Jueves, 26 de junio de 2008

Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007

Despido por un Ayuntamiento de un trabajador con sucesivos contratos temporales

La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina se

refiere a la calificación que corresponde a la decisión extintiva del empresario, cuando éste

es una Administración Pública, en supuestos de finalización de la relación de trabajo de

duración determinada, en los que la causa de terminación no se ajusta a las previsiones y

requisitos legales sobre la modalidad temporal de contrato elegida.

Las circunstancias concretas del presente caso, tal como constan en la declaración de

hechos probados, son las siguientes:

a) El actor había suscrito con el Ayuntamiento de Chipiona, sin solución de continuidad,

siete contratos temporales por circunstancias de la producción, iniciándose el primero el 28

de diciembre de 2000 y finalizando el último el 14 de diciembre de 2004, si bien antes

había firmado otros contratos temporales.

b) Se trataba de siete contratos eventuales por circunstancias de la producción

prorrogados para desarrollar las funciones de peón conserje en el Plan de choque del

Municipio de Chipiona.

c) La causa de terminación de la relación contractual alegada ha sido el cumplimiento del

término fijado (14 de diciembre de 2004) en el último contrato.

d) Se ha cesado en el mismo Ayuntamiento de Chipiona por la misma época a 287

trabajadores; no consta cuál ha sido la causa de estas extinciones.

El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado al no apreciar contradicción,

prevaleciendo el parecer de la sentencia impugnada que calificó como improcedente la

decisión extintiva del consistorio ya que no queda acreditado que el cese fuera debido a la

concurrencia de causas técnicas, organizativas o de producción.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Con fecha 18 de marzo de 2005 el Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Jerez de

la Frontera dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"1.ºDña. Flora, con D.N.I. n°. NUM000, ha prestado sus servicios por cuenta y bajo la

dependencia del Organismo demandado, con antigüedad de 28-12-00, categoría laboral de

"A.S.E. CONSERJE” y un salario mensual prorrateado de 1.264,97 euros ó diario de 42,17

euros. 2.ºDesde el inicio de su relación laboral, las partes han formalizado los siguientes

contratos: Contratos Eventuales por circunstancias de la producción: -De 28-12-00 a 27-

06-01, contrato por obra o servicio determinados, de las Corporaciones Locales, al amparo

de las Bases de colaboración INEM-CORPORACIONES LOCALES, cuyo objeto era "La

realización de la obra o servicios [PLAN DE CHOQUE DEL MUNICIPIO DE CHIPIONA],

para prestar servicios como RECEPCIONISTA con la categoría de PEÓN”. -De 28-06-01 a

27-09-01, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado, acumulación de tareas o

exceso de pedidos, consistentes en PEÓN CONSERJE, aun tratándose de la actividad

normal de la empresa”. -De 28-09-01 a 27-12-0, prórroga de tres meses del contrato

anterior. -De 28-12-01 a 27-03-02, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en PEÓN CONSERJE, aun

tratándose de la actividad normal de la empresa”. -De 28-03-02 a 27-06-02, prórroga de

tres meses del contrato anterior. -De 28-06-02 a 27-09-02, cuyo objeto era "Atender

exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedido consistentes en PEÓN

CONSERJE, aun tratándose de la actividad normal de la empresa”. -De 28-09-02 a 27-12-

02, prórroga de tres meses del contrato anterior. -De 28-12-02 a 27- 03-03, cuyo objeto

era "Atender exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos,

consistentes en A.S.E. CONSERJE, aun tratándose de la actividad normal de la empresa”. -

De 28-03-03 a 27-06-03, prórroga de tres meses del contrato anterior. -De 15-07-03 a

14-09-03, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado, acumulación de tareas o

exceso de pedidos, consistentes en A.S.E. CONSERJE, aun tratándose de la actividad

normal de la empresa”. -De 15-09-03 a 14-12-03, prórroga de tres meses del contrato

anterior. -De 15-12-03 a 14-03-04, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en A.S.E. CONSERJE, aun

tratándose de la actividad normal de la presa”. -De 15-03-04 a 14-06-04, prórroga de tres

meses del contrato anterior. -De 15-06-04 a 14-09-04, cuyo objeto era "Atender

exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en A.S.E.

CONSERJE, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.” -De 15-09-04 a 14-12-

04, prórroga de tres meses del contrato anterior. 3.ºCon fecha 16-11-04, el Ayuntamiento

comunicó a la actora preaviso de extinción de contrato, teniendo efectos la extinción de la

relación laboral con fecha 14-12-04. 4.ºEl numero de funcionarios y trabajadores que

prestan servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Chipiona y el número de trabajadores que

han extinguido su contrato en el periodo de 28-09-04 a 17-01-05 es el siguiente:

Funcionarios de carrera e interinos 123

Laborales fijos e interinos 76

Fijos discontinuos 22

Eventuales 222

Trabajadores que han extinguido su Contrato 287

5.ºLa actora no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior al despido, cargo de

representación legal o sindical de los trabajadores. 6.ºCon fecha 15-12-04, la actora

presentó reclamación previa ante el Ayuntamiento, desestimada por Decreto de la Alcaldía

de fecha 05-01-05. 7.ºCon fecha 05-08-04, la actora junto con 74 trabajadores del

Ayuntamiento de Chipiona, con contratos temporales, formularon reclamación previa

solicitando se reconociera su relación laboral como indefinida. 8.ºPresentada demanda por

la actora, fue turnada a este Juzgado y admitida a trámite por Auto de fecha 23-02-05,

cuyo juicio se encuentra señalado para el día 20-04-05”.

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimando íntegramente la

demanda interpuesta por D.ª Marisol (SIC) frente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

CHIPIONA, en acción de DESPIDO, debo calificar y califico de IMPROCEDENTE el

despido producido, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por la presente

declaración y a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia, opte

entre readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse

el despido o por el abono de una indemnización de SIETE MIL QUINIENTOS

VEINTITRÉS EUROS Y UN CÉNTIMO (7.523,01euros), con abono, en ambos supuestos, de

los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido (14.12.04) hasta

la de notificación de la presente Sentencia, ambos inclusive, a razón de 42,17 euros

diarios.”

Segundo.—La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la recurrente ante la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la cual dictó sentencia en fecha

14 de diciembre de 2005, en la que consta el siguiente fallo: "Con desestimación del

recurso de suplicación interpuesto por Dña. Flora, contra la sentencia dictada el dieciocho

de marzo de dos mil cinco por el Juzgado de lo social n.º 2 de los de Jerez de la Frontera,

recaída en autos sobre despido, promovidos por la recurrente contra el ilustrísimo

Ayuntamiento de Chipiona, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia.”

Tercero.—Por la representación de Dña. Flora se formalizó el presente recurso de casación

para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el

23-03-06, en el que se alega. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la

dictada por la Sala de lo Social del T.S.J. de Castilla-La Mancha de 27 de mayo de 2004.

Cuarto.—Por providencia de esta Sala de fecha 17-10-06 se admitió a trámite el presente

recurso, y no habiéndose personado la parte recurrida no obstante haber sido emplazada

pasa lo actuado al Ministerio Fiscal a fin de que informe en el plazo de diez días sobre la

procedencia o improcedencia del presente recurso.

Quinto.—Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en

el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado

Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 17-04-

07 fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de

doctrina se refiere a la calificación que corresponde a la decisión extintiva del empresario,

cuando éste es una Administración pública, en supuestos de finalización de la relación

contractual de trabajo de duración determinada, en los que la causa de terminación alegada

no se ajusta a las previsiones y requisitos legales sobre la modalidad temporal de contrato

elegida. Las circunstancias concretas del presente caso, tal como constan en la incombatida

declaración de hechos probados que figura en los antecedentes de esta resolución, son las

siguientes: a) El actor había suscrito con el Ayuntamiento de Chipiona, sin solución de

continuidad, los siete contratos temporales por circunstancias de la producción de los que

da cuenta el ordinal segundo de la citada declaración de hechos probados, iniciándose el

primero el 28 de diciembre de 2000 y finalizando el último el 14 de diciembre de 2004, si

bien antes había firmado otros contratos temporales el último de 4-07-2002 a 3-01-2003;

b) Se trataba de siete contratos eventuales por circunstancias de la producción

prorrogados para desarrollar las funciones de Peón Conserje en el Plan de choque del

Municipio de Chipiona, actividad que según se declara probada era la actividad normal de la

empresa. c) La causa de terminación de la relación contractual alegada ha sido el

cumplimiento del término fijado (14-12-2004) en el último contrato; y d) No consta cuál

haya podido ser la causa de otras extinciones contractuales (entre 28-09-04 a 17-01-05 se

han cesado a 287 trabajadores y se han presentado 74 reclamaciones previas con fecha 5-

08-04 hecho probado 7.º, llevadas a cabo en el mismo Ayuntamiento de Chipiona por la

misma época).

La sentencia recurrida, confirmando en tal sentido la resolución de instancia, ha resuelto

que la calificación que corresponde a la decisión extintiva del Ayuntamiento es la de

despido improcedente. Se basa para ello, en esencia, en que ha quedado acreditado que el

cese de la recurrente no fue debida a causas técnicas económicas, organizativas o de

producción, sino por el fin del contrato temporal, no existiendo pruebas de que el cese por

parte de la empresa obedeciera a una ocultación fraudulenta de causas económicas

inconfesables, tratando de eludir el procedimiento del art. 51 E.T., sin que la falta de

aportación por la actora de ningún elemento de juicio, que frente a la apariencia de que

concurre alguna causa ajena a la propia de los despidos colectivos, obligara a la demandada

a tener que justificar la existencia de unas hipotéticas, y nunca invocadas por la

empleadora, causas económicas para el cese acordado, prueba aquí innecesaria por no

relacionada con los hechos, al no exigir la Ley que tenga que demostrarse de forma plena e

indubitada, que la extinción del nexo contractual lleva consigo necesariamente, la

consecuencia de superar la causa económica o garantizar la viabilidad futura de la empresa,

por lo que los factores a considerar por el Juez no son siempre susceptibles de prueba

propiamente dicha, sino de apreciación de razonabilidad de acuerdo con las reglas y

experiencia reconocidas en la vida económica.

Segundo.—La sentencia aportada para comparación es la dictada por el Tribunal Superior

de Justicia de Castilla la Mancha el 27 de mayo de 2004 (R. 454/04), y resuelve un litigio

en el que la demandante inició la prestación de servicios para la empresa "Eurocen S.A.” el

día 28 de enero de 2002 mediante un contrato eventual por circunstancias de la

producción, pactándose una duración inicial de tres meses, siendo prorrogado a su

vencimiento por tres meses más, hasta el 27 de julio de 2002; el 28 de julio de 2002, es

decir, sin solución de continuidad, las partes suscribieron un nuevo contrato por obra o

servicio determinado cuyo objeto era "la realización de las demás tareas de almacén,

inherentes al puesto según contrato de arrendamiento con Danzas S.A.”, extendiéndose el

contrato de trabajo hasta el fin de la obra o servicio. Una tercera empresa de distribución,

comercialización y venta de productos (Carrefour) contrató con la sociedad Danzas S.A. la

utilización de las naves que esta última posee en la localidad de Alovera y Danzas S.A.

subcontrató a su vez con la demandada Eurocen la realización, en las citadas naves, de los

trabajos de almacenamiento, preparación de los pedidos y carga y descarga de las

mercancías. Carrefour comunicó a Danzas que el 31 de julio de 2003 finalizaría su relación

y esta última empresa notificó a Eurocen que el 30 de junio cesaría la actividad

contemplada en el contrato suscrito entre ambas. Por último, la demandada Eurocen

comunicó al demandante la extinción de la relación laboral con efectos del 30 de junio de

2003, fecha esta en la que se produjo el cese de la totalidad de los trabajadores. La

sentencia de instancia declaró el despido improcedente al no especificarse en el primer

contrato eventual la causa que justificaba la contratación, pronunciamiento contra el que

recurrieron ambas partes, es decir, el trabajador y la empresa Eurocen. La sentencia de la

Sala de Castilla La Mancha de 27 de mayo de 2004 desestimó el recurso de la empleadora y

estimó el del trabajador, declarando nulo su despido en razón a que, como denunciaba el

recurso de suplicación, la empresa demandada había cesado simultáneamente a la totalidad

de los trabajadores, sin haber tramitado la pertinente autorización administrativa ni

observado el preceptivo período de consultas.

Tercero.—La cuestión esencial que se somete a debate en las dos sentencias comparadas,

en sus elementos relevantes, consiste en determinar si cuando una empresa extingue los

contratos de sus trabajadores temporales sin alegar para ello causas económicas, técnicas,

organizativas o de producción, sino basándose exclusivamente en la cláusula de

temporalidad de los contratos, debe seguir o no los trámites del despido colectivo y, en el

primer caso, sin superar los umbrales establecidos en la norma.

El Ministerio Fiscal en su informe estima que el recurso es improcedente, en primer lugar,

porque considera que no existe contradicción entre las sentencias que se comparan, al no

ser homogéneas las situaciones contempladas en cada caso. Procede pues examinar si

concurre este presupuesto, exponiendo un resumen de la doctrina de la Sala sobre el

mismo.

Para la viabilidad del recurso de casación para unificación de doctrina se exige que exista

una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otras sentencias de las Sala

de lo Social del los Tribunales Superiores o del Tribunal Supremo. La contradicción

requiere para su apreciación que las resoluciones que se comparan contengan

pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir que se produzca una diversidad

de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una

identidad absoluta, si es preciso como señala el art. 217, que respecto a los mismos

litigantes y otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones

pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales”,

correspondiendo a la parte recurrente la carga de determinar mediante una relación

precisa y circunstanciada la concurrencia de la contradicción alegada (art. 222 LPL).

Es jurisprudencia consolidada de esta Sala (entre otras muchas, STS 15/11/05, rec.

4922/04; 15/11/05, rec. 5015/04; 24/11/05, rec. 3518/04; 29/11/05, rec. 6516/03;

16/12/05, rec. 3380/04; 3/2/06, rec. 4678/04; 6/2/06, rec. 4312/04; 7/2/06, rec.

1346/05; 28/2/06, rec. 5343/04) en orden a este presupuesto procesal de contradicción

que: a) no consiste en una divergencia abstracta de doctrinas, sino en una oposición

concreta de los pronunciamientos en los que las sentencias se sustentan en controversias

precisas y sustancialmente iguales en hechos, fundamentos y pretensiones; b) la diferente

normativa que ampara la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en relación con

de la de contraste impide que concurra el requisito de la contradicción; c) las

circunstancias fácticas que ofrecen relevancia jurídica, impiden también que concurra este

requisito, pues el mismo requiere para su apreciación que las resoluciones que se comparan

contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir que se produzcan una

diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales.

Cuarto.—No existe contradicción entre las sentencias sometidas al juicio de comparación

porque en la recurrida se trata de un cese por finalización del término fijado en el contrato

temporal del demandante, sin que ni siquiera conste el motivo de los otros ceses ni tampoco

haya quedado acreditado que, al margen de aquella causa, el del actor se hubiera podido

deber a razones técnicas, económicas, organizativas o de producción; además, como ponen

de relieve los hechos probados, las extinciones contractuales en el Ayuntamiento

demandado, aunque presumiblemente (no consta el número de trabajadores del

Ayuntamiento) superaron los umbrales numéricos de trabajadores afectados a los que

aluden los apartados a), b) y c) del art. 51.1 del ET, se produjeron a lo largo de un período

superior a los 90 días que dicho precepto establece pues todas ellas tuvieron lugar, sin

mayor detalle, entre el 28 de septiembre de 2004 y el 17 de enero de 2005. Por el

contrario, en la sentencia referencial, además de que se produjo simultáneamente el cese

de toda la plantilla, es decir, sin superar el mencionado período de 90 días, la causa de

todas las extinciones fue la terminación de la contrata que justificaba los vínculos

laborales y concretamente en el actor se sucedieron un contrato eventual por

circunstancias de la producción y un contrato por obra o servicio determinado vinculado a

un contrato de servicios entre la empleadora y otra sociedad que, como se dijo, finalizó

cuando terminó la relación entre ambas sociedades. Además, en el caso de la sentencia

recurrida la empresa es un Ayuntamiento que, como se deduce del art. 1.2.a) de la Directiva

98/59 / CE, de 20 de julio de 1998, tiene un tratamiento jurídico distinto al de las

empresas privadas respecto a los despidos colectivos.

Al ser distintas las circunstancias fácticas que concurren en las sentencias comparadas, es

evidente que no existe contradicción, lo que impone, en esta fase decisoria, la

desestimación del recurso, sin entrar a conocer de las infracciones denunciadas, que solo

es posible efectuar a partir de la existencia de la contradicción en defensa de la

unificación de doctrina. Sin costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 de la

L.P.L.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo

español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dña.

Flora contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2005 por la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en recurso de suplicación n.º 2882/05,

interpuesto contra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado de

lo Social n.º 2 de los de Jerez de la Frontera, en autos núm. 31/05, en actuaciones iniciadas

a instancias de la ahora recurrente contra El Ayuntamiento de Chipiona, sobre despido. Sin

costas.


Publicado por tuasesor @ 1:52
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