Mi?rcoles, 28 de febrero de 2007
La huelga de transporte har? un ?gran da?o? al puerto, advierten las empresas que operan en ?l
La patronal de consignatarios y estibadores anuncia contactos con Sintrabi para propiciar la desconvocatoria del paro de abril

?La huelga de transporte por carretera convocada en el puerto de Bilbao para abril puede hacer un grave da?o a la instituci?n, a su imagen comercial y a las empresas que operamos en ?l?, se?alaron ayer los m?ximos responsables de la patronal de empresas consignatarias y estibadoras. Por ello, aseguraron que intentan mediar en el conflicto y se mostraron confiados en alcanzar un acuerdo con el convocante del paro, el sindicato de transportistas aut?nomos Sintrabi, antes de que comience la protesta.

Sintrabi ha promovido una semana de huelga en las instalaciones portuarias, entre el 9 y el 15 de abril, para protestar contra lo que considera una ?persecuci?n judicial? por parte de la Audiencia Nacional. El juez Juan del Olmo inici? una investigaci?n a mediados del pasado a?o contra este colectivo -que provoc? incluso la detenci?n de 19 empresarios y transportistas- como consecuencia de una denuncia presentada por el Gobierno vasco ante la existencia de presuntas irregularidades en el sistema de contrataci?n de camiones.

Miguel Aguirre, presidente de la patronal de empresas consignatarias y estibadoras, y Jos? Mar?a Egurrola, vicepresidente de la entidad, llamaron la atenci?n sobre el hecho de que un paro de una semana ?puede provocar que se pierdan clientes que ahora usan el puerto de Bilbao y a los que ha costado mucho convencer para que vengan aqu??. Aguirre se mostr? tajante al asegurar que no conf?an en que ?los tribunales sean capaces de arreglar este problema?, al tiempo que apost? por profundizar en las negociaciones con todas las partes implicadas y ?evitar las precipitaciones?.

Asalariados

Ambos responsables confiaron en que madure y contribuya a normalizar la situaci?n la iniciativa que ellos mismos presentaron hace ya m?s de un a?o, que prev? la creaci?n de empresas fuertes de transporte, con una gesti?n muy profesionalizada y la progresiva transformaci?n de los camioneros aut?nomos en asalariados.

Por otra parte, los consignatarios y estibadores exigieron que se d? entrada a una representaci?n de este colectivo en el consejo de administraci?n de la Autoridad Portuaria de Bilbao, as? como en el resto de foros en el que se aborden los intereses del transporte mar?timo. Aguirre asegur? ayer que ?sta es una reclamaci?n que han trasladado ya hace a?os al Departamento de Transportes del Gobierno vasco, sin que haya sido atendida. La patronal defendi? esta petici?n por la trascendencia econ?mica que tiene la actividad de estas compa??as. El grupo de empresas al que representa la asociaci?n ha invertido 200 millones de euros en el puerto vizca?no en los ?ltimos a?os y tiene previsiones de inyectar 100 millones m?s en el pr?ximo quinquenio en mejoras t?cnicas y medioambientales, principalmente. La asociaci?n, que est? a punto de cumplir 85 a?os de existencia, est? formada por 65 compa??as, con una facturaci?n anual superior a los 400 millones de euros

Publicado por tuasesor @ 21:13
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Martes, 27 de febrero de 2007
La OCDE propuso ayer la creaci?n de un contrato laboral, m?s protector para los j?venes y m?s flexible para los trabajadores instalados en el mercado laboral, con el fin de incentivar la productividad y la innovaci?n. Espa?a se encontrar?a entre los pa?ses m?s necesitados de esta f?rmula.
El club de los 30 pa?ses m?s ricos del mundo, insiste en que el problema espa?ol sigue siendo una menor productividad y peor uso de mano de obra' respecto a los pa?ses m?s industrializados.

Tales conclusiones se encuentran en el informe 'Objetivo Crecimiento', en el que se hace seguimiento de las pol?ticas estructurales de cada pa?s miembro, que ayer desgran? Jean-Phillippe Cotis, economista jefe de la OCDE. Seg?n Cotis, Espa?a, al igual que Francia y Alemania, registra una protecci?n del trabajo 'muy estricta, de forma que los j?venes y las mujeres quedan excluidos del mercado laboral y sufren carreras err?ticas'.

El elevado nivel de indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos ha 'segmentado el mercado de trabajo con un efecto negativo sobre el aumento de la productividad y de la innovaci?n', explica el informe.

La soluci?n pasa, seg?n Cotis, por la creaci?n de un contrato de trabajo ?nico, que suponga un 't?rmino medio' entre el temporal y el fijo para atenuar este 'sistema dual', que polariza el mercado de trabajo. Con ello se crear?a 'un contrato m?s protector para los j?venes que entran en el mercado laboral y menos para las personas instaladas en ?l'. En este sentido, Cotis volvi? sobre la recomendaci?n recurrente de la OCDE sobre el caso espa?ol de abaratar el coste del despido en los contratos indefinidos.

En su opini?n, Espa?a y en general Europa continental, podr?an inspirarse en el modelo austriaco, 'm?s equitativo' porque 'propone contratos permanentes en los que los costes por despido son menos imprevisibles para las empresas y aseguran a los trabajadores garant?as suficientes para la reinserci?n laboral'.

Por otro lado, la OCDE sugiere que el empresario cotice en unas cuentas individuales de 'fin de actividad' que el empleado cobrar?a en caso de quedarse sin su empleo. De esta forma, la indemnizaci?n por desempleo se basar?a en la antig?edad de la persona en el mercado laboral y no s?lo en la ?ltima empresa en la que ha trabajado. 'Hay que ofrecer seguridad a la persona, no al puesto de trabajo', enfatiz? Cotis.

Cotis apunt? a EE UU, Australia, los pa?ses escandinavos, Canad? o Reino Unido como los buenos alumnos del club en cuanto a las reformas para hacer sus econom?as m?s eficientes. El economista mostr? su temor por que se paralicen estas reformas con la ampliaci?n de la UE

Consejos a Espa?a

Convenios. Limitar la extensi?n administrativa de los convenios, que se traduce en salarios altos para determinadas categor?as.

Formaci?n. Reformar la ense?anza superior, otorgando una mayor autonom?a a las Universidades y haci?ndolas m?s visibles.

Pensiones. Mejorar la equidad del sistema de pensiones, ligando las prestaciones al conjunto de la carrera profesional.

Centros comerciales. Eliminar los obst?culos a la apertura de centros comerciales aplicados por las autoridades regionales, apoy?ndose en la nueva directiva de servicios de la UE.



Diario Cinco d?as. Publicado el 14 de Febrero 2007

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Publicado por tuasesor @ 22:24
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El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha reconocido la invalidez permanente y absoluta a una mujer de Girona de 46 a?os que padece fibromialgia y s?ndrome de fatiga cr?nica por considerar que esa dolencia la incapacita para desempe?ar cualquier tipo de trabajo.
En su fallo, el TSJC confirma una sentencia del juzgado social n?mero 1 de Girona, recurrida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que reconoc?a la invalidez de la demandante y su derecho a percibir la pensi?n correspondiente, con efectos de 26 de julio de 2005.

La mujer, pe?n de oficio, est? de baja temporal desde diciembre de 2001 debido a que padece fibromialgia, s?ndrome de fatiga cr?nico y depresi?n, lo que le provoca dolores generalizados de dif?cil curaci?n, a pesar de los tratamientos a que ha sido sometida, as? como s?ntomas de trastorno psiqui?trico, como falta de atenci?n, tristeza o decaimiento.

El INSS reconoci? que la trabajadora padec?a fibromialgia y s?ndrome de fatiga cr?nico, pero le deneg? la prestaci?n por considerar que las dolencias que sufr?a no supon?an "un grado suficiente de disminuci?n de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente".

No obstante, la sentencia del social de Girona, que ahora ha ratificado el TSJC, considera que la enfermedad que padece la mujer la incapacita "para cualquier trabajo, ya que no podr? desempe?ar ?ste con un m?nimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en r?gimen de dependencia, durante toda la jornada laboral, sujet?ndose a un horario".

La incapacidad de la demandante para trabajar se desprende del dictamen pericial, as? como de otros informes y certificados emitidos por distintos m?dicos, algunos del sistema p?blico de Salud, recuerda la sentencia del juzgado social de Girona.

El fallo recoge la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que la invalidez absoluta no debe reconocerse s?lo a las personas que carezcan de posibilidades f?sicas para trabajar, sino tambi?n a quienes "aun conservando aptitudes residuales para determinados quehaceres laborales, no tengan las facultades reales para consumar con eficacia las tareas propias de los mismos".

Publicado por tuasesor @ 22:23
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Espa?a es, detr?s de Francia, el mayor receptor de turistas del mundo, seg?n la Organizaci?n Mundial del Turismo. Sin embargo, ya no s?lo se percibe como un destino vacacional de sol y playa. La mayor?a de los europeos, si tuviera que emigrar, escoger?a Espa?a para trabajar. As? lo muestra una encuesta del peri?dico brit?nico, Financial Times, en la que se ha consultado a m?s de 6.500 personas, entre brit?nicos, italianos, franceses, alemanes y espa?oles.
Entre los que han considerado la posibilidad de trabajar fuera de sus pa?ses, el 17% elige a Espa?a; muy cerca, con un 15%, se sit?an los que se decantan por Gran Breta?a. Francia es escogida por un 11% de los encuestados. Y ya muy lejos, Italia e Irlanda s?lo logran atraer a un 6%. Los italianos y franceses son los m?s predispuestos a venir a Espa?a.

La encuesta no indaga sobre los motivos para elegir uno u otro pa?s. Sin embargo, el peri?dico brit?nico destaca que la econom?a espa?ola es una de las m?s din?micas de la Uni?n Europea. De hecho, en 2006 Espa?a creci? un 3,8%, mientras que la media europea no alcanz? el 3%. Financial Times recuerda que Espa?a entr? en la Uni?n Europea hace 21 a?os como uno de los pa?ses m?s pobres. Y la semana pasada, el comisario europeo de Asuntos Econ?micos y Monetarios, Joaqu?n Almunia, elev? las perspectivas del crecimiento espa?ol en 2007 del 3,4% al 3,7%. Si se cumplen las previsiones, la econom?a espa?ola volver? a ser una de las que m?s crecen de la UE. Quiz?s por eso, menos de un 40% de espa?oles se ha planteado trabajar fuera de su pa?s. S?lo los franceses se muestran menos aventureros. Por el contrario, m?s de la mitad de los italianos ha pensado alguna vez en ganarse la vida m?s all? de sus fronteras.

Los espa?oles tambi?n sobresalen por su visi?n positiva de la inmigraci?n. En concreto, un 42% cree que la llegada de inmigrantes no europeos ha beneficiado el crecimiento econ?mico. En el otro extremo, un 47% de los brit?nicos considera que los trabajadores extranjeros perjudican la econom?a de su pa?s.

Aun as?, el drama de la inmigraci?n ilegal que llega del ?frica subsahariana queda patente cuando m?s de un 70% de los espa?oles encuestados desea un mayor control en las fronteras. Pero son los brit?nicos los que, en un porcentaje mayor, un 76%, creen que hay demasiados extranjeros en su pa?s.

La encuesta retrata a los espa?oles como los europeos m?s confiados en su porvenir. Un 20% cree que su vida mejorar? en el futuro, lo que supone el porcentaje m?s alto de los pa?ses encuestados. Aun as?, son mayor?a, un 50%, los espa?oles que consideran que la vida va a peor. Los europeos m?s fatalistas son los franceses: s?lo un 5% es optimista, mientras que un 73% est? convencido de que en el futuro su pa?s estar? peor que ahora. A pesar de ello, tambi?n son los franceses los menos predispuestos a iniciar una nueva vida lejos de sus fronteras.

Espa?a, el und?cimo mejor pa?s

Cada vez hay m?s entidades que intentan clasificar los mejores pa?ses para vivir. La publicaci?n International Living ordena a trav?s de variables como la seguridad, las infraestructuras, el nivel sanitario, las ofertas culturales o el coste de la vida los mejores y peores pa?ses.

Espa?a ocupa, por segundo a?o consecutivo, el puesto und?cimo, por delante de Austria y Finlandia y por detr?s de Alemania. El estudio punt?a de uno a cien cada variable. Espa?a obtiene buena nota en libertad, 100, aunque s?lo alcanza un aprobado raspado en infraestructuras. Sin embargo, sorprende que uno de los factores de los que Espa?a siempre presume, el clima, obtenga s?lo un 74. Y m?s, si tenemos en cuenta que otros pa?ses con una temperatura, a priori, menos apetecible, como la de los Pa?ses Bajos, Dinamarca o Suiza, logren una mejor puntuaci?n.

En la clasificaci?n de International Living, Francia se alza, por sexto a?o consecutivo, como el mejor pa?s del mundo. Le sigue Australia y Holanda. De los 195 estados analizados, el peor es Irak, que obtiene un cero en libertad y en seguridad.

Los viajeros prefieren la puntualidad al lujo

Los viajeros de negocios valoran cada vez m?s la puntualidad, por encima de ocupar un asiento business en el avi?n o dormir en un hotel de cinco estrellas. Es una de las conclusiones del estudio Amores y odios que la entidad financiera American Express present? ayer. El informe, realizado por Loudhouse, analiza las preferencias de los viajeros de negocios a trav?s de una encuesta entre 500 ejecutivos.

Un 78% de los encuestados destaca que el viaje convierte el trabajo en algo m?s atractivo. Un 70% tambi?n converge en que los desplazamientos sirven para conocer gente y establecer nuevas relaciones. En cambio, s?lo un 14% se ve deslumbrado por el alto status que se suele asociar a los viajes de negocios.

Para mejorar las estancias en ciudades for?neas, la mayor?a de los ejecutivos, un 28%, considera que tener una amigo o familiar en el lugar de destino es lo mejor para favorecer sus d?as fuera de casa. Le sigue, con un 20%, los que creen que para hacer m?s atractivos los viajes es imprescindible conocer los 'mejores lugares de la ciudad'. Tener gimnasio en el hotel es a lo que menos importancia dan los encuestados. La situaci?n m?s desagradable para los viajeros ser?a encontrarse con un habitaci?n sucia en el hotel.

Publicado por tuasesor @ 22:19
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El d?a 14 se celebra el D?a Mundial de Prevenci?n del C?ncer, una enfermedad que crece sin cesar; en 2006 en Europa hay 3.200.000 nuevos enfermos 1,7 millones de fallecidos por esta causa. Para CCOO, resulta ?sorprendente? el olvido de las Autoridades Sanitarias de la necesaria prevenci?n del riesgo derivado de la exposici?n a sustancias cancerigenas en el trabajo, que afecta a millones de trabajadores, mientras se reduce el problema a los h?bitos de vida poco saludables de la ciudadan?a.

Seg?n la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Uni?n Europea se producen entre 31.000 a 56.000 muertes anuales, derivadas de la utilizaci?n de sustancias peligrosas en el trabajo; de ellas 21.000 son atribuidas al amianto. En Espa?a, son los enfermos y familiares quienes tienen que abrirse camino para el reconocimiento de la enfermedad profesional en los Juzgados, ante la pasividad de la autoridad laboral y sanitaria. Los trabajadores no pueden continuar siendo ?conejillos de laboratorio? mientras perdura el desconocimiento de los riesgos de muchas sustancias.

Ya hay estudios que hablan de mayor mortalidad por c?ncer de pulm?n, digestivo y genitourinario entre los trabajadores del sector sider?rgico vasco que en otros sectores, apuntando una relaci?n causal con determinados agentes cancerigenos. Lo mismo sucede con la aparici?n de Mesoteliomas y Asbestosis en empresas de Fundici?n y acer?as vascas. Empresas que jam?s declararon, ni adoptaron medidas preventivas frente al amianto. El reconocimiento de algunas de ella como enfermedad profesional deben levantar la alerta en el conjunto del sector e implantar Planes de Vigilancia Sanitaria obligatoria entre los trabajadores de estas empresas, adoptando dr?sticas medidas de prevenci?n frente a la S?lice cristalina u otras sustancias cancerigenas. El c?ncer laboral es cuatro veces superior a los muertos que provocan los accidentes de trabajo. Mata lentamente, su prevenci?n es posible y obligatoria, aunque muchas empresas y Servicios de Prevenci?n lo olviden.

CCOO de Euskadi, junto a la Confederaci?n Sindical Internacional no se va dejar enga?ar por discursos que reducen la prevenci?n del c?ncer a los h?bitos de vida individual y promover? una campa?a que culminar? con las movilizaciones del 28 Abril y 1 de Mayo, abordando las causas de c?ncer laboral y exigir medidas de prevenci?n higi?nica, especialmente del riesgo cancer?geno. Sanidad y Osakidetza tienen una enorme responsabilidad en la detecci?n del origen del c?ncer: deben preguntar al enfermo con qu? trabaja. CCOO exigir? el cumplimiento empresarial de sus obligaciones preventivas con relaci?n a los riesgos higi?nicos, especialmente de las sustancias cancerigenas y peligrosas.

Publicado por tuasesor @ 20:40
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El perfil del accidentado en el ?mbito laboral de Balears en 2006 fue similar al registrado en 2005, seg?n explic? Crist?fol Huguet. El conseller de Trabajo destac? algunos aspectos m?s relevantes como que el lunes sigue siendo el d?a de la semana en que m?s accidentes se registran en las islas.

Adem?s, el conseller apunt? que las horas de la jornadas m?s proclives a los accidentes laborales son la segunda y la tercera, con preferencia al periodo comprendido entre las 10 y las 12 de la ma?ana. La mayor?a de los casos tuvieron lugar en empresas con pocos trabajadores (entre 6 y 25), y las partes del cuerpo que m?s frecuentemente se ven afectadas son los brazos y las piernas. El tipo de contrato del accidentado es temporal y el puesto de trabajo en el que se origina el accidente es en la construcci?n. En cuanto a la persona, el perfil revela que se trata de un hombre de entre 25 y 29 a?os.

Publicado por tuasesor @ 20:38
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22 de Febrero de 2007

Los sectores de la construcci?n, la agricultura, el transporte y el sanitario entra?an un riesgo superior a la media.

Las pymes son las empresas m?s expuestas en la Uni?n Europea (UE) a los accidentes laborales. El 82% de los siniestros ocurridos en el trabajo se producen en peque?as y medianas empresas, de los cuales el 90% acabaron con la muerte del trabajador, seg?n un informe de la Comisi?n Europea.

El documento sienta las bases de la futura estrategia comunitaria de Salud y Seguridad en el trabajo, que se aplicar? entre 2007 y 2012 con objeto de reducir los accidentes laborales en un 25%, ya que cada a?o se producen en los Veintisiete cerca de cuatro millones, seg?n el comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla.

El comisario europeo explic? adem?s que la estrategia prev?, entre otras medidas, la concesi?n a las pymes de ayudas e incentivos, dado que a menudo esas empresas "tienen m?s dificultades" econ?micas para poner en marcha las medidas destinadas a la protecci?n de los trabajadores.

As?, precis? que las subvenciones se dirigir?n a los Estados miembros, que ser?n los que las repartir?n entre las empresas.

En cuanto a la incidencia de los accidentes laborales por pa?ses, se?al? que no es posible hacer comparaciones porque la metodolog?a para elaborar las estad?sticas var?a de un pa?s a otro.

No obstante, admiti? que son menos frecuentes en los pa?ses n?rdicos y el Reino Unido.

Por sectores
El informe adoptado pone de relieve adem?s que los sectores de la construcci?n, la agricultura, el transporte y el sanitario presentan un riesgo superior a la media y que los trabajadores j?venes, los inmigrantes, los mayores y las personas en una situaci?n laboral precaria se ven m?s afectadas.

Seg?n la Comisi?n entre 2000 y 2004 los accidentes mortales se redujeron en un 17% y los que provocan bajas laborales de m?s de dos d?as en un 20%. Sin embargo, a?n existen grandes diferencias en los progresos por pa?ses, sectores, empresas y categor?as.

Seg?n la CE, en los ?ltimos a?os han aumentado ciertas enfermedades relacionadas con el trabajo, incluidos los trastornos musculoesquel?ticos, como el dolor de espalda o de articulaciones y las lesiones por movimientos repetitivos, as? como las patolog?as causadas por el estr?s.

La futura estrategia
Las medidas previstas en la futura estrategia incluyen la mejora y simplificaci?n de la normativa existente, el intercambio de buenas pr?cticas entre pa?ses, las campa?as de sensibilizaci?n y la mejora de la informaci?n y la formaci?n.

Bruselas precis? que las campa?as deber?n dirigirse a los sectores y empresas m?s afectados y establecer objetivos nacionales de reducci?n de los accidentes.

Por otro lado, la Confederaci?n Europea de Sindicatos critic? en un comunicado a la Comisi?n por no haberle consultado para la elaboraci?n de la nueva estrategia, "al contrario de la pr?ctica seguida desde el primer plan de acci?n, en 1978".

Publicado por tuasesor @ 20:37
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Lunes, 26 de febrero de 2007
La "espec?fica relevancia constitucional" de la "libertad de expresi?n reforzada" de los Letrados en el desempe?o de sus funciones trae causa de su inmediata conexi?n con el derecho a la defensa de la parte

Una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, del 11 de diciembre de 2006, otorga el amparo solicitado por un abogado gallego contra una resoluci?n de la Junta de gobierno del Colegio de Abogados de Ferrol, que le impon?a la sanci?n de 15 d?as de suspensi?n en el ejercicio de la abogac?a, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la libertad de expresi?n, recogido en el art?culo 20.1?) de la Constituci?n.

Mientras que el demandante en amparo aleg? que se vulneraban sus derechos a la libertad de expresi?n en relaci?n con el derecho a la defensa [art?culos 20.1 a) y 24.2 de la Constituci?n], a la presunci?n de inocencia, a ser juzgado por un ?rgano imparcial, a la doble instancia en el procedimiento administrativo sancionador y a la igualdad reconocida en el art?culo 14 de la Carta Magna, el Consejo de la Abogac?a Gallega entend?a que el demandante traspas? los l?mites configuradores del derecho a la libertad de expresi?n, penetrando en el campo de la injustificada ofensa a un compa?ero de profesi?n que, adem?s, ostentaba el cargo de Decano del Colegio de Abogados de Ferrol.

As?, el Tribunal Constitucional recuerda su jurisprudencia sobre la materia, que afirma que ?el ejercicio de la libertad de expresi?n en el seno del proceso judicial por los Letrados de las partes, en el desempe?o de sus funciones de asistencia t?cnica, posee una singular cualificaci?n, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del art. 24 CE (STC 113/2000, de 5 de mayo, FJ 4)?. Tambi?n se indica que la ?espec?fica relevancia constitucional? de la ?libertad de expresi?n reforzada? de los Letrados en el desempe?o de sus funciones trae causa de su inmediata conexi?n con la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte, y ?tiene ?ntima relaci?n con el adecuado funcionamiento de los ?rganos jurisdiccionales en el cumplimiento del propio y fundamental papel que la Constituci?n les atribuye?; por ello se se?ala que ?se trata de una manifestaci?n especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habr?an de operar?.

Asimismo, se recuerda que ?la especial cualidad de la libertad de expresi?n del Abogado en el ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado r?gimen, sin que ampare el desconocimiento del respeto debido a las dem?s partes presentes en el procedimiento y a la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial, que el art?culo 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos erige en l?mite expl?cito a la libertad de expresi?n?.

Por ello, ?para poder apreciar si las correcciones disciplinarias impuestas a los Abogados en el ejercicio de su funci?n de defensa son acordes con el derecho a la libertad de expresi?n debe atenderse a si las expresiones utilizadas resultaban justificadas por las exigencias del ejercicio del derecho de defensa, y para ello deber?n tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes, pues ?stas pueden justificar la mayor beligerancia en los argumentos sin m?s l?mite que el insulto y la descalificaci?n innecesaria?. ?Excluidos el insulto y la descalificaci?n, -contin?a el fallo- la libre expresi?n de un Abogado en el ejercicio de la defensa de su patrocinado ha de ser amparada por este Tribunal cuando en el marco de la misma se efect?an afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentaci?n necesaria para impetrar de los ?rganos judiciales la debida tutela de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses leg?timos?.

Publicado por tuasesor @ 18:15
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26-02-2007 )
Una profesora de religi?n interpuso una demanda por haber sido despedida de su puesto de trabajo por mantener una relaci?n afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se hab?a separado

En la cuesti?n de inconstitucionalidad n?m. 4831-2002, promovida por la Secci?n Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relaci?n con la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo (en cuanto al p?rrafo a?adido por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y de los art?culos III, VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979. Han sido parte el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido ponente la Presidenta do?a Mar?a Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Con fecha 5 de agosto de 2002 se registr? en este Tribunal escrito del Presidente de la Secci?n Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al que se adjuntaba testimonio del rollo de suplicaci?n n?m. 419/2002 y Auto de 8 de julio de 2002, por el que se acuerda plantear cuesti?n de inconstitucionalidad en relaci?n con la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo (en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracci?n de los arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constituci?n.

2. Del conjunto de las actuaciones remitidas por el ?rgano judicial proponente resulta que los hechos que dan lugar al planteamiento de la cuesti?n son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) Do?a Mar?a del Carmen Galayo Mac?as hab?a venido prestando servicios como profesora de religi?n (educaci?n infantil y primaria), a propuesta del Obispo de Canarias, en diversos centros escolares p?blicos, desde el curso acad?mico 1990/1991. En octubre del a?o 2000 se le comunic? que no se le formalizar?a nuevo contrato, por mantener una relaci?n afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se hab?a separado.

b) La Sra. Galayo Mac?as interpuso ante el Juzgado de lo Social n?m. 4 de Las Palmas de Gran Canaria demanda de tutela de derechos fundamentales contra el Ministerio de Educaci?n y Ciencia, la Consejer?a de Educaci?n de la Comunidad Aut?noma de Canarias y el Obispado de Canarias. Se invocaba la lesi?n del principio de igualdad y del derecho a la intimidad personal, interes?ndose la nulidad de la propuesta del Obispado para la contrataci?n de profesores de religi?n, as? como la contrataci?n de la demandante y el abono de indemnizaciones.

c) La demanda dio lugar a los autos n?m. 127/01, que concluyeron por Sentencia desestimatoria de 6 de julio de 2001. El Juzgado hizo suya la fundamentaci?n jur?dica de la Sentencia dictada en un supuesto an?logo por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (de fecha 26 de febrero de 2001, rollo de suplicaci?n n?m. 158/01), reproduciendo literalmente su contenido. Con todo, el Juzgado sintetiz? la ratio decisoria en los siguientes t?rminos:

?[?] si el Obispado [retira] la propuesta de la actora por considerar que vive en pecado y que no es id?nea para impartir clase de religi?n cat?lica, est? actuando dentro del ?rea de su ministerio espiritual y conforme a las reglas de Acuerdo-Tratado con la Santa Sede, con el valor que el art. 96 de la Constituci?n le confiere, ejerciendo la facultad discrecional que le viene atribuida en el art. 3 del mismo y preceptos concordantes, y que no puede someterse a control jurisdiccional sino en sentido negativo [?], y salvo que se desatiendan derechos fundamentales, pero con los condicionamientos, inflexiones y particularidades del ?rea de la ense?anza de religi?n cat?lica, que en este caso no se entienden violados por tener causa la decisi?n del Obispo en una raz?n de mera naturaleza religiosa o de moral cat?lica, de acuerdo con los c?nones de la Iglesia, por todo lo cual [?] no puede prosperar la demanda[,] pues todos los pedimentos del suplico dependen de si se consideran o no lesionados los derechos fundamentales invocados? (FJ 4).

d) La actora interpuso recurso de suplicaci?n ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (rollo n?m. 419/2002), cuya Secci?n Primera ha elevado la presente cuesti?n de inconstitucionalidad. Previamente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 LOTC, dict? providencia, de 8 de mayo de 2002, por la que requiri? a las partes para que alegaran lo que estimasen conveniente en relaci?n con la pertinencia de cuestionar la constitucionalidad de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 (LOGSE), en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, y de los art?culos III y VI del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales suscrito con la Santa Sede el 3 de enero de 1979. En dicho prove?do se se?alaban como supuestamente conculcados los arts. 9, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27 y 103.3 de la Constituci?n.

e) El Ministerio Fiscal consider? improcedente el planteamiento de la cuesti?n, por entender que ?el art. 16 de la CE ofrece base suficiente para fundamentar un dictamen en el sentido de considerar ajustada al esp?ritu y a la letra del citado precepto la no proposici?n por el ordinario de la Iglesia Cat?lica de la demandante para el ejercicio de la funci?n docente en materia de religi?n [?]?.

f) La demandante aleg? no oponerse al planteamiento de la cuesti?n, si bien advirti? del retraso que ello supondr?a para la resoluci?n de la causa e hizo notar que, a su juicio, la propia Sala pod?a aplicar directamente la Constituci?n (?digan lo que digan distintas normas de rango jer?rquico inferior?) y solventar as? la infracci?n de derechos denunciada.

g) Tanto el Obispado de Canarias como el Abogado del Estado y el Gobierno de Canarias se opusieron al planteamiento de la cuesti?n.

El Abogado del Estado se limit? a hacer suya la fundamentaci?n jur?dica de la Sentencia de instancia. Por su parte, el Obispado vino a sostener que los Acuerdos con la Santa Sede, en tanto que tratados, ocupan una posici?n jer?rquica superior a la ley y, en cuanto postconstitucionales, su conformidad con la Constituci?n ha de darse por sentada a d?a de hoy, toda vez que su peculiar naturaleza jur?dica hace desaconsejable someterlos a controles de constitucionalidad una vez incorporados al Derecho interno, siendo as? que propiamente el examen de su constitucionalidad debe verificarse antes de su integraci?n en el Ordenamiento. Finalmente, el Gobierno canario descart? cualquier infracci?n sustantiva de derechos fundamentales, resumi?ndose su planteamiento en la idea de que, ?[d]e la misma manera que dentro de la funci?n p?blica o del Derecho del Trabajo existen cargos de confianza o de libre designaci?n, en los que existe un amplio margen de discrecionalidad en el nombramiento y cese por la naturaleza de las funciones a desempe?ar, la ense?anza de la religi?n exige tambi?n un cierto grado de identificaci?n o de confianza entre el profesor y la autoridad eclesi?stica, en cuanto aqu?l debe ser una prolongaci?n de ?sta?. El Gobierno canario no alberga dudas sobre la competencia exclusiva de la Iglesia Cat?lica en punto a ?la determinaci?n de la idoneidad de las personas que han de ejercer? la ense?anza de la religi?n cat?lica, sin que a este respecto pueda exig?rsele que se ajuste a otras normas que no sean las propias de la Iglesia.

3. Mediante Auto de 8 de julio de 2002, la Secci?n acord? plantear cuesti?n de inconstitucionalidad en relaci?n con la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo (en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), y con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible infracci?n de los arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constituci?n.

Tras exponer con detalle los avatares de la evoluci?n del r?gimen normativo de la ense?anza de la religi?n cat?lica en los centros p?blicos (FJ 1) y la disciplina can?nica observada por la Iglesia en materia docente (FJ 2), el ?rgano judicial advierte de que ?no es objeto de esta cuesti?n la constitucionalidad de la inserci?n de la religi?n y moral cat?lica en el itinerario educativo de la ense?anza reglada [?]. El objeto de la cuesti?n [?] se limita a dos opciones normativas que constituyen un mero instrumento contingente de dicha ense?anza y que son, en primer lugar, el que se haya acudido a contratos de naturaleza laboral para cumplir la funci?n de ense?ar de la Iglesia y, en segundo lugar, que, adem?s, los correspondientes trabajadores sean contratados por las Administraciones P?blicas, configurando, en definitiva, supuestos de empleo p?blico. Ambas opciones imponen determinadas exigencias desde el punto de vista de la constitucionalidad que parecen dif?cilmente compatibles con la regulaci?n espec?fica de los profesores de religi?n cat?lica resultante de la normativa [vigente] y, en concreto, con la inmunidad frente al Derecho de las decisiones sobre la contrataci?n y renovaci?n de los profesores adoptadas por el Obispado y, en segundo lugar, con el condicionamiento del acceso y mantenimiento de empleos p?blicos a criterios de ?ndole religiosa y confesional? (FJ 3).

A juicio de la Secci?n, la Declaraci?n Eclesi?stica de Idoneidad (DEI) necesaria para la contrataci?n de los profesores de religi?n no puede concederse o denegarse sin otra referencia que la propia del Derecho Can?nico, sino que debe ser compatible con los derechos fundamentales del trabajador, en cuyo respeto ha de encontrar un l?mite insuperable. Sin embargo, del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede sobre Educaci?n y Asuntos Culturales se desprende que la decisi?n eclesi?stica sobre el particular ?nicamente debe ajustarse a la normativa can?nica y que, adem?s, el Estado no puede oponer a ello ninguna norma interna, ni someterla a control judicial, so pena de infringir el Derecho Internacional. Tal situaci?n ser?a, para el ?rgano judicial, radicalmente contraria a la Constituci?n.

La Secci?n cuestiona asimismo la constitucionalidad de la condici?n de empleo p?blico atribuida a los puestos de trabajo de los profesores de religi?n cat?lica y resultante de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 (LOGSE), en la redacci?n dada por la Ley 50/1998, en conjunci?n con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo con la Santa Sede. Para la Secci?n, de esa conjunci?n se deriva que el acceso a empleos p?blicos y su mantenimiento sean determinados exclusivamente por un sujeto ajeno a la Administraci?n P?blica (el Obispado) y sometido ?nicamente a un Derecho externo e indisponible por los ?rganos judiciales nacionales (el Derecho Can?nico).

4. Mediante providencia de 1 de octubre de 2002 la Secci?n Segunda acord? admitir a tr?mite la cuesti?n de inconstitucionalidad y dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el plazo de quince d?as, pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo se acord? publicar la incoaci?n del procedimiento en el Bolet?n Oficial del Estado, lo que se hizo en el n?m. 247, de 15 de octubre de 2002.

5. Por escrito registrado en el Tribunal el 18 de octubre de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados puso en conocimiento del Tribunal que la C?mara no se personar?a en el procedimiento ni formular?a alegaciones, remitiendo a la Direcci?n de Estudios y Documentaci?n de su Secretar?a General.

6. Mediante escrito registrado el 23 de octubre de 2002, la Presidenta del Senado comunic? que la Mesa de la C?mara hab?a acordado darse por personada y por ofrecida su colaboraci?n a los efectos del art. 88.1 LOTC.

7. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado se registr? en el Tribunal el 24 de octubre de 2002. El representante del Gobierno sostiene, en primer lugar, que no pueden considerarse relevantes para el fallo del pleito laboral todos los preceptos cuestionados y que, en realidad, el verdadero objeto de la cuesti?n son los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, si bien no tanto en s? mismos cuanto relacionados con ciertas normas can?nicas, especialmente los c?nones 804.2 y 805 del vigente C?digo de Derecho Can?nico (1983). En cambio, la Sala no justifica debidamente, en opini?n del Abogado del Estado, la relevancia del p?rrafo primero de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, ni, por lo que hace a los Acuerdos de 1979, la de los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III y la de los art?culos VI y VII.

En relaci?n con el p?rrafo primero de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, alega el Abogado del Estado que se limita a ordenar que la ense?anza de la religi?n se ajuste a los Acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones, siendo de recordar que, adem?s de los concluidos con la Iglesia, el Estado ha celebrado otros tres Acuerdos de cooperaci?n con distintas confesiones y comunidades religiosas, tal y como prev? el art. 7.1 de la Ley Org?nica 7/1980, de Libertad Religiosa (LOLR): los Acuerdos de Cooperaci?n del Estado con la Federaci?n de Entidades Religiosas Evang?licas de Espa?a (Ley 24/1992, de 10 de noviembre), con la Federaci?n de Comunidades Israelitas de Espa?a (Ley 25/1992, de 10 de noviembre) y con la Comisi?n Isl?mica de Espa?a (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). El p?rrafo primero de la Disposici?n examinada termina diciendo que, de conformidad con estos Acuerdos, la religi?n (cristiana cat?lica, cristiana evang?lica, jud?a y musulmana) se incluir? como ?rea o materia en los niveles educativos que corresponda y ser? de oferta obligatoria para los centros, aunque de car?cter voluntario para los alumnos. Nada hay en el Auto de planteamiento que exprese duda alguna sobre la constitucionalidad de este primer p?rrafo, cuya validez o nulidad carecer?a de trascendencia para el fallo a quo.

Los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, por su parte, disponen que nadie estar? obligado a impartir ense?anza religiosa y que los profesores de religi?n formar?n parte del claustro de los respectivos centros docentes. Tampoco argumenta la Sala la inconstitucionalidad de estas previsiones, que, por lo dem?s, y para el Abogado del Estado, son claramente ajenas a lo debatido en el proceso laboral de origen.

En cuanto al p?rrafo primero del art?culo VI, que establece que corresponde a la jerarqu?a eclesi?stica se?alar los contenidos de la ense?anza y formaci?n cat?licas y proponer los libros de texto y el material did?ctico pertinentes, es similar a las previsiones que sobre el particular se incluyen en los Acuerdos con otras confesiones, sin que el Auto de planteamiento diga nada sobre este concreto p?rrafo, por lo dem?s irrelevante para la soluci?n del proceso judicial. Por su lado, el p?rrafo segundo atribuye a la jerarqu?a cat?lica y a los ?rganos del Estado, ?en el ?mbito de sus respectivas competencias?, la facultad de velar por que la ense?anza y formaci?n cat?licas se impartan adecuadamente, y tambi?n se trata de una previsi?n similar a las contenidas en otros Acuerdos. Nada se dice tampoco sobre la posible inconstitucionalidad de este p?rrafo, tambi?n ajeno a las posiciones del proceso a quo, como no quiera entenderse, lo que no es estrictamente necesario, que las facultades de control reconocidas a la jerarqu?a cat?lica comprenden la negativa a proponer como profesor a quien hubiera dejado de reunir las condiciones de idoneidad se?aladas en los c?nones 804.2 y 805.

En fin, el art?culo VII del Acuerdo se limita a prever que la situaci?n econ?mica de los profesores de religi?n cat?lica se concertar? entre la Administraci?n y la Conferencia Episcopal Espa?ola, previsi?n sobre la que tampoco se argumenta en el Auto de planteamiento. De otro lado, el art?culo VII no figuraba entre los mencionados en la providencia acordada ex art. 35 LOTC, de manera que nada pudieron alegar sobre ?l las partes y debe ser, por tanto, excluido de las consideraciones de fondo de este Tribunal tambi?n por esa causa.

Una vez delimitados los preceptos que constituyen el verdadero objeto de este procedimiento, entiende el Abogado del Estado que no es ocioso fijar su posici?n sobre el control de constitucionalidad de los tratados previsto en el art. 27.2 c) LOTC. Para el representante del Gobierno, es discutible, en abstracto, si una norma incluida en un tratado puede calificarse como ?norma con rango de ley?, que es el objeto propio de la cuesti?n de inconstitucionalidad seg?n los arts. 163 CE y 35.1 LOTC, pero la consideraci?n conjunta de los arts. 27.2 c), 29.1 y 35.1 LOTC invita a entender que los tratados pueden ser objeto de declaraci?n de inconstitucionalidad en cualquiera de las dos v?as enunciadas en el art. 29.1 LOTC (recurso y cuesti?n), sin que le quepa ratione officii al Abogado del Estado, defensor de la ley ante este Tribunal, plantear siquiera una sombra de duda sobre el art. 27.2 c) LOTC, de cuya constitucionalidad ha de partir.

Tras afirmar que no le corresponde examinar los problemas que suscita el control de constitucionalidad de los tratados, m?s a?n cuando, como es el caso, el que ahora se cuestiona lleva decenios cumpli?ndose por quienes lo concertaron, el Abogado del Estado se detiene en una reflexi?n sobre el posible alcance de una Sentencia estimatoria, por m?s que se le antoje improbable. En esta l?nea, afirma que es dudoso que la declaraci?n de inconstitucionalidad de un tratado pueda llevar consigo un pronunciamiento de nulidad, siendo de la competencia del Derecho internacional determinar la validez o nulidad de los tratados, tal y como presuponen los arts. 95.1 y 96 CE (siendo de atender al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, en vigor para Espa?a desde 1980). Lo razonable ser?a defender que la Sentencia estimatoria de una cuesti?n promovida respecto de un tratado ha de ser uno de aquellos supuestos en que este Tribunal deber?a, o bien limitarse a declarar meramente la inconstitucionalidad (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, y 235/1999, de 16 de diciembre), o bien posponer la fecha inicial de la nulidad (SSTC 195/1998, de 1 de octubre, 208/1999, de 11 de noviembre) para que en un plazo razonable se proceda a una revisi?n constitucional o, por las v?as propias del Derecho internacional (negociaci?n, denuncia, etc.), se haga desaparecer la parte inconstitucional del tratado. Es digno de destacar, concluye el Abogado del Estado, que el canon 3 del C?digo de Derecho Can?nico reconoce que los convenios de la Sede Apost?lica con las naciones o con otras sociedades pol?ticas prevalecen sobre el Derecho codicial.

El escrito de alegaciones se centra, a continuaci?n, en el examen de la constitucionalidad de los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, destacando, en primer lugar, que ninguno de ellos dispone nada acerca de si la propuesta del Ordinario diocesano a la que debe atenerse la autoridad educativa es o no controlable por los Tribunales espa?oles. La Disposici?n Adicional Segunda se limita a puntualizar el r?gimen jur?dico aplicable a los profesores de religi?n, no s?lo cat?lica. Por su lado, los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede no pasan de atribuir un poder de propuesta al Ordinario diocesano. Ahora bien, ?ste s?lo propone a quienes cuentan con una previa ?declaraci?n eclesi?stica de idoneidad? (DEI), habilitaci?n docente creada por la Conferencia Episcopal Espa?ola ―no por el art?culo III del Acuerdo― y recogida hoy en la cl?usula 4? del convenio aprobado por Orden de 9 de abril de 1999. Con la DEI se acredita el cumplimiento de los ?requisitos de formaci?n teol?gica y pedagog?a religiosa? necesarios para ejercer como profesor en determinados niveles, y puede ser revocada o retirada, seg?n se desprende de lo afirmado por el Sr. Obispo de Canarias, caso en que el profesor se entiende eclesi?sticamente inhabilitado para la docencia y no es incluido en la propuesta anual de designaciones.

El Abogado del Estado dice compartir la interpretaci?n de la Sala conforme a la cual los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo deben entenderse en indisociable relaci?n con diversos c?nones, y, sobre todo, con el par?grafo 2 del canon 804 y con el canon 805 del C?digo de Derecho Can?nico, normas cuyo directo destinatario es el Ordinario diocesano, al que el art?culo III del Acuerdo atribuye el poder de propuesta. M?s a?n: ese poder de propuesta reservado a la autoridad eclesi?stica s?lo se explica como veh?culo para la aplicaci?n de los c?nones 804.2 y 805. El art?culo III carecer?a, pues, de sentido sin su trasfondo can?nico.

En efecto, contin?a el Abogado del Estado, el canon 805 atribuye al Ordinario del lugar el derecho de nombrar o aprobar a los profesores de religi?n y le impone en t?rminos absolutos el deber de removerlos o de exigir su remoci?n ?si lo requiere una raz?n de religi?n o costumbres?. El canon 804.2 CIC precisa algo m?s en qu? puede consistir esa ?raz?n? para el Ordinario, cuando le exhorta a que procure sol?citamente que los profesores ?destaquen por su recta doctrina, testimonio de vida cristiana y aptitud pedag?gica?. Es di?fano, pues, que la profesora implicada en el proceso a quo no fue propuesta para el curso 2000/2001 por motivos de religi?n o costumbre, y, concretamente, es razonable suponer que por no dar testimonio de vida cristiana al convivir con quien no era su marido. Es decir, no fue propuesta por no ajustar su vida a las exigencias de la moral cristiana cat?lica.

As? centrada la cuesti?n, no puede entenderse que los p?rrafos examinados del art?culo III sean contrarios al art. 24.1 CE porque impidan a los Tribunales espa?oles fiscalizar la decisi?n del Ordinario. Ciertamente, como sostiene la Sala, la apreciaci?n del Ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su n?cleo, al control de los Tribunales. Pero, lejos de ser inconstitucional, esa inmunidad es mera consecuencia del derecho fundamental de libertad religiosa y del principio de neutralidad religiosa del Estado.

Es patente, para el Abogado del Estado, que la libertad religiosa tiene, junto al individual, un aspecto comunitario o colectivo. En esta segunda dimensi?n, sus titulares son las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas (art. 2.2 LORL, SSTC 64/1988, 46/2001 y 128/2001). En la dimensi?n individual, el art. 2.1 c) LOLR reconoce el derecho a recibir ense?anza religiosa y a elegir ―para s? y para los menores o dependientes, ?dentro y fuera del ?mbito escolar?― la educaci?n religiosa y moral que est? de acuerdo con las propias convicciones. En la faceta comunitaria, las Iglesias, confesiones y comunidades gozan del derecho fundamental a ?designar y formar a sus ministros? y a ?divulgar y propagar su propio credo? (art. 2.2 LOLR). La formaci?n religiosa en los centros docentes p?blicos es, seg?n el art. 2.3 LOLR, una medida ?para la aplicaci?n real y efectiva de estos derechos?, tanto los individuales como los colectivos. Por ?ltimo, el art. 6.1 LOLR reconoce plena autonom?a a las Iglesias, confesiones y comunidades, cuyas normas internas, como el C?digo de Derecho Can?nico, ?podr?n incluir cl?usulas de salvaguardia de su identidad religiosa y car?cter propio, as? como del debido respeto a sus creencias?, pero ?sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades reconocidos por la Constituci?n, y en especial los de libertad, igualdad y no discriminaci?n?.

El art. 16.3 de la Constituci?n acoge el principio de neutralidad religiosa o aconfesionalidad del Estado, si bien se trata de una neutralidad complementada con dos mandatos a los poderes p?blicos: tener en cuenta ?las creencias religiosas de la sociedad espa?ola? y mantener ?relaciones de cooperaci?n con la Iglesia Cat?lica y las dem?s confesiones?. En este punto, el Abogado del Estado quiere llamar la atenci?n sobre una exigencia directamente derivada de la neutralidad religiosa del Estado, como es el imperativo constitucional de que los ?rganos estatales (incluidos los Tribunales) no se inmiscuyan o entrometan en asuntos religiosos o puramente eclesi?sticos, pues ser?a incompatible con la libertad religiosa, en sus dos dimensiones, que el Poder Judicial pudiera revisar, controlar o modificar la apreciaci?n de un obispo cat?lico o evang?lico, de un rabino o de un im?n acerca de lo que es o no la recta doctrina de sus respectivos credos o sobre lo que es o no testimonio de vida conforme a los mismos. De ello se sigue que la determinaci?n por el Ordinario de si la ense?anza de un profesor de religi?n cat?lica se ajusta o no a la recta doctrina es inmune a toda fiscalizaci?n jurisdiccional. Y lo mismo debe decirse respecto a si el profesor da o no el testimonio de vida cristiana que le es exigible con arreglo al canon 804.2 CIC; algo de lo que debe ser consciente quien aspira a ense?ar religi?n y moral cat?licas.

Ahora bien, contin?a el escrito de alegaciones, los profesores de religi?n cat?lica son, de acuerdo con el p?rrafo segundo de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, trabajadores de la Administraci?n educativa. En tal condici?n tienen todo el derecho a ampararse en la Constituci?n y en las leyes laborales espa?olas (art. 35 CE) y a que los Tribunales laborales nacionales les dispensen tutela. Por tanto, es menester encontrar criterios practicables que permitan concordar pr?cticamente las exigencias de la libertad religiosa (individual y colectiva) y el principio de neutralidad religiosa del Estado con la protecci?n jurisdiccional de los derechos constitucionales y laborales de los profesores, atendida la modulaci?n que los derechos fundamentales sufren en la relaci?n de trabajo (SSTC 98/2000 y 20/2002). En el presente procedimiento, basta con razonar, a juicio del Abogado del Estado, que la decisi?n del Ordinario no es completamente inmune al control de los Tribunales espa?oles, decayendo as? la tesis de que la normativa examinada infringe el art. 24.1 CE.

A este respecto alega el Abogado del Estado que una decisi?n eclesi?stica contraria a la renovaci?n de un contrato laboral s?lo queda amparada por la libertad religiosa colectiva si est? claramente justificada en motivos de car?cter religioso, incluidos los principios morales aceptados por la religi?n de que se trate. Si en el proceso laboral queda probado que la decisi?n episcopal no se basa en motivos religiosos lato sensu, es claro que el ?rgano judicial deber? declarar que se ha constatado un mal uso o un uso desviado del poder de propuesta, que no puede encontrar amparo en el derecho fundamental de libertad religiosa ni en el art?culo III del Acuerdo. Negando deferencia a los casos de mal uso del poder de propuesta, el Tribunal espa?ol no s?lo protege los derechos de los trabajadores, sino que, indirectamente, impide abusos en perjuicio de la propia Iglesia, siendo de notar que el canon 804.2 CIC nunca puede amparar decisiones episcopales discriminatorias o contrarias a los derechos fundamentales, pues la doctrina de la Iglesia Cat?lica condena, como ?contraria al plan de Dios?, ?toda forma de discriminaci?n en los derechos fundamentales de la persona? y considera ?lamentable? que ?los derechos fundamentales no est?n todav?a bien protegidos en todas partes? (Constituci?n pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, n?m. 29, p?rrafo segundo; en los mismos t?rminos, Catecismo de la Iglesia Cat?lica, n?m. 1935). Las violaciones de los derechos fundamentales constituyen, por tanto, un mal uso de la potestad de propuesta y ser?n, por tanto, controlables por los Tribunales espa?oles. El orden p?blico constitucional, a cuya defensa responde la cl?usula sin perjuicio del art. 6.1 LOLR, representa un l?mite al poder de propuesta del Ordinario, incluso sin salir de la perspectiva intraeclesial cat?lica.

Otras hip?tesis de control jurisdiccional (as?, control externo o control de razonabilidad) ofrecen mayor margen para la discusi?n, en la medida en que pudieran restringir excesivamente la libertad religiosa. Sin embargo, el Abogado del Estado afirma que no le corresponde examinar este punto con mayor profundidad, debiendo quedar remitido al saber, prudencia y rectitud de los Tribunales la determinaci?n precisa del modo en que puede satisfacerse el derecho a la tutela judicial efectiva de los profesores de religi?n sin que padezcan innecesariamente la libertad religiosa colectiva y el principio de neutralidad. Lo que importa es que all? donde los Tribunales deben respetar la decisi?n de una autoridad religiosa, la deferencia se basa no s?lo y no tanto en una norma internacional cuanto en fundamentos constitucionales (libertad religiosa y principio de neutralidad) a los que los Tribunales espa?oles est?n vinculados (arts. 9.1, 10.1 y 53.1 CE y 5.1 y 7.1 LOPJ). Las normas examinadas no impiden, por tanto, el control jurisdiccional del Estado, aunque exigen buscar un punto de equilibrio y concordancia pr?ctica entre la libertad religiosa, el principio de neutralidad y la tutela judicial efectiva.

El escrito de alegaciones del Abogado del Estado desarrolla, seguidamente, las razones por las que tampoco puede compartirse la tesis defendida por la Sala en el sentido de que el r?gimen vigente constituye a la Administraci?n en una empresa de tendencia. Con car?cter previo, el representante del Gobierno recuerda que con arreglo a la doctrina constitucional que arranca en la STC 5/1981, de 13 de febrero, la neutralidad religiosa de los puestos docentes en los centros p?blicos tiene la excepci?n de las ense?anzas religiosas de ?seguimiento libre?. En la ense?anza religiosa coinciden y se potencian rec?procamente varios derechos fundamentales (a recibir ense?anza religiosa, a educar a los hijos en determinadas creencias, a propagar el propio credo), si bien la Sala manifiesta una visi?n excesivamente individualista, olvidando que son las confesiones quienes, sobre todo, vienen consideradas por el art. 16.3 CE como id?neas receptoras de la cooperaci?n de los poderes p?blicos. Y es que, desde el punto de vista estatal y constitucional, el hecho religioso es un importante fen?meno social y no puede ser m?s que esto; un fen?meno, por encima de todo, de grupos sociales organizados. Es l?gico, por tanto, que el derecho de los padres a que sus hijos reciban formaci?n religiosa haya de ejercitarse mediante la adscripci?n ―o no adscripci?n― a alguna de las creencias religiosas m?s extendidas.

La tesis de la Sala en el sentido de que el p?rrafo segundo de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 convierte a la Administraci?n en una empresa de tendencia carece, para el Abogado del Estado, de fundamentos s?lidos. La conversi?n de los profesores de religi?n en trabajadores de la Administraci?n educativa no pretende contravenir el principio de neutralidad, como si el legislador hubiera querido proteger a las tres grandes religiones monote?stas y especialmente a la que cuenta con m?s profesores. Se trataba de dar protecci?n laboral y social a los profesores en el contexto de una relaci?n de trabajo objetivamente especial. Es verdad que podr?an concebirse otros tipos de reg?menes para los profesores de religi?n que tal vez conciliar?an mejor su protecci?n laboral y social con la neutralidad religiosa del Estado; pero aqu? entran tambi?n en juego cuestiones de practicabilidad y de necesidad apremiante en la resoluci?n de un problema laboral enconado. En todo caso, la norma examinada es un precepto neutral, por lo menos respecto a las organizaciones religiosas con las que el Estado ha concluido Acuerdos de cooperaci?n.

No se convierte, por tanto, a la Administraci?n en una empresa de tendencia. Lo que ocurre es que los puestos de profesores de religi?n requieren una determinada cualificaci?n profesional, como la requieren otros tipos de puestos administrativos. En el caso de la religi?n cat?lica, la DEI es simplemente un reconocimiento eclesi?stico de esa cualificaci?n. La exigencia de un t?tulo, requisito o cualificaci?n puede considerarse como una limitaci?n a la general capacidad para trabajar o como exigencia de una capacidad especial para acceder a determinados trabajos o puestos. Si sobrevenidamente se pierde la cualificaci?n requerida, puede darse el supuesto de una ineptitud sobrevenida, que es causa objetiva de extinci?n de la relaci?n laboral [art. 52 a) del Estatuto de los Trabajadores]. Exigir que los profesores de religi?n cat?lica cuenten con una DEI y que ?sta pueda ser retirada por razones religiosas o morales (canon 805 CIC) responde a la naturaleza del puesto mismo de trabajo. Los alumnos cat?licos [arts. 16.1 CE, 2.1 c) LORL y 6.1 c) LO 5/1985], los padres cat?licos [arts. 16.1 y 27.3 CE, 2.1 c) LORL y 4 c) LO 5/1985] y la propia Iglesia Cat?lica (arts. 16.1 CE y 2.2 LOLR) tienen derecho a exigir que la ense?anza de la doctrina cat?lica o la transmisi?n de los valores cat?licos se efect?en correctamente y sin perturbaciones. Respetar las exigencias propias de estos singulares puestos de trabajo no convierte a la Administraci?n en una empresa de tendencia, sino que es una simple consecuencia de la libertad religiosa proyectada sobre la ense?anza (arts. 16.1 y 27.3 CE) y del mandato de cooperaci?n contenido en el art. 16.3 CE.

El escrito de alegaciones concluye reiterando que el poder de propuesta reconocido en el art?culo III del Acuerdo no puede hacerse discriminatoriamente, pues la propia normativa de la Iglesia es contraria a la discriminaci?n. Ahora bien, no cabe confundir discriminaci?n y cualificaci?n necesaria para el desempe?o de un puesto. Y no se puede sostener que sea lo primero requerir la DEI para ser profesor de religi?n cat?lica o exigir que se ajuste a la recta doctrina y la moral cat?licas quien debe ense?ar la primera y transmitir la segunda, pues el ejemplo de coherencia personal es de innegable importancia para que la ense?anza de cualquier religi?n merezca ese nombre. Ahora bien, aceptada esta exigencia de cualificaci?n (que debe entenderse asumida por quien libre y voluntariamente pretende obtener la DEI y convertirse en profesor de religi?n cat?lica), la autoridad eclesi?stica proponente tiene prohibida toda discriminaci?n contraria al art. 14 CE.

Expuesto lo anterior, es f?cil de ver, para el representante del Gobierno, que las normas cuestionadas tampoco violan el principio de m?rito y capacidad (art. 103.3 CE), pues la exigencia de la DEI responde, precisamente, a exigencias de la capacidad inherente al especial?simo puesto de trabajo ?profesor de religi?n cat?lica?, que s?lo puede ser apreciada por la autoridad eclesi?stica, pues de otra manera no se respetar?a ni la libertad religiosa ni el principio de neutralidad.

En consecuencia, el Abogado del Estado suplica del Tribunal que dicte Sentencia por la que declare mal planteada e inadmisible la cuesti?n respecto al p?rrafo primero de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, y a los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III y a los art?culos VI y VII del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales entre el Estado espa?ol y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, y la desestime en relaci?n con las dem?s normas cuestionadas. Subsidiariamente, interesa el representante del Gobierno que se desestime la cuesti?n en su integridad.

8. El Fiscal General del Estado present? su escrito de alegaciones el 30 de octubre de 2002. Tras referir los pormenores del planteamiento de la cuesti?n y resumir los t?rminos de la duda de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social, el Fiscal General del Estado se detiene en el examen de la relevancia de las normas cuestionadas por relaci?n a la cuesti?n debatida en el proceso judicial, concluyendo que ?de la constitucionalidad o no de todos o de algunos de los preceptos cuestionados depende la resoluci?n final en forma de sentencia que ha de dictar la Sala de lo Social en este caso, quedando colmado [?] el requisito previo de la relevancia en los t?rminos exigidos por el Tribunal Constitucional?.

Con car?cter previo al examen de fondo, el Fiscal General del Estado considera pertinente una primera reflexi?n sobre la contingencia de un pronunciamiento de este Tribunal por el que se pueda expulsar del Ordenamiento una norma contenida en un tratado internacional. Contra lo alegado por el Obispado de Canarias en el proceso a quo, entiende el Fiscal General que, atendidos los arts. 95.1 y 96 CE, el tratado ?debe respetar necesariamente la Constituci?n, y en caso de que as? no suceda, o bien el tratado no puede celebrarse, o bien ser? preciso revisarlo, una vez celebrado, a la luz de la Constituci?n, correspondiendo al Tribunal Constitucional pronunciarse al respecto?. Por lo que hace al control de constitucionalidad posterior a la integraci?n del tratado, que el Obispado de Canarias no admite, alega el Fiscal General del Estado que el art. 27.2 c) LOTC lo hace posible y necesario en los t?rminos de la Declaraci?n del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1992.

En cuanto a las dudas de constitucionalidad suscitadas por la Sala, y comenzando por la referida a la posible infracci?n del art. 24.1 CE, alega el Fiscal General, con citas de las SSTC 1/1981 y 6/1997, que la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990 reconoce la naturaleza laboral del v?nculo que une a los profesores de religi?n con el centro educativo publico as? como su car?cter temporal, sin impedir que las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo dejen de estar sujetas al conocimiento pleno de la jurisdicci?n social. De otro lado, el hecho de que se introduzca una nueva modalidad de contrato de duraci?n determinada no contemplada en el Estatuto de los Trabajadores no es ?bice al conocimiento de sus vicisitudes por la jurisdicci?n nacional y no tiene m?s trascendencia que la que pueda derivarse de su integraci?n normativa, procurando su adaptaci?n en el ?mbito de las contrataciones temporales, lo que supone una labor de interpretaci?n propia de los Juzgados de lo social.

En relaci?n con los art?culos III, VI y VII del Acuerdo con la Santa Sede, entiende el Fiscal General del Estado que, abstractamente considerados, no puede deducirse que ni la exclusiva capacidad de propuesta reconocida a la autoridad eclesi?stica, ni la delimitaci?n de los criterios determinantes de la idoneidad del profesorado de religi?n, ni, en fin, el se?alamiento de los contenidos de la ense?anza religiosa y la retribuci?n del profesorado supongan merma alguna a la plena vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, a la posibilidad de control judicial de la adecuaci?n a la legalidad de los actos discrecionales de cualquier autoridad cuando ?stos sean susceptibles de afectar a terceros.

En definitiva ―contin?a el escrito de alegaciones― es dif?cil en extremo apreciar la existencia de un conflicto entre el art. 24.1 CE y las disposiciones normativas cuestionadas, pues no cabe extraer de las mismas la consecuencia de la inmunidad absoluta y en todo caso de los actos de la autoridad eclesi?stica en la materia de que se trata.

Por lo que hace a la duda de inconstitucionalidad referida a la asunci?n por el Estado de determinadas normas can?nicas como criterios rectores de un proceso selectivo, se sostiene en el escrito de alegaciones que las normas objeto de la presente cuesti?n, abstractamente consideradas en su contraste con el art. 9.1 CE, no parecen responder a una opci?n legislativa fruto del capricho o la inconsecuencia. Muy por el contrario, no cabe sino defender la razonabilidad de que los contenidos de la ense?anza de una confesi?n religiosa y la concreci?n de las cualidades personales de quien haya de ejercerla sean de la competencia de la jerarqu?a propia de aqu?lla, as? como que, a su vez, el estatuto jur?dico de la actividad educativa de los profesores se concrete en la creaci?n de un v?nculo laboral, que no es sino la forma m?s com?n de prestaci?n de trabajo a favor de un tercero.

En relaci?n con el hipot?tico conflicto con el art. 14 CE, y tras recordar los fundamentos de la jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad, el Fiscal General afirma que los preceptos cuestionados no introducen diferencias entre situaciones que puedan considerarse iguales sin mediar una justificaci?n objetiva y razonable. S?lo la aplicaci?n de las previsiones normativas en un caso concreto podr?a, en su caso, derivar en una infracci?n del art. 14 CE, pero ello no ser?a consecuencia necesaria de la literalidad de las normas, sino de una aplicaci?n indebida que habr?a de repararse mediante el recurso a la jurisdicci?n, incluida la de este Tribunal por medio del amparo constitucional.

Lo mismo cabe decir, concluye el Fiscal General, en relaci?n con el art. 18.1 CE, que no puede entenderse comprometido por el tenor de los preceptos examinados, que s?lo se refieren a la designaci?n de gen?ricas cualidades o aptitudes del profesorado, sin hacer menci?n alguna de aspectos que integran su intimidad como factores que pudieran determinar su inclusi?n o exclusi?n de la propuesta para su nombramiento por la Administraci?n.

Tampoco admite el Fiscal General del Estado que sea de advertir infracci?n alguna del art. 16.3 CE. A su juicio, la imposible confusi?n entre las funciones religiosas y las estatales no tiene por qu? suponer la imposible colaboraci?n entre el Estado y las confesiones religiosas, pues el art. 9.2 CE tambi?n impone a los poderes p?blicos una actuaci?n favorecedora de la libertad del individuo y de los grupos en que se integra, a lo que se atiende, en este ?mbito, con la previsi?n del art. 2.3 LOLR. As? entendidas las relaciones entre el Estado y las confesiones, el hecho de que aqu?l facilite la ense?anza de la religi?n no puede determinar una lesi?n constitucional, sino que, por el contrario, contribuye a hacer efectivo el disfrute del derecho a la libertad religiosa, siendo, por lo dem?s, libres los ciudadanos para aceptar o rechazar la prestaci?n que se les ofrece. Adem?s, y aun cuando pudiera sostenerse en este caso la realidad de una indirecta asunci?n por la Administraci?n de normas de Derecho Can?nico, no es menos cierto que ello no afectar?a al Estado en s?, sino s?lo, y provisionalmente, a los ?rganos de la Administraci?n con competencias en materia educativa, pues siempre quedar?a a salvo la posterior acci?n revisora de otro componente del Estado, como es la jurisdicci?n.

Por ?ltimo, el escrito de alegaciones se detiene en la posible vulneraci?n de los arts. 23.2 y 103.3 CE, se?alando que la doctrina de este Tribunal viene siendo la de que el primero de ambos preceptos no extiende su garant?a al personal contratado al servicio de la Administraci?n (SSTC 281/1993 y 186/1996). Del mismo modo, el art. 103.3 CE se refiere al estatuto de los funcionarios p?blicos, sin extenderse a la contrataci?n laboral.

En virtud de lo expuesto, el Fiscal General del Estado interesa del Tribunal que dicte Sentencia desestimatoria de la presente cuesti?n de inconstitucionalidad.

9. Mediante providencia de 13 de febrero de 2007 se acord? se?alar el siguiente d?a 15 para la deliberaci?n y votaci?n de la presente Sentencia, quedando conclusa con esta fecha.

II. Fundamentos jur?dicos
1. La Secci?n Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestiona en este procedimiento la constitucionalidad de varias normas. De un lado, tres preceptos incluidos en el Acuerdo entre el Estado Espa?ol y la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979 (BOE n?m. 300, de 15 de diciembre), y cuyo tenor es el que sigue:

Art?culo III
?En los niveles educativos a los que se refiere el art?culo anterior, la ense?anza religiosa ser? impartida por las personas que, para cada a?o escolar, sean designadas por la autoridad acad?mica entre aqu?llas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta ense?anza. Con antelaci?n suficiente, el Ordinario diocesano comunicar? los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha ense?anza.

En los centros p?blicos de Educaci?n Preescolar, de Educaci?n General B?sica y de Formaci?n Profesional de primer grado, la designaci?n, en la forma antes se?alada, recaer? con preferencia en los profesores de EGB que as? lo soliciten.

Nadie estar? obligado a impartir ense?anza religiosa.

Los Profesores de religi?n formar?n parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros?.

Art?culo VI
?A la jerarqu?a eclesi?stica corresponde se?alar los contenidos de la ense?anza y formaci?n religiosa cat?lica, as? como proponer los libros de texto y material did?ctico relativos a dicha ense?anza y formaci?n.

La jerarqu?a eclesi?stica y los ?rganos del Estado, en el ?mbito de sus respectivas competencias, velar?n por que esta ense?anza y formaci?n sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religi?n al r?gimen general disciplinario de los Centros?.

Art?culo VII
?La situaci?n econ?mica de los Profesores de religi?n cat?lica, en los distintos niveles educativos que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del Estado, se concertar? entre la Administraci?n Central y la Conferencia Episcopal Espa?ola, con objeto de que sea de aplicaci?n a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo?.

De otro lado, se cuestiona la Disposici?n Adicional segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo, en la redacci?n dada a la misma por el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece lo siguiente:

?La ense?anza de la religi?n se ajustar? a lo establecido en el Acuerdo sobre ense?anza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Espa?ol y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se incluir? la religi?n como ?rea o materia en los niveles educativos que corresponda, que ser? de oferta obligatoria para los centros y de car?cter voluntario para los alumnos.

Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de funcionarios docentes, impartan ense?anzas de religi?n en los centros p?blicos en los que se desarrollan las ense?anzas reguladas en la presente Ley, lo har?n en r?gimen de contrataci?n laboral, de duraci?n determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial. Estos profesores percibir?n las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos, debiendo alcanzarse la equiparaci?n retributiva en cuatro ejercicios presupuestarios a partir de 1999?.

El Abogado del Estado, sin embargo, circunscribe el objeto de la cuesti?n a este segundo p?rrafo de la Disposici?n Adicional segunda de la Ley Org?nica 1/1990, a?adido por el art. 93 de la Ley 50/1998, y a los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, pues en su opini?n, y por las razones que se han recogido en los antecedentes de esta Sentencia, no todos los preceptos cuestionados por el ?rgano judicial son relevantes para el fallo del proceso a quo. Como es natural, es ?sta una objeci?n a la que ha de responderse con car?cter previo, sin que sea de citar, por sobradamente conocida, la copiosa jurisprudencia que insiste en la necesidad de ce?ir este espec?fico proceso constitucional al control de las normas con valor de ley de las que dependa, de manera ineluctable, el sentido de un pronunciamiento judicial necesario para la resoluci?n de una controversia singular y concreta.

2. A los fines de la delimitaci?n del objeto de este proceso constitucional es preciso atenerse a los exactos t?rminos de la cuesti?n debatida en el proceso a quo, que, como se advierte en el propio Auto de planteamiento, no es otra que la posible infracci?n de derechos fundamentales en un procedimiento de selecci?n de profesores de religi?n cat?lica. Esto supone la completa irrelevancia, por raz?n de su imposible aplicaci?n al caso, de los p?rrafos tercero y cuarto del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede, pues si aqu?l dispone que nadie est? obligado a impartir ense?anza religiosa, ?ste prescribe que los profesores de religi?n han de formar parte del Claustro de los respectivos centros, cuestiones ambas que nada tienen que ver con la cuesti?n litigiosa a la que ha de dar respuesta el Tribunal Superior de Justicia, cifrada en la posible inconstitucionalidad de un r?gimen de contrataci?n p?blica del profesorado de religi?n cat?lica que confiere a un sujeto ajeno al Estado y sometido a otro ordenamiento la facultad de decidir sobre el acceso a empleos p?blicos y sobre la continuidad en los mismos con arreglo a criterios que pueden ser incompatibles con los derechos fundamentales garantizados por la Constituci?n.

No menos irrelevante resulta ser el primer p?rrafo del art?culo VI del Acuerdo con la Santa Sede, en cuya virtud se atribuye a la jerarqu?a eclesi?stica la competencia para se?alar los contenidos de la ense?anza de su doctrina y para proponer los libros de texto y el material did?ctico pertinentes. Y lo mismo cabe se?alar de su p?rrafo segundo, toda vez que, si bien la previsi?n de que la jerarqu?a eclesi?stica habr? de velar, en el ?mbito de sus competencias, por la ortodoxia de la ense?anza de la religi?n cat?lica puede constituirse en fundamento de facultades de control como las que en el supuesto debatido en el proceso judicial a quo han llevado a la negativa de la jerarqu?a eclesi?stica a proponer como profesora de religi?n a quien, en su criterio, ha dejado de reunir las condiciones personales necesarias para impartir adecuadamente la ense?anza de la religi?n cat?lica, es lo cierto que es esta facultad de propuesta recogida en los p?rrafos primero y segundo del art. III la que materializa la decisi?n del Ordinario diocesano, refiri?ndose a la misma, y no a las previas facultades de control, la duda de constitucionalidad a cuya validez supedita el ?rgano judicial la resoluci?n del proceso.

Igualmente, y sin necesidad de detenerse en el examen de la aplicabilidad al caso del art?culo VII del Acuerdo con la Santa Sede, es obvio que dicha norma ha de quedar necesariamente al margen de este procedimiento, pues, como advierte el Abogado del Estado, el Tribunal Superior de Justicia no requiri? el parecer de las partes sobre la pertinencia de su cuestionamiento, tal y como exige el art. 35.2 de nuestra Ley Org?nica. En efecto, si bien el Auto de planteamiento identifica como cuestionados, entre otros, el citado art?culo VII del Acuerdo, en la providencia de 8 de mayo de 2002, dictada ex art. 35.2 LOTC, no se incluye ese concreto precepto entre aqu?llos sobre cuya posible inconstitucionalidad se requer?a el parecer de las partes del proceso a quo. As? las cosas, no cabe sino traer a colaci?n nuestra doctrina (por todos, ATC 164/2006, de 9 de mayo) sobre la inexcusabilidad del tr?mite de audiencia previsto en el art. 35.2 LOTC y subrayar su eficacia constitutiva del objeto de este proceso constitucional, que s?lo puede definirse a partir de aquellas dudas de constitucionalidad sobre las que hayan tenido ocasi?n de pronunciarse las partes del proceso a quo, que encuentran as? una v?a de participaci?n indirecta en el procedimiento que ante nosotros se sustancia y de cuya decisi?n ha de depender la suerte del litigio que en aquel proceso tan directamente les concierne.

Por ?ltimo, es tambi?n exacta la alegaci?n del Abogado del Estado de que nada en el Auto de planteamiento de la cuesti?n permite apreciar la existencia de ninguna duda sobre la constitucionalidad del primer p?rrafo de la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990.

En definitiva, por ser los ?nicos relevantes para el fallo del proceso laboral, los preceptos que conforman el verdadero objeto de esta cuesti?n de inconstitucionalidad son los dos primeros p?rrafos del art?culo III del Acuerdo con la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, suscrito el 3 de enero de 1979, y el p?rrafo a?adido por el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, a la Disposici?n Adicional segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo, derogada por la Ley Org?nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci?n, pero aplicable al proceso del que trae causa este procedimiento y, por ello, de conformidad con nuestra reiterada doctrina sobre la continuidad de los procesos constitucionales tras la derogaci?n de las normas cuestionadas (por todas, STC 178/2004, de 21 de octubre), objeto vivo de este proceso. En efecto, la resoluci?n del problema objeto de debate en el proceso judicial pendiente pasa por la aplicaci?n de estas concretas normas, que conf?an al Obispado la propuesta de contrataci?n de profesorado y descartan, en una primera interpretaci?n, la posibilidad de que la Administraci?n P?blica haga otra cosa que asumir acr?ticamente esa propuesta. Este modelo de contrataci?n ser?a, para el ?rgano judicial, contrario a los arts. 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constituci?n.

3. Delimitados as? los preceptos que son objeto de esta cuesti?n, procede disipar toda sombra de duda sobre la idoneidad de las normas de un tratado para constituirse en objeto de un proceso de control de constitucionalidad. Esa idoneidad, aceptada sin reservas por el Fiscal General del Estado, no es, en cambio, indiscutible para el Abogado del Estado, quien sostiene que cabe cuestionar, en abstracto, si tales normas se ajustan al concepto de ?normas con rango ley? utilizado por los arts. 165 CE y 35.1 LOTC para delimitar el objeto posible de este proceso. El propio Abogado del Estado afirma, no obstante y a rengl?n seguido, que la consideraci?n conjunta de los arts. 27.2.c), 29.1 y 25.1 LOTC permite concluir que los tratados internacionales pueden ser objeto de declaraci?n de inconstitucionalidad en cualquiera de las dos v?as enunciadas en el art. 29.1 LOTC (recurso y cuesti?n). Con todo, no deja de referirse al art. 27.2.c) LOTC en t?rminos que pueden hacerlo sospechoso de una inconstitucionalidad en la que si el Abogado del Estado dice no querer entrar es s?lo ratione officii.

No nos corresponde enjuiciar aqu? la constitucionalidad de un precepto de nuestra Ley Org?nica que nadie ha puesto formalmente en cuesti?n; ni nos cabe siquiera pronunciarnos in abstracto sobre la viabilidad procesal de un tal cuestionamiento. Importa s?lo decir que si las dudas abrigadas por el Abogado del Estado respecto de la ortodoxia constitucional del art. 27.2.c) LOTC derivan ?nicamente del hecho de que, a su juicio, los tratados internacionales no pueden ser formalmente considerados como leyes, tales dudas habr?an de extenderse a los apartados del art. 27.2 LOTC que tambi?n incluyen entre las normas sometidas a nuestra jurisdicci?n a los Reglamentos parlamentarios, es decir, normas que, tampoco son formalmente leyes, pero que por su inmediata vinculaci?n a la Constituci?n, como ocurre tambi?n con los Tratados (art. 95.1 CE), aparecen cualificadas como normas primarias, siendo justamente esa espec?fica cualificaci?n la que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, confiere su cabal sentido, en este contexto, a la expresi?n ?norma con rango de ley? (por todas, SSTC 118/1988, de 20 de junio, y 139/1988, de 8 de julio). De otro lado, la eventual declaraci?n de inconstitucionalidad de un tratado presupone, obviamente, el enjuiciamiento material de su contenido a la luz de las disposiciones constitucionales, pero no necesariamente que los efectos invalidantes asociados a un juicio negativo lleven aparejada de manera inmediata la nulidad del tratado mismo (art. 96.1 CE). Esta ?ltima consideraci?n no debe ser objeto ahora de un mayor desarrollo, como tampoco es pertinente que entremos a considerar las soluciones propuestas por el Abogado del Estado para concretar los efectos y el alcance de una eventual declaraci?n de inconstitucionalidad de los preceptos del Acuerdo con la Santa Sede que aqu? se han cuestionado. S?lo si esa declaraci?n efectivamente se produce tendr? sentido que pasemos a precisar sus consecuencias, si es que ?stas, por alg?n motivo, no pudieran ser estrictamente las que en principio se desprenden de las previsiones literales de nuestra Ley Org?nica.

4. Para el mejor encuadramiento del problema constitucional planteado es conveniente examinar los avatares del r?gimen normativo regulador del profesorado de religi?n cat?lica desde el momento de la entrada en vigor de la Constituci?n. Dicho r?gimen arranca con el Acuerdo entre el Estado espa?ol y la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979, cuyo art?culo III, ahora cuestionado, dispone que en los niveles educativos de Educaci?n Preescolar, de Educaci?n General B?sica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y en los Grados de Formaci?n Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades ?la ense?anza religiosa ser? impartida por las personas que, para cada a?o escolar, sean designadas por la autoridad acad?mica entre aqu?llas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta ense?anza. Con antelaci?n suficiente, el Ordinario diocesano comunicar? los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha ense?anza?. A diferencia del modelo vigente bajo el Concordato de 1953, el nuevo r?gimen se fundamenta expresamente en el respeto a la libertad de conciencia para disponer que la ense?anza de la religi?n cat?lica ?no tendr? car?cter obligatorio para los alumnos? ―a los que, sin embargo, se garantiza ?el derecho a recibirla? (art. II) ― y que, adem?s, nadie estar? obligado a impartirla (art. III).

Las previsiones del Acuerdo fueron objeto de un primer desarrollo por Orden de 28 de julio de 1979 (BOE n?m. 184, de 2 de agosto), que, para el ?mbito de la Educaci?n Preescolar y la Educaci?n General B?sica, encomendaba la ense?anza de la religi?n cat?lica ?preferentemente? a los Profesores del Centro que voluntariamente la asumieran y que fueran considerados competentes por la jerarqu?a eclesi?stica (art. 3.1 y 2). Para el caso de que no fuera posible contar con Profesores del Centro, se preve?a la posibilidad de hacerlo ?con las personas declaradas competentes por la jerarqu?a eclesi?stica y que, en cualquier caso, sean propuestos por la misma? (art. 3.2). Para este espec?fico supuesto, la posterior Orden de 16 de julio de 1980 (BOE n?m. 173, de 19 de julio), dictada ya tras la ratificaci?n del Acuerdo con la Santa Sede, dispondr?a que ?[r]especto a estos Profesores, el Ministerio de Educaci?n no contraer? ninguna relaci?n de servicios, sin perjuicio de lo que resulte en aplicaci?n del art?culo VII del Acuerdo entre el Estado espa?ol y la Santa Sede? (art. 3.5). En todos los casos quedaba asegurado que si ?la jerarqu?a eclesi?stica estim[ase] procedente el cese de alg?n Profesor de Religi?n, el Ordinario diocesano propondr? tal medida al Delegado provincial del Ministerio de Educaci?n o, por lo que se refiere a la ense?anza no estatal, al Director del Centro o a la Entidad titular del mismo? (art. 3.7, OO.MM. de 28 de julio de 1979 y 16 de julio de 1980).

La situaci?n econ?mica de aquellas personas que, no siendo personal docente de la Administraci?n, eran propuestas cada a?o escolar por la jerarqu?a eclesi?stica y designadas por la autoridad acad?mica para la ense?anza de la religi?n cat?lica en los Centros p?blicos de Educaci?n Primaria y de Educaci?n General B?sica fue objeto de un Convenio con la Conferencia Episcopal Espa?ola publicado como anexo a la Orden del Ministerio de la Presidencia de 9 de septiembre de 1993 (BOE n?m. 219, de 13 de septiembre). En su virtud, el Estado asum?a la financiaci?n de la ense?anza de la religi?n cat?lica transfiriendo ?mensualmente a la Conferencia Episcopal las cantidades globales correspondientes al coste ?ntegro de la actividad prestada por [aquellas] personas [?]? (cl?usula segunda), disponi?ndose asimismo que, ?[h]abida cuenta del car?cter espec?fico de la actividad prestada por las personas que imparten la ense?anza religiosa, el Gobierno adoptar? las medidas oportunas para su inclusi?n en el r?gimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o aut?nomos, siempre que no estuvieran o debieran estar ya afiliados a la Seguridad Social en cualquiera de sus reg?menes? (cl?usula cuarta).

Por lo que hace al ?mbito del Bachillerato y la Formaci?n Profesional, la ense?anza de la religi?n cat?lica tras el Acuerdo de 1979 vino condicionada por la Ley de Ordenaci?n de la Ense?anza Media, de 26 de febrero de 1953, que preve?a la existencia de profesores de religi?n, nombrados por el Ministerio de Educaci?n y Ciencia a propuesta de la Iglesia y remunerados por la Administraci?n con el sueldo de ingreso de los catedr?ticos numerarios. Dichos profesores deb?an ser sacerdotes o religiosos y, subsidiariamente, seglares a los que se exig?a la superaci?n de determinadas pruebas, procediendo su remoci?n cuando as? lo requiriera el Ordinario, seg?n dispon?a el Concordato de 1953. Su relaci?n de servicios con la Administraci?n educativa era la propia de los funcionarios interinos ex art. 5.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. Tanto la Orden de 28 de julio de 1979 como la de 16 de julio de 1980 asumieron esta situaci?n de partida de los profesores de religi?n de ense?anza media, a saber: equiparaci?n retributiva con los profesores funcionarios interinos, remuneraci?n a cargo del Estado y nombramiento y cese a propuesta y requerimiento de la Iglesia. La posterior Orden de 11 de octubre de 1982 (BOE n?m. 248, de 16 de octubre) determinar?a que el nombramiento de estos profesores ?tendr? car?cter anual y se renovar? autom?ticamente, salvo propuesta en contra del mencionado Ordinario efectuada antes del comienzo de cada curso, o salvo que la Administraci?n, por graves razones acad?micas y de disciplina, considere necesaria la cancelaci?n del nombramiento, previa audiencia de la autoridad eclesi?stica que hizo la propuesta [?]?.

Finalmente, y a partir de un cambio de doctrina verificado en 1996, el Tribunal Supremo consider? que la relaci?n de servicios de los profesores de religi?n en el nivel de la ense?anza media era de car?cter laboral. La indeterminaci?n de la situaci?n jur?dica en la que quedaban, por contraste, quienes, no siendo funcionarios, eran propuestos por la Iglesia y designados por la Administraci?n para la ense?anza de la religi?n cat?lica en los niveles de las educaciones preescolar y primaria fue resuelta por el art. 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que a?adi? un nuevo p?rrafo a la Disposici?n Adicional Segunda de la Ley Org?nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci?n General del Sistema Educativo, en cuya virtud dichos profesores desempe?an su actividad docente ?en r?gimen de contrataci?n laboral, de duraci?n determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial?, percibiendo ?las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos, debiendo alcanzarse la equiparaci?n retributiva en cuatro ejercicios presupuestarios a partir de 1999?. Por tanto, a partir de

Publicado por tuasesor @ 18:14
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Domingo, 25 de febrero de 2007
?Ha revisado la carga o objeto antes de tratar de levantarlo?

Pruebe cada carga antes de levantarla empujando el objeto ligeramente con las manos o los pies para ver con qu? facilidad se mueve. Esto le indica cuanto de pesada ser? la misma

Recuerde, un tama?o peque?o no siempre significa una carga liviana.

?La carga que usted quiere levantar ha sido empaquetada correctamente?

Aseg?rese de que el peso est? balanceado y bien empacado de modo que no se mueva dentro del paquete.

Las piezas que est?n flojas dentro de una caja pueden ocasionar accidentes si el peso dentro de la caja se tambalea o mueve.

?Esta carga es f?cil de sujetar?

Aseg?rese de que tiene el objeto bien agarrado antes de tratar de levantarlo.

Colocar agarraderas al objeto puede ayudarlo a levantar el objeto con m?s seguridad.





?Cu?l es la mejor manera de levantar un objeto?

Use movimientos lentos y suaves. Los movimientos apurados y a tirones pueden esforzar excesivamente los m?sculos de la espalda.

Mantenga su cuerpo de frente al objeto mientras que lo levanta. Girar mientras levanta puede lesionar su espalda.

Mantenga la carga cerca de su cuerpo. Tener que levantar los brazos para alzar y cargar un objeto puede lesionar su espalda.

?Levantar con las piernas? solamente puede hacerse cuando usted puede colocar el objeto en medio de sus piernas. Para levantar con las piernas, doble las rodillas -no la espalda- para alzar la carga. Mantenga la espalda derecha.

Trate de llevar la carga en el espacio entre su cintura y su hombro. Esto esfuerza menos los m?sculos de la espalda.

?Esta carga es f?cil de alcanzar?

Usted puede lesionarse si dobla o arquea su espalda mientras est? levantando una carga por encima de su cabeza.

Para evitar lesionarse la espalda, use una grada, banco o escalera cuando est? levantando algo por encima de su cabeza.

?C?mo puedo evitar las lesiones de la espalda?

Trabaje despacio no se exponga. T?mese muchos descansos cortos entre uno y otro levantamiento si usted est? levantando una serie de cosas.

No se esfuerce m?s de la cuenta tratando de levantar algo demasiado pesado para usted.

Si se tiene que esforzar excesivamente para levantar la carga es porque ?sta es demasiado pesada.

Aseg?rese de que tiene suficiente espacio para levantar la carga con seguridad.

Haga campo alrededor del objeto antes de levantarlo.

Mire a su alrededor antes de levantar y mire a todos lados a medida que carga.

Aseg?rese de que puede ver por d?nde est? o va caminando.

Sepa en qu? lugar va a dejar la carga.

Evite caminar sobre superficies resbaladizas y desiguales mientras est? cargando algo.

No se conf?e en un cintur?n para la espalda para protegerse.

No se ha probado que los cinturones para la espalda lo pueden proteger contra lesiones, este no le da m?s fuerza pero si una lesi?n.

Pida ayuda antes de tratar de levantar una carga pesada. Si puede utilice una plataforma con ruedas, perra, carretilla elevadora o gata de horquilla.

Publicado por tuasesor @ 21:11
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La reforma del actual Modelo de Enfermedad Profesional es inminente. A trav?s del Di?logo Social con el Gobierno hemos llegado a un acuerdo de gran calado y trascendencia para la salud de los trabajadores y trabajadoras, que debe servir para visualizar lo que hasta ahora en Espa?a ha sido una realidad oculta. Si el volumen declarado de accidentes de trabajo arroja unas magnitudes socialmente inasumibles, el volumen y gravedad de las enfermedades contra?das en el trabajo exige pol?ticas preventivas espec?ficas.

Desde hace m?s de una d?cada CC.OO. ha venido reclamando de la Administraci?n un nuevo Sistema de Reconocimiento de Enfermedades Profesionales que supere las deficiencias del actualmente vigente desde 1978. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema es la infradeclaraci?n de las enfermedades profesionales, fruto sobre todo de la resistencia empresarial al reconocimiento de las mismas, bien para no asumir el necesario an?lisis de sus causas o por evitar la actuaci?n de la Inspecci?n. La falta de implicaci?n del sistema sanitario p?blico y la falta de interrelaci?n entre la atenci?n del da?o (sistema de aseguramiento) y el control de los riesgos en el puesto de trabajo (sistema preventivo) es otra de las carencias importantes.





Distintas investigaciones apuntan a que entre 4.000 y 7.000 trabajadores pudieron perder la vida en nuestro pa?s en 2004 por patolog?as de origen profesional. Sin embargo, la estad?stica oficial no registr? m?s que un solo fallecimiento. Otros estudios apuntan a que el 16% de los casos que acuden al Sistema Sanitario P?blicos y son tratados como contingencias comunes, podr?an estar originados por el trabajo.

Nuestro objetivo sindical ha sido dotarnos de un sistema que en el medio plazo permita hacer visible la realidad del da?o que sufren los trabajadores y trabajadoras en el desempe?o de su actividad laboral, para aplicar las medidas preventivas necesarias que eviten que dichos da?os se reproduzcan, as? como para garantizar unos niveles adecuados de protecci?n y cobertura.

Pr?ximamente se aprobar? un nuevo listado de Enfermedades Profesionales, el cual a?ade a las ya reconocidas desde 1978 las nuevas patolog?as que contempla la Recomendaci?n Europea de 2003. Dicho listado tiene una orientaci?n din?mica y se actualizar? por dos v?as: una autom?tica, a partir de las nuevas inclusiones en la lista europea, y otra espec?fica, en funci?n de nuestra realidad socio-laboral, mediante mecanismos de coordinaci?n entre los Ministerios de Trabajo, Sanidad y las Comunidades Aut?nomas, con participaci?n de los agentes sociales.

Otro elemento clave del nuevo sistema es que la declaraci?n de la enfermedad profesional sale del ?mbito estrictamente empresarial. El empresario va a seguir obligado a facilitar determinados datos, pero ya no se deja en sus manos la tramitaci?n del parte, sino que ser?n el INSS (entidad gestora) y las Mutuas (entidades colaboradoras) las encargadas de la notificaci?n directa a partir del diagn?stico m?dico. Se reconoce tambi?n, un importante papel en el proceso a los Servicios P?blicos de Salud de las Comunidades Aut?nomas que comunicar?n a la Mutua y/o al INSS, la sospecha de la existencia de cualquier enfermedad de origen profesional. Los Servicios de Prevenci?n comunicar?n tambi?n a la Mutua y/o al INSS la sospecha de la existencia de una enfermedad profesional. Los ?rganos t?cnicos de los Ministerios de Trabajo y de Sanidad elaborar?n una gu?a informativa de ayuda al diagn?stico.

Se reconocer? tambi?n el car?cter profesional de la enfermedad aun en el caso de tratarse de trabajadores y trabajadoras que no se encuentran en situaci?n de alta (a trav?s del INSS), y se dispondr? de un nuevo Parte de Enfermedad Profesional antes de final de a?o.

El acuerdo alcanzado permite poner las bases de un nuevo Sistema de reconocimiento de Enfermedades Profesionales en el ?mbito de la Seguridad Social, pero teniendo en cuenta sus implicaciones preventivas y el papel que debe jugar el Sistema Sanitario P?blico.

Publicado por tuasesor @ 21:09
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En Espa?a se diagnostican cada a?o unos 160.000 nuevos casos de c?ncer y mueren alrededor de 100.000 personas por esta enfermedad, siendo esta la segunda causa de muerte por detr?s de las enfermedades cardiovasculares. La falta de datos oficiales sobre el c?ncer de origen profesional obliga a recurrir a estimaciones, seg?n las cuales aproximadamente un 5% de los casos de c?ncer se deber?an a factores laborales.

En comparaci?n con otros pa?ses de la UE, Espa?a ocupa un lugar intermedio en cuanto a incidencia de c?nceres. El c?ncer es una enfermedad que se ha convertido en una aut?ntica epidemia en los pa?ses m?s desarrollados en el per?odo de una sola generaci?n. Actualmente en EEUU se espera que casi uno de cada dos hombres y m?s de una de cada tres mujeres sean diagnosticados de c?ncer en alg?n momento de su vida.

Las causas del c?ncer son muy variadas y la investigaci?n cient?fica ha identificado numerosos factores de riesgo relacionados con los ambientes de vida y de trabajo (dieta, tabaco, atm?sfera, productos qu?micos industriales). Muchos de estos agentes est?n presentes o se usan de forma generalizada en muchas actividades de la industria, la construcci?n y la agricultura. Sin embargo no existen datos oficiales ni sobre el n?mero de trabajadores expuestos ni sobre la incidencia de casos de c?ncer derivados del trabajo.

A pesar de ello, es posible obtener aproximaciones utilizando herramientas como el Sistema de Informaci?n sobre Exposici?n a Cancer?genos (CAREX), una base de datos internacional a partir de la cual el Dr. Manolis Kogevinas, del Instituto Municipal de Investigaci?n M?dica de Barcelona, y un grupo de investigadores han realizado una adaptaci?n a la realidad espa?ola (CAREX-ESP). Los principales resultados de CAREX-ESP son que en Espa?a, en el a?o 2004, estaban expuestos a agentes cancer?genos el 25,4% de la poblaci?n ocupada, es decir, unos 5 millones de trabajadores (5.002.736). Tambi?n se ha podido estimar el n?mero de casos nuevos y las muertes por c?ncer laboral anuales como consecuencia de estas exposiciones. Seg?n estos c?lculos, en Espa?a se produjeron en el a?o 2002 entre 3.000 y 15.000 nuevos casos de c?ncer laboral y entre 2.000 y 9.000 muertes por esta causa.

La mediana de estas horquillas de estimaciones permitir?a cifrar en unos 8.000 los casos nuevos de c?ncer laboral y en cerca de 5.000 las muertes por esta causa. La tabla adjunta muestra la distribuci?n de estas estimaciones por distintos sectores de actividad. La magnitud del problema es evidente, la exposici?n laboral a cancer?genos produce muchas muertes. Sin embargo, la prevenci?n de los cancer?genos en el trabajo ha recibido muy escasa atenci?n por parte de las autoridades, sobre todo en comparaci?n con la que se presta a los factores que afectan a la esfera del comportamiento individual, como el tabaco o la alimentaci?n.

Publicado por tuasesor @ 21:07
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Cu?ndo se pueden instalar c?maras de v?deo sin vulnerar la intimidad de los trabajadores
Idoneidad, necesidad y proporcionalidad, son las tres cuestiones clave que tienen en cuenta los tribunales a la hora de valorar este tipo de acciones. Es decir, que la medida le permite verificar el objetivo que se propone, que no existe otra menos invasiva para lograr lo mismo, y que los beneficios que va a proporcionar son mayores que los perjuicios.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le?n ha dicho que instalar c?maras de video-vigilancia en el lugar de trabajo para controlar los posibles incumplimientos laborales de los trabajadores y como medida de seguridad frente a posibles robos es una medida adecuada siempre que se respete la intimidad de los trabajadores (sent. del TSJ de Castilla y Le?n de 18.09.06).

Dos trabajadores que adem?s eran delegados de personal presentaron ante el Juzgado demanda de tutela de derechos fundamentales ante la decisi?n de su empresa de instalar en el centro de trabajo c?maras de v?deo como sistema de control y de seguridad. Alegaban que la instalaci?n masiva e indiscriminada de las c?maras no era una medida id?nea para conseguir el prop?sito de controlar la actividad de los trabajadores y que, adem?s, era innecesaria, puesto que exist?an otros m?todos de control (reloj de fichar, contadores instalados en cada m?quina y vigilancia por parte de los encargados de cada secci?n). Los trabajadores supieron la intenci?n de la empresa y sus motivos porque el empresario se lo comunic? por su condici?n de representantes pues, como marca la ley, ?stos deben emitir un informe previo a la implantaci?n de cualquier medida de control (art. 64.1.4? del ET).

El Juzgado de lo Social n?m. 2 de Valladolid desestim? la demanda de tutela de derechos fundamentales, por lo que los trabajadores decidieron entonces interponer un recurso de suplicaci?n ante el TSJ. Pero tampoco en segunda instancia fueron atendidas sus pretensiones. El TSJ entendi? que la instalaci?n de las c?maras no es un medio agresivo que ataque directamente la intimidad de los trabajadores, sino que "guarda directa relaci?n con la vigilancia del cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones laborales y del mantenimiento de la necesaria seguridad en las instalaciones". El hecho de que las c?maras se fueran a situar en zonas de paso y de trabajo, que no fueran a grabar sonido, no tuvieran zoom ni posibilidad de modificar su enfoque y que la empresa no fuera a difundir las im?genes captadas ven?a a acentuar lo adecuado de la medida, seg?n la sentencia, que "no invade la intimidad de los trabajadores ni excede las facultades que otorga el art. 20.3 del ET".

Publicado por tuasesor @ 12:07
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S?bado, 24 de febrero de 2007
Mantener fija la mirada sobre la pantalla de tu ordenador durante un periodo prolongado provoca una reducci?n en la frecuencia de parpadeo y consecuentemente fatiga visual.

S?ntomas de la fatiga visual

- Molestias oculares: escozor, pesadez de p?rpados, sequedad, lagrimeo, enrojecimiento,...

- Trastornos visuales: visi?n borrosa, hipersensibilidad a la luz, dificultad de enfoque,?

- Trastornos extraoculares: cefaleas, v?rtigo y mareos, molestia en la nuca y cuello,?

Medidas preventivas

- Colocaci?n del monitor:

o Cara al trabajador (m?nimo 40 cms con la parte superior de la pantalla a la altura delos ojos) y de forma que la visualizaci?n de otros elementos de trabajo (teclado, papeles, ?) no provoque frecuentes giros de los ojos. o Evitar deslumbramientos directos sobre los ojos y destellos sobre la pantalla. Ni de frente ni de espaldas a las ventanas.

- Configuraci?n de pantalla:

o Aumentar el contraste (s?mbolo de un c?rculo) y disminuye el brillo (un sol).

o Modificar el refresco o Hercios:

. Entre 60 y 75 Hz. es adecuado. Entre 75 y 85 Hz. es aconsejable.

. A mayor resoluci?n de pantalla, menor frecuencia.

Ejercicios visuales

- Normas b?sicas:

o Descansar al menos 5 minutos cada hora y fijar la vista en un objeto lejano.

o Parpadear frecuentemente.

- Ejercicio 1:

o Cerrar los ojos. Dirigir el globo ocular hacia el techo y aguantar unos 10 segundo. Hacer lo mismo hacia el suelo y hacia los laterales. Abrir los ojos y relajarse unos segundos. Repetir el ejercicio anterior girando el globo ocular en c?rculos en el sentido de las agujas del reloj.

- Ejercicio 2:

o Colocarse delante de la pantalla. Fijar la mirada en una esquina. Recorrer visualmente los borde, primero en el sentido de las agujas del reloj y posteriormente en sentido inverso.

o Realizado el ejercicio 1 y/o 2 contraer los m?sculos del rostro manteniendo el gesto 3 segundos y luego relajarlos. La visi?n ser? m?s n?tida ahora.

- Ejercicio de palmeo:

o A media jornada y al final de ?sta es muy aconsejable este ejercicio de relajaci?n de los m?sculos oculares.

o Sentado y con los codos apoyados en la mesa colocar las palmas de las manos cubriendo el rostro. Los ojos permanecen cerrados y relajados. Respirar profundamente e imaginar un escenario agradable. 2 ? 3 minutos.

o En esta posici?n puede realizarse un ligero masaje circular con las yemas de los dedos sobre los ojos.

Fuentes - RD 488/1997; NTP 521

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

- Asociaci?n para la Prevenci?n de Accidentes

- Instituto Oftalmol?gico de Alicante

- Art?culo t?cnico 23/5/03-Prevention-World

Publicado por tuasesor @ 12:29
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Los datos que maneja el Comit? Nacional para la Prevenci?n del Tabaquismo (CNPT), del que forman parte m?ltiples sociedades cient?ficas y otras asociaciones profesionales del ?mbito sanitario, indican que durante el ?ltimo a?o murieron en Espa?a m?s 6.300 personas por causa del tabaquismo pasivo, y que la principal fuente de exposici?n se encuentra en los hogares, donde se originar?a el 86,7% de los fallecimientos.

Los motivos ?ltimos de ?stos pueden ser muy variados, aunque el ictus cerebral, los infartos de miocardio, el c?ncer de pulm?n, la bronquitis cr?ncia y el enfisema sobresalen entre todos ellos.

Estos datos y consideraciones cuadran con las conclusiones de un reciente informe elaborado por cuatro sociedades cient?ficas europeas, titulado ?Levantar la cortina? y en el que se pone el acento en el problema del tabaquismo a nivel europeo.

La extrapolaci?n de los datos para Espa?a contenidos en este estudio avalan la informaci?n previa del CNPT, adem?s de permitir a esta asociaci?n lanzar una cr?tica al Parlamento europeo por haber autorizado hace unos d?as la existencia de salas de fumadores en sus propias instalaciones.

Por lo que se refiere a Espa?a, el tabaquismo pasivo en el trabajo es un problema en trance de ser acotado a ra?z de la aprobaci?n de la Ley del Tabaco, aunque no sucede lo mismo en los hogares ni en la hoster?a.

Las conclusiones preliminares de un estudio que acaba de realizar la Sociedad Espa?ola de Neumolog?a sobre una muestra de 3.300 hogares y 10.000 personas, indican que la exposici?n ambiental al humo en el primer a?o de aplicaci?n de la ley se ha reducido notablemente en los centros laborales y centros educativos, mientras que s?lo ha disminuido un 7,75% en los hogares y apenas ha variado en los centros de ocio y hosteler?a.

El CNPT es consciente de que las leyes y normas reguladoras no pueden ni deben entrar en el ?mbito privado, por lo que juzga que la ?nica v?a de prevenci?n del tabaquismo en el hogar consiste en informar a la poblaci?n de que los riesgos de padecer enfermedades potencialmente mortales y trastornos respiratorios son absolutamente ciertos y est?n comprobados.

?Millones de personas y, en especial, los ni?os, lo enfermos cr?nicos y los ancianos est?n expuestas al humo ambiental de tabaco en los hogares y hay que hacer todo lo posible para evitarlo?, se?ala la doctora Angeles Planchuelo, presidenta actual del comit?, quien a?ade que ?cuando hay gente fumando en los domicilios privados y espacios p?blicos cerrados, la contaminaci?n es, como promedio, unas 10 veces mayor a la que existe en las calles de las ciudades por el tr?fico?.

En cuanto a los trabajos, el avance que ha supuesto la actual norma (gracias a la cual dejaron el tabaco el pasado a?o 750.000 personas y se redujo el consumo en 2.600 millones de cigarrillos) no significa que haya zanjado definitivamente la cuesti?n. El propio CNPT dio a conocer a mediados de enero un estudio sociol?gico propio del que se deduc?a que en el 15% de las oficinas y talleres no se respeta escrupulosamente la norma. De ah? que apueste porque el Ministerio de Trabajo ?asuma sus responsabilidades? y abandone su ?pasividad? mediante la puesta en pr?ctica de inspecciones que contribuyan a asegurar el cumplimiento de la ley.

Finalmente, sobre la medida del Parlamento Europeo -conocida la pasada semana- de permitir salas para fumadores en su recinto, el CNPT tiene palabras muy duras. Lo considera una decisi?n ?deplorable?. Recuerda, en este sentido, que las salas para fumar ?no son m?s que una coartada para incumplir la ley y una estrategia argumentada y utilizada desde hace a?os por la industria tabaquera para seguir manteniendo su negocio?. Lamenta tambi?n que ello pueda ser utilizado por quienes quieren revertir lo logrado en Espa?a aun a costa de ir a contracorriente del sentir de la poblaci?n.

Con esta ?ltima consideraci?n, el CNPT alude a que tras un a?o de implantaci?n de la Ley del Tabaco, 7 de cada 10 ciudadanos afirman que la iniciativa fue un acierto y que no ha repercutido negativamente en el clima de convivencia laboral.

Publicado por tuasesor @ 12:18
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El fiscal solicita en su inicial escrito de calificaci?n una condena de un a?o de c?rcel, multa de 1.440 euros y quince fines de semana de arresto, por un delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores, para cada uno de los seis responsables de una obra en la que un operario result? con lesiones muy graves al caer desde una altura de seis metros.

El trabajador participaba junto a otros tres compa?eros en la construcci?n de una nave de crianza para vino en Briones, cuando se precipit? al vac?o despu?s de que el operario que manejaba una gr?a moviera el panel al que se encontraba enganchado el accidentado.

A consecuencia de ello sufri? dos aplastamientos vertebrales y una fractura vertebral con compresi?n medular, que precis? de m?ltiples asistencias m?dicas y de una intervenci?n quir?rgica que le mantuvieron durante m?s de medio a?o impedido para sus ocupaciones habituales.

El accidente se produjo por una falta absoluta de medidas de protecci?n colectiva que evitaran el gran riesgo de ca?da a distinto nivel de los trabajadores desde una altura superior a los cinco metros.

En cuanto a la petici?n de la Fiscal?a en concepto de responsabilidad civil los acusados deber?n indemnizar solidariamente al herido en la suma de cuarenta mil euros.

Guardias civiles de los Puestos de Aldeanueva y Haro han detenido a sendos vecinos de 30 y 44 a?os como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ?mbito familiar.

En el caso de Aldeanueva, el agresor fue denunciado por su esposa, quien manifest? venir sufriendo malos tratos desde hace cinco a?os.

Publicado por tuasesor @ 12:16
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Viernes, 23 de febrero de 2007
Un juzgado de Bilbao ha condenado a Repsol a reintegrar en su plantilla a un trabajador de su planta de distribuci?n en Santurtzi por cesi?n ilegal de mano de obra. El empleado sufri? adem?s, seg?n otra sentencia, una "vulneraci?n de la consideraci?n debida a su dignidad", al crear la empresa un "entorno hostil, humillante y ofensivo".


Este caso, que ha pasado por dos juzgados de lo Social con sendos fallos favorables al trabajador, comenz? en 2005, cuando O.O.L.L. denunci? su situaci?n laboral a la Inspecci?n de Trabajo. Realizaba funciones de carretillero desde 2001 tras haber sido contratado por la empresa Budecar, pero trabajaba en la factor?a de Santurtzi de Repsol Butano bajo la organizaci?n de ?sta y recib?a ?rdenes de sus mandos. La Inspecci?n reconoci? que hab?a una cesi?n ilegal y sancion? a la petrolera con 12.000 euros.

Esta actuaci?n complic? la situaci?n de O.O.L.L, quien fue primero trasladado a Huelva y luego qued? sin cometido en su trabajo en Santurtzi, lo que motiv? otra sanci?n de la Inspecci?n, esta vez por falta "muy grave", por un importe de 15.000 euros.

Ambas sentencias, dictadas en enero y noviembre pasados, consideran que el verdadero empleador era Repsol Butano, a la que se obliga a reincorporarlo a su plantilla. El trabajador, de baja por depresi?n desde hace un a?o, a?n no ha recibido ninguna notificaci?n de la firma.

Publicado por tuasesor @ 12:44
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La familia del antiguo alcalde de Cerdedo y jefe local de Falange en los d?as que siguieron al golpe militar de 1936, Manuel Guti?rrez Torres, ha presentado una demanda de conciliaci?n contra el historiador Dionisio Pereira Gonz?lez. Dionisio Pereira, especializado en el movimiento obrero en Galicia y en la represi?n durante y despu?s de la guerra civil, fue denunciado por publicar la siguiente frase:


"Personas se?aladas por su presunta participaci?n en diversas manifestaciones de la represi?n: Angel, Luis y Manuel Guti?rrez Torres (jefe de la Falange, alcalde de Cerdedo en los a?os 40 e 50), Eligi? y Francisco Nieto (falangistas)....".


La frase apareci? publicada en el libro "A II? Rep?blica e a Represi?n franquista no Concello de Cerdedo" editado en 2006 por "Verbo Xido". La denuncia tambi?n recoge una frase parecida publicada en un trabajo del mismo historiador incluido en las Actas del Congreso de la Memoria celebrado en Nar?n en diciembre de 2003.


La familia de Manuel Gutierrez Torres exige al historiador que se retracte, que publique esa retractaci?n en los mismos medios en los que fueron escritas las frases dichas y que pague una indemnizaci?n por los da?os y perjuicios sufridos, "en la cuant?a que se determinar? en el momento procesal oportuno".


Dionisio Pereira asegura que no puede ni quiere retractarse, puesto que esas personas fueron se?aladas por numerosas fuentes orales como participantes en una represi?n en la que se ?pasearon? a 7 vecinos, y hubo palizas, multas, robos, detenciones y humillaciones sin tasa. El problema de este historiador es que s?lo dispone de fuentes orales, puesto que los sistemas de represi?n del franquismo no tienen apenas referencias documentales y quedaron impunes.


Dionisio Pereira considera que est? en juego la libertad de expresi?n y el mantenimiento de la impunidad de los agresores, asumida hoy en d?a por sus descendientes, y que esta denuncia sobrepasa la cuesti?n personal, y deber?a ser tomada en cuenta junto a otros "incidentes" similares que est?n ocurriendo (en Ogrobe y en Cambados, por ejemplo), por todas aquellas personas y entidades que trabajan en la recuperaci?n de la memoria de la represi?n franquista


La Confederaci?n Nacional del Trabajo (CNT) quiere hacer p?blico su apoyo al historiador Dionisio Pereira frente a esta agresi?n a su trabajo y a la libertad de expresi?n e investigaci?n. Como sindicato al que pertenec?an buena parte de los represaliados de Cerdedo, y conociendo en carne propia el sistema de represi?n del franquismo y la persistente ocultaci?n de esa represi?n en ?pocas posteriores, exigimos que Dionisio sea absuelto de esas acusaciones y pueda seguir investigando y sacando a la luz nuestra historia real, la de tantos y tantos muertos y vivos an?nimos que algunos se empe?an en que sigan sufriendo la represi?n fascista.


Consideramos adem?s que la frase denunciada es incluso excesivamente tolerante, ya que sabemos, como parte que somos de los represaliados, que todos los jefes locales de Falange de esa ?poca eran no s?lo "presuntos participantes" sino directos organizadores y responsables de esa represi?n.
Declaraci?n del historiador Dionisio Pereira


El pasado 15 de Febrero, a las 11:00 de la ma?ana, en el juzgado de paz de Cerdedo, declar? el historiador Dionisio Pereira, apoyado por cuarenta [email protected], [email protected] [email protected], una representaci?n de la CNT Galega y gente de bien en general.


La familia del falangista ex-alcalde de Cerdedo y "presunto" represor estaba ya dentro del juzgado, all? entraron Dionisio Pereira y la presidenta de la Asociaci?n Verbo Xido para declarar por la primera de las dos acusaciones; saliendo diez minutos despu?s sin haberse retractado de nada. De igual forma se produjo la segunda declaraci?n a las 11:30, d?ndose las mismas circunstancias, pasadas las 11:40 sal?a por la puerta Dionisio Pereira entre los aplausos de los all? congregados. Mientras, la familia del "presunto" (vestida coma el cat?logo de oto?o de "el corte ingles"), se escabull?a no sin antes escucharse un viva franco, bien bajito coma hacen los cobardes. Alguien de los presentes lo expres? muy bien "de padres lobos, hijos lobitos".


Esperamos que esta publicidad que los "lobitos" est?n dando al libro ?A Represi?n en Cerdedo? y a los [email protected] como Dionisio Pereira sirva para que la verdad llegue a mucha m?s gente, y que Dionisio y dem?s [email protected] doblen sus esfuerzos recuperando la memoria de nuestro pueblo asesinado, reprimido y obligado a vivir en una larga noche de piedra que los "lobitos" quieren que siga muchos a?os.

Publicado por tuasesor @ 12:33
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Actualmente las prestaciones por jubilaci?n se calculan de acuerdo con las cotizaciones que ha satisfecho el trabajador durante los ?ltimos 15 a?os. Exist?a la propuesta de realizar este c?lculo utilizando toda la vida laboral del empleado o aut?nomo.

Ampliar cinco a?os el periodo de c?lculo que utiliza la Seguridad Social para fijar la cuant?a de las pensiones rebajar?a estas prestaciones un 4%. Esta es una de las conclusiones preliminares de un estudio que se incluir? en la Muestra Continua de Vidas Laborales para ir determinando el futuro del sistema.
Actualmente las prestaciones por jubilaci?n se calculan de acuerdo con las cotizaciones que ha satisfecho el trabajador durante los ?ltimos 15 a?os. Exist?a la propuesta de realizar este c?lculo utilizando toda la vida laboral del empleado o aut?nomo.
Seg?n Almudena Dur?n, asesora de la direcci?n general de Ordenaci?n de la Seguridad Social, si solo se ampliase este c?mputo a 20 a?os ?nicamente se beneficiar?a uno de cada cuatro trabajadores, los que tienen salarios medios-bajos. El resto ver?an reducidas sus prestaciones. Este efecto perjudicar?a especialmente a los aut?nomos cuya jubilaci?n menguar?a un 5,9%.
El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, no aludi? directamente al informe del director de la Oficina Econ?mica del Gobierno, David Taguas, sobre las pensiones pero arremeti? contra ciertos investigadores que no tienen en cuenta variables que se est?n produciendo en el Seguro y corren el "riesgo" de sustituir previsiones acertadas por "estimaciones apocal?pticas". "De la simplificaci?n se pasa con frecuencia a la simpleza", dijo.

BRUSELAS FAVORABLE
Por primera vez, Bruselas emiti? ayer un informe positivo sobre el futuro de las pensiones espa?olas despu?s de analizar la reciente reforma. Aunque Granado no descart? que en el futuro sea necesario nuevas medidas.
El subdirector general de Estudios de Trabajo, Alfonso Prieto, se?al? que la edad de jubilaci?n en Espa?a se ha alargado hasta los 63 a?os (64 en el caso de las mujeres) y que se ha pasado de un promedio de 27 a?os cotizados en 1988 a 34 a?os en el 2004. La clave para garantizar el futuro del sistema es que las mujeres mantengan su actual tasa de actividad (69%) despu?s de los 54 a?os porque, en el 2040, el 30% de la poblaci?n estar? jubilada.

Publicado por tuasesor @ 12:22
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07-02-2007

Un c?mulo de errores administrativos llev? a un ciudadano a una situaci?n ?rocambolesca?: la gr?a municipal retir? su veh?culo, correctamente aparcado, sin hac?rselo saber, por lo que crey? que se lo hab?an robado

Una sentencia del 26 de enero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n?mero 1 de Pamplona establece una indemnizaci?n de 6.000 ? para el due?o de un veh?culo que la gr?a municipal hab?a retirado por haber estado implicado en un accidente de tr?fico estando correctamente estacionado.

El d?a 27 de octubre de 2003 F.E.O. estacion? su veh?culo correctamente en una calle de la capital navarra; el d?a 2 de noviembre, cuando fue a recogerlo, el veh?culo no estaba en el sitio en el que lo hab?a dejado estacionado, encontrando en su lugar restos de cristales rotos, por lo que pens? que alguien lo hab?a sustra?do fracturando un cristal. Ninguna nota, pegatina, ni nada parecido encontr? en el lugar. Por ello, F.E.O. se dirigi? a la Polic?a Municipal, donde present? una denuncia por sustracci?n de veh?culo.

El asunto parec?a un vulgar robo, hasta que el d?a 25 de mayo de 2004 F.E.O. recibe un aviso telef?nico de Gr?as Pamplona, comunic?ndole que su veh?culo se encuentra en sus dependencias ?Ansoain-; el sorprendido ciudadano acude a las instalaciones de Gr?as Pamplona y le indican que para poder retirar el veh?culo debe previamente pagar el servicio de gr?a que en su d?a se realiz?, as? como el importe de la estancia, que desde el d?a 1 de noviembre de 2003, a raz?n de 6 euros por d?a, ascend?a a la cantidad de 1.202 euros. Adem?s, el encargado de las gr?as le informa de que su veh?culo fue trasladado a Ansoain por orden de la Polic?a Municipal, ya que estuvo implicado en un accidente de circulaci?n estando estacionado; de hecho, en el atestado de dicho accidente consta que el ?turismo estacionado (...) presenta da?os de consideraci?n en su parte trasera, as? como en el frontal por desplazamiento, es retirado del lugar por Gr?as Pamplona por tener la luna trasera rota?.

Con fecha 20 de enero de 2005, F.E.O. presenta una reclamaci?n por responsabilidad patrimonial para que se le devolviera el veh?culo sin tener que abonar los gastos de estancia y el abono de 6.000 ? por todos los gastos ocasionados. Sin embargo, en abril de 2006 el Ayuntamiento comunic? a F.E.O. que desestimaba la reclamaci?n presentada ?por no ser el da?o consecuencia exclusiva, directa e inmediata del funcionamiento de un servicio p?blico?.

En primer lugar, el fallo que ahora nos ocupa recuerda los criterios de aplicaci?n de los principios generales de distribuci?n de la carga de la prueba, recogidos en el principio general inferido del art?culo 1.214 del C?digo Civil; as?, cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y que resultando controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jur?dicas invoca a su favor.

?As? entonces ?contin?a el fallo-, corresponde a la Administraci?n demandada ?habida cuenta de la tesis que sostiene- acreditar y demostrar suficientemente la culpa concurrente del perjudicado. Pues bien, a tenor de todo lo actuado, esta Juzgadora no puede en absoluto colegir que el perjudicado ?y hoy demandante- haya incurrido en culpa alguna. A juicio de esta Juzgadora, verdaderamente el actor ha hecho lo que cualquier persona razonable habr?a hecho en una situaci?n tan rocambolesca y ?si se quiere- ?kafkiana? ?en propias palabras del demandante-, como la que se produjo y que ha tenido que sufrir?.

La resoluci?n judicial dice, textualmente, que ?los fallos de la Administraci?n Local han sido varios. Se han seguido uno tras otro, no se han solventado ni se han hecho las gestiones necesarias, adecuadas y conducentes a resolver y solventar la situaci?n y, por lo tanto, es evidente que se ha producido un deficiente, irregular y anormal funcionamiento del servicio p?blico municipal?.

?Qu? requisitos deben concurrir para generar la responsabilidad patrimonial de la Administraci?n P?blica?

?a) Una lesi?n sufrida por un particular en cualquiera de sus bienes o derechos;

b) Que la lesi?n sea imputable a la Administraci?n como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios p?blicos, si no se trata de un supuesto de fuerza mayor;

c) Que exista una relaci?n de causalidad entre la lesi?n sufrida por el particular y el funcionamiento normal o anormal de los servicios p?blicos?.

En el presente caso, el Juzgado estima que concurren los tres requisitos que determina la responsabilidad de la Administraci?n, por lo que el Ayuntamiento deber? indemnizar a F.E.O. con la cantidad de 6.000 ?, adem?s de gestionar la devoluci?n del veh?culo en el plazo m?ximo de 15 d?as.

Publicado por tuasesor @ 10:29
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1. Breve referencia al delito de conducción ebria.

El conocido como “delito de conducción bajo la influencia del alcohol” (art. 379 CP) lo comete, como la propia descripción típica indica, quien conduce un vehículo a motor o un ciclomotor con sus facultades mermadas para manejarlo con seguridad por el consumo de bebidas alcohólicas.

Como señala la STS. 2147/2002, de 5 de marzo de 2003, la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas “constituye un peligro cierto y posible para la seguridad del tráfico, en cuanto que perturba las facultades de atención y reflejos que es necesario desarrollar en el manejo de un automóvil”. No se requiere la producción de un “peligro concreto” o un resultado lesivo, sino únicamente la existencia de un “peligro abstracto” para los bienes jurídicos protegidos (la vida, la integridad física de las personas, la seguridad del tráfico) que, en todo caso, ha de ser real y no meramente presunto (STS. 1/2002, de 22 de marzo). Esta necesidad de verificación de la existencia del peligro abstracto o genérico, ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia (SSTS. 1397/1999, de 4 de octubre, 1973/2000, de 15 de diciembre, 1007/2001, de 31 de mayo) a reconocer un “tercium genus”, el peligro abstracto-concreto, que aun cuando no requiera la constatación de un peligro concreto para un bien jurídico particular, sí exige que la conducta sea genéricamente peligrosa en ese caso particular. En definitiva, se trata de afinar en la valoración “ex ante” de una conducta en cuanto peligrosa, pues es evidente que ningún peligro ha sido “real” si no se ha concretado en una lesión, y que por tanto incluso el llamado “peligro concreto” en realidad no supuso “ex post” un peligro efectivo.

Este delito realmente no exige la práctica de la prueba de alcoholemia o que ésta arroje un resultado positivo. Lo fundamental es que el alcohol ingerido afecte a la conducción, con indudable alteración de las facultades psíquicas y físicas en relación con los niveles de percepción y de reacción, es decir, reducción de la capacidad de atención, control y reflejos, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía pública por la que se circula. Y para acreditar esa “influencia” el test de alcoholemia es una prueba más, importante pero no imprescindible y en todo caso insuficiente por sí sola (se limita a indicar la tasa de alcohol que presenta un individuo), adquiriendo más relevancia otras pruebas como la declaración de testigos (normalmente los agentes policiales) que hayan observado síntomas de intoxicación etílica en el conductor o la manera irregular en que éste manejaba el vehículo (conducción en zig-zag, frenazos bruscos, maniobras anómalas, etc.). La jurisprudencia tradicionalmente distingue entre síntomas “equívocos”, es decir, aquellos que por sí solos pueden ser entendidos como accidentales, confusos e imprecisos por existir dudas en cuanto a su origen, en el sentido de que pueden aparecer con o sin la influencia del alcohol, tales como halitosis notoria a distancia, aspecto externo apático, con cansancio y abatimiento, rostro pálido, ojos apagados, con la conjuntiva roja y con dificultad de fijación de la mirada, y comportamiento insultante, irrespetuoso y agresivo; y síntomas o datos “inequívocos”, que son aquellas señales que evidencian una sintomatología clásica, esencial, constante y patente derivada indudablemente de la inmoderada ingesta alcohólica, tales como habla pastosa, capacidad de expresión con repeticiones de frases o ideas, con tono elevado de voz, con respuestas incoherentes y embrolladas y con falta de conexión lógica en las expresiones, y deambulación con movimiento oscilante de la verticalidad. Esta diferenciación no implica que los signos equívocos no puedan ser tomados en consideración cuando conviven con otros inequívocos; únicamente las posibilidades de condena quedan muy limitadas en el caso en que aparezcan exclusivamente como prueba de cargo datos sintomatológicos equívocos, pues la duda siempre favorece al reo (SAP 3ª Girona nº 658/2002, de 8 octubre).

En definitiva, la prueba de alcoholemia, aún siendo de las más importantes al proporcionar el dato objetivo del grado de alcohol que porta un conductor, no es imprescindible para acreditar la concurrencia de los elementos del delito, siendo doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que la prueba de alcoholemia, si bien constituye el medio más idóneo para determinar una concreta concentración de alcohol, no es la única prueba que puede producir la condena ni resulta, por tanto, imprescindible, sirviendo al efecto otras tales como la declaración del propio acusado, la de los testigos y las circunstancias que rodearon la conducción: “para subsumir el hecho en el tipo delictivo del art. 340 bis a) -hoy art. 379 CP-, no basta comprobar el grado de impregnación alcohólica en el conductor, sino que es preciso que quede constatada su influencia en la conducción, lo que habrá de realizar el juzgador ponderando todos los medios de prueba obrantes en autos que reúnan dichas garantías” (SSTC. 5/1989, de 1 de septiembre, 222/1991, de 25 de noviembre, 24/1992, de 14 de febrero, y 252/1994, de 19 de septiembre; en el mismo sentido, SSTS. 3/1999, de 9 de diciembre, y 1/2002, de 22 de marzo).

No obstante, nuestra jurisprudencia también entiende que a partir de 0,60 miligramos de alcohol en aire espirado (1,20 gr./litro sangre) cualquier persona tiene disminuida su capacidad de percepción, reflejos y, en definitiva, sus facultades para la conducción, siendo razonable inferir dicha influencia en atención al alto grado de impregnación alcohólica, quedando así superado el límite penalmente permisible sin necesidad de más comprobaciones (STS. 1133/2001, de 11 de junio).

Aquel conductor que diera positivo en el test de alcoholemia pero, por no haber tenido influencia ese alcohol en la conducción, fuera absuelto o ni tan siquiera se hubiera incoado procedimiento penal contra él, sí incurrirá en cambio en infracción administrativa de tráfico (calificada como “muy grave”), pues ésta sólo exige la superación de la tasa administrativa de alcoholemia, siendo sancionable con multa de 301 a 600 euros, suspensión del permiso de conducción de 1 a 3 meses y, a partir del 1 de julio de 2006, pérdida de 4 ó 6 puntos, según los casos, en el nuevo permiso de conducir por puntos (art. 65.5.a), art. 67.1 y Anexo II de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

Las tasas máximas de alcohol en sangre (gr./l.) y aire espirado (mg./l.) vigentes, tanto para los conductores de vehículos como para los de bicicletas, son las siguientes (art. 20 del Reglamento General de Circulación):

General 0,5 gr./l. (en sangre) ó 0,25 mg./l. (aire espirado).
Transporte mercancías > 3.500 kg.
Transporte viajeros > 9 plazas
Servicio público
Transporte escolar y de menores
Transporte mercancías peligrosas
Servicio de urgencia
Transportes especiales Conductores noveles (dos primeros años) 0,3 gr./l. (en sangre) ó 0,15 mg./l (en aire espirado).

2. Investigación de la alcoholemia. Regulación administrativa de tráfico.
Antes de analizar ese polémico delito de desobediencia grave que es el art. 380 del Código Penal, resulta necesario hacer referencia a las normas administrativas de tráfico que regulan la alcoholemia. Por dos razones: en primer lugar, porque precisamente la desobediencia a esas normas integran la conducta penalmente típica; y, en segundo lugar, porque esas normas también prevén y sancionan la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que se convierte en fundamental poder distinguir el ilícito penal del administrativo, es decir, cuándo la negativa de un conductor constituye delito y cuándo una mera infracción administrativa de tráfico.

El RDL 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, señala que “no podrá circular por la vías objeto de esta Ley, el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas” (art. 12.1), que “todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol”, y que “dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico” (art. 12.2). Se considera infracción “muy grave” (entre otras conductas) “incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas...” (art. 65.5 b)), estableciéndose una sanción de multa de 301 a 600 euros y suspensión del permiso de conducción entre 1 y 3 meses (art. 67.1). A partir del 1 de julio de 2006 esta negativa comportará también la pérdida de 6 puntos en el nuevo permiso de conducir por puntos (Anexo II, introducido por Ley 17/2005, de 19 de julio).

El Reglamento General de Circulación (RD. 1428/2003, de 21 de noviembre), por su parte, determina qué personas están obligadas a someterse a una investigación de la alcoholemia (art. 21):

“Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas:
A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento.
A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad”.

Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol consisten en la verificación del aire espirado mediante etilómetros oficialmente autorizados, que determinan de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de una persona. Cabe también realizar análisis de sangre, orina u otros análogos, siempre a efectos de contraste y únicamente a petición del interesado o por orden de la autoridad judicial (art. 22.1 del Reglamento). “Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que se hayan de realizar” (art. 22.2 del Reglamento).

Si el resultado de la prueba practicada fuera positivo o, sin superar los límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente le someterá, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica también por el aire espirado (art. 23.1 del Reglamento). Es entonces cuando el interesado tiene los siguientes derechos: a) a ser informado previamente de la práctica de esa segunda prueba con el etilómetro; b) a controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos; c) a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia; y d) a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados, prueba cuyo importe será a su cargo si el resultado fuera positivo (art. 23 del Reglamento).

Cuando las mediciones del etilómetro han resultado fallidas por la exclusiva voluntad del requerido, no existe obligación por parte de los agentes de ofrecer la prueba de contraste de análisis de sangre, orina o cualquier otro, incluso aunque fuera solicitada directamente por el propio conductor. Conforme al art. 22.1 del Reglamento, la norma general para la realización de pruebas de alcoholemia no es la de practicar, de entre todas las posibles, aquella que el requerido elija por sí mismo o decidan los agentes, sino la de expirar a través de un aparato medidor. Únicamente, en los supuestos de anormalidad, como por ejemplo en el caso de que el afectado padezca de una enfermedad respiratoria que le impida practicar la prueba con las garantías exigibles o en el de que se comprueben “in situ” evidentes defectos en el aparato como el arrojar resultados incompatibles o no dar evidencia alguna pese a la disposición del que sopla, podrán los agentes practicar otro tipo de pruebas (SAP 3ª Girona nº 682/2002, de 14 octubre).

Aquel conductor que se negara a someterse a las pruebas de detección alcohólica será puesto a disposición judicial si los hechos revisten caracteres delictivos, normalmente por presentar síntomas evidentes de haber conducido bajo la influencia de bebidas alcohólicas (art. 24 del Reglamento). Los agentes de la autoridad podrán proceder, además, a la inmediata inmovilización del vehículo, mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser que pueda hacerse cargo de su conducción otra persona debidamente habilitada y que ofrezca garantía suficiente a los agentes (art. 25.2 del Reglamento); los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor (art. 25.4 del Reglamento).

3. Ilícito penal e ilícito administrativo.
Una primera lectura del Art. 380 del CP permite constatar su directa relación con el precedente art. 379, es decir, con los supuestos de conducción de vehículo a motor o de ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Esta dependencia ha permitido al Tribunal Supremo, a partir de su importante Sentencia 3/1999, de 9 de diciembre (una de las pocas en que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este delito), establecer los siguientes criterios orientativos en orden a fijar los límites entre la sanción penal y la administrativa:

a) la negativa del conductor a someterse al control de alcoholemia, en cualquiera de los supuestos previstos en los apartados a) y b) del art. 21 del Reglamento General de Circulación, constituye delito del art. 380 del Código Penal. Como ya hemos visto, el apartado a) se refiere a los supuestos del conductor implicado en un accidente de circulación como posible responsable, y el apartado b) a quienes conduzcan con evidentes síntomas de embriaguez.

b) dicha negativa, en los supuestos de los apartados c) y d) del art. 21 del Reglamento General de Circulación (denuncia por infracción de tráfico y control preventivo de alcoholemia), sólo constituirá delito de desobediencia del art. 380 del Código Penal si los agentes que pretendan llevar a cabo la prueba advierten en el conductor síntomas de estar conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y así se lo hacen saber. Cuando no se adviertan tales síntomas, la negativa no rebasa los límites de la sanción administrativa.

Así pues, siempre constituye delito la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia de aquel conductor que sea posible responsable de un accidente de tráfico o presente síntomas de embriaguez.

El supuesto más controvertido es el de los controles preventivos de alcoholemia que habitualmente llevan a cabo en nuestras carreteras y calles tanto la Guardia Civil como las policías locales. Conforme a la anterior doctrina, si un vehículo es detenido para la práctica de la prueba de alcoholemia en el curso de un control preventivo, de modo que la elección del mismo por la policía fue puramente aleatoria, y el conductor se niega reiteradamente a someterse a dicha prueba, ésta negativa no constituye delito del art. 380 del Código Penal si dicho conductor no presenta síntomas de embriaguez, aunque sí infracción administrativa de tráfico.

Algo parecido sucede con aquellos vehículos detenidos simplemente por la supuesta comisión de alguna infracción de tráfico (saltarse un semáforo, exceso de velocidad, giro incorrecto, etc.). Si el agente entonces observa en el conductor signos que le hagan pensar que puede ir ebrio, le requerirá para la práctica de las pruebas tendentes a su determinación, advirtiéndole de la obligatoriedad de someterse y de las consecuencias de la negativa, que si no obstante tiene lugar será constitutiva de delito.

Con anterioridad a esa Sentencia del Tribunal Supremo de 1999 existían en nuestros Tribunales dos líneas interpretativas sobre cómo y cuándo debía aplicarse este precepto: una formalista, que aplicaba mecánicamente el art. 380 del Código Penal una vez se constataba simplemente la negativa de una persona a realizar alguna de las pruebas tendentes a la averiguación de la influencia del alcohol en su conducción; y otra interpretación digamos material, que es la finalmente acogida por el Tribunal Supremo, según la cual el delito no se comete con la mera negativa de un conductor a la práctica de tales pruebas, sino que debe exigirse algo más, en concreto la acreditación de la influencia que el alcohol tiene en la conducción de la persona: al igual que sucede con el art. 379 del Código Penal, es necesaria aquí también la presencia de unos signos externos en la conducción o en la persona que demuestren la influencia del alcohol en la conducción: "cuando no se adviertan tales síntomas la negativa del requerido no rebasa los límites de la infracción administrativa".

Como señala la SAP 10ª Barcelona nº 472/2005, de 18 de mayo, “la negativa que sanciona el art. 380 del Código Penal lo es de encubrimiento o solapamiento de la existencia de un delito definido en el art. 379 del Código Penal”, por lo que las normas administrativas que sancionan al conductor que se niega a someterse al test de alcoholemia sólo serán aplicables cuando no exista constatación del injusto previsto y penado en el art. 379 del Código Penal.

Esta interpretación de la norma penal es respetuosa con el principio de intervención mínima, inherente al Estado social y democrático de derecho (art. 1.1 CE), y permite deslindar la sanción penal de la administrativa. El propio Tribunal Constitucional señaló que una de las finalidades esenciales del art. 380 del Código Penal es la protección de la seguridad en el tráfico rodado (STC. 161/1997). Esto quiere decir que únicamente merecen reproche penal las conductas de cierta entidad, que son aquellas que realmente ponen en peligro esa seguridad del tráfico, en este caso la negativa del conductor acompañada de síntomas evidentes de embriaguez.

4. Desobediencia grave.Lo segundo que llama la atención del art. 380 del Código Penal es su remisión expresa al art. 556, elevando así a la categoría de delito de desobediencia grave la negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica:

“Los que sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieran gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año”.

Esto significa que la negativa, penalmente relevante, a someterse a las pruebas de detección alcohólica es considerada una desobediencia grave y castigada con la pena de prisión de 6 meses a 1 año; curiosamente nunca con la pena de privación del carnet de conducir.

De forma muy certera manifiesta la STS. de 19 de noviembre de 1990 que “Desobedecer es no cumplir una orden emanada de la autoridad o sus agentes, dictada en el ámbito de su competencia y revestida de las formalidades legales. Negativa manifiesta, franca, terminante. Incumplimiento no debido a negligencia u olvido, sino a voluntad de no cumplir”.

Y así, el delito de desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes consta de los siguientes elementos: a) un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la Autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias; b) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido; c) la conducta omisiva de dicho destinatario, que desatiende y no cumple la orden; y d) “animus” del sujeto de desprestigiar o menoscabar el principio de autoridad, entendido en su moderna acepción de “entorpecimiento de funciones”, si bien no toda la doctrina está de acuerdo con la necesidad de este dolo específico (SSTS. 821/2003, de 5 de junio, y 1615/2003, de 1 de diciembre). Debe ser una negativa manifiesta, tenaz, persistente, contumaz, franca y terminante, de la que se infiera la voluntad de no cumplir, excluyéndose por tanto el incumplimiento debido a la negligencia u olvido (STS. 821/2003, de 5 de junio). La negativa no tiene por qué expresarse de manera contundente y explícita empleando frases o realizando actos que no ofrezcan dudas sobre la actitud desobediente; basta con que se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato (STS. 485/2002, de 14 de junio).

En concreto, la desobediencia del art. 380 del Código Penal exige, para su aplicación, de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de un requerimiento realizado por el agente de la autoridad a quien circula con un vehículo para que se someta a las pruebas de control de la alcoholemia legalmente establecidas; b) la negativa del conductor a someterse a las mismas, expresada a través de actos concluyentes; y c) que la negativa del sujeto lo sea previa advertencia clara y comprensible por parte de los agentes de la responsabilidad penal que puede acarrear tal negativa (SAP 1ª Vizcaya nº 234/2005, de 8 abril, SAP 2ª Guipúzcoa nº 2096/2005, de 20 mayo, y SAP 1ª Castellón nº 545/2005, de 7 de diciembre).

Como el art. 380 participa, en cuanto a su estructura, de las mismas características que el delito de desobediencia del art. 556, es necesario, para que la negativa integre el delito de desobediencia, que el requerimiento para someterse a las pruebas de control de alcoholemia se haga una vez se haya producido ya una primera negativa del sujeto a cumplir la orden de los agentes (SAP 17ª Madrid nº 269/2004, de 15 abril).

Hay que resaltar la importancia de que los agentes de la autoridad informen al conductor, de manera clara y comprensible, sobre la forma en que debe someterse a la práctica de las pruebas de alcoholemia y el funcionamiento del aparato de precisión, advirtiéndole, en caso de que se negara, que de persistir con su negativa a practicar el test podría estar cometiendo un delito de desobediencia grave. Si el conductor fuera extranjero y desconociera por completo el idioma español, se le debería facilitar un intérprete, normalmente ya en sede policial, para que comprendiera de forma clara y terminante las consecuencias de su conducta y evitar problemas de error de prohibición que terminen en absolución (SAP 3ª Girona nº 280/2000, de 15 junio).

5. Casuística.
Un pequeño repaso a la jurisprudencia nos permite observar de qué manera se han resuelto determinados situaciones que acontecen en la práctica.

Los agentes policiales pueden encontrarse hasta en tres situaciones en las que la diligencia con el etilómetro resultará fallida: una, cuando el sujeto se somete a las pruebas de detección con normalidad pero el alcoholímetro no refleja ningún resultado, en cuyo caso la disposición del sujeto es plena y el hecho de la frustración de la medición ha de atribuirse a defectos intrínsecos del aparato o de la boquilla; otra, absolutamente contraria, cuando el sujeto se niega a soplar tal y como se le conmina, en cuyo caso y salvo supuestos especiales, también parecería evidente que la disposición es nula y la frustración debe imputarse directamente al sujeto; y, una tercera, intermedia, cuando la disposición del sujeto a soplar es disimulada, pues no efectúa el mínimo esfuerzo físico imprescindible para que la prueba llegue a buen fin, supuesto en el que al depender la existencia del disimulo de la cuidada observación debe de distinguirse con claridad lo que es sometimiento de lo que no lo es (SAP 3ª Girona nº 681/2005, de 7 julio).

Una clara situación de “disimulo” se presenta al no soplar de manera correcta en el aparato de aire expirado, produciéndose un resultado erróneo, por insuflar una mínima cantidad de aire en cada ocasión y además de modo interrumpido, a pesar de haber recibido las instrucciones precisas de cómo hacerlo y de las posibles consecuencias de una realización errónea, siendo un comportamiento pasivo que evidencia una actitud deliberadamente rebelde al acatamiento de la orden y, por tanto, constitutivo del delito del art. 380 (SAP 2ª Asturias nº 307/2005, de 27 octubre). “Esta actuación descrita por los agentes y reconocida por el propio acusado de soplar varias veces sin alcanzar a dar un resultado válido ya evidencia una actitud opositora y renuente a la orden legítima recibida, aunque no sea explícita, pues, en definitiva, por mucho que el acusado finja que quiere realizar la prueba e intente soplar, lo cierto es que no realiza una acción tan sencilla y accesible para cualquiera como es soplar una cantidad de aire suficiente para dar una medición. Los sucesivos inútiles intentos y la imposibilidad final de dar un resultado válido a la prueba, cuando no consta imposibilidad física alguna por parte del acusado y cuando los agentes refieren que le medidor funcionaba bien, no puede deberse mas que a una actitud de negativa y de oposición a someterse a tal prueba que es firme y prolongada en el tiempo con lo que alcanza la gravedad suficiente y conforma plenamente el delito que se le imputa” (SAP 6ª Barcelona nº 451/2005, de 17 mayo).

Es el conductor el que debe acreditar la enfermedad o padecimiento físico que supuestamente le impedía realizar la prueba de alcoholemia (SAP 3ª Girona nº 1047/2004, de 14 diciembre, y SAP 1ª Lleida nº 138/2005, de 11 abril).

La negativa únicamente a la práctica de la segunda prueba de medición de alcoholemia con el etilómetro (cuando ha resultado positiva la primera medición con el mismo aparato) es una conducta también incluida en el art. 380 del Código Penal, que habla de someterse a “las pruebas” (en plural) legalmente establecidas. “Entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría absolutamente ineficaz la norma legal” (STS. 1/2002, de 22 de marzo). Salvo, claro está, que el conductor admita como válido el resultado positivo de la primera prueba, sin invocar posteriormente su irregularidad (SAP 10ª Barcelona nº 358/2005, de 20 abril, y SAP 10ª Barcelona nº 472/2005, de 18 de mayo), o que por los agentes no se le hubiera informado que la segunda prueba de contraste no sólo es un derecho sino también una obligación inexcusable cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias penales (SAP 3ª Cantabria nº 21/2005, de 21 febrero).

El conductor no puede eludir el cumplimiento de la primera prueba del etilómetro eligiendo realizar directamente un análisis de sangre, ya que no puede alterar el orden de las pruebas ni imponer su criterio, aunque una vez practicada la del etilómetro tiene derecho a contrastarla mediante un análisis de sangre, orina u otros análogos (SAP 2ª Tarragona nº 146/2005, de 10 febrero), si bien puede prescindirse de la segunda prueba con etilómetro si, tras ser informado de sus derechos, el conductor opta exclusivamente por la de análisis de sangre, lo que no implicará la comisión del delito de desobediencia del art. 380 del Código Penal habida cuenta que se aceptó practicar una primera y se pide la práctica de una prueba de contraste distinta (SAP 7ª Sevilla nº 11/2005, de 13 enero).

Cuando la prueba de detección alcohólica resulte innecesaria para acreditar la ingesta de bebidas alcohólicas, la negativa a la práctica de esa prueba no constituye delito (aunque sí infracción administrativa). Eso ocurre, por ejemplo, en el supuesto en que el conductor desde el primer momento admite no sólo haber ingerido bebidas alcohólicas sino también hallarse afectado por tal ingesta, lo que, además, puede ser evidente para los agentes actuantes porque presente manifiestos síntomas externos de embriaguez. El etilómetro no resultaría necesario e imprescindible para comprobar que se hallaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y acreditar, en consecuencia, la comisión del delito del art. 379 del Código Penal (SAP 4ª Valencia nº 163/2002, de 27 de junio, SAP 3ª Girona, de 22 de julio de 2002, SAP 2ª Santa Cruz de Tenerife nº 341/2004, de 2 abril, y SAP 3ª Zaragoza nº 362/2005, de 29 julio): “si el propio acusado, independientemente de los signos externos que presente, reveladores de su estado de intoxicación etílica, reconoce voluntariamente que ha ingerido bebidas de esa naturaleza y que está ebrio, poco hay que comprobar ya que está admitiendo los hechos" (SAP 1ª Orense nº 32/2005, de 25 mayo).

No se puede exigir la asistencia de letrado para la práctica de la prueba de alcoholemia y mucho menos justificar la negativa en la creencia de que se precisaba su presencia (SAP 2ª Castellón nº 302/2004, de 17 noviembre).

6. Aplicación simultánea de los artículos 379 y 380 del Código Penal.
Nuestra jurisprudencia menor sostiene mayoritariamente que la condena de una persona como autor de un delito de desobediencia del art. 380 del Código Penal no impide su condena también como autor del precedente delito del art. 379, al no constituir esa doble sanción una vulneración del principio de “non bis in idem” consagrado en el art. 25 de la Constitución, siempre que, claro está, concurran los elementos objetivos y subjetivos de ambas infracciones (SAP 7ª Madrid nº 266/1998, de 26 mayo, SAP 3ª Zaragoza nº 336/1998, de 7 julio, SAP 4ª Valencia nº 163/2002, de 27 de junio, SAP 3ª Girona nº 682/2002, de 14 octubre, SAP 4ª Sevilla nº 120/2005, de 7 marzo, SAP 2ª Tarragona nº 452/2005, de 10 mayo, SAP 23 Madrid nº 385/2005, de 17 de junio, SAP 1ª Madrid nº 305/2005, de 17 junio, y SAP 3ª Zaragoza nº 362/2005, de 29 julio).

Es evidente que la finalidad esencial del art. 380 del Código Penal (como se desprende de la rúbrica del capítulo donde se encuentra) es la protección de la seguridad del tráfico rodado: la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia pretende la detección y evitación de una conducta peligrosa y también de homicidios y lesiones imprudentes. Ahora bien, debe destacarse una segunda finalidad protectora propia del tipo penal de desobediencia, constituida por la dignidad y las condiciones de ejercicio del llamado principio de autoridad, en este caso la potestad administrativa de controlar, preservar o reprimir situaciones de peligro para el tráfico rodado. Por ello, al existir varias acciones del sujeto activo en concurso real, de un lado la conducción ebria y de otro la negativa al sometimiento, debe aplicarse la penalidad de ambos preceptos, puesto que se trata de dos comportamientos ilícitos distintos, autónomos y diferenciados, aunque relacionados entre sí, siendo el segundo (desobediencia) consecuencia del primero (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas). El Tribunal Constitucional, en Sentencia nº 161 de fecha 2 octubre 1997, que más tarde comentaremos, ha reconocido el carácter autónomo de ambos comportamientos delictivos, que no protegen el mismo bien jurídico en coincidencia exacta, siendo por tanto posible la condena simultánea por ambos.

No obstante debemos señalar que existe una tesis, minoritaria entre las Audiencias Provinciales aunque no por ello desdeñable, que en los últimos años prácticamente se reduce a la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid y a la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia (SAP 16ª Madrid nº 304/2000, de 24 julio, SAP 4ª Valencia nº 112/2003, de 15 abril, SAP 4ª Valencia nº 131/2003, de 30 abril, SAP 16ª Madrid nº 583/2005, de 15 de julio, SAP 16ª Madrid nº 610/2005, de 29 de julio, y SAP 16ª Madrid nº 778/2005 de 18 de noviembre), que considera, precisamente para no vulnerar el principio “non bis in idem”, que el delito del art. 380 absorbe la conducta del art. 379, aplicando el concurso de leyes previsto en el art. 8 del Código Penal, bien porque describe un tipo más complejo (art. 8.3ª), bien porque prevé una pena más grave (art. 8.4ª). Esto significa que quien condujera bajo los efectos del alcohol y se negara a someterse a la prueba de alcoholemia, sólo podría ser castigado por el art. 380 del Código Penal como autor de un delito de desobediencia grave. Esta solución del concurso de leyes es la misma que adopta el Código Penal al regular este tipo de delitos en aquellos supuestos en que, además del peligro abstracto contra la seguridad del tráfico, se ataca otro bien jurídico (resultado lesivo), apreciándose exclusivamente la infracción más gravemente penada (art. 383 CP). Este principio de absorción o consunción parte de la idea de que, en la progresión delictiva, lo menos queda absorbido en lo más, es decir, que siempre que se comete el delito más amplio se esta cometiendo necesariamente también el delito más pequeño (como ocurre, por ejemplo, en las lesiones que se consumen por el homicidio).

Sin embargo, es precisamente en este punto en donde quiebra esa tesis minoritaria: el delito del art. 380 no parece exigir más que la existencia de indicios externos de haberse cometido el delito del artículo precedente y no su efectiva perpetración, de modo que la coincidencia del supuesto de hecho no es tan absoluta, no siendo por tanto necesaria la concurrencia del delito del art. 379 para la aplicación del art. 380. Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1/2002, de 22 de marzo, que absolvió por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y condenó por delito de desobediencia grave del art. 380 del Código Penal: si bien no se pudo acreditar finalmente la afectación alcohólica, el conductor había tenido un accidente de tráfico y en principio presentaba algunos signos de ingesta alcohólica, presupuestos ambos que permitían razonablemente presumir a los agentes que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas, convirtiéndose así en ilícito penal la negativa a someterse a las pruebas correspondientes (SAP 3ª Castellón de 7 de febrero de 2002 y SAP 2ª Valladolid nº 97/2004, de 25 marzo). Por consiguiente, que para que la negativa adquiera relevancia penal no se requiere la acreditación plena de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, bastando la concurrencia de algunas manifestaciones que denoten esa influencia (SAP 7ª Sevilla nº 311/2004, de 8 junio).

Piénsese también en los supuestos, nada infrecuentes y ya analizados, en que la conducción bajo los efectos del alcohol es evidente y palmaria (el conductor es incapaz de tenerse en pie o de pronunciar palabras entendibles): si el delito del art. 380 del Código Penal está previsto “para la comprobación de los hechos descritos en el artículo anterior”, en este tipo de casos la corroboración o la ratificación de la impresión de los agentes a través de la prueba alcoholométrica no será necesaria por lo grotesco de la propia embriaguez (SAP 3ª Girona, de 1 de julio de 2002). Igualmente, si el conductor es requerido para la práctica de las correspondientes pruebas de alcoholemia por hallarse implicado en un accidente de circulación como posible responsable: la negativa implicaría la comisión de un delito de desobediencia grave con independencia de que condujera o no afectado por la previa ingesta de bebidas alcohólicas y, más aún, con independencia de que resultara o no condenado por este delito del art. 379 (SAP 1ª Burgos nº 234/2004, de 30 diciembre).

Téngase en cuenta, finalmente, que sólo el art. 379 permite imponer la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, por lo que resultaría absurdo que en los casos en que se concurran ambas conductas (embriaguez y negativa) se aplique únicamente el art. 380 y se eluda así aquella pena privativa de derechos.

7. Penalidad.
Ya hemos señalado que la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia se castiga con la pena del delito de desobediencia grave del art. 556 del Código Penal, esto es, con prisión de 6 meses a 1 año.

En la práctica esta pena normalmente no se cumple, es decir, el condenado rara vez ingresa en prisión por aplicación de la figura de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad que no superan los dos años (arts. 80 y ss. del Código Penal), pues en la mayoría de los casos el conductor no es reincidente y las responsabilidades civiles, caso de existir por haber ocurrido un accidente de tráfico, son satisfechas a las víctimas por las compañías aseguradoras de vehículos, con independencia de que posteriormente éstas repercutan el importe de la indemnización al conductor si hubo alcoholemia.

Al tratarse de una pena de prisión que nunca excede de un año, cabe también su sustitución por multa (1 día de prisión = 2 cuotas de multa) o por trabajos en beneficio de la comunidad (1 día de prisión = 1 jornada de trabajo), “cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales” (art. 88 CP).

Por otra parte, nada impide que al autor de un delito de desobediencia grave de los arts. 380 y 556 del Código Penal se le pueda aplicar, para minorar la pena de este delito y nunca, por razones obvias, la pena del delito del art. 379, la circunstancia atenuante de embriaguez (circunstancias 1ª –eximente incompleta-, 2ª –actuar a causa de su grave adicción al alcohol- ó 6ª –atenuante analógica- del art. 21 CP), e incluso la eximente completa (art. 20.2º CP -estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas-) si el estado de embriaguez le impide por completo desplegar el comportamiento impuesto, quedando afectada su capacidad de entender y decidir sobre el alcance de la orden procedente de los agentes de la autoridad (SAP 2ª Tarragona nº 405/2004, de 22 abril, SAP 3ª Girona nº 353/2004, de 4 mayo, SAP 1ª Valencia nº 151/2004, de 27 mayo, SAP 2ª Asturias nº 380/2004, de 16 diciembre, SAP 3ª Navarra nº 40/2005, de 18 marzo, SAP 5ª Barcelona nº 358/2005, de 2 mayo, y SAP 1ª Las Palmas de 26 mayo 2005). Como también cabría la apreciación de un estado de necesidad putativo, que, a su vez, facultaría a estimar la concurrencia de un error de prohibición (STS. 1811/1994, de 19 octubre) que, de ser vencible, permitiría rebajar la pena en uno o dos grados.

Nuestra jurisprudencia, en aplicación del principio non bis in indem, cumpliendo esa prioridad legal que tiene la jurisdicción penal y siguiendo la pauta apuntada en la STC. 2/2003, de 16 de enero, ha procedido en ejecución de sentencia a descontar de la pena de multa impuesta como sustitutiva de la prisión por el delito del art. 380 del Código Penal, aquellas cantidades que el condenado acredite haber satisfecho con anterioridad a la Administración como sanción de tráfico por los mismos hechos con el mismo fundamento (SAP 2ª Valladolid nº 97/2004, de 25 marzo).

8. ¿Inconstitucionalidad del artículo 380 del Código Penal?
Este delito siempre ha sido polémico. Fue objeto de fundadas críticas desde que se inició la andadura parlamentaria del vigente Código Penal, que lo introdujo en nuestro ordenamiento jurídico, habiendo dado lugar a intensos debates en el Parlamento y enmiendas formuladas por distintos Grupos Parlamentarios, tales como la número 88 del Grupo Parlamentario Vasco (por entender que la negativa a someterse a la prueba del alcohol en sangre debe reputarse acto de autoencubrimiento impune), la número 195 del Grupo Parlamentario Mixto-ERC (por estimar que, al reunir los requisitos del delito de desobediencia grave, la remisión es innecesaria, y que, en todo caso, la regulación administrativa de estas situaciones es suficientemente satisfactoria, ya que, de lo contrario, se castigaría más gravemente la negativa a efectuar una comprobación de una conducta peligrosa que la propia conducta), la número 414 del Grupo Parlamentario Popular (por entender que no resulta lógico considerar este supuesto como desobediencia grave, porque además podría vulnerar el derecho a la defensa y a no declararse culpable), y la número 795 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-IC (por entender que estas conductas no deben sancionarse penalmente, siendo suficiente la sanción administrativa).

Tras la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el citado precepto dio lugar al planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad por determinados Juzgados, en referencia fundamentalmente a los derechos de todo acusado a no declarar -art. 17.3 CE-, a no confesarse culpable -art. 24.2 CE- y, más en general, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia -art. 24.2 CE-, así como al principio de la proporcionalidad de la pena y su orientación hacia la reeducación y reinserción social -art. 1.1, 9.3 y 25.1 CE- (se castiga con pena más grave el acto de desobediencia que el mismo delito cuya comisión se trata de prevenir con dicho precepto, pena que, además, parece estar orientada, exclusivamente, a una finalidad de prevención general).

Todas esas cuestiones fueron rechazadas por el Pleno del Tribunal Constitucional en Sentencia 161/1997, de 2 de octubre, con los siguientes argumentos que resumimos:

a) Las pruebas para la comprobación de la conducción bajo la influencia del alcohol y, entre ellas, las de espiración de aire a través de un alcoholímetro, no constituyen en rigor una declaración o testimonio, por lo que no pueden suponer vulneración alguna de los derechos a no declarar, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable.

b) Tales pruebas son simples pericias de resultado incierto que no constituyen actuaciones encaminadas a obtener del sujeto el reconocimiento de determinados hechos o su interpretación o valoración de los mismos, por lo que no pueden catalogarse como obligaciones de autoincriminarse ni suponen una inversión de la carga material de la prueba.

c) No se obliga, pues, al sujeto a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndosele una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución.

d) La obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol tiene como legítimo objetivo el comprobar si los conductores cumplen las normas de policía establecidas para garantizar la seguridad del tráfico.

e) La cuestión de la proporcionalidad de la pena de prisión prevista para este delito es el fruto de un complejo análisis político-criminal y técnico que sólo al legislador corresponde, sin que se aprecie un desequilibrio entre la gravedad de la sanción y el desvalor de la conducta o los fines que se persiguen.

f) No se entiende por qué hay que negar la función rehabilitadora y resocializadora de la pena privativa de libertad que contempla este delito de desobediencia.

Esta Sentencia, que tenía su antecedente en la STC. 103/1985, de 4 de octubre, fue confirmada por la STC. 234/1997, de 18 de diciembre.

9. Breves consideraciones finales.
A la vista de todo cuanto antecede, la mejor recomendación que podemos efectuar a un conductor que sea requerido por los agentes de la autoridad para la práctica de la prueba de detección alcohólica, es, sencillamente, que se someta a ella con todo el aplomo del mundo y siguiendo las instrucciones de los agentes. Una postura rebelde y de franca negativa sólo conduce a la comisaría y, como mínimo, a la imposición de una serie de sanciones administrativas muy graves (multa de hasta 600 euros, suspensión del permiso de conducir de hasta 3 meses y privación de 6 puntos en el nuevo carnet por puntos), cuando no a la incoación de un procedimiento penal abreviado por delito del art. 380 del Código Penal, que puede finalizar, tras la celebración de un juicio oral, con condena a pena de prisión si dicho conductor se hallaba involucrado en un accidente y/o presentaba síntomas que hacían razonablemente pensar en su intoxicación etílica. Si esos síntomas y cualquier otra prueba válida evidenciaban que conducía bajo la influencia del alcohol, será condenado, además, por un delito del art. 379, sin que, por tanto, la negativa a la práctica de la prueba de alcoholemia le haya servido absolutamente para nada, pues además será considerada como un indicio de que trataba de ocultar una alcoholemia, “en cuanto la negativa de someterse a las pruebas de alcoholemia implica que algo quiere ocultarse, pues la persona que no ha bebido o que lo ha hecho con mesura no tiene que tener miedo de la hemoconcentración que demuestra el etilómetro o el análisis del laboratorio” (SAP 2ª Córdoba nº 147/2004, de 14 julio).

No obstante, somos partidarios de la supresión del delito del art. 380 del Código Penal. Como ya hemos visto, resulta poco más que simbólico el castigo penal de la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia (no cumpliéndose así los fines de prevención general o especial de la pena), como también innecesario, ya que la normativa administrativa prevé igualmente esa conducta y la sanciona de manera incluso más efectiva e intimidante.

Y es más. Desde la llamada “ley penal del automóvil” de 1962, se puso a prueba la eficacia del conocido como Derecho penal de tráfico para incrementar la seguridad de la circulación rodada y disminuir los accidentes. Dicha ley, en su parte penal, nunca estuvo en vigor, pero sí se incorporó al Código Penal en la reforma de 1967. Su relevancia en la disminución de los accidentes fue nula, y se discriminalizaron algunas conductas como la “conducción sin haber obtenido el correspondiente permiso”. Hoy parece renacer la arcaica y constatadamente fracasada política criminal de solucionar la siniestralidad en la circulación vial a través de la criminalización, lo que no deja de ser una expresión más de la llamada “huida hacia el Derecho penal”, cuando se quiere aparentar rotundidad para solventar un problema, cuyas soluciones son extrapenales. Pues bien, en lo que a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (y otras drogas) respecta, la solución de “lege ferenda” sería:

Considerarla circunstancia agravante en los delitos de lesión en los que concurra.

Discriminalizarla como delito autónomo de peligro, pues la sanción administrativa, reforzada del modo que fuera preciso, sería más que suficiente como “prevención general” y, de este modo, se liberaría a la Justicia penal de unos procedimientos que suelen terminar en “sentencias de conformidad” y que no son acordes con el principio de intervención mínima de la ley penal.

Publicado por tuasesor @ 10:28
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El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Jos? Mar?a Fidalgo, sostuvo hoy que Espa?a es el pa?s de la Uni?n Europea con la ratio m?s baja de inspectores laborales, y culp? a la administraci?n de no velar por el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales.

Fidalgo, que visit? la empresa L'Oreal en Burgos, lament? el ?ltimo accidente mortal, sucedido en una empresa de Espinosa de los Monteros el pasado fin de semana, en el que falleci? un trabajador y otro result? herido.

"La Administraci?n no vela por que se cumplan las leyes", coment?. "Espa?a es el pa?s de la Uni?n Europea con la ratio m?s baja de inspectores laborales", a?adi? a la vez que mostr? sus dudas respecto a la bonanza de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales.

Por otro lado, opin? que el sector del aut?movil "es complicado, competitivo y concentrado, aqu? y en el resto de Espa?a" y expres? su preocupaci?n por la inestabilidad actual, para destacar el esfuerzo que los trabajadores de estas empresas realizan para no poner en riesgo el futuro.

Fidalgo calific? de estable la actual situaci?n y no ocult? cierta satisfacci?n por los acuerdos sociales alcanzados recientemente. Sin embargo, critic? a la Administaci?n por desaprovechar un periodo de bonanza econ?mica y crecimiento para invertir en lo que denomin? "capital humano".

Adem?s, apost? por un Reglamento de la Ley Extranjer?a, que recoja aspectos como la contrataci?n en origen y mecanismos eficaces de integraci?n, y por dedicar m?s presupuesto a aspectos como la educaci?n o la investigaci?n.

Tambi?n enumer? como logros del di?logo social la creaci?n de m?s de siete millones de empleos nuevos en los ?ltimos a?os, el crecimiento econ?mico tres puntos por encima del Producto Interior Bruto (PIB) o el plan de choque por la estabilidad en el empleo. Mencion? la Ley de apoyo a personas en situaci?n de dependencia (Ley de Dependencia) por su trascendencia y por ser fruto del acuerdo social. "Ahora hay que reglamentarla", a?adi?.

Los aspectos negativos, seg?n explic? Fidalgo, se centran, entre otros, en la excesiva inversi?n en sectores como servicios y construcci?n. "Est?n libres de la competencia internacional, no requieren cualificaci?n profesional, no resuelven en lo que se refiere a balanza econ?mica ni aportan mejoras en la calidad del empleo", argument?. "Estamos ante franjas altas de empleos con poco futuro", dijo.

En esta misma l?nea, censur? la escasa funcionalidad de los observatorios industriales que, explic?, "se crearon pero han tenido escaso recorrido". Se mostr? partidario de favorecer la inversi?n privada en determinados sectores con medidas fiscales selectivas.

Publicado por tuasesor @ 10:13
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La pensi?n media de jubilaci?n se situ? en febbrero en 754,73 euros mensuales, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo mes del a?o pasado, seg?n las datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales.

La pensi?n media de la Seguridad Social, que comprende las distintas clases de pensi?n (jubilaci?n, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanz? los 669,60 euros mensuales, con un aumento el 5% respecto al mismo mes de 2006.

Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente alcanzaron en febrero una cuant?a media de 757,54 euros mensuales, con un incremento del 4,1%.

En cuanto al resto de pensiones, las de viudedad, orfandad y en favor de familiares sumaron a principios del presente mes una cuant?a media de 496,59 euros; 299,31 euros y 394,47 euros, respectivamente, con crecimientos del 4,5%, 5,3% y 6,3%.

En febrero, la Seguridad Social abon? un total de 8.229.591 pensiones contributivas en todo el territorio nacional, un 1,5% m?s que en el mismo mes del ejercicio precedente.

febrero 2007

Publicado por tuasesor @ 10:11
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Jueves, 22 de febrero de 2007
. La dificultad de la prueba.- II. Medios de prueba.- III. Objeto y carga de la prueba. La aplicaci?n de la teor?a de las cargas probatorias din?micas.- IV. Conclusiones

I.- La dificultad de la prueba
El fen?meno llamado mobbing, aunque antiguo, es de reciente conceptualizaci?n y entra?a una serie de conductas cuyas dram?ticas consecuencias hasta hace poco hab?an pasado desapercibidas .
Sin embargo, debido al extraordinario avance de las investigaciones no s?lo ha sido posible catalogarlo dentro de los riesgos emergentes del trabajo actual , sino que se lo ha considerado tan grave que, en diversos pronunciamientos emanados de altos tribunales de Italia y de Espa?a, ha sido calificado como accidente de trabajo el suicidio de v?ctimas afectadas de s?ndromes depresivos causados por conductas de acoso psicol?gico .
Las formas en que se lleva a cabo este proceso perverso son bastante conocidas. Empero, no est? dem?s recordar aqu? algunas de ellas: el descr?dito p?blico de la v?ctima, atribuy?ndole sistem?ticamente errores, despreciando o criticando su trabajo en presencia de otros compa?eros o compar?ndolo con otro supuestamente mejor; la critica de aspectos de la personalidad o la vida privada de manera continua; la asignaci?n de funciones sin sentido o por debajo de la cualificaci?n del trabajador; la presi?n sistem?tica, etc. .
Cuando en nuestro pa?s se empez? a hablar de la violencia familiar -y tambi?n en los casos de acoso sexual y de abuso infantil-, inmediatamente se se?alaba la dificultad de la prueba de las conductas implicadas. Con el tema de la violencia psicol?gica en el ?mbito laboral sucede lo mismo.
Esto parece natural si tenemos especialmente en cuenta que resulta evidente que tales procesos se desarrollan en contextos de relativa privacidad y que la v?ctima se encuentra en estado de desamparo. Ello la coloca tambi?n en inferioridad de condiciones y en estado de dificultad probatoria, lo cual es una regla de experiencia de la que, a su vez, deviene la de facilitarle la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensi?n o bien de invertirla. Como un avance se ha incorporado, pues, el principio del favor probationis para los casos de dif?cil prueba en beneficio del m?s d?bil .
Al contrario de la violencia f?sica o del acoso sexual, el mobbing parece ser un proceso m?s "silencioso" y sutil en tanto conduce a un aumento de confusi?n y a la disminuci?n de la autoestima de la v?ctima, sinti?ndose incluso responsable de lo que sucede. Por esto, la mayor?a de los afectados callan por miedo a ser juzgados y etiquetados por los compa?eros y la direcci?n como "problem?ticos" .
Podemos advertir, por otro lado, que m?s all? de las diferencias puntualizadas, el hostigamiento psicol?gico presenta algunas caracter?sticas comunes con el acoso sexual, cuya dificultad probatoria tambi?n se destac? , por cuanto se trata de comportamientos que se desarrollan en el ambiente laboral y pueden desencadenarse en ?mbitos o circunstancias donde no existen otras personas que puedan observar el proceso . En todo caso, el trabajador denunciante deber? afrontar la ardua carga de acreditar que efectivamente fue sometido a un hostigamiento.
Tales similitudes nos permitir?n entonces extrapolar aquellos conceptos vertidos por la jurisprudencia nacional en esa materia en tanto reciban concreta aplicaci?n a la problem?tica que estudiamos. Asimismo, el avanzado grado de desarrollo alcanzado por la jurisprudencia espa?ola en torno al mobbing constituir? una gu?a de indiscutible utilidad para nuestro trabajo, a la hora de establecer las directrices que habremos de seguir para dilucidar los interrogantes que plantea el tema.
Somos concientes de las dificultades que ofrece el tema en torno a la prueba, que lo ubican en el terreno de las difficilioris probationis. Pero ello no es sin?nimo de impunidad. As? lo ha demostrado la experiencia, por cuanto tales dificultades, afortunadamente, no fueron obst?culo para que las conductas implicadas en otras manifestaciones de violencia (ya sea en el ?mbito familiar o dom?stico, en el abuso infantil o en el acoso sexual) pudieran ser debidamente acreditadas y, consiguientemente, obtuvieran la merecida sanci?n en los casos que llegaron a conocimiento de los jueces.
Es obvio que la prueba del acoso psicol?gico en el trabajo no parece sencilla. Tengamos en cuenta que su propio concepto encierra en s? mismo el de la de mala fe.
Tambi?n observamos que en esta clase de situaciones resulta casi imposible determinar con precisi?n c?mo empez? a desarrollarse el proceso de acoso. Se puede advertir a menudo que las circunstancias que originaron las desavenencias en muchos de los casos fueron creando obst?culos de gravedad creciente a la arm?nica relaci?n laboral que pueden no dejar pruebas para traer al expediente.
No nos olvidemos tampoco que el acoso moral implica siempre conductas dirigidas a causar un da?o en el trabajador de muy dif?cil prueba porque al no tratarse de un da?o f?sico no quedan huellas visibles en ?l . Sin embargo, debemos dejar en claro que aqu? no trataremos las cuestiones atinentes a la prueba de los da?os causados, sino la de los comportamientos que caracterizan este fen?meno.
Tengamos en cuenta que, por lo general, el acosador no emplea medios que dejen rastro de delitos tipificados por el derecho penal , ya que se concentra especialmente en la manipulaci?n de lo cultural, los significados y la comunicaci?n que definen la identidad social del acosado . Sin embargo, puede ocurrir que la transmisi?n p?blica del ardid permita a la v?ctima constatar lo que s?lo exist?a en el terreno de la especulaci?n o de la sospecha y, a partir de all? podr?, claro est?, conseguir m?s f?cilmente alg?n tipo de prueba para su acreditaci?n posterior .
Es com?n que el acosador cree a su alrededor un ambiente de impunidad favorecido por el ejercicio del poder de direcci?n que ostenta. Se preparar? entonces para no dejar huellas ni rastros posibles de seguir y todo lo que pueda comprometerlo desaparecer? o nunca habr? existido. Tambi?n buscar? ampararse en el cumplimiento de la ley proveyendo a su actuaci?n una apariencia de legalidad para que no sea f?cilmente rebatida ante quien eventualmente dirima los conflictos laborales. Estos extremos obligar?n tanto a la v?ctima, como a quien la represente, a reconocer la norma que se trata de eludir y a desenmascarar la pretendida cobertura del fraude con vistas a evitar que se concrete .
Sin lugar a dudas, es m?s sencillo probar el mobbing en los casos en que la persecuci?n tiene su origen en cambios pol?ticos en la administraci?n p?blica, cuando ?sta es la empleadora. Por el contrario, se dificulta la tarea cuando las conductas no son f?cilmente externalizadas, lo cual impide asimismo su captaci?n. Salvo, claro est?, si opera la intervenci?n de testigos presenciales en favor de quien es objeto de la persecuci?n y si, por hip?tesis, ellos son trabajadores de la organizaci?n, se ver?n entonces involucrados en la violenta situaci?n de testificar contra su empleador o contra sus mandos laborales .
Dadas las dificultades que presenta la cuesti?n ser? menester, pues, realizar un gran esfuerzo que permita poner en relaci?n las m?ltiples piezas del rompecabezas que concurren en estos casos para llegar a la conclusi?n final de la existencia del acoso moral en el trabajo , debi?ndose valorar la prueba en su totalidad.
Si tenemos presente que, tal como lo dijimos, tales conductas se ponen de manifiesto com?nmente en ocasiones de forma encubierta, subrepticia o artera, los hechos deben ser examinados en su conjunto y no aisladamente.
Creemos, en suma, que la soluci?n m?s valiosa ser? la de que, en definitiva, impida que el acosador se beneficie con la impunidad s?lo por que existen dificultades probatorias.

II.- Medios de prueba
Es evidente que el juez no puede penetrar en la verdad m?s all? de lo que surge de los hechos exteriorizados ante terceros o registrados de otro modo a trav?s de medios probatorios. No obstante, en esencia, ?stos pueden no demostrar cabal y plenamente la realidad de los sucesos que, en sus aspectos de mayor trascendencia, suelen acaecer en la relaci?n laboral.
Sea el hostigamiento de ?ndole sexual o involucre tambi?n el asedio psicol?gico, el proceso puede desembocar ?lo que es usual- en persecuciones por parte de un superior jer?rquico, abusando de la situaci?n de subordinaci?n jur?dica y econ?mica que impone todo v?nculo laboral . En tales casos, el trabajador podr? valerse de cualquier medio de prueba .
Tal como lo anticipamos, las conductas implicadas en el acoso psicol?gico pueden ser m?s o menos sutiles y detectables por terceros ajenos a la victima, los que en raras ocasiones testificar?n en contra de un superior jer?rquico . Normalmente ?stos no quieren hablar y tampoco denuncian el hecho.
En un caso estudiado por un tribunal espa?ol se destac? especialmente el valor mostrado por los trabajadores que prestaron testimonio a instancia de la parte actora, dadas las especiales circunstancias que se viv?an en el interior de la empresa (con ceses voluntarios, depresiones, etc.), y la contundencia, firmeza y veracidad con que uno tras otro fueron exponiendo la situaci?n .
Por su parte, la jurisprudencia nacional sostuvo que para acreditar que existi? acoso
-aunque esto fue dicho en un caso en que la conducta ten?a connotaciones sexuales-, era v?lido cualquier medio probatorio, incluso el testimonial. Si bien ?ste constituye uno de los medios cl?sicos probatorios cuya efectividad ha sido cuestionada por inseguro, lo cierto es que, en algunas ocasiones, la prueba de testigos es el ?nico medio con que se cuenta para reconstruir la realidad f?ctica que da sustento a la controversia jur?dica. Adem?s, la circunstancia de que un testigo se encuentre emocionalmente involucrado en un incidente laboral, no es factor suficiente para prescindir de su relato; sin perjuicio de ello, la valoraci?n ha de ser muy estricta y prudente por parte de los jueces, en busca de la verdad material para lograr una eficiente aplicaci?n de las normas jur?dicas .
La prueba documental, en caso de que exista , servir? tambi?n como elemento para acreditar la presencia del hostigamiento. Sobre este aspecto se precis? que el propio desequilibrio psicol?gico que siempre suele acompa?ar al acosador, hace que en numerosas ocasiones, a la hora de materializar sus actividades denigratorias, deje alg?n tipo de rastro o prueba escrita demostrativa de su idea obsesiva por la v?ctima (por ejemplo, cartas de sanciones, avisos por incumplimientos inexistentes, advertencias incomprensibles, modificaciones sustanciales de condiciones escritas o incluso instrucciones laborales inusitadas, etc.) .
Por otra parte, debido a las peculiaridades propias de las conductas implicadas deber?n tomarse en consideraci?n tambi?n los indicios y presunciones que puedan emanar de las declaraciones del afectado ?sin perjuicio de analizar esos dichos con el cuidado que el caso merece - y de aquellas circunstancias que rodean el proceso, sin descartar, por supuesto, los testimonios de compa?eros de trabajo que puedan dar, aunque sea minimamente, pautas de conducta del acosador, aun desde el punto de vista del comportamiento general .
En t?rminos generales, frente a los comportamientos que configuran el proceso de acoso, todas las pruebas resultan admisibles, incluyendo tambi?n la de presunciones. Estas juegan un rol preponderante en determinadas circunstancias por ser pr?cticamente las ?nicas que est?n al alcance del damnificado, m?xime cuando ellas se infieren de hechos seriamente probados que lleven al ?nimo del juzgador la razonable convicci?n de las conductas o condiciones que se quiere demostrar.
La evidente dificultad probatoria conduce, pues, necesariamente a admitir la prueba de presunciones y las pruebas indirectas que permiten sancionar y perseguir estos comportamientos que, por estar referidos al ?mbito subjetivo de la persona, solo pueden ser demostrados recurriendo a dichos medios de prueba .
Por ello, el juez apreciar? la prueba ponderando la totalidad de los indicios probatorios que se le presenten , que pueden indicar la existencia de un plan o de un comportamiento alineado en un plan de hostigamiento sistem?tico.
En ese mismo orden de ideas se sostuvo que siendo evidente que a la hora de evaluar las conductas que dieron lugar a la amenaza laboral es poco probable que se pueda acceder a un conocimiento pleno de lo ocurrido, el juez deber? obtener la certeza moral de que la denuncia no constituye una falsedad a los fines de obtener un beneficio econ?mico o de da?ar injustificadamente a la persona del presunto acosador. Por lo tanto, en los casos en que no es posible la prueba directa de los presupuestos f?cticos, cobra mayor vigencia -por ende- el valor de los indicios que permitan arribar a la configuraci?n de las presunciones graves, precisas y concordantes que el art?culo 163, inciso 5, del C?digo Procesal eleva a la categor?a de pruebas .
En materia laboral la justicia nacional ha aceptado tambi?n la prueba de presunciones, cuando entre el hecho que se tiene como demostrado y el que se trata de establecer, exista una conexi?n tan ?ntima y estrecha que aleje la posibilidad de llegar a conclusiones distintas. Respecto de la concurrencia de los tres requisitos cl?sicos de las presunciones, se aclar? que no debe exigirse con todo rigor, ya que en esta materia la funci?n evaluadora del juez tiene un dilatado campo de acci?n .

III.- Objeto y carga de la prueba. La aplicaci?n de la teor?a de las cargas probatorias din?micas
La pretensi?n debe asentarse sobre premisas f?cticas bien demostradas. Ello, por cuanto quien invoque padecer acoso moral no debe acreditar solamente posibles arbitrariedades empresariales en el ejercicio del poder directivo, ni es suficiente la afirmaci?n de problemas laborales o la existencia de un proceso depresivo .
Es preciso demostrar concretamente: a) que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o, en su caso, como sujeto tolerante del proceso, era perjudicar la integridad ps?quica del trabajador o desentenderse de su deber de protecci?n en tal sentido y b) que se le han causado da?os ps?quicos, lo que exige la existencia de una cl?nica demostrativa de la patolog?a descrita por la psicolog?a , esto es, los datos f?cticos que integran el acoso moral . De todos modos, la resistencia del individuo ante las situaciones de esta naturaleza depender? de la capacidad de cada uno, de su constituci?n f?sica, de su confianza en s? mismo, de su fortaleza psicol?gica, del apoyo que tenga en su entorno, de la estabilidad o no de sus condiciones personales y familiares y en definitiva de su capacidad de resoluci?n ante problemas y vicisitudes, aunque es evidente que cuanto m?s se prolongue en el tiempo, esa capacidad de resistencia del individuo tiende a verse disminuida, pues ante una inicial muestra de resistencia, el agresor reacciona con una mayor y m?s constante e intensa presi?n .
En cuanto a la carga de la prueba del mobbing, la jurisprudencia espa?ola ha considerado que cuando se prueba indiciariamente que la extinci?n de un contrato de trabajo puede enmascarar una lesi?n de derechos fundamentales se ha de invertir el onus probandi. As?, si el trabajador invoca la existencia de causa atentatoria a su derecho a la integridad en las decisiones, ?rdenes o actitudes, sobre la empresa recae la carga de acreditar que su conducta es ajena a todo prop?sito contrario al derecho fundamental en juego, para lo que, adem?s, cuenta con medios de f?cil disponibilidad a su alcance en estos casos de acoso moral, especialmente pruebas periciales psicol?gicas y los informes o declaraciones de los responsables de salud laboral y de los representantes de los trabajadores . Siguiendo esta misma l?nea argumental se sostuvo que el empresario deb?a acreditar que su decisi?n obedec?a a motivos razonables y ajenos a todo prop?sito atentatorio del derecho de que se tratase, como as? tambi?n la aportaci?n de una justificaci?n, objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad . A lo cual se a?adi? que las reglas de la carga probatoria no deben estar solamente matizadas por las peculiaridades propias del proceso laboral, o por la concurrencia de una mayor o menor sensibilizaci?n judicial, sino que deben estar expresamente reguladas, mediante pautas de inversi?n, an?logas a las que -en la actualidad- presiden los procesos de defensa de derechos fundamentales .
A su vez, en el ?mbito nacional en un caso en el que se reclamaba la responsabilidad derivada del acoso sexual se declar? que incumb?a a la empleadora probar acabadamente la falta de responsabilidad por la conducta cuestionada de su dependiente, por encontrarse en mejor posici?n para informar acerca de las condiciones en que se desenvolv?an las labores de sus empleados .
Conviene recordar aqu?, por otra parte, nuestra ley formal dispone que los jueces deben apreciar la prueba seg?n las reglas de la sana cr?tica, las que seg?n lo ense?a el maestro Couture son ?reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relaci?n a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios l?gicos en que debe apoyarse la sentencia? .
Asimismo, la doctrina ha ido elaborando la teor?a de las pruebas leviores aplicables a los asuntos en que resulta dif?cil cumplir la carga de la prueba por circunstancias ajenas al titular y en la actualidad ha adquirido relevancia tambi?n aquella concepci?n din?mica que permite cierta movilidad al tiempo de examinar los casos. Este valioso aporte doctrinario, que introdujo la idea de solidaridad y colaboraci?n de las partes en la etapa probatoria del proceso , permite, en definitiva, que los jueces cumplan con su deber de esclarecer los hechos controvertidos . Ello, por cuanto la facultad de "ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos" que contempla el art. 36, inc. 2?, del C?digo Procesal es, en verdad, un deber inexcusable de los jueces cuando la prueba es decisiva para la soluci?n del litigio. Con lo cual queda evidenciado entonces el ocaso de las teor?as tradicionales sobre la carga de la prueba .
Si centramos el estudio en el ambiente laboral que es en el que se desenvuelve la problem?tica, el propio fundamento de la teor?a de las cargas din?micas radica en el principio de solidaridad ?tica que establece el deber de probar de quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, m?xime cuando las probanzas exigidas se encuentren constituidas por las denominadas pruebas negativas. Luego, partiendo de las caracter?sticas propias de la dependencia laboral y de las conductas humanas involucradas, se impone el principio de primac?a de la realidad. En atenci?n a la especial sensibilidad que el juzgador debe tener en esta materia, no corresponde que se detenga en la superficie aparente de las situaciones jur?dicas, sino que debe buscar en lo m?s profundo, o sea, en lo real. .
El concepto de las "cargas probatorias din?micas? se ve tambi?n reflejada en la jurisprudencia laboral. En efecto, los litigantes deben aportar al proceso todos los datos de la realidad que est?n a su alcance antes del dictado de la sentencia, ya que no pueden refugiarse en un mero abstencionismo o c?moda inactividad, porque las consecuencias se ver?n al momento de saber la verdad material que los enfrenta. Se trata de una atribuci?n "cooperativa" de la carga de probar ciertos extremos relevantes y la particular fluctuaci?n de las cargas concretas de probar en un proceso, dependiente de circunstancias propias de cada caso y guiada por el distinto grado de dificultad que, para cada parte, importe acreditar un mismo presupuesto de hecho .
Finalmente, tengamos presente que el comportamiento procesal de los litigantes contribuye a formar la convicci?n del sentenciante, sea mediante la aplicaci?n del art. 163 inc. 5 del C?digo Procesal Civil y Comercial de la Naci?n (prueba presuncional) o bien del art. 386 del mismo cuerpo legal (esta vez considerada como fuente de convicci?n) .
En suma, dada la obvia limitaci?n de posibilidades que tiene la v?ctima del acoso psicol?gico en lo referente a la colecci?n de los elementos probatorios respectivos, creemos que a?n sin llegar a la necesidad de arbitrar mecanismos inversores de esa carga probatoria, debe ser observado el criterio "favor victimae". En estos casos corresponder?, pues, a los jueces atemperar el rigorismo a fin de no disipar intereses leg?timos, debiendo acudir a criterios de normalidad para liberar de arduas demostraciones al litigante que hubo de producir prueba y no la produjo .

IV.- Conclusiones
El magistrado que juzga el acoso moral no puede permitir que, en la contienda procesal, el formalismo neutralice los objetivos tuitivos del derecho de fondo, sobre todo si se tiene en cuenta que la Corte Suprema, desde antiguo, ha advertido que la renuncia a la b?squeda de la verdad jur?dica material y la renuncia voluntaria a ese objetivo resultan incompatibles con el adecuado servicio de justicia .
No debe permitirse que las ya fr?giles y precarias condiciones laborales en que se desempe?an miles de personas en raz?n del elevado nivel de desocupaci?n que consignan en las estad?sticas oficiales, se vean agravadas por las conductas asumidas por empleadores o superiores jer?rquicos, quienes munidos de un rol o posici?n dominante, menoscaban y avasallan elementales derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales con rango constitucional y los del trabajador que consagra la Constituci?n Nacional .
Como la dificultad de la prueba no es un sin?nimo de impunidad, debe evitarse que la ileg?tima actitud de un acosador psicol?gico encuentre amparo en ello para eludir, de esta manera, su responsabilidad. Debemos tener presente que un halo de impunidad fomenta las conductas violentas ?tico-jur?dicas repudiables ?a?n en sus formas m?s sutiles, como la psicol?gica-, con grave menoscabo de una convivencia civilizada e hiriendo pilares b?sicos del bien com?n y de un estado de derecho.
Nos parece conveniente, pues, la aplicaci?n de la teor?a de las cargas probatorias din?micas, de manera tal que sobre ambas partes (y no solamente la parte actora), recaiga la obligaci?n de realizar los esfuerzos posibles para llevar la verdad de los hechos al expediente.
Esta soluci?n, aparte de brindar a la cuesti?n judicial una flexibilidad mayor, tiene otro efecto favorable: los empleadores no podr?n escudarse en una cerrada y maliciosa negativa de los hechos, sino que van a tener que probar todo lo que se encuentre en su favor. Ello les impondr?, asimismo, la necesidad de adoptar pol?ticas preventivas para evitar estas situaciones de acoso, y -por otro lado- a actuar y tomar medidas cuando se producen denuncias y/o situaciones referidas al fen?meno .
A su vez, las direcciones habr?n de garantizar que los acosadores no contin?en con sus pr?cticas perversas poniendo a las personas en situaci?n de indefensi?n. Y la primera medida m?s eficaz ser? que la empresa manifieste de manera inequ?voca que el acoso moral no se tolera en absoluto. En segundo lugar, estas situaciones deben ser prevenidas mediante pol?ticas de gesti?n de personal adecuadas y, una vez manifestadas, habr?n de ser analizadas y solucionadas para evitar su reproducci?n futura. Tambi?n se debe procurar el compromiso de los responsables de las organizaciones de que la ?tica est? presente en el comportamiento diario y de impulsar un entorno laboral libre de acoso. Adem?s de ser observadas las normas y valores ?ticos en todos los niveles de la organizaci?n, se deber? mejorar la comunicaci?n, la responsabilidad y la competencia de la direcci?n a la hora de abordar conflictos e implicar a los trabajadores y a sus representantes en la evaluaci?n de riesgos y la prevenci?n del acoso moral. Es que siempre la equidad en el lugar de trabajo en gran medida estimula la estima y favorece tambi?n el clima de respeto que contribuye a la motivaci?n del trabajador y al mejoramiento de la productividad.
Por ?ltimo, tal como lo sostiene Nelson Mandela en el pr?logo del Informe mundial sobre la violencia y la salud , muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como consustancial a la condici?n humana, pero no es as?. Es posible prevenirla, as? como reorientar por completo las culturas en las que impera. Debemos ser, pues, incansables en nuestros esfuerzos para hacer frente a las ra?ces de la violencia y transformar de esta manera el legado de violencia que nos toc? vivir en una experiencia aleccionadora.

Publicado por tuasesor @ 23:43
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(Espa?a-Galicia) Un juez de Ferrol acaba de dictar la primera sentencia por acoso laboral horizontal -entre trabajadores- que se da, presumiblemente, en Galicia. Una ATS de la residencia de la Tercera Edad del barrio de Caranza debe ser indemnizada en m?s de 6.000 euros por la Xunta, a la que pertenece el geri?trico, por inacci?n, tanto por no impedir la situaci?n de hostigamiento como, posteriormente, por mantener marginada a la v?ctima.
El juez Eloy Hern?ndez Lafuente, titular del Juzgado de lo Social n?mero 2 de esta ciudad, diferencia claramente lo que es la acci?n sindical (las dos trabajadoras y el trabajador condenados pertenecen a la CIG) y el acoso. Por ello, la sentencia establece un primer periodo en el que Juan Carlos F., Elisa C. y Lydia R. llevaron a cabo su acci?n para que ?ngeles Gonz?lez P?rez (la v?ctima) fuese destituida como ATS coordinadora de planta. Y la fase posterior, cuando la conseller?a, tras vaciar de contenido el cargo coloc?ndole otra enfermera contratada para asumir parte de sus funciones, continu? el hostigamiento de los tres empleados. Unos son condenados por acci?n (los tres trabajadores) y otros por inacci?n (la Xunta). El mobbing se concret?, consecuentemente, a partir de la destituci?n de la v?ctima. El asunto del cese fue discutido en el comit? de empresa donde CIG (2) lo propuso, CC.?OO. (1) se opuso, y UGT (1) y CDIL(1) no se llegaron a pronunciar.
Un puesto conflictivo
El juez reconoce que el empleo de coordinador, que no aparece en la relaci?n de puestos de trabajo (RTP), no est? retribuido, es una responsabilidad conflictiva y sobre ?l recaen las tensiones de falta de personal de la residencia. Hasta el punto de que la v?ctima pidi? al director que nombrase a otro empleado, pero no consigui? candidato alguno, salvo una persona, afiliada a la CIG, que dijo que lo aceptar?a si se inclu?a en la relaci?n de puestos de trabajo (RPT). ?En qu? se concret? el acoso? Recogida de firmas en contra de la coordinadora, luego guardadas en un caj?n durante a?o y medio con un texto posterior cuya autenticidad pusieron en duda en el juicio alguno de los firmantes; e innumerables desplantes y descalificaciones.
As?, se consigui? su cese en el 2004. Pero luego sigui? el acoso de los tres condenados. En el ?ltimo trimestre del pasado a?o, la situaci?n lleg? a tal punto que el director le dijo a la ATS ?que procurara no subir a las plantas para evitar situaciones de conflicto con los codemandados?. Para entonces, ella hab?a sufrido ya varias situaciones de depresi?n por la fuerte carga emocional del a?o anterior. Pero esta situaci?n prueba tambi?n la inacci?n de la conseller?a porque ?exist?a una situaci?n real de hostigamiento contra la actora y la empresa (Xunta) lo sab?a perfectamente sin tomar medidas?, seg?n se refleja en la sentencia
Sin ocupar el puesto de coordinadora, los tres continuaron ?menospreciando su escasa labor profesional residual a pesar de que la ATS contratada ya no ejerc?a?, se lee en el fallo judicial.
En esta situaci?n, ?ngeles Gonz?lez sufri? un actuaci?n ?consciente de omisi?n?, que es considerada por el juez que dirimi? el caso como acoso indirecto.
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Para que un caso de acoso laboral sea aceptado por los tribunales se precisa probarlo adecuadamente. Mar?a de los ?ngeles Gonz?lez P?rez ha agradecido p?blicamente el apoyo de parte de sus compa?eros, que acudieron al juicio para declarar en su favor. Tambi?n mostr? su reconocimiento al secretario comarcal de UGT y a la letrada Enma Gonz?lez, de Tribunalia. ?Cuando sufres una situaci?n como la que yo he vivido -dice ?ngeles Gonz?lez- a veces te autoinculpas y no ves el problema, s?lo hasta que unas compa?eras me lo explicaron y me asesoraron comenc? a ver d?nde estaba metida?.

La vuelta

Por eso el juez tambi?n advierte a la Xunta que debe tomar medidas para que la situaci?n no se repita. Cuando ?ngeles Gonz?lez termine su baja y se reincorpore debe tener una actividad que desarrollar en la residencia, con competencias claras, condiciones laborales y medios necesarios. Y si se reproduce el hostigamiento, la respuesta de la conseller?a debe ser por la v?a disciplinaria.
Porque, explica la sentencia, es la empresa, en este caso la Xunta, la que debe garantizar la seguridad e integridad de sus empleados y, por ello, se le condena a que abone la indemnizaci?n a la ATS.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dentro de un plazo de tiempo ya establecido.

22/05/2005

Publicado por tuasesor @ 23:42
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Gobierno, sindicatos y patronal firmaron en la Moncloa un acuerdo que limita el encadenamiento de contratos temporales.

El camino para consensuar la reforma que pretende terminar con la temporalidad laboral llega a su final con la firma de un acuerdo en la Moncloa entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

El Inem daba a conocer que el paro descendi? en abril 2006 en 72.854 personas, la mayor reducci?n en ese mes desde 1980. Ese d?a se anunci? que, tras 14 meses de negociaci?n, se hab?a logrado un acuerdo para la reforma laboral.

Las claves

1 Temporalidad.

Para frenar la temporalidad (en Espa?a, el 30% de los trabajadores tienen contrato temporal, mientras que la media europea es del 13%), el acuerdo limita el encadenamiento de contratos a un mismo trabajador a un m?ximo de 30 meses. Se excluyen los contratos formativos y de interinidad.

2 Fijos por despido m?s barato.

A cambio de fomentar la fijeza, los trabajadores que sean despedidos cobrar?n menos indemnizaci?n, 33 d?as por a?o trabajado, en vez de los 45 del contrato indefinido ordinario.

3 ?Para qui?n?

La reforma beneficiA a entre 500.000 y 1.000.000 de trabajadores temporales, seg?n el secretario general de Empleo, Valeriano G?mez. Podr? aplicarse a los contratos temporales suscritos antes del 31 de diciembre de 2007.

4 Bonificaciones.

Se bonifican los contratos indefinidos con cuant?as anuales que van desde 500 a 3.200 euros, y con una duraci?n de entre cuatro a?os y la vigencia del contrato. Por ejemplo, las conversiones en indefinidos de contratos formativos, de relevo y sustituci?n por jubilaci?n recibir?n incentivos de 500 euros ?por espacio de cuatro a?os?, y suben a 3.200 euros (durante todo el contrato) las fijezas de personas con discapacidad severa. Tambi?n se incentivan las de mayores de 45 a?os (1.200 euros al a?o en todo el contrato) o las de mujeres que hayan estado cinco a?os inactivas y que hubieran trabajado, al menos, tres a?os o que sean contratadas en los 24 meses siguientes al parto (1.200 euros, durante cuatro a?os, en ambos casos).

5 Cuant?a.

El coste de las bonificaciones previstas para estas medidas ronda en torno a los 2.600 millones de euros, seg?n el secretario de Acci?n Sindical de UGT, Toni Ferrer.

6 Cuotas rebajadas.

Otra de las iniciativas es la obtenci?n de rebajas en las cuotas al desempleo que pagan las empresas por los indefinidos. Pasar?n a ser del 0,25% desde el 1 de julio de este a?o 2006 .

Publicado por tuasesor @ 23:39
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De acuerdo a un informe publicado por la escuela de negocios London School of Economics, la depresi?n y los trastornos por ansiedad cuestan al Reino Unido 17.000 millones de euros cada a?o, d?nde hay m?s personas de baja por trastornos emocionales que el n?mero total de parados. En Estados Unidos, la Fundaci?n Americana de Prevenci?n del Suicidio calcula un coste de 51.000 millones de d?lares debido a la p?rdida de productividad y 26.000 millones de d?lares adicionales en tratamiento m?dico para personas que sufren depresi?n cr?nica.

En Espa?a el coste total de los trastornos depresivos y por ansiedad se estima en 750 millones de euros anuales, excluyendo el impacto en la productividad.

Seg?n la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS), la depresi?n es la causa principal de discapacidad. En Espa?a afecta a uno de cada 10 personas y est? creciendo principalmente en edades productivas. Esto supone un gran coste para las econom?as nacionales y una reducci?n considerable en el rendimiento econ?mico de las empresas, en contraste con las enfermedades card?acas que afectan a una edad m?s avanzada. As?, la London School of Economics propone implementar psicoterapia en las empresas.

No obstante, la psicoterapia puede limitar la carrera profesional. La mayor?a de personas no le dir?a a su jefe que est? sufriendo dificultades mentales o emocionales, por miedo a que ser?n vistos como no aptos. En cambio es mejor ausentarse del trabajo por problemas m?s tangibles como resfriados, dolor de espalda o incluso por estr?s. Esto supone un c?rculo vicioso, pues estr?s prolongado desemboca en depresi?n. ?Qu? puede hacerse para reducir el estr?s innecesario y negativo en el lugar de trabajo? La soluci?n m?s reciente y popular es la conciliaci?n, la flexibilidad horaria, clases de yoga o guarder?as de empresa. Las medidas de conciliaci?n permiten a los empleados equilibrar sus responsabilidades en el lugar de trabajo con sus compromisos familiares y acoplarse mejor a sus necesidades.

Pero si al jefe no le gusta, por ejemplo, que su subordinado vaya a yoga, cuando ?ste acuda a su clase, se pasar? 30 minutos respirando mientras piensa en c?mo su jefe desconf?a de ella.

La conciliaci?n es a menudo malinterpretada. En el lugar de trabajo hay un lugar para el estr?s, para un estr?s positivo que implica enfrentar, solucionar, y crecer con los retos naturales planteados por el trabajo, confiando en que trabajando en equipo se es capaz de superar los obst?culos con ?xito.

Las mejores organizaciones son conscientes de su responsabilidad social y financiera para manejar y equilibrar el estr?s positivo y negativo. Las compa??as que reconocen ?sto y act?an en consecuencia presentan niveles de absentismo significativamente inferiores, responden con m?s rapidez a las demandas del mercado y disfrutan de mejores relaciones con sus clientes. El camino para conseguirlo es ?nico para cada organizaci?n, pero existe un tema com?n y universal: la confianza.

Cuando no existe confianza en el lugar de trabajo, es f?cil sentirse negativo, a la defensiva, y en ?ltima instancia deprimido. Con confianza, es natural sentirse abierto, comprometido, preparado para afrontar los retos y lo m?s importante: feliz. Seg?n el art?culo 4 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas deben ?asegurar la integridad f?sica y psicol?gica de los empleados y el respeto a su bienestar emocional?.

Por lo tanto, es responsabilidad de las personas que dirigen organizaciones y gobiernos reflexionar sobre qu? hacer para crear un clima de confianza d?nde el valor del estr?s es positivo.

Publicado por tuasesor @ 23:33
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"Toda empresa requiere un modelo organizativo en el que participen activamente los trabajadores con el objetivo de atender a su bienestar y no s?lo a la maximizaci?n de los beneficios econ?micos"

Las nuevas formas de organizaci?n del trabajo en las empresas est?n fomentando que los trabajadores est?n sometidos a continuas y cada vez m?s complejas relaciones interpersonales. Como consecuencia, se producen situaciones en las que un sujeto se convierte en el blanco del grupo al que pertenece, siendo sometido por ?ste o por alguno de sus miembros con permisividad del resto a una persecuci?n que le va a producir importantes trastornos en su salud, tanto f?sica como ps?quica, siendo en muchos casos necesario la asistencia m?dica y psicol?gica. En este sentido existen tres tipos de acosadores: entre compa?eros, descendente (de un superior respecto a un trabajador) y ascendente (de abajo hacia arriba).

El acosador realiza una persecuci?n repetitiva y prolongada en el tiempo que produce a la victima de ?mobbing? una situaci?n de malestar e inseguridad que repercute en su trabajo y productividad y transciende al ?mbito familiar. Por ello, las actividades preventivas deben estar encaminadas a evitar en la medida de lo posible la aparici?n de conflictos, es decir que una empresa sepa detectar una determina situaci?n de deterioro en las relaciones laborales y que establezca una pauta salida, con un estudio en cada caso, a ese problema.

Publicado por tuasesor @ 23:30
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Condenados por mobbing a cinco empleadas los jefes de la cafeter?a del Cl?nico santiagu?s

Cinco trabajadoras de la cafeter?a del hospital Cl?nico fueron acosadas y sufrieron da?os morales en su trabajo al menos durante dos a?os. Las cinco eran camareras de este bar restaurante, y tuvieron que acogerse a diversas bajas por estr?s psicol?gico. "Ninguna de ellas tiene m?s de 30 a?os, y el caso fue denunciado a la gerencia del Cl?nico y a la multinacional que gestiona las cafeter?as, se?ala la abogada que llev? el caso, Carmen Romero.

La situaci?n que viv?an estas cinco trabajadoras era insoportable: "Qued? demostrado que tanto el responsable de la cafeter?a, como el encargado del mismo local las insultaban delante de los clientes, les dedicaban palabras de tono despreciativo e insultos sobre sus formas femeninas, o si le marcaba el uniforme que llevaban", expresa la letrada.

El caso se llev? a juicio en enero de 2005 y la sentencia sali? en enero de 2006 obligando a la empresa a cesar en la conducta de acoso y a indemnizar a las j?venes econ?micamente.

"Sodexho, sin embargo, la recurri?, pero ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirm? la condena", explica Carmen Romero. De este modo, Sodexho debe hacer todo lo que crea conveniente para que la conducta de acoso cese realmente y, adem?s, deber? pagar a cada afectada una indemnizaci?n, por da?o moral, de 30.000 euros.

Una de las j?venes que sufrieron este caso de mobbing ya ha encontrado otro trabajo, lejos del hospital Cl?nico. Dos m?s, sin embargo, "est?n ahora mismo desempe?ando su labor en esta cafeter?a", a?ade la abogada, y las otras dos est?n de baja por da?os ps?quicos, pero pronto deber?n incorporarse tambi?n a su puesto en este lugar. Adem?s, la Fiscal?a iniciar? contra los acusados un proceso penal.

Publicado por tuasesor @ 23:26
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Un total de 32 trabajadores de Repsol Qu?mica fueron premiados ayer por la empresa por su implicaci?n con la seguridad laboral en el complejo. Una iniciativa que, como explic? el director del ?rea Miguel ?ngel L?pez Rivas, ?tiene como objetivo que el personal operativo de la planta est? m?s involucrado con la seguridad?.

De esta forma, en un acto en el que tambi?n estuvieron presentes el delegado de Trabajo, Jos? Mar?a Arcos y el director general de Seguridad Laboral, Juli?n Mart?n, se premi? a los mejores grupos de trabajo que a lo largo del pasado a?o han destacado en su compromiso con la seguridad en su trabajo diario y han llevando a cabo protocolos como el de potenciar la comunicaci?n de los incidentes para su posterior estudio y valoraci?n.

En concreto, se entreg? un primer premio que recay? en el turno 15 de estireno, compuesto por once trabajadores que recibieron como detalle una PDA y un GPS y un segundo galard?n que fue a parar a las 21 personas que forman parte de los equipos din?micos del complejo que recibieron un reloj.

El director general de Seguridad Laboral manifest? sus satisfacci?n por poder hacer entrega de estos galardones y apunt? que la iniciativa de Repsol Qu?mica es ?una buena pr?ctica que deber?a hacerse extensiva al resto de las empresas?.

En este sentido, afirm? que el Gobierno regional mantiene su compromiso con la prevenci?n de riesgos laborales como muestra que el presupuesto en esta materia se haya triplicado desde que en 2004 se puso en marcha el plan de actuaciones y destac? que se a lo largo de este a?o ?stas se incrementar?n en m?s de 5.300 con respecto a las de 2006 para vigilar que se cumple la ley de prevenci?n de riesgos laborales.

De igual forma, Mart?n apunt? que el Gobierno regional no publicar? la lista de empresas sancionadas por accidentes muy graves hasta que no exista el marco legal avalado por el ministerio

Publicado por tuasesor @ 23:25
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La Audiencia Provincial de C?diz ha rebajado un 20% la indemnizaci?n que fueron condenados a pagar, como responsables de un accidente laboral mortal, siete responsables de la obra en la que falleci? electrocutado un trabajador.

La nueva sentencia sobre el caso, que revoca parcialmente una anterior, considera que del accidente fueron culpables los condenados (un constructor, tres arquitectos, una aparejadora y dos encargados de obra) debido al incumplimiento de las normas de seguridad en la obra en la que se produjo el siniestro. Pero tambi?n estima la resoluci?n que la v?ctima tuvo en parte la culpa debido a su conducta, por lo que decide disminuir la indemnizaci?n que fij? el juez de lo Penal.

El accidente ocurri? en noviembre de 1999 en una finca de San Jos? del Valle en la que una constructora estaba ampliando una nave. Sobre la obra pasaban unos cables el?ctricos que soportaban una tensi?n de 16.000 voltios. Esa l?nea ten?a que haber sido inutilizada antes de ser iniciada la obra, seg?n explican los hechos probados de las dos sentencias. Pero no fue as?. Cuando A.Q., oficial de primera, se encontraba manipulando una gavilla de hierro durante los trabajos de enfoscado de una fachada de la nave, recibi? una descarga que le produjo la muerte por electrocuci?n. Ten?a 47 a?os, estaba casado y era padre de tres hijos de corta edad.

La viuda del trabajador renunci? a ejercer acciones penales y civiles al haber sido indemnizada conjuntamente por la compa??a de seguros de la empresa constructora, la propia constructora (en nombre de sus empleados) y los arquitectos.

El caso fue juzgado el a?o pasado en el Juzgado de lo Penal n?mero 1 de Jerez. La sentencia, dictada por el magistrado Manuel Buitrago, conden? a siete responsables de la obra porque consider? que incumplieron su obligaci?n de dejar sin tensi?n la l?nea el?ctrica y facilitar as? un entorno de trabajo con las m?nimas condiciones de seguridad.

El juez destaca en la sentencia que le result? "curioso" que buena parte del juicio estuviese dedicado a discutir si la gavilla que cogi? el trabajador fallecido era adecuada. Esto es, si la culpa del accidente fue del propio trabajador. Y anota el magistrado: "Resulta irrelevante la conducta de la v?ctima a causa de su propia imprudencia profesional derivada de su habituaci?n al riesgo, pues por encima de ello est? la obligaci?n del empresario (y su personal con facultades de direcci?n) de cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad, medidas ?stas que, como viene razon?ndose, con relaci?n a la l?nea a?rea de media tensi?n simplemente no exist?an".

La sentencia sobre el caso dictada por la Secci?n Octava de la Audiencia Provincial de C?diz, con sede en Jerez, de la que ha sido ponente la magistrada Lourdes Mar?n, defiende ahora otra posici?n. Dice que el accidente lo provoc? "la desidia, dejadez e incumplimiento de las normas de seguridad" y culpa de ello a los condenados. Pero afirma tambi?n que est? acreditado que "el trabajador tom? una gavilla de seis metros pese a que se hab?an hecho de tres metros y que ello pudo ser la causa del accidente". Por lo que, agrega el tribunal, si bien no se comparte que exista culpa exclusiva de la v?ctima", ya que no era al trabajador a quien correspond?a "adoptar la decisi?n de dejar inutilizada la energ?a, s? ha podido influir directamente en dicho resultado la conducta del trabajador, lo que en todo caso determina una concurrencia de culpas".

De acuerdo con ese criterio, el tribunal considera que la intervenci?n de la v?ctima influy? en el resultado del accidente pero no de forma "determinante ni relevante", sino "en un 20%", que es el porcentaje que, por tanto, estima que debe disminuir la indemnizaci?n fijada en la sentencia.

La primera sentencia no s?lo fue recurrida por la defensa de los procesados. La Fiscal?a tambi?n present? un recurso. La Audiencia lo estima en parte al aumentar de un a?o de prisi?n a un a?o y medio la pena que fue impuesta a cinco de los siete condenados.

Publicado por tuasesor @ 23:21
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?La formaci?n en prevenci?n de riesgos laborales es un prioridad, un elemento b?sico para reducir las altas tasas de siniestralidad de la regi?n y las enfermedades profesionales?. As? lo indicaron ayer los responsables de Salud Laboral y Formaci?n de CCOO, Julio L?pez y Antonio Arrogante, respectivamente, quienes destacaron el esfuerzo en materia de concienciaci?n realizado por este sindicato durante el pasado a?o.

En concreto, CCOO form? a m?s de 3.800 trabajadores en prevenci?n de riesgos laborales en 2006, 1.200 m?s que en 2005, seg?n subray? L?pez.

De este modo, desde la Fundaci?n Formaci?n y Empleo Miguel Escalera (Forem) se impartieron 136 cursos de formaci?n continua, en los que se introdujo un m?dulo de tres horas de salud laboral.

Asimismo, durante el pasado ejercicio se pusieron en marcha tres cursos de 600 horas para formar a t?cnicos superiores en Prevenci?n de Riesgos Laborales.

Por ?ltimo, Forem tambi?n desarroll? 26 cursos para desempleados con un m?dulo b?sico de treinta horas lectivas en materia de salud laboral, as? como un 23 m?dulos espec?ficos, destinados fundamentalmente a educadores y funcionarios de la Administraci?n.

Por otra parte, desde la Federaci?n regional de Salud Laboral, se impartieron 50 cursos, con un total de 1.500 horas lectivas, en los que se formaron a 857 trabajadores en prevenci?n de riesgos.

?A estos cursos hay que a?adir la formaci?n espec?fica realizada desde las diferentes federaciones que componen nuestra organizaci?n?, apunt? L?pez.

En otro orden de cosas, el responsable de Salud Laboral de CCOO valor? la toma de contacto celebrada el pasado lunes, 12 de febrero, entre la patronal regional y los sindicatos.

?Un proceso de dialogo que, al menos, nos permite explorar la posibilidad de un acuerdo intersectoral en materia de siniestralidad laboral? y reducir los accidentes de trabajo, explic? L?pez.

Por ?ltimo, se?al? que la discusi?n para publicar una lista con el nombre de los empresarios que incumplen la Ley de Prevenci?n de Riegos laborales ?sigue abierta?, ya que ?no hay decisi?n desde la Administraci?n regional al respecto?.

No obstante, se?al? que el debate abierto en CLM ?se ha trasladado al ?mbito nacional? y record? que el Ministerio de Trabajo est? elaborando un borrador de Real Decreto que regula la publicaci?n del nombre de las empresas con una sanci?n muy grave, que se enmarca en la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social y en la Estrategia Espa?ola de Seguridad y Salud Laboral.

Publicado por tuasesor @ 23:18
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La AN da la raz?n a CCOO: Deben computarse, a efectos de promoci?n, todos los per?odos con contrato temporal
La Audiencia Nacional, con fecha 5 de Febrero de 2007, ha estimado la demanda de conflicto colectivo presentada por COMFIA-CC.OO. contra Caja Layetana dictando sentencia con el siguiente fallo:

"En la demanda formulada por la FEDERACI?N DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoci?n por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoci?n todos los per?odos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaraci?n".

Aunque esta sentencia puede ser recurrida, se encuadra en la doctrina que de manera reiterada y extensiva viene dictando el Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de establecer diferencias entre trabajadores seg?n su tipo de contrato. Recientemente, adem?s, y sobre casos muy similares el alto tribunal se ha venido pronunciando favorablemente para el personal de Correos.

Desde COMFIA-CC.OO. nos felicitamos por haber contribuido a la promoci?n de esta doctrina del Tribunal Supremo al obtener sentencias favorables en diversas ocasiones desde los a?os noventa frente a "la Caixa", Caixa Catalunya, C. Gral de Granada, Bancaixa y, tambi?n, C. Layetana; y ante el Tribunal Constitucional, frente a Caja Insular de Canarias en el a?o 2004.

La novedad m?s importante de dicho fallo judicial para nuestro sector es que, para el reconocimiento del tiempo de permanencia a efectos de ascensos por experiencia (o antig?edad) computan todos los periodos en los que se ha sido contratado con independencia del tiempo transcurrido entre contrato y contrato.

El valor de esta sentencia trasciende a Caja Layetana, pues se dicta en funci?n del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorros actual y es, por lo tanto, directamente aplicable a las cajas encuadradas en el mismo. Las Direcciones de las Cajas no deber?an poner m?s trabas a estos planteamientos; es de justicia, y as? se lo vamos a plantear en el Convenio cuya negociaci?n vamos a iniciar pr?ximamente

Publicado por tuasesor @ 23:14
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La demanda tiene como partes a dos particulares (personas f?sicas), lo cual hace aun m?s cercano a la sociedad los hechos denunciados.

En resumen, se entiende que la denunciada ha infringido el deber de secreto que establece el art?culo 10 LOPD al enviar un correo electr?nico a 42 destinatarios distintos e incluir las direcciones de e-mail en el campo "Copia Carb?n(CC)" dejando, por tanto, visibles a todos los destinatarios las direcciones de correo electr?nico de los receptores. A juicio de la AEPD, ha supuesto una vulneraci?n del deber de sigilo, pues no deber?a haber dado a conocer las direcciones de correo electr?nico al resto de destinatarios; es decir, deber?a haber utilizado la opci?n "Copia de Carb?n Oculta" (CCO).

Sin embargo, la demandada alega que la direcci?n de correo electr?nico de la denunciante puede ser encontrada en Internet en diferentes p?ginas, y que por tanto no ha vulnerado ning?n secreto pues ella misma publica su direcci?n electr?nica en Internet. ?C?mo resuelve la AEPD esta cuesti?n? y adem?s ?la direcci?n de correo electr?nico es un dato personal? y si los datos fueron obtenidos de Internet ?no son de acceso p?blico y podemos tratarlos como queramos?.

La primera cuesti?n que se debe analizar es si la direcci?n de correo electr?nico es un dato personal; el Art?culo 3.a LOPD define este concepto. (Datos de car?cter personal: Cualquier informaci?n concerniente a personas f?sicas identificadas o identificables.)

En base a esa definici?n, la AEPD emiti? en 1999 un informe jur?dico donde se pronunciaba respecto a si la direcci?n de correo electr?nico encajaba o no dentro de esa definici?n del art?culo 3.1, diferenciando entre dos clases de direcciones: las de tipo [email protected] y las de tipo [email protected], dejando claro, que en cualquiera de los dos casos nos encontramos ante un dato personal pues es posible identificar a la persona que se encontrar?a detr?s de una direcci?n de e-mail.

Por tanto, la direcci?n de correo electr?nico es un dato personal; ahora queda por resolver la cuesti?n relativa a que la direcci?n de la demandante se encuentra en varias p?ginas de Internet. En principio podr?amos pensar que por el hecho de estar la direcci?n en Internet podemos hacer lo que queramos con ella: nada m?s lejos de la realidad. La AEPD afirma que "la inclusi?n voluntaria de dicha direcci?n de correo electr?nico por aqu?l [?] no legitima la utilizaci?n de la misma por terceros para fines distintos de los expresamente se?alados por el denunciante en cualquiera de las p?ginas en las que ?ste hubiera reflejado su direcci?n de correo electr?nico, pues s?lo el denunciante, como titular de sus datos personales, m?s concretamente, en este caso, de su direcci?n de correo electr?nico, est? legitimado, en los t?rminos y con las excepciones establecidas en la LOPD, para decidir sobre el destino y uso de sus datos personales."
Esto nos deja cristalino que aunque la direcci?n aparezca en Internet, si no tenemos consentimiento del interesado no podremos utilizarla para ning?n tipo de comunicaci?n.

Completa, afirmando que "en el caso que se examina, efectivamente la direcci?n de correo electr?nico del denunciante constaba en varias p?ginas de Internet, pero, como ya se ha se?alado, a los fines expresamente indicados en las mismas.
La publicaci?n en Internet de una direcci?n de correo electr?nico por su titular no la convierte en un dato que pueda ser utilizado sin l?mite alguno por parte del responsable del fichero en el que se encuentren incluida."

Llegados a este punto, conviene analizar el alcance de ese deber de secreto mencionado al principio; la propia resoluci?n lo explica, comentando que "El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a todos aquellos que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de car?cter personal, recogido en el art?culo 10 de la LOPD, comporta su obligaci?n de no revelar ni dar a conocer su contenido, as? como ?deber de guardarlos?.
Contin?a dicho art?culo a?adiendo: ?obligaciones que subsistir?n a?n despu?s de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo?. [?], y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste, precisamente, el secreto."

Queda fundado suficientemente como la demandada no cumpli? con las exigencias que la LOPD otorga a nuestros datos personales en lo que se refiere al deber de secreto.

Publicado por tuasesor @ 23:13
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Los inmigrantes que trabajan en Espa?a se acercan ya a los tres millones y suponen el 13,9% del total de ocupados, cifra que supone un nuevo m?ximo hist?rico y que no ha dejado de incrementarse en los ?ltimos 37 trimestres, seg?n el Indicador Laboral de Comunidades Aut?nomas (ILCA) elaborado por IESE-Adecco.

De los casi 700.000 empleos creados el a?o pasado, los extranjeros ocuparon dos de cada tres. As?, por 228.300 nuevos puestos de trabajo que fueron a parar a manos de espa?oles, hubo 459.200 para inmigrantes. En total, el crecimiento del empleo entre los extranjeros fue del 19,9%, 15 veces mayor que el de los espa?oles (1,3%).

No obstante, el ILCA del cuarto trimestre de 2006 subraya que, pese a lo positivo de estos datos, el incremento de la ocupaci?n no fue "suficiente" para absorber toda la mano de obra inmigrante, por lo que el paro de los extranjeros aument? el a?o pasado un 42% respecto a 2005.

En total, los inmigrantes en paro ascienden a 372.000, cifra que tambi?n es un m?ximo hist?rico y que equivale al 20,5% del conjunto de desempleados existentes en Espa?a. Este porcentaje ha aumentado 6 puntos en un a?o.

As?, mientras que en 2005 uno de cada siete parados en Espa?a era inmigrante, en 2006 la proporci?n se ha reducido a uno de cada cinco, lo que, seg?n Adecco, podr?a significar que "la llegada de extranjeros excede de la capacidad de absorci?n" de la econom?a espa?ola.

NO SE REDUCE LA TEMPORALIDAD.

Seg?n el ILCA, la tasa de temporalidad cerr? 2006 en el 33,8%, el mismo nivel que un a?o antes. Sumando el cuarto trimestre del a?o pasado, ya son 14 los trimestres consecutivos en los que esta variable no ha experimentado ninguna reducci?n.

En opini?n de los autores de este informe, esto indica que la reforma laboral pactada por el Gobierno y los agentes sociales "no ha tenido efectos evidentes" sobre la temporalidad, al menos en 2006.

En cualquier caso, las proyecciones incluidas en este informe apuntan a que la temporalidad se reducir? medio punto en el primer trimestre de 2007, hasta el 32,8%, y ocho d?cimas en el segundo, situ?ndose a finales de junio en el 33,6%.

SE ESTABILIZA LA TASA DE PARO.

En cuanto a la tasa de desempleo, el informe se?ala que, tras terminar el a?o 2006 en el 8,3%, el paro "se est? estabilizando" en un rango de entre el 8% y el 9%, valores en los que ha fluctuado la tasa en los ?ltimos seis trimestres. Eso ser? as? tambi?n los dos primeros trimestres de 2007, con porcentajes del 8,7% y el 8,2%, seg?n las previsiones del ILCA.

Adecco asegura que el "fuerte crecimiento econ?mico" ha sido el factor determinante para que la tasa de paro alcanzara su nivel m?s bajo en 25 a?os. No obstante, se?ala que para situarla en valores similares a los de Estados Unidos y Reino Unido (alrededor del 5%), ser?a necesario que Espa?a "flexibilizara" su legislaci?n laboral, actualmente la segunda m?s r?gida, tras Grecia, de los pa?ses desarrollados, de acuerdo con la clasificaci?n del Banco Mundial.

Respecto a la ocupaci?n, el ILCA confirma que en el cuarto trimestre de 2006 se consolid? la tendencia hacia la desaceleraci?n del empleo. Aunque se crearon 687.500 empleos el a?o pasado y se alcanz? el m?ximo hist?rico de 20 millones de ocupados, el incremento interanual del empleo (3,6%) fue el m?s bajo de los ?ltimos nueve trimestres.

Seg?n las previsiones recogidas en este informe, la desaceleraci?n en la creaci?n de empleo se mantendr? en los pr?ximos meses. En el primer trimestre de 2007, el crecimiento interanual de la ocupaci?n ser? del 3,4%, con 651.600 nuevos empleos, mientras que en el segundo ser? del 3,3% (642.600 nuevos empleos), el menor aumento desde el cuarto trimestre de 2002.

Publicado por tuasesor @ 23:09
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Los m?ximos responsables del Ministerio de Trabajo descartaron ayer utilizar el super?vit financiero de la Seguridad Social para rebajar las cotizaciones e impulsar la competitividad.

La ?ltima reforma laboral ya recoge una rebaja selectiva de cotizaciones sociales y otra generalizada de medio punto de las cuotas de formaci?n, 'y de momento no hay previsi?n de rebajarlas m?s', dijo ayer tajantemente el ministro de Trabajo, Jes?s Calera, tras presentar en el Congreso el informe sobre el fondo de reserva de las pensiones.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, presente en el acto, a?adi?, por su parte, que en 1994 el gobierno socialista de entonces ya rebaj? un punto las cotizaciones sociales y elev? un punto el IVA, 'y los efectos no fueron nada positivos'. Seg?n explic? Granado, en aquella ocasi?n el alza del IVA 'se traslad? enteramente a la inflaci?n y no se cre? ni un puesto m?s de los previstos'. Adem?s, precis? que, dada la gesti?n auton?mica de parte del impuesto sobre el valor a?adido, un aumento de este tributo 'tendr?a complejidad t?cnica porque deber?a hacerse de forma compartida con todas las administraciones fiscales'.

Precisamente, el actual nivel de las cotizaciones sociales y la creaci?n de empleo son los causantes de la buena salud de la Seguridad Social, que el pasado a?o consigui? un super?vit de m?s de 12.500 millones, lo que supone el 1,27%, seg?n la ?ltima revisi?n al alza de este dato hecha ayer por Caldera.

Los responsables de Trabajo aseguraron que 'el a?o ha empezado muy bien', en cuanto a recaudaci?n, por lo que esperan que el super?vit de 2007 sea 'similar' al del a?o pasado. Ante estas perspectivas, Caldera despreci? las previsiones de algunos expertos que sit?an el sistema en d?ficit dentro de cinco a?os, como calcul? el actual presidente de la Oficina Econ?mica del Presidencia del Gobierno, David Taguas.

'Esas previsiones no las hace el Gobierno -dijo Caldera- y, de ning?n modo en cuatro o cinco a?os la Seguridad Social entrar? en d?ficit; es m?s, seguir? teniendo super?vit'. Si bien, a?adi?: 'esto no quiere decir que no hagan falta m?s reformas de pensiones, pero ser?n moderadas y pausadas'. En su opini?n los cambios deber?n ayudar a 'aplicarnos todos en trabajar m?s: si vivimos m?s a?os tambi?n tendremos que trabajar m?s tiempo'.

Para prevenir los n?meros rojos, Trabajo sigue inyectando dinero en el fondo de reserva de las pensiones, que cuenta en la actualidad con 40.335 millones de euros, lo que equivale al 4,14% del PIB y a ocho n?minas completas de la paga de las pensiones. A finales de a?o, el fondo superar? previsiblemente los 50.000 millones de euros, ya que los presupuestos prev?n una inversi?n este a?o de 10.790 euros m?s.

Seg?n el informe de gesti?n del fondo, casi la mitad de su cartera est? ya invertida en activos de deuda extranjera, debido a la intenci?n de los gestores de diversificar las inversiones para no distorsionar el mercado espa?ol, en el que no compran m?s del 10% de cada emisi?n de deuda. El Gobierno est? dise?ando una norma que permita la inversi?n de parte del fondo -en torno al 10%, seg?n fuentes de Trabajo- en renta variable.

El fondo ya cuenta con 66,9 millones procedentes de los excedentes de gesti?n de la incapacidad temporal de las mutuas de accidentes de trabajo.

Publicado por tuasesor @ 23:08
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FUENTES DE FINANCIACION



La financiaci?n de los sistemas de pensiones procede de tres fuentes : trabajadores, empresarios y gobierno. La importancia relativa de las diferentes fuentes es un reflejo de los sistemas vigentes. As? en los sistemas de protecci?n universal la principal fuente de financiaci?n procede de los ingresos generales, mientras que en los sistemas de seguro social la principal son las cotizaciones de trabajadores y empresarios.



No obstante, las cotizaciones representan la fuente fundamental de financiaci?n en las prestaciones que tienen como objetivo el mantenimiento de ingresos. Como excepci?n Dinamarca donde las prestaciones se financian con impuestos, aunque en 1994 se establecieron las cotizaciones de los trabajadores para financiar prestaciones por enfermedad, desempleo y pensiones complementarias.



Los tipos de cotizaci?n var?an de unos Estados a otros y de unas contingencias a otras. En Irlanda, Reino Unido, Finlandia, Suecia, B?lgica, Espa?a y Portugal no se establecen diferencias entre contingencias y se aplica un tipo global a los ingresos (aunque existen tipos separados para el seguro de desempleo en Finlandia, Suecia y Espa?a). En el resto de pa?ses se aplican tipos distintos para diversas contingencias.



Las cotizaciones se dividen, por lo general, entre trabajadores y empresarios, en proporciones que tambi?n pueden variar por contingencias y grupos profesionales, y suelen existir normas espec?ficas para funcionarios y reg?menes especiales.



Los tipos de contribuci?n, en general, no se aplican al total de los sueldos o salarios sino hasta un techo. En Espa?a, la base de cotizaci?n para todas las contingencias est? constituida por la remuneraci?n del trabajador, siempre y cuando, est? comprendida entre la base m?xima y m?nima, correspondiente a la categor?a profesional establecida en 11 grupos profesionales. La mayor?a de los pa?ses establecen topes m?ximos y m?nimos de contribuci?n. Si revisamos la columna de tipos de cotizaci?n, observaremos que Espa?a es el cuarto pa?s de la Uni?n detr?s de Portugal, Holanda e Italia con mayor tipo de cotizaci?n global. En t?rminos de distribuci?n entre empresarios y trabajadores, vemos que los empresarios espa?oles soportan la mayor carga de cotizaci?n muy similar a la que soportan en Portugal, mientras que la contribuci?n de los trabajadores espa?oles es de las m?s bajas de Europa.



Los sistemas universales la mayor parte de la financiaci?n procede de los ingresos generales, pero en algunos una parte se financia con las contribuciones de los asegurados (Finlandia, Suecia, y Reino Unido). Por otro lado, los ingresos procedentes del sistema impositivo general proporcionan parte de la financiaci?n en todos los Estados miembros, si bien, depende en gran medida del volumen de las cotizaciones recaudadas. En el caso concreto de Espa?a, para 1997, las transferencias del Estado a la Seguridad Social, representan el 30% del total de recursos del sistema ; el 66% proceden de cotizaciones y el resto de otros ingresos (4%). La estructura de la financiaci?n ha evolucionado en la misma direcci?n en todos los pa?ses aumentando en general la dependencia de los ingresos generales. En el conjunto de la Uni?n, la proporci?n de los impuestos generales en el conjunto de la financiaci?n de los sistemas de Seguridad Social aument? del 27,5% al 29,5% en el periodo de 1980 a 1993. En Espa?a, en el a?o 1988 las transferencias generales supon?an el 9% y los ingresos por cotizaciones un 90%, lo que ha supuesto un aumento de la importancia de las primeras en 21 puntos y una disminuci?n de las segundas en 24 puntos.



La justificaci?n de estos movimientos hay que encontrarla en varias razones : a) aumento progresivo del grado de cobertura no s?lo de ciudadanos sino tambi?n de contingencias ; b) disminuci?n de la cuant?a de las cotizaciones sobre todo de la empresas para aliviar la presi?n sobre los costes laborales en una ?poca de alto desempleo.



Finalmente comentar que en la totalidad de los Estados miembros, las pensiones de jubilaci?n se financian mediante el sistema de reparto.

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REPARTO

1. El individuo no cotiza para su propia pensi?n

2. Las cotizaciones-prestaciones no est?n ligadas por un fondo de capital, ya que las pensiones actuales se financian con lo que se recauda de cotizaciones de los activos.

3. Permite pagar pensiones de jubilaci?n desde el momento en que se crea el sistema

4. Las cantidades aportadas por los activos determinan las pensiones actuales

5. El sistema de reparto tiene una rentabilidad impl?cita derivada del crecimiento de la base de cotizaci?n :

(crecimiento econ?mico (productividad) y crecimiento demogr?fico (n?mero de cotizantes).


6. El sistema de reparto protege a las pensiones frente a la inflaci?n, ya que los salarios reales se mantienen constantes por lo que las contribuciones de los activos est?n indiciadas por la inflaci?n


7. En un sistema de reparto hay tres tipos de generaciones implicadas. La inicial (no contribuye y recibe pensi?n), la intermedia (contribuye y recibe pensi?n) y la terminal (contribuye y no recibe pensi?n).

8. El sistema de reparto se caracteriza como un acuerdo o contrato intergeneracional por el que las generaciones activas dan soporte a las jubiladas a cambio de un compromiso de que cuando alcancen la edad de jubilaci?n tambi?n ellos recibir?n la pensi?n. El car?cter de seguro surge a trav?s de un intercambio de promesas entre generaciones a trav?s de un "contrato social" impl?cito.



CAPITALIZACION

1. El individuo cotiza para su propia pensi?n

2. Las cotizaciones-prestaciones est?n ligadas mediante un fondo de capital, ya que la pensi?n es una reasignaci?n de renta del individuo de los periodos activos a los pasivos.


3. Deben transcurrir muchos a?os para obtener una pensi?n, ya que deben acumularse reservar suficientemente grandes para pagar pensiones.


4. La cantidad aportada por cada individuo determina su pensi?n futura.

5. El sistema tiene un rendimiento expl?cito por los fondos que es el tipo de inter?s aplicable.


6. No corrige el efecto de la inflaci?n porque el rendimiento que se obtiene es el tipo de inter?s real y no nominal.



7. Con el sistema de capitalizaci?n desaparecen los riesgos de la coyuntura entre activos y pasivos as? como desaparecen la distribuci?n entre generaciones.

8. No vincula a generaciones futuras a realizar contrato expl?cito porque solo est? implicada una generaci?n. Obliga a tener cuentas personales para cada uno de los cotizantes.

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1. INTRODUCCION



Con el transcurso del tiempo, los sistemas de pensiones p?blicas se han convertido en un importante programa de transferencias de renta del sector p?blico y, por tanto, en uno de los ejes fundamentales del denominado Estado de Bienestar, cuyas repercusiones sobre aspectos pol?ticos, econ?micos y sociales no son nada despreciables en la actualidad en todos los pa?ses desarrollados..



La aparici?n y desarrollo de estos programas p?blicos obedece, en cierta forma, a la existencia de alg?n fallo de mercado que hace necesaria la intervenci?n p?blica para solucionar problemas concretos de la sociedad en un momento determinado. Sin embargo, con el tiempo las condiciones de partida cambian y aparecen nuevas circunstancias econ?micas y sociales que han hecho que en los ?ltimos a?os estos programas sean objeto de un intenso debate en todos los pa?ses. El atractivo del tema no s?lo radica en todo lo anterior, sino que adem?s se trata de un tema en que para su estudio completo y detallado se pone en marcha todo el instrumental anal?tico que utiliza el hacendista : incidencia, eficiencia, efectos econ?micos, principios de equidad, etc.



En este trabajo nos centraremos b?sicamente en el cap?tulo de pensiones de jubilaci?n en su modalidad contributiva, pues constituyen con mucho el cap?tulo m?s voluminoso de gastos de la Seguridad Social y son las que en los ?ltimos a?os han protagonizado un importante debate p?blico acerca del principal problema de la Seguridad Social que es hoy su inestabilidad financiera.



El objetivo ser? analizar las pensiones de jubilaci?n, partiendo de la justificaci?n de la intervenci?n p?blica, los objetivos que persigue y sus implicaciones financieras y de dise?o. En la secci?n 3, describiremos las caracter?sticas institucionales y la importancia cuantitativa de estos programas en Espa?a y en Europa. A continuaci?n, en la secci?n 4, se revisar?n los problemas de las pensiones p?blicas en cuanto a su sostenibilidad financiera y, dado su volumen, se?alaremos de forma sint?tica la incidencia que estos programas tienen sobre variables econ?micas tan relevantes como el ahorro y la oferta de trabajo, as? como, su contribuci?n al objetivo de equidad. El apartado 5, revisa y eval?a las propuestas de reforma que han sido realizadas desde diferentes ?mbitos de la sociedad, para finalizar con las medidas adoptadas recientemente por el ejecutivo en materia de pensiones en julio de 1997. Finalmente, la secci?n 6, presenta una serie de conclusiones que nos ha sugerido el estudio del tema.



2. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN EL MARCO DE LA ECONOMIA DEL BIENESTAR



El sistema de pensiones de la Seguridad Social es un programa p?blico que proporciona a los ciudadanos una fuente segura de rentas cuando se pierde la capacidad de obtenerlas por alguna circunstancia ajena a la voluntad del individuo : jubilaci?n, incapacidad o muerte. Estos programas se denominan de sustituci?n de rentas y poseen las caracter?sticas siguientes :



Para acceder a sus beneficios es necesario haber realizado pagos peri?dicos al Sector P?blico denominados cotizaciones.


La participaci?n en estos programas es obligatoria tanto para trabajadores como para empresarios.


Las pensiones de jubilaci?n (excepto las no contributivas) pertenecen a estos programas y son el cap?tulo de prestaciones econ?micas m?s importante tanto en Espa?a como en el resto de los pa?ses. (Concretamente, en Espa?a representan el 56% del gasto total en Pensiones para 1997).



Llegados a este punto podemos plantearnos las cuestiones siguientes : ? Por qu? interviene el Sector P?blico en el mantenimiento de la renta en la jubilaci?n ?. ?Por qu? obliga a los individuos a participar en los programas ?. ?Por qu? la gesti?n de estos programas es p?blica y no privada ?. A responder a estas cuestiones dedicamos el punto siguiente.



JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION PUBLICA


Desde la literatura se han sugerido diversas justificaciones para la existencia de programas p?blicos de pensiones dentro del marco de la Econom?a del Bienestar convencional. Si los individuos planificaran de forma racional su futuro, la intervenci?n del Sector P?blico tendr?a escasa justificaci?n, ya que ?stos ahorrar?an de la forma m?s rentable posible de cara a obtener recursos para la etapa de jubilaci?n. Sin embargo, es un hecho que las decisiones a largo plazo y con gran incertidumbre conllevan comportamientos poco racionales por parte de los ciudadanos, proporcionando una serie de razones para la intervenci?n p?blica :



Efectos externos. El hecho de que algunos ciudadanos, por falta de previsi?n, no ahorrasen nada durante toda su vida activa dar?a lugar a situaciones de pobreza y miseria extrema que obligar?an a la sociedad a transferirles renta en el futuro, con el consiguiente coste en t?rminos de renta. La intervenci?n p?blica, al obligar a todos los ciudadanos a prevenir el futuro, elimina ese efecto externo negativo, ya que no s?lo se benefician de estos programas los propios perceptores de la pensi?n sino la sociedad que hubiera tenido que realizar transferencias de renta en ausencia de programas p?blicos de pensiones.


Informaci?n imperfecta y costosa. Ante la incertidumbre en la esperanza de vida resulta dif?cil y costoso para un individuo planificar cual ser?a el ahorro suficiente para su vejez. Como alternativa podr?a sugerirse el que alguna instituci?n p?blica realizara este tipo de trabajo. Sin embargo, adem?s de los gastos que esto supondr?a para la instituci?n, el coste de tiempo para el ciudadano que implica el obtener informaci?n y la toma de decisiones no se eliminar?a. En este sentido, con el objeto de eliminar estos costes ser?a m?s eficiente que se realizara a trav?s de la obligatoriedad de un programa p?blico.


Paternalismo. Incluso ante una planificaci?n perfectamente racional por parte de los ciudadanos, se dar?an casos de extrema pobreza. La idea es que hay algunos individuos cuya tasa de sustituci?n intertemporal es muy baja ( prefieren mucho m?s el consumo presente que el consumo futuro) o tienen una aversi?n al riesgo muy reducida (arriesgan a que mueren antes de llegar a la jubilaci?n), y cometer?an el error de subestimar sus necesidades de vejez. Los programas p?blicos obligatorios tratan de mejorar el bienestar de los "miopes" evitando el que puedan tener equivocaciones costosas.




Por tanto, b?sicamente por razones de eliminaci?n de la pobreza en la ancianidad, se justifican los programas de pensiones obligatorios. Pero estas razones no son suficientes para justificar el que la provisi?n sea p?blica. Este objetivo podr?a lograrse, al igual que ocurre con otro tipo de seguros, obligando a los individuos mediante Ley a adquirir un plan de pensiones privado, de forma que todo el mundo estuviese cubierto frente a las contingencias futuras.



Existen, sin embargo, razones que podr?amos denominar de eficiencia y equidad que sugieren la necesidad de una cobertura p?blica.



La existencia de riesgos sociales. Un riesgo de car?cter social surge cuando de producirse la contingencia, afecta de forma simult?nea a toda la poblaci?n o a una parte sustancial de la misma ( ejemplos son las guerrras, las inundaciones, los terremotos, etc.). Un empresa privada no puede cubrir un riesgo social porque de producirse la contingencia tendr?a que pagar a todos los asegurados al mismo tiempo y probablemente ir?a a la quiebra. Por eso, en la pr?ctica las empresas s?lo cubren riesgos privados y no riesgos sociales.


En cambio el Sector P?blico si puede cubrir riesgos sociales porque dispone de recursos adicionales (impuestos o deuda p?blica) a los de las primas de los asegurados para hacer frente a los riesgos sociales.



Las pensiones est?n sujetas a riesgos sociales derivados de la incertidumbre de los tipos reales de inter?s. Un descenso en los tipos reales de inter?s es un riesgo social, porque afecta simult?neamente a todos los trabajadores. Las empresas privadas no pueden eliminar el riesgo y, por ello, es muy dif?cil que se comprometan a rentabilidades fijas en pagos a tan largo plazo.



Riesgo de quiebra. El resultado de una mala gesti?n es la quiebra financiera. Si esto ocurre en una empresa privada, el ahorrador perder?a todo lo ahorrado. En el Sector P?blico la mala gesti?n tambi?n puede estar presente pero, en cambio, el riesgo de quiebra no se contempla. Desde la literatura se ofrecen distintas soluciones para evitar el riesgo de quiebra de la empresa privada que van desde establecer un plan de inspecci?n por parte del Sector P?blico que garantice en cualquier momento la solvencia financiera ; el establecimiento de un consorcio privado formado por un conjunto de empresas privadas que se hiciera cargo de las pensiones en caso de una mala gesti?n; o que el ?ltimo garante fuera el Sector P?blico. Sin embargo, como destaca Zubiri (1996), la experiencia nos ense?a que ninguna de estas soluciones ser?a suficiente para garantizar la solvencia financiera de la empresa privada, adem?s de se?alar que si el Sector P?blico tuviera que hacerse cargo de una mala gesti?n privada presentar?a problemas de ?ndole conceptual y practico. Primero, la empresa privada se caracteriza por una supuesta mayor eficiencia que en el Sector P?blico, segundo, la garant?a de una cobertura p?blica inducir?a a las empresas privadas a adoptar inversiones arriesgadas en la confianza de que si fracasan se har?a cargo el Sector P?blico.


Selecci?n adversa. Dado que estos programas tienen un alto grado de cobertura, si fueran gestionados por el sector privado, las primas individuales no s?lo deber?an depender de la renta a sustituir en el futuro, sino tambi?n de la distinta probabilidad de que el individuo pueda sufrir la contingencia. A igual capital asegurado, un minero tendr? que pagar mayores primas que un administrativo, porque tiene mayor riesgo en el trabajo y su ?poca de inactividad es m?s extensa. Por otro lado, las mujeres al tener una esperanza de vida mayor que la de los hombres tendr?an que pagar mayores primas.


Desde una concepci?n de equidad esto no ser?a aceptable y habr?a que establecer primas iguales para todos con el mismo capital asegurado, lo que implica una alteraci?n de los criterios actuariales privados, convirti?ndose, por tanto, en un argumento de importante peso para la gesti?n p?blica de los programas.



Distintas prestaciones. Otro argumento de equidad se centra en el pago de las pensiones. En el sector privado las diferentes capacidades de renta de los individuos dar?an lugar a diferentes pensiones. As? individuos con capacidad baja recibir?n pensiones m?nimas. El Sector P?blico, en cambio, trata de eliminar esas diferencias otorgando pensiones a unos y otros con un cierto elemento redistributivo.


Costes directos e indirectos. Los programas privados tienen asociados costes de transacci?n y administraci?n mayores que los p?blicos, al ofrecer las empresas privadas seguros casi personalizados en funci?n de las caracter?sticas de los asegurados. No obstante, parece que esta diversidad es una alternativa m?s eficiente que la que ofrece el Sector P?blico, pero la diversidad tiene costes no despreciables. Por un lado, obliga a los individuos a gastar recursos y tiempo en el proceso de selecci?n de alternativas m?s id?neas. Por otro, desde la empresa, los costes son mayores al tener que gestionar muchos programas, lo que redunda en la rentabilidad del capital asegurado (menores prestaciones ). En el Sector P?blico s?lo existe un programa uniforme para todos y su actuaci?n estar?a justificada s?lo si los costes de la diferenciaci?n superan a los beneficios de ?sta.


Todas estas razones, unas m?s s?lidas que otras, suelen considerarse como justificaciones suficientes para el establecimiento de un sistema de pensiones p?blico. Ahora bien, es cierto que resulta m?s f?cil encontrar razones suficientes para justificar la intervenci?n p?blica, que determinar los criterios que deber?an guiar el m?todo de financiaci?n y el dise?o de estos programas, sobre todo porque depende de los fines y objetivos que se pretendan conseguir con el sistema de pensiones.



OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PENSIONES PUBLICAS


Es sabido que en la pr?ctica los sistemas de pensiones p?blicas contemplan una mezcla de objetivos que entran en conflicto y que es necesario delimitar para establecer de forma clara la estructura de las prestaciones, el propio dise?o institucional y los instrumentos de financiaci?n m?s adecuados desde la l?gica econ?mica.



De hecho, tal y como se configuran en la actualidad los programas de pensiones de la Seguridad Social pretenden alcanzar dos objetivos contrapuestos : uno asignativo (transferir capacidad adquisitiva individual de los periodos activos a los pasivos) y otro redistributivo (redistribuir renta entre e intrageneraciones). Dos objetivos que representan un dif?cil compromiso entre seguro de rentas (equidad individual) y bienestar social o solidaridad.



Mientras que el primer objetivo de seguro de rentas hace referencia al grado en que las pensiones est?n relacionadas con las contribuciones pagadas por los individuos, el segundo objetivo de bienestar o equidad social persigue proporcionar a todas las personas una renta m?nima en la vejez, con independencia de los pagos efectuados. En el primer caso, tendr?amos las pensiones contributivas suficientes y en el segundo estar?amos hablando de las pensiones no contributivas o contributivas insuficientes.



Se trata de objetivos en conflicto que no podr?n conseguirse simult?neamente a trav?s de un mismo programa. Cumplir con los dos objetivos al menor coste posible exige disponer de dos sistemas separados. Esto es, si se establece una estrecha relaci?n entre aportaciones y prestaciones, aquellos individuos de bajas rentas obtendr?an pensiones por debajo incluso del objetivo de renta m?nima o ninguna pensi?n. En el otro extremo, si se establecen pensiones de cuant?a considerable con independencia de los pagos satisfechos, se estar?a atentando contra el principio de equidad individual.



Estas dos formas alternativas de contemplar el sistema de pensiones tiene su origen en la configuraci?n de los sistemas de pensiones en torno a dos modelos te?ricamente distintos de Seguridad Social. Los modelos de corte continental (modelos Bismarck (1981)), basados en la profesionalidad y el car?cter contributivo, que tienden, fundamentalmente, a procurar el mantenimiento del nivel de vida de los trabajadores ante contingencias protegidas (incapacidad, vejez, muerte), y los modelos de corte universal (modelos Beveridge (1942)) que se dirigen m?s espec?ficamente a la cobertura de necesidades b?sicas de todos los ciudadanos por el hecho de serlo.



La evoluci?n hist?rica de la mayor?a de los sistemas de protecci?n social de los pa?ses desarrollados ha conducido a la confluencia de los dos sistemas en un sistema mixto (modelo universal con profesional) en un intento de dar respuesta a dos objetivos : proporcionar cobertura cada vez m?s generalizada y atender a las circunstancias espec?ficas de cada ciudadano.



Mientras exista una ambivalencia de objetivos, el dise?o del programa de pensiones ser? propenso a inequidades e ineficiencias, y requerir? que el sistema se defina como un mecanismo de ahorro obligatorio o como un programa de lucha contra la pobreza. Esta delimitaci?n de objetivos es esencial para elegir el m?todo de financiaci?n m?s adecuado y el dise?o del sistema en general.



Todo esto no s?lo es sensato desde el punto de vista financiero y econ?mico, sino que, adem?s, permitir?a aplicar con propiedad el concepto de d?ficit al sistema de pensiones, que en caso de existir, implicar?a la realizaci?n de transferencias de renta de los ingresos generales para equilibrar el sistema. Transferencias que no ser?an deseables si el sistema tiene como objetivo b?sico el seguro de rentas, sin componente redistributivo alguno.



DISE?O DEL SISTEMA E IMPLICACIONES FINANCIERAS


De lo se?alado en la secci?n anterior se deduce la importancia que tiene el separar las dos vertientes que actualmente contemplan los programas de pensiones. En la medida que al programa de pensiones de la Seguridad Social se le atribuye un aspecto propiamente de seguro y que puede contemplarse como un mecanismo de asignaci?n intertemporal de recursos de un individuo de su periodo activo al periodo de la jubilaci?n, parece deseable que su financiaci?n se base en la estricta proporcionalidad entre beneficios a percibir, cuant?a y perfil temporal de los pagos individualizados. Esto no significa que el objetivo redistributivo quede rechazado. El procurar recursos suficientes a personas mayores que no han tenido la posibilidad de sumarse al sistema es algo que la mayor?a de los ciudadanos aceptar?a sin dudarlo. Pero se tratar?a, en todo caso, de un programa de transferencias de rentas de quienes tienen mayor capacidad econ?mica a quienes no alcanzan un nivel m?nimo de subsistencia a trav?s de un programa independiente del programa de seguro financiado por el sistema impositivo general.



Dejando al margen los programas de mayor cobertura social, nos centramos en los programas de seguro de rentas. La naturaleza esencial de los programas de

pensiones contributivas est?n basados en una relaci?n cuotas-prestaciones. Esta relaci?n puede instrumentalizarse t?cnicamente a trav?s del sistema de capitalizaci?n o sistema de reparto como dos formas b?sicas de financiaci?n, sin perjucio de que se puedan articular otros sistemas denominados h?bridos o mixtos y que son una mezcla de los dos anteriores.



Si se opta por el sistema de capitalizaci?n, la seguridad social actuar?a de forma an?loga a un fondo de pensiones privado. Es decir, las cotizaciones sociales que paga cada individuo se invierten en un activo con rentabilidad y llegada la edad de jubilaci?n de los trabajadores recibir?n una pensi?n que se pagar?a con las cotizaciones que realizaron y los intereses que han generado. De esta forma cada persona se paga (con su ahorro pasado) su pensi?n de jubilaci?n.



Con un sistema de reparto en cada momento del tiempo las cotizaciones que pagan los trabajadores activos se utilizan para pagar las pensiones de quienes est?n jubilados en el momento presente. Cuando estos trabajadores en activo se jubilen, sus pensiones se pagar?n con las cotizaciones de quienes est?n trabajando en ese momento.



?C?mo se instrumentalizan y se relacionan estos dos sistemas ?.



En el sistema de reparto los fondos disponibles para pagar pensiones vienen dados por :

Fondo = cwL

c : cotizaci?n, w : salario medio, L : poblaci?n ocupada o nivel de empleo.



La tasa de rendimiento de este fondo es igual a la tasa de crecimiento de la base impositiva (wL). Entonces, si los salarios crecen a un tasa w ? y el empleo a una tasa L? , la tasa de crecimiento anual de los fondos disponibles es igual a la suma de las tasas de crecimiento del salario real y del empleo, es decir, la tasa de crecimiento de la renta salarial ( w? + L?).



El modelo de capitalizaci?n tiene una tasa de rendimiento igual al tipo de inter?s vigente en el mercado (r).



Cuando (w? + L?) > r, el sistema de reparto ser? m?s beneficioso que el de capitalizaci?n. La relaci?n entre tasas de crecimiento salarial y de rendimiento de capital proporciona una indicaci?n de la deseabilidad de un m?todo sobre otro. Si con una perspectiva temporal fuera mayor la primera que la segunda, podr?a argumentarse la superioridad del sistema de reparto. Luego que la tasa de rendimiento salarial sea superior a la del rendimiento del capital proporciona una inclinaci?n hacia la superioridad del sistema de reparto y es una condici?n necesaria, aunque no suficiente para que los individuos salgan ganando con una seguridad social basada en el m?todo de reparto. Por el contrario, con una relaci?n a la inversa de las tasas en consideraci?n, un sistema de capitalizaci?n podr?a resultar mas ventajoso en t?rminos de renta.



As?, cuando hay perspectivas de crecimiento de la poblaci?n empleada y del crecimiento de la productividad, el sistema de reparto es atractivo. Si las tendencias de poblaci?n cambian y las perspectivas de productividad son menos prometedoras, el sistema de reparto se convierte en un mecanismo de redistribuci?n de renta intergeneracional perverso, perjudicando a unas generaciones sobre otras.

Publicado por tuasesor @ 11:40
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El asesor económico de Zapatero propone retrasar la jubilación a los 70 años para cobrar la pensión

El sistema contributivo de pensiones podría mostrar su primer déficit entre 2011 y 2015 si no se hacen reformas que garanticen su viabilidad, según un artículo escrito por David Taguas antes de suceder a Miguel Sebastián como director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. El artículo propone aumentar los años de cálculo de las pensiones, que actualmente está en 15, y que reduciría las nuevas pensiones del 10 al 30 por ciento. También propone retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria y generalizada, pese a que sólo retrasaría la fecha de la quiebra del sistema.

LD (Europa Press) Los saldos acumulados hasta entonces en el Fondo de Reserva de las pensiones, actualmente dotado con 40.000 millones de euros, permitirían cubrir dicho déficit entre siete y diez años a partir de esa fecha, es decir, hasta 2018 ó 2025. A partir de ese momento, el sistema de pensiones contributivas será deficitario y requeriría financiación del Estado. Así los sostienen María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social, y David Taguas, en un artículo publicado en la revista 'Panorama Social' que edita la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

Para realizar este análisis, Sáez y Taguas –que firma el artículo desde su responsabilidad anterior como subdirector del servicio de Estudios del BBVA– parten de las últimas proyecciones demográficas, según las cuales hasta 2060 entrarán en España más de 14,5 millones de inmigrantes, lo que provocará un "profundo cambio socioeconómico" y una modificación de la pirámide de población. De acuerdo con las previsiones de los autores de este artículo, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en cuatro décadas, pasando desde 0,44 prestaciones por trabajador a una proporción de 0,81 en 2059. Con este escenario, el gasto en pensiones contributivas también se duplicaría, desde el 7,7 por ciento en 2004 al 17,9 por ciento del PIB en 2059.

Por ello, Sáez y Taguas subrayan la necesidad de acometer reformas que garanticen la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. En este sentido, señalan que si se ampliara a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones (ahora es de 15 años), el primer año en que el sistema incurriría en déficit se retrasaría cuatro años y el Fondo de Reserva permitiría la financiación del sistema hasta 2026. Sáez y Taguas apuntan que, aunque sería "adecuada", esta medida no resolvería el problema de la equidad de una manera correcta, pues el ajuste sólo incidiría en los nuevos jubilados del sistema. Además, si se tomaran en consideración carreras laborales completas, la pensión media de los nuevos perceptores se reduciría entre un 10 por ciento y un 30 por ciento.

Jubilación a los 70, obligatoria y generalizada

Otra de las iniciativas que se baraja en este artículo es la de retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Según los autores, si en 2007 se adoptara esta medida de forma generalizada y obligatoriamente, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y los superávit acumulados hasta 2027, junto a los intereses, generarían un Fondo de Reserva de tal magnitud que el sistema estaría completamente financiado hasta 2046. Para Sáez y Taguas, la reforma a aplicar en el sistema de pensiones debería ir en esta dirección, sin que ello implique necesariamente que se retrase la edad de jubilación en cinco años a partir de un momento dado. "Probablemente, esta medida se deba implementar gradualmente, aun cuando en este caso sus efectos serán menores que los descritos", subrayan.

Los autores reconocen que la puesta en marcha de éstas y otras medidas -como la introducción gradual de la capitalización individual- resultaría difícil dado su carácter "impopular" y su alto coste político. Por ello, sugieren la creación de una Oficina Presupuestaria del Congreso, independiente del poder ejecutivo, que asumiera la responsabilidad de evaluar la situación y perspectivas del sistema español de Seguridad Social y que extendiera entre los ciudadanos la opinión de que son necesarias reformas.

En otro artículo sobre la situación de las pensiones, firmado por Javier Alonso, de la Universidad Carlos III y del Instituto de Estudios Fiscales, se advierte de que los sistemas públicos de pensiones mostrarán "desequilibrios financieros muy importantes" a mediados del siglo actual. Así, en muchos países, el gasto en pensiones podría exceder del 15 por ciento del PIB en dicha fecha, afectando esta situación a países como Bélgica (15,1 por ciento), Japón y Portugal (16,5 por ciento), Alemania (17,5 por ciento), Finlandia (17,7 por ciento), España (19,1 por ciento) e Italia (20,3 por ciento). Además, apunta Alonso, los déficit acumulados hasta 2070 podrían generar deudas de la Seguridad Social que en países como Francia, Portugal, España y Suecia podrían exceder del 100 por ciento del PIB.

En su opinión, el factor demográfico no es el único causante de los problemas financieros del sistema de pensiones. También lo es la falta de equilibrio entre cotizaciones y pensiones. En este sentido, Alonso calcula que entre los hombres afiliados al Régimen General que se jubilan a los 65 años el desequilibrio actuarial de las pensiones se sitúa en 29 puntos porcentuales de exceso de pensión, mientras que entre las mujeres alcanza los 52 puntos porcentuales.

Ver también mi opinión particular al respecto: http://derecho-laboral.blogcindario.com/2012/03/00642-sistema-de-pensiones-seguridad-social-crisis.html

 


Publicado por tuasesor @ 11:35
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