Lunes, 26 de marzo de 2007
En los 25 pa?ses que formaban la UE antes de enero, las mujeres cobraban de media por hora un 25% menos que los hombres. Como soluci?n, en Reino Unido proponen igualar a la baja.


A partir del 1 de abril, los funcionarios varones de los ayuntamientos brit?nicos ver?n recortados sus sueldos hasta en un 40% para equiparar sus ingresos a los de sus colegas funcionarias y acabar as? con esta grave discriminaci?n. Seg?n informa el peri?dico The Times, se trata de un acuerdo firmado con los sindicatos en el a?o 2004 por el que se revisaba el sistema salarial del sector. Los afectados, que piden al Gobierno que sean sus arcas las que asuman el coste de esta novedosa medida, han presentado demandas judiciales y anuncian una ola de huelgas y protestas.


Se calcula que 1,5 millones de funcionarios trabajan en la administraci?n local en Reino Unido, gran parte de los cuales ver?n encogerse su pr?xima n?mina. El objetivo de la medida es que los sueldos de las 700.000 mujeres funcionarias locales se equiparen a los de los hombres, que sufrir?n recortes de sus ingresos en entre un 15 y el 40% (es decir, entre 3.000 y 22.000 euros menos al a?o) para poder hacer frente a las mejoras en los sueldos de las mujeres.


Los recortes no infringen ninguna ley


Adem?s, ellas cobrar?n indemnizaciones por lo no percibido en los ?ltimos seis a?os. Fuentes del mayor sindicato del pa?s, T&G, aseguran que la puesta en pr?ctica del acuerdo en todo el pa?s llevar? mucho tiempo porque s?lo un tercio de los ayuntamientos se he preparado para la pol?mica medida, prevista en la Ley de Equiparaci?n Salarial. Adem?s, muchos trabajadores han planteado demandas civiles, con las est?n presionando para que no se lleven a cabo los recortes.


Las mismas fuentes se?alan que la soluci?n estar?a en que el Gobierno se hiciera cargo de los gastos en lugar de repercutirlos en los hombros de los hombres, si bien admiten no estar seguros de que esto vaya a ser posible. Adem?s de las reducciones de sueldos, la medida ya podr?a tener un coste para el erario p?blico de 10.000 millones de euros, seg?n calcula el rotativo.La administraci?n asegura que los recortes previstos no infringen ninguna ley. Un hecho que admiten hasta los sindicatos, a pesar de que le est?n plantado cara con protestas. Los recortes ya han provocado algunas huelgas y "traer? m?s huelgas y denuncias" ante los tribunales, seg?n T&G.


La decisi?n depende, al final, de cada corporaci?n local. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Birmingham ha anunciado que el 40% de sus 40.000 funcionarios tendr?n incrementos en sus salarios, mientras que otro 40% no ver? modificado su sueldo y el restante 20% sufrir? recortes. Trabajadores sociales o del personal del gabinete de prensa de este ayuntamiento sufrir?n recortes de hasta el 50% de sus sueldos, puesto que su nivel salarial ha bajado y se ha asimilado al nivel de los barrenderos.


La situaci?n en Europa


La medida de igualar los salarios se ha trasladado a la seguridad social y se podr?an congelar los salarios de 50.000 funcionarios hombres durante tres o cuatro a?os hasta que los sueldos de las mujeres lleguen a su nivel. El debate sobre la igualdad salarial est? abierto en toda Europa. En los 25 pa?ses que formaban la UE antes de enero, las mujeres cobraban de media por hora un 25% menos que los hombres en el sector privado y un 15% m?s bajo en el p?blico, seg?n los ?ltimos datos disponibles, de 2002. En concreto, el salario medio de los hombres por hora era de 13,79 euros, mientras que el de las mujeres se situaba en los 10,40 euros.


Las mayores diferencias salariales se daban precisamente en Reino Unido (30%) y las menores en Eslovenia (11%). En Espa?a la brecha en abmos sectores p?ublico y privado era del 25%, al cobrar ellos de media 9,09 euros por hora frente a los 6,82 de ellas. Aunque tradicionalmente las diferencias se han explicado por factores como edad, educaci?n o experiencia, los estudios realizados que esos motivos tienen s?lo un "papel menor" en el mantenimiento de los desequilibrios. El informe que contiene estos datos, titulado La brecha salarial por sexo: actuales respuestas pol?ticas, concluye que, a pesar de las normativas adoptadas en los pa?ses, las mujeres siguen cobrando menos, situaci?n que pr?cticamente no ha experimentado cambios en la ?ltima d?cada.

Publicado por tuasesor @ 17:23
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La empresa de Transportes L?quidos Cisternas Inoxidables (Liquinox) tendr? que pagar una indemnizaci?n de 18.000 euros al presidente del comit? de CC.OO., de los cuales 12.000 corresponden a los da?os morales, seg?n inform? el 12 de marzo CC.OO.


Liquinox fue condenada por "la no concesi?n del cr?dito horario y la sistem?tica utilizaci?n fraudulenta de poder de direcci?n empresarial para encargarle (al presidente del Comit? de Empresa) viajes que le impidiesen la utilizaci?n de ?ste".


El demandante pudo probar que en la empresa, que ya hab?a sido sancionada anteriormente por este motivo, le obligaban a realizare viajes con el cami?n que le imped?an asistir a las convocatorias sindicales, que hab?an sido convocadas con antelaci?n.


Tras el anuncio de la sentencia, la empresa tom? la decisi?n de cambiar esta conducta y actualmente permite la normal utilizaci?n del cr?dito horario.

Publicado por tuasesor @ 17:21
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Los j?venes europeos, de edades comprendidas entre los 18 y los 24 a?os, sufren un accidente laboral grave cada minuto y una muerte en el puesto de trabajo cada dos d?as. Adem?s, tienen un 50% m?s de probabilidades de sufrir un accidente laboral que los trabajadores del resto de las franjas de edad, seg?n los datos presentados por el director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Jukka Takala, referentes a la Europa de los 15.


La UE-15 registra cada a?o alrededor de cuatro millones y medio de accidentes laborales, de los que 5.000 resultan mortales. El director General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisi?n Europea, Nikolaus van der Pas, explic?, no obstante, que teniendo en cuenta la Uni?n Europea ampliada, "habr?a que actualizar estas cifras y aumentarlas en un 50% aproximadamente" para abarcar a los nuevos estados miembros.


El Informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo resalta que los trabajadores j?venes est?n m?s expuestos a riesgos tales como ruido, manejo de sustancias peligrosas, trabajos de fuerte demanda f?sica, como puede ser cargar pesos, malas posturas y trabajos repetitivos.


Adem?s de estos factores, constata que suelen estar m?s sujetos a contratos temporales y que el desempleo es tambi?n mucho mayor entre los j?venes, lo que provoca que los trabajadores pertenecientes a esta franja de edad se sit?en en "una posici?n m?s vulnerable para expresar sus preocupaciones sobre su seguridad y salud en el trabajo".


La experiencia laboral, as? como "la madurez f?sica y psicol?gica, adem?s de la falta de sensibilidad ante los asuntos de seguridad y salud laboral", son otros de los factores se?alados por el informe europeo. La construcci?n es el sector donde m?s accidentes laborales se producen, seg?n datos del mismo informe.


Alrededor del 28% de los trabajadores europeos manifiestan sufrir problemas de salud no accidentales que se ven o pueden verse agravados por su empleo actual o anterior, seg?n datos recabados por la ?ltima encuesta realizada por la Uni?n Europea. De la misma manera, el 35% de los encuestados considera que su trabajo encierra un riesgo para su salud.


Estos datos fueron dados a conocer en la Cumbre "Crecer con Seguridad" celebrada en Bilbao, con la presencia de 500 expertos en seguridad y salud laboral. La cumbre organizada en el Palacio Euskalduna por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo pone fin a la campa?a del mismo nombre.


El secretario de Estado del Ministerio alem?n de Empleo y Asuntos Sociales, Rudolf Anzinger, inaugur? este evento, junto al director de la agencia, Jukka Takala, y el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Pa?s Vasco, Juan Jos? Loro?o.


El intercambio de informaci?n durante la campa?a ha permitido a la agencia elaborar un informa sobre tendencias en los riesgos laborales de los j?venes "Trabajadores j?venes, la realidad detras de las estad?sticas", presentado en la Cumbre y que indica que, en 2005, m?s de once millones de hombres j?venes y 9,3 de mujeres j?venes trabajaban en 2005 en los 25 pa?ses de la UE. Uno de cada cuatro ocupaba trabajos de media jornada o con cambios de turno.


REDUCCI?N DE ACCIDENTES


Las conclusiones del estudio apuntan a la necesidad de tomar medidas de prevenci?n dentro de este sector de poblaci?n activa, implicando tanto a los j?venes como a empresarios y formadores y con cooperaci?n de diferentes ?reas de la Administraci?n.


En este sentido, los expertos europeos recordaron que la Uni?n Europea impulsar? una nueva estrategia que pretende una disminuci?n del 25% de los accidentes laborales entre el 2007 y el 2012 en la UE27. Para conseguir este objetivo, la UE llevar? a cabo diferentes acciones, entre las que resalta la formaci?n en reducci?n de riesgos laborales en centros educativos cada vez en edades m?s tempranas.


Por otro lado, impulsar? la simplificaci?n del marco legislativo y la adopci?n de cambios, aplicando el programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa, y fomentar? el desarrollo y la puesta en pr?ctica de estrategias nacionales con el mismo fin.


Por otro lado, Nikolaus van der Pas explic? que en el a?o 2050 dos personas en vida activa (15-65 a?os) tendr?n que mantener a una persona mayor de 65 a?os. De esta manera, apost? porque los j?venes tengan "una vida laboral segura" para mantener una sociedad sostenible.

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El informe pone de manifiesto que desde el a?o 2000 se han eliminado 117.000 puestos de trabajo en la industria automovil?stica europea, 70.000 de ellos suprimidos desde el a?o 2004.


La industria automovil?stica europea perder? en torno a 100.000 empleos entre los a?os 2006 y 2009 como consecuencia de los procesos de reestructuraci?n y de deslocalizaci?n, tanto en los constructores de autom?viles como en los vendedores de equipamiento, seg?n un informe sobre el sector de automoci?n realizado por Euler Hermes.


El informe pone de manifiesto que desde el a?o 2000 se han eliminado 117.000 puestos de trabajo en la industria automovil?stica europea, 70.000 de ellos suprimidos desde el a?o 2004. Los pa?ses m?s afectados han sido Dinamarca, Holanda, Portugal y Reino Unido, en los que el empleo en la automoci?n ha descendido m?s de un 20%.


Por contra, entre los a?os 2000 y 2006 se han creado cerca de 90.000 puestos de trabajo en los nuevos estados miembros de la Uni?n Europea, con crecimientos del 62,4% en Eslovaquia, donde las plantillas han aumentado de 36.000 a 58.400 efectivos, y del 41,% en la Rep?blica Checa, al pasar de 78.700 a 111.000 trabajadores.


La evoluci?n del empleo, seg?n Euler Hermes, se explica por la necesidad de adaptar los vol?menes de producci?n al estancamiento de la demanda en las regiones que cuentan con mercados automovil?sticos maduros, como Europa occidental o Norteam?rica.


As?, las matriculaciones mundiales de veh?culos alcanzaron 68,2 millones de unidades en. Entre 2000 y 2006, el crecimiento medio anual en los mercados maduros fue del 3%, frente al 15% registrado en los pa?ses emergentes.


M?s concretamente, entre 2000 y 2006 las matriculaciones bajaron un 0,3% en Europa occidental y un 2,2% en la zona Nafta (Estados Unidos, Canad? y M?xico), ?reas en las que la producci?n baj? un 6,3% y un 9,5%, respectivamente, en el mismo per?odo.


Por su parte, los fabricantes japoneses han sabido sacar provecho de esta situaci?n, ya que las matriculaciones en el pa?s asi?tico descendieron un 1,9%, pero la producci?n creci? un 13,4%, lo que sit?a a Jap?n como primer exportador del mundo.

Publicado por tuasesor @ 17:17
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El juzgado de lo Penal n?mero 2 de Gij?n ha absuelto a los sindicalistas de Corriente Sindical de Izquierda (CSI) C?ndido Gonz?lez Carnero y Juan Manuel Mart?nez Morala en el segundo juicio celebrado contra los sindicalistas por los da?os causados durante una protesta laboral del astillero Naval Gij?n realizada en 2004, seg?n informaron los sindicalistas a Europa Press.


Recientemente los mismos sindicalistas fueron condenados por el juez Lino Rubio Mayo, magistrado del Juzgado de lo Penal n?mero 1 de Gij?n, a tres a?os de prisi?n y multa de 2.160 euros por destruir la caja de conexiones de un sistema de control de tr?fico por v?deo en una protesta similar. C?ndido y Morala recogieron hoy la sentencia por este segundo juicio que, finalmente, ha resultado absolutoria.


Los hechos, seg?n la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, ocurrieron el 28 de diciembre de 2004 cuando tras una asamblea en las dependencias de los Astilleros de naval Gij?n, unas ciento cincuenta personas salieron de las mismas y dirigi?ndose por las calles mariano Pola, Plaza de M?ximo Gonz?lez y Carlos Marx llegaron al final de ?sta donde, una persona (seg?n la versi?n de dos agentes de polic?a) o dos personas (seg?n la versi?n de otros agentes) quemaron una furgoneta.


Todos estos hechos, contin?a la sentencia, hasta la intervenci?n de los bomberos para sofocar las llamas, duraron cuarenta minutos. Las personas a las que se le imputan los actos de quemar la furgoneta son los dos acusados.


Seg?n se desprende de la sentencia, No pueden ser ciertas las dos versiones de los cuatro agentes de polic?a "porque no puede ser cierto que uno de los acusados rompiese a la vez el cristal y quemase el veh?culo", seg?n la primera versi?n; y rompiese el cristal del veh?culo un individuo y rociase con un l?quido inflamable y lo incendiase otro que adem?s, "llamativamente" iba cubierto con un pasamonta?as, seg?n la otra versi?n.


Los dos primeros polic?as manifestaron que vieron a sesenta metros de distancia que la furgoneta estaba cargada con madera y otro material inflamable; "detalle que no percibieron los otros dos agentes que se encontraban bastante pr?ximos", a?ade el texto de la sentencia.


Por lo tanto, si no resulta acreditada la participaci?n de los dos acusado en el delito de da?os que se les imputa; "tampoco puede entenderse que fueran autores de un delito de des?rdenes p?blicos".

Publicado por tuasesor @ 17:15
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El secretario local de CC.OO. en Jerez de la Frontera (C?diz), Jos? Manuel Trillo, y el miembro del comit? de empresa de la Concejal?a de Deportes del Ayuntamiento jerezano, Juan Manuel Naranjo, condenados a tres a?os de prisi?n --pena suspendida cautelarmente-- por "impedir el derecho al trabajo" en la huelga general del 20 de junio de 2002 anunciaron el 23 de marzo que el Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia les han concedido un indulto parcial.


En rueda de prensa en Jerez, el secretario de Acci?n Sindical de la CC.OO C?diz y abogado, Juan Carlos S?nchez, explic? que el pasado 16 de marzo el Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia acordaron el indulto parcial, aunque hasta el momento no hay comunicado oficial.


No obstante, asegur? que los sindicalistas ya tienen conocimiento del telegrama remitido por el Consejo de Ministros al Juzgado de lo Penal n?mero tres de Jerez de la Frontera, que dict? sentencia.


As?, el indulto parcial ha conmutado la pena de tres a?os de prisi?n por dos, por lo que Trillo y Naranjo no tendr?n que ingresar en la c?rcel, aunque s? deber?n pagar la multa impuesta por el juez, de seis euros al d?a durante 14 meses, lo que asciende a un importe total de 2.500 euros.


Asimismo, el abogado explic? que el indulto parcial responde a los criterios de "proporcionalidad y de reinserci?n laboral" y no significa que Trillo y Naranjo vayan a retirar el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional que, por lo tanto, seguir?n manteniendo.


Los afectados expresaron a Europa Press su "enorme satisfacci?n" por la noticia, ya que Trillo reconoci? que estaba preocupado por su familia y "lo que pudiera pasar".


Una sentencia de 10 de abril de 2006, ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de C?diz, conden? a tres a?os de prisi?n y 14 meses de multa a Trillo y Naranjo, que, seg?n los jueces, "persegu?an impedir" el derecho al trabajo de la due?a de un establecimiento de Jerez abierto las 24 horas que se neg? a secundar la huelga general de 2002, ante lo cual los acusados reaccionaron de forma "violenta", causando destrozos en el local.

Publicado por tuasesor @ 17:12
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El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las renumeraciones y las cotizaciones sociales) ascendi? a 2.310,86 euros en el cuarto trimestre de 2006, lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto al mismo periodo del a?o anterior, inform? el Instituto Nacional de Estad?stica (INE).


De esta cantidad, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en met?lico como en especie) alcanz? los 1.743,41 euros, un 3,7% superior al del cuarto trimestre de 2005, mientras que el salario ordinario, es decir, sin pagos extraordinarios ni atrasados, creci? un 4,4%.


Por su parte, el valor medio de los otros costes laborales (que incluyen las percepciones no salariales y las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social) fue de 567,45 euros. El componente m?s importante de los otros costes fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que se incrementaron un 3,2%.


Los costes laborales por hora de trabajo efectiva aumentaron un 4,7% en el cuarto trimestre del a?o. Este crecimiento, superior al del coste laboral por trabajador, se debi? al descenso del 1,3% en el n?mero de horas trabajadas en este trimestre.


INDUSTRIA, MAYORES COSTES LABORALES.


Por sectores de actividad, el mayor coste laboral fue el de la industria, con un coste total medio por trabajador y mes de 2.671,25 euros, un 3,4% m?s que en el cuarto trimestre de 2005, seguido de la construcci?n, con 2.277,35 euros (un 3,7% m?s), y de los servicios, con 2.219,70 euros (3,7% m?s).


En cuanto al coste salarial, el m?s elevado tambi?n lo registr? la industria, con un salario bruto medio por trabajador y mes de 2.014,96 euros (un 3,6% m?s que en el cuarto trimestre de 2005), seguido por los servicios (con 1.692,83 euros y un crecimiento del 4%) y por la construcci?n (con 1.629,56 euros y un incremento del 3,9%).


Por su parte, el mayor crecimiento del salario ordinario se registr? en servicios, con un aumento del 4,8%, seguidos de la construcci?n (4,4%) y de la industria (4,2%).


Las prestaciones sociales directas disminuyeron en la industria y en los servicios, y crecieron en la construcci?n. Las otras percepciones no salariales (pagos compensatorios, desgaste de ?tiles y herramientas, indemnizaciones por traslado y fin de contrato, entre otras) aumentaron en todos los sectores, excepto en la construcci?n, donde disminuyeron ligeramente.


De esta manera, la variaci?n de estos componentes dio lugar a unos crecimientos de los otros costes del 3,1% en la construcci?n, del 2,9% en los ervicios y del 2,6% en la industria.


PAIS VASCO Y MADRID, LOS SUELDOS M?S ELEVADOS.


Por comunidades aut?nomas, los costes laborales m?s altos correspondieron a Comunidad de Madrid (2.697,03 euros por trabajador y mes), Pa?s Vasco (2.680,19 euros) y Navarra (2.590,59 euros). Por su parte, Canarias (1.890,01 euros), Extremadura (1.892,28 euros) y Murcia (1.982,49 euros) registraron los costes m?s bajos.


El crecimiento porcentual de los costes laborales fue desigual en las distintas comunidades. Castilla-La Mancha (5,1%), Cantabria (4,8%) y Galicia (4,6%) registraron los mayores incrementos, mientras que Asturias (2,1%), Comunidad de Madrid (2,6%) y Pa?s Vasco (2,8%) presentaron los m?s moderados.


Por su parte, los salarios m?s elevados correspondieron a Comunidad de Madrid (2.059,44 euros por trabajador y mes), Pa?s Vasco (2.035,97 euros) y Navarra (1.960,84 euros). Por el contrario, Canarias (1.394,91 euros), Extremadura (1.409,81 euros) y Regi?n de Murcia (1.478,01 euros) tuvieron los m?s bajos.


Las comunidades aut?nomas donde los otros costes (cotizaciones sociales y percepciones no salariales) fueron m?s elevados son Pa?s Vasco (644,22 euros por trabajador y mes), Madrid (637,59 euros) y Navarra (629,75 euros). Los valores m?s bajos se registraron en Extremadura (482,47 euros), Canarias (495,1 euros) y Murcia (504,48 euros).


JORNADA LABORAL.


Las horas pactadas por trabajador y mes alcanzaron las 156,6 en el cuarto trimestre de 2006, mientras que las horas efectivamente trabajadas fueron 134 y las no trabajadas por distintas causas sumaron 23,4. Los d?as de fiestas disfrutados representaron el 53% de las horas no trabajadas en el cuarto trimestre.


Los trabajadores a tiempo completo tuvieron 169,4 horas pactadas, 144,9 horas efectivas y 25,5 horas no trabajadas al mes, mientras que los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 85,8 horas pactadas, 74,1 horas efectivas y 12 horas no trabajadas al mes.


Por sectores de actividad, la construcci?n fue el sector con m?s horas pactadas y efectivas a tiempo completo, mientras que el sector servicios present? m?s horas pactadas y la construcci?n m?s horas efectivas a tiempo parcial.


Las comunidades aut?nomas con m?s horas efectivas fueron Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Por el contrario, Navarra, Pa?s Vasco y Asturias fueron las que presentaron menos horas efectivas.

Publicado por tuasesor @ 17:10
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M?s de 100.000 residentes en el extranjero cobraban pensiones contributivas de la Seguridad Social a 1 de enero de 2007, la mayor parte de jubilaci?n, seg?n datos de este organismo a los que tuvo acceso Europa Press.


En concreto, la Seguridad Social contabilizaba a principios de a?o 103.242 pensiones para no residentes en Espa?a, de las que 70.305, casi el 70%, eran de jubilaci?n. Les siguen las pensiones de viudedad (28.185), incapacidad permanente (2.751), orfandad (1.861) y favor de familiares (140).


Estas 103.242 pensiones son la totalidad de las prestaciones contributivas, excluidas las del Instituto Social de la Marina, que estaban en vigor el 1 de enero de este a?o y que se pagan fuera de Espa?a, independientemente de donde se hayan generado.


Cuatro de cada diez pensiones que la Seguridad Social abona en pa?ses extranjeros se concentran en Francia, que cuenta con 43.771 perceptores.


A mucha distancia se sit?a Alemania, con 10.282 pensionistas, seguido de Argentina (8.358), Venezuela (4.777), Brasil (4.750), B?lgica (4.017), Suiza (3.480), Australia (2.546), Reino Unido (2.309), Andorra (2.182), Portugal (2.215), Estados Unidos (1.725), Marruecos (1.625), Uruguay (1.510) y Pa?ses Bajos (1.455).


PENSIONISTAS HASTA EN LAS SEYCHELLES.


Casos ?nicos son los de Azerbay?n, Costa de Marfil, Eslovenia, Seychelles, Nepal, Namibia, Estonia, Indonesia, L?bano, Madagascar, Mauricio o Mozambique, pa?ses donde la Seguridad Social paga una sola pensi?n a uno de sus residentes, la mayor?a de jubilaci?n, como las de Seychelles, Namibia, Mauricio, Nepal, Madagascar o Mozambique.


En total, la Seguridad Social abona pensiones en m?s de un centenar de pa?ses. Adem?s de los ya citados, hay pensionistas en la Polinesia francesa, en Vietnam, en Togo, en Egipto, en Jordania, en Singapur, en Liechtenstein, en India y en Gambia, entre otros.


Las pensiones pueden causarse al amparo de normas internacionales cuando el causante tuvo periodos de empleo, seguro o residencia, adem?s de en Espa?a, en otro pa?s con el que exista un convenio bilateral.


Si el otro pa?s pertenece a la Uni?n Europea se aplican los correspondientes reglamentos comunitarios. Para calcular estas pensiones se tienen en cuenta los periodos contabilizados en total y cada pa?s paga una parte.


Los beneficiarios de pensiones contributivas generadas al amparo de normas internacionales pueden residir en Espa?a o en otros pa?ses. Seg?n los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, a 1 de enero de este a?o se registraban 504.397 pensiones causadas al amparo de normas internacionales, concentradas especialmente en pa?ses como Francia (194.388), Alemania (131.721) y Suiza (67.750).

Publicado por tuasesor @ 17:08
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CC.OO. y UGT quieren estar presentes en las visitas que la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social realiza a las empresas para vigilar el cumplimiento de la legislaci?n laboral, seg?n aseguraron el 22 de marzo a Europa Press los secretarios de Acci?n Sindical de CC.OO. y UGT, Ignacio Fern?ndez Toxo y Toni Ferrer, respectivamente.


La decisi?n de que los representantes de los trabajadores participen en dichas visitas depende actualmente del inspector, aunque la Inspecci?n de Trabajo ha remitido una instrucci?n que, no siendo imperativa, invita a tomar en cuenta la posibilidad de que los sindicatos est?n presentes en sus visitas a empresas.


Los representantes sindicales acudieron al Ministerio de Trabajo para participar en el acto de constituci?n de la comisi?n consultiva de la Inspecci?n, un ?rgano tripartito (Gobierno, empresarios y sindicatos) cuya creaci?n es fruto de la reforma laboral pactada en el marco del di?logo social.


El director general de la Inspecci?n, Raimundo Arag?n, se?al? a Europa Press que esta comisi?n potencia los cauces de consulta y participaci?n de los agentes sociales en la actuaci?n inspectora, intentando que las prioridades de su actividad se adapten a los intereses de los agentes sociales.


En este sentido, las funciones de esta comisi?n ser?n las de asesorar y formular propuestas e informes para la actuaci?n de la Inspecci?n, objetivos de alcance general y campa?as, entre otras tareas.


M?S EFECTIVOS.


Los secretarios de Acci?n Sindical de CC.OO. y UGT destacaron que con la creaci?n de este foro se reconoce institucionalmente el papel de los agentes sociales en una materia tan importante como es la Inspecci?n de Trabajo.


Toxo y Ferrer subrayaron adem?s que la Inspecci?n de Trabajo tiene un importante papel que desempe?ar en el cumplimiento de las leyes y de la negociaci?n colectiva. "Hay un alto grado de incumplimiento de la legislaci?n y de fraude laboral y esta comisi?n debe servir para reconducir esta situaci?n", afirm? el dirigente de UGT.


Por su parte, Toxo resalt? la necesidad de trasladar este modelo de comisi?n tripartita a las comunidades aut?nomas, pues de ellas depende la gesti?n de la Inspecci?n de Trabajo.


Los representantes sindicales quieren conocer a trav?s de este foro los resultados de los planes que lleva a cabo la Inspecci?n, as? como participar en la planificaci?n de sus actuaciones en materias tan relevantes como la subcontrataci?n, la inmigraci?n, la Ley de Igualdad o la prevenci?n de riesgos laborales.


Asimismo, requieren de Trabajo que explique en qu? estado se hallan los compromisos del Gobierno de incrementar la plantilla de la Inspecci?n. El objetivo es reforzar la Inspecci?n de Trabajo hasta contar con 954 inspectores y 968 subinspectores al final de la legislatura, lo que supondr?a un crecimiento de casi el 20% sobre los efectivos actuales

Publicado por tuasesor @ 17:06
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El 27% de los accidentes laborales mortales en Espa?a se producen durante los trayectos de ida o regreso al puesto laboral ("in itinere"), de estos el 64% sucede en el desplazamiento de ida al trabajo, seg?n un informe de Mutua Universal presentado el 23 de marzo por el director general de Tr?fico, Pere Navarro.


El mismo estudio revela que del total de accidentes laborales de Espa?a, el 9% se produce "in intinere", mientras que del total de accidentes laborables graves, un 18% se produce durante los desplazamientos de ida o regreso al puesto de trabajo


Desde 2001, el n?mero de siniestros "in itinere" en Espa?a aument? en un 17,1%, situ?ndose en los 90.023 accidentes anuales. En 2006 en espa?a hubo 95.630 accidentes de este tipo, de estos 372 fueron mortales, 1.974 graves y 93.284 leves.


Del total de accidentes laborales mortales "in itinere" en Espa?a, el 70% implic? a trabajadores cuya actividad principal no es el transporte de pasajeros o mercanc?as, lo que implica que la mayor?a de los accidentes los padecen trabajadores no profesionales del transporte.


Ante estas cifras, el director general de Tr?fico, Pere Navarro, asegur? que "lo que no puede ser es que durante la jornada laboral cumplamos con todas las normativas de seguridad y cuando salimos a la carretera no nos ponemos el cintur?n o nos colocamos mal el reposa cabezas".


En este sentido, Navarro reclam? una mayor implicaci?n de las empresas para evitar este tipo de problem?ticas, e insisti? en la necesidad de que se cree un responsable en cada compa??a para que se encargue de educar al resto de trabajadores sobre las normas de educaci?n vial".


LAS MOTOS, A?N M?S ACCIDENTADAS.


Si los ?ndices de accidentalidad son altos en los desplazamientos en coche, a?n lo son m?s en motocicleta. Navarro explic? que, as? como en seguridad vial para coche "debemos aprender de los pa?ses del norte de Europa, sobre motos somos Espa?a, Italia y Francia los que debemos desarrollar iniciativas conjuntas".


El director de tr?fico asegur? que el resto de pa?ses europeos no tienen la cultura de viajes en moto de Espa?a, "es por ello que no tenemos referentes con los que trabajar y por lo que hemos de unir nuestros esfuerzos con Italia y Francia para evitar tantos accidentes.


Asimismo, Navarro a?adi? que "lo m?s importante es rebajar el alto ratio de accidentalidad por viajero en motocicletas", que en Espa?a se sit?a en 36,61 v?ctimas por cada mill?n de viajeros y kil?metros.


CIFRAS EN CATALUNYA.


En Catalunya la cifras de siniestralidad laboral "in itinere" son parecidas a las del resto de Espa?a, incluso algo superiores. El 10% de los accidentes laborales sucedidos en Catalunya durante 2006 fueron "in itinere".


En este mismo a?o, Catalunya registr? 59 accidentes laborables mortales "in itinere", lo que represento un 29% del total de accidentes mortales, mientras que acumul? 358 accidentes graves, un 22% de total y 18.693 leves, un 10%.

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La Seguridad Social extrema el control sobre la jubilaci?n parcial


El seguimiento se ha extendido tambi?n a las jubilaciones especiales a los 64 a?os


El n?mero de trabajadores que actualmente percibe una pensi?n de jubilaci?n parcial, compatibiliz?ndola con el trabajo a tiempo parcial, asciende a 74.126 trabajadores, seg?n datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social a 31 de enero de 2007. Para evitar posibles fraudes, la Seguridad Social ha extremado el control sobre la jubilaci?n parcial y la jubilaci?n especial a los 64 a?os. Desde el a?o 2005 hasta la fecha se han revisado 37.172 casos de jubilaci?n parcial, pr?cticamente la mitad del total.


El INSS desarroll? una primera campa?a de control en los meses de abril a junio de 2005, que abarcaba desde enero 2003, fecha de implantaci?n del sistema, hasta abril de 2005. A partir de esa fecha se ha sistematizado el control para revisar los casos que plantean dudas sobre la falta de relevista en el puesto del trabajador jubilado a tiempo parcial o la correspondencia de jornada entre relevista y relevado.


En el ?ltimo a?o, el INSS ha revisado 5.429 pensiones de jubilaci?n parcial que pod?an presentar alg?n tipo de irregularidad entre julio de 2005 y diciembre de 2006, de las cuales 864 han sido objeto de reclamaci?n a las empresas por ausencia de relevista y 11 por jornada inadecuada, el 16,11% de los casos revisados.


En el caso de la jubilaci?n especial a los 64 a?os, se examinaron 998 casos, 161 de los cuales han motivado reclamaci?n a las empresas por ausencia de trabajador sustituto.


Las altas en jubilaci?n parcial han sufrido un notable incremento. El primer a?o de implantaci?n, 2003, se registraron 10.867 altas; en 2004 esta cifra se increment? en 15.740; en 2005, 20.928, y en 2006, 27.809. En total, 75.344. La diferencia con los 74.126 trabajadores que en enero de 2007 segu?an percibiendo esta prestaci?n se debe a que los trabajadores acogidos a este sistema pueden continuar o pasar directamente a la jubilaci?n al cumplir los 65 a?os.


Entre abril y junio de 2005 se desarroll? por primera vez una campa?a masiva de estas prestaciones desde enero de 2003 a abril de 2005. Sobre un total de 31.743 pensiones de jubilaci?n parcial objeto de control, se constat? que en 261 casos exist?a responsabilidad empresarial por ausencia de relevista y en 6 por jornada inadecuada. En el caso de la jubilaci?n especial, se revisaron 13.011 pensiones, con un resultado final de 209 irregularidades por ausencia de sustituto.


La jubilaci?n parcial exige haber cumplido 60 a?os, se simult?nea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y se vincula a un contrato de relevo con un trabajador en situaci?n de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duraci?n determinada.


En cuanto a la jubilaci?n especial a los 64 a?os, permite al trabajador por cuenta ajena acceder a la pensi?n de jubilaci?n con los mismos derechos econ?micos que si tuviera 65 a?os cumplidos, sin la aplicaci?n de coeficientes reductores por edad. Para ello es imprescindible que la empresa, por convenio colectivo, est? obligada a sustituir simult?neamente al trabajador que se jubila por otro inscrito como desempleado en el Servicio P?blico de Empleo Estatal (SPEE).

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La pensi?n media de jubilaci?n se situ? en marzo en 756,07 euros mensuales, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al mismo mes del a?o pasado, seg?n las datos difundidos el 23 de marzo por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales.


La pensi?n media de la Seguridad Social, que comprende las distintas clases de pensi?n (jubilaci?n, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanz? los 670,47 euros mensuales, con un aumento el 5% respecto al mismo mes de 2006.


Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente alcanzaron en marzo una cuant?a media de 757,22 euros mensuales, con un incremento del 4%.


En cuanto al resto de pensiones, las de viudedad, orfandad y en favor de familiares sumaron a principios del presente mes una cuant?a media de 497 euros; 299,62 euros y 395,32 euros, respectivamente, con crecimientos del 4,5%, 5,3% y 6,3%.


En marzo, la Seguridad Social abon? un total de 8.237.070 pensiones contributivas en todo el territorio nacional, un 1,4% m?s que en el mismo mes del ejercicio precedente.


De esta cantidad, 4.846.007 fueron por jubilaci?n (+1,1%), 2.216.102 por viudedad (+1,3%), 877.744 de incapacidad permanente (+3,7%), 258.770 de orfandad (-0,9%) y 38.447 a favor de familiares (-2,2%).


Para ello, la Seguridad Social destin? un total de 5.522,6 millones de euros (+6,4%), de los que 3.663,9 millones correspondieron a la n?mina mensual de las pensiones de jubilaci?n (+6,4%), 1.101,4 millones, a pensiones de viudedad (+5,8%); 664,6 millones, a incapacidad permanente (+7,8%); 77,5 millones, a orfandad (+4,4%); y 15,1 millones, a favor de familiares (+4%).


SIETE COMUNIDADES SUPERAN LAS PENSI?N MEDIA.


Por comunidades aut?nomas, siete de ellas, m?s Ceuta y Melilla, superaron en marzo la pensi?n media nacional, establecida en 670,47 euros al mes. Pa?s Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias m?s elevadas, con 838,85 euros, 810,55 euros y 795,30 euros mensuales, respectivamente.


Les siguieron Navarra (750,89 euros mensuales), Ceuta (735,31 euros), Cantabria (696,38 euros), Arag?n (691,86 euros), Catalu?a (690,40 euros), Melilla (676,97 euros), Castilla y Le?n (648,69 euros), La Rioja (640,22 euros), Canarias (629,73 euros), Castilla-La Mancha (619,55 euros), Andaluc?a (619,50 euros), Comunidad Valenciana (613,61 euros) y Baleares (606,13 euros).


Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensi?n media de 591,58 euros mensuales; Extremadura, con 570,48 euros, y Galicia, con 559,77 euros al mes.


Catalu?a es la comunidad que cuenta con un mayor n?mero de pensionistas, al representar el 17,8% del total nacional. A continuaci?n, se sit?an Andaluc?a, con el 15,9%, seguida de Madrid (10,8%), Comunidad Valenciana (10%), Galicia (8,5%), Castilla y Le?n (7%) y Pa?s Vasco (5,7%).

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Domingo, 18 de marzo de 2007
Un juzgado considera correcto el empleo de c?maras de v?deo para el despido de un trabajador


Un juzgado de lo Social de San Sebasti?n ha considerado correcta la utilizaci?n de c?maras de v?deo por parte de una empresa guipuzcoana para fundamentar el despido de un empleado que pasaba parte de su jornada laboral viendo fotos de mujeres desnudas y jugando con el ordenador.


Seg?n la sentencia del caso, a la que tuvo acceso Efe, la compa??a afectada comunic? al operario su despido el 30 de noviembre de 2006, despu?s de que una de las dos c?maras de v?deo que hab?an sido instaladas en las oficinas de la firma para controlar las pantallas de los ordenadores detectara que el acusado pasaba una parte importante de su jornada dedicado a actividades ajenas a su trabajo.


El escrito judicial precisa que estas c?maras hab?an sido colocadas "con perfecto conocimiento por parte de todos los empleados, tanto de su ubicaci?n, ya que estaban a la vista, como de su misi?n y objetivo".


De esta manera, la empresa, dedicada a la producci?n de programas para circuitos impresos, comprob? que, a lo largo de 27 jornadas de trabajo y 120 horas laborales, su empleado hab?a estado "22,5 horas de tiempo efectivo dedic?ndose a la pr?ctica de juegos" y a la contemplaci?n de im?genes de mujeres desnudas, por lo que decidi? despedirlo, al entender que hab?a incurrido en una falta grave.


El trabajador respondi? con una demanda contra la compa??a en la que reclamaba que el despido fuera declarado nulo o improcedente, al entender que la presencia de las c?maras de v?deo en su puesto de trabajo supon?a "una vulneraci?n de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la intimidad de los trabajadores".


Sin embargo, el juzgado considera que estos derechos no se han visto vulnerados porque el empresario tiene la capacidad de "adoptar las medidas que estime m?s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del trabajador".


La sentencia recuerda asimismo que el empleador "puede acudir a cualquier medio de prueba l?cito" para "justificar los hechos imputados" al empleado.


Precisa adem?s que en el juicio el operario reconoci? "todas y cada una de las imputaciones en las que la empresa bas? el despido", aunque aleg? que los tiempos en los que se dedicaba a actividades ajenas a la empresa eran "momentos puntuales" que se produc?an en "espacios de tiempo muerto cuando no hab?a trabajo que realizar".


El texto judicial admite que "en cualquier empresa pueden existir tiempos muertos de trabajo que los empleados aprovechen para disfrutar del descanso reconocido legalmente o para dedicarse a actividades "consentidas" por la empresa de car?cter personal".


Sin embargo, la sentencia considera "impensable que durante una jornada laboral de ocho horas existan d?as en los que por tiempo superior a dos horas no haya trabajo que realizar".


El escrito tambi?n reconoce que algunos de los d?as el trabajador pudo dedicarse a labores distintas a su profesi?n en tiempos muertos, "pues diez minutos, veinte o media hora entran dentro de la pura l?gica", pero "estar durante un mismo d?a m?s de una hora dedicado a actividades ajenas a la empresa, jugando o viendo fotos de mujeres desnudas, debe considerarse constitutivo de la transgresi?n de la buena fe contractual".


Por este motivo, el juzgado cree que "la actuaci?n del trabajador s?lo puede calificarse como trasgresi?n voluntaria y culpable de la buena fe contractual" ya que "viol? la lealtad" y la "confianza en ?l depositadas" y considera correcto su despedido.

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El Supremo ratifica la condena a Izar por la muerte de un trabajador que enferm? de c?ncer de pulm?n


El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del juzgado de lo social n?mero 1 de Gij?n que condenaba a la empresa Izar Gij?n a indemnizar con 100.000 euros a la familia de un trabajador --Jos? Mar?a Aguado-- fallecido como consecuencia de un mesotelioma pleural. El Supremo dict? en enero una resoluci?n desestimando el recurso interpuesto por la empresa al fallo que fue tambi?n ratificado por el Tribunal Superior de Asturias (TSJA). La empresa ha sido condenada por da?os morales al trabajador, por el sufrimiento de la enfermedad y su muerte.


La resoluci?n del Supremo fue dada a conocer el 15 de marzo por el sindicato CCOO en una rueda de prensa en la que se dieron datos sobre las muertes profesionales de trabajadores en Asturias. El sindicato cifr? en 546 trabajadores los fallecidos en la comunidad en 2004 por enfermedades profesionales. CC OO investiga ahora otros doce casos en Arcelor, Izar, Duro Felguera y Renfe. De estos casos, seis trabajadores est?n ya fallecidos y otros cinco se encuentran enfermos. Adem?s, en Asturias hay otros cuatro casos denunciados a la espera de sentencia firme.


Jos? Mar?a Aguado era trabajador de una empresa subcontratada por Izar en la que trabajaba como carpintero naval. Su funci?n era el revestimiento de paredes de los buques en las que utilizaba placas de amianto que ten?a que cortar en espacios de reducidas dimensiones, seg?n relat? Irene Saavedra, t?cnica del departamento de Salud Laboral de CC OO. El sindicato sostiene que no exist?an dispositivos de aspiraci?n del polvo de amianto, ni tampoco se le facilit? al trabajador mascarillas ni ropa espec?fica. El carpintero falleci? en el a?o 2001.


La empresa naval tiene en la actualidad m?s procesos abiertos por supuestas muertes profesionales de trabajadores, seg?n el sindicato, provocadas por el contacto con el "amianto". En algunos ya hay sentencia condenatorias que est?n recurridas por la compa??a en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


En la rueda de prensa, Saavedra se refiri? tambi?n a otros casos que en la actualidad est?n recurridos por las empresas y de los que se espera una sentencia firme. La representante sindical describi? el caso de un trabajador de Aceralia que en estos momentos tiene concedida una incapacidad absoluta para cualquier trabajo y que tiene diagnosticada una enfermedad pulmonar cr?nica causada supuestamente por las fibras de amianto.


Finalmente, la t?cnica de Salud Laboral coment? dos casos de trabajadores, uno de un fallecido en la empresa "Naval Gij?n" a causa de una neoplasia de pulm?n y otro, que en estos momentos est? declarado en situaci?n de invalidez permanente absoluta.


Saavedra destac? que "los sectores en Asturias con mayor presencia de productos qu?micos cancer?genos, mut?genos y que alteran el sistema hormonal son la industria naval, el sector de la construcci?n, los altos hornos, los laboratorios farmac?uticos, la ense?anza, la madera, los pl?sticos, la limpieza y los talleres de automoci?n".


ASTURIAS ENCABEZA LAS MUERTES POR ENFERMEDAD PROFESIONAL


El secretario de Salud Laboral de CCOO de Asturias, Jerem?as Dos Santos Zapico, se?al? esta en rueda de prensa que la regi?n encabeza las muertes de trabajadores en Espa?a por exposici?n a sustancias cancer?genas en el trabajo". Adem?s, Madrid, Catalu?a, Andaluc?a, Euskadi y la Comunidad Valenciana son junto con Asturias los ?mbitos territoriales con mayor tasa de mortalidad por c?ncer de pleura y de pulm?n.


Dos Santos se?al? que en Asturias, la sustancia cancer?gena que provoca m?s muertes en el trabajo es el amianto pero no es el ?nico. Los trabajadores que son v?ctimas del amianto son relegados al olvido y las empresas para las que trabajaron hicieron todo lo posible por retrasar la prohibici?n del amianto, que en Espa?a se realiz? en 2002, mientras que en otros pa?ses de Europa ya comenz? a prohibirse en 1976.


Seg?n un estudio realizado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO, en 2004 fallecieron en Espa?a un total de 16.125 personas, de las cuales 14.016 fueron hombres y 2.109 mujeres. En el mismo a?o, las estad?sticas oficiales s?lo registraron dos casos de muerte por enfermedad, inform? el sindicato.


Adem?s, el secretario de Salud Laboral se?al? que "el mayor n?mero de muertes est? relacionado con tumores malignos". Adem?s, el sindicato estimo que en Espa?a, cada a?o se producen 80.000 nuevos casos de enfermedad laboral.

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Los trabajadores temporales y los mayores de 54 a?os tienen m?s riesgo de sufrir accidentes mortales


Los trabajadores mayores de 54 a?os y los que tienen contratos temporales son los colectivos con mayor riesgo de padecer un accidente laboral de car?cter mortal, seg?n un informe elaborado por el Observatorio de Salud Laboral y presentado el 15 de marzo en rueda de prensa en la sede del Consejo Econ?mico y Social (CES).


En concreto, los accidentes mortales son entre 2,5 y 3 veces m?s elevados entre los trabajadores temporales que entre los que disfrutan de un contrato indefinido. Asimismo, las lesiones de car?cter no mortal son m?s habituales entre los trabajadores que no tienen un empleo fijo que entre los que s? lo tienen.


En el caso de los trabajadores mayores de 54 a?os, el director del Observatorio de Salud Laboral y catedr?tico de la Universidad Pompeu Fabra, Fernando Garc?a Benavides, explic? que "no est?n claras" las razones por las que este colectivo est? m?s expuesto que otros a los siniestros mortales.


No obstante, indic? que uno de los motivos que podr?an influir en ello es el hecho de que, con la edad, los trabajadores pierden resistencia ?sea y acumulan m?s desgaste mental y f?sico, lo que les hace m?s vulnerables ante una situaci?n de riesgo en el trabajo.


El informe revela adem?s que los trabajadores manuales no cualificados, muchos de ellos inmigrantes que se han legalizado, tienen un mayor riesgo de padecer un accidente laboral. Tambi?n son colectivos "diana" las mujeres y las j?venes, al ser los que sufren en mayor medida la temporalidad.


Asimismo, el riesgo de muerte por accidente laboral es mayor en las comunidades aut?nomas del noroeste, mientras que las islas y algunas zonas del mediterr?neo concentran un mayor n?mero de siniestros no mortales. Estos patrones, manifest? Benavides, se mantienen a lo largo de los ?ltimos diez a?os, por lo que inst? al Gobierno central a realizar de manera "urgente" un estudio espec?fico sobre esta materia que aclare la "fotograf?a" regional de la siniestralidad.


LA MITAD DE LAS MUERTES, EN DESPLAZAMIENTOS.


Los datos de este estudio apuntan adem?s que casi la mitad de los accidentes mortales que se registran en Espa?a tienen que ver con desplazamientos de tr?fico por motivos laborales o accidentes "in itinere", es decir, aquellos siniestros que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa.


En este sentido, el informe se?ala que, aunque se han reducido en n?mero, los accidentes "in itinere" o en desplazamiento no presentan un descenso tan acusado como el que s? han registrado los siniestros mortales en los centros de trabajo en los ?ltimos diez a?os.


"Estamos consiguiendo m?s ?xito en la reducci?n de los accidentes dentro de las empresas que fuera de ellas", declar? Benavides, quien inst? a la Administraci?n a hacer esfuerzos en este tema para rebajar las cifras de la siniestralidad "in itinere".


INFRANOTIFICACI?N DE ENFERMEDADES.


Seg?n Benavides, la ca?da de los accidentes laborales en Espa?a, un pa?s que sufre dos veces m?s de siniestros que en la UE-15, no se debe tanto a las pol?ticas institucionales como al cambio que han experimentado el sistema productivo y las condiciones laborales.


De ?stas ?ltimas, denunci? el profesor de la Pompeu Fabra, se sabe muy poco, porque apenas hay informaci?n, un d?ficit que emplaz? a que sea corregido con m?s datos estad?sticos, incluso recogidos en el mismo centro de trabajo.


De lo "poco que se sabe", Benavides resalt? que la mitad de los trabajadores de Espa?a, unos 9 millones, tienen que hacer grandes esfuerzos de concentraci?n durante al menos el 50% de su jornada laboral, lo que les expone m?s ante situaciones de riesgo.


Tambi?n se sabe que las enfermedades profesionales no se contabilizan bien en Espa?a. Al respecto, el director del Observatorio advirti? de que existe un "enorme desconocimiento" en esta materia, ya que las enfermedades de origen laboral se "infranotifican", hasta el punto de que las estad?sticas dejan de reconocer cerca de 50.000 casos cada a?o.


En este sentido, Benavides emplaz? a la administraci?n sanitaria a aplicar la nueva normativa sobre enfermedades profesionales, en la que se faculta a los m?dicos del Sistema Nacional de Salud a informar de una posible enfermedad profesional cuando sospechen un posible origen laboral.

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Jueves, 15 de marzo de 2007
15/03/2007

Las ETT gestionaron el 42% de los nuevos contratos temporales tras la reforma laboral


Las empresas de trabajo temporal (ETT) gestionaron el 42% de los nuevos contratos temporales tras la reforma laboral y as? de los 727.400 nuevos contratos temporales en 2006, las ETT gestionaron 305.960, seg?n un estudio de la Asociaci?n de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett).


El informe, elaborado por el servicio de estudio de la asociaci?n en colaboraci?n con el Centro de Predicci?n Econ?mica (Ceprede) de la Universidad Aut?noma de Madrid, refleja que el "efecto reforma laboral" ha producido una mayor tasa de estabilidad en el empleo y m?s causalidad en la temporalidad en 2006, y prev? que esta tendencia se mantenga durante 2007.


As?, los contratos indefinidos aumentaron un 41,1% y pasaron de representar el 9% de los contratos totales en 2005 al 11,8% en 2006.


Esta evoluci?n de la contrataci?n indefinida se debe, en gran parte, a la conversi?n de contratos temporales en indefinidos incentivada por el plan extraordinario de la reforma laboral, ya que los contratos convertidos en indefinidos supusieron el 58% de los indefinidos totales (2.177.245).


El informe de Agett constata que la modalidad de contratos en pr?cticas, los temporales de minusv?lidos y los de sustituci?n fueron los que tuvieron una mayor tasa de potencialidad de conversi?n en indefinidos.


En segundo lugar, los contratos temporales se desaceleraron progresivamente creciendo s?lo un 4,7% y pasan de suponer el 91% de la contrataci?n total en 2005 al 88,2% en 2006 (2,8 puntos porcentuales menos). Dentro de los contratos temporales, los gestionados a trav?s de ETT crecieron un 13,3% en 2006 (fue del 7% en 2005) mientras que el resto de contratos temporales s?lo lo hizo en un 3,2%.


Agett destac? que "en un entorno en el cual el ritmo de las contrataciones temporales se ralentiza, la desaceleraci?n se explica por las contrataciones realizadas fuera del sector ETT".


Los contratos realizados a trav?s de las ETT s?lo representaron el 16% (2.601.016 contratos) de los 16.349.527 contratos temporales registrados en 2006.


El incremento de las contrataciones de 2006 de car?cter indefinido respecto al a?o anterior destac? especialmente en seis comunidades aut?nomas (Canarias, Cantabria, Castilla y Le?n, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia) que representaron el 55% de los nuevos asalariados indefinidos de 2006.


El incremento de las contrataciones de car?cter temporal respecto al a?o previo destac? en cinco regiones que representaron el 67% de los nuevos asalariados temporales de 2006: Andaluc?a, Arag?n, Catalu?a, Madrid y Navarra.


Las regiones con un peso m?s importante en cuanto a n?mero de contrataciones del sector de ETT son Andaluc?a, Catalu?a, Comunidad Valenciana, Madrid y Pa?s Vasco, que suponen el 9,7%, 21,7%, 11,7%, 17,9% y 7,6%, respectivamente.


Esto significa que en cinco comunidades se concentra el 69% de las gestiones de las ETT y aportan el 53% del dinamismo operacional del a?o.


PREVISIONES PARA 2007.


El Centro de Predicci?n Econ?mica (Ceprede) de la Universidad Aut?noma de Madrid espera en 2007 una desaceleraci?n del dinamismo del mercado laboral espa?ol, con un ritmo medio de creaci?n de empleo del 3,1%.


El incremento de los ocupados superar? al de los activos y disminuir?n los desempleados, por lo que la tasa de paro se reduce nuevamente hasta el 8,1%.


Asimismo prev? "un incremento m?s moderado pero sostenido" de la contrataci?n indefinida, sobre todo por los contratos indefinidos iniciales en la modalidad de fomento del empleo (33 d?as a?o por indemnizaci?n de despido).


Tambi?n augura un incremento de la tasa de penetraci?n de las empresas de trabajo temporal hasta alcanzar el 17% del total de los contratos temporales.


Por ?ltimo, la tasa de temporalidad media anual actual (2006) del 34% podr?a llegar al 33% en 2007 por el efecto de la reforma laboral y al 32% en un escenario muy optimista.

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15/03/2007


La Seguridad Social supera los 19 millones de afiliados en marzo, un 12,6% m?s que hace tres a?os


El n?mero de afiliados a la Seguridad Social super? los 19 millones en marzo de 2007 despu?s de haber aumentado en m?s de 2,1 millones de ocupados a lo largo de los tres primeros a?os de legislatura, lo que supone un incremento del 12,6%, seg?n inform? el 14 de marzo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.


El departamento dirigido por Jes?s Caldera explica este incremento por "la importante incorporaci?n de mujeres al sistema, el crecimiento superior de los contratos indefinidos frente a los temporales y a la afiliaci?n mayoritaria al R?gimen General".


As?, el incremento de la afiliaci?n fue mayor en el caso de las mujeres, que sumaron m?s de 1,1 mill?n de ocupadas (+17,62%), frente a los 951.918 nuevos afiliados varones (+9,33%).


Por tipo de contrato, los indefinidos aumentaron en m?s de 1,4 millones de unidades, mientras que los temporales lo hicieron en 662.312, de forma que a marzo de 2007, de los m?s de 14,5 millones de contratos suscritos, un 63,79% corresponden a indefinidos y otro 34,78% a temporales.


Por su parte, la afiliaci?n al R?gimen General de la Seguridad Social experiment? un crecimiento por encima de la media, con un incremento del 14,82% al sumar m?s de 1,8 millones de nuevos afiliados desde marzo de 2004, mientras que el R?gimen Especial de Trabajadores Aut?nomos (RETA) sum? 281.901 afiliados (10,07%).


El R?gimen Especial de Empleados del Hogar gan? 105.304 afiliados (58,44%), incremento que el Ministerio de Trabajo achac?, principalmente, al proceso de normalizaci?n de trabajadores extranjeros llevado a cabo en 2005.


Por ?ltimo, seis comunidades aut?nomas registraron un crecimiento en la afiliaci?n por encima de la media nacional: Castilla-La Mancha (20,51%), Murcia (17,24%), Madrid (15,61%), Islas Baleares (15,27%), Arag?n (13,48%) y Valencia (13,18%), adem?s de la Ciudad Aut?noma e Ceuta (15,66%).


En t?rminos absolutos, los principales incrementos se registraron en Madrid (405.298), Catalu?a (353.925) y Andaluc?a (326.753), que concentran pr?cticamente la mitad del incremento total en el n?mero de afiliados.

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Mi?rcoles, 14 de marzo de 2007
Condenados a 4 meses de prisi?n los due?os de Aparados Hergar S.L. acusados por la ?par?lisis del calzado?


El juzgado de lo penal n?mero cuatro de Alicante ha condenado a los dos propietarios de la empresa Aparados Hergar S.L., ?gueda Garc?a y Jos? Antonio Hern?ndez, a una pena de cuatro meses y 15 d?as de prisi?n --que se sustituyen por nueve meses, cuatro meses y 15 d?as de multa--, como responsables de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, y diez delitos de lesiones causadas por imprudencia grave profesional.


El magistrado-juez considera que los acusados son responsables criminalmente de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo porque, como administradores de hecho y de derecho de la mercantil Aparados Hergar S.L., --empresa ubicada de manera clandestina desde septiembre de 1996 en Villena (Alicante)--, organizaron el trabajo propio del aparado de calzado con uso de un pegamento llamado cemen, --que contiene, entre otros componentes qu?micos N-Hexano, nocivo para la salud--, sin proporcionar a los entre 28 y 30 trabajadores de su taller medios de protecci?n colectiva.


Estas medidas de prevenci?n preceptivas para dicha actividad deber?an haber sido la ventilaci?n general forzada y ventilaci?n localizada en los puestos de trabajo donde se usaba dicho producto, y medios de protecci?n individual --como mascarillas y guantes-- entre otras normas legales.


La sentencia, ante la que los condenados pueden presentar un recurso de apelaci?n en un plazo de 10 d?as, considera que la falta de medios de protecci?n colectiva provoc? la contaminaci?n a?rea en el taller donde trabajaban las empleadas sin protecci?n individual, y llev? a las afectadas a entrar en contacto con el peligro para la salud de los empleados.


Como consecuencia de la inhalaci?n prologada del aire contaminado de N-Hexano, un total de 10 trabajadoras sufrieron la enfermedad llamada "par?lisis del calzado", que consiste en una neuropat?a toxica perif?rica, y para cuya curaci?n fue necesario tratamiento medico, consistente en reposo, aplicaciones de aparatos ortop?dicos y rehabilitaci?n. Las trabajadoras afectadas se curaron tras periodos que oscilaron entre 666 y 60 d?as, sin que quedaran secuelas a ninguna de ellas, seg?n recoge la sentencia.


PENAS


Por ello, condena a ?gueda Garc?a y a Jos? Antonio Hern?ndez como responsables criminalmente como autores de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, en concurso ideal con diez delitos de lesiones causadas por imprudencia grave profesional, y observa la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por analog?a a las de reparaci?n del da?o y confesi?n de la infracci?n.


As?, establece una penas de cuatro meses y quince d?as de prisi?n --que se sustituyen por nueve meses de multa, cuatro meses y quince d?as de multa, en ambos casos con una cuota diaria de seis euros--, arresto de quince fines de semana, e inhabilitaci?n especial para el ejercicio de la profesi?n de industrial del calzado por un a?o y tres meses por los diez delitos de lesiones por imprudencia.


Asimismo, los condena al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusaci?n particular, y, en concepto de responsabilidad civil a indemnizar a las 10 trabajadoras con un total de 177.588 euros. El escrito indica que la responsabilidad civil directa es de la Aseguradora La Estrella, que abonar? adem?s el inter?s anual del 20 por ciento desde el 30 de noviembre de 2004 hasta su completo pago, con el l?mite de 300.506 euros.

Publicado por tuasesor @ 9:52
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La Audiencia Provincial de Ja?n ha absuelto a una empresaria que fue condenada en primera instancia a la pena de un a?o de prisi?n y al pago de una multa de 7.200 euros por no aplicar medidas de seguridad laboral en una obra al entender que s? entreg? los correspondientes equipos de protecci?n a sus empleados.


La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge como hechos probados que el 15 de junio de 2005 un inspector de Trabajo y Seguridad Social visit? las obras de construcci?n de una urbanizaci?n en Los Villares (Ja?n).


Una vez all?, este inspector comprob? que hab?a dos trabajadores que estaban colocando tejas sin los correspondientes equipos de protecci?n individuales, tales como arneses de anclaje, o colectivos, como redes o barandillas, con el fin de evitar una ca?da, m?s aun teniendo en cuenta que se encontraban en una zona pendiente que distaba a unos nueve metros del suelo.


Ante estos hechos, el titular del juzgado de lo Penal n?mero uno de Ja?n conden? a un a?o de prisi?n e impuso una multa de 7.200 euros a la administradora de esta obra por un delito contra los derechos de los trabajadores al estimar que la procesada no facilit? los medios necesarios para que los trabajadores desempe?aran su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, fallo que recurri? la condenada.


As? las cosas, la Audiencia Provincial fundamenta que la acusada hab?a contratado a una empresa para que prestara el servicio de prevenci?n y alega que la procesada ha aportado igualmente los justificantes de la entrega de los equipos de protecci?n individual. Adem?s, apunta que los empleados reconocieron que ten?an los medios de seguridad pero que se los quitaban por el calor.


La Audiencia tambi?n recoge el testimonio del testigo-perito que inspeccion? la obra y asegur? que no vio que hubiera medidas de seguridad y que hab?a riesgo de ca?da.


Finalmente, la Audiencia afirma que la acusada entreg? esos equipos de protecci?n individual y que "incluso" contrat? los servicios de prevenci?n de riesgos de una empresa ajena, de manera que "cumpli? con su obligaci?n, resultando ajena a la voluntad de los trabajadores que por voluntad propia no quisieron hacer uso del material de seguridad facilitado".


Por todo ello, revoca la resoluci?n condenatoria emitida en primera instancia y, en su lugar, absuelve a la acusada del delito contra los derechos de los trabajadores.

Publicado por tuasesor @ 9:48
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El Juzgado de lo Penal n?mero 3 de Santander ha condenado a Laureano G.R., administrador de la Sociedad Construcciones G?mez Rubin, por no retener la parte legal del sueldo de su empleada Sagrario B.F., "deudora de la Seguridad Social por importe de 16.315 euros".


El acusado es declarado culpable de un delito de desobediencia porque "no cumpli? la orden que le hab?a sido dada" de retener parte del sueldo de la trabajadora, en cumplimiento de los preceptos legales.


El procesado, adem?s, ya hab?a sido condenado "por sentencia firme del 10 de diciembre de 2002 en juicio de faltas, dictado por el Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Santander" por esta mismo motivo.


La nueva sentencia no es firme, por lo que el procesado podr? interponer un recurso de apelaci?n en el plazo de diez d?as.

Publicado por tuasesor @ 9:44
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La empresa de Transportes L?quidos Cisternas Inoxidables (Liquinox) tendr? que pagar una indemnizaci?n de 18.000 euros al presidente del comit? de CC.OO., de los cuales 12.000 corresponden a los da?os morales, seg?n inform? el 12 de marzo CC.OO.


Liquinox fue condenada por "la no concesi?n del cr?dito horario y la sistem?tica utilizaci?n fraudulenta de poder de direcci?n empresarial para encargarle (al presidente del Comit? de Empresa) viajes que le impidiesen la utilizaci?n de ?ste".


El demandante pudo probar que en la empresa, que ya hab?a sido sancionada anteriormente por este motivo, le obligaban a realizare viajes con el cami?n que le imped?an asistir a las convocatorias sindicales, que hab?an sido convocadas con antelaci?n.


Tras el anuncio de la sentencia, la empresa tom? la decisi?n de cambiar esta conducta y actualmente permite la normal utilizaci?n del cr?dito horario

Publicado por tuasesor @ 9:39
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14/03/2007

El Congreso insta al Gobierno a mejorar pensiones no contributivas para superar el umbral de pobreza


El Congreso de los Diputados aprob? el 13 de marzo por unanimidad un acuerdo pactado por el PSOE y ERC para "seguir mejorando las pensiones no contributivas" por encima de la inflaci?n, y con el fin de situar estas prestaciones por encima del umbral de la pobreza.


En concreto, el acuerdo alcanzado entre socialistas e independentistas supone "seguir mejorando la cuant?a de las pensiones no contributivas por encima de la inflaci?n, sin prejuicio de mantener la diferencia entre prestaciones contributivas y no contributivas necesaria para la sostenibilidad de la Seguridad Social".


Adem?s, contempla "profundizar y extender las medidas adoptadas en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2007, que establecieron un complemento adicional para las familias de pensionistas con gastos adicionales por alquiler de vivienda, a fin de que la renta disponible de las unidades familiares que dependen de las pensiones no contributivas se sit?e en los pr?ximos a?os por encima del umbral de pobreza".


La propuesta tambi?n da luz verde a "extender las medidas ya ejecutadas en las presente legislatura, a fin de facilitar la compatibilidad en la percepci?n de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social con las ayudas previstas en la Ley de los PGE de 2007".


La iniciativa aprobada parte de una proposici?n no ley de ERC encaminada a "dar un hachazo a la pobreza" mediante la equiparaci?n de las pensiones no contributivas al Salario M?nimo Interprofesional, rebautizado como Indicador P?blico de Rentas de Efectos M?ltiples (IPREM).


El diputado republicano Joan Tard? a?adi? durante su discurso en el Pleno su demanda de incluir en los pr?ximos PGE la creaci?n de fondos adicionales para aumentar, junto a las comunidades aut?nomas, la renta disponible de pensiones no contributivas con el fin de "acabar con la exclusi?n social provocada por la pobreza".


A esta iniciativa, la socialista Isabel L?pez i Chamosa asegur? que su grupo est? de acuerdo con la cuesti?n de fondo planteada por ERC, y aunque reconoci? que a?n estas prestaciones "no son suficientes", record? que es necesario buscar un "equilibrio" en el sistema de la Seguridad Social. Por esta raz?n, ofreci? a la formaci?n independentista el acuerdo descrito que finalmente fue aprobado por la C?mara Baja.

Publicado por tuasesor @ 9:37
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Viernes, 09 de marzo de 2007
08/03/2007

El n?mero de mujeres afiliadas a la Seguridad Social roza los 8 millones y ya son el 41,3% del total


Las mujeres afiliadas a la Seguridad Social rozan la cifra de 8 millones y ya representan el 41,39% del total de ocupados al sistema, seg?n destac? el 7 de marzo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un comunicado.


En concreto, de los 18.918.020 afiliados medios contabilizados por la Seguridad Social, 7.830.903 son mujeres. Seis comunidades aut?nomas, lideradas por Madrid y Galicia, superan la media nacional de afiliaci?n femenina y se acercan a la media del 45% de la Uni?n Europea.


El Departamento dirigido por Jes?s Caldera resalt? adem?s que en los tres a?os de la legislatura actual el n?mero de mujeres afiliadas a la Seguridad Social "ha crecido tanto como en los cinco ejercicios anteriores".


As?, desde marzo de 2004 a febrero de 2007 se han afiliado al sistema 1.132.023 de mujeres m?s, cifra que representa un crecimiento del 16,95%, mientras que los varones que se afiliaron en ese mismo periodo sumaron 899.592, con un crecimiento del 8,85%. Este incremento de afiliadas es "pr?cticamente igual" al que se produjo entre 2000 y 2004 (1.153.988 afiliadas m?s), seg?n Trabajo.


MADRID Y GALICIA LIDERAN LA TABLA.


Esta tendencia al alza de la afiliaci?n femenina tambi?n se observa en los datos del ?ltimo a?o. De los 634.304 nuevos cotizantes que ha ganado la Seguridad Social en los ?ltimos doce meses, el 55,14% son mujeres.


En seis comunidad, el peso de las mujeres afiliadas frente a los hombres es superior a la media nacional del 41,3%. Madrid, con el 44% lidera la clasificaci?n, seguida de Galicia (43,04%), Catalu?a (42,96%), Canarias (41,58%), Asturias (41,55%) y Baleares (41,50%).


Por grupos de edad, en los tramos de entre 20 y 29 a?os las mujeres representan el 45% del total de afiliados, frente al 55% de los hombres.


LA MAYOR?A, EN EL R?GIMEN GENERAL.


Un estudio reciente de la Subdirecci?n General de Estudios sobre el Empleo del Ministerio de Trabajo apunta que si la tasa de actividad de las mujeres consiguiera ser equivalente a la que ya tienen el grupo de mujeres de entre 16 y 29 a?os, los problemas futuros del sistema de pensiones, provocados por el envejecimiento de la poblaci?n y el incremento del n?mero de pensionistas, se reducir?an considerablemente.


Del total de mujeres cotizantes al sistema, casi el 78% (6,08 millones) pertenecen al R?gimen General, y de ellas 1.194.698 trabajan en actividades comerciales y 1.108.719 lo hacen en el grupo de actividades inmobiliarias y servicios de empresas, en las que se incluyen las empresas de trabajo temporal.


Por su parte, el 12,52% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social cotizan al R?gimen Especial de Trabajadores Aut?nomos (RETA), mientras que el R?gimen Especial Agrario y el del Hogar concentran, respectivamente, el 5,92% y el 3,44%. La presencia de mujeres en el R?gimen del Mar y el del Carb?n es residual, con un 0,14% y un 0,01%.

Publicado por tuasesor @ 15:58
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09/03/2007

Correos ha acordado con los sindicatos convertir en fijos otros 7.000 empleos actualmente desempe?ados en la sociedad postal p?blica por personal eventual, inform? la Federaci?n de Comunicaci?n y Transportes de CC.OO.


La consolidaci?n de estos empleos se suma a los 13.000 que ya se convirtieron en fijos en el operador postal en los tres ?ltimos a?os (2003-2006), en virtud de los acuerdos laborales alcanzados entre la empresa y los sindicatos.


La nueva conversi?n de temporales a fijos es, seg?n CC.OO., fruto del nuevo convenio colectivo de personal laboral que regula los cerca de 30.000 empleados laborales, tanto fijos como eventuales, de Correos, empresa que adem?s cuenta con 35.000 funcionarios.


Este convenio contempla un nuevo sistema de contrataci?n fija que permite cubrir de forma autom?tica con personal laboral fijo todas las vacantes que se vayan generando, a trav?s de una lista de expectativa de ingreso. Esta lista est? a su vez compuesta por los candidatos que superaron la correspondiente prueba para participar en el proceso.


As?, a lo largo de los pr?ximos meses a las actuales 7.000 vacantes de necesaria cobertura se ir?n incorporando personas seleccionadas en las listas de expectativa de ingreso.

Publicado por tuasesor @ 15:56
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Una alteraci?n gen?tica en el cromosoma 15 es el principal factor de riesgo para que se desencadenen trastornos de ansiedad, la enfermedad psiqui?trica m?s frecuente en el mundo occidental. De acuerdo con los resultados de una investigaci?n que se publica en la revista Cell, considerada la m?s influyente en el ?mbito de la biolog?a molecular, la duplicaci?n de una extensa zona del cromosoma 15, en la que se encuentran de 20 a 60 genes, es la responsable de que los mecanismos cerebrales que regulan los procesos de alerta se vean potenciados.

En estas condiciones, determinados factores ambientales, as? como caracter?sticas propias de la personalidad, acent?an la posibilidad de padecer trastornos de p?nico, agorafobia, fobia social u otras formas de ansiedad.

La investigaci?n que se publica en Cell, iniciada hace m?s de seis a?os, ha sido dirigida por Xavier Estivill, del Centro de Gen?tica M?dica y Molecular del Institito de Investigaci?n Oncol?gica (IRO), y por Antoni Bulbena, del Departamento de Psiquiatr?a del Hospital del Mar, ambos de Barcelona. El origen de la misma se remonta a una curiosa asociaci?n descrita por Bulbena hace una d?cada entre el fen?meno de laxitud articular, relativamente frecuente entre la poblaci?n y que se caracteriza por una mayor flexibilidad de las articulaciones, y trastornos de ansiedad. La asociaci?n impuls? a Bulbena a buscar mecanismos gen?ticos que explicaran este fen?meno.





En colaboraci?n con Estivill, Bulbena reclut? voluntarios de una poblaci?n de Barcelona de apenas 2.000 habitantes. El estudio de sus caracter?sticas gen?ticas, junto con la identificaci?n de personas con trastornos de ansiedad, ha dado como resultado la primera evidencia gen?tica que explica la susceptibilidad a padecer una enfermedad psiqui?trica que afecta entre el 10 y el 15% de la poblaci?n mundial.

Predisposici?n

La causa de estos trastornos, explic? Estivill, arranca de la duplicaci?n de una extensa zona del cromosoma 15 en la que, muy probablemente, se encuentran de 20 a 60 genes. Entre ellos, debido a un fen?meno de contig?idad, los que confieren las caracter?sticas de laxitud articular y algunos de los que predisponen a padecer ansiedad, raz?n que explica la coincidencia de cuadros cl?nicos. La regi?n, denominada DUP25, se encuentra asimismo flanqueada por largas secuencias repetitivas de ADN, cuya longitud se sit?a entre 13.000 y 60.000 nucle?tidos, las letras del genoma. La presencia de estas secuencias a ambos lados de la regi?n DUP25, indic? Estivill, explica, 'muy probablemente', el origen de la duplicaci?n y refuerza el papel del hasta fechas muy recientes considerado ADN basura, constituido por extensas regiones del genoma en las que no existe ning?n gen.

El fen?meno de duplicaci?n, 'presente en un 7% de la poblaci?n general', se?al?, motiva la sobreexpresi?n de los genes responsables de laxitud articular y de ansiedad, des?rdenes que ser?an debidos, por tanto, a algo as? como un exceso de genes. Ello provocar?a que hubiera un mayor n?mero de conexiones neuronales implicadas en los mecanismos de alerta o bien que ?stas fueran m?s sensibles. As?, determinadas situaciones ambientales, sumadas a rasgos propios de la personalidad y el car?cter, acentuar?an las probabilidades de desarrollar cuadros cl?nicos de agorafobia, fobia social, p?nico, fobias simples respecto a animales, a objetos o a situaciones muy espec?ficas y, en general, a diversas formas de ansiedad.

P?nico y fobia social

Los an?lisis gen?ticos practicados al grupo de voluntarios, aclar? el investigador, dejan poco lugar a las dudas. La regi?n DUP25 coincide en el 60% de los casos de laxitud articular y de diversas formas de ansiedad. Por otra parte, todos los pacientes con trastornos de p?nico y fobia social incorporan esta misma regi?n duplicada, que se encuentra presente en el 87% de los casos de laxitud articular. Tan s?lo el 20% de las personas que cuentan con la duplicaci?n no presentan ning?n tipo de ansiedad. Las implicaciones futuras de esta investigaci?n, seg?n Estivill, son de gran trascendencia.

En primer lugar, indic?, por la relaci?n existente entre ansiedad y depresi?n, respecto de la cual ahora se podr?n iniciar trabajos para comprobar si existe una base gen?tica com?n o al menos relacionada. Por otra parte, porque el trabajo constituye la 'primera evidencia gen?tica' que explica una patolog?a compleja de tipo psiqui?trico para la que se podr?n empezar a estudiar 'genes candidatos'. La investigaci?n, concluy? Estivill, refuerza la importancia de la 'revoluci?n biol?gica de la psiquiatr?a', condicionada por la existencia de fen?menos bioqu?micos que inciden en el comportamiento. Resultados como estos, abund?, obligar?n a revisar buena parte de las terapias psiqui?tricas, al tiempo que ayudar?n a definir los mecanismos de acci?n de f?rmacos espec?ficos.

Publicado por tuasesor @ 7:54
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Si en estos d?as se siente cansado y fatigado, y piensa que lo que mata es la humedad, sufre de estr?s t?rmico. Es la dolencia que est? afectando a los uruguayos en estos d?as de primavera con grados que suben en el term?metro por encima de lo habitual.

Todos los seres vivos, en mayor o menor intensidad, sufren los cambios bruscos de temperatura que se producen en pocas horas. Hace unos d?as la m?nima en Montevideo fue de 1?C con sensaciones t?rmicas por debajo de cero. Para esta ?poca la m?xima anunciada es de 20 grados; y de 27 grados para el norte del pa?s. Los meteor?logos explican el fen?meno y los m?dicos alertan de las consecuencias en ni?os y ancianos.

El efecto del clima sobre el hombre puede conducir primariamente a una sensaci?n de malestar que propicia conductas de ajuste (aligeramiento de ropa, bebidas fr?as, desplazamiento hacia la sombra o b?squeda del viento en los casos de calor; en tanto, recubrimiento de ropa, bebidas calientes, desplazamiento al sol o protecci?n del viento en los casos de fr?o). Estos ajustes pueden suponer inconvenientes en el nivel de actividad habitual del organismo.



El m?dico internista Daniel Telles explic? a El Observador que los cambios repentinos de temperatura provocan el aumento de la frecuencia card?aca, contracci?n o dilataci?n de los vasos sangu?neos, disminuci?n de la tensi?n muscular, incremento del ritmo respiratorio, reacci?n sudor?fica y aumento de la temperatura corporal. Esto es consecuencia de la acci?n del mecanismo termorregulador del organismo humano, que se pone en tensi?n y demanda un equilibrio.





Para el meteor?logo Guillermo Ramis el desequilibrio t?rmico "provoca un colapso en el organismo y un desacostumbra- miento" con consecuencias inmediatas. El especialista ejemplific?: "es como salir de al lado de la estufa al fr?o total o ingerir l?quidos congelados con el cuerpo transpirado".

Telles expres? que es indispensable que "los ni?os y ancianos que se encuentran en las etapas extremas de la vida tengan especial cuidado con las extremidades y, en general, una buena protecci?n del t?rax en momentos de bajas temperaturas".

El m?dico explic? que el aumento de la frecuencia card?aca puede llegar a producir en personas enfermas infartos secundarios; y crisis hipertensiva en quienes tienen problemas en la presi?n arterial.

El estr?s t?rmico tambi?n afecta a los animales. Como consecuencia de los cambios bruscos de temperatura las vacas aumentan sus necesidades energ?ticas de mantenimiento, disminuyen el consumo de alimento e incrementan el de agua, cambian sus h?bitos de pastoreo, hacen m?s lentos los movimientos del tracto digestivo y pierden eficiencia para producir leche.

Biometeorolog?a A nivel internacional la biometeorolog?a estudia la influencia del tiempo clim?tico en el comportamiento humano y, si bien es una ciencia que no se ha desarrollado mucho a?n, ya brinda los primeros resultados de los estudios. Investigadores de la Universidad de Calgary, en Alberta (Canad?), constataron el a?o pasado que las crisis de migra?a (fuertes dolores de cabeza) se disparan cuando sopla el chinook, un aire c?lido y seco de los valles de Missouri, que procede de las Monta?as Rocosas.

Los cambios clim?ticos tambi?n afectan de forma negativa la habilidad mental. Esto podr?a explicar, al menos en parte, por qu? aumentan los accidentes de tr?nsito cuando confluyen ciertas condiciones clim?ticas. Los cambios bruscos en el clima influyen en la atenci?n del conductor, seg?n un estudio alem?n. En momentos de estr?s t?rmico los accidentes de circulaci?n aumentan 20%. Otros estudios se?alan que los trastornos psiqui?tricos se agudizan en determinados meses del a?o. "Tambi?n encontramos una conexi?n entre la violencia y las altas temperaturas", afirm? el psiquiatra Luis Gonz?lez de Rivera, de la Universidad de Munich.





14/08/2001

Publicado por tuasesor @ 7:52
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Un jardinero ha muerto al quedar atrapado por la broca del tractor con el que trabajaba. El hombre se encontraba haciendo agujeros en la tierra para plantar ?rboles en la localidad madrile?a de Pinto, cuando la broca del aparato se enroll? en su ropa a gran velocidad, caus?ndole lesiones mortales en el cuello y el abdomen.

Un jardinero de 57 a?os ha perdido la vida este mi?rcoles por la ma?ana en Pinto tras quedar atrapado por un tractor, cuando se encontraba plantando ?rboles en la confluencia de la calle Catalu?a con la calle Francisco Farreras, el Pinto.

Un portavoz del Ayuntamiento de Pinto ha explicado que el fallecido pertenec?a a la empresa municipal Aserpinto, una compa??a que realiza diversos servicios para el municipio, como limpieza de calles, recogida de contenedores, jardiner?a y mantenimiento, entre otros.

El accidente laboral se ha porducido hacia las 09.15 horas y cuando llegaron los efectivos de emergencias se encontraron a la v?ctima enganchada por la ropa a la transmisi?n que comunica el tractor con la broca, con la que se perfora el c?sped para plantar ?rboles.

07/03/2007

Publicado por tuasesor @ 7:50
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Jueves, 08 de marzo de 2007
El ministerio brit?nico de Defensa indemnizar? a una mujer que asegura haber contra?do un c?ncer por los abrazos que durante a?os le dio a su padre, que muri? de esa enfermedad tras haber estado expuesto al asbesto (variedad impura del amianto muy utilizada en la industria) en su trabajo en un puerto propiedad del Gobierno.

D.B., de Plymouth (suroeste de Inglaterra), padece un mesotelioma, c?ncer del tejido del revestimiento tor?cico que se vincula con la exposici?n al asbesto.

En un comunicado, el ministerio admite sus responsabilidades y asegura que pretende llegar a un acuerdo apropiado lo antes posible.

La enferma, de 47 a?os, sostiene que estuvo expuesta al asbesto a trav?s de su ya fallecido padre, quien en los a?os 60 del pasado Siglo trabaj? en los muelles de Devonport, entonces propiedad del ministerio.

Brewer fue diagnosticada de c?ncer el pasado mes de noviembre, tres meses despu?s de que su padre, P.N., muriera de c?ncer de pulm?n a los 68 a?os.

Los casos de mesotelioma por exposici?n al asbesto pueden tardar hasta 40 a?os en desarrollarse, pero una vez aparece la enfermedad el pron?stico de vida suele ser de s?lo unos meses.

La afectada se mostr? hoy satisfecha de que el Gobierno se haya mostrado dispuesto a compensarla, ya que ello ayudar? a subsistir a sus tres hijos, de entre 10 y 20 a?os.

Paralelamente, un grupo de cient?ficos brit?nicos advirti? hoy de que alrededor de 200.000 personas morir?n en los pr?ximos a?os en el Reino Unido de mesotelioma o c?ncer de pulm?n por exposici?n al asbesto.

El grupo de mayor riesgo, precisaron, son los nacidos en los a?os 40 y que en las d?cadas de los 60 y 70 trabajaron en el sector de la construcci?n, como carpinteros, trabajadores portuarios, del metal o electricistas.


26/02/2007

Publicado por tuasesor @ 11:52
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La jueza del juzgado de lo Penal n?mero 5 de A Coru?a ha condenado a dos responsables de seguridad de Airtel M?vil y al presidente de Artel Ingenieros a pagar cerca de 1,6 millones de euros a dos trabajadores por las grav?simas quemaduras que sufrieron al electrocutarse con un cable de alta tensi?n cuando intentaban colocar una antena de telefon?a. Las dos compa??as que realizaban los trabajos deber?n responder del pago de forma subsidiaria.

La sentencia aten?a la pena a los tres condenados por la dilaci?n indebida del proceso judicial (este juicio se celebr? en noviembre pasado) y les impone a cada uno de ellos dos a?os de c?rcel por delitos contra la seguridad de los trabajadores y de lesiones con p?rdida de miembros y deformidad.

Este accidente laboral ocurri? en octubre de 1998 en Culleredo (A Coru?a), cerca de la A-9, cuando dos trabajadores contratados a una empresa de trabajo temporal ayudaban a un gruista a colocar una antena provisional de telefon?a para efectuar unas mediciones.

Ante la proximidad de una l?nea de alta tensi?n y la imposibilidad de elevar la antena, los dos operarios, bajo las ?rdenes de A.R.P. -t?cnica en radiofrecuencia de Airtel y una de las personas ahora condenadas-, intentaron corregir la trayectoria del cable. La maniobra origin? una descarga el?ctrica que alcanz? de lleno a los dos trabajadores.

Las grav?simas quemaduras sufridas por C.L.V., que entonces ten?a 22 a?os, obligaron a amputarle las dos piernas, y durante los 226 d?as que hubo de permanecer en un centro hospitalario padeci? severas complicaciones y tuvo que pasar varias veces por el quir?fano.

En cuanto al otro accidentado, J.L.V.E., que ten?a 26 a?os, estuvo ingresado 41 d?as y sufri? la amputaci?n de dos dedos de su pie izquierdo. Padece una grave p?rdida de masa muscular y problemas articulares en su pierna derecha y est? a tratamiento psiqui?trico por trastorno de estr?s postraum?tico.

Los dos accidentados presentan, adem?s, un conjunto de cicatrices por todo el cuerpo que suponen, seg?n precisa la sentencia, "un perjuicio est?tico muy importante". El primero de ellos deber? ser indemnizado en 943.303 euros, y en 629.264 euros el segundo, cantidades que habr?n de actualizarse con los intereses desde 1999.

Seg?n la sentencia, Airtel hab?a contratado los trabajos con Artel Ingenieros. El t?cnico de seguridad de la compa??a de telefon?a m?vil en Galicia -G.R.S, tambi?n condenado- "conoc?a la inexistencia de un plan de prevenci?n de riesgos para su empresa y nunca exigi? a la firma Artel el cumplimiento de la legislaci?n" ni verific? las condiciones concretas en que se realizaban los trabajos.

En cuanto a A.R.P., que era quien dirig?a las maniobras, la jueza subraya que, a pesar de haber visitado la zona una semana antes y de "conocer perfectamente la existencia de la l?nea de alta tensi?n", no comunic? a Airtel tal circunstancia.

El tercer condenado en esta sentencia, M.A.A.H., m?ximo responsable de la empresa Artel, incumpli?, seg?n la misma, su obligaci?n de designar a un encargado de aplicar el plan de prevenci?n de riesgos.

Los peritos que declararon en juicio coincidieron en que el a?ccidente se produjo por no haber mantenido la distancia de seguridad con la l?nea de alta tensi?n y varios testigos sostuvieron que en el lugar de los hechos nunca se pod?a haber instalado una antena. Adem?s, la titular del juzgado de lo Penal n?mero 5 de A Coru?a "considera grave la imprudencia" y da por acreditado "que los responsables ?ltimos de la actividad no adoptaron ninguna medida para paliar los riesgos" que comportaba. La sentencia absuelve a otros dos empleados de Artel y otro de Airtel por considerar que no tuvieron que ver con lo ocurrido.


02/03/2007

Publicado por tuasesor @ 11:51
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Los accidentes mortales en el trabajo van a menos, pero este a?o pasado se ha disparado una nueva modalidad: los causados por el estr?s laboral.

De hecho, en el a?o 2006 hubo 98 siniestros mortales en empresas de la Comunitat, tres menos que en 2005. Sin embargo, hubo siete muertos m?s (un 53%) por dolencias directamente derivadas del estr?s, como infartos, derrames cerebrales...

Los datos los dio ayer el director general de Trabajo y Seguridad Laboral, Rom?n Ceballos, quien destac? la disminuci?n de los accidentes laborales en los ?ltimos seis a?os.

Sin embargo, anunci? que en las inspecciones de trabajo se van a analizar este a?o factores como la ergonom?a (comodidad de los asientos, por ejemplo) y riesgos psicosociales, como el estr?s, que antes quedaban en un segundo plano. Donde m?s incide este ?ltimo es en el sector servicios (hosteler?a, bancos, oficinas, servicios financieros, seguros...), y es tambi?n donde m?s est? aumentando, sobre todo de cara al verano, seg?n apunta Ceballos.

Publicado por tuasesor @ 11:48
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Mi?rcoles, 07 de marzo de 2007
17 de Enero 2007

Tal como hab?an anunciado, los sindicatos UGT y CC OO han tomado la decisi?n de recurrir el real decreto que regula la relaci?n laboral especial de los abogados. UGT present? ayer su recurso ante en Tribunal Supremo y CC OO lo har? hoy. Ambos comparten la creencia de que la norma vulnera el principio de igualdad de trato, ya que establece para los abogados una regulaci?n laboral diferente de la normativa com?n que recoge el Estatuto de los Trabajadores.
Los sindicatos creen que la norma 'genera inseguridad jur?dica en las relaciones laborales de estos trabajadores' y establece una nueva causa de despido: la extinci?n del contrato por voluntad del empresario titular del despacho, por p?rdida de confianza y a un coste reducido, con el ?nico fin, dicen UGT y CC OO de abaratar el coste del despido de estos profesionales.

Los sindicatos tambi?n impugnan que se establezcan reglas distintas de las generales para negociar los convenios colectivos, 'que limitan la autonom?a de los abogados y de sus representantes en la futura negociaci?n de un convenio colectivo sectorial'.

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2 de Marzo 2007

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Mart?nez Pujalte, present? ayer una bater?a de 48 enmiendas al articulado del Estatuto del Trabajo Aut?nomo, entre las cuales propuso que los accidentes 'in itinere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa) que padezcan los trabajadores por cuenta propia se consideren como accidentes laborales.
En concreto, los 'populares' registraron ayer en la C?mara Baja un total de 48 enmiendas parciales al Estatuto del Trabajo Aut?nomo que, a su juicio, "pueden mejorar el nivel de las prestaciones sociales" destinadas a este colectivo.

As?, Pujalte manifest? la intenci?n de su formaci?n de alcanzar "el mayor consenso posible" junto al resto de los grupos parlamentarios en esta materia para que el texto final avance en las condiciones laborables de los aut?nomos y "sea estable".

En concreto, el diputado 'popular' record? que su grupo no quiere que "esta ley sirva para mercantilizar las relaciones laborales ni que sea una fuente de litigiosidad en el futuro". Al hilo de esta afirmaci?n, asegur? que sus enmiendas "mejoran" la norma y que son "perfectamente asumibles" en el proyecto.

EQUIPARAR LA JUBILACI?N PARCIAL.

Pujalte destac? una propuesta en la que pide la "consideraci?n del accidente 'in itinere' como accidente de trabajo" as? como otra enmienda "para equiparar la jubilaci?n anticipada con las personas que est?n en el r?gimen laboral normal, sobre todo para personas con discapacidad".

Otra propuesta 'popular' contempla la "reducci?n en las cotizaciones en algunos casos en los que los aut?nomos tengan trabajo a tiempo parcial" y a ?sta, se suma un bloque de propuestas para mejorar la conciliaci?n de la vida laboral y familiar de los aut?nomos.

Pujalte subray? que sus enmiendas quieren tambi?n aclarar las situaciones de aut?nomos que tienen leyes aprobadas por el Parlamento, como es el caso de los transportistas o de todo el conjunto de intermediaci?n del seguro privado.

Finalmente, critic? al Ministerio de Trabajo por crear "leyes que sirven para provocar grandes titulares, sin contenidos reales ni soluciones para los ciudadanos".

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5 de Marzo 2007

Encontrar trabajo es una tarea muy complicada para casi la mitad de los m?s de dos millones de parados que hay en Espa?a. Seg?n el Ministerio de Trabajo, casi 963.000 personas, el 46,4% del total de desempleados que estaban registrados en el Inem a finales del pasado mes de febrero, ten?an pocas o muy pocas probabilidades estad?sticas de encontrar un empleo. Por comunidades aut?nomas, en Navarra es m?s f?cil salir del paro con uno de cada tres trabajadores altamente ocupables.
Seg?n el ?ndice de ocupabilidad de los parados registrados que elabora el Ministerio de Trabajo, varios colectivos lo tienen especialmente complicado para acceder de nuevo al mercado laboral: mujeres, inmigrantes, trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de m?s antig?edad, y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 a?os y la Renta Activa de Inserci?n (RAI).

El perfil de los parados con menos probabilidades de encontrar un puesto de trabajo coincide con aquellos demandantes que presentan una antig?edad de un a?o o m?s, que circunscriben su ?mbito de b?squeda a su t?rmino municipal, que demandan menos de tres ocupaciones, y que pertenecen al colectivo espec?fico de perceptores del subsidio de mayores de 52 a?os y de beneficiarios de la RAI.

Por sexos, el 45,7% de los 794.202 parados varones registrados en febrero en las oficinas del Inem ten?an pocas o muy pocas posibilidades de encontrar un empleo, porcentaje que repunta hasta el 46,8% en el caso de las mujeres, colectivo que concentra al 61,7% de los desempleados a nivel nacional.

Por edades, el grado de ocupabilidad es bajo o muy bajo entre el 65% de los desempleados mayores de 45 a?os, cifra que desciende hasta el 36,3% en la franja de 25 a 45 a?os y hasta el 33,7% en el caso de los menores de 25 a?os.

Si se estudian los datos por sectores, se obtiene que m?s de la mitad de los parados de la construcci?n tienen pocas o muy pocas probabilidades de abandonar el desempleo, situaci?n que tambi?n se da entre el colectivo sin empleo anterior. En el resto de sectores, no se llega a la mitad, aunque los porcentajes de ocupabilidad baja o muy baja rondan el 44%.

NI 2 DE CADA 10 SON ALTAMENTE OCUPABLES

De esta forma, el informe de Trabajo refleja que el 16,27% de los desempleados inscritos en el Inem (337.688) a finales del mes de febrero estad?sticamente ten?an muy pocas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, mientras que para el 30,13% (625.241 parados) las probabilidades eran bajas.

Analizando la confluencia de estos factores sobre los desempleados registrados el pasado mes de febrero, se obtiene que el 46,4% ten?an un grado de ocupabilidad bajo o muy bajo, en tanto que el 35,65% (739.843 desempleados) presentaban un nivel de ocupabilidad medio, y s?lo el 17,95% (372.503) ten?an un grado de ocupabilidad alto.

Cuanto m?s amplio es el ?mbito territorial de b?squeda de empleo, m?s probabilidades hay de encontrar un puesto de trabajo. As?, el ?mbito geogr?fico de b?squeda, y la antig?edad de la demanda son factores fundamentales para determinar la ocupabilidad de los desempleados.

Por comunidades aut?nomas, Navarra es la que presenta el porcentaje m?s alto de desempleados que tienen una alta ocupabilidad. En esta regi?n, uno de cada tres parados son altamente ocupables, es decir, que tienen m?s posibilidades estad?sticas de salir del desempleo.

Les siguen Cantabria, Pa?s Vasco, Asturias, Madrid, y Comunidad Valenciana, donde aproximadamente uno de cada cuatro desempleados tienen m?s probabilidades de abandonar las listas del Instituto Nacional de Empleo (Inem). En el resto de comunidades, el porcentaje de parados altamente ocupables ni siquiera alcanza el 20%.

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Una ca?da en la construcci?n de viviendas de 100.000 unidades (el 15%) traer?a como consecuencia la destrucci?n de 200.000 empleos, tanto directos en el propio sector como inducidos. As? lo manifest? ayer Enrique Aldama, presidente de la patronal de grandes empresas constructoras, Seopan, quien pidi? prudencia a la hora de hablar de la excesiva dependencia de la econom?a espa?ola respecto a la promoci?n de viviendas.


"No veo hoy por hoy otro sector que pueda tomar el testigo a la construcci?n en lo que se refiere a creaci?n de empleo", indic? Aldama. El presidente de Seopan neg? que desde las empresas constructoras se tema que este par?n pueda producirse este a?o, pero alert? que s? puede producirse en 2008.


"Una cosa es hablar del nivel al que han llegado los precios de las viviendas y otra ser proclive a que se construyan menos casas. Seguramente, lo que vamos a ver en los pr?ximos a?os es que comunidades aut?nomas y ayuntamientos se van a volcar en hacer posible la construcci?n de viviendas de menores precios, porque la demanda sigue existiendo", dijo Aldama.


Adem?s, el presidente de Seopan reflexion? sobre la importancia relativa de potenciar el mercado de alquiler. "Es importante para atender demandas espec?ficas y temporales, pero cuando uno est? asentado, la opci?n de comprar es claramente mejor operaci?n desde el punto de vista econ?mico", subray?.


Seg?n las previsiones de Seopan, el sector de la construcci?n mostrar? una leve desaceleraci?n este a?o, con un crecimiento global de entre el 4% y el 5%, frente a una tasa del 6% registrada el pasado a?o.


La obra civil y la edificaci?n residencial constituir?n los principales motores de esta actividad en 2007, con crecimientos previstos de entre el 5% y el 6% para ambas actividades. No obstante, el presidente de la patronal advirti? del posible "par?n" que las citas electorales previstas para este a?o y el pr?ximo puede suponer en la licitaci?n de obras p?blicas.


En un balance de la ejecuci?n de las inversiones previstas en el Plan Estrat?gico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), Enrique Aldama subray? que se est?n cumpliendo las inversiones globales en un 99%. Sin embargo, insisti? en que no est?n funcionando adecuadamente las inversiones previstas para el sector privado. El PEIT prev? un 20% de participaci?n privada y en la actualidad el nivel se sit?a en el 5% del total.


En este sentido, reiter? que Seopan presentar? en breve al Gobierno una iniciativa para posibilitar la promoci?n de infraestructuras mediante f?rmulas de colaboraci?n entre el sector p?blico y el privado.


Tambi?n incidi? Aldama en la necesidad de acelerar los planes de renovaci?n de las autov?as de primera generaci?n y el Plan Agua del Ministerio de Medio Ambiente, as? como en aprovechar el presente ejercicio para licitar obras que a?n pueden recibir fondos comunitarios, ya que a partir del pr?ximo a?o las ayudas caer?n.


Entre el resto de riesgos futuros del sector constructor, Seopan observa que se siguen produciendo bajas temerarias en los concursos de obra p?blica, por lo que pidi? a las administraciones un esfuerzo para su erradicaci?n.


La patronal tambi?n alert? del alargamiento de los plazos de pago por parte de las administraciones p?blicas, hasta una media de 176 d?as para el conjunto de las administraciones, lo que supone que las empresas estar?an financiando 17.000 millones de euros.


07-03-2007

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mi? 07 mar 2007 ?


Despedir en el embarazo no es nulo cuando se desconoce
Tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Justicia estimaron que el despido era nulo, siendo el Tribunal Supremo quien resolvi? en ?ltima instancia.

La trabajadora prestaba servicios en un hotel. Por una falta de obediencia, la empresa le despidi? reconociendo en el momento la improcedencia de la actuaci?n y consignando la indemnizaci?n correspondiente. El hecho tuvo lugar el d?a 16 de julio. El 18 del mismo mes, la empleada se hizo un test de embarazo con resultado positivo. Adem?s, la compa??a no conoc?a que ella se presentaba a las elecciones del comit? de empresa.

La discusi?n se centra en si es necesario que el empresario conozca que la trabajadora est? embarazada para que el despido se considere nulo o si basta con que se encuentre en ese estado para que cualquier despido sea nulo.

Decisi?n del Supremo
El Tribunal Supremo cree necesario el conocimiento por el empleador del estado de embarazo como elemento o requisito constitutivo del despido nulo de la mujer. La incardinaci?n del despido nulo como un supuesto con m?vil discriminatorio se recoge en la exposici?n de motivos de la ley en un pasaje que dice literalmente as?: "El ?ltimo art?culo del Cap?tulo I prev? las modificaciones que han de realizarse en el Estatuto de los Trabajadores relativas a la extinci?n del contrato de trabajo.

Para ello, se declara expresamente nula (en la nueva redacci?n del art?culo 55.5 del Estatuto) la decisi?n extintiva o el despido motivado, entre otros, por el embarazo". Parece claro, dice el Supremo, que el presupuesto para que un despido sea "motivado" por el embarazo de una trabajadora es su conocimiento por parte del empresario que lo decide. Siendo ello as?, la tesis de la nulidad objetiva del despido por embarazo no se ajusta a la finalidad de la norma.

Adem?s de este argumento, indica el Tribunal otra raz?n, que es la seguridad jur?dica. En efecto, el principal ingrediente de ?sta es la certeza, como conocimiento seguro y claro de algo. Pues bien, la certeza se sacrifica en la tesis de la nulidad objetiva m?s all? de lo que parece razonable e inevitable en la vida jur?dica, en cuanto que la calificaci?n de nulidad del despido, reservada a conductas empresariales merecedoras de un reproche especialmente severo, se hace depender en los supuestos de despido de mujeres en edad de procrear del dato totalmente azaroso del estado de gestaci?n.

Esto es imposible de conocer durante un cierto tiempo incluso por la propia mujer embarazada, como suced?a precisamente en este caso, donde la trabajadora despedida no ten?a constancia m?dica de su estado de embarazo, acreditado seg?n el relato f?ctico por prueba posterior al despido.

Por todo ello, el Tribunal Supremo entiende que el despido es improcedente y no nulo.

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Lunes, 05 de marzo de 2007
En Barcelona a 21 de junio de 2000

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A N? 5387/2000: En el recurso de suplicaci?n interpuesto por J.A.M.P. frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social N?22 Barcelona de fecha 30 de Octubre de 1999 dictada en el procedimiento n? 363/1999 y siendo recurrido/a CENTRO EUROPEO DE EVOLUCION ECON?MICA S.A.. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. Jos? C?sar ?lvarez Mart?nez.

Antecedentes de Hecho
PRIMERO.- Con fecha 8-4-99 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclamaci?n cantidad, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite y celebrado

el juicio se dict? sentencia con fecha 30 de Octubre de 1999 que conten?a el siguiente Fallo:

Que desestimando la excepci?n de incompetencia de jurisdicci?n por raz?n del territorio, y estimando la demanda presentada por D. J.A.G.C. en representaci?n del Centro Europeo de Evoluci?n Econ?mica, S.A. (CEDEC,S.A.) contra D. J.A.M.P., condeno al demandado a que abone a la actora la suma de 2.390.045 pesetas.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

1.- El demandado, D. J.A.M.P. DNI nr. XXX prest? sus servicios para la empresa actora Centro Europeo de Evoluci?n Econ?mica, S.A. ( c.e.d.e.c., s.a. ) desde el 27-2-97 a 23-10-98 dedicada a la organizaci?n de empresas mediante estudios que realiza por personal especializado. Uno de estos trabajadores era el hoy demandado Sr. M., con categor?a de consultor.

2.- Entre las partes se suscribi? un contrato de trabajo de fecha 27-2-97 que se acompa?a como Doc. n? 1 de la demandada y Doc. n? 1 tambi?n de la actora. Se da por reproducido.

3.- El trabajador Sr. M., mientras prestaba sus servicios para CEDEC,s.a. realiz? trabajos para la cliente de aquella, empresa Hermanos Canton, S.A. que explota el Hotel Restaurante La Gruta durante el per?odo 22-6-97 a 23-9-97.

4.- El 25-9-98 el demandado solicit? su cese voluntario a la empleadora CEDEC,S.A. y el 23-10-98 se hizo efectivo suscribiendo el 27-10-98 el documento de saldo y finiquito que se aporta como doc. n? 1 bis de la actora.

5.- Desde el 2-1-99, tres meses despu?s del cese en la actora, el trabajador se dio de alta en la empresa Hermanos Canton, S.A. anterior cliente de CEDEC,S.A. y para la que hab?a realizado trabajos como consultor de esta en el per?odo 22-6-97 a 23-9-97.

6.- La empresa actora reclama en compensaci?n por el incumplimiento del pacto de no comparecencia la suma de 2.390.045 pesetas conforme al desglose conceptual que se relaciona en el hecho sexto del escrito de demanda.

7.- El 29-3-99 se celebr? el acto de conciliaci?n sin efecto.

8.- El demandado Sr. M., mientras dur? la relaci?n con CEDEC ten?a su domicilio en Barcelona C/ XXX 104, 3? y realizaba su trabajo en el centro de Barcelona a donde acud?a siempre que no se hallaba comisionado como consultorio trabajando

para alg?n cliente fuera de Barcelona.

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado lo impugno, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos de Derecho
PRIMERO.- Que denunci?ndose, en el escrito de impugnaci?n al recurso, como cuesti?n previa el incumplimiento por el recurrente del deber establecido por el art 228 de la L.P.L. de consignar, al anunciar el de suplicaci?n, la cantidad objeto de la condena, se hace menester, tanto por su naturaleza de afectante al orden p?blico como por su trascendencia - ya que en caso de aceptarse tal denuncia quedar?a vedado a la Sala cualquier an?lisis o enjuiciamiento de los motivos de recurso - abordar y decidir a limine tal cuesti?n desestim?ndola ya que, conforme al contenido literal de dicho precepto - al que a tenor de lo determinado por los art. 3-1? y 1.281 p?rrafo 1? ambos del C?digo Civil a de estarse - tal exigencia viene referida por el mismo a ?nicamente el recurrente que no gozase del beneficio de justicia gratuita que expresamente el nr. 2 del anterior art. 25 de la misma ley procesal reconoce y otorga, entre otros, a los trabajadores que como tales act?en o intervengan en el proceso, como as? se infiere de dicho precepto encuadrado en el cap?tulo IV del t?tulo II del libre I de dicho texto legal " de las partes procesales " y si, indiscutidamente, la demanda origen del litigio, formulada por la representaci?n de la empresa expresamente se dirige contra el demandado en su condici?n y calidad de trabajador que fue de la misma en reclamaci?n de derechos o intereses derivados de la relaci?n contractual mantenida entre ambos como empleadora y trabajador, es claro que con independencia de la cualidad o condici?n que al margen o tras aquella relaci?n al demandado aludido pueda atribuirse, en su car?cter de tal ostenta en el litigio la del trabajador con goce, en consecuencia, del beneficio de justicia gratuita y exclusi?n por ende del deber de consignaci?n de la cantidad objeto de la condena.

SEGUNDO.- Que tras la exposici?n que bajo el ep?grafe de " antecedentes " la recurrente, representante del demandado, estima de inter?s y que por no constituir, conforme a lo prevenido por el art. 191 objeto de la suplicaci?n ni cumplir en su formulaci?n las exigencias que determina el siguiente art. 194, ambos de la L.P.L., a de privarseles de todo valor o trascendencia, teni?ndolos a todos los efectos por no puestos, refiere el escrito de formalizaci?n su primer motivo, con correcto amparo en el apartado b) del precepto legal primeramente indicado, a la

revisi?n de los hechos declarados probados con petici?n de adicci?n del particular que para el ordinal sexto de los consignados en la sentencia de instancia propone y que a de desestimarse en recta aplicaci?n de dicho precepto legal y tan constante como reiterada doctrina sustentada por la Sala entre otras m?ltiples coincidentes sentencias de 3 de Mayo de 1995, 19 de Septiembre de 1997 y 10 de Junio de 1999 a cuyo tenor, cualquier modificaci?n o alteraci?n en el relato de hechos declarados como acreditados por el Juzgador a quo no solo ha de resultar trascendente a efectos de la soluci?n del litigio sino, en todo caso a de apoyarse en concreto documento aut?ntico o prueba pericial que obrante en los autos patentice de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable y sin necesidad de acudir a c?lculos matem?ticos, hip?tesis o argumentaciones m?s o menos l?gicas naturales o razonables, el error del aquel juzgador. Y ello no solo porque el sentido negativo en que la adici?n que se pretende se formula -" al actor no se le abono... no constando en los hechos..." - no integran ni constituye un hecho sino un " no hecho " que como tal no tiene cabida como probado conforme al contenido nr. 2 del art. 97 de la L.P.L.; sino adem?s y principalmente, porque en pro de tal adicci?n no se invoca sino el contenido de los folios 165 a 207 de los autos integrados por recibos salariales que, como afirma el T. Supremo en sentencia de 15 de Mayo de 1990 y sustenta la Sala con reiteraci?n entre otras en las suyas de 12 de Noviembre de 1991, 7 de Julio de 1992 y 23 de Septiembre de 1993 solo evidencian el hecho del pago y la cantidad a que el mismo asciende careciendo de todo valor a efectos de revisi?n f?ctica en suplicaci?n ya que a trav?s de los mismos no se pueden acreditar extremos que exigen una prueba completa y acabada de los hechos cuya inserci?n se interesa, y, en todo caso, referir?n lo cobrado por el trabajador, pero no los conceptos por los que cobro ni a?n menos lo que tuviera o no tuviera derecho a cobrar.

TERCERO.- Que tambi?n con correcto amparo, ahora en el siguiente apartado c) del mismo repetido articulo 191 de la L.P.L. y bajo dos puntos separados refiere el escrito de recurso su ?ltimo motivo de suplicaci?n al examen del derecho substantivo aplicado que, partiendo de la certeza jur?dica - conforme a lo precedentemente argumentado- invariado relato de hechos consignado como probados en el particular correspondiente y circunstancias facticas contenidas en el fundamente de derecho 4? - que a?n cuando con inadecuada ubicaci?n no por ello pierden su car?cter de aut?nticos hechos probados como afirma la Sala en sentencia de 27 de Diciembre de 1991 dada la unidad org?nica atribuida a la sentencia en su ?ntegra contemplaci?n- de la resoluci?n de instancia, han de seguir la misma suerte desestimatoria pues con abstracci?n de que si por la propia recurrente se supedita el ?xito de tales motivos al de la revisi?n f?ctica solicitada, dada la estrecha relaci?n que la misma guarda con la dimensi?n jur?dica pretendida, desestimada aquella deviene inatendible esta como afirmara ya el T.S. entre otras sentencias de 6 de Diciembre de 1979 y 10 de Mayo de 1980, es lo cierto que:

a) La denuncia de vulneraci?n por la sentencia recurrida del contenido del nr. 2 del art. 21 del E.T. porque " en el caso de autos no se ha probado la existencia del efectivo inter?s industrial o comercial de la empresa demandante en la no competencia o actividad competencia del demandado" porque, con abstracci?n de que tal cuesti?n integra y constituye una rex nova que , por no alegada ni discutida en el juicio ni aborada ni decidida por la resoluci?n recurrida, no puede ser esgrimida en v?a de recurso sin quebranto de los principios dispositivos, derogaci?n e igualdad que informa nuestro sistema jur?dico procesal, como afirmara ya el Tribunal Supremo entre otras sentencias de 4 de Mayo de 1984 y 9 de Octubre de 1986; es lo cierto que conforme a la misma doctrina jurisprudencial ahora sustentada entre otras sentencias del mismo alto Tribunal de 25 de Junio de 1983, 2 de Julio de 1985, 12 de Julio de 1988 y 29 de Marzo de 1990, la dedicaci?n o actividades de la misma o similar naturaleza o rama de la producci?n por parte del que fue trabajador de una empresa determianda al generar intereses contrapuestos implica un inter?s efectivo, industrial o comercial, sin que sea menester que el perjuicio que de tal concurrente actividad se desprenda sea efectivo y real bastando con que se potencial ya que el perjuicio se presume con presunci?n iuris tamtum, en todo trabajo de actividad id?ntica o similar, m?xime cuando se lleva a cabo o realiza con o en relaci?n con clientes cuyo conocimiento se adquiri? a trav?s de la condici?n de empleado de la empresa para la que anteriormente se hab?an prestado servicios bajo salario y dependencia.

b)La tambi?n denuncia de infracci?n del mismo precepto legal aludido al no constar acreditado el abono al trabajador de la compensaci?n econ?mica legalmente exigida para la validez del pacto de no competencia para despu?s de extinguido el contrato de trabajo, porque adem?s de que tal punto y extremo - conforme al contenido del pen?ltimo p?rrafo del fundamente de derecho 4? de la resoluci?n de instancia - y por las mismas razones precedentemente aludidas, integra una cuesti?n novedosa no susceptible de ser enjuiciada por la Sala que ha de referir su decisi?n a lo que en el litigio se haya discutido, es lo cierto que con incontrovertido valor de hechos probados en el mismo particular aludido el juzgador a quo constata no solo la percepci?n por el trabajador demandado de la cantidad establecida en el pacto de no competencia sino que cient?fica la misma en 119.502,- Ptas. mensuales equivalente al total de 2.390.045,- ptas.durante los 20 meses que duro la relaci?n laboral sin que se halla discutido no ya la existencia y realidad de tal pacto y abono sino, ni siquiera " supermenorizaci?n,con posici?n y cuantificaci?n " ya que " simplemente se ha negado por excesiva la cl?usula que le sirve de fundamento ". Lo que denota y evidencia que la denuncia de la recurrente no responde a la realidad y que con independencia del particular juicio que pueda merecer la alegaci?n - en tan extempor?neo como inadecuado momento procesal - de la novaci?n con supresi?n del tacto en cuesti?n, es lo cierto que ni iniciariamente siquiera se constata su existencia y conforme al viejo aforismo con valor de principio procesal " quod non est in iuditio non est in mundo "; y

c) La alegaciones de inadecuaci?n de la compensaci?n econ?mica y nulidad de la cl?usula contractual que obliga a devolver la cantidad percibida, no merecen otra ni m?s acogida que la tambi?n desestimatoria pues con abstracci?n de que la " compensaci?n " es un concepto jur?dico cuya valoraci?n es facultad del juzgador a quo sin que salvo supuestos desorbitados o de manifiestamente desproporcionada a la Sala le sea dado enjuiciar ni por ende alterar la valoraci?n de aquel juzgador, es claro que el hecho de que por contraer el compromiso de no dedicarse en actividad competitiva de la empresa demandante dos a?os a partir de la extinci?n de la relaci?n laboral, percibir mensualmente 119.502,- Ptas. - muy superior al salario m?nimo interprofesional equivalente a 1/5 del salario correspondiente que el juzgador a quo estima y valora como " adecuada " podr? tildarse de justa e injusta y hasta de correspondiente o no con la condici?n que trata de compensar pero lo que ni legal ni jur?dicamente resulta admisible es pretender " como en el escrito de recurso se esgrime" que tal adecuaci?n halla de venir referida solo a la posibilidad de permitirle mantener unos ingresos dignos durante dos a?os que le libere de todo deber y posibilidad de obtener otros ingresos y dedicarse a otros o inclusos una misma actividad siempre que no implicara competencia con la empresa. Y desde luego y al margen del respeto que las hipot?ticas conclusivas deducciones por la recurrente ha de merecer, sin otra ni m?s apoyatura que sus afirmaciones f?cticas y particulares apreciaciones jur?dicas, la realidad declarada como acreditada es la de la existencia del pacto de no competencia suscrito entre los contendientes, la efectividad de su cumplimiento durante abono mensual de la cantidad pactada por la empresa demandada y la transgresi?n, mediante prestaci?n de los mismo servicios para cliente de la empresa demandante por el demando a los dos meses despu?s de haber cesado en su relaci?n laboral de la misma lo que, en recta aplicaci?n de lo prevenido por el nr. 2 del art. 21 y art. 5-f en relaci?n con el anterior art. 8 y 20-2? in fine del E.T. y art. 1.255 y 1.258, 1278 y 1152 ?stos del C?digo Civil, conlleva a la obligada estimaci?n de la pretensi?n deducida por la actora en su demanda por lo que al decidirlo as? la resoluci?n recurrida, por acomodada al ordenamiento ha de confirmarse;y

d) Finalmente, la denuncia de vulneraci?n por dicha resoluci?n del contenido del art. 1214 en relaci?n con el 1225 ambos del C?digo Civil, deviene tan procesalmente inaceptable como jur?dicamente inatendible porque no solo, como el T.Constitucional afirma entre otras sentencias de 25 de Enero de 1983 y 18 de Octubre de 1983, la suplicaci?n no constituye una segunda instancia ni una apelaci?n que permita una revisi?n ex novo del tema litigioso sino un recurso extraordinario que no permite otro ni m?s enjuiciamiento que el de las cuestiones que constituyendo su objeto conforme al art. 191 , hallan sido planteadas cumpliendo las exigencias determinadas por el siguiente art. 194 ambos de la L.P.L. hayan sido formuladas discutidas y suscitadas en la instancia y la invocaci?n de suscripci?n de documento de saldo y finiquito, con car?cter vinculante para la demandante no se adujo ni invoco en tal momento procesal lo que impide su formulaci?n sorpresiva en v?a de alzada al colocar a la recurrida, sobre tal punto y extremo, en situaci?n de indefensi?n y porque, como afirma el T.Supremo en sentencia de 31 de Marzo de 1991 y 9 de Abril de 1997, el art. 1214 del C?digo Civil no es norma que contenga criterios valorativos de prueba sino que regula el onnus probandi que solo es de aplicaci?n cuando hay inexistencia probatoria sin que su invocaci?n a efectos de suplicaci?n devenga admisible cuando obran datos acreditativos en los autos, lo que en el casus enjuiciado implica la inadmisibilidad de la aducida denuncia de vulneraci?n de dicho precepto legal.Sino que adem?s la sola y simple lectura del documento de saldo y finiquito obrante al folio 51 de los autos evidencia y patentiza - dado los claros t?rminos de su contenido a los que de conformidad con lo establecido en el art. 1281 del C?digo Civil ha de estarse - que - como atinadamente el escrito de impugnaci?n al recurso esgrime- el ?nico que mediante la suscripci?n de tal documento se dio por saldado y finiquitado oblig?ndose a nada m?s pedir ni reclamar, fue el demandado-recurrente cuyas manifestaciones y obligatoriedad no pueden pretenderse hacer extensivas a la contraparte que ni los formulo ni los suscribi? ni adem?s podr?a referirse a derechos a?n no nacidos para ella.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y dem?s disposiciones de general y pertinente aplicaci?n.

Fallo
Que DESESTIMANDO el recurso de suplicaci?n interpuesto por la representaci?n de J.A.M. contra la sentencia dictada el 30 de Octubre de 1999 por el Juzgado de lo social nr. 22 de los de esta capital en autos seguidos ante el mismo bajo el nr 363 de 1999 a instancia del CENTRO EUROPEO DE EVOLUCI?N ECON?MICA S.A. contra dicho demandado recurrente sobre reclamaci?n de cantidad debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS ?ntegramente dicha resoluci?n.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casaci?n para la Unificaci?n de Doctrina que deber? prepararse ante esta Sala en los diez d?as siguientes a la notificaci?n, con los requisitos previstos en los n?meros 2 y 3 del Art?culo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifiquese esta resoluci?n a las partes y a la Fiscal?a del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, y exp?dase testimonio que quedar? unido al rollo de su raz?n, incorpor?ndose el original al correspondiente libro de sentencias.

As? por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el d?a de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, de lo que doy fe.

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Recurso 791/2001
SUMARIO:
Aunque las empresas tengan a disposici?n de los trabajadores dispositivos protectores de los o?dos, ?stos responden a sistemas de protecci?n personal, pero no afectan al sistema establecido de trabajo ni a la naturaleza y condiciones de ?ste, en cuanto no suponen mejoras objetivas, bien de las instalaciones, bien de los procedimientos de trabajo tendentes a producir una reducci?n objetiva de los ruidos. Por tanto, aunque la empresa cumpla la normativa vigente, no puede llegarse al extremo de exigir para el reconocimiento del plus correspondiente que el riesgo sea inminente y concreto.
PRECEPTOS:
RD 1316/1989 (Protecci?n de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposici?n al ruido), arts. 4.? 2, 5.?, 6.?, 7.? y 10.1.
PONENTE:
D. Francisco Mart?nez Cimiano.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Frente a la sentencia de instancia, estimatoria de la demanda, deduce recurso de suplicaci?n la parte demandada, que lo ampara procesalmente en el apartado c) del art?culo 191 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, denunciando, como censura jur?dica, la violaci?n e interpretaci?n err?nea de los art?culos 5.?, 6.? y 7.? del Real Decreto de 27 de octubre de 1989, y del art?culo 38 del Convenio Colectivo de Empresa, para los a?os 2000 a 2004, as? como la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci?n de Riesgos Laborales que seg?n la parte recurrente no estipula ni menciona en su articulado el abono de un plus de penosidad por el tema de los ruidos, entendiendo dicha parte, seg?n su criterio, que el esp?ritu de la Ley es obligar a las empresas a la disminuci?n de los riesgos laborales, protegiendo la salud de los trabajadores, y nunca con la finalidad de enriquecer a los mismos.

Segundo. El recurso en forma alguna puede prosperar, ya que si partimos de la inalterada fundamentaci?n f?ctica de la sentencia impugnada, del contenido del art?culo 38 del Convenio de aplicaci?n al caso y de lo establecido al respecto por la doctrina unificada, expresada en las sentencias citadas por la Magistrada de instancia y en otras posteriores, se debe llegar a la conclusi?n de que el nivel de ruido de 80 dBA o superior tiene un especial significado de riesgo que sin perjuicio de la obligatoriedad de adopci?n de determinadas medidas precautorias, genera el derecho al percibo del plus de penosidad correspondiente, al deberse calificar de penoso el puesto desarrollado en determinadas circunstancias; dicha doctrina jurisprudencial, uniformemente, dice ?que en nuestro sistema normativo la penosidad en el trabajo, en relaci?n con el ruido, se produce a partir de los ochenta decibelios, nivel con el que ha de producirse ya, con car?cter obligatorio, la adopci?n de determinadas medidas de protecci?n por las empresas. Como dijo la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 28 de diciembre 1990, en supuesto de pretendida y estimada excepcional penosidad, la entrada en vigor del Real Decreto 1316/1989 "no supone que el l?mite de decibelios se haya aumentado, como se deduce de la consideraci?n de los art?culos 4.? 2, 5.? y 10.1 del mismo, en cuanto que las medidas protectoras resultan obligatorias a partir de los 80". Por ?ltimo, no es ?bice a la expresada conclusi?n el hecho de que las empresas tengan a disposici?n de los trabajadores, como sucede en los supuestos de autos y de la sentencia de contraste, dispositivos protectores de los o?dos, incluso aunque aqu?llos se nieguen a utilizarlos por ser molestos, como dice la sentencia recurrida.

Y es que tales dispositivos responden a sistemas de protecci?n personal del trabajador, amortiguando el ruido, pero no afectan al sistema establecido de trabajo ni a la naturaleza y condiciones objetivas de ?ste, en cuanto no suponen mejoras objetivas bien de las instalaciones bien de los procedimientos de trabajo tendentes a producir una reducci?n objetiva de los ruidos. Por ello, sin perjuicio de que la disponibilidad de tales protectores auditivos pueda hacer patente el cumplimiento de la normativa vigente por la empresa, ello no impide la calificaci?n de penosa que haya de corresponder objetivamente a la actividad laboral?.

Tercero. Posteriormente a las sentencias reflejadas en la resoluci?n que se recurre, el Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a declarar que el car?cter especialmente penoso, t?xico o peligroso de un puesto de trabajo no se excluye por la existencia de determinadas medidas de seguridad, que, obviamente han de adoptarse para evitar en lo posible siniestros previsibles; no puede llegarse al extremo de exigir, para el reconocimiento del plus correspondiente, que el riesgo sea inminente y concreto, Sentencias de 21 de julio de 1997, recurso 547/1997 y 22 de enero de 1999, recurso 810/1997.

Cuarto. En armon?a con todo lo expuesto y como ya ha quedado indicado, procede la desestimaci?n del recurso y la plena confirmaci?n de la sentencia recurrida, por acertada y ajustada a derecho.

FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicaci?n interpuesto por T... y C... de A... P..., S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n?mero 2 de Santander con fecha 12 de julio de 2001 en virtud de demanda formulada por la Federaci?n Minerometal?rgica de CC.OO. en Cantabria contra la empresa T... y C... de A... P..., S.L. y comit? de empresa de la misma, sobre conflicto colectivo, y en consecuencia confirmamos la sentencia recurrida.
Dese al dep?sito constituido el destino legal correspondiente.

Notif?quese esta sentencia a las partes y a la Fiscal?a del Tribunal Superior de Justicia, previni?ndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina para ante la Sala de lo Social del TS dentro de los 10 d?as h?biles contados a partir del siguiente al de su notificaci?n. El recurrente deber? acreditar mediante resguardo entregado en la Secretar?a de la Sala de lo Social del TS al tiempo de la personaci?n, la consignaci?n de un dep?sito de 50.000 pesetas en la entidad de cr?dito Banco B..., cuenta corriente ..., sucursal de Madrid, calle ..., oficina ..., para la Sala Social del TS.

Devu?lvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia con certificaci?n de esta resoluci?n y d?jese otra certificaci?n en el rollo de archivar en este Tribunal

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Viernes, 02 de marzo de 2007
El trabajador en situaci?n de baja puede seguir siendo miembro del comit? de empresa
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2006
Lo que se debate es si la suspensi?n del contrato de trabajo, por el hecho de encontrarse un miembro del comit? de empresa en situaci?n de incapacidad temporal o incapacidad provisional, ocasiona "per se" la extinci?n de toda funci?n representativa en la empresa.

En 2003, el reclamante fue elegido miembro del comit? de empresa y al a?o siguiente fue declarado en situaci?n de baja m?dica por incapacidad temporal. En esa situaci?n, la empresa le comunic? por escrito que su relaci?n laboral quedaba suspendida a todos los efectos.

La sentencia afirma que aunque es cierto que la representaci?n legal del miembro del comit? tiene como causa subyacente la existencia del contrato de trabajo, lo que ha producido la incapacidad temporal es la suspensi?n del contrato de trabajo, cuyo efecto jur?dico es la suspensi?n de las obligaciones rec?procas de trabajo y su remuneraci?n. Los efectos de esa suspensi?n no pueden extenderse al derecho de representaci?n que tiene el comit? de empresa, ya que estos derechos deben entenderse en su doble vertiente, como derechos del empleado trabajador y como derechos de los compa?eros a ser representados por aquellos que eligen.

Por todo lo cual, la Sala de lo Social del TS ha manifestado que los trabajadores que est?n en situaci?n de incapacidad temporal podr?n seguir desempe?ando su actividad representativa, de car?cter institucional, siempre que los trabajos que realicen sean compatibles con la situaci?n de incapacidad temporal.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.?La sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social n.? 16 de Madrid, conten?a como hechos probados: "PRIMERO.El demandante D. Javier, ha venido prestando servicios para la empresa CIA. EL?CTRICA DEL AUTOM?VIL, S.A., con la antig?edad, categor?a y salario que se recoge en el hecho primero de su demanda que aqu? se reproduce, hecho que no fue objeto de controversia en este litigio. SEGUNDO.El demandante es miembro del Comit? de Empresa por el Grupo Independiente. TERCERO.La empresa se encuentra negociando el Convenio Colectivo, habiendo finalizado dicha negociaci?n en fecha anterior a la celebraci?n del juicio (hecho incontrovertido). CUARTO.El actor inici? situaci?n de incapacidad temporal el d?a 18-3-2004 (hecho incontrovertido). QUINTO.Con fecha 3-5-2004 el demandante recibi? de la empresa comunicaci?n escrita del siguiente tenor, Actualmente y desde el pasado 18-3-2004 se encuentra Vd. En situaci?n de baja m?dica por incapacidad temporal. Esta situaci?n queda contemplada dentro de los motivos de la suspensi?n del contrato de trabajo que recoge el art. 45.1.c) del E.T. Tambi?n indicarle que su condici?n de miembro del Comit? de empresa le viene dada por la relaci?n contractual que mantiene con CEDASA y por lo tanto si su contrato de trabajo est? suspendido lo est? a todos los efectos. Por todo lo anterior indicado y siendo nuestra opini?n coincidente con la Inspecci?n de Trabajo, le ruego que no permanezca en las dependencias de la empresa salvo para traer los partes de confirmaci?n o el alta m?dica. Rogando firme la presente en prueba de recepci?n (doc. 1 de la actora). SEXTO.Previamente a remitir dicha comunicaci?n al demandante la empresa hab?a solicitado a la Inspecci?n de Trabajo informe en los t?rminos que se recoge en el doc. 1 de su ramo de prueba que aqu? se reproduce. Fue contestada en los t?rminos que obran al doc. 4 de la demandada que aqu? se reproduce. Solicitud que fue reiterada el 27-5-2004. Igualmente la empresa solicit? informe de la Inspecci?n M?dica, quien contest? en los t?rminos que se recogen en el doc. 6 de su ramo de prueba que aqu? se reproduce. S?PTIMO.La demanda origen de las presentes actuaciones aparece interpuesta en fecha 16-5- 2004?. El Fallo de la misma sentencia es el siguiente: "Que desestimando la demanda sobre tutela de derechos fundamentales interpuesta por D. Javier, contra COMPA??A EL?CTRICA DEL AUTOM?VIL, S.A., debo absolver y absuelvo a la demandada de cuantas pretensiones contra ella se dirig?an a trav?s del presente litigio. Sin hacer especial pronunciamiento respecto del M.? FISCAL?.

Segundo.?La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ha mantenido ?ntegramente el relato de los hechos probados de la sentencia de instancia. El tenor literal de la parte dispositiva de la sentencia de suplicaci?n es el siguiente: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicaci?n interpuesto por D. Javier, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 16 de los de MADRID, de fecha 2 DE JUNIO DE 2004, en sus autos 500/04 seguidos a instancia de la parte recurrente, contra COMPA??A ELECTR?NICA DEL AUTOM?VIL, S.A. Y MINISTERIO FISCAL, en reclamaci?n de TUTELA, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos manteni?ndola ?ntegramente la resoluci?n impugnada. Sin costas?.

Tercero.?La parte recurrente considera como contradictoria con la sentencia impugnada la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 5 de julio de 1994 (Rec. 3824/1992); habiendo sido aportada la oportuna certificaci?n de la misma.

Cuarto.?El escrito de formalizaci?n del presente recurso lleva fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo en fecha 4 de abril de 2005. En ?l se alega como motivo de casaci?n, la infracci?n del art. 67 del E.T. en relaci?n con el art. 45.1.c) y 45.2 del mismo texto legal.

Quinto.?Por providencia de esta Sala dictada el 19 de octubre de 2005, se admiti? a tr?mite el recurso d?ndose traslado de la interposici?n del mismo a la parte recurrida personada, por el plazo de diez d?as, present?ndose escrito por la misma alegando lo que consider? oportuno.

Sexto.?Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, dictamin? en el sentido de considerar improcedente el recurso. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, se?al?ndose d?a para la votaci?n y fallo que ha tenido lugar el 30 de marzo de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.?1. Seg?n hechos probados de la sentencia recurrida, el actor viene prestando servicios para la empresa demandada desde el 22 de febrero de 1998, habiendo sido elegido miembro del comit? de empresa en las ?ltimas elecciones sindicales celebradas el d?a 23 de marzo de 2003. Encontr?ndose en situaci?n de baja m?dica por Incapacidad temporal, desde el 18 de marzo de 2004, recibi? del empleador, en fecha 3 de mayo de 2004, un escrito del siguiente tenor literal: "Actualmente y desde el pasado 10.03.04 se encuentra en situaci?n de baja m?dica por Incapacidad temporal. Esta situaci?n queda contemplada dentro de los motivos de la suspensi?n del contrato de trabajo que recoge el art. 45.1.c) del ETT. Tambi?n indiciarle (sic) que su condici?n de miembro del Comit? de Empresa le viene dada por la relaci?n contractual que mantiene con Cedasa y por lo tanto si su contrato de trabajo est? suspendido lo est? a todos los efectos. Por lo anteriormente indicado y siendo nuestra opini?n coincidente con la Inspecci?n de Trabajo, le ruego que no permanezca en las dependencia de la empresa salvo para traer los partes de confirmaci?n o el alta m?dica?.

Frente a esta comunicaci?n, el actor interpuso "DEMANDA EN MATERIA DE TUTELA DE LIBERTAD SINDICAL Y DEM?S DERECHOS FUNDAMENTALES?, solicitando "que en definitiva se dicte sentencia por la que tras declarar la nulidad radical de la conducta empresarial (de) suspender mis funciones representativas en mi condicione (sic) de miembro del comit? de empresa en tanto me encuentre en situaci?n de Incapacidad Temporal, por constituir ello un acto contrario a la Libertad Sindical y ordene el cese inmediato de tal comportamiento antisindical, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaraci?n, dando traslado en su caso, al Ministerio Fiscal a los oportunos efectos?. Solicitaba, a su vez, por otros?, la "SUSPENSI?N DEL ACTO objeto de la presente impugnaci?n, dado que al encontrarnos inmersos... en el proceso negociador del Convenio Colectivo... tal acto empresarial de proceder a la suspensi?n de mis funciones representativas... afecta directamente e impide el ejercicio de esa funci?n? (la negociaci?n del Convenio Colectivo hab?a finalizado en fecha anterior a la celebraci?n del juicio).

Fundamentaba su pretensi?n el representante sindical en los art?culos 45.2 segundo y en el art?culo 67.3 y 5, ambos del Estatuto de los Trabajadores (ET), argumentando, a la luz de los citados art?culos, que "ni est? contemplado legalmente tal supuesto (se refiere a la incapacidad temporal) de suspensi?n de las funciones representativas, y menos a?n que tal decisi?n corresponda al empresario, ya que en tal caso, y para los supuestos de revocaciones, tal decisi?n corresponde a los trabajadores, que son quienes eligen a sus representantes a trav?s de los correspondientes procesos electorales?, para concluir, finalmente, que "consecuentemente este unilateral proceder empresarial supone una clara y palmaria vulneraci?n de lo dispuesto en el art. 67 ET en relaci?n con el art. 12 de la LOLS interfiriendo en mi mandato representativo?.

2. La sentencia de instancia desestim? la pretensi?n actora argumentando, fundamentalmente, que "frente a la presunci?n de vulneraci?n de derechos fundamentales, en este caso el indicio resultar?a del env?o de aquella comunicaci?n... se alza un motivo razonable, objetivo y propiciador para la adopci?n por parte de la empresa de la decisi?n que en la misma se contiene?, como es que "el trabajador se encontraba en suspensi?n de la relaci?n laboral... al encontrarse incurso en proceso de incapacidad temporal?.

Esta sentencia del Juzgado de lo Social fue confirmada por la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 24 de enero de 2005, al resolver el recurso de suplicaci?n interpuesto por la parte demandante, que sostiene, en s?ntesis, que la suspensi?n del contrato de trabajo comporta, igualmente, la suspensi?n de la funci?n de representante de los trabajadores en el Comit? de Empresa.

3. Frente a la mencionada sentencia de suplicaci?n se ha interpuesto, por la parte actora, el presente recurso de casaci?n para unificaci?n de doctrina, en el que se alega y aporta como sentencia contraria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 15 de julio de 1994. Esta resoluci?n judicial resolvi? una pretensi?n cuyo objeto era "que se condenase a la empresa demandada a reconocer que la Invalidez Provisional, situaci?n en la que se encuentra el actor no suspende su mandato de miembro de Comit? de Empresa y, por tanto, que se le permitiese el acceso para reuniones con el Comit? (Fundamento de Derecho ?nico). La pretensi?n, que se canaliz? a trav?s del proceso laboral ordinario fue estimada y el fallo declar? el derecho del actor "a acceder al lugar de trabajo para participar en las reuniones del Comit? de Empresa condenando a la empresa... a estar y pasar por dicha declaraci?n y a que reconozca que la invalidez provisional del actor no suspende su mandato de miembro de Comit? de Empresa?.

Segundo.?Un examen comparativo de las sentencias recurridas y de la aportada para justificar el presupuesto de contradicci?n, permite concluir, que concurre el presupuesto m?s singular del recurso que nos ocupa, cual es el presupuesto mencionado. Seg?n el dictamen del Ministerio Fiscal, concurren "los presupuestos de admisibilidad del presente recurso?, porque "su objeto se contrae a dilucidar si un trabajador, miembro del Comit? de empresa en situaci?n de incapacidad temporal, puede acceder al centro de trabajo para participar en la negociaci?n del Convenio empresarial?. En otros t?rminos, y tal como se ha planteado el proceso mediante la pretensi?n ejercitada en la demanda, lo que se debate, en las sentencias que se contrastan, es si la suspensi?n del contrato de trabajo, por el hecho de encontrarse un miembro del Comit? de empresa en situaci?n de incapacidad temporal o incapacidad provisional, ocasiona "per se? la extinci?n tambi?n de toda funci?n representativa en la empresa del miembro del Comit?. Esta cuesti?n constituye el nudo gordiano de ambas resoluciones, y a pesar de ello los pronunciamientos han sido opuestos: a) la sentencia recurrida mantiene, en s?ntesis (Fundamento de derecho segundo) que "ambas situaciones jur?dicas de trabajador por cuenta ajena y representante legal de los trabajadores en una empresa determinada no s?lo van unidos, sino que la segunda... depende para su eficacia, para su vigencia legal, (de) que la primera est? vigente y sea eficaz?; b) la sentencia contraria sostiene (Fundamento de derecho ?nico) "que lo ?nico que dice el art?culo 45.2 citado es que la suspensi?n del contrato de trabajo exonera de las obligaciones rec?procas... entre las que no se encuentra, seg?n su dicci?n, la obligaci?n de cumplir con los deberes de miembro del Comit? de empresa?.

No obsta a la contradicci?n, por ser irrelevante, que el objeto de la pretensi?n se haya canalizado en procesos laborales diferentes.

Tercero.?La cuesti?n, pues, esencial que ha de ser examinada en el presente recurso, consiste en determinar si la decisi?n del empleador de negar al demandante, miembro del Comit? de empresa, el acceso al centro de trabajo y por ende, el ejercicio de las facultades de representaci?n de los trabajadores, incluso en el periodo de negociaci?n del Convenio Colectivo, mientras se halla de baja por incapacidad temporal es nula y por lo tanto debe cesar esta actitud de la empresa y reconocer el derecho del actor al ejercicio de sus funciones de representante de los trabajadores.

La pretensi?n as? ejercitada debe ser estimada en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Es cierto, como se afirma en la sentencia recurrida, que la representaci?n legal del miembro del Comit? de empresa tiene como causa subyacente la existencia del contrato de trabajo, pero no lo es menos que, en el presente caso permanece la vigencia del contrato y lo que ha producido la incapacidad temporal, a tenor del art?culo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, es la suspensi?n del contrato de trabajo, cuyo efecto jur?dico es (ordinal 2) "la suspensi?n de las obligaciones rec?procas de trabajo y remunerar el trabajo?, sin que, por lo tanto, puede extenderse, m?xime a falta de previsi?n legal, los efectos de esa suspensi?n al derecho de representaci?n que tiene el Comit? de empresa a trav?s de los miembros que lo integran. Debe remarcarse, al efecto, que el derecho de representaci?n no s?lo es propio del miembro del Comit?, sino que tambi?n guarda relaci?n con el derecho de los electores a ser representado por sus elegidos, y siendo esto as? parece l?gico concluir que el derecho como ya reconoc?a el art?culo 6.a) del Decreto de Garant?as Sindicales 1978/1971, de 23 de julio no puede quedar suspendido por la voluntad unilateral del empleador. En este sentido se ha manifestado la STC 78/1982, de 20 de diciembre.

2. Como se acaba de decir, los derechos de representaci?n de los miembros del Comit? deben entenderse en su doble vertiente de ser tanto derechos del trabajador representante, como derechos de los compa?eros de trabajo a ser representados por aquellos que eligen. Este doble anclaje de la representaci?n tiene su proyecci?n legal en el art?culo 67.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece como causa de extinci?n de la representaci?n: la expiraci?n del mandato de cuatro a?os, la revocaci?n durante el mandato representativo "por decisi?n de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto?, as? como las "sustituciones? y "dimisiones a que se refiere el ordinal 5 de este precepto?.

3. Debe incidirse en la conclusi?n de que los derechos de representaci?n no dependen, siempre, de la realizaci?n efectiva de la prestaci?n laboral, y de que, incluso, existen situaciones que evidencian lo contrario, como acredita, por ejemplo, la existencia del derecho de huelga, y tambi?n, que, en todo caso, existente la relaci?n laboral, aunque sea en estado de suspensi?n, debe entenderse que subsiste el litigioso derecho de representaci?n sindical, dada su naturaleza, sin que pueda entenderse suspendido sobre la base de interpretaci?n del precepto contenido en el art?culo 45.1.e) ET, que, en forma alguna, impone tal suspensi?n.

Cuarto.?Lo expuesto anteriormente conduce a la estimaci?n del recurso y a la estimaci?n de la pretensi?n actora en los t?rminos generales que contiene el suplico de la demanda, es decir, que "se dicte sentencia por la que tras declarar la nulidad radical de la conducta empresarial (de) suspender mis funciones representativas en mi condicione (sic) de miembro del comit? de empresa en tanto me encuentre en situaci?n de Incapacidad Temporal, por constituir ello un acto contrario a la Libertad Sindical y ordene el cese inmediato de tal comportamiento antisindical, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaraci?n, dando traslado en su caso, al Ministerio Fiscal a los oportunos efectos?. Se ha recordado y transcrito nuevamente el contenido del "petitum? de la demanda, porque al Sala considera conveniente matizar su resoluci?n, dado que esta recae sobre una cuesti?n en la que se producen interferencias de la normativa de la Seguridad Social con la estrictamente laboral y la derivada de la representaci?n de los trabajadores conseguida en proceso electoral.

1. Ante todo cabe decir, que esta resoluci?n no significa una autorizaci?n para que el representante de los trabajadores pueda entrar y salir del centro de trabajo, como cualquier otro empleado, a quien no se haya reconocido en situaci?n de incapacidad temporal. El reconocimiento de esta contingencia presupone, en primer lugar, que el beneficiario est? afectado de un procedo patol?gico, y en segundo lugar, que la dolencia sufrida es causa de que el trabajador "est? impedido para el trabajo? [art. 128 de la Ley General de la Seguridad Social LGSS y art?culo 1.a) de la O.M. de 13 de octubre de 1967] y por ello, el art?culo 11.1.d) de la Orden citada establece la perdida del derecho al subsidio cuando "el beneficiario trabaje durante la situaci?n de ILT?.

2. En todo caso, la jurisprudencia reca?da sobre casos de trabajos prestados durante el periodo suspensivo es abundante y, la misma ha mantenido (por todas STS de 9 de abril de 1992) que en este punto no hay posibilidad de generalizaciones. No obstante (STS de 13 de febrero de 1991) esta jurisprudencia s? ha manifestado, con claridad, que no todos los casos de realizaci?n de trabajos durante la situaci?n de incapacidad temporal son incompatibles con la situaci?n suspensiva, sino s?lo aquellos que, atendiendo a las circunstancias concurrentes singularmente la ?ndole de la enfermedad y las caracter?sticas de la ocupaci?n sea susceptible de perturbar la curaci?n o evidencie la aptitud laboral del trabajador. Consecuentemente, a lo expuesto, ha de concluirse, que lo que debe quedar claro es que el efecto suspensivo del contrato de trabajo, que produce la incapacidad temporal, no causa, como efecto reflejo la suspensi?n de las facultadse legales reconocidas al miembro de un Comit? de empresa; ?ste, literalmente, podr? seguir desempe?ando su actividad representativa, de car?cter institucional, siempre que los trabajos que realice sean compatibles con la situaci?n de incapacidad temporal, cuyo reconocimiento exige que el trabajador "est? impedido para el trabajo?.

3. En conclusi?n, el acto de ingerencia antirepresentaci?n de un miembro del Comit?, elegido entre la lista de candidatos de un sindicato, viene dada por la carta que se transcribe en el hecho probado quinto de la resoluci?n recurrida, en la que, err?neamente, se confunden las causas de suspensi?n de relaci?n laboral, con las del miembro del Comit? de empresa. Por lo tanto, no habi?ndose alegado, ni debatido consecuentemente, en el proceso lo que pudiera dar otro enfoque a la cuesti?n la actividad sindical realizada por el trabajador y su compatibilidad o incompatibilidad con el proceso patol?gico que dio lugar al reconocimiento de una situaci?n de incapacidad temporal y a la consecuente baja en la seguridad social, procede, como se dijo al principio, estimar la pretensi?n actora.

Quinto.?En virtud de lo razonado procede la estimaci?n del recurso y la casaci?n y nulidad de la sentencia recurrida. Ello conduce a resolver el debate en los t?rminos planteados en suplicaci?n, lo que conduce a estimar el recurso de suplicaci?n interpuesto por el trabajador y revocar la sentencia de instancia, estimando la pretensi?n actora. No procede la imposici?n de costas, a tenor de lo dispuesto en el art?culo 233.1 LPL, al no tener la parte recurrente la calidad de "vencido?, dado que su personaci?n en el presente recurso fue en defensa de la sentencia de suplicaci?n, que le absolvi? de la parte actora.

FALLAMOS
Estimamos el recurso de casaci?n para la UNIFICACI?N DE DOCTRINA, interpuesto por el Letrado D.? Victoria Eugenia D?az Lara, en nombre y representaci?n de D. Javier, contra la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2005 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de Suplicaci?n n?m. 6198/04, interpuesto por D. Javier, contra la sentencia dictada en 2 de junio de 2004 por el Juzgado de lo Social n.? 16 de Madrid en los autos n?m. 500/04 seguidos a instancia del ahora recurrente, en reclamaci?n de TUTELA. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el debate en los t?rminos planteados en suplicaci?n, estimamos el recurso de tal clase interpuesto por el trabajador-demandante revocamos la sentencia de instancia y declaramos la nulidad radical de la conducta empresarial de suspender las funciones representativas del actor, como miembro del comit? de empresa, en tanto se encuentre en situaci?n de incapacidad temporal, ordenando el cese inmediato de tal comportamiento y, condenando a la empresa a estar y pasar por la presente declaraci?n. Sin costas.

Publicado por tuasesor @ 21:59
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La Audiencia de Barcelona ha condenado a una abogada de oficio a indemnizar a un cliente con 12.020,24 euros por los ?da?os y perjuicios? causados al presentarle la impugnaci?n de un alta m?dica y una demanda social de forma inadecuada. El tribunal entiende que los escritos de la letrada no fueron presentados ?en tiempo y forma correctos?.

La Secci?n Cuarta de la Audiencia ha condenado tambi?n a Royal & Sunalliance, compa??a aseguradora del Colegio de Abogados de Barcelona, a que pague la mitad de la indemnizaci?n por la conducta ?negligente? de la letrada.

Los hechos se remontan a 1985, cuando Manuel C.A. sufri? un accidente de tr?fico e ingres? en el hospital con diversas roturas de huesos y luxaciones, y como secuelas le qued? la imposibilidad de desarrollar tareas que ?impliquen la actuaci?n de las manos por encima de la cabeza, ni llevar pesos o apoyarlos?, seg?n informa Europa Press.

El 1 de noviembre de 1994, le fue reconocido el derecho a percibir un subsidio de invalidez, pero el 23 de diciembre de 1997 y, tras inspecci?n m?dica, el Instituto Catal?n de la Salud le dio el alta m?dica.

Cuatro d?as despu?s, el hombre solicit? abogado de oficio para recurrir el alta a la Seguridad Social. El 30 de diciembre, el Colegio de Abogados de Barcelona le comunic? el nombramiento de la abogada Pilar L.C.

A instancias de su cliente, present? impugnaci?n contra el alta m?dica ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pero ?ste fue desestimado. Seg?n el tribunal, este escrito no fue presentado ?en tiempo y forma correctos?.

Publicado por tuasesor @ 21:55
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El TSJPV considera nulo el despido de un trabajador al haber sido registrado su ordenador sin su consentimiento
El Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco declara nulo el despido de un trabajador al haberse abierto sus archivos sin el consentimiento del mismo, sin intervenci?n judicial y sin las garant?as del Estatuto de los Trabajadores

La sentencia que reproducimos se dict? con el voto particular en contra de uno de los magistrados.

En la Villa de Bilbao, a doce de septiembre de dos mil seis.

SENTENCIA

En el recurso de suplicaci?n interpuesto por Adolfo contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.? 4 (Donostia) de fecha treinta de Enero de dos mil seis, dictada en proceso sobre (DSP despido), y entablado por Adolfo frente a DIANA TEKNOLOGIA S.L. y FONDO DE GARANT?A SALARIAL.
expresa el criterio de la Sala.

(...)

Fundamentos de Derecho

Primero. Don Adolfo es quien ha formulado el presente recurso de suplicaci?n contra la sentencia que ha desestimado la demanda que por raz?n de despido en su d?a formul? frente a Diana Tecnolog?a, S.L. y ha declarado procedente el despido disciplinario actuado con fecha de efectos del d?a 27 de octubre de dos mil cinco.

La parte recurrente pretende que se declare nula concreta pericial y un registro de ordenador, se modifiquen concretos hechos probados de la sentencia recurrida y se declare nulo o subsidiariamente improcedente tal despido, con las consecuencias legales inherentes a tal declaraci?n.

Por su parte, la recurrida pretende que se desestime tal recurso, se confirme la aludida sentencia y se impongan las costas procesales a la recurrente.

Segundo. En primer lugar, hemos de examinar si la pericial que se?ala la recurrente y el tal registro son nulos.

Hemos de partir de que el ordenador llamado ?Txikuela? era de la empresa y era un medio de producci?n en el que trabajaba el actor.

Tambi?n hemos de considerar que el art?culo 20 punto 3 del Estatuto de los Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) permite a la empresa adoptar las medidas mas oportunas de control y vigilancia para verificar que el trabajador cumple con sus obligaciones laborales, pero que ello lo ha de hacer con respeto a la dignidad que como persona merece, seg?n se deduce de tal Norma.

No nos olvidemos, por otro lado, que el art?culo 4 punto 2 letra e de tal Estatuto se fija como derecho del trabajador el que se le respete su intimidad (en la relaci?n de trabajo, seg?n indica el inicio de tal punto 2) y a la consideraci?n debida a su dignidad.

Desde el punto de vista constitucional, el art?culo 18 de la Carta Magna de 27 de diciembre de 1978 garantiza el derecho fundamental a la intimidad personal en su p?rrafo primero, en el tercero, el secreto de las comunicaciones, salvo resoluci?n judicial.

La doctrina del Tribunal Constitucional contenida en su sentencia 186/2000, de 10 de julio (LA LEY JURIS. 9715/2000) y en la de 98/2000, de 10 de abril (LA LEY JURIS. 96061/2000) se consideran y aplican en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha cinco de diciembre de dos mil tres, recurso 52/03 (LA LEY JURIS. 486/2004), debiendo resaltarse que en la misma se dice: ?... todos los trabajadores tienen reconocido el derecho "al respeto a su intimidad y a la consideraci?n debida a su dignidad...", de conformidad con lo previsto en el art. 4.2. e) del Estatuto de los Trabajadores, de forma que aun cuando el art. 20.3 del mismo Estatuto permite al empresario adoptar las medidas que estime m?s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, le impone la restricci?n consistente en el deber de guardar en la adopci?n y aplicaci?n de las mismas "la consideraci?n debida a su dignidad humana" (la del trabajador). Lo cual supone reconocer que el derecho a la libertad de empresa y a la direcci?n de la actividad laboral que tiene el empresario constitucional y legalmente reconocida
tiene que compatibilizarse con el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, pues ?ste sigue disfrutando de tales derechos cuando lleva a cabo trabajos por cuenta ajena, cual ha reconocido de forma reiterada el Tribunal Constitucional en relaci?n con diversos derechos fundamentales pero espec?ficamente en relaci?n con el derecho a la intimidad del trabajador en sus sentencias 98/2000, de 10 de abril y 186/2000, de 10 de julio.

En relaci?n con esta cuesti?n las indicadas sentencias el Tribunal Constitucional, despu?s de reconocer el derecho de los trabajadores a la intimidad, tambi?n durante el desarrollo de su trabajo (entendida aqu?lla como un "?mbito propio y reservado frente a la acci?n y el conocimiento de los dem?s"), ha se?alado igualmente que tal derecho "no es absoluto como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aqu?l haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin leg?timo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho".

Habiendo terminado por concluir afirmando dicho Tribunal ?en definitiva-- que los controles empresariales que puedan establecer los empleadores en uso de su derecho a controlar la actividad de los trabajadores ser?n l?citos mientras no produzcan resultados inconstitucionales, y que para poder afirmar si ese respeto se entiende producido o no habr? que establecer en cada caso si la medida empresarial adoptada se acomoda a las exigencias de proporcionalidad entre el fin pretendido con ella y la posible restricci?n de aquel derecho fundamental de los trabajadores, para lo cual es necesario constatar si dicha medida "cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, adem?s, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida m?s moderada para la consecuci?n de tal prop?sito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella m?s beneficios o ventajas para el inter?s general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)" --fundamento jur?dico sexto STC 186/2000--?.

El ordenador era propiedad de la empresa, un medio de producci?n que utilizaba el trabajador. Pero ello no puede suponer que sobre el mismo y sobre su contenido, haya un poder omn?modo e indiscriminado, como se encarga de destacar, por ejemplo, la sentencia de del Tribunal Constitucional 281/05, de 7 de noviembre (LA LEY JURIS. 1914/2005). En concreto, no cabe considerar que quepa una lib?rrima facultad de control de su contenido, haya o no documentos personales del actor. Precisamente aquel derecho fundamental impone ciertas restricciones.

Esto ya lo expusimos en nuestra previa sentencia de fecha 21 de diciembre de 2004, recurso 2.382/04 (LA LEY JURIS. 1939739/2004), que nos sirve de precedente en este caso, aunque entonces se trataba de control de los correos remitidos y recibidos y en este caso, de controlar una concreta carpeta a nombre del actor.

En el particularismo del caso de autos, resulta que un alto responsable de la empresa, el mismo d?a 22 de septiembre de 2005 y una vez salido del centro el actor, dado que se dio cuenta de que el actor hab?a estado copiando archivos del ordenador Txikuela a la memoria port?til USB, procedi? a entrar --desde el administrador del sistema-- a tal ordenador y encontr?ndose en el disco duro D/ una carpeta con el nombre de Adolfo, comprob? su contenido, percat?ndose de que en un 78,7 % estaba compuesto por archivos personales del actor, consistentes en archivos de m?sica y fotograf?as y el resto, de material que conten?a informaci?n muy sensible para la empresa (hecho probado d?cimo de la sentencia).

Ante ello, se dirige a una empresa consultora con la que colabora habitualmente y se inicia una an?lisis del contenido de tal ordenador que, seg?n se dice en la propia pericial se inici? el 24 de septiembre y termin? el 5 de octubre de tal a?o, revel?ndose la sistem?tica que se expone en el und?cimo hecho probado de la sentencia recurrida, se?al?ndose en tal informe que se explora el contenido de tal carpeta, se examinan sus archivos y se saca una copia en soporte de disco de su contenido.

A todo esto, no es sino hasta el d?a 29 cuando al actor se le pide la clave de acceso, seg?n se se?ala por la propia impugnante, lo que es distinto a considerar que da su consentimiento para que se le abran sus archivos y con efectos retroactivos (niega haberlo dado).

En esta circunstancia, consideramos que no se dan los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional para considerar v?lidas tales pruebas. Cab?an, en concreto, medidas alternativas, pues se pudo pedir el consentimiento del actor desde un primer momento y caso de no darlo ?ste, instar la autorizaci?n judicial de rigor. Ni siquiera se cumpli? con los m?nimos que, para las taquillas y efectos particulares del trabajador, se prev?n en el art?culo18 del Estatuto de los Trabajadores.

En efecto, ni se le dijo al demandante, cuando se realiz? el inmediato registro, que se iba a efectuar, menos se le invit? a presenciarlo o a dar su consentimiento, ni consta que hubiese representante legal de los trabajadores, si quiera un compa?ero de trabajo, sin que se pueda equiparar, como se pretende a un compa?ero de trabajo al alto directivo de la empresa que hizo el registro, vinculado como socio a la empresa y vinculado afectivamente a la representante de la empresa y gerente de la misma, seg?n se lee en el acta del juicio. Al realizarse aquella pericial, tampoco se pide el consentimiento del actor, ni se pide la intervenci?n judicial o se le pide al actor que asista, o que acuda un representante legal de los trabajadores o un compa?ero del actor.

Que hab?a efectos personales como fotos, es algo que se coment? en juicio por diversos testigos, as? como que no hab?a prohibici?n expresa de introducir informaci?n sobre temas personales. Hoy en d?a, a?n y asumiendo que el ordenador es un medio de producci?n de titularidad empresarial, suele ser habitual introducir elementos personales en el ordenador y ante tal constancia, consideramos que, si se pretend?a que no constase informaci?n personal en tal ordenador, de uso habitual por el actor, debi? prohibirse previamente de forma expresa.

Lo cierto y verdad es que hab?a una carpeta con el nombre del demandante, que hab?a datos personales suyos junto con otros de la empresa y que se investigaron y se abrieron sus archivos por un alto directivo de la empresa y por el perito, sin el consentimiento del actor, sin intervenci?n judicial y sin ni siquiera las garant?as del art?culo 18 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se trata de registrar efectos personales del trabajador. La identificaci?n por el nombre del actor de aquella carpeta, consideramos que ya era indicativo de que se lo razonable era suponer que se conten?an en la misma datos personales. En todo caso, la duda que pudiera albergarse, se disipar?a al empezar a examinar los archivos de la carpeta, pues en un alto porcentaje, superior al 75, eran de tal ?ndole. Sin embargo, tampoco se detuvo ah? el primer registro y la posterior peritaci?n: no obstante, conocerse sin especie alguna de duda que hab?a datos personales, se sigue con aquel registro y peritaci?n hasta examinar de forma exhaustiva tal carpeta e incluso se lleg? a copiar en disco port?til su ?ntegro
contenido.

En esta circunstancia, no sobrepasando el caso enjuiciado el juicio de necesidad de aquellos registros y pericial, pues cab?an otras posibilidades, procede considerar que aquellas pruebas son nulas, pues consideramos infringido el art?culo 18 de la Constituci?n y el art?culo 90 punto 1 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril), debiendo aplicarse el efecto previsto en el art?culo 11 punto 1 de la Ley Org?nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: la indicada nulidad.

Tercero. Otro aspecto del que discrepa la recurrente de la sentencia es el relativo al salario fijado en sentencia, pretendiendo que se fije en vez de la cantidad de 2.683,33 euros mensuales, incluida la prorrata de pagas de vencimiento peri?dico superior a un mes, la de 3.108,3 euros.

Tal reforma la plantea por la v?a del apartado b del art?culo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral exclusivamente, cuando es lo cierto que la ?nica prueba que se?ala al efecto, documental, consiste en unas n?minas y contratos que no reflejan tales cantidades.

Las n?minas reflejan las cantidades fijadas en sentencia y no las que se?ala la recurrente.

Los contratos aluden a un convenio colectivo de sector, que con car?cter provincial, tambi?n indicaba la recurrente en los fundamentos de derecho de la demanda, mas sin identificarlo.

Considerando que se refiere al de Oficinas y Despachos de Guip?zcoa, publicado en el BOG de 20 de marzo de 2002, hemos de se?alar que la parte debi? haber articulado un expreso motivo por la v?a del apartado c del art?culo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y explicar el porqu? de la diferencia cuantitativa.

Nada de eso hace y se limita a se?alar el contenido del art?culo 8 del citado convenio, que dice lo que refiere, pero no nos explica ni las operaciones ni las cantidades sobre las cuales debiera llegarse a la cantidad que refleja, por lo que dif?cilmente podemos llegar a la conclusi?n que pretende.

Cuarto. Tampoco procede la reforma del hecho probado octavo, que tambi?n pretende, pues aparte de que se plantea una versi?n alternativa que presenta matices irrelevantes con respecto de la judicial en orden a lo que es el resultado del pleito, se cita como documento acreditativo de lo dicho una carta de sanci?n que nada aporta para la versi?n alternativa, una papeleta de conciliaci?n elaborada por la propia parte -que tampoco acredita de forma indefectible lo que sostiene- y un acta de juicio ante un Juzgado de lo Social que no consta en autos.

Igualmente intrascendente para el resultado de autos es la reforma que se pretende del hecho probado decimoquinto, aparte de que el documento en el que se apoya solo alude a transferencias, ciertamente hechas desde una cuenta del Banco de Vasconia a otra de otro banco o Caja (manifiesta la recurrente que es Caja Laboral Popular) por el concepto de n?minas exclusivamente, aunque la impugnante si que parece referirse a que hubo tal rechazo a la percepci?n del finiquito, sin mas.

Quinto. Lo que si que procede es que, en l?gica consecuencia, con lo expuesto en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia, se anulen o modifiquen los hechos probados de la sentencia que dan por probada la imputaci?n empresarial en base a aquellas pruebas ilegales por tanto, se accede a suprimir los hechos probados sexto, s?ptimo y duod?cimo, y la modificaci?n noveno, d?cimo y und?cimo, en los t?rminos en que pide la recurrente, sin que sea necesario a?adir el hecho probado que pretende, donde se pretende se?alar que no se ha probado la imputaci?n empresarial, pues si no consta la misma en hechos probados es porque partimos de que no se ha probado de forma distinta que aquella prueba considerada ilegal.

Sexto. Siguiendo la doctrina sentada impl?citamente en la sentencia de Tribunal Constitucional 196/2004, de 15 de noviembre (LA LEY JURIS. 2437/2004) (basada en la teor?a del fruto podrido del ?rbol podrido), procede declarar nulo el despido disciplinario actuado en base a una imputaci?n pretendida sobre pruebas atentatorias a derechos fundamentales y libertades p?blicas, dado lo se?alado en el art?culo 55 punto 5 del Estatuto de los Trabajadores.

S?ptimo. Habiendo obtenido la recurrida sentencia a su favor ante el Juzgado, el car?cter revocatorio de la presente sentencia, no lleva la imposici?n de las costas procesales, dada la interpretaci?n que, para estos casos, hace la Sala Cuarta del Tribunal Supremo [entre otras 21 de enero de dos mil dos (LA LEY JURIS. 5667/2002) y 17 de julio de mil novecientos noventa y seis (LA LEY JURIS. 8715/1996), recursos 176/01 y 98/96].

Vistos los art?culos citados y los dem?s que son de general y pertinente aplicaci?n.

Fallo

Que estimamos parcialmente el recurso de suplicaci?n formulado en nombre y representaci?n de don Adolfo contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil seis, dictada por el Juzgado de lo Social n?mero 4 de los de Donostia-San Sebasti?n en el proceso 855/05 seguido ante el mismo y en el que tambi?n es parte Diana Tecnolog?a, S.L.

En su consecuencia, declaramos la nulidad del despido de demandante actuado por la demandada en fecha veintisiete de octubre de dos mil cinco, condenando a dicha demandada a estar y pasar por tal declaraci?n y a readmita al demandante en id?nticas condiciones laborales a las que reg?an con anterioridad a su despido y le abone los salarios de tramitaci?n devengados hasta que se produzca la misma, a raz?n de 89,44 euros por d?a, salvo que ?ste hubiese iniciado proceso de incapacidad temporal, en cuyo caso no cobrar? dichos salarios durante el periodo que haya durado tal proceso o en el caso de que haya encontrado otro trabajo, en cuyo caso solo tendr? derecho a percibir la diferencia entre tal cantidad y la cantidad que obtenga en tal nuevo trabajo, si fuese menor.

Cada parte deber? abonar las costas de este recurso que hayan sido causadas a su instancia.

Notif?quese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devu?lvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

As?, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicado por tuasesor @ 21:47
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En Valencia, a veinte de enero de dos mil cinco.



La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,



SENTENCIA N? 129/2005



En el Recurso de Suplicaci?n n?m. 2901/2004, interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2.004, dictada por el Juzgado de lo Social n?m. 9 de Valencia, en los autos n?m. 129/2004 , seguidos sobre RESCISION CONTRATO, a instancia de D. Santiago asistido por el letrado D. Francisco Soler P?rez, contra ESC S.L., y en los que es recurrente el demandado, habiendo actuado como Ponente el/a Ilma. Sra. D?. Carmen Agut Garc?a.



ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.-La sentencia recurrida de fecha 30 de abril de 2.004 , dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que estimando la demanda formulada debo declarar y declaro extinguida la relaci?n laboral D. Santiago con la empresa ESC S.L. y en consecuencia debo condenar y condeno a la empresa a que abone al actor en concepto de indemnizaci?n la cantidad de 39.306, 19 euros (1002,3 d/s)".



SEGUNDO.-Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO.-Que el actor D. Santiago , con D.N.I. n?mero NUM000 , viene prestando sus servicios para la empresa demandada ESC S.L. con antig?edad de 19-1-1982, categor?a profesional de expendedor, percibiendo un salario mensual prorrateado de 1176,48 euros. SEGUNDO Que D?. Irene es desde 1999 la DIRECCION000 de la empresa demandada, la cual mantiene y profiere, desde hace tiempo de forma reiterada, con el actor un trato en el que habitualmente utiliza expresiones despectivas, levant?ndole la voz en presencia de clientes y llam?ndole "perro" "va perro trabaja", neg?ndose la DIRECCION000 a mantener conversaci?n alguna con el actor. TERCERO.-Que el actor y el trabajador que lo fue de la empresa D. H?ctor , formularon contra la misma demanda impugnatoria de la modificaci?n sustancial de las condiciones laborales que les hab?a impuesto la empresa, que fue estimada por sentencia de 24-5-2001 , resoluci?n que por obrar unida a las actuaciones se tiene aqu? por ?ntegramente reproducida. En acta de conciliaci?n judicial de fecha 16-5-2001 la empresa y los referidos trabajadores pactaron la compensaci?n de las horas extra realizadas por los mismos. En fecha 13-6-2002 el actor y el Sr. H?ctor formularon ante la Inspecci?n de Trabajo denuncia por el calendario laboral de la empresa, levantando la Inspecci?n de Trabajo acta de requerimiento de 7-2-2003, notificando la empresa al actor por correo certificado el ajuste del calendario laboral de 2003. En fecha 5-3-2003 el actor y el citado trabajador interpusieron nueva denuncia ante la Inspecci?n por el calendario laboral de 2003. En fecha 6-3-2003 los citados trabajadores presentaron por escrito a la empresa solicitud que no fue atendida por la empresa, levantando la Inspecci?n de Trabajo acta de infracci?n en fecha 18-6-2003, acto que fue recurrida por la empresa demandada. En fecha 7-11-2003 la Inspecci?n de Trabajo emiti? informe haciendo constar la obligaci?n de la empresa de facilitar ropa adecuada as? como taquillas para el cambio de ropa. CUARTO.Que el actor permaneci? en situaci?n de I.T. con el diagnostico de s?ndrome ansioso depresivo en los siguientes periodos: 23-12-2000 a 17-12-2001, de 31-5-2002 a 16-6-2002 y desde el 14-6-2003 situaci?n en la que permanece, siguiendo tratamiento en la USM desde 13-3-2001. QUINTO.-Que en el trabajador D. H?ctor interpuso frente a la empresa demanda rescisoria de su relaci?n laboral, que concluy? por acto de conciliaci?n de fecha 8-1-2004, en el que se pact? que "concurriendo la existencia de causa legal suficiente para proceder a la extinci?n solicitada" se acord? la misma con el acuerdo econ?mico que en dicha acta consta, que se tiene aqu? por ?ntegramente reproducido. SEXTO.-Que el 5-2-2004 se celebr? sin avenencia ante el Smac el acto de conciliaci?n".



TERCERO.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicaci?n por la parte demandada habiendo sido impugnado en debida forma. Recibidos los autos en esta Sala, se acord? la formaci?n del rollo correspondiente y su pase al Ponente.



FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la representaci?n letrada de la mercantil ESC, S.L., la sentencia que estim? la demanda del actor de rescisi?n de su relaci?n laboral y declar? la extinci?n de la misma. Consta impugnaci?n de contrario.



Con car?cter previo al estudio del recurso, debe aludirse a las manifestaciones contenidas en el escrito de impugnaci?n acerca de la ausencia del Ministerio Fiscal en el proceso.



Sobre el particular, debe indicarse, de un lado, que, de acuerdo con el vigente art. 240.2 LOPJ , en ning?n caso podr? el juzgado o tribunal, con ocasi?n de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicci?n o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidaci?n que afectare a ese tribunal. As? pues, aunque se considerara que la presencia del Ministerio Fiscal es preceptiva, habida cuenta que no es solicitada por la parte interesada, la Sala no podr?a declarar de oficio la nulidad de actuaciones.



De otro, esta Sala en sentencias, entre otras, de 1 de febrero de 2001, 11 de abril de 2001 y 14 de mayo de 2003 , ha se?alado que en la LPL existe una modalidad procesal por la que deben tramitarse las reclamaciones en materia de tutela de libertad sindical y dem?s derechos fundamentales, la regulada en el Cap?tulo XI del T?tulo II del Libro II. En el art. 175.3 se dispone que el Ministerio Fiscal ser? siempre parte en estos procesos, y a su tenor se ha entendido que el Ministerio Fiscal debe ser parte tambi?n en los procesos que detalla el art. 182 LPL ( STS de 29 de junio de 2001 ). Ahora bien, al margen otras muchas consideraciones sobre el tema, es claro que la infracci?n indicada, en un proceso que afecta directamente a la persona del trabajador, s?lo puede repercutir sobre ?ste, de modo que a ?l hubiera correspondido su denuncia por los cauces adecuados, lo que no se ha producido, de ah? que ning?n pronunciamiento quepa hacer al respecto.



SEGUNDO.-El recurso planteado por la empresa se articula en dos motivos, destinando el primero, por el cauce que autoriza el art. 191.b) LPL , a la revisi?n del relato f?ctico de la sentencia de instancia. Dicho motivo, a su vez, se halla dividido en varios apartados.



En el n?mero uno se pretende la supresi?n de un p?rrafo en el hecho probado segundo, concretamente el que contempla la conducta de la DIRECCION000 con el trabajador, y su sustituci?n por otro en el que se haga constar que "el Sr. Santiago no ha sido sancionado ni objeto de queja por la empresa" y que "no ha sido sancionado por la empresa ni amonestado. Que no le encomiendan trabajos espec?ficos para ?l. Que no le han insultado nunca". El recurrente indica que s?lo se ha atendido a lo manifestado por el actor en su interrogatorio y a las declaraciones del testigo del actor, pero que no se han tenido en cuenta las manifestaciones de sus dos testigos. Y al hilo de su reflexi?n solicita se a?ada otro p?rrafo, en el que se indique que "seg?n se desprende de la prueba documental facilitada por amabas partes (documento 5 del actor y documento 10 de la demandada), consistente en las planillas de trabajo del Sr. Santiago y el Sr. H?ctor , ?stos s?lo han coincidido a lo largo del a?o 2003 los d?as 24, 25 y 26 de marzo y la tarde de los d?as 14 y 15 de mayo en el mismo turno de trabajo, sin que haya constancia de la coincidencia de ambos con la DIRECCION001 .



Sin embargo, no puede estimarse. La primera de las modificaciones propuestas por no ampararse en prueba id?nea, pues s?lo tienen este car?cter en el recurso de suplicaci?n, dado su car?cter extraordinario, los documentos y pericias, y en ning?n caso los testimonios y confesiones ( art. 191.b) LPL ). Sin perjuicio, adem?s, de buscarse en realidad, de la sustituci?n de un hecho cierto acudiendo a lo que se denomina en la doctrina "obstrucci?n negativa", o descalificaci?n de un hecho por considerar que no est? suficientemente probado, lo que de acuerdo con reiterada jurisprudencia tampoco puede ser acogido en fase de recurso ( SSTS de 6-2-1989 y 21-12-1989 ). La segunda por no tener trascendencia a los efectos del pleito, sin perjuicio, de pretenderse de nuevo la inclusi?n de un hecho negativo, lo que, seg?n se ha indicado, no es de recibo.



El n?mero dos tiene por objeto la adici?n de un p?rrafo al hecho probado tercero en el que conste que "los trabajadores formularon denuncia ante la Inspecci?n de Trabajo el 9 de enero de 2004, a trav?s de Alvaro , que se ha resuelto en fecha 21 de abril de 2004 (documento n? 12 de prueba documental de la demandada), tras la comparecencia que tuvo lugar ese d?a, y en la que consta: "se comprueba que la empresa ha facilitado d?as no laborales para ajustar el calendario laboral del 2003 al m?ximo de 1792 horas anuales"". A lo que se accede por quedar as? acreditado.



En el tercer apartado se pide la supresi?n en el hecho tercero de la alusi?n que en ?l se hace a una "silla" y que se suprima, el inciso que viene a continuaci?n "solicitud que no fue atendida por la empresa". Ello por remisi?n al documento n? 8 de su prueba documental, requerimiento de la Inspecci?n de Trabajo en el que no figura la silla y factura de compra de la mesa. A continuaci?n se contienen diversas manifestaciones del recurrente sobre la actuaci?n llevada a cabo, m?s propias de un recurso de apelaci?n, en las que no se formula ninguna modificaci?n f?ctica concreta. Y si bien no hay problema en aceptar la supresi?n de la referencia a la "silla", pues es cierto que no figura en los escritos de solicitud, no puede tener favorable acogida la segunda pretensi?n, pues los hechos tal como figuran en la sentencia de instancia son claros y, as?, queda evidenciado, que con independencia de la posterior actuaci?n empresarial motivada por la intervenci?n de la Inspecci?n de trabajo, el requerimiento inicial de los trabajadores no fue atendido por la empresa.



En el cuarto y ?ltimo apartado de esta sede, se solicita la adici?n de un nuevo p?rrafo con el siguiente tenor: "la DIRECCION001 , Irene , est? siendo atendida en la consulta de la psic?loga cl?nica Elena , desde octubre de 2003 (documento n? 15 de nuestra prueba), para recibir tratamiento por depresi?n". Sin embargo, tampoco puede ser estimado, pues no se ampara en prueba id?nea. Ya se ha indicado que s?lo tienen este car?cter los documentos o pericias. Pero para que una prueba pericial m?dica sea considerada como tal, es requisito imprescindible la ratificaci?n en el acto del juicio del facultativo que emiti? el informe, con garant?a del principio de contradicci?n, lo que en este caso no se ha producido.



TERCERO.-El segundo motivo de recurso se formula al amparo del art. 191.c) LPL por infracci?n de normas sustantivas y jurisprudenciales. En primer t?rmino se alega la infracci?n de numerosas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia de Comunidad Aut?noma, relativas al acoso laboral o " mobbing ", de las que se transcriben algunos p?rrafos. Pero no pueden ser tenidas en consideraci?n porque, de acuerdo con el art. 1.6 CC , no constituyen jurisprudencia, tal como exige el art. 191.c) LPL .



A continuaci?n se dice ha sido vulnerado el art. 7.7 de la Ley Org?nica 1/1982, de 5 de mayo , de protecci?n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en esencia, porque considera que en la demanda y en el acto del juicio han sido vertidas acusaciones contra la gerente, Sra. Irene , que da?an su imagen, atentando contra su fama y dignidad. Y no puede ser estimado pues, obviamente, no es este proceso el cauce adecuado para ventilar una pretensi?n de la empleadora relativa a la violaci?n de derechos fundamentales por la actuaci?n del trabajador.



Igualmente se alega violaci?n de los art. 5.a) y b y 20 ET , b?sicamente, porque, se dice, el trabajador tiene obligaciones que dimanan del contrato de trabajo y debe cumplir las ?rdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, sin que corresponda al trabajador decidir sobre el modo en que debe ser dirigida la empresa, y que pudieron existir discrepancias con el modo de gestionar de la DIRECCION001 tal vez debido a su juventud. Y, en fin, infracci?n del art. 1.214 CC , relativo a la carga de la prueba, pues no ha quedado acreditado el incumplimiento contractual y que las manifestaciones vertidas en la demanda son gen?ricas, pudiendo ser alegadas por cualquier trabajador.



En el presente asunto el trabajador ejercita la acci?n resolutoria de su relaci?n laboral al amparo del art. 50.1.c) ET , por considerar que la conducta reiterada por la empresa desde el a?o 1999 es constitutiva de acoso moral y hostigamiento, y supone un desconocimiento de sus derechos laborales.



Al respecto cabe indicar que el art. 15 CE consagra el derecho a la integridad moral y la interdicci?n de tratos inhumanos o degradantes. Por su parte, el ET en su art. 4.2.d) y e ) contempla una serie de derechos laborales, entre los que se encuentran la integridad f?sica y el respeto a la intimidad, y a la consideraci?n debida a la dignidad del trabajador. El art?culo 20.3 ET recoge obligaciones del empresario en tal sentido cuando indica que el ?ste puede controlar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador "guardando con su adopci?n y aplicaci?n la consideraci?n debida a su dignidad humana". Desde esta perspectiva, cuando se vulnere este necesario respeto estar?amos ante un incumplimiento empresarial. La actuaci?n del empresario puede derivar en da?os materiales (accidente) o da?os morales. Estos ?ltimos tambi?n est?n protegidos por las normas y por los Tribunales, y con m?s intensidad en los supuestos de trasgresi?n de los deberes de respeto a la dignidad.



Se ha caracterizado el acoso moral en trabajo, tambi?n conocido como " mobbing " o "byllyng", como la conducta abusiva o violencia psicol?gica a la que se somete de forma sistem?tica a una persona en el ?mbito laboral, manifestada especialmente a trav?s de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionan la dignidad o integridad ps?quica del trabajador y que ponen en peligro o degradan sus condiciones de trabajo. Estas actitudes de hostigamiento conducen al aislamiento del afectado en el marco laboral, produci?ndole ansiedad, estr?s, p?rdida de autoestima y alteraciones psicosom?ticas; determinando en ocasiones el abandono de su empleo o propiciando su despido por resultarle insostenible la presi?n a que se encuentra sometido. Se trata de una forma de estr?s laboral que se caracteriza por tener su origen, m?s que en el trabajo, en las relaciones interpersonales que se producen en el seno de la empresa.



Para que pueda considerarse un acoso en el marco de la relaci?n laboral, la presi?n sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral que se lleva a cabo, y en el lugar de trabajo. Tambi?n es necesario distinguir entre lo que propiamente es hostigamiento psicol?gico con otras actuaciones en el seno de la empresa, as?, por ejemplo, con el ejercicio abusivo o arbitrario de las facultades empresariales.



Los mecanismos del acoso moral en el trabajo admiten pluralidad de formas: medidas organizativas del trabajo que resulten peyorativas para el afectado, actitudes de aislamiento en el seno de la empresa, agresiones verbales por medio de insultos, cr?ticas, rumores o subestimaciones). Y pueden tener por sujeto activo tanto a compa?eros de trabajo ( mobbing horizontal) como al personal directivo (?bossing?) o superiores jer?rquicos en general ( mobbing vertical); si bien el m?s caracter?stico y usual parece ser el que parte de una relaci?n asim?trica de poder.



Es claro que este fen?meno que s?lo recientemente ha empezado a tener consecuencias jur?dicas, en el ?mbito normativo laboral supone desconocer el derecho que a todo trabajador reconoce el art. 4.2.e) ET , para que se le respeten su intimidad y la consideraci?n debida a su dignidad.



Por su parte, el art?culo 179.2 LPL establece que una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido vulneraci?n de un derecho fundamental, corresponder? al demandado la aportaci?n de una justificaci?n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Debe dilucidarse, por tanto, en primer t?rmino, si el actor ha probado indicios de haber sido sometido a un trato degradante, que haya vulnerado su derecho fundamental a la integridad f?sica y moral.



En este caso, consta en los probados que D? Irene es desde 1999 la DIRECCION000 de la empresa y que la misma desde hace tiempo, mantiene de forma reiterada hacia el actor un trato en el que habitualmente utiliza expresiones despectivas, levant?ndole la voz en presencia de clientes, llam?ndole "perro", "va perro, trabaja", y neg?ndose a mantener conversaci?n alguna con ?l. Situaci?n sobre la que se profundiza en la fundamentaci?n jur?dica de la sentencia de instancia. A ello hay que a?adir que en el mismo periodo se producen diversas acciones del trabajador encaminadas a la defensa de sus derechos en la empresa: demanda por modificaci?n sustancial de condiciones, estimada por sentencia de mayo de 2001; denuncia (junto a otro compa?ero) ante la Inspecci?n de Trabajo en junio de 2002 por el calendario elaborado por la empresa, que da lugar al acta de la inspecci?n de trabajo en febrero de 2003 por las irregularidades cometidas por la empresa en la confecci?n del calendario laboral de 2002; escrito del actor (y otro compa?ero) ante la Inspecci?n de trabajo solicitando la habilitaci?n de un lugar de descanso y taquillas, dando lugar al levantamiento del acta de infracci?n de la Inspecci?n de Trabajo en junio de 2003.



En consecuencia, la Sala considera al igual que lo hiciera la sentencia de instancia, que en el presente asunto se dan los reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionan la dignidad o integridad ps?quica del trabajador y que ponen en peligro o degradan sus condiciones de trabajo, por lo que se observa una actuaci?n empresarial que puede ser incardinada en el concepto de acoso moral en el trabajo o mobbing a que se alud?a, sin que la empresa haya aportado prueba que justifique la actitud mantenida con el trabajador, por lo que debe apreciarse la violaci?n de derechos denunciada por el trabajador.



Lo anterior supone la desestimaci?n del recurso y la confirmaci?n de la sentencia, con condena en costas al recurrente ( art. 233 LPL ).



FALLO



Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicaci?n interpuesto en nombre de ESCL S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n?m. 9 de Valencia de fecha 30 de abril de 2.004 en virtud de demanda formulada por D. Santiago , y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Publicado por tuasesor @ 21:44
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Jueves, 01 de marzo de 2007
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha ratificado una sentencia del Juzgado de lo Social n?mero 3 de Badajoz que conced?a la incapacidad permanente y absoluta a un hombre que padece fobia social y trastorno depresivo como consecuencia de las cicatrices que sufre en la cara. El INSS le hab?a denegado la prestaci?n, pero los tribunales consideran que tiene derecho a ella. El trabajador sufri? unas quemaduras que le han producido extensas cicatrices en la cara, el cuello, la nariz y el labio inferior. Tambi?n tiene cicatrices en ambas manos y en el muslo derecho. Esas secuelas le han ocasionado fobia social y un trastorno depresivo que le inhabilita para desempe?ar un trabajo con normalidad.

Contacto con el p?blico

El TSJ afirma que, en abstracto, el hombre podr?a realizar un trabajo que no requiriese contacto con el p?blico y no exigiese fuerza en la mano derecha. Sin embargo, a?ade que cualquier actividad laboral exige acudir a un puesto de trabajo y tener relaci?n con unos compa?eros. S?lo en el caso de que el trabajador tuviera un esp?ritu de sacrificio singular y el empresario una especial tolerancia hacia su situaci?n y sus condicionamientos podr?a desempe?ar un trabajo. En consecuencia con estos argumentos, el TSJ le concede la incapacidad permanente.

Publicado por tuasesor @ 18:13
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Declaran procedente el despido de una empleada de una empresa de Eibar por uso abusivo de internet

El 90% de los programas de su 0rdenador eran de entretenimiento y personales Hab?a descargado m?s de 20 'ced?s' y chateaba en horas de actividad laboral

El Tribunal Superior de Justicia del Pa?s Vasco ha declarado procedente el despido de una trabajadora de una empresa de Eibar por haber realizado un uso indebido y abusivo de internet en su tiempo de trabajo. El alto tribunal confirma con esta decisi?n una sentencia anterior dictada por un juzgado de lo Social de la ciudad armera y desestima el recurso de la trabajadora, que pidi? la nulidad del despido. El 90% de los programas que hab?a instalados en el ordenador eran de car?cter personal, l?dico y de entretenimiento, ajenos a la gesti?n de la actividad empresarial. Los hechos ahora sentenciados se remontan a febrero del pasado a?o cuando la empresa comunic? el despido a la trabajadora mediante el env?o de un burofax, en el que la direcci?n le explic? los motivos de la rescisi?n del contrato. El despido se sustent? en el uso inadecuado que la empleada hac?a del ordenador en horas de trabajo, ?para actividades que nada ten?an que ver con el desempe?o de sus labores?.

La empresa hab?a solicitado previamente que se realizase un examen exhaustivo del ?nico equipo inform?tico del taller, con la finalidad de conocer los programas y documentos que se hallaban contenidos en el mismo. El estudio revel? que la pr?ctica totalidad de los datos almacenados en el ordenador eran de la trabajadora, lo que se evidenci? con la aparici?n de m?ltiples fotos, chats y programas, cuyos iconos llenaban el escritorio.

120 'ced?s' de m?sica

Se estima que en el ordenador de la empresa figuraban instalados un 90% de programas de car?cter personal, l?dico y de entretenimiento ajenos a la gesti?n de la actividad comercial. En la terminal inform?tica se hab?a dispuesto tambi?n el programa Messenger, donde figuraban cinco conversaciones, y el programa MIRC, en el que se guardaban 117 conversaciones; ambos son programas para conversar en internet. Tambi?n se detectaron otros 58 programas que nada ten?an que ver con la actividad laboral. En las conversaciones por la red, la empleada ofrec?a datos personales sobre su lugar de trabajo y edad, al tiempo que manifestaba que hab?a instalado en el ordenador programas camuflados. En el sistema se introdujeron 120 ced?s de m?sica que hab?an sido bajados de internet. Asimismo, se detectaron 55 fotograf?as en una carpeta personal.

De igual manera, se descubri? que la trabajadora hab?a descargado aplicaciones de seguridad e instalado claves de usuario y contrase?as para acceder a diversos programas instalados en el ordenador, entre ellos el software contable de la propia empresa. Como consecuencia de este uso inadecuado, el equipo inform?tico era ?inestable?, ten?a problemas de confidencialidad en sus datos y se mostraba lento a la hora de realizar ciertas operaciones. Ante esta situaci?n, la empresa procedi? al despido de la trabajadora, quien present? ante el Juzgado de lo Social n?mero 1 de Eibar una demanda, tras considerar que la rescisi?n laboral era del todo improcedente. El juzgado, no obstante, fall? a favor de la empresa, por lo que la trabajadora interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi. El alto tribunal vasco ha vuelto a dar la raz?n ahora a la empresa, que en el proceso ha estado representada por el letrado Juan Mar?a Alzugaray, y califica el despido de procedente.

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Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 11 abril 2006
Jurisdicción: Social
Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1184/2005.
Ponente: Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete.
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES: contrato de interinidad por vacante: duración:
legislación aplicable; extinción por cobertura de la plaza vacante, aunque el proceso supere los tres
meses de duración.
El TS, Sala de lo Social constituida en Sala General, desestima el recurso de casación para la
unificación de doctrina (núm. 1184/2005) interpuesto por doña Amelia, contra la Sentencia de
fecha 27-01-2005, del TSJ de Galicia, dictada en autos promovidos por la recurrente contra
Sociedad Estatal «Correos y Telégrafos, SA», sobre reclamación de despido.
En la Villa de Madrid, a once de abril de dos mil seis.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para
la unificación de doctrina interpuesto por Dª Amelia, representada por la Procuradora Sra.
García Martín y defendida por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 27 de enero de 2005, en el recurso de
suplicación núm. 5813/04, interpuesto frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2004
por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Orense, en los autos núm. 684/04, seguidos a
instancia de dicha recurrente contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, sobre
despido.
Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrida la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO El 27 de enero de 2005 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia dictó sentencia, en virtud del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Orense, en los autos núm. 684/04, seguidos a instancia
de dicha recurrente contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, sobre despido. La
parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es del tenor
literal siguiente: «Que, con estimación del recurso de suplicación, planteado por el Letrado
del Estado, contra la sentencia, dictada por la Sra. Magistrado-Juez de lo Social, n° 3, de
Orense, en fecha 21 de octubre de 2004; con revocación de su fallo; y, con desestimación
de la demanda, formulada por Dª Amelia; debemos absolver y absolvemos a la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA, de sus peticiones».
SEGUNDO La sentencia de instancia, de 21 de octubre de 2004, dictada por el Juzgado de
lo Social núm. 3 de Orense, contenía los siguientes hechos probados:
«I.- La parte actora Dª Amelia, con DNI NUM000 vino prestando servicios para la
“Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA” en virtud de sucesivos contratos
temporales. Desde el 2-6-03, en virtud de contrato de interinidad por vacante, ostentando la
categoría profesional de Agente titular Enlace Rural -Tipo B motorizado- siendo su destino
Celanova-Mociños (Orense), percibiendo salario mensual, según nóminas de 1.500 con
inclusión de pp. extras.
II.- En fecha 30-7-04 la Sociedad demandada notificó a la actora su cese, en virtud de
comunicación de fecha 29-1-04 con el contenido literal siguiente: “De conformidad con lo
estipulado en el artículo 49, apartado b) del Estatuto de los Trabajadores, así como en la
cláusula séptima del contrato suscrito entre Ud. y Correos y Telégrafos con fecha 2/6/2003
al amparo del artículo 4º del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, le comunico que
dicho contrato quedará extinguido el día 31/7/2004 al haber sido cubierta por el personal
fijo la plaza que venía desempeñando, como consecuencia de la Resolución de la Dirección
de Recursos Humanos de 15/07/2004”.
III.- En fecha 10-2-04, la Audiencia Nacional dictó Sentencia en proceso de conflicto
colectivo, siendo su Fallo el siguiente: “Desestimamos las excepciones de falta de
agotamiento de la vía previa, falta de legitimación activa de los demandantes y la de
inadecuación de procedimiento. Estimamos la demanda y declaramos la fijeza de la
relación laboral de todos los trabajadores con contrato de interinidad por vacante por
tiempo superior a tres meses en la empresa Correos y Telégrafos, SA, declarando, así
mismo, que las plazas que ocupan dichos trabajadores no pueden formar parte de la
consolidación de empleo temporal que se está desarrollando en dicha empresa por
Resolución de 3 de abril de 2003, debiendo quedar exentos de realizar las pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Grupo Profesional IV. Operativos, puesto tipo de
reparto”.
IV.- La parte actora no ostenta cargo sindical alguno.
V.- En fecha 26-8-04, fue celebrado acto de conciliación ante UMAC, sin efecto».
El fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: «Que estimando la demanda
formulada por Dª Amelia contra Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, debo
declarar y declaro la improcedencia del despido del demandante realizado por la
demandada el 31 de julio de 2004; en consecuencia de tal declaración, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración y a que, a su opción y
en el plazo de cinco días, readmita al actor en las mismas condiciones laborales que regían
antes de producirse el despido o que indemnice al actor en la cantidad de 2.618,50 euros,
con abono al actor de los salarios de tramitación desde la fecha del despido 31 de julio de
2004 hasta la notificación de la presente sentencia, a razón de 50,00 euros/día, advirtiéndole
que de no efectuar la opción en el indicado plazo, se entenderá que opta por la readmisión».
TERCERO La Procuradora Sra. García Martín, en representación de Dª Amelia, mediante
escrito de 18 de marzo de 2005, formuló recurso de casación para la unificación de
doctrina, en el que:
I.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 15 de abril de 2004.
II.- Se alega la infracción de los artículos 8.1.c)4ª, y 8.2 del Real Decreto 2720/98, de 18 de
diciembre, en relación con los artículos 4.1 y 4.2.b) de la misma norma, el artículo 15.3 del
Estatuto de los Trabajadores y los artículos 49.1.c), 55.1 y 2, 56.1 del mismo texto.
CUARTO Por providencia de esta Sala de 31 de marzo de 2005 se tuvo por personado al
recurrente y por interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.
QUINTO Evacuado el traslado de impugnación, el Ministerio Fiscal emitió informe en el
sentido de considerar improcedente el recurso, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado
Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 4 de
abril actual. Por providencia de 14 de febrero de 2006, dada las características de la
cuestión jurídica planteada y su trascendencia, procede su debate en Sala General. A tal
efecto se suspende el señalamiento acordado para el próximo día 4 de abril, trasladando el
mismo para el día 5 de abril actual, en cuya fecha tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO La sentencia de instancia estimó la demanda y declaró improcedente el despido
de la actora por considerar que el contrato de interinidad por vacante concertado el 2 de
junio de 2003, tras otras contrataciones temporales, había superado el plazo máximo de tres
meses que prevé el artículo 4.2.b).2º del Real Decreto 2720/1998 en el momento del cese -
31 de julio de 2004-, por lo que se había convertido en un contrato indefinido. La sentencia
recurrida revocó, sin embargo, este pronunciamiento por entender que ese plazo no
resultaba aplicable, porque, pese a que la entidad demandada -Correos y Telégrafos, SA- se
había convertido en una sociedad anónima a partir de la entrada en vigor del artículo 58 de
la Ley 14/2000, seguía siendo una sociedad estatal, de cuyo capital es titular la
Administración, y que además esa sociedad gestionaba un servicio público, conservando el
régimen funcionarial respecto al personal de esta condición que presta servicios para la
entidad demandada. El recurso de la actora alega como sentencia contradictoria la de la
Sala de lo Social de Navarra de 15 de abril de 2004, en la que también se trata de un
contrato de interinidad por vacante, formalizado en agosto de 2001, y en ella se desestima
el recurso de Correos, confirmando la improcedencia del despido en un supuesto en el que
también se había excedido el plazo del artículo 4.2.b).2º del Real Decreto 2720/1998,
razonando que, tras la transformación de Correos en sociedad anónima, se aplican las
normas de Derecho Privado, quedando sometido su personal al régimen laboral común y no
siendo posible la aplicación analógica del régimen funcionarial.
SEGUNDO Existe la contradicción que se alega, por lo que hay que examinar la denuncia
de la infracción de los artículos 4.1 y 2.b) y 8 del Real Decreto 2720/1998 en relación con
la disposición adicional 21.2 de la Ley 14/2000, la disposición adicional 12ª de la Ley
6/1997 (LOFAGE) y el artículo 58.17 de la Ley 14/2000. Para ello hay que tener en cuenta
que la modalidad de interinidad por vacante se regula en el artículo 4.2 del Real Decreto
2720/1998 se define como la que tiene por objeto cubrir temporalmente un puesto de
trabajo durante el desarrollo del proceso de selección o promoción para su cobertura
definitiva. En esta interinidad se distinguen dos tipos: el aplicable en el ámbito privado,
cuya duración «será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción», pero con
un límite de tres meses, y el que rige en el ámbito de la función pública, en el que no hay
tope concreto de duración, sino que ésta queda referida al tiempo que duren los
correspondientes procesos, de acuerdo con su normativa específica.
La especialidad de la Administración Pública se produce porque ésta, por exigencias
legales, está sometida a los procesos de selección y promoción reglados que se contemplan
en el Reglamento General de ingreso, provisión y promoción de puestos de trabajo,
aprobado por Real Decreto 364/1995; disposición que se aplica a la Administración
General del Estado y a sus organismos autónomos, según especifica su artículo 1, aunque
por imperativo del artículo 55.2.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración del Estado (LOFAGE) el sistema se extiende también a las entidades
públicas empresariales. En principio, por tanto, desde el momento en que Correos y
Telégrafos, dejó de ser entidad pública empresarial -carácter que le había atribuido la
disposición adicional 11ª de la LOFAGE - para convertirse, por mandato del artículo 58 de
la Ley 14/2000 y tras su inscripción en el Registro Mercantil el 3 de julio de 2001, en una
sociedad anónima estatal, parece que el régimen aplicable a esta sociedad debería ser el del
párrafo 2º del apartado b) del artículo 4.2 del Real Decreto 2720/1998 (límite de tres meses)
y no el del párrafo tercero (duración del contrato coincidente con la del proceso de
provisión), pues una sociedad anónima estatal se rige por las normas de Derecho Privado. A
esta conclusión podría llevar también una examen aislado del número 17 del artículo 58 de
la Ley 14/2000, a tenor del cual «a partir de la fecha del inicio de la actividad de la
«Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima», el personal que la sociedad
necesite contratar para la adecuada prestación de sus servicios lo será en régimen de
derecho laboral».
Sin embargo, la situación es más compleja. Las sociedades estatales o sociedades de ente
público, definidas en el artículo 166.1.c) de la Ley del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, forman parte del sector público pero, según el artículo 2 de la Ley General
Presupuestaria y la disposición adicional 12ª de la LOFAGE, se rigen, por el ordenamiento
jurídico privado. No obstante, hay que indicar que esta remisión al ordenamiento privado
no es completa, pues la propia disposición adicional 12ª de la LOFAGE exceptúa de esta
aplicación de las normas privadas aquellas «materias en que les sean de aplicación la
normativa presupuestaria, contable, de control y de contratación». Esta referencia a la
contratación apunta, como sucede en otros ámbitos, precisamente a las reglas sobre la
selección de contratistas; reglas que en el régimen laboral se conectan con los principios de
igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal.
TERCERO Pues bien, en Correos y Telégrafos no se ha producido una exclusión completa
de los criterios públicos de provisión de puestos de trabajo como consecuencia de su
transformación en sociedad anónima, aunque, desde luego, hay ahora una mayor
flexibilidad en la contratación. Ello se debe, en primer lugar, a que, pese a tratarse de una
sociedad de este carácter, un número importante de su personal mantiene la condición de
funcionario y sigue sometido a un régimen propio de la función pública. Lo que más que un
privilegio supone una carga en orden a la situación de competencia en el sector que impone
la Directiva 97/67/CE. En este sentido hay que citar el número 7 del artículo 58 de la Ley
14/2000, que prevé que los funcionarios que prestaban servicios en la entidad pública
empresarial Correos continuarán prestándolos para la nueva sociedad, conservando su
condición de funcionarios con pleno respeto a sus derechos adquiridos, incluido el
mantenimiento del régimen de movilidad vigente en la legislación general de la función
pública (número 12). Por otra parte, el punto 3 del número 7 del artículo citado prevé que el
Gobierno dictará la normativa específica que desarrolle este régimen jurídico, atendiendo a
la especial singularidad de los empleados de la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
Sociedad Anónima», y en particular, desarrollando el régimen general de retribuciones
complementarias y definiendo el régimen de ordenación y asignación de puestos de
trabajo». La norma citada añade que «hasta tanto no se complete dicha normativa se
aplicará el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
del Personal al Servicio del Organismo autónomo Correos y Telégrafos, en lo que no se
oponga al presente artículo». En los artículos 11 a 30 de este Reglamento se regulan los
sistemas de provisión de puestos de trabajo, que son los típicos de la función pública en la
selección inicial: convocatoria pública y selección inicial a través de oposición, concurso o
concurso-oposición libres, con garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad (artículo 14) y provisión interna a través de concurso de méritos, concurso de
traslado y libre designación (artículos 38, 39, 45 y concordantes). El mantenimiento de este
sistema justifica ya por sí mismo la aplicación a la sociedad anónima estatal del régimen
del párrafo 3º del apartado b) del artículo 4.2 del Real Decreto 2720/1998, porque el
contrato de interinidad por vacante puede utilizarse para la cobertura provisional de puestos
de funcionarios y de personal estatutario y no sólo de puestos de la plantilla del personal
laboral fijo.
Pero es que además y en segundo lugar un régimen similar se aplica también al personal
laboral. El artículo 31 del Reglamento de Personal de 1995 ya citado establecía claramente
que los procesos selectivos para el ingreso de personal laboral se efectuarán mediante
convocatoria pública y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30/1984 y
este sistema también se recogía en el convenio colectivo de 1999 de la Entidad Pública
Empresarial de Correos y Telégrafos (BOE de 4 de noviembre de 1999), como puede verse
en sus artículos 16, 18, 19 y 20. Por su parte, el convenio colectivo de 2003-2004 (BOE de
13 de febrero de 2003) «vigente en el momento en que se produjo la contratación de la
actora y acordado cuando ya Correos era sociedad anónima» mantiene los sistemas de
provisión formalizados. Así el artículo 31 prevé que el ingreso en los «puestos base» podrá
realizarse por oposición, concurso-oposición, concurso o cualquier otro procedimiento de
selección objetiva que se determine. Para el resto de los «puestos tipo» el ingreso se
realizará a través de procedimientos singularizados (artículo 32), aparte de las vías de
promoción interna mediante concurso de traslados y concursos de méritos que coexisten
con los reajustes en la misma localidad y la libre designación.
Aunque se trata de una norma posterior a la suscripción del contrato de la actora y, por
tanto, no resulta aplicable, hay que señalar que el nuevo Estatuto de Personal de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, aprobado por el Real Decreto 370/2004, mantiene la
asignación de puestos de trabajo por concursos de traslados y concursos de méritos,
coexistiendo con los reajustes en la misma localidad y la libre designación (artículo 11).
CUARTO En casos como el presente el problema que plantea la interpretación de los
párrafos 2º y 3º del apartado b) del número 2 artículo 4 del Real Decreto 2720/1998
consiste en determinar si la expresión Administraciones públicas que utiliza el párrafo 3º
debe entenderse de forma estricta o si cabe una interpretación que tenga en cuenta
principalmente su finalidad. La interpretación estricta responde a un criterio subjetivo,
según el cual la flexibilidad de la duración del contrato se vincula al carácter público de la
personificación del empleador y, por ello, cualquier contrato de interinidad por vacante
suscrito por una entidad que no se haya constitutivo a través de los tipos administrativos de
personificación pública -Administración del Estado, organismos autónomos y entidades
públicas empresariales, según el esquema de la LOFAGE, y sus equivalentes en los ámbitos
autonómico y local- estará sometido al plazo de tres meses.
Por el contrario, una interpretación finalista tiene que atender a la función del límite
temporal del párrafo 2º, que no es otro que evitar situaciones de abuso y de fraude en el
ámbito común de la contratación laboral, donde como es sabido, rige el principio de
libertad empresarial de contratación y los procesos de provisión de puestos de trabajo
pueden desarrollarse normalmente dentro de ese limite temporal. En este sentido, es
interesante hacer una referencia al origen del precepto comentado. El tipo de interinidad por
vacante no está incluido de forma expresa en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.
Fue el resultado de una elaboración jurisprudencial, como puede comprobarse, entre otras,
en nuestras sentencias de 22 de octubre de 1987 y 26 de septiembre de 1988, que ponderan
esta situación interina en el marco de la relaciones con las Administraciones Públicas. De
ahí que este tipo de contratación interina, que no estaba previsto en el Real Decreto
2104/1984, aparezca en el artículo de 4 del Real Decreto 2546/1994 y de ahí pase al
artículo 4 del Real Decreto 2720/1998.
Pero adviértase que con esta regulación reglamentaria no se está propiamente desarrollando
de una manera directa el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores como corresponde a la
función típica del reglamento (artículo 3.2 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 23 de
la Ley 50/1997), sino que se están recogiendo y precisando las conclusiones que la
jurisprudencia había establecido en atención a una interpretación conjunta de las normas del
Estatuto de los Trabajadores y, en concreto, de los artículos 15 y 49, en relación con la
provisión de vacantes en las Administraciones Públicas. No obstante, hay que señalar que
las normas reglamentarias han entendido correctamente que el supuesto de la interinidad
por vacante -que también fue reconocido en la redacción inicial del artículo 6. 2.d) de la
Ley - no puede limitarse a las Administraciones Públicas, pues los procedimientos
formalizados de selección y promoción se aplican también en el marco de las relaciones
laborales en las empresas privadas. Así lo reconocía la redacción inicial del artículo 6.2.d)
de la Ley 14/1994, cuando se refería como modalidad contractual temporal específica de las
empresas de trabajo temporal a la que tiene por objeto la cobertura «de forma temporal de
un puesto de trabajo permanente mientras dure el procedimiento de selección o
promoción». Es significativo que en la única referencia legal al contrato de interinidad por
vacante no hubiese una mención específica a las Administraciones Públicas, ni a un plazo
máximo de duración al margen de la que es propia de cada proceso de provisión. De ahí
que en las interinidades por vacante que se producen fuera del ámbito de las
Administraciones Públicas sea preciso distinguir entre aquellos procesos en los que el
empresario actúa con plena libertad en la forma de organizar la selección y promoción, y
aquellos otros en los que una norma con rango suficiente -incluido el convenio colectivo-
impone unos trámites determinados, que no siempre pueden cumplirse en el período de los
tres meses que fija el artículo 4.2. b). 2º del Real Decreto 2720/1998. Esta distinción se
funda en que mientras que en el primer caso la aplicación de un plazo máximo es una
garantía frente a los abusos o fraudes, en el segundo la limitación temporal específica no se
justifica, pues la garantía surge de la propia regulación legal o convencional, y el
empresario no tiene disponibilidad sobre la aplicación de un proceso reglado. Esto es lo que
sucede en el presente caso, pues, aunque la demandada ha dejado de ser una entidad
pública, sigue incluida en el sector público y, sin duda en atención a ello, continúa también
sometida en gran medida a procesos formalizados de selección y promoción que son los
propios de una Administración pública o muy próximos a ellos, aunque lógicamente la
transformación en sociedad anónima estatal haya agilizado la provisión (por ejemplo, no
será necesaria la selección para el ingreso de funcionarios, pues las nuevas contrataciones
tienen que ser laborales, y tampoco será preciso tramitar la dotación presupuestaria de la
correspondiente plaza para iniciar el proceso de provisión). En concreto y como ya se ha
avanzado en el fundamento jurídico tercero, los procesos formalizados de provisión se
mantienen: 1) en la cobertura interna de los puestos funcionariales en virtud del artículo 32
y siguientes del Reglamento de Personal de 1995, aunque, al tener que ser contratado en
régimen laboral el nuevo personal, no se aplican ya para este personal los procedimientos
externos de selección de los artículos 11 a 30, y 2) en los procesos de selección externa e
interna del personal laboral, conforme a las previsiones del convenio colectivo de 2003-
2004 (artículos 30 a 33). QUINTO.- No es posible aceptar, por tanto, la rígida separación
de la que parten el recurso y la sentencia de contraste entre un régimen anterior a la
transformación -3 de julio de 2001 - caracterizado por una regulación de carácter público y
un régimen posterior en el que la entidad demandada se convierte en un simple empresario
privado, pues tanto el artículo 58 de la Ley 14/2000 y el convenio colectivo, como las
normas aplicables en el período transitorio (el Real Decreto 1638/1995), establecen una
regulación más compleja con la permanencia de elementos públicos en los procesos de
selección y promoción interna, en la que resulta plenamente aplicable la regla del párrafo
tercero del apartado b) del número 2 del artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, lo que es
coherente tanto con el mantenimiento de la pertenencia de la sociedad al sector público, en
el que deben regir los principios de igualdad, mérito y publicidad en la selección, como con
el propio régimen de las sociedades estatales, que está abierto a una aplicación selectiva de
determinadas normas de Derecho Público en materia de contratación, como se prevé
expresamente en la disposición adicional 12ª de la LOFAGE.
No desconoce la Sala que la exclusión del plazo temporal en la duración de las relaciones
de interinidad por vacante puede producir comportamientos abusivos o fraudulentos en la
utilización de este tipo contractual. Pero, aparte de que tales desviaciones pueden surgir en
el marco de las Administraciones públicas en las que el plazo no rige, la reacción frente a
las mismas debe abordarse en cada caso ante las denuncias que en este sentido se formulen,
sin olvidar el recurso a las pretensiones que tengan por objeto la puesta en marcha de los
procesos de selección a través de las oportunas convocatorias. En el presente caso la
pretensión que formula no ha denunciado de forma concreta ningún abuso o fraude; por el
contrario, se funda únicamente en el transcurso del plazo de tres meses para reivindicar de
forma automática la conversión del vínculo indefinido.
Procede, por tanto, la desestimación del recurso, como propone el Ministerio Fiscal, sin que
haya lugar a la imposición de costas por tener reconocido el recurrente el beneficio de
justicia gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dª
Amelia, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, de 27 de enero de 2005, en el recurso de suplicación núm. 5813/04, interpuesto
frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2004 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de
Orense, en los autos núm. 684/04, seguidos a instancia de dicha recurrente contra la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, sobre despido. Sin imposición de costas.
Devuélvanse las actuaciones y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete hallándose celebrando
Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de
la misma, certifico.


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RSU 0000979/2004

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.3

MADRID

SENTENCIA: 00668/2004

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL-SECCI?N 003(C/ GENERAL MART?NEZ CAMPOS, 27)

N.I.G: 28079 34 4 2004 0000959, MODELO: 46050

TIPO Y N? DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000979/2004

Materia: ACCIDENTE DE TRABAJO-INVALIDEZ TOTAL

Recurrente/s: MUTUA VALENCIANA LEVANTE

Recurrido/s: Luis Carlos , TESORER?A GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL TGSS, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSS, Mercadona

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N. 37 de MADRID de DEMANDA

0000423/2002

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO SOCIAL

MADRID

Secci?n Tercera

Secretar?a Sr. Fari?as Matoni

Recurso n? 0979/04

Sentencia n? 668/04-AF

Ilmo. Sr. D. Jos? Ram?n Fern?ndez Otero

Presidente

Ilma. Sra. D?a. Josefina Triguero Agudo

Ilmo. Sr. D. Ignacio Moreno Gonz?lez Aller

En Madrid, a veinticuatro de Mayo de dos mil cuatro

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicaci?n n? 0979/04 interpuesto por la MUTUA VALENCIANA LEVANTE, Mutua de A.T. y E.P. de la S.S. n? 15, representada por el Letrado D. Vicente Fern?ndez Garc?a, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n? Treinta y siete de los de MADRID, en los Autos n? 423/02, ha sido Ponente la Iltma. Sra. D?a. Josefina Triguero Agudo.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que seg?n consta en los autos n? 423/02 del Juzgado de lo Social n? Treinta y siete de los de Madrid, se present? demanda por D. Luis Carlos , contra el INSS, la TGSS, la Mutua Valenciana Levante y la empresa Mercadona., en materia de Accidente de Trabajo-Invalidez Total, y que en su d?a se celebr? el acto de la vista, habi?ndose dictado sentencia en fecha treinta de Abril de dos mil tres en los t?rminos siguientes:

Que estimando la demanda de Luis Carlos , contra los demandados Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorer?a General de la Seguridad Social, Mutua Valenciana Levante y Mercadona., debo declarar y declaro que el demandante se encuentra en situaci?n de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaraci?n, con derecho del actor a percibir una pensi?n, con efectos del 19-12-01, equivalente al 55% de su base reguladora mensual de 775,31 euros a cargo de la Mutua Valenciana Levante, sin perjuicio de las responsabilidades legales del INSS y Tesorer?a General de la Seguridad Social. Se absuelve a Mercadona.-

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

PRIMERO. - El demandante, Luis Carlos , nacido el 16-1-73, afiliado a la Seguridad Social con el n? NUM000 , el 30-11-00 tuvo un episodio de lumbalgia cuando realizaba su trabajo de mozo repartidor, Grupo profesional Gerente I en Mercadona., acudiendo a Urgencias de la Seguridad social donde el facultativo que le atendi?, y que refiere ya hab?a estado de baja por lumbalgia tres d?as en enero de ese mismo a?o, le puso un calmante m?s relajante muscular cit?ndole para el 1 de diciembre para exploraci?n la cual se correspond?a con una lumbalgia aguda post-esfuerzo con Lassegue positivo bilateral muy dolorosa, sugestiva de protusi?n discal, siendo derivado en dicha fecha a la Mutua demandada, iniciando un proceso de incapacidad temporal y recibiendo tratamiento de esta Mutua por contingencias profesionales, siendo dado de alta el 22-2-01. SEGUNDO.- La empresa Mercadona. extingui?, el 24-2-01, el contrato de trabajo indefinido del demandante, suscrito en 20-9-00 por no superaci?n del periodo de prueba. TERCERO.- El 27-3-01 acude el demandante, nuevamente, a consulta al Insalud, emiti?ndose informe donde se constataba que la patolog?a no ha sido resuelta, intervini?ndole quir?rgicamente el 4-6-01 mediante hemilaminectom?a L5-S1, extirp?ndose hernia discal emigrada subligamentosa a dicho nivel. CUARTO.- Iniciado a instancia de parte expediente para la valoraci?n de la invalidez solicitada el 19-12-01, se emiti? informe m?dico de s?ntesis, recibida que fue en 12-2-02 la prueba complementaria solicitada, reflejada en dicho informe (fechado no obstante, en 21-1-02), en el que indica contingencia "accidente laboral", a cuya vista el Equipo de Valoraci?n de Incapacidades el 18-2-02 propuso la no calificaci?n del trabajador como incapacitado permanente analizadas las secuelas y tareas realizables, por no presentar reducciones anat?micas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral, dictando en este sentido resoluci?n el INSS, con fecha 20-2-02 denegando al actor la prestaci?n de incapacidad permanente. QUINTO.- El actor padece lumbalgia cr?nica con irradiaci?n a regi?n posterolateral de miembro inferior derecho hasta tobillo, sin asociar parestesias ni debilidad aunque s? importante impotencia funcional. Lassegue y Bragard positivos en miembro inferior derecho. Afectaci?n radicular L-5 derecho de intensidad leve; protusi?n discal L4, con dificultad para trabajos que requieran sobrecargas lumbares, cargas de pesos, flexiones repetidas y mantenidas de columnas lumbar. SEXTO.- El salario del demandante en noviembre de 2.000 ascendi? a 129.000.-pts mensuales (salario base y parte proporcional de pagas extraordinarias), cantidad que sirvi?, asimismo, de base de cotizaci?n a la Seguridad Social. S?PTIMO.- Mercadona. ten?a asignado el riesgo de accidentes de trabajo del demandante con la Mutua Valenciana Levante. OCTAVO.-Presentada, por el demandante, reclamaci?n previa frente a la resoluci?n denegatoria, referida en el hecho probado cuarto, le fue denegada por resoluci?n del INSS.-

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicaci?n por la MUTUA VALENCIANA LEVANTE, Mutua de A.T. y E.P. de la S.S. n? 15, representada por el Letrado D. Vicente Fern?ndez Garc?a, siendo impugnado de contrario por D. Luis Carlos , representado por el Letrado D. Francisco Javier Barandiar?n Irigoyen. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resoluci?n.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia que estimando la demanda declar? al actor afecto de incapacidad permanente total para su profesi?n habitual, derivada de accidente de trabajo, se alza la Mutua codemandada en suplicaci?n y formula dos motivos que ampara, sucesivamente, en los apartados b) y c) del art?culo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

En el primero de los motivos se persigue una m?ltiple finalidad:

A) La adici?n al hecho probado primero de un ?ltimo p?rrafo que diga: "En el momento del alta m?dica los reflejos estaban presentes y sim?tricos, no presentando d?ficit motor en miembros inferiores, movilidad de columna completa y no dolorosa y una exploraci?n neurol?gica normal"; a?adido que ha de fracasar ya que del documento que cita -n? 2 de su ramo de prueba (folio 109)- en modo alguno se signe lo postulado.

B) Supresi?n del hecho probado primero la referencia que se hace a la categor?a profesional de mozo repartidor, ya que, dice, seg?n contrato de trabajo, n?minas y Convenio Colectivo de empresa es Gerente I; eliminaci?n que no procede, cuando, tanto en el contrato como en la n?mina correspondiente a septiembre de 2000 lo que se especifica es el grupo profesional que el Juzgador recoge; el Convenio Colectivo no es h?bil para revisar los hechos, al no ser un documento sino una norma, y as? carece de soporte la supresi?n del puesto desempe?ado.

C) Adici?n al hecho probado cuarto de un ?ltimo inciso del siguiente tenor: "El expediente administrativo fue incoado por la contingencia de enfermedad com?n, tras proceso de baja por lumbalgia por enfermedad com?n, y en tal sentido se manifiesta la resoluci?n del INSS de 20/02/02"; inserci?n que desestimamos pues en la resoluci?n no se contiene lo indicado y en el escrito de solicitud de pensi?n de invalidez se se?ala como contingencia "enfermedad profesional" y "accidente de trabajo" estando ?sta tachada y

D) Adici?n al ordinal quinto de un p?rrafo final que diga: "Sin embargo tal cl?nica no se correlaciona con la prueba electromiogr?fica efectuada el 11 de enero de 2002 tras la extirpaci?n de la hernia discal efectuada el 4 de junio de 2001"; a?adido que tal como se formula abocado est? al fracaso, pues no contiene hechos sino que presupone una comparaci?n y posterior valoraci?n por esta Sala entre el texto original y el documento n?mero seis de la recurrente que cita como soporte, y esta conclusi?n no tiene cabida en el "factum".-

SEGUNDO.- Ya en sede jur?dica se denuncia la infracci?n de lo dispuesto en los art?culos 137.2 y 115 de la Ley General de la Seguridad Social, ya que entiende que dado el cuadro residual apreciado por el EVI y el hecho de que el trabajador era Gerente I de Mercadona habr? de estar al Convenio Colectivo de empresa y a los trabajos que realmente tenga que desempe?ar y no a las manifestaciones de parte, y no habiendo sido contratado como mozo de almac?n, sino como Gerente I, grupo en el que se encuadran a cajeros y dem?s dependientes de supermercado, cuya actividad no requiere carga lumbar, ni sobrecarga de pesos, no corresponde la declaraci?n incapacitante que la sentencia hace; y, por otro lado, estima que no cabe aplicar el r?gimen legal de presunciones del art?culo 115 de la LGSS que la sentencia combatida aplica, ya que ante la patolog?a de base, hernia discal degenerativa y previa al accidente y que ya hab?a cursado dolores lumbares meses antes de ?ste, es normal que, tras el alta consecuente al accidente y transcurridos meses desde ?sta, curse un nuevo periodo de agudizaci?n que nada tiene que ver con el proceso que fue atendido como accidente de trabajo, m?xime cuando la resoluci?n recurrida por el trabajador parte de un proceso de baja previa iniciado por enfermedad com?n del que no se impugn? su contingencia.

El motivo ha de decaer al no concurrir las infracciones denunciadas pues, y por un lado, con independencia del puesto de trabajo que el actor desempe?ara al tiempo del accidente, el Juzgador "a quo" tambi?n tiene en cuenta el grupo profesional en el que est? aqu?l inserto, el que si bien es cierto que abarca un buen n?mero de categor?as seg?n el Anexo Tabla Salarial y Grupos Profesionales del Convenio, no puede obviarse que en dicho grupo -art?culo 7 Convenio Colectivo- se incluye al "personal que ejecuta un trabajo bajo instrucciones concretas con una dependencia jer?rquica y funcional total. Las funciones pueden implicar incomodidad temporal o esfuerzo f?sico", y que la patronal dentro de sus facultades tiene la posibilidad de destinar al trabajador en cualquier puesto dentro del grupo profesional al que pertenezca, y, por lo tanto, la declaraci?n de incapacidad que en la sentencia se hace se ajusta a derecho en cuanto que las secuelas que el demandante tiene le impiden realizar las funciones fundamentales del puesto que desempe?aba y tambi?n las de otros a que por insertarse en el grupo profesional a que pertenece, la empresa pudiera libremente adscribirlo; y, por otra parte, resulta indiferente que el demandante no combatiera en el anterior proceso de baja la contingencia pues, en efecto, no hay indicio que le permitiera entender no conforme a la realidad la seguida, siendo, desde luego, relevante el que s?lo durara tres d?as, y sin embargo es evidente que el demandante tras un esfuerzo en su trabajo hubo de acudir al Servicio de Urgencias agravando, en su caso, de existir una patolog?a previa com?n su estado, siendo el devenido tributario de la incapacidad declarada, de ah? que, y de acuerdo con lo razonado por el Juzgador, entendamos que es correcta la aplicaci?n de la presunci?n establecida en el art?culo 115 LGSS.

La desestimaci?n del recurso acarrea la condena en costas.-

Vistos los preceptos citados y dem?s de general aplicaci?n

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicaci?n interpuesto por la MUTUA VALENCIANA LEVANTE, Mutua de A.T. y E.P. de la S.S. n? 15, representada por el Letrado D. Vicente Fern?ndez Garc?a, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n? Treinta y siete de los de MADRID, de fecha treinta de Abril de dos mil tres, en autos n? 423/02, en virtud de demanda formulada por D. Luis Carlos , contra el INSS, la TGSS, la Mutua Valenciana Levante y la empresa Mercadona., en materia de Accidente de Trabajo-Invalidez Total, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, con abono por la parte recurrente al Letrado que ha impugnado su recurso, de la cantidad de 300 Euros en concepto de honorarios de Letrado. D?se a los dep?sitos constituidos el destino legal.-

Notif?quese la presente resoluci?n a las partes y a la Fiscal?a del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haci?ndoles saber que contra la misma s?lo cabe RECURSO DE CASACI?N PARA LA UNIFICACI?N DE DOCTRINA que se preparar? por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ D?AS siguientes a la notificaci?n de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 218 y 227 de la Ley de Procedimiento Laboral. La consignaci?n del importe de la condena deber? acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c n? 2828-0000-00-0979-04, que esta Secci?n Tercera tiene abierta en el Banco Espa?ol de Cr?dito, Oficina n? 1026, sita en la C/ Miguel ?ngel n? 17 de Madrid, pudi?ndose sustituir dicha consignaci?n en met?lico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se har? constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente el recurrente, que no ostente la condici?n de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del r?gimen p?blico de la Seguridad Social, o se trata del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Aut?nomas, las Entidades Locales, los Organismos Aut?nomos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como dep?sito la cantidad de cincuenta mil pesetas (50.000 pesetas), trescientos euros con cincuenta y un c?ntimos (300,51 euros), que deber? ingresar en la cuenta n? 2410 del Banco Espa?ol de Cr?dito, sucursal de la calle Barquillo, n? 49 (clave oficina 1006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretar?a de dicha Sala IV del T. Supremo al tiempo de personarse en ella.

As?, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACI?N.- Le?da y publicada fue la anterior sentencia el por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.-

Publicado por tuasesor @ 17:56
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En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Marzo de mil novecientos noventa y nueve. Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de Recurso de CASACI?N PARA LA UNIFICACI?N DE DOCTRINA, interpuesto por el Letrado D. PABLO PUEYO SAURA, en nombre y representaci?n de Do?a MAR?A ISABEL M. S., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de fecha 20 de mayo de 1998, dictada en el recurso de suplicaci?n 6483/97, formulado por la hoy recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n?mero 16 de Barcelona, de fecha 14 de febrero de 1997, en virtud de demanda formulada por D? M? ISABEL M. S., frente a GR?AS, TRANSPORTES Y CARRETILLAS EL RAYO AMARILLO S.L., MUTUA FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, yTESORER?A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamaci?n sobre MUERTE Y ORFANDAD.


Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JES?S GONZ?LEZ PE?A



ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- El d?a 14 de febrero de 1997, el Juzgado de lo Social n?mero 16 de Barcelona, dict? sentencia en virtud de demanda formulada por D? MAR?A ISABEL M. S., frente a GR?AS, TRANSPORTES Y CARRETILLAS EL RAYO AMARILLO S.L., MUTUA FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORER?A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamaci?n sobre MUERTE Y SUPERVIVENCIA, en la que como hechos probados figuran los siguientes:
"PRIMERO.- D. Fernando A. L. prestaba sus servicios para la codemandada Gr?as, Transportes y Carretillas el Rayo Amarillo S.L., desde el d?a 1 de julio de 1973. La empresa ten?a cubierto el riesgo de accidentes de trabajo de sus trabajadores, con la tambi?n demandada Mutua Fremap, hall?ndose al corriente en el pago de las cuotas. SEGUNDO.- Sobre las 11,30 horas del d?a 27 de junio de 1996 el Sr. A. estacion? el cami?n a unos 50 cms. de la pared del almac?n de la empresa Suizo Hotel S.A. en Avda. Barcelona 9 de Sant Vicen? dels Horts, donde deb?a descargar materiales. El Sr. A. accion? la gr?a y la palanca del hidr?ulico, saliendo el estabilizador hidr?ulico delantero derecho que le atrap? contra la pared, no pudiendo salirse al tener situado el cami?n a unos 50 cms. de la misma, caus?ndole la muerte. TERCERO.- Practicado an?lisis de sangre en el Instituto Nacional de Toxicolog?a, di? como resultado la concentraci?n de alcohol et?lico en sangre de 1,8 g/l del causante. Seg?n el Servicio de Informaci?n Toxicol?gica, los efectos del etanol en el hombre en concentraciones aproximadas a 0,9 g/l a 2,5 g/l en sangre son: Inestabilidad emocional y decrecimiento en las inhibiciones. P?rdida del juicio cr?tico. Alteraciones de la memoria y comprensi?n. Decrecimiento de la respuesta sensorial
Incremento del tiempo de reacci?n e Incoordinaci?n muscular. CUARTO.- Por la actora D? Isabel M. S., viuda del Sr. A. L., se formul? reclamaci?n previa frente a la resoluci?n de la Mutua Fremap de fecha 4 de septiembre de 1996, que deneg? la prestaci?n solicitada. Que solicit? pensi?n de viudedad y el Auxilio por defunci?n al I.N.S.S., que le fu? denegado por devenir el fallecimiento en un accidente de trabajo, formulada reclamaci?n previa, fu? desestimada por resoluci?n de fecha 9 de octubre de 1996. Tambi?n present? papeleta de conciliaci?n frente a la empresa demandada, celebr?ndose sin avenencia el acto administrativo el 14 de octubre de 1996. QUINTO.- El salario diario del causante D. Fernando A. L. aceptado por todas las partes en el acto del juicio, es de 7.890.- pts".

Y en la misma y como parte dispositiva: "Que desestimando la demanda formulada por D? M? ISABEL M. S., frente a GR?AS, TRANSPORTES Y CARRETILLAS EL RAYO AMARILLO S.L., MUTUA FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORER?A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo declarar y declaro que la muerte de D. Fernando A. L. no fu? accidente de trabajo, lo que conlleva la absoluci?n de todos los codemandados".

SEGUNDO.-Anunciado e interpuesto recurso de suplicaci?n contra dicha sentencia, la Sala de lo Social delTribunal Superior de Justicia, ha mantenido ?ntegramente el relato de los hechos probados de la sentencia de instancia. El tenor literal de la sentencia de suplicaci?n es el siguiente: "Que desestimando el recurso de suplicaci?n interpuesto por Do?a Mar?a Isabel M. S. contra la sentencia del Juzgado de lo Social n? 16 de los de Barcelona de fecha 14 de febrero de 1997, en los autos 1054/96, debemos confirmar y confirmamos dicha resoluci?n en todos sus pronunciamientos".

TERCERO.- D. PABLO PUEYO SAURA, prepar? recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina contra meritada sentencia del Tribunal Superior de Justicia y emplazadas las partes y remitidos los autos, formaliz? en tiempo y forma el tr?mite de interposici?n del mencionado recurso, alegando substancialmente lo siguiente: la sentencia impugnada es contradictoria con la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife de fecha 30 de diciembre de 1994, razonando a continuaci?n sobre la infracci?n de doctrina legal y quebranto de la unificaci?n de la interpretaci?n del derecho y la formaci?n de la jurisprudencia.

CUARTO.- Por providencia de esta Sala dictada el 16 de diciembre de 1998, se admiti? a tr?mite el recurso, impugn?ndose en tiempo y forma por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pasando las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe.

QUINTO.- Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, dictamin? en el sentido de considerar IMPROCEDENTE el recurso. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos los autos, se?al?ndose d?a para la votaci?n y fallo que ha tenido lugar el d?a 24 de marzo de 1999.


FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La actora, hoy recurrente en este recurso extraordinario de casaci?n unificadora,present? demanda que por reparto correspondi? al Juzgado de lo Social n? 16 de la ciudad de Barcelona en la que solicitaba que se calificar? como accidente laboral el sufrido por su difunto esposo el d?a 27 de junio de 1996, accidente que le ocasiono la muerte, y se le reconociera la pensi?n de viudedad del 45% de su base reguladora as? como la indemnizaci?n de 6 mensualidades del mismo y el auxilio de defunci?n de 5.000.- pts. Por sentencia de dicho juzgado del d?a 14 de febrero de 1997, se desestim? su demanda declarando que la muerte de su causante no fu? originada en accidente de trabajo, sentencia que fu? confirmada por la hoy combatida dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a el d?a 20 de mayo de 1998.

En dichas resoluciones se contemplan como hechos probados, expuestos sucintamente en cuanto interesa a los efectos del recurso, y que no fueron modificados ensuplicaci?n los siguientes: Que el marido de la actora prestaba sus servicios para la empresa codemandada Gr?as transportes y Carretillas El Rayo Amarillo S.L, desde el 1 de julio de 1973 teniendo cubierto el riesgo de accidente en la Mutua Fremap; que sobre las 11,30 horas del d?a 27 de junio de 1996 el Sr. A. estacion? el cami?n a unos 50 cm. de la pared del almac?n donde deb?a descargar los materiales; que el Sr. A. accion? la Gr?a y la palanca electr?nica del hidr?ulico, saliendo el estabilizador derecho que le atrap? contra la pared caus?ndole la muerte; que practicado an?lisis de sangre al causante di? como resultado la concentraci?n de alcohol et?lico de 1,8 g/l; y que seg?n el servicio de informaci?n toxicol?gico se?ala que los efectos del etanol en concentraciones aproximadas al 0,9 g/l a 2,5 g/l en sangre son: inestabilidad emocional y decrecimiento de las inhibiciones, perdida del juicio cr?tico, alteraciones de la memoria y comprensi?n decrecimiento de la respuesta sensorial, incremento del tiempo de reacci?n e incordinaci?n muscular; el salario diario del causante aceptado por todas las partes es de 7.890.- pts.

Como sentencia a comparar se invoca la dictada por la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se contempla el accidente sufrido por un trabajador con la categor?a profesional de Carretero Oficial de Primera, que con fecha 24 de abril de 1992 sufri? en su centro de trabajo un accidente al aprisionarle la mano derecha un amasador que le produjo las fracturas que describe en dicha mano, aprision?ndole el segundo dedo, que el accidente se produjo a primera hora de la ma?ana llegando al hospital sobre las 9.30 donde se le practic? an?lisis detect?ndose 2,02 g./.l. de alcohol en sangre. La sentencia confirm? la del juzgado de lo social que hab?a estimado la demanda en reclamaci?n por accidente de trabajo.

SEGUNDO.- Como se le exige en el art?culo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral, la parte recurrente hace un amplio an?lisis del requisito de la contradicci?n poniendo su acento en que los accidentes ocurrieronen los respectivos centros de trabajo; quese produjeron al iniciode la jornada laboral; que ambas v?ctimas ten?an un amplio grado de alcoholemia y que en ninguno de los relatos se hace referencia a una actitud anormal por parte de las v?ctimas, y entiende que el objeto del recurso lo es para determinar si una determinada tasa de alcoholemiapuede configurarse por si misma como imprudencia temeraria, a efectos de ruptura de la presunci?n establecida en el art. 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Por el contrario, el Ministerio Fiscal en su informe entiende que no se cumple el requisito de la contradicci?n, y acertadamente manifiesta que aunque a simple vista y constando tan s?lo las declaraciones de hechos probados parece que concurrenlas identidades del art?culo 217 de la Leyde Procedimiento Laboral, del examen de los razonamientos de la sentencia se llega a la conclusi?n contraria.

Ha de indicarse que inicialmente la Sala no puede hacer una declaraci?n general, como en esencia se propugna, sobre si una determinada tasa de alcoholemia puede configurarse como la imprudencia que rompe la relaci?n de causalidad. La imprudencia se configura en relaci?n con las circunstancias de hecho que se dan en cada supuesto litigioso, y esas circunstanciasconcurrentes son de apreciaci?n inicial deljuzgador en cada caso concreto, para determinar si existe o no la causa de exclusi?n de la presunci?n de laboralidad.

En la declaraci?n de hechos probados de las sentencias que se comparan no existen efectivamente datos que hagan referencia a la conducta de los lesionados, pero si existen con el mismo valor en sus razonamientos. En la sentencia que se combate, como se?ala el Ministerio Fiscal se indica "que existe un dato objetivodel grado de etanol en sangre mientras el trabajador est? realizando actividades de su profesi?n, utilizando los mandos de la gr?a incorporada al cami?n"..... "Por el contrariola conducta debe calificarse como imprudencia temeraria desde el momento que el causante, en esa condici?n de embriaguez, decide utilizar los mandos del cami?n-gr?a". Por el contrario en la sentencia a comparar se afirma "el juzgador..... descarta la imprudencia temeraria, ya que, al margen de la tasade alcohol que se detect? en la prueba practicada, deduce que su comportamiento era normal, y su capacidad para afrontar las responsabilidades laborales era id?nea" Es decir en ambas sentencias se analiza esa conducta en relaci?n con las circunstancias concurrentes, circunstancias que son diversas en uno y otro supuesto.

En la declaraci?n de hechos probados, salvo supuestos de gran notoriedad, generalmenteno pueden relatarse conductas que exterioricen esa intoxicaci?n, pues si esto es as?, normalmente no acaecer?a el accidente ante la posible actuaci?n del patrono o sus compa?eros de trabajo para impedirle la continuaci?n en sus tareas laborales. La intoxicaci?n normalmente se exterioriza precisamente al producirse el accidente y es entonces cuando el juzgador ha de calificar esa alcoholemia en relaci?n con las circunstancias del caso.

Puede afirmarse en consecuencia que no son id?nticas las situaciones de hecho, que contemplan ambas sentencias, pues no es lo mismo manejar un amasador que caus? la lesi?n en la sentencia de contraste, que utilizar en situaci?n de embriaguez, como la califica la sentencia que se recurre, los mandos de un cami?n gr?a que el interesado hab?a aparcado a 50 cms de la pared contra la que result? aplastado, y son estas circunstancias las que analizan las sentencias para llegar la conclusi?n de si existi? o no la improcedencia temeraria.

TERCERO.- Es evidente por ello que no concurre el requisito de la contradicci?n, por lo que el recurso no debi? ser admitido y tr?mite se convierte en este tr?mite en motivo de desestimaci?n
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espa?ol.



F A L L A M O S

Desestimamos el Recurso de Casaci?n para la Unificaci?n de doctrina interpuesto por el Letrado D. PABLO PUEYO SAURA, en nombre y representaci?n de Do?a MAR?A ISABEL M. S., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de fecha 20 de mayo de 1998, dictada en el recurso de suplicaci?n 6483/97, formulado por la hoy recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n?mero 16 de Barcelona, de fecha 14 de febrero de 1997, en virtud de demanda formulada por D? M? ISABEL MS., frente a GR?AS, TRANSPORTES Y CARRETILLAS EL RAYO AMARILLO S.L., MUTUA FREMAP, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, yTESORER?A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamaci?n sobre MUERTE Y ORFANDAD.


Devu?lvanse las actuaciones Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, con la certificaci?n y comunicaci?n de esta resoluci?n.


As? por esta nuestra sentencia, que se insertar? en la COLECCI?N LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicado por tuasesor @ 17:48
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13/05/2004

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo viene confirmando con numerosas sentencias que las afecciones cardiacas sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo han de ser consideradas accidente de trabajo.

Si el mes pasado se le reconoci? as? a un pediatra que sufri? una trombosis venosa del sector il?aco bilateral mientras pasaba consulta, ahora se trata de una trabajadora del servicio de hemodi?lisis de un hospital del Servicio Andaluz de Salud, a la que ha reconocido una baja por incapacidad laboral transitoria a consecuencia de una crisis taquic?rdica sufrida durante la prestaci?n de servicios.

Seg?n considera probado el alto tribunal, el 17 de marzo de 2000 la reclamante inici? un proceso de incapacidad tras haber sufrido una taquicardia durante el trabajo. La petici?n de que se calificase como accidente fue desestimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por el informe realizado por la Inspecci?n de Trabajo.

Con posterioridad fue rechazado por el Juzgado de lo Social n?mero uno de Granada y el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?a, al coincidir en que no se pod?a calificar la taquicardia como accidente de trabajo.

Para fundamentar su reclamaci?n en el Supremo, la trabajadora present? una sentencia dictada en octubre de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia del Pa?s Vasco, que reconoci? que hab?a accidente de trabajo en el caso de un proceso patol?gico iniciado con una crisis hipertensiva con edema agudo de pulm?n mientras el reclamante conduc?a un cami?n.

La magistrada ponente del fallo en el alto tribunal, Mar?a Milagros Calvo, considera que hay una "completa identidad entre los hechos de la sentencia recurrida y los de la del Pa?s Vasco, pues dada la naturaleza de la afectaci?n padecida se inserta entre las modalidades a las que la jurisprudencia viene confiriendo el car?cter de accidente de trabajo en aplicaci?n del art?culo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social".

En consecuencia, es la Administraci?n la que deber?a haber demostrado de forma inequ?voca que no ha relaci?n causal entre el trabajo y la enfermedad.

"No es descartable -concluye Calvo en su argumentaci?n- una influencia de los factores laborales en la formaci?n o desencadenamiento de una crisis de taquicardia como la sufrida por la demandante".

M?s datos de la sentencia:
Tribunal Supremo
Sala de lo Social
13/10/2003
recurso 008/1819/2002
ponente: Mar?a Milagros Calvo Ibarlucea

Nota:
La confirmaci?n por parte del Tribunal Supremo de que la afecci?n cardiaca sufrida en el trabajo es accidente laboral no ha estado libre de excepciones que la matizan. El alto tribunal ha declarado en m?s de una ocasi?n que el infarto sufrido in itinere -de camino al trabajo- no es accidente laboral. Por contra, si la crisis cardiaca se produce durante un desplazamiento o viaje de trabajo s? est? siendo aceptada como accidente. As? se lo reconoci? a un visitador m?dico que sufri? un infarto cuando iniciaba su jornada laboral.

Publicado por tuasesor @ 17:42
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