Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Madrid

Nº de Recurso: 553/2007

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil ocho.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la

unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado de la Amdinistración de la Seguridad Social en nombre y

representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la sentencia de la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 27 de diciembre de 2006, recaída en el recurso de

suplicación num. 354/06 de dicha Sala, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo

Social nº 2 de Pamplona, dictada el 3 de julio de 2006 en los autos de juicio num. 139/06, iniciados en virtud

de demanda presentada por doña Montserrat contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la

Tesorería General de la Seguridad Social en Navarra y Sarrio Compañía Papelera de Leitza, S.A. sobre

prestación de jubilación por seguro de vejez e invalidez (SOVI).

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS GIL SUÁREZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Doña Montserrat presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Pamplona el 20

de febrero de 2006, siendo ésta repartida al nº 2 de los mismos, en base a los siguientes hechos: La

demandante en fecha 1 de noviembre de 2005 tenía más de 65 años y era perceptora de una pensión de

viudedad; La Ley 9/2005  posibilitó a partir de esta fecha la compatibilidad en determinados supuestos

, se le deniega por no reunir un período de cotización de mil ochocientos días al Seguro

Obligatorio de Vejez e Invalidez, ni haber estado afiliado al retiro obrero, en relación con la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social

,Le reconoce cotizaciones al SOVI: Papelera de Leitza de 2-10-62 aart. 126 de la LGSS en relación con los

arts. 94 a 96 de la Ley dey con los  arts. 4 y 7 de la OM de 2 de febrero de 1940, con la DT.de la LGSS y con el Decreto 931/1959 de 4 de junio

.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandante nació el 15 de septiembre de 1939 y presentó ante el Instituto Nacional

de la Seguridad Social (INSS) solicitud de que se le reconociese y abonase una pensión de vejez del

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), por tener cumplidos más de 65 años el 1 de septiembre del

2005.

El 8 de septiembre del 2005 el INSS dictó Resolución por la que denegó a la actora la petición

mencionada, por no reunir el período de carencia de 1800 días de cotización y no haber estado afiliada al

Retiro Obrero. El INSS en dicha resolución reconoce que la demandante ha efectuado las siguientes

cotizaciones a la Seguridad Social, antes del 1 de enero de 1967: a).- Por su trabajo para la empresa

Papelera de Leiza desde el 2 de octubre de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1966, un total de 1.552 días

de cotización; b).- Por incremento de los llamados "días cuota" por las pagas extraordinarias, 208 días más

de cotización. Así pues, el total de cotizaciones que el INSS reconoce a la demandante a los efectos de la

pensión del SOVI por ella solicitada asciende a 1.760.

En la narración fáctica de autos consta acreditado que la demandante comenzó a trabajar para la

Papelera de Leiza el 5 de mayo de 1962, si bien en el período comprendido entre esa fecha y el 1 de

octubre de ese año dicha empresa no cotizó por ella a la Seguridad Social.

El 20 de febrero del 2006 la demandante presentó ante los Juzgados de lo Social de Pamplona la

demanda origen del presente proceso, dirigida contra el INSS y contra la empresa Sarrio Compañía

Papelera de Leitza SA; en cuyo suplico solicitó que se declare su derecho a percibir la prestación de

jubilación del SOVI, con efectos iniciales del 1 de septiembre del 2005, "condenando a las entidades

demandadas a estar y pasar por dicha declaración, declarándose la responsabilidad directa de Sarrio

Compañía Papelera de Leitza SA".

El Juzgado de lo Social num. 2 de Pamplona dictó sentencia de fecha 3 de julio del 2006 , en la que

estimó la aludida demanda, declaró "el derecho de la actora a la pensión de jubilación del SOVI", y condenó

"al abono de la prestación en un 97´78 % al INSS y en un 2´22 % a la empresa Sarrio Compañía Papelera

de Leiza SA, así como a estar y pasar por esta declaración".

El INSS interpuso recurso de suplicación, y la Sala de lo Social del TSJ de Navarra, mediante

sentencia de 27 de diciembre del 2006 , lo desestimó, confirmando íntegramente la resolución de instancia.

Contra esta sentencia del TSJ de Navarra el INSS interpuso el recurso de casación para la unificación

de doctrina que ahora se analiza. En él se alega, como sentencia de contraste, la dictada por el TSJ de

Cataluña el 5 de mayo del 2005 . En esta sentencia referencial se aborda una cuestión sustancialmente

igual a la que se debate en estos autos, por cuanto que también en ella se trata de una pensión de vejez del

SOVI que, en principio, el INSS había denegado a la trabajadora solicitante por no cubrir el período de

cotización de 1800 días, período que se superaba computando el tiempo que ésta había trabajado para

determinadas empresas pero sobre el que no se había abonado cotización alguna a la Seguridad Social. La

situación analizada en esa sentencia es, como se ve, manifiestamente igual a la de autos. Sin embargo, los

pronunciamientos de estas sentencias no son iguales, pues dicha sentencia de contraste concluye que son

los empresarios incumplidores los que tienen que asumir el pago de la totalidad de la prestación de vejez

del SOVI de la trabajadora; y, por el contrario, la sentencia objeto del presente recurso sostiene que dicha

responsabilidad de pago se tiene que distribuir proporcionalmente entre el INSS y la empresa que no abonó

las cotizaciones debidas, en función de la porción de los 1800 días en que realmente se hubiesen pagado

cotizaciones.

Existe, por consiguiente, contradicción entre las dos sentencias referidas y se cumple el requisito de

recurribilidad que exige el art. 217 de la LPL  disposición transitoria 7ª de la Ley General de la Seguridad Social, el solicitante tenga en 1

«cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido seguro de Vejez e Invalidez».Decreto 93/1959

, y el que se inicia en

2.- "Hay que tomar en consideración la segunda línea doctrinal que ha aplicado criterios de

proporcionalidad a la hora de determinar el alcance de la responsabilidad empresarial. En este sentido

pueden citarse las sentencias de 20 de julio de 1995, 1 de junio de 1998, 20 de diciembre de 1998, 25 de

enero de 1999, 3 de julio de 2002 y 14 de diciembre de 2004 . Estas sentencias determinan el alcance de la

responsabilidad a partir de la repercusión del incumplimiento empresarial en el periodo de cotización

necesario para acceder a la prestación o en la cuantía de la misma, es decir, valorando siempre los efectos

del incumpliendo en la formación del derecho a la prestación controvertida. Por su parte, la sentencia de 14

de diciembre de 2004 reconoce que 'es cierto que algunas de estas sentencias ponderan para aplicar este

criterio de proporcionalidad la incidencia de factores que disminuyen la gravedad del incumplimiento

empresarial, mientras que en el caso de la sentencia recurrida el incumplimiento es objetivamente grave'.

Pero añade que 'el elemento de gravedad, que ha de ponderarse a efectos de la aplicación de las sanciones

administrativas correspondientes, no es esencial en orden a la determinación de la responsabilidad, que, de

acuerdo con la doctrina de la sentencia de 8 de mayo de 1997 , ha de tener en cuenta, cuando se trata de

contingencias comunes, la proyección del incumplimiento sobre la acción protectora'. Subraya esta

sentencia que 'la responsabilidad empresarial, por exigencias del principio 'non bis in idem', no puede actuar

con un segundo sistema sancionador'. La aplicación de esta doctrina lleva en el presente caso a determinar

la responsabilidad en función del alcance de los incumplimientos empresariales sobre el periodo de

cotización requerido para causar derecho a la pensión solicitada."

Y no cabe duda que, en principio, tanto la sentencia de instancia, como la de suplicación han aplicado

criterios de proporcionalidad para determinar las responsabilidades del INSS y de la compañía demandada,

por lo que no hay razón alguna para sostener que la sentencia recurrida vulnera los preceptos legales

denunciados en el recurso.

En el recurso de casación unificadora formulado por el INSS, en los párrafos finales de su

fundamento segundo, se añade una alegación de carácter subsidiario consistente en que considera esta

entidad gestora que, aún admitiendo el criterio de la distribución proporcional de responsabilidades entre

ella y la empresa, los cálculos efectuados por la sentencia recurrida no son correctos, toda vez que

"establecer la responsabilidad empresarial teniendo en cuenta los 40 días que le faltan para alcanzar los

1800 días, no pondera el incumplimiento empresarial y ello porque a los días efectivamente cotizados se le

han añadido los días cuota por pagas extraordinarias". Pero esta alegación realmente constituye un nuevo

motivo o punto de contradicción a resolver en el recurso de casación para la unificación de doctrina de que

tratamos, lo que obliga a que la misma tenga que cumplir con exactitud los requisitos y exigencias que son

propios de todo motivo formulado en esta clase extraordinaria de recurso; fundamentalmente tenía que

haberse citado con respecto a ella una sentencia que fuese contraria a la recurrida en lo que respecta a

esta concreta cuestión. Pero es obvio que en relación a ella no se esgrime ninguna sentencia a los efectos

de la contradicción del art. 217 de la LPL

.FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado de la

Amdinistración de la Seguridad Social en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad

Social, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 27

de diciembre de 2006 , recaída en el recurso de suplicación num. 354/06 de dicha Sala. Sin costas.-

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ,con

la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.

Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal

Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.