las pautas interpretativas previstas en el Código Civil, tanto las referidas a las

normas como a los contratos, la dicción literal del precepto convencional no

parece dejar lugar a dudas. Es doctrina reiterada de la Sala, reflejada, por

ejemplo, en sus SSTS/IV 13-XI-1996 (R- 1738/96), 28-XII-1996 (R- 1736/96) y

14-III-1997 (R- 2194/96), que la interpretación de los convenios y acuerdos

colectivos ha de llevarse a cabo mediante la combinación de los criterios de

interpretación de las normas legales, especificados principalmente en los

artículos 3 y 4 del Código Civil, y los criterios de interpretación de los contratos,

contenidos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil.

El dato determinante a los efectos de que se produzca la subrogación

empresarial de quienes, como el actor, ostenten la categoría de Contador-

Pagador, no es sino que la facturación perdida, como consecuencia a su vez de

la pérdida de la contrata, equivalga “al coste de 1,25 de las retribuciones Fijas del

Convenio del Anexo salarial” correspondiente a dicha categoría. El término

“coste” no viene referido en la norma a su significado general o abstracto, que, en

efecto, podría conducir a la interpretación propiciada por la recurrente (según el

Diccionario RAE, coste serían los gastos que tiene una cosa), sino al que la

misma disposición pactada le atribuye, que no es otro que el de una parte o

porción (1,25) de las retribuciones fijas establecidas en el propio Convenio

Colectivo para los empleados con aquella categoría. Es decir, el concepto

determinante, cuyo significado y alcance ha de analizarse ahora, no es, como

pretende la empresa recurrente, el de “coste” sino el de “retribuciones fijas”, tal

como, en definitiva, correctamente hace la sentencia impugnada. Y ello es así

porque es de ese modo como se expresa la norma en cuestión, pudiendo haberlo

hecho de otra manera y, desde luego, sin perjuicio de que, en el futuro, se

modifique el acuerdo. Y si resulta meridianamente claro, como acertadamente

resalta el Ministerio Fiscal, que las cotizaciones ingresadas por las empresas a la

Seguridad Social no forman parte de las retribuciones pactadas en el Convenio,

pues ni su regulación ni su determinación cuantitativa dependen en absoluto de la

voluntad de los sujetos que lo negocian y suscriben, también es evidente que

dicha norma sólo alude de forma expresa, precisamente a los efectos de la

subrogación cuestionada, a las retribuciones “Fijas del Convenio del Anexo

salarial”; es decir, como vimos, a aquellos conceptos remuneradores que figuran

en el tan repetido Anexo.

Es verdad que las pagas extraordinarias, pese a que el Convenio

analizado las califique impropiamente como “complemento”, tienen estricta

“naturaleza salarial aunque con una periodicidad en su abono superior a la

mensual” (STS 16-5-1995, R- 2517/94). Pero lo que importa a los exclusivos

efectos del presente pleito no es esto sino que la pérdida de facturación que se

produzca como consecuencia de un cambio de contrata equivalga al coste

porcentual (1,25) que los negociadores del Convenio han querido establecer, por

remisión, en lo que ellos mismos han calificado como “retribuciones fijas”,

señalándolas de modo expreso en el Anexo salarial de la norma autónoma, en el

que no se incluyen -ni siquiera se las mencionan- las pagas extraordinarias. Y

como quiera que, efectuado el cómputo de dicha manera, la empresa recurrente

habría de subrogarse en los derechos y obligaciones del actor, sin que se

cuestione ninguno de los demás parámetros u operaciones matemáticas

necesarias para llegar a dicha conclusión, se impone, como se adelanto, la

desestimación del recurso porque, en definitiva, la doctrina correcta se contiene

en la sentencia impugnada.