Jueves, 01 de marzo de 2007

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 11 abril 2006
Jurisdicción: Social
Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1184/2005.
Ponente: Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete.
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES: contrato de interinidad por vacante: duración:
legislación aplicable; extinción por cobertura de la plaza vacante, aunque el proceso supere los tres
meses de duración.
El TS, Sala de lo Social constituida en Sala General, desestima el recurso de casación para la
unificación de doctrina (núm. 1184/2005) interpuesto por doña Amelia, contra la Sentencia de
fecha 27-01-2005, del TSJ de Galicia, dictada en autos promovidos por la recurrente contra
Sociedad Estatal «Correos y Telégrafos, SA», sobre reclamación de despido.
En la Villa de Madrid, a once de abril de dos mil seis.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para
la unificación de doctrina interpuesto por Dª Amelia, representada por la Procuradora Sra.
García Martín y defendida por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 27 de enero de 2005, en el recurso de
suplicación núm. 5813/04, interpuesto frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2004
por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Orense, en los autos núm. 684/04, seguidos a
instancia de dicha recurrente contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, sobre
despido.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrida la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO El 27 de enero de 2005 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Orense, en los autos núm. 684/04, seguidos a instancia
de dicha recurrente contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, sobre despido. La
parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es del tenor
literal siguiente: «Que, con estimación del recurso de suplicación, planteado por el Letrado
del Estado, contra la sentencia, dictada por la Sra. Magistrado-Juez de lo Social, n° 3, de
Orense, en fecha 21 de octubre de 2004; con revocación de su fallo; y, con desestimación
de la demanda, formulada por Dª Amelia; debemos absolver y absolvemos a la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA, de sus peticiones».
SEGUNDO La sentencia de instancia, de 21 de octubre de 2004, dictada por el Juzgado de
lo Social núm. 3 de Orense, contenía los siguientes hechos probados:
«I.- La parte actora Dª Amelia, con DNI NUM000 vino prestando servicios para la
“Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA” en virtud de sucesivos contratos
temporales. Desde el 2-6-03, en virtud de contrato de interinidad por vacante, ostentando la
categoría profesional de Agente titular Enlace Rural -Tipo B motorizado- siendo su destino
Celanova-Mociños (Orense), percibiendo salario mensual, según nóminas de 1.500 con
inclusión de pp. extras.
II.- En fecha 30-7-04 la Sociedad demandada notificó a la actora su cese, en virtud de
comunicación de fecha 29-1-04 con el contenido literal siguiente: “De conformidad con lo
estipulado en el artículo 49, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, así como en la
cláusula séptima del contrato suscrito entre Ud. y Correos y Telégrafos con fecha 2/6/2003
al amparo del artículo 4º del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, le comunico que
dicho contrato quedará extinguido el día 31/7/2004 al haber sido cubierta por el personal
fijo la plaza que venía desempeñando, como consecuencia de la Resolución de la Dirección
de Recursos Humanos de 15/07/2004”.
III.- En fecha 10-2-04, la Audiencia Nacional dictó Sentencia en proceso de conflicto
colectivo, siendo su Fallo el siguiente: “Desestimamos las excepciones de falta de
agotamiento de la vía previa, falta de legitimación activa de los demandantes y la de
inadecuación de procedimiento. Estimamos la demanda y declaramos la fijeza de la
relación laboral de todos los trabajadores con contrato de interinidad por vacante por
tiempo superior a tres meses en la empresa Correos y Telégrafos, SA, declarando, así
mismo, que las plazas que ocupan dichos trabajadores no pueden formar parte de la
consolidación de empleo temporal que se está desarrollando en dicha empresa por
Resolución de 3 de abril de 2003, debiendo quedar exentos de realizar las pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Grupo Profesional IV. Operativos, puesto tipo de
reparto”.
IV.- La parte actora no ostenta cargo sindical alguno.
V.- En fecha 26-8-04, fue celebrado acto de conciliación ante UMAC, sin efecto».
El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: «Que estimando la demanda
formulada por Dª Amelia contra Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, debo
declarar y declaro la improcedencia del despido del demandante realizado por la
demandada el 31 de julio de 2004; en consecuencia de tal declaración, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración y a que, a su opción y
en el plazo de cinco días, readmita al actor en las mismas condiciones laborales que regían
antes de producirse el despido o que indemnice al actor en la cantidad de 2.618,50 euros,
con abono al actor de los salarios de tramitación desde la fecha del despido 31 de julio de
2004 hasta la notificación de la presente sentencia, a razón de 50,00 euros/día, advirtiéndole
que de no efectuar la opción en el indicado plazo, se entenderá que opta por la readmisión».
TERCERO La Procuradora Sra. García Martín, en representación de Dª Amelia, mediante
escrito de 18 de marzo de 2005, formuló recurso de casación para la unificación de
doctrina, en el que:
I.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 15 de abril de 2004.
II.- Se alega la infracción de los artículos 8.1.c)4ª, y 8.2 del Real Decreto 2720/98, de 18 de
diciembre, en relación con los artículos 4.1 y 4.2.b) de la misma norma, el artículo 15.3 del
Estatuto de los Trabajadores y los artículos 49.1.c), 55.1 y 2, 56.1 del mismo texto.
CUARTO Por providencia de esta Sala de 31 de marzo de 2005 se tuvo por personado al
recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.
QUINTO Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el
sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado
Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 4 de
abril actual. Por providencia de 14 de febrero de 2006, dada las características de la
cuestión jurídica planteada y su trascendencia, procede su debate en Sala General. A tal
efecto se suspende el señalamiento acordado para el próximo día 4 de abril, trasladando el
mismo para el día 5 de abril actual, en cuya fecha tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró improcedente el despido
de la actora por considerar que el contrato de interinidad por vacante concertado el 2 de
junio de 2003, tras otras contrataciones temporales, había superado el plazo máximo de tres
meses que prevé el artículo 4.2.b).2º del Real Decreto 2720/1998 en el momento del cese -
31 de julio de 2004-, por lo que se había convertido en un contrato indefinido. La sentencia
recurrida revocó, sin embargo, este pronunciamiento por entender que ese plazo no
resultaba aplicable, porque, pese a que la entidad demandada -Correos y Telégrafos, SA- se
había convertido en una sociedad anónima a partir de la entrada en vigor del artículo 58 de
la Ley 14/2000, seguía siendo una sociedad estatal, de cuyo capital es titular la
Administración, y que además esa sociedad gestionaba un servicio público, conservando el
régimen funcionarial respecto al personal de esta condición que presta servicios para la
entidad demandada. El recurso de la actora alega como sentencia contradictoria la de la
Sala de lo Social de Navarra de 15 de abril de 2004, en la que también se trata de un
contrato de interinidad por vacante, formalizado en agosto de 2001, y en ella se desestima
el recurso de Correos, confirmando la improcedencia del despido en un supuesto en el que
también se había excedido el plazo del artículo 4.2.b).2º del Real Decreto 2720/1998,
razonando que, tras la transformación de Correos en sociedad anónima, se aplican las
normas de Derecho Privado, quedando sometido su personal al régimen laboral común y no
siendo posible la aplicación analógica del régimen funcionarial.
SEGUNDO Existe la contradicción que se alega, por lo que hay que examinar la denuncia
de la infracción de los artículos 4.1 y 2.b) y 8 del Real Decreto 2720/1998 en relación con
la disposición adicional 21.2 de la Ley 14/2000, la disposición adicional 12ª de la Ley
6/1997 (LOFAGE) y el artículo 58.17 de la Ley 14/2000. Para ello hay que tener en cuenta
que la modalidad de interinidad por vacante se regula en el artículo 4.2 del Real Decreto
2720/1998 se define como la que tiene por objeto cubrir temporalmente un puesto de
trabajo durante el desarrollo del proceso de selección o promoción para su cobertura
definitiva. En esta interinidad se distinguen dos tipos: el aplicable en el ámbito privado,
cuya duración «será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción», pero con
un límite de tres meses, y el que rige en el ámbito de la función pública, en el que no hay
tope concreto de duración, sino que ésta queda referida al tiempo que duren los
correspondientes procesos, de acuerdo con su normativa específica.
La especialidad de la Administración Pública se produce porque ésta, por exigencias
legales, está sometida a los procesos de selección y promoción reglados que se contemplan
en el Reglamento General de ingreso, provisión y promoción de puestos de trabajo,
aprobado por Real Decreto 364/1995; disposición que se aplica a la Administración
General del Estado y a sus organismos autónomos, según especifica su artículo 1, aunque
por imperativo del artículo 55.2.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración del Estado (LOFAGE) el sistema se extiende también a las entidades
públicas empresariales. En principio, por tanto, desde el momento en que Correos y
Telégrafos, dejó de ser entidad pública empresarial -carácter que le había atribuido la
disposición adicional 11ª de la LOFAGE - para convertirse, por mandato del artículo 58 de
la Ley 14/2000 y tras su inscripción en el Registro Mercantil el 3 de julio de 2001, en una
sociedad anónima estatal, parece que el régimen aplicable a esta sociedad debería ser el del
párrafo 2º del apartado b) del artículo 4.2 del Real Decreto 2720/1998 (límite de tres meses)
y no el del párrafo tercero (duración del contrato coincidente con la del proceso de
provisión), pues una sociedad anónima estatal se rige por las normas de Derecho Privado. A
esta conclusión podría llevar también una examen aislado del número 17 del artículo 58 de
la Ley 14/2000, a tenor del cual «a partir de la fecha del inicio de la actividad de la
«Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», el personal que la sociedad
necesite contratar para la adecuada prestación de sus servicios lo será en régimen de
derecho laboral».
Sin embargo, la situación es más compleja. Las sociedades estatales o sociedades de ente
público, definidas en el artículo 166.1.c) de la Ley del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, forman parte del sector público pero, según el artículo 2 de la Ley General
Presupuestaria y la disposición adicional 12ª de la LOFAGE, se rigen, por el ordenamiento
jurídico privado. No obstante, hay que indicar que esta remisión al ordenamiento privado
no es completa, pues la propia disposición adicional 12ª de la LOFAGE exceptúa de esta
aplicación de las normas privadas aquellas «materias en que les sean de aplicación la
normativa presupuestaria, contable, de control y de contratación». Esta referencia a la
contratación apunta, como sucede en otros ámbitos, precisamente a las reglas sobre la
selección de contratistas; reglas que en el régimen laboral se conectan con los principios de
igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal.
TERCERO Pues bien, en Correos y Telégrafos no se ha producido una exclusión completa
de los criterios públicos de provisión de puestos de trabajo como consecuencia de su
transformación en sociedad anónima, aunque, desde luego, hay ahora una mayor
flexibilidad en la contratación. Ello se debe, en primer lugar, a que, pese a tratarse de una
sociedad de este carácter, un número importante de su personal mantiene la condición de
funcionario y sigue sometido a un régimen propio de la función pública. Lo que más que un
privilegio supone una carga en orden a la situación de competencia en el sector que impone
la Directiva 97/67/CE. En este sentido hay que citar el número 7 del artículo 58 de la Ley
14/2000, que prevé que los funcionarios que prestaban servicios en la entidad pública
empresarial Correos continuarán prestándolos para la nueva sociedad, conservando su
condición de funcionarios con pleno respeto a sus derechos adquiridos, incluido el
mantenimiento del régimen de movilidad vigente en la legislación general de la función
pública (número 12). Por otra parte, el punto 3 del número 7 del artículo citado prevé que el
Gobierno dictará la normativa específica que desarrolle este régimen jurídico, atendiendo a
la especial singularidad de los empleados de la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
Sociedad Anónima», y en particular, desarrollando el régimen general de retribuciones
complementarias y definiendo el régimen de ordenación y asignación de puestos de
trabajo». La norma citada añade que «hasta tanto no se complete dicha normativa se
aplicará el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
del Personal al Servicio del Organismo autónomo Correos y Telégrafos, en lo que no se
oponga al presente artículo». En los artículos 11 a 30 de este Reglamento se regulan los
sistemas de provisión de puestos de trabajo, que son los típicos de la función pública en la
selección inicial: convocatoria pública y selección inicial a través de oposición, concurso o
concurso-oposición libres, con garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad (artículo 14) y provisión interna a través de concurso de méritos, concurso de
traslado y libre designación (artículos 38, 39, 45 y concordantes). El mantenimiento de este
sistema justifica ya por sí mismo la aplicación a la sociedad anónima estatal del régimen
del párrafo 3º del apartado b) del artículo 4.2 del Real Decreto 2720/1998, porque el
contrato de interinidad por vacante puede utilizarse para la cobertura provisional de puestos
de funcionarios y de personal estatutario y no sólo de puestos de la plantilla del personal
laboral fijo.
Pero es que además y en segundo lugar un régimen similar se aplica también al personal
laboral. El artículo 31 del Reglamento de Personal de 1995 ya citado establecía claramente
que los procesos selectivos para el ingreso de personal laboral se efectuarán mediante
convocatoria pública y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30/1984 y
este sistema también se recogía en el convenio colectivo de 1999 de la Entidad Pública
Empresarial de Correos y Telégrafos (BOE de 4 de noviembre de 1999), como puede verse
en sus artículos 16, 18, 19 y 20. Por su parte, el convenio colectivo de 2003-2004 (BOE de
13 de febrero de 2003) «vigente en el momento en que se produjo la contratación de la
actora y acordado cuando ya Correos era sociedad anónima» mantiene los sistemas de
provisión formalizados. Así el artículo 31 prevé que el ingreso en los «puestos base» podrá
realizarse por oposición, concurso-oposición, concurso o cualquier otro procedimiento de
selección objetiva que se determine. Para el resto de los «puestos tipo» el ingreso se
realizará a través de procedimientos singularizados (artículo 32), aparte de las vías de
promoción interna mediante concurso de traslados y concursos de méritos que coexisten
con los reajustes en la misma localidad y la libre designación.
Aunque se trata de una norma posterior a la suscripción del contrato de la actora y, por
tanto, no resulta aplicable, hay que señalar que el nuevo Estatuto de Personal de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, aprobado por el Real Decreto 370/2004, mantiene la
asignación de puestos de trabajo por concursos de traslados y concursos de méritos,
coexistiendo con los reajustes en la misma localidad y la libre designación (artículo 11).
CUARTO En casos como el presente el problema que plantea la interpretación de los
párrafos 2º y 3º del apartado b) del número 2 artículo 4 del Real Decreto 2720/1998
consiste en determinar si la expresión Administraciones públicas que utiliza el párrafo 3º
debe entenderse de forma estricta o si cabe una interpretación que tenga en cuenta
principalmente su finalidad. La interpretación estricta responde a un criterio subjetivo,
según el cual la flexibilidad de la duración del contrato se vincula al carácter público de la
personificación del empleador y, por ello, cualquier contrato de interinidad por vacante
suscrito por una entidad que no se haya constitutivo a través de los tipos administrativos de
personificación pública -Administración del Estado, organismos autónomos y entidades
públicas empresariales, según el esquema de la LOFAGE, y sus equivalentes en los ámbitos
autonómico y local- estará sometido al plazo de tres meses.
Por el contrario, una interpretación finalista tiene que atender a la función del límite
temporal del párrafo 2º, que no es otro que evitar situaciones de abuso y de fraude en el
ámbito común de la contratación laboral, donde como es sabido, rige el principio de
libertad empresarial de contratación y los procesos de provisión de puestos de trabajo
pueden desarrollarse normalmente dentro de ese limite temporal. En este sentido, es
interesante hacer una referencia al origen del precepto comentado. El tipo de interinidad por
vacante no está incluido de forma expresa en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
Fue el resultado de una elaboración jurisprudencial, como puede comprobarse, entre otras,
en nuestras sentencias de 22 de octubre de 1987 y 26 de septiembre de 1988, que ponderan
esta situación interina en el marco de la relaciones con las Administraciones Públicas. De
ahí que este tipo de contratación interina, que no estaba previsto en el Real Decreto
2104/1984, aparezca en el artículo de 4 del Real Decreto 2546/1994 y de ahí pase al
artículo 4 del Real Decreto 2720/1998.
Pero adviértase que con esta regulación reglamentaria no se está propiamente desarrollando
de una manera directa el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores como corresponde a la
función típica del reglamento (artículo 3.2 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 23 de
la Ley 50/1997), sino que se están recogiendo y precisando las conclusiones que la
jurisprudencia había establecido en atención a una interpretación conjunta de las normas del
Estatuto de los Trabajadores y, en concreto, de los artículos 15 y 49, en relación con la
provisión de vacantes en las Administraciones Públicas. No obstante, hay que señalar que
las normas reglamentarias han entendido correctamente que el supuesto de la interinidad
por vacante -que también fue reconocido en la redacción inicial del artículo 6. 2.d) de la
Ley - no puede limitarse a las Administraciones Públicas, pues los procedimientos
formalizados de selección y promoción se aplican también en el marco de las relaciones
laborales en las empresas privadas. Así lo reconocía la redacción inicial del artículo 6.2.d)
de la Ley 14/1994, cuando se refería como modalidad contractual temporal específica de las
empresas de trabajo temporal a la que tiene por objeto la cobertura «de forma temporal de
un puesto de trabajo permanente mientras dure el procedimiento de selección o
promoción». Es significativo que en la única referencia legal al contrato de interinidad por
vacante no hubiese una mención específica a las Administraciones Públicas, ni a un plazo
máximo de duración al margen de la que es propia de cada proceso de provisión. De ahí
que en las interinidades por vacante que se producen fuera del ámbito de las
Administraciones Públicas sea preciso distinguir entre aquellos procesos en los que el
empresario actúa con plena libertad en la forma de organizar la selección y promoción, y
aquellos otros en los que una norma con rango suficiente -incluido el convenio colectivo-
impone unos trámites determinados, que no siempre pueden cumplirse en el período de los
tres meses que fija el artículo 4.2. b). 2º del Real Decreto 2720/1998. Esta distinción se
funda en que mientras que en el primer caso la aplicación de un plazo máximo es una
garantía frente a los abusos o fraudes, en el segundo la limitación temporal específica no se
justifica, pues la garantía surge de la propia regulación legal o convencional, y el
empresario no tiene disponibilidad sobre la aplicación de un proceso reglado. Esto es lo que
sucede en el presente caso, pues, aunque la demandada ha dejado de ser una entidad
pública, sigue incluida en el sector público y, sin duda en atención a ello, continúa también
sometida en gran medida a procesos formalizados de selección y promoción que son los
propios de una Administración pública o muy próximos a ellos, aunque lógicamente la
transformación en sociedad anónima estatal haya agilizado la provisión (por ejemplo, no
será necesaria la selección para el ingreso de funcionarios, pues las nuevas contrataciones
tienen que ser laborales, y tampoco será preciso tramitar la dotación presupuestaria de la
correspondiente plaza para iniciar el proceso de provisión). En concreto y como ya se ha
avanzado en el fundamento jurídico tercero, los procesos formalizados de provisión se
mantienen: 1) en la cobertura interna de los puestos funcionariales en virtud del artículo 32
y siguientes del Reglamento de Personal de 1995, aunque, al tener que ser contratado en
régimen laboral el nuevo personal, no se aplican ya para este personal los procedimientos
externos de selección de los artículos 11 a 30, y 2) en los procesos de selección externa e
interna del personal laboral, conforme a las previsiones del convenio colectivo de 2003-
2004 (artículos 30 a 33). QUINTO.- No es posible aceptar, por tanto, la rígida separación
de la que parten el recurso y la sentencia de contraste entre un régimen anterior a la
transformación -3 de julio de 2001 - caracterizado por una regulación de carácter público y
un régimen posterior en el que la entidad demandada se convierte en un simple empresario
privado, pues tanto el artículo 58 de la Ley 14/2000 y el convenio colectivo, como las
normas aplicables en el período transitorio (el Real Decreto 1638/1995), establecen una
regulación más compleja con la permanencia de elementos públicos en los procesos de
selección y promoción interna, en la que resulta plenamente aplicable la regla del párrafo
tercero del apartado b) del número 2 del artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, lo que es
coherente tanto con el mantenimiento de la pertenencia de la sociedad al sector público, en
el que deben regir los principios de igualdad, mérito y publicidad en la selección, como con
el propio régimen de las sociedades estatales, que está abierto a una aplicación selectiva de
determinadas normas de Derecho Público en materia de contratación, como se prevé
expresamente en la disposición adicional 12ª de la LOFAGE.
No desconoce la Sala que la exclusión del plazo temporal en la duración de las relaciones
de interinidad por vacante puede producir comportamientos abusivos o fraudulentos en la
utilización de este tipo contractual. Pero, aparte de que tales desviaciones pueden surgir en
el marco de las Administraciones públicas en las que el plazo no rige, la reacción frente a
las mismas debe abordarse en cada caso ante las denuncias que en este sentido se formulen,
sin olvidar el recurso a las pretensiones que tengan por objeto la puesta en marcha de los
procesos de selección a través de las oportunas convocatorias. En el presente caso la
pretensión que formula no ha denunciado de forma concreta ningún abuso o fraude; por el
contrario, se funda únicamente en el transcurso del plazo de tres meses para reivindicar de
forma automática la conversión del vínculo indefinido.
Procede, por tanto, la desestimación del recurso, como propone el Ministerio Fiscal, sin que
haya lugar a la imposición de costas por tener reconocido el recurrente el beneficio de
justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª
Amelia, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, de 27 de enero de 2005, en el recurso de suplicación núm. 5813/04, interpuesto
frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2004 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de
Orense, en los autos núm. 684/04, seguidos a instancia de dicha recurrente contra la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, sobre despido. Sin imposición de costas.
Devuélvanse las actuaciones y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hallándose celebrando
Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de
la misma, certifico.


Publicado por tuasesor @ 18:08  | Jurisprudencia
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Comentarios
Publicado por [email protected]
Lunes, 22 de noviembre de 2010 | 21:18

Si efectivamente, la Administración tiene muchos privilegios, para mal de los trabajadores, y que los que no sean funcionarios se les regule como en las empresas, un saludo.