Lunes, 23 de junio de 2008
Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Oviedo 558/2007, de 4 de diciembre

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Que la parte actora presentó escrito de demanda con fecha 12 de setiembre de 2007 por entender su derecho a que se establezca la vulneración sufrida por las trabajadoras en sus derechos fundamentales y se reconozca la situación de acoso laboral sufrida por las mismas así como el derecho a percibir la indemnización que cada una de ellas hace constar. Alegó en derecho y suplicó sentencia conforme a sus pretensiones.

Segundo.—Abierto el acto del juicio, la parte actora se ratificó en su demanda y la demandada se opuso alegando lo que estimó pertinente y excepcionando improcedencia de la parte ejercitada y falta de legitimación pasiva, oponiéndose la parte actora a dichas excepciones. Suplicó la absolución.

Tercero.—Recibido el juicio a prueba, se practicó la propuesta con el resultado que consta en el acta. En conclusiones las partes insisten en sus pretensiones, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia.
Cuarto.—Se observaron las prescripciones legales

HECHOS PROBADOS

1.º Las actoras vienen prestando sus servicios para la demandada desde las fechas que figuran en la demanda y con la categoría profesional de Administrativos. [...] percibe un 1% de [...] sobre el volumen de la formación de cada curso.
2.° [...] fue proclamado Decano-Presidente del colegio profesional demandado por la Junta electoral el 12 de marzo de 2004 y cesó voluntariamente el 6 de septiembre de 2007, ejerciendo desde esa fecha, las funciones de Decano el Vicedecano Sr. [...]. [...], resultó elegido miembro de la Junta de Gobierno del colegio en marzo de 2004, junto con otros 16 colegiados; ejerce funciones de secretario desde octubre de 2004, primero provisionalmente y desde febrero de 2004 de manera definitiva tras las elecciones.

[...] forma parte de la Comisión de Censores de cuentas del propio colegio, nombrado por la Junta General, el 12 de noviembre de 2004 y fue reelegido 7 de abril de 2005, cesando voluntariamente el 28 de diciembre de 2006 junto con los otros tres miembros de la Comisión. La Comisión de censores, se reunía por las tardes, en un horario variable después de las 17 horas; [...] acudía también alguna mañana por la oficina.

3.º M.ª [...] y M.ª [...] tenían encomendadas tareas puramente administrativas, destacando la tramitación de los visados; [...] lleva los asuntos contables y [...] la formación en la que inicialmente trabajaba con otra persona llamada Humberto.
El colegio contrató a otra trabajadora llamada [...] para atender los cursos de formación durante los sábados por la mañana y viernes tarde.

4.° La Comisión de censores, formada por colegiados, intervenía las cuentas del colegio e indagaba en los gastos e ingresos pidiendo información a las actoras, especialmente a [...] personalmente hasta que se decidió anotar las consultas en una libreta, denominada libreta azul que se entregaba al secretario que era quien indicaba la persona de la administración que debía responder a la duda; los censores tenían a su disposición los libros y la documentación.
5.° Dentro del proceso electoral del año 2006, la Junta Electoral, formada por [...],[...],[...]. y [...]., acordaron en la reunión de abril de 2006, cuya fecha concreta no consta, que se depuraran las responsabilidades en el orden laboral de [...]y se investigara la responsabilidad de los restantes trabajadores del colegio sobre hechos acaecidos durante el proceso. La Junta de Gobierno acordó el 31 de mayo del mismo año, a la vista del informe anterior, crear una Comisión Resolutiva formada por [...],[...] y [...] quienes acordaron el 13 de julio que los hechos estarían prescritos el 18 de julio de 2006, que había errores de la Junta electoral y errores administrativos, que el colegio no ofreció los medios informáticos adecuados a la Junta electoral y que existían dudas sobre los hechos denunciados.

6.º Las actoras junto con [...] presentaron un escrito a la Junta de Gobierno que fue examinado en la reunión de 20 de junio de 2006. En él expresaban quejas por hechos sucedidos en los años 2005 y 2006 y solicitaban su amparo. En la Junta el secretario solicitó que se indicara por los demás miembros, alguna actuación contraria a las normas o lesivas hacia el personal sin que ninguno de los presentes dijera nada.

6.° En la reunión de la Junta de gobierno del 10 abril de 2006 se planteó la modificación del horario de las trabajadoras administrativas y que la relación directa con la Gestoría la realizara [...][...]. En la reunión del mismo órgano de 5 de junio, se encomendó la gestión del cambio de horario al secretario. Este mantuvo una reunión con las actoras planteándoles que el servicio debía estar cubierto desde las 9 de la mañana a las 21 horas, sin concretar turnos ni otras circunstancias; las actoras se negaron a aceptarlo y presentaron un escrito el 19 de junio, ante la Junta de gobierno solicitando su amparo, alegando una presión desproporcionada, ilógica y totalmente ajena a la función administrativa, un clima de asedio y amenazas, el cambio de horario para las tardes cuando el colegio llevaba 45 años sin abrir por las tardes en el verano y la ampliación del horario de invierno habiéndoles requerido para que remitieran sus contratos al letrado del colegio. El horario no se modificó.

7.° En la Junta de gobierno de 10 de mayo de 2006 se planteó la remodelación de la oficina y se acordó solicitar varios presupuestos. Ninguno de ellos fue realizado.

8.° Las actoras han estado en situación de incapacidad temporal durante los siguientes periodos:

- [...] desde el 1 de mayo de 2007 en la que continúa, por trastorno adaptativo depresivo con buena evolución.
-[...] desde el 28 de noviembre de 2006 al 23 de febrero de 2007 y desde el 1 de octubre de 2007 en el que continúa. Sigue tratamiento psiquiátrico desde el año 2005 por trastorno de ansiedad con crisis de angustia y trastorno depresivo.
-[...] desde el 14 de noviembre de 2006 al 23 de febrero de 2007 por un cuadro ansioso-depresivo.
9.° Las tareas administrativas, incluido el visado de los proyectos fueron encomendadas por el secretario a [...]. En el mes de noviembre, cuando [...] visaba el proyecto del colegiado [...], le preguntó una duda al secretario quien le contestó que mirara en la guía de burros.

En Junta de gobierno de 26 de diciembre de 2006 se acordó, que ante las bajas de [...] y de [...], se encargaría la otra trabajadora, [...], de las actuaciones administrativas de cierre el ejercicio a efectos del IRPF e IVA.
9.º En la reunión de la Junta de 26 de diciembre de 2006 se informó que se había encargado un nuevo programa informático a la empresa [...] que se instaló en febrero de 2007 y todavía continúa depurándose; se observó por los encargados de la empresa informática que existían frecuentes errores en el uso del sistema como que se intentaba utilizar el programa anterior que era incompatible.

10.º En el mes de septiembre de 2007, la actual Junta de gobierno envió una carta al periódico La Nueva España dirigida al anterior Decano del colegio en la que, entre otras cosas, hace referencia a la existencia de una caja de dinero no regularizado, denominada caja roja de la que faltaban 500.000 ptas y añadía sin que en el Colegio se sepa en estos momentos, quién de las cinco personas que tenían conocimiento de dicha contabilidad paralela y que tenían acceso a llaves y claves de la caja fuerte donde se depositaba la caja roja se apropió de tal cantidad. En el mismo apartado se decía que el anterior Decano había ordenado a las dos empleadas responsables de caja que ciertos cobros en metálico no se anotasen en los libros oficiales ni en los movimientos de la caja, entre mayo de 1999 y diciembre de 2002.
Las personas con acceso a la caja en esos momentos eran [...],[...]y [...][...].

11.° Durante el año 2006 tres colegiados enviaron tres cartas a la Junta de gobierno para quejarse del conflicto creado tras las elecciones y del funcionamiento de la Junta electoral, mencionando que se estaba produciendo un acoso a las trabajadoras de la oficina. No constan denuncias de hechos concretos planteadas ante la Junta de gobierno ni ante la Asamblea general.

12.° En la Junta de gobierno de 3 de noviembre de 2006 se puso en su conocimiento por parte del Decano, que había recibido una llamada del sindicato Comisiones Obreras para analizar la situación de determinadas personas laborales del colegio. Tras mantener la reunión se informó en la Junta de 2 de diciembre de 2006 que los representantes sindicales indicaron que existía un mal ambiente laboral, relacionado con las bajas y el lloro de una de las trabajadoras; los representantes del colegio se hicieron las consideraciones oportunas y se concluyó que debía existir una comunicación abierta y disposición para colaborar.

13.° Las actoras presentaron conciliacion previa el 28 de mayo de 2007 que se celebraron el 11 de junio sin avenencia. Las demandas se interpusieron el 12 de septiembre y fueron acumuladas por Auto de 17 de octubre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.Las actoras solicitan que se declare que se ha producido una situación de acoso laboral causada por los codemandados y consentida por el colegio profesional. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el verbo acosar como acción de perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona. El añadido al acoso del califícativo moral viene a incidir en que el acoso persigue conseguir el desmoronamiento íntimo, psicológico, de la persona. La Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996, al referirse al acoso moral, habla de actos condenables o explícitamente hostiles dirigidos de modo repetido contra todo asalariado en el lugar de trabajo... y la Comisión Europea, en 14 de mayo de 2001, señala, también, como característica esencial del acoso, los ataques sistemáticos y durante mucho tiempo de modo directo o indirecto.

Como sostiene la doctrina, las Directivas de la Unión Europea, la 43/2001, de 29 de junio, y la 78/2001, de 27 de noviembre, al referirse al acoso moral, desde la perspectiva jurídica de la igualdad de trato en el empleo y con independencia del origen étnico, lo consideran como una conducta de índole discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona y crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. El acoso moral debe tener, siempre, unos perfiles objetivos como son los de las sistematicidad, la reiteración y la frecuencia, requisito este el de la permanencia en el tiempo tradicionalmente aceptado en nuestra doctrina judicial (STSJ País Vasco 20-4-02, STSJ Galicia 8-4-03, STSJ Canarias/Las Palmas 28-4-03) y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin.

Son, por tanto, elementos básicos de este anómalo proceder humano, de una parte, la intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio a la integridad moral de otro, aunque no se produzca un daño a la salud mental del trabajador, (el concepto de integridad moral es distinto del de salud) requisito éste, siempre exigido en este irregular comportamiento o actitud y, de otra parte, la reiteración de esa conducta de rechazo que se desarrolla de forma sistemática durante un período de tiempo. Lo importante es que el comportamiento sea objetivamente humillante, llevando así implícito el perjuicio moral, pues si se piensa que el acosador puede ser un enfermo y no por tanto responsable de su actos, la búsqueda del resultado de humillación o vejación es un elemento normal de este comportamiento, pero no necesario. Lo que caracteriza al acoso moral es, sin duda alguna, la sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce sobre una persona (se le ningunea, hostiga, amilana, machaca, fustiga, atemoriza, amedrenta, acobarda, asedia, atosiga, veja, humilla, persigue o arrincona) en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir su comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin de conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su autoexclusión.

En este orden de ideas, la misma doctrina define el acoso moral como comportamientos, actos o conductas llevados a cabo por una o varias personas en el entorno laboral que, de forma persistente en el tiempo, tiene como objetivo intimidar, apocar, amilanar y consumir emocionalmente e intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida de la organización o a satisfacer la necesidad patológica de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador como medio de reafirmación personal.

El acoso laboral precisa de una efectiva y seria presión psicológica, bien sea ésta de un superior o de un compañero acoso vertical y horizontal que sea sentida y percibida por el trabajador acosado al que causa un daño psíquico real que le hace perder la posibilidad de una normal convivencia en su propio ámbito profesional. A veces, las prácticas de acoso u hostigamiento suponen un estilo de gestión que busca la clave del éxito empresarial en la obediencia al jefe o líder de la organización. Se trataría de una forma de dominio sobre las personas, erradicado en el mundo civilizado, en la que el poder ha de ocultarse para poder seguir ejercitándose.

Intencionalidad y sistemática reiteración de la presión (Leymann, en términos generales lo concreta en una vez por semana durante al menos seis meses) son requisitos necesarios para poder hablar de acoso moral en el trabajo, en el que, a semejanza del reino animal, miembros débiles de una misma especie se coaligan contra un individuo más fuerte al que, por diversos motivos, se ataca y excluye de la Comunidad.

Pero no toda actitud de tensión en el desarrollo de la actividad laboral puede merecer el calificativo de acoso moral. Hemos de distinguir lo que es una conducta de verdadera hostilidad, vejación y persecución sistemática de lo que puede ser la exigencia rigurosa de determinado comportamiento laboral, o un ejercicio no regular del poder directivo empresarial, pero que no pretende socavar la personalidad o estabilidad emocional del trabajador. No puede, en este orden de cosas, confundirse el acoso moral con los conflictos, enfrentamientos y desentendidos laborales en el seno de la empresa por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos. El conflicto, que tiene sus propios cauces de solución en el Derecho del Trabajo, es inherente a éste, al menos en una concepción democrática y no armonicista de las relaciones laborales. Se ha llegado a afirmar que el conflicto es "una patología normal de la relación de trabajo". Tampoco el estado de agotamiento o derrumbe psicológico provocado por el estrés profesional, propio de la tecnificación, competitividad en el seno de la empresa, horarios poco flexibles para compatibilizar la vida laboral y familiar, la precariedad del empleo y la falta de estabilidad laboral, debe confundirse con el acoso moral, caracterizado por el hostigamiento psicológico intencionado y reiterado. Ni siquiera, con todo lo repudiable que pueda ser, manifestaciones de maltrato esporádico, de sostenimiento a inadecuadas condiciones laborales o de otro tipo de violencias en el desarrollo de la relación de trabajador son equiparables al propio y verdadero acoso moral.

Frecuentemente empieza de forma sutil mediante acciones esporádicas, el agresor suele recurrir a prácticas tales como el rechazo a la comunicacion directa, las humillaciones en público, el boicot laboral, la marginación en las tareas colectivas, la asignación de tareas inferiores, la disminución o eliminación de la formación o adiestramiento imprescindibles para el empleado, trato desconsiderado o abuso de poder. La doctrina constitucional exige la existencia de indicios de lesión de derecho fundamentales trasladando al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de la actuación empresarial, constituyendo esta exigencia una auténtica carga probatoria y no un mero intento probatorio, debiendo llevar a la convicción del juzgador no la duda, sino la certeza de que su decisión fue absolutamente extraña a todo propósito discriminatorio o atentatorio a los derechos fundamentales del trabajador (sentencia del Tribunal Constitucional 114/1989, de 22 de junio), argumento que es aceptado por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de febrero y 15 de abril de 1996.
Ahora bien, como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de octubre de 2006, no debe confundirse la utilización abusiva de las facultades inherentes al poder de dirección empresarial con el acoso moral, para cuyo alcance es preciso que concurra un plus de gravedad en el incumplimiento empresarial, revelador de un propósito de acoso al trabajador para forzar su baja o su resistencia, y que se provoque en el trabajador la lesión de la integridad física y moral.

Segundo.El demandado opone la excepción de falta de legitimación pasiva de las personas físicas codemandadas, confundiendo, a la vista de sus argumentos, la conveniencia de que sean demandados con la posible responsabilidad. Es discutido en la jurisprudencia si deben ser o no demandadas las personas a las que se imputa la conducta de acoso y la jurisprudencia unificada entiende que no existe falta de litisconsorcio pasivo necesario si no lo son; sin embargo la doctrina estima que al ser demandados pueden articular directamente los medios de defensa en cuanto que la sentencia que se dicte puede ser utilizada por la empresa para adoptar medidas en su contra. No hay duda en que ninguna responsabilidad se derivaría en ningún caso contra ellos porque lo que se imputa y juzga es el consentimiento por parte de la empresa de la situación de acoso.

Tercero.Las relaciones dentro del colegio profesional demandado están condicionadas por las tensas situaciones, con repercusión pública, provocadas por la anterior Junta de gobierno y el proceso electoral del que salió elegida parte de la actual y las relaciones laborales no son ajenas a ese clima. Corresponde a las actoras aportar un indicio de prueba sobre la situación de acoso denunciada. El colegio insiste en su argumento de falta de concreción de los hechos que ya fue resuelto tras el recurso de reposición contra la admisión a trámite. En la demanda, que idéntica para cada una de las actoras, se recogen entrecomilladas expresiones dirigidas al parecer a las actoras y una actitud prepotente genéricamente calificada; estos son los hechos de la demanda.

En cuanto a los indicios, merece destacarse el interrogatorio de las actoras porque no fueron capaces de concretar hechos o comportamientos de los demandados que pudieran ser atentatorios contra su dignidad como trabajadoras y fueran dirigidos a minar su voluntad y su resistencia. Se limitaron en la mayor parte de sus de[...]ciones, a calificar situaciones que no describían, como amenazas, ofensivas, etc.; sólo relataron un incidente, ocurrido durante el mes de noviembre, en el que también coincidió el testigo Fernando, cuando el secretario dirigiéndose a [...] le dijo que mirara en la guía de burros, expresión totalmente incorrecta y que no sólo excede el poder de corrección sino que supone un incumplimiento de sus funciones.

Más allá de este hecho, hay una imputación general que se traduce en los hechos obtenidos de la numerosa documentación aportada, en su mayor parte irrelevante a estos efectos. Hay un problema inicial en el proceso electoral del año 2006 que motivó la creación de una comisión especial dirigida a depurar responsabilidades, pero de la que no se obtiene una reprobación de las trabajadoras, sino de la propia Junta electoral y del colegio por los fallos de la primera y la falta de medios informáticos en el proceso del segundo. Es cierto que en el informe de la Junta electoral se menciona a alguna de las actoras, en concreto a [...], porque era obligación de la Junta velar por el correcto desarrollo del proceso electoral. No es este el momento de determinar si las trabajadoras incurrieron o no en responsabilidad, pero tampoco lo hizo la empresa, por lo que lo ocurrido en esta materia forma parte del normal devenir del trabajo.

En cuanto a las modificaciones del horario y la redistribucián de la oficina, recolocando los puestos de trabajo, entra dentro de las facultades de organización del trabajo atribuidas legalmente a la empresa. Debe destacarse que no se llevaron a cabo ni una ni otra por lo que la situación de las trabajadoras no varió. Si se hubiera producido y las trabajadoras no estuvieran conformes, existen mecanismos legales para la defensa de sus intereses.

El asunto del programa informático fue utilizado de manera vaga por las actoras. Se implantó un nuevo sistema en febrero de 2007 para sustituir al anterior y con el que era incompatible. Como es natural existieron desajustes imputables tanto al sistema como a las usuarias, sin que. Esta imputación, recogida en actas de la Junta, sea otra cosa que una constatación de la realidad y entre dentro de la facultad correctora del empresario a la que están sometidas en cuanto que trabajadoras
Especial hincapié hicieron las actoras en la carta publicada en un periódico y en la pagina web del colegio, en respuesta al anterior decano Todas dijeron sentirse a1udidas cuando se refiere a que ninguna de las personas encargadas de la caja del dinero no regularizado, se hizo responsable de la desaparición de una cantidad. Pero el texto debe leerse completo y comienza diciendo que las dos trabajadoras, cuyos nombres no menciona pero como resulta de la prueba eran [...]y [...], encargadas de su manejo, cumplieron las instrucciones del decano y secretario anteriores a los que si identifica; continúa el texto refiriéndose a las cinco personas, en las que también está incluida [...]. Del conjunto del párrafo dedicado a ese tema como del resto de la misiva, resulta claro que las imputaciones se hacen al anterior equipo y no a las trabajadoras a las que en ningún momento se acusa de nada; quizá la referencia a las cinco personas debió evitarse, pero correctamente entendida en el contexto de la carta y de la situación colegial, no tiene ningún matiz ofensivo. En todo caso, las actoras podían acudir a la vía legal en defensa de sus intereses, pero no calificar dicho dato como parte del acoso.

Las quejas de colegiados en las que se hace referencia genérica al acoso laboral, presión y términos similares, y las cartas de amparo remitidas por los trabajadores a la Junta de gobierno siguen sin describir conductas concretas y se limitan a calificarlas; las primeras no fueron seguidas de una exposición más amplia ante la Junta de gobierno ni ante los órganos del mismo y parecen recoger las quejas de las propias trabajadoras a las que conocen desde hace mucho tiempo, vista la fecha de inicio de la relación laboral de [...],[...]y [...]. Para apoyar su queja no se propuso como testigo en la vista, a otro de los trabajadores que se quejó y que ya no presta sus servicios para el colegio ni otro dato que sirva para declarar probado hechos concretos.

Sobre el cambio de tareas asignadas a cada una, debe tenerse en cuenta que las actoras ostentan la misma categoría de Administrativos y que es una facultad del empresario, organizar el trabajo. Consta que las funciones meramente administrativas las lleva ahora [...], junto con la formación, y que se encargó en el año 2006 la gestión de las nóminas y los contactos con la gestoría a [...] que antes realizaban [...]y [...]. Tampoco es el procedimiento adecuado para valorar si se produjo una variación sustancial de las condiciones de trabajo, procedimiento al que pudieron acudir en su caso, sino si ello supone un menosprecio y un descrédito laboral que pueda ser calificado de acoso laboral. No se llega a esa conclusión porque no se concretó la fecha en que se atribuyeron a [...] las tareas de sus compañeras, teniendo presente que ambas estuvieron y continúan en incapacidad temporal y su trabajo deben realizarlo otras personas: La atribución a [...] del contacto con la gestoría, parece estar relacionado con la elaboración de las nóminas, lo que tampoco es una extralimitación del derecho por parte de la empresa.

En cuanto a los codemandados, ninguna conducta concreta se imputó a [...] quien formó parte de una de las comisiones del colegio y actuó conjuntamente con el resto de sus miembros, comunicándose con las trabajadoras a través de la llamada libreta azul, situación que desagrada a las actoras pero que obedece al horario laboral que no coincide con las reuniones de la comisión censora; no se acreditó que el citado haya tenido un comportamiento diferente del resto de la comisión ni que los términos empleados sean constitutivos de la grave infracción imputada.

En cuanto al decano y al secretario, el letrado del colegio intentó describir y justificar las posibles y probadas muestras de mala educación del segundo por su carácter, cuestión que es irrelevante para determinar si su comportamiento se ajusta a los términos de una relación laboral. Queda demostrado que ninguno de los dos actúa con la cortesía que las actoras esperan o a la que están acostumbradas, pero ninguno de los hechos genéricamente imputados ni los probados, pueden ser calificados como acoso laboral porque carecen de la relevancia y gravedad exigida jurisprudencialmente.
Por todo ello, se desestima la demanda.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimo la excepción de falta de legitimación pasiva y desestimo la demanda interpuesta por D.ª [...], D.ª [...], D.ª [...]Y D.ª [...]contra el COLEGIO [...], D. [...], D. [...], D. [...] y contra el MINISTERIO FISCAL y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos de la demanda.
Adviértase a las partes que de conformidad con lo establecido en el art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


Publicado por tuasesor @ 21:41
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