?n y Ciencia, la Consejer?a de Educaci?n de la Comunidad Aut?noma de Canarias y el Obispado de Canarias. Se invocaba la lesi?n del principio de igualdad y del derecho a la intimidad personal, interes?ndose la nulidad de la propuesta del Obispado para la contrataci?n de profesores de religi?n, as? como la contrataci?n de la demandante y el abono de indemnizaciones.

c) La demanda dio lugar a los autos n?m. 127/01, que concluyeron por Sentencia desestimatoria de 6 de julio de 2001. El Juzgado hizo suya la fundamentaci?n jur?dica de la Sentencia dictada en un supuesto an?logo por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (de fecha 26 de febrero de 2001, rollo de suplicaci?n n?m. 158/01), reproduciendo literalmente su contenido. Con todo, el Juzgado sintetiz? la ratio decisoria en los siguientes t?rminos:

?[?] si el Obispado [retira] la propuesta de la actora por considerar que vive en pecado y que no es id?nea para impartir clase de religi?n cat?lica, est? actuando dentro del ?rea de su ministerio espiritual y conforme a las reglas de Acuerdo-Tratado con la Santa Sede, con el valor que el art. 96 de la Constituci?n le confiere, ejerciendo la facultad discrecional que le viene atribuida en el art. 3 del mismo y preceptos concordantes, y que no puede someterse a control jurisdiccional sino en sentido negativo [?], y salvo que se desatiendan derechos fundamentales, pero con los condicionamientos, inflexiones y particularidades del ?rea de la ense?anza de religi?n cat?lica, que en este caso no se entienden violados por tener causa la decisi?n del Obispo en una raz?n de mera naturaleza religiosa o de moral cat?lica, de acuerdo con los c?nones de la Iglesia, por todo lo cual [?] no puede prosperar la demanda[,] pues todos los pedimentos del suplico dependen de si se consideran o no lesionados los derechos fundamentales invocados? (FJ 4).

d) La actora interpuso recurso de suplicaci?n ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (rollo n?m. 419/2002), cuya Secci?n Primera ha elevado la presente cuesti?n de inconstitucionalidad. Previamente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 LOTC, dict? providencia, de 8 de mayo de 2002, por la que requiri? a las partes para que alegaran lo que estimasen conveniente en relaci?n con la pertinencia de cuestionar la constitucionalidad de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 (LOGSE), en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, y de los art?culos III y VI del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales suscrito con la Santa Sede el 3 de enero de 1979. En dicho prove?do se se?alaban como supuestamente conculcados los arts. 9, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27 y 103.3 de la Constituci?n.

e) El Ministerio Fiscal consider? improcedente el planteamiento de la cuesti?n, por entender que ?el art. 16 de la CE ofrece base suficiente para fundamentar un dictamen en el sentido de considerar ajustada al esp?ritu y a la letra del citado precepto la no proposici?n por el ordinario de la Iglesia Cat?lica de la demandante para el ejercicio de la funci?n docente en materia de religi?n [?]?.

f) La demandante aleg? no oponerse al planteamiento de la cuesti?n, si bien advirti? del retraso que ello supondr?a para la resoluci?n de la causa e hizo notar que, a su juicio, la propia Sala pod?a aplicar directamente la Constituci?n (?digan lo que digan distintas normas de rango jer?rquico inferior?) y solventar as? la infracci?n de derechos denunciada.

g) Tanto el Obispado de Canarias como el Abogado del Estado y el Gobierno de Canarias se opusieron al planteamiento de la cuesti?n.

El Abogado del Estado se limit? a hacer suya la fundamentaci?n jur?dica de la Sentencia de instancia. Por su parte, el Obispado vino a sostener que los Acuerdos con la Santa Sede, en tanto que tratados, ocupan una posici?n jer?rquica superior a la ley y, en cuanto postconstitucionales, su conformidad con la Constituci?n ha de darse por sentada a d?a de hoy, toda vez que su peculiar naturaleza jur?dica hace desaconsejable someterlos a controles de constitucionalidad una vez incorporados al Derecho interno, siendo as? que propiamente el examen de su constitucionalidad debe verificarse antes de su integraci?n en el Ordenamiento. Finalmente, el Gobierno canario descart? cualquier infracci?n sustantiva de derechos fundamentales, resumi?ndose su planteamiento en la idea de que, ?[d]e la misma manera que dentro de la funci?n p?blica o del Derecho del Trabajo existen cargos de confianza o de libre designaci?n, en los que existe un amplio margen de discrecionalidad en el nombramiento y cese por la naturaleza de las funciones a desempe?ar, la ense?anza de la religi?n exige tambi?n un cierto grado de identificaci?n o de confianza entre el profesor y la autoridad eclesi?stica, en cuanto aqu?l debe ser una prolongaci?n de ?sta?. El Gobierno canario no alberga dudas sobre la competencia exclusiva de la Iglesia Cat?lica en punto a ?la determinaci?n de la idoneidad de las personas que han de ejercer? la ense?anza de la religi?n cat?lica, sin que a este respecto pueda exig?rsele que se ajuste a otras normas que no sean las propias de la Iglesia.

3. Mediante Auto de 8 de julio de 2002, la Secci?n acord? plantear cuesti?n de inconstitucionalidad en relaci?n con la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo (en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracci?n de los arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constituci?n.

Tras exponer con detalle los avatares de la evoluci?n del r?gimen normativo de la ense?anza de la religi?n cat?lica en los centros p?blicos (FJ 1) y la disciplina can?nica observada por la Iglesia en materia docente (FJ 2), el ?rgano judicial advierte de que ?no es objeto de esta cuesti?n la constitucionalidad de la inserci?n de la religi?n y moral cat?lica en el itinerario educativo de la ense?anza reglada [?]. El objeto de la cuesti?n [?] se limita a dos opciones normativas que constituyen un mero instrumento contingente de dicha ense?anza y que son, en primer lugar, el que se haya acudido a contratos de naturaleza laboral para cumplir la funci?n de ense?ar de la Iglesia y, en segundo lugar, que, adem?s, los correspondientes trabajadores sean contratados por las Administraciones P?blicas, configurando, en definitiva, supuestos de empleo p?blico. Ambas opciones imponen determinadas exigencias desde el punto de vista de la constitucionalidad que parecen dif?cilmente compatibles con la regulaci?n espec?fica de los profesores de religi?n cat?lica resultante de la normativa [vigente] y, en concreto, con la inmunidad frente al Derecho de las decisiones sobre la contrataci?n y renovaci?n de los profesores adoptadas por el Obispado y, en segundo lugar, con el condicionamiento del acceso y mantenimiento de empleos p?blicos a criterios de ?ndole religiosa y confesional? (FJ 3).

A juicio de la Secci?n, la Declaraci?n Eclesi?stica de Idoneidad (DEI) necesaria para la contrataci?n de los profesores de religi?n no puede concederse o denegarse sin otra referencia que la propia del Derecho Can?nico, sino que debe ser compatible con los derechos fundamentales del trabajador, en cuyo respeto ha de encontrar un l?mite insuperable. Sin embargo, del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede sobre Educaci?n y Asuntos Culturales se desprende que la decisi?n eclesi?stica sobre el particular ?nicamente debe ajustarse a la normativa can?nica y que, adem?s, el Estado no puede oponer a ello ninguna norma interna, ni someterla a control judicial, so pena de infringir el Derecho Internacional. Tal situaci?n ser?a, para el ?rgano judicial, radicalmente contraria a la Constituci?n.

La Secci?n cuestiona asimismo la constitucionalidad de la condici?n de empleo p?blico atribuida a los puestos de trabajo de los profesores de religi?n cat?lica y resultante de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 (LOGSE), en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, en conjunci?n con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo con la Santa Sede. Para la Secci?n, de esa conjunci?n se deriva que el acceso a empleos p?blicos y su mantenimiento sean determinados exclusivamente por un sujeto ajeno a la Administraci?n P?blica (el Obispado) y sometido ?nicamente a un Derecho externo e indisponible por los ?rganos judiciales nacionales (el Derecho Can?nico).

4. Mediante providencia de 1 de octubre de 2002 la Secci?n Segunda acord? admitir a tr?mite la cuesti?n de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el plazo de quince d?as, pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo se acord? publicar la incoaci?n del procedimiento en el Bolet?n Oficial del Estado, lo que se hizo en el n?m. 247, de 15 de octubre de 2002.

5. Por escrito registrado en el Tribunal el 18 de octubre de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados puso en conocimiento del Tribunal que la C?mara no se personar?a en el procedimiento ni formular?a alegaciones, remitiendo a la Direcci?n de Estudios y Documentaci?n de su Secretar?a General.

6. Mediante escrito registrado el 23 de octubre de 2002, la Presidenta del Senado comunic? que la Mesa de la C?mara hab?a acordado darse por personada y por ofrecida su colaboraci?n a los efectos del art. 88.1 LOTC.

7. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado se registr? en el Tribunal el 24 de octubre de 2002. El representante del Gobierno sostiene, en primer lugar, que no pueden considerarse relevantes para el fallo del pleito laboral todos los preceptos cuestionados y que, en realidad, el verdadero objeto de la cuesti?n son los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, si bien no tanto en s? mismos cuanto relacionados con ciertas normas can?nicas, especialmente los c?nones 804.2 y 805 del vigente C?digo de Derecho Can?nico (1983). En cambio, la Sala no justifica debidamente, en opini?n del Abogado del Estado, la relevancia del p?rrafo primero de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, ni, por lo que hace a los Acuerdos de 1979, la de los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III y la de los art?culos VI y VII.

En relaci?n con el p?rrafo primero de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, alega el Abogado del Estado que se limita a ordenar que la ense?anza de la religi?n se ajuste a los Acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones, siendo de recordar que, adem?s de los concluidos con la Iglesia, el Estado ha celebrado otros tres Acuerdos de cooperaci?n con distintas confesiones y comunidades religiosas, tal y como prev? el art. 7.1 de la Ley Org?nica 7/1980, de Libertad Religiosa (LOLR): los Acuerdos de Cooperaci?n del Estado con la Federaci?n de Entidades Religiosas Evang?licas de Espa?a (Ley 24/1992, de 10 de noviembre), con la Federaci?n de Comunidades Israelitas de Espa?a (Ley 25/1992, de 10 de noviembre) y con la Comisi?n Isl?mica de Espa?a (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). El p?rrafo primero de la Disposici?n examinada termina diciendo que, de conformidad con estos Acuerdos, la religi?n (cristiana cat?lica, cristiana evang?lica, jud?a y musulmana) se incluir? como ?rea o materia en los niveles educativos que corresponda y ser? de oferta obligatoria para los centros, aunque de car?cter voluntario para los alumnos. Nada hay en el Auto de planteamiento que exprese duda alguna sobre la constitucionalidad de este primer p?rrafo, cuya validez o nulidad carecer?a de trascendencia para el fallo a quo.

Los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, por su parte, disponen que nadie estar? obligado a impartir ense?anza religiosa y que los profesores de religi?n formar?n parte del claustro de los respectivos centros docentes. Tampoco argumenta la Sala la inconstitucionalidad de estas previsiones, que, por lo dem?s, y para el Abogado del Estado, son claramente ajenas a lo debatido en el proceso laboral de origen.

En cuanto al p?rrafo primero del art?culo VI, que establece que corresponde a la jerarqu?a eclesi?stica se?alar los contenidos de la ense?anza y formaci?n cat?licas y proponer los libros de texto y el material did?ctico pertinentes, es similar a las previsiones que sobre el particular se incluyen en los Acuerdos con otras confesiones, sin que el Auto de planteamiento diga nada sobre este concreto p?rrafo, por lo dem?s irrelevante para la soluci?n del proceso judicial. Por su lado, el p?rrafo segundo atribuye a la jerarqu?a cat?lica y a los ?rganos del Estado, ?en el ?mbito de sus respectivas competencias?, la facultad de velar por que la ense?anza y formaci?n cat?licas se impartan adecuadamente, y tambi?n se trata de una previsi?n similar a las contenidas en otros Acuerdos. Nada se dice tampoco sobre la posible inconstitucionalidad de este p?rrafo, tambi?n ajeno a las posiciones del proceso a quo, como no quiera entenderse, lo que no es estrictamente necesario, que las facultades de control reconocidas a la jerarqu?a cat?lica comprenden la negativa a proponer como profesor a quien hubiera dejado de reunir las condiciones de idoneidad se?aladas en los c?nones 804.2 y 805.

En fin, el art?culo VII del Acuerdo se limita a prever que la situaci?n econ?mica de los profesores de religi?n cat?lica se concertar? entre la Administraci?n y la Conferencia Episcopal Espa?ola, previsi?n sobre la que tampoco se argumenta en el Auto de planteamiento. De otro lado, el art?culo VII no figuraba entre los mencionados en la providencia acordada ex art. 35 LOTC, de manera que nada pudieron alegar sobre ?l las partes y debe ser, por tanto, excluido de las consideraciones de fondo de este Tribunal tambi?n por esa causa.

Una vez delimitados los preceptos que constituyen el verdadero objeto de este procedimiento, entiende el Abogado del Estado que no es ocioso fijar su posici?n sobre el control de constitucionalidad de los tratados previsto en el art. 27.2 c) LOTC. Para el representante del Gobierno, es discutible, en abstracto, si una norma incluida en un tratado puede calificarse como ?norma con rango de ley?, que es el objeto propio de la cuesti?n de inconstitucionalidad seg?n los arts. 163 CE y 35.1 LOTC, pero la consideraci?n conjunta de los arts. 27.2 c), 29.1 y 35.1 LOTC invita a entender que los tratados pueden ser objeto de declaraci?n de inconstitucionalidad en cualquiera de las dos v?as enunciadas en el art. 29.1 LOTC (recurso y cuesti?n), sin que le quepa ratione officii al Abogado del Estado, defensor de la ley ante este Tribunal, plantear siquiera una sombra de duda sobre el art. 27.2 c) LOTC, de cuya constitucionalidad ha de partir.

Tras afirmar que no le corresponde examinar los problemas que suscita el control de constitucionalidad de los tratados, m?s a?n cuando, como es el caso, el que ahora se cuestiona lleva decenios cumpli?ndose por quienes lo concertaron, el Abogado del Estado se detiene en una reflexi?n sobre el posible alcance de una Sentencia estimatoria, por m?s que se le antoje improbable. En esta l?nea, afirma que es dudoso que la declaraci?n de inconstitucionalidad de un tratado pueda llevar consigo un pronunciamiento de nulidad, siendo de la competencia del Derecho internacional determinar la validez o nulidad de los tratados, tal y como presuponen los arts. 95.1 y 96 CE (siendo de atender al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, en vigor para Espa?a desde 1980). Lo razonable ser?a defender que la Sentencia estimatoria de una cuesti?n promovida respecto de un tratado ha de ser uno de aquellos supuestos en que este Tribunal deber?a, o bien limitarse a declarar meramente la inconstitucionalidad (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, y 235/1999, de 16 de diciembre), o bien posponer la fecha inicial de la nulidad (SSTC 195/1998, de 1 de octubre, 208/1999, de 11 de noviembre) para que en un plazo razonable se proceda a una revisi?n constitucional o, por las v?as propias del Derecho internacional (negociaci?n, denuncia, etc.), se haga desaparecer la parte inconstitucional del tratado. Es digno de destacar, concluye el Abogado del Estado, que el canon 3 del C?digo de Derecho Can?nico reconoce que los convenios de la Sede Apost?lica con las naciones o con otras sociedades pol?ticas prevalecen sobre el Derecho codicial.

El escrito de alegaciones se centra, a continuaci?n, en el examen de la constitucionalidad de los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, destacando, en primer lugar, que ninguno de ellos dispone nada acerca de si la propuesta del Ordinario diocesano a la que debe atenerse la autoridad educativa es o no controlable por los Tribunales espa?oles. La Disposici?n Adicional Segunda se limita a puntualizar el r?gimen jur?dico aplicable a los profesores de religi?n, no s?lo cat?lica. Por su lado, los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede no pasan de atribuir un poder de propuesta al Ordinario diocesano. Ahora bien, ?ste s?lo propone a quienes cuentan con una previa ?declaraci?n eclesi?stica de idoneidad? (DEI), habilitaci?n docente creada por la Conferencia Episcopal Espa?ola ―no por el art?culo III del Acuerdo― y recogida hoy en la cl?usula 4? del convenio aprobado por Orden de 9 de abril de 1999. Con la DEI se acredita el cumplimiento de los ?requisitos de formaci?n teol?gica y pedagog?a religiosa? necesarios para ejercer como profesor en determinados niveles, y puede ser revocada o retirada, seg?n se desprende de lo afirmado por el Sr. Obispo de Canarias, caso en que el profesor se entiende eclesi?sticamente inhabilitado para la docencia y no es incluido en la propuesta anual de designaciones.

El Abogado del Estado dice compartir la interpretaci?n de la Sala conforme a la cual los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo deben entenderse en indisociable relaci?n con diversos c?nones, y, sobre todo, con el par?grafo 2 del canon 804 y con el canon 805 del C?digo de Derecho Can?nico, normas cuyo directo destinatario es el Ordinario diocesano, al que el art?culo III del Acuerdo atribuye el poder de propuesta. M?s a?n: ese poder de propuesta reservado a la autoridad eclesi?stica s?lo se explica como veh?culo para la aplicaci?n de los c?nones 804.2 y 805. El art?culo III carecer?a, pues, de sentido sin su trasfondo can?nico.

En efecto, contin?a el Abogado del Estado, el canon 805 atribuye al Ordinario del lugar el derecho de nombrar o aprobar a los profesores de religi?n y le impone en t?rminos absolutos el deber de removerlos o de exigir su remoci?n ?si lo requiere una raz?n de religi?n o costumbres?. El canon 804.2 CIC precisa algo m?s en qu? puede consistir esa ?raz?n? para el Ordinario, cuando le exhorta a que procure sol?citamente que los profesores ?destaquen por su recta doctrina, testimonio de vida cristiana y aptitud pedag?gica?. Es di?fano, pues, que la profesora implicada en el proceso a quo no fue propuesta para el curso 2000/2001 por motivos de religi?n o costumbre, y, concretamente, es razonable suponer que por no dar testimonio de vida cristiana al convivir con quien no era su marido. Es decir, no fue propuesta por no ajustar su vida a las exigencias de la moral cristiana cat?lica.

As? centrada la cuesti?n, no puede entenderse que los p?rrafos examinados del art?culo III sean contrarios al art. 24.1 CE porque impidan a los Tribunales espa?oles fiscalizar la decisi?n del Ordinario. Ciertamente, como sostiene la Sala, la apreciaci?n del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su n?cleo, al control de los Tribunales. Pero, lejos de ser inconstitucional, esa inmunidad es mera consecuencia del derecho fundamental de libertad religiosa y del principio de neutralidad religiosa del Estado.

Es patente, para el Abogado del Estado, que la libertad religiosa tiene, junto al individual, un aspecto comunitario o colectivo. En esta segunda dimensi?n, sus titulares son las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas (art. 2.2 LORL, SSTC 64/1988, 46/2001 y 128/2001). En la dimensi?n individual, el art. 2.1 c) LOLR reconoce el derecho a recibir ense?anza religiosa y a elegir ―para s? y para los menores o dependientes, ?dentro y fuera del ?mbito escolar?― la educaci?n religiosa y moral que est? de acuerdo con las propias convicciones. En la faceta comunitaria, las Iglesias, confesiones y comunidades gozan del derecho fundamental a ?designar y formar a sus ministros? y a ?divulgar y propagar su propio credo? (art. 2.2 LOLR). La formaci?n religiosa en los centros docentes p?blicos es, seg?n el art. 2.3 LOLR, una medida ?para la aplicaci?n real y efectiva de estos derechos?, tanto los individuales como los colectivos. Por ?ltimo, el art. 6.1 LOLR reconoce plena autonom?a a las Iglesias, confesiones y comunidades, cuyas normas internas, como el C?digo de Derecho Can?nico, ?podr?n incluir cl?usulas de salvaguardia de su identidad religiosa y car?cter propio, as? como del debido respeto a sus creencias?, pero ?sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades reconocidos por la Constituci?n, y en especial los de libertad, igualdad y no discriminaci?n?.

El art. 16.3 de la Constituci?n acoge el principio de neutralidad religiosa o aconfesionalidad del Estado, si bien se trata de una neutralidad complementada con dos mandatos a los poderes p?blicos: tener en cuenta ?las creencias religiosas de la sociedad espa?ola? y mantener ?relaciones de cooperaci?n con la Iglesia Cat?lica y las dem?s confesiones?. En este punto, el Abogado del Estado quiere llamar la atenci?n sobre una exigencia directamente derivada de la neutralidad religiosa del Estado, como es el imperativo constitucional de que los ?rganos estatales (incluidos los Tribunales) no se inmiscuyan o entrometan en asuntos religiosos o puramente eclesi?sticos, pues ser?a incompatible con la libertad religiosa, en sus dos dimensiones, que el Poder Judicial pudiera revisar, controlar o modificar la apreciaci?n de un obispo cat?lico o evang?lico, de un rabino o de un im?n acerca de lo que es o no la recta doctrina de sus respectivos credos o sobre lo que es o no testimonio de vida conforme a los mismos. De ello se sigue que la determinaci?n por el Ordinario de si la ense?anza de un profesor de religi?n cat?lica se ajusta o no a la recta doctrina es inmune a toda fiscalizaci?n jurisdiccional. Y lo mismo debe decirse respecto a si el profesor da o no el testimonio de vida cristiana que le es exigible con arreglo al canon 804.2 CIC; algo de lo que debe ser consciente quien aspira a ense?ar religi?n y moral cat?licas.

Ahora bien, contin?a el escrito de alegaciones, los profesores de religi?n cat?lica son, de acuerdo con el p?rrafo segundo de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, trabajadores de la Administraci?n educativa. En tal condici?n tienen todo el derecho a ampararse en la Constituci?n y en las leyes laborales espa?olas (art. 35 CE) y a que los Tribunales laborales nacionales les dispensen tutela. Por tanto, es menester encontrar criterios practicables que permitan concordar pr?cticamente las exigencias de la libertad religiosa (individual y colectiva) y el principio de neutralidad religiosa del Estado con la protecci?n jurisdiccional de los derechos constitucionales y laborales de los profesores, atendida la modulaci?n que los derechos fundamentales sufren en la relaci?n de trabajo (SSTC 98/2000 y 20/2002). En el presente procedimiento, basta con razonar, a juicio del Abogado del Estado, que la decisi?n del Ordinario no es completamente inmune al control de los Tribunales espa?oles, decayendo as? la tesis de que la normativa examinada infringe el art. 24.1 CE.

A este respecto alega el Abogado del Estado que una decisi?n eclesi?stica contraria a la renovaci?n de un contrato laboral s?lo queda amparada por la libertad religiosa colectiva si est? claramente justificada en motivos de car?cter religioso, incluidos los principios morales aceptados por la religi?n de que se trate. Si en el proceso laboral queda probado que la decisi?n episcopal no se basa en motivos religiosos lato sensu, es claro que el ?rgano judicial deber? declarar que se ha constatado un mal uso o un uso desviado del poder de propuesta, que no puede encontrar amparo en el derecho fundamental de libertad religiosa ni en el art?culo III del Acuerdo. Negando deferencia a los casos de mal uso del poder de propuesta, el Tribunal espa?ol no s?lo protege los derechos de los trabajadores, sino que, indirectamente, impide abusos en perjuicio de la propia Iglesia, siendo de notar que el canon 804.2 CIC nunca puede amparar decisiones episcopales discriminatorias o contrarias a los derechos fundamentales, pues la doctrina de la Iglesia Cat?lica condena, como ?contraria al plan de Dios?, ?toda forma de discriminaci?n en los derechos fundamentales de la persona? y considera ?lamentable? que ?los derechos fundamentales no est?n todav?a bien protegidos en todas partes? (Constituci?n pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, n?m. 29, p?rrafo segundo; en los mismos t?rminos, Catecismo de la Iglesia Cat?lica, n?m. 1935). Las violaciones de los derechos fundamentales constituyen, por tanto, un mal uso de la potestad de propuesta y ser?n, por tanto, controlables por los Tribunales espa?oles. El orden p?blico constitucional, a cuya defensa responde la cl?usula sin perjuicio del art. 6.1 LOLR, representa un l?mite al poder de propuesta del Ordinario, incluso sin salir de la perspectiva intraeclesial cat?lica.

Otras hip?tesis de control jurisdiccional (as?, control externo o control de razonabilidad) ofrecen mayor margen para la discusi?n, en la medida en que pudieran restringir excesivamente la libertad religiosa. Sin embargo, el Abogado del Estado afirma que no le corresponde examinar este punto con mayor profundidad, debiendo quedar remitido al saber, prudencia y rectitud de los Tribunales la determinaci?n precisa del modo en que puede satisfacerse el derecho a la tutela judicial efectiva de los profesores de religi?n sin que padezcan innecesariamente la libertad religiosa colectiva y el principio de neutralidad. Lo que importa es que all? donde los Tribunales deben respetar la decisi?n de una autoridad religiosa, la deferencia se basa no s?lo y no tanto en una norma internacional cuanto en fundamentos constitucionales (libertad religiosa y principio de neutralidad) a los que los Tribunales espa?oles est?n vinculados (arts. 9.1, 10.1 y 53.1 CE y 5.1 y 7.1 LOPJ). Las normas examinadas no impiden, por tanto, el control jurisdiccional del Estado, aunque exigen buscar un punto de equilibrio y concordancia pr?ctica entre la libertad religiosa, el principio de neutralidad y la tutela judicial efectiva.

El escrito de alegaciones del Abogado del Estado desarrolla, seguidamente, las razones por las que tampoco puede compartirse la tesis defendida por la Sala en el sentido de que el r?gimen vigente constituye a la Administraci?n en una empresa de tendencia. Con car?cter previo, el representante del Gobierno recuerda que con arreglo a la doctrina constitucional que arranca en la STC 5/1981, de 13 de febrero, la neutralidad religiosa de los puestos docentes en los centros p?blicos tiene la excepci?n de las ense?anzas religiosas de ?seguimiento libre?. En la ense?anza religiosa coinciden y se potencian rec?procamente varios derechos fundamentales (a recibir ense?anza religiosa, a educar a los hijos en determinadas creencias, a propagar el propio credo), si bien la Sala manifiesta una visi?n excesivamente individualista, olvidando que son las confesiones quienes, sobre todo, vienen consideradas por el art. 16.3 CE como id?neas receptoras de la cooperaci?n de los poderes p?blicos. Y es que, desde el punto de vista estatal y constitucional, el hecho religioso es un importante fen?meno social y no puede ser m?s que esto; un fen?meno, por encima de todo, de grupos sociales organizados. Es l?gico, por tanto, que el derecho de los padres a que sus hijos reciban formaci?n religiosa haya de ejercitarse mediante la adscripci?n ―o no adscripci?n― a alguna de las creencias religiosas m?s extendidas.

La tesis de la Sala en el sentido de que el p?rrafo segundo de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 convierte a la Administraci?n en una empresa de tendencia carece, para el Abogado del Estado, de fundamentos s?lidos. La conversi?n de los profesores de religi?n en trabajadores de la Administraci?n educativa no pretende contravenir el principio de neutralidad, como si el legislador hubiera querido proteger a las tres grandes religiones monote?stas y especialmente a la que cuenta con m?s profesores. Se trataba de dar protecci?n laboral y social a los profesores en el contexto de una relaci?n de trabajo objetivamente especial. Es verdad que podr?an concebirse otros tipos de reg?menes para los profesores de religi?n que tal vez conciliar?an mejor su protecci?n laboral y social con la neutralidad religiosa del Estado; pero aqu? entran tambi?n en juego cuestiones de practicabilidad y de necesidad apremiante en la resoluci?n de un problema laboral enconado. En todo caso, la norma examinada es un precepto neutral, por lo menos respecto a las organizaciones religiosas con las que el Estado ha concluido Acuerdos de cooperaci?n.

No se convierte, por tanto, a la Administraci?n en una empresa de tendencia. Lo que ocurre es que los puestos de profesores de religi?n requieren una determinada cualificaci?n profesional, como la requieren otros tipos de puestos administrativos. En el caso de la religi?n cat?lica, la DEI es simplemente un reconocimiento eclesi?stico de esa cualificaci?n. La exigencia de un t?tulo, requisito o cualificaci?n puede considerarse como una limitaci?n a la general capacidad para trabajar o como exigencia de una capacidad especial para acceder a determinados trabajos o puestos. Si sobrevenidamente se pierde la cualificaci?n requerida, puede darse el supuesto de una ineptitud sobrevenida, que es causa objetiva de extinci?n de la relaci?n laboral [art. 52 a) del Estatuto de los Trabajadores]. Exigir que los profesores de religi?n cat?lica cuenten con una DEI y que ?sta pueda ser retirada por razones religiosas o morales (canon 805 CIC) responde a la naturaleza del puesto mismo de trabajo. Los alumnos cat?licos [arts. 16.1 CE, 2.1 c) LORL y 6.1 c) LO 5/1985], los padres cat?licos [arts. 16.1 y 27.3 CE, 2.1 c) LORL y 4 c) LO 5/1985] y la propia Iglesia Cat?lica (arts. 16.1 CE y 2.2 LOLR) tienen derecho a exigir que la ense?anza de la doctrina cat?lica o la transmisi?n de los valores cat?licos se efect?en correctamente y sin perturbaciones. Respetar las exigencias propias de estos singulares puestos de trabajo no convierte a la Administraci?n en una empresa de tendencia, sino que es una simple consecuencia de la libertad religiosa proyectada sobre la ense?anza (arts. 16.1 y 27.3 CE) y del mandato de cooperaci?n contenido en el art. 16.3 CE.

El escrito de alegaciones concluye reiterando que el poder de propuesta reconocido en el art?culo III del Acuerdo no puede hacerse discriminatoriamente, pues la propia normativa de la Iglesia es contraria a la discriminaci?n. Ahora bien, no cabe confundir discriminaci?n y cualificaci?n necesaria para el desempe?o de un puesto. Y no se puede sostener que sea lo primero requerir la DEI para ser profesor de religi?n cat?lica o exigir que se ajuste a la recta doctrina y la moral cat?licas quien debe ense?ar la primera y transmitir la segunda, pues el ejemplo de coherencia personal es de innegable importancia para que la ense?anza de cualquier religi?n merezca ese nombre. Ahora bien, aceptada esta exigencia de cualificaci?n (que debe entenderse asumida por quien libre y voluntariamente pretende obtener la DEI y convertirse en profesor de religi?n cat?lica), la autoridad eclesi?stica proponente tiene prohibida toda discriminaci?n contraria al art. 14 CE.

Expuesto lo anterior, es f?cil de ver, para el representante del Gobierno, que las normas cuestionadas tampoco violan el principio de m?rito y capacidad (art. 103.3 CE), pues la exigencia de la DEI responde, precisamente, a exigencias de la capacidad inherente al especial?simo puesto de trabajo ?profesor de religi?n cat?lica?, que s?lo puede ser apreciada por la autoridad eclesi?stica, pues de otra manera no se respetar?a ni la libertad religiosa ni el principio de neutralidad.

En consecuencia, el Abogado del Estado suplica del Tribunal que dicte Sentencia por la que declare mal planteada e inadmisible la cuesti?n respecto al p?rrafo primero de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, y a los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III y a los art?culos VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, y la desestime en relaci?n con las dem?s normas cuestionadas. Subsidiariamente, interesa el representante del Gobierno que se desestime la cuesti?n en su integridad.

8. El Fiscal General del Estado present? su escrito de alegaciones el 30 de octubre de 2002. Tras referir los pormenores del planteamiento de la cuesti?n y resumir los t?rminos de la duda de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social, el Fiscal General del Estado se detiene en el examen de la relevancia de las normas cuestionadas por relaci?n a la cuesti?n debatida en el proceso judicial, concluyendo que ?de la constitucionalidad o no de todos o de algunos de los preceptos cuestionados depende la resoluci?n final en forma de sentencia que ha de dictar la Sala de lo Social en este caso, quedando colmado [?] el requisito previo de la relevancia en los t?rminos exigidos por el Tribunal Constitucional?.

Con car?cter previo al examen de fondo, el Fiscal General del Estado considera pertinente una primera reflexi?n sobre la contingencia de un pronunciamiento de este Tribunal por el que se pueda expulsar del Ordenamiento una norma contenida en un tratado internacional. Contra lo alegado por el Obispado de Canarias en el proceso a quo, entiende el Fiscal General que, atendidos los arts. 95.1 y 96 CE, el tratado ?debe respetar necesariamente la Constituci?n, y en caso de que as? no suceda, o bien el tratado no puede celebrarse, o bien ser? preciso revisarlo, una vez celebrado, a la luz de la Constituci?n, correspondiendo al Tribunal Constitucional pronunciarse al respecto?. Por lo que hace al control de constitucionalidad posterior a la integraci?n del tratado, que el Obispado de Canarias no admite, alega el Fiscal General del Estado que el art. 27.2 c) LOTC lo hace posible y necesario en los t?rminos de la Declaraci?n del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992.

En cuanto a las dudas de constitucionalidad suscitadas por la Sala, y comenzando por la referida a la posible infracci?n del art. 24.1 CE, alega el Fiscal General, con citas de las SSTC 1/1981 y 6/1997, que la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 reconoce la naturaleza laboral del v?nculo que une a los profesores de religi?n con el centro educativo publico as? como su car?cter temporal, sin impedir que las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo dejen de estar sujetas al conocimiento pleno de la jurisdicci?n social. De otro lado, el hecho de que se introduzca una nueva modalidad de contrato de duraci?n determinada no contemplada en el Estatuto de los Trabajadores no es ?bice al conocimiento de sus vicisitudes por la jurisdicci?n nacional y no tiene m?s trascendencia que la que pueda derivarse de su integraci?n normativa, procurando su adaptaci?n en el ?mbito de las contrataciones temporales, lo que supone una labor de interpretaci?n propia de los Juzgados de lo social.

En relaci?n con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo con la Santa Sede, entiende el Fiscal General del Estado que, abstractamente considerados, no puede deducirse que ni la exclusiva capacidad de propuesta reconocida a la autoridad eclesi?stica, ni la delimitaci?n de los criterios determinantes de la idoneidad del profesorado de religi?n, ni, en fin, el se?alamiento de los contenidos de la ense?anza religiosa y la retribuci?n del profesorado supongan merma alguna a la plena vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, a la posibilidad de control judicial de la adecuaci?n a la legalidad de los actos discrecionales de cualquier autoridad cuando ?stos sean susceptibles de afectar a terceros.

En definitiva ―contin?a el escrito de alegaciones― es dif?cil en extremo apreciar la existencia de un conflicto entre el art. 24.1 CE y las disposiciones normativas cuestionadas, pues no cabe extraer de las mismas la consecuencia de la inmunidad absoluta y en todo caso de los actos de la autoridad eclesi?stica en la materia de que se trata.

Por lo que hace a la duda de inconstitucionalidad referida a la asunci?n por el Estado de determinadas normas can?nicas como criterios rectores de un proceso selectivo, se sostiene en el escrito de alegaciones que las normas objeto de la presente cuesti?n, abstractamente consideradas en su contraste con el art. 9.1 CE, no parecen responder a una opci?n legislativa fruto del capricho o la inconsecuencia. Muy por el contrario, no cabe sino defender la razonabilidad de que los contenidos de la ense?anza de una confesi?n religiosa y la concreci?n de las cualidades personales de quien haya de ejercerla sean de la competencia de la jerarqu?a propia de aqu?lla, as? como que, a su vez, el estatuto jur?dico de la actividad educativa de los profesores se concrete en la creaci?n de un v?nculo laboral, que no es sino la forma m?s com?n de prestaci?n de trabajo a favor de un tercero.

En relaci?n con el hipot?tico conflicto con el art. 14 CE, y tras recordar los fundamentos de la jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad, el Fiscal General afirma que los preceptos cuestionados no introducen diferencias entre situaciones que puedan considerarse iguales sin mediar una justificaci?n objetiva y razonable. S?lo la aplicaci?n de las previsiones normativas en un caso concreto podr?a, en su caso, derivar en una infracci?n del art. 14 CE, pero ello no ser?a consecuencia necesaria de la literalidad de las normas, sino de una aplicaci?n indebida que habr?a de repararse mediante el recurso a la jurisdicci?n, incluida la de este Tribunal por medio del amparo constitucional.

Lo mismo cabe decir, concluye el Fiscal General, en relaci?n con el art. 18.1 CE, que no puede entenderse comprometido por el tenor de los preceptos examinados, que s?lo se refieren a la designaci?n de gen?ricas cualidades o aptitudes del profesorado, sin hacer menci?n alguna de aspectos que integran su intimidad como factores que pudieran determinar su inclusi?n o exclusi?n de la propuesta para su nombramiento por la Administraci?n.

Tampoco admite el Fiscal General del Estado que sea de advertir infracci?n alguna del art. 16.3 CE. A su juicio, la imposible confusi?n entre las funciones religiosas y las estatales no tiene por qu? suponer la imposible colaboraci?n entre el Estado y las confesiones religiosas, pues el art. 9.2 CE tambi?n impone a los poderes p?blicos una actuaci?n favorecedora de la libertad del individuo y de los grupos en que se integra, a lo que se atiende, en este ?mbito, con la previsi?n del art. 2.3 LOLR. As? entendidas las relaciones entre el Estado y las confesiones, el hecho de que aqu?l facilite la ense?anza de la religi?n no puede determinar una lesi?n constitucional, sino que, por el contrario, contribuye a hacer efectivo el disfrute del derecho a la libertad religiosa, siendo, por lo dem?s, libres los ciudadanos para aceptar o rechazar la prestaci?n que se les ofrece. Adem?s, y aun cuando pudiera sostenerse en este caso la realidad de una indirecta asunci?n por la Administraci?n de normas de Derecho Can?nico, no es menos cierto que ello no afectar?a al Estado en s?, sino s?lo, y provisionalmente, a los ?rganos de la Administraci?n con competencias en materia educativa, pues siempre quedar?a a salvo la posterior acci?n revisora de otro componente del Estado, como es la jurisdicci?n.

Por ?ltimo, el escrito de alegaciones se detiene en la posible vulneraci?n de los arts. 23.2 y 103.3 CE, se?alando que la doctrina de este Tribunal viene siendo la de que el primero de ambos preceptos no extiende su garant?a al personal contratado al servicio de la Administraci?n (SSTC 281/1993 y 186/1996). Del mismo modo, el art. 103.3 CE se refiere al estatuto de los funcionarios p?blicos, sin extenderse a la contrataci?n laboral.

En virtud de lo expuesto, el Fiscal General del Estado interesa del Tribunal que dicte Sentencia desestimatoria de la presente cuesti?n de inconstitucionalidad.

9. Mediante providencia de 13 de febrero de 2007 se acord? se?alar el siguiente d?a 15 para la deliberaci?n y votaci?n de la presente Sentencia, quedando conclusa con esta fecha.

II. Fundamentos jur?dicos
1. La Secci?n Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestiona en este procedimiento la constitucionalidad de varias normas. De un lado, tres preceptos incluidos en el Acuerdo entre el Estado Espa?ol y la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979 (BOE n?m. 300, de 15 de diciembre), y cuyo tenor es el que sigue:

Art?culo III
?En los niveles educativos a los que se refiere el art?culo anterior, la ense?anza religiosa ser? impartida por las personas que, para cada a?o escolar, sean designadas por la autoridad acad?mica entre aqu?llas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta ense?anza. Con antelaci?n suficiente, el Ordinario diocesano comunicar? los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha ense?anza.

En los centros p?blicos de Educaci?n Preescolar, de Educaci?n General B?sica y de Formaci?n Profesional de primer grado, la designaci?n, en la forma antes se?alada, recaer? con preferencia en los profesores de EGB que as? lo soliciten.

Nadie estar? obligado a impartir ense?anza religiosa.

Los Profesores de religi?n formar?n parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros?.

Art?culo VI
?A la jerarqu?a eclesi?stica corresponde se?alar los contenidos de la ense?anza y formaci?n religiosa cat?lica, as? como proponer los libros de texto y material did?ctico relativos a dicha ense?anza y formaci?n.

La jerarqu?a eclesi?stica y los ?rganos del Estado, en el ?mbito de sus respectivas competencias, velar?n por que esta ense?anza y formaci?n sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religi?n al r?gimen general disciplinario de los Centros?.

Art?culo VII
?La situaci?n econ?mica de los Profesores de religi?n cat?lica, en los distintos niveles educativos que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del Estado, se concertar? entre la Administraci?n Central y la Conferencia Episcopal Espa?ola, con objeto de que sea de aplicaci?n a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo?.

De otro lado, se cuestiona la Disposici?n Adicional segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo, en la redacci?n dada a la misma por el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece lo siguiente:

?La ense?anza de la religi?n se ajustar? a lo establecido en el Acuerdo sobre ense?anza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Espa?ol y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se incluir? la religi?n como ?rea o materia en los niveles educativos que corresponda, que ser? de oferta obligatoria para los centros y de car?cter voluntario para los alumnos.

Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes, impartan ense?anzas de religi?n en los centros p?blicos en los que se desarrollan las ense?anzas reguladas en la presente Ley, lo har?n en r?gimen de contrataci?n laboral, de duraci?n determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial. Estos profesores percibir?n las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos, debiendo alcanzarse la equiparaci?n retributiva en cuatro ejercicios presupuestarios a partir de 1999?.

El Abogado del Estado, sin embargo, circunscribe el objeto de la cuesti?n a este segundo p?rrafo de la Disposici?n Adicional segunda de la Ley Org?nica 1/1990, a?adido por el art. 93 de la Ley 50/1998, y a los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, pues en su opini?n, y por las razones que se han recogido en los antecedentes de esta Sentencia, no todos los preceptos cuestionados por el ?rgano judicial son relevantes para el fallo del proceso a quo. Como es natural, es ?sta una objeci?n a la que ha de responderse con car?cter previo, sin que sea de citar, por sobradamente conocida, la copiosa jurisprudencia que insiste en la necesidad de ce?ir este espec?fico proceso constitucional al control de las normas con valor de ley de las que dependa, de manera ineluctable, el sentido de un pronunciamiento judicial necesario para la resoluci?n de una controversia singular y concreta.

2. A los fines de la delimitaci?n del objeto de este proceso constitucional es preciso atenerse a los exactos t?rminos de la cuesti?n debatida en el proceso a quo, que, como se advierte en el propio Auto de planteamiento, no es otra que la posible infracci?n de derechos fundamentales en un procedimiento de selecci?n de profesores de religi?n cat?lica. Esto supone la completa irrelevancia, por raz?n de su imposible aplicaci?n al caso, de los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, pues si aqu?l dispone que nadie est? obligado a impartir ense?anza religiosa, ?ste prescribe que los profesores de religi?n han de formar parte del Claustro de los respectivos centros, cuestiones ambas que nada tienen que ver con la cuesti?n litigiosa a la que ha de dar respuesta el Tribunal Superior de Justicia, cifrada en la posible inconstitucionalidad de un r?gimen de contrataci?n p?blica del profesorado de religi?n cat?lica que confiere a un sujeto ajeno al Estado y sometido a otro ordenamiento la facultad de decidir sobre el acceso a empleos p?blicos y sobre la continuidad en los mismos con arreglo a criterios que pueden ser incompatibles con los derechos fundamentales garantizados por la Constituci?n.

No menos irrelevante resulta ser el primer p?rrafo del art?culo VI del Acuerdo con la Santa Sede, en cuya virtud se atribuye a la jerarqu?a eclesi?stica la competencia para se?alar los contenidos de la ense?anza de su doctrina y para proponer los libros de texto y el material did?ctico pertinentes. Y lo mismo cabe se?alar de su p?rrafo segundo, toda vez que, si bien la previsi?n de que la jerarqu?a eclesi?stica habr? de velar, en el ?mbito de sus competencias, por la ortodoxia de la ense?anza de la religi?n cat?lica puede constituirse en fundamento de facultades de control como las que en el supuesto debatido en el proceso judicial a quo han llevado a la negativa de la jerarqu?a eclesi?stica a proponer como profesora de religi?n a quien, en su criterio, ha dejado de reunir las condiciones personales necesarias para impartir adecuadamente la ense?anza de la religi?n cat?lica, es lo cierto que es esta facultad de propuesta recogida en los p?rrafos primero y segundo del art. III la que materializa la decisi?n del Ordinario diocesano, refiri?ndose a la misma, y no a las previas facultades de control, la duda de constitucionalidad a cuya validez supedita el ?rgano judicial la resoluci?n del proceso.

Igualmente, y sin necesidad de detenerse en el examen de la aplicabilidad al caso del art?culo VII del Acuerdo con la Santa Sede, es obvio que dicha norma ha de quedar necesariamente al margen de este procedimiento, pues, como advierte el Abogado del Estado, el Tribunal Superior de Justicia no requiri? el parecer de las partes sobre la pertinencia de su cuestionamiento, tal y como exige el art. 35.2 de nuestra Ley Org?nica. En efecto, si bien el Auto de planteamiento identifica como cuestionados, entre otros, el citado art?culo VII del Acuerdo, en la providencia de 8 de mayo de 2002, dictada ex art. 35.2 LOTC, no se incluye ese concreto precepto entre aqu?llos sobre cuya posible inconstitucionalidad se requer?a el parecer de las partes del proceso a quo. As? las cosas, no cabe sino traer a colaci?n nuestra doctrina (por todos, ATC 164/2006, de 9 de mayo) sobre la inexcusabilidad del tr?mite de audiencia previsto en el art. 35.2 LOTC y subrayar su eficacia constitutiva del objeto de este proceso constitucional, que s?lo puede definirse a partir de aquellas dudas de constitucionalidad sobre las que hayan tenido ocasi?n de pronunciarse las partes del proceso a quo, que encuentran as? una v?a de participaci?n indirecta en el procedimiento que ante nosotros se sustancia y de cuya decisi?n ha de depender la suerte del litigio que en aquel proceso tan directamente les concierne.

Por ?ltimo, es tambi?n exacta la alegaci?n del Abogado del Estado de que nada en el Auto de planteamiento de la cuesti?n permite apreciar la existencia de ninguna duda sobre la constitucionalidad del primer p?rrafo de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990.

En definitiva, por ser los ?nicos relevantes para el fallo del proceso laboral, los preceptos que conforman el verdadero objeto de esta cuesti?n de inconstitucionalidad son los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979, y el p?rrafo a?adido por el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, a la Disposici?n Adicional segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo, derogada por la Ley Org?nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci?n, pero aplicable al proceso del que trae causa este procedimiento y, por ello, de conformidad con nuestra reiterada doctrina sobre la continuidad de los procesos constitucionales tras la derogaci?n de las normas cuestionadas (por todas, STC 178/2004, de 21 de octubre), objeto vivo de este proceso. En efecto, la resoluci?n del problema objeto de debate en el proceso judicial pendiente pasa por la aplicaci?n de estas concretas normas, que conf?an al Obispado la propuesta de contrataci?n de profesorado y descartan, en una primera interpretaci?n, la posibilidad de que la Administraci?n P?blica haga otra cosa que asumir acr?ticamente esa propuesta. Este modelo de contrataci?n ser?a, para el ?rgano judicial, contrario a los arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constituci?n.

3. Delimitados as? los preceptos que son objeto de esta cuesti?n, procede disipar toda sombra de duda sobre la idoneidad de las normas de un tratado para constituirse en objeto de un proceso de control de constitucionalidad. Esa idoneidad, aceptada sin reservas por el Fiscal General del Estado, no es, en cambio, indiscutible para el Abogado del Estado, quien sostiene que cabe cuestionar, en abstracto, si tales normas se ajustan al concepto de ?normas con rango ley? utilizado por los arts. 165 CE y 35.1 LOTC para delimitar el objeto posible de este proceso. El propio Abogado del Estado afirma, no obstante y a rengl?n seguido, que la consideraci?n conjunta de los arts. 27.2.c), 29.1 y 25.1 LOTC permite concluir que los tratados internacionales pueden ser objeto de declaraci?n de inconstitucionalidad en cualquiera de las dos v?as enunciadas en el art. 29.1 LOTC (recurso y cuesti?n). Con todo, no deja de referirse al art. 27.2.c) LOTC en t?rminos que pueden hacerlo sospechoso de una inconstitucionalidad en la que si el Abogado del Estado dice no querer entrar es s?lo ratione officii.

No nos corresponde enjuiciar aqu? la constitucionalidad de un precepto de nuestra Ley Org?nica que nadie ha puesto formalmente en cuesti?n; ni nos cabe siquiera pronunciarnos in abstracto sobre la viabilidad procesal de un tal cuestionamiento. Importa s?lo decir que si las dudas abrigadas por el Abogado del Estado respecto de la ortodoxia constitucional del art. 27.2.c) LOTC derivan ?nicamente del hecho de que, a su juicio, los tratados internacionales no pueden ser formalmente considerados como leyes, tales dudas habr?an de extenderse a los apartados del art. 27.2 LOTC que tambi?n incluyen entre las normas sometidas a nuestra jurisdicci?n a los Reglamentos parlamentarios, es decir, normas que, tampoco son formalmente leyes, pero que por su inmediata vinculaci?n a la Constituci?n, como ocurre tambi?n con los Tratados (art. 95.1 CE), aparecen cualificadas como normas primarias, siendo justamente esa espec?fica cualificaci?n la que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, confiere su cabal sentido, en este contexto, a la expresi?n ?norma con rango de ley? (por todas, SSTC 118/1988, de 20 de junio, y 139/1988, de 8 de julio). De otro lado, la eventual declaraci?n de inconstitucionalidad de un tratado presupone, obviamente, el enjuiciamiento material de su contenido a la luz de las disposiciones constitucionales, pero no necesariamente que los efectos invalidantes asociados a un juicio negativo lleven aparejada de manera inmediata la nulidad del tratado mismo (art. 96.1 CE). Esta ?ltima consideraci?n no debe ser objeto ahora de un mayor desarrollo, como tampoco es pertinente que entremos a considerar las soluciones propuestas por el Abogado del Estado para concretar los efectos y el alcance de una eventual declaraci?n de inconstitucionalidad de los preceptos del Acuerdo con la Santa Sede que aqu? se han cuestionado. S?lo si esa declaraci?n efectivamente se produce tendr? sentido que pasemos a precisar sus consecuencias, si es que ?stas, por alg?n motivo, no pudieran ser estrictamente las que en principio se desprenden de las previsiones literales de nuestra Ley Org?nica.

4. Para el mejor encuadramiento del problema constitucional planteado es conveniente examinar los avatares del r?gimen normativo regulador del profesorado de religi?n cat?lica desde el momento de la entrada en vigor de la Constituci?n. Dicho r?gimen arranca con el Acuerdo entre el Estado espa?ol y la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, cuyo art?culo III, ahora cuestionado, dispone que en los niveles educativos de Educaci?n Preescolar, de Educaci?n General B?sica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y en los Grados de Formaci?n Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades ?la ense?anza religiosa ser? impartida por las personas que, para cada a?o escolar, sean designadas por la autoridad acad?mica entre aqu?llas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta ense?anza. Con antelaci?n suficiente, el Ordinario diocesano comunicar? los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha ense?anza?. A diferencia del modelo vigente bajo el Concordato de 1953, el nuevo r?gimen se fundamenta expresamente en el respeto a la libertad de conciencia para disponer que la ense?anza de la religi?n cat?lica ?no tendr? car?cter obligatorio para los alumnos? ―a los que, sin embargo, se garantiza ?el derecho a recibirla? (art. II) ― y que, adem?s, nadie estar? obligado a impartirla (art. III).

Las previsiones del Acuerdo fueron objeto de un primer desarrollo por Orden de 28 de julio de 1979 (BOE n?m. 184, de 2 de agosto), que, para el ?mbito de la Educaci?n Preescolar y la Educaci?n General B?sica, encomendaba la ense?anza de la religi?n cat?lica ?preferentemente? a los Profesores del Centro que voluntariamente la asumieran y que fueran considerados competentes por la jerarqu?a eclesi?stica (art. 3.1 y 2). Para el caso de que no fuera posible contar con Profesores del Centro, se preve?a la posibilidad de hacerlo ?con las personas declaradas competentes por la jerarqu?a eclesi?stica y que, en cualquier caso, sean propuestos por la misma? (art. 3.2). Para este espec?fico supuesto, la posterior Orden de 16 de julio de 1980 (BOE n?m. 173, de 19 de julio), dictada ya tras la ratificaci?n del Acuerdo con la Santa Sede, dispondr?a que ?[r]especto a estos Profesores, el Ministerio de Educaci?n no contraer? ninguna relaci?n de servicios, sin perjuicio de lo que resulte en aplicaci?n del art?culo VII del Acuerdo entre el Estado espa?ol y la Santa Sede? (art. 3.5). En todos los casos quedaba asegurado que si ?la jerarqu?a eclesi?stica estim[ase] procedente el cese de alg?n Profesor de Religi?n, el Ordinario diocesano propondr? tal medida al Delegado provincial del Ministerio de Educaci?n o, por lo que se refiere a la ense?anza no estatal, al Director del Centro o a la Entidad titular del mismo? (art. 3.7, OO.MM. de 28 de julio de 1979 y 16 de julio de 1980).

La situaci?n econ?mica de aquellas personas que, no siendo personal docente de la Administraci?n, eran propuestas cada a?o escolar por la jerarqu?a eclesi?stica y designadas por la autoridad acad?mica para la ense?anza de la religi?n cat?lica en los Centros p?blicos de Educaci?n Primaria y de Educaci?n General B?sica fue objeto de un Convenio con la Conferencia Episcopal Espa?ola publicado como anexo a la Orden del Ministerio de la Presidencia de 9 de septiembre de 1993 (BOE n?m. 219, de 13 de septiembre). En su virtud, el Estado asum?a la financiaci?n de la ense?anza de la religi?n cat?lica transfiriendo ?mensualmente a la Conferencia Episcopal las cantidades globales correspondientes al coste ?ntegro de la actividad prestada por [aquellas] personas [?]? (cl?usula segunda), disponi?ndose asimismo que, ?[h]abida cuenta del car?cter espec?fico de la actividad prestada por las personas que imparten la ense?anza religiosa, el Gobierno adoptar? las medidas oportunas para su inclusi?n en el r?gimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o aut?nomos, siempre que no estuvieran o debieran estar ya afiliados a la Seguridad Social en cualquiera de sus reg?menes? (cl?usula cuarta).

Por lo que hace al ?mbito del Bachillerato y la Formaci?n Profesional, la ense?anza de la religi?n cat?lica tras el Acuerdo de 1979 vino condicionada por la Ley de Ordenaci?n de la Ense?anza Media, de 26 de febrero de 1953, que preve?a la existencia de profesores de religi?n, nombrados por el Ministerio de Educaci?n y Ciencia a propuesta de la Iglesia y remunerados por la Administraci?n con el sueldo de ingreso de los catedr?ticos numerarios. Dichos profesores deb?an ser sacerdotes o religiosos y, subsidiariamente, seglares a los que se exig?a la superaci?n de determinadas pruebas, procediendo su remoci?n cuando as? lo requiriera el Ordinario, seg?n dispon?a el Concordato de 1953. Su relaci?n de servicios con la Administraci?n educativa era la propia de los funcionarios interinos ex art. 5.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. Tanto la Orden de 28 de julio de 1979 como la de 16 de julio de 1980 asumieron esta situaci?n de partida de los profesores de religi?n de ense?anza media, a saber: equiparaci?n retributiva con los profesores funcionarios interinos, remuneraci?n a cargo del Estado y nombramiento y cese a propuesta y requerimiento de la Iglesia. La posterior Orden de 11 de octubre de 1982 (BOE n?m. 248, de 16 de octubre) determinar?a que el nombramiento de estos profesores ?tendr? car?cter anual y se renovar? autom?ticamente, salvo propuesta en contra del mencionado Ordinario efectuada antes del comienzo de cada curso, o salvo que la Administraci?n, por graves razones acad?micas y de disciplina, considere necesaria la cancelaci?n del nombramiento, previa audiencia de la autoridad eclesi?stica que hizo la propuesta [?]?.

Finalmente, y a partir de un cambio de doctrina verificado en 1996, el Tribunal Supremo consider? que la relaci?n de servicios de los profesores de religi?n en el nivel de la ense?anza media era de car?cter laboral. La indeterminaci?n de la situaci?n jur?dica en la que quedaban, por contraste, quienes, no siendo funcionarios, eran propuestos por la Iglesia y designados por la Administraci?n para la ense?anza de la religi?n cat?lica en los niveles de las educaciones preescolar y primaria fue resuelta por el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que a?adi? un nuevo p?rrafo a la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo, en cuya virtud dichos profesores desempe?an su actividad docente ?en r?gimen de contrataci?n laboral, de duraci?n determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial?, percibiendo ?las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos, debiendo alcanzarse la equiparaci?n retributiva en cuatro ejercicios presupuestarios a partir de 1999?. Por tanto, a partir de
Publicado por tuasesor @ 18:14
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