Domingo, 29 de junio de 2008

 

Sentencia Tribunal Supremo de 22 julio 2005

En la Villa de Madrid, a veintidós de julio de dos mil cinco.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para

unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. I.R.D.B., en nombre y representación

de S.S.E., SA, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Triibunal Superior de Justicia

de Cataluña de fecha 3 de febrero de 2004, dictada en el recurso de suplicación número

7880/03 formulado por D. J.E., contra la sentencia del Juzgado de lo Social número

veintiocho de Barcelona de fecha 14 de julio de 2003 dictada en virtud de demanda

formulada por D. J.E., frente a S.S.E., SA por Despido.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. J.E. representado por el letrado

D. B.R.V.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sánchez-Pego Fernández

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Barcelona dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: “Que

desestimando la demanda interpuesta por D. J.E., contra Securitas Seguridad España, SA,

debo declarar y declaro procedente su despido objetivo, absolviendo a la parte demandada”.

Con fecha 14 de julio de 2003 el Juzgado de lo Social número veintiocho de

SEGUNDO

“I.-D. J.E., con Documento Nacional de Identidad número 30.073.723-G, prestó servicios

para S.S.E., SA con antigüedad de 13 de junio de 1981, con categoría profesional de

vigilante de seguridad y con salario mensual, con prorrata de pagas extraordinarias de

1.087,06.

II.-El actor ostenta la condición de miembro del Comité de Empresa.

III.-El día 15 de abril de 2003, la empresa le remitió carta de su misma fecha, del tenor

literal siguiente: “Muy señor nuestro: la Dirección de esta empresa al amparo de lo

establecido en el artículo 52, apartado a, del Real Decreto Legislativo 1/1985, de 24 de

marzo, decide extinguir en el día de hoy, 15 de abril de 2003, la relación laboral mantenida

con Vd., por haber incurrido en la causa objetivo de ineptitud sobrevenida con

posterioridad a su incorporación a esta empresa. La ineptitud sobrevenida consiste en que

tras agotar el período máximo de Incapacidad Temporal y serle denegada la prestación de

Invalidez Permanente, y una vez reincorporado en la compañía, en virtud de lo dispuesto en

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con la obligación de la vigilancia

de la salud por parte del empresario, se solicitó al Servicio de vigilancia de la Salud de

Mutua Universal que efectuase un reconocimiento médico y dictaminase su aptitud para el

desempeño de las funciones propias de su categoría de vigilante de seguridad. Una vez que

el referido servicio le efectuó las revisiones y pruebas que estimó conveniente a tal efecto,

determinó que Vd. no era apto para el desarrollo de las funciones de vigilante de seguridad,

según los protocolos establecidos al amparo del Real Decreto 2487/1998, de 20 de

noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener

y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada’ dictado por el Ministerio del

Interior. Con el presente escrito le ponemos a su disposición un cheque bancario contra el

Banco Guipuzcoano núm. de serie 36890641 por importe de 13.044,72 euros, cantidad que

corresponde a la indemnización que resulta de aplicar el cálculo de 20 días de salario por

año de servicio con el tope de 12 mensualidades y otro contra la misma entidad y núm. de

serie 36890652 por importe de 1.010,97 euros correspondiente al preaviso de 30 días y que

no se le da”.

IV.-El actor presenta dicha causa de ineptitud.

V.-La carta de despido cumplió los requisitos económicos del despido objetivo en la forma

expuesta en su tenor literal.

VI.-A día 30 de abril de 2003, el actor interpuso papeleta de conciliación.

VII.-Dicho acto se celebró a las 10.03 horas del día 23 de mayo de 2003, con el resultado

de sin avenencia, por oposición de la empresa”.

En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos:

TERCERO

de D. J.E., dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

sentencia con fecha 3 de febrero de 2004, en la que consta la siguiente parte dispositiva:

“Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por D. J.E. contra la sentencia del

Juzgado de lo Social núm. 28 de los de Barcelona, dictada el 14 de julio de 2003 en los

autos núm. 416/2003, seguidos contra S.S.E., SA, debemos revocar y revocamos la misma,

y estimando la demanda inicial, debemos declarar y declaramos la nulidad del despido de

15 de abril de 2003, condenando a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador en

las mismas condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir

desde dicha fecha, debiendo reintegrar el trabajador la indemnización percibida en su caso”.

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal

CUARTO

de casación para la unificación de doctrina, en el que:

I.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo

Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 18 de marzo de 2003.

II.- Se alega la infracción de los artículos 52 a) y 53.1 a) del Estatuto de los Trabajadores.

El letrado D. I.R.D.B., mediante escrito de 19 de abril de 2004, formuló recurso

QUINTO

habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito

en el sentido de considerar Improcedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado

Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 14 de

julio de 2004, en el que tuvo lugar.

Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

demandante por causa objetiva de ineptitud sobrevenida, según lo dispuesto en el artículo

52-a) del Estatuto de los Trabajadores, mediante comunicación escrita en la que le hacía

saber que, tras haber agotado el período máximo de incapacidad temporal y serle denegada

la invalidez permanente, se solicitó al Servicio de Vigilancia de la Salud de Mutua

Universal la realización de reconocimiento médico y emisión de dictamen sobre aptitud del

demandante para desempeñar las funciones propias de su profesión, cuyo Servicio

determinó que “no era apto para el desarrollo de las funciones de vigilante de seguridad,

según los protocolos establecidos al amparo del real Decreto 2487/1998, de 20 de

noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener

y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada”.

2. La sentencia dictada en el recurso de suplicación que interpuso el demandante por la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 3 de febrero de 2004,

revocó la de instancia, que había declarado procedente el despido objetivo, y declaró su

nulidad por aplicación de los apartados 1-a) y 4 del artículo 53 del Estatuto de los

Trabajadores, debido a que no se comunicó al trabajador la patología que tuvo en cuenta la

empresa para adoptar su decisión ni cuál fuese la razón por la que su dolencia, afectante a

una rodilla, fuese tenida como impedimento para el desempeño profesional, ya que no basta

para ello la mera referencia genérica a un Real Decreto que regula la totalidad de las

aptitudes físicas, psíquicas y sensoriales requeridas para poder realizar tales servicios y

obtener la licencia para el uso de armas, así como los centros autorizados para practicar los

reconocimientos y valorar la aptitud. La fundamentación jurídica hace constar

adicionalmente que en el juicio fueron aportados dos informes médicos de la Mutua

aseguradora, uno de ellos por el propio demandante, el primero de los cuales contiene el

diagnóstico de “deambulación muy discretamente inestable, no dolorosa, flexión rodilla

derecha limitada a los últimos grados y crepitantes en flexo-extensión rodilla derecha”,

describiéndose en el segundo informe las lesiones como “rigidez femoso-tibial (flexión

limitada a 90º)”, añadiendo la valoración de “no apto para vigilante”. Expresamente quedó

sin resolver, por considerarlo innecesario, otro motivo de suplicación atinente a la

inexistencia de la ineptitud profesional determinante de la decisión empresarial extintiva.

1.- La empresa demandada acordó la extinción del contrato de trabajo del

SEGUNDO

empresa demandada se invoca la contradicción de la sentencia impugnada con la que dictó

la misma Sala el 18 de marzo de 2003, confirmatoria de la de instancia que había declarado

procedente la extinción contractual objetiva por ineptitud sobrevenida de otro vigilante de

seguridad de la misma empresa al que, tras incapacidad temporal derivada de accidente de

trabajo, le fue denegada la invalidez permanente, habiendo recabado también la empresa

reconocimiento e informe del Servicio de Vigilancia de Salud de la Mutua Universal,

emitido en el sentido de considerar no apto al trabajador para seguir desempeñando su

referida profesión, sin describir las dolencias, lo que fue trasladado al actor en la

comunicación extintiva que le dirigió la empresa.

2. La fundamentación jurídica de esta sentencia de contraste considera que la referida

comunicación no podía contener una descripción del diagnóstico médico, aunque hubiera

sido conocido por la empresa, por cuanto tal expresión vulneraría el derecho a la intimidad

del trabajador, impuesto en esta materia por el artículo 22 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales en relación con el artículo 18 de la Constitución, afirmando además la

suficiencia de la comunicación de la causa del cese por entender “que el demandante ha

sabido desde el inicio de su reincorporación a la empresa después de la resolución del

INSS, en la cual no reconoce ningún grado de incapacidad, que las lesiones determinantes

de la ineptitud sobrevenida son las derivadas del accidente, de manera que la falta de

referencia concreta no le produce ninguna indefensión grave, pues él mismo es consciente

de su limitación desde el primer momento, tal como consta en el segundo hecho probado”.

En dicho apartado segundo del relato de los hechos probados se hace constar que el

trabajador interpuso reclamación previa contra la resolución administrativa denegatoria de

la invalidez permanente, basándose en un déficit de movilidad del hombro derecho de un

28,4% y en la rotación externa del brazo derecho por haber perdido un 41% de movilidad,

cuyas limitaciones consideraba inhabilitantes para el desempeño de las tareas

fundamentales de su profesión.

3. La parte recurrente ha cumplido el requisito casacional de fundar el recurso no sólo en la

contradicción alegada, sino también en la razonada infracción de los preceptos legales que

cita (artículos 52.a y 53.1a del Estatuto de los Trabajadores, con adicional referencia a los

rectores del derecho a la intimidad, que son los citados por la sentencia invocada como

opuesta a la recurrida), tal como exige el artículo 222, en relación con el 205-e, de la Ley

de Procedimiento Laboral.

1.- En el recurso de casación para la unificación de doctrina que interpone la

TERCERO.-

identidad sustancial de las situaciones de hecho contempladas por las sentencias objeto de

confrontación, requerida por el artículo 217 de la citada Ley procesal como elemento

justificativo de la unificación de los pronunciamientos judiciales divergentes a través de

este especial recurso de casación. Los datos esenciales de ambos supuestos son susceptibles

de descripción en términos prácticamente idénticos. Se trata, de sendos vigilantes de

seguridad, empleados de la misma empresa dedicada a la actividad propia de tal profesión

que, tras haber agotado el período de incapacidad temporal sin haber obtenido la

calificación de invalidez permanente, fueron remitidos por la empresa a reconocimiento

médico en el servicio de vigilancia de salud laboral previsto en la normativa sobre

prevención de riesgos laborales, cuyo servicio emitió dictamen de falta de aptitud para el

desempeño profesional con arreglo a la norma reglamentaria que establece las condiciones

de aptitud psicofísica para el uso de armas y prestar servicios de seguridad privada, lo que

fue comunicado por la empresa a los respectivos trabajadores demandantes al efecto de la

extinción de sus contratos de trabajo por causa objetiva de ineptitud sobrevenida, sin relatar

las deficiencias físicas apreciadas por el servicio de vigilancia de salud laboral ni

especificar el apartado de la aludida norma reglamentaria que se hubiera considerado

aplicable.

Se ha controvertido en los dos procesos la suficiencia o insuficiencia de tal comunicación

en cuanto a las causas concretas de la ineptitud determinante de la decisión empresarial y la

derivada procedencia de haber acudido el trabajador a otros medios para su cabal

conocimiento, habida cuenta de la reserva sobre los datos de salud que dimana del derecho

fundamental a la intimidad personal. Tal es la cuestión a la que se circunscribe el presente

recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que la sentencia impugnada en el

mismo niega que haya sido cumplido el requisito de expresar la causa de la extinción

contractual objetiva en la comunicación escrita dirigida al trabajador, infringiéndose el

artículo 53.1-a) del Estatuto de los Trabajadores con efecto de indefensión no amparado por

el derecho a la intimidad, declarando por ello nula la decisión empresarial, como se dijo,

mientras que la sentencia de contraste ha entendido que el derecho fundamental del

trabajador a su intimidad obsta a que la empresa pueda conocer los datos de salud

apreciados en el reconocimiento médico, por lo que la comunicación escrita de cese ha

cumplido el requisito legal expuesto hasta donde lo permite el ordenamiento jurídico.

Se añade en esta sentencia invocada para su confrontación con la recurrida que el trabajador

ya conocía la descripción de sus deficiencias físicas en virtud de la resolución

administrativa que le denegó la invalidez permanente, e incluso había alegado su

incompatibilidad con el desempeño profesional al impugnar dicha resolución en el

expediente de invalidez. Sin embargo, tales diferencias entre los supuestos contemplados en

las sentencias objeto de confrontación carecen de relevancia al efecto de la referida

cuestión planteada para su unificación doctrinal en casación porque, aparte de que también

el trabajador demandante en el presente proceso era necesariamente conocedor de sus

lesiones, lo que se enjuicia en la ineptitud sobrevenida no son las deficiencias físicas

descritas en la resolución administrativa de invalidez ni las que pudiera haber admitido el

propio trabajador, sino las que a criterio de la empresa permiten fundar su decisión

extintiva, tal como certeramente ha informado el Ministerio Fiscal, pues así resulta de la

acotación del objeto de la controversia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105.2, en

relación con el 120, de la Ley de Procedimiento Laboral. Consecuentemente, ha de

afirmarse la existencia de contradicción doctrinal con cuantos requisitos determinan la

admisión del recurso según el citado artículo 217 de dicha Ley.

La cuestión que ha de obtener análisis prioritario es la existencia, o no, de la

CUARTO.-

Riesgos Laborales, impone al empresario la obligación de vigilar periódicamente el estado

de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo, excluyéndose la

necesidad de que el trabajador afectado preste su consentimiento cuando, entre otros

supuestos y previo informe de los representantes de los trabajadores, la realización del

reconocimiento sea imprescidible para verificar si el estado de salud del trabajador puede

constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas

relacionadas con la empresa. Por otra parte, los servicios de prevención de riesgos

laborales, que incluyen la vigilancia de la salud de los trabajadores, deben ser concertados

con entidades especializadas cuando la empresa no disponga de medios suficientes,

pudiendo actuar como tales entidades las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, según los artículos 31 y 32 de la citada Ley, desarrollada en esta concreta

materia por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y específicamente por el artículo 20

del mismo a los efectos de que aquí se trata.

De dichas normas se infiere la idoneidad del medio al que acudió la empresa para constatar

si el trabajador conservaba, o no, la aptitud necesaria para su desempeño profesional, sin

que pueda considerarse preceptivo remitir al trabajador a su reconocimiento en los centros

autorizados para practicar las pruebas de aptitud para el uso de armas y para desempeñar las

funciones de vigilancia de seguridad privada, a los que alude al artículo 6 del Real Decreto

2487/1998, de 20 de noviembre, frente a lo que viene a indicar la sentencia recurrida.

Precisamente al contrario, no sólo carece la empresa de la facultad de promover la

actuación de tales centros, sino que la obligación empresarial consiste en cumplir las

normas expuestas sobre reconocimientos de salud de los trabajadores para la prevención de

riesgos laborales.

2. Los apartados 2 al 4 del citado artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

establecen que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se lleven a

cabo respetando el derecho a la intimidad del trabajador y “la confidencialidad de toda la

información relacionada con su estado de salud”, a la que sólo tienen acceso el personal

médico y las autoridades sanitarias competentes, debiendo ser comunicados al trabajador

los “resultados” de los reconocimientos, pero no así al empresario, que únicamente será

informado “de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en

relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo...”.

Así pues, la empresa no pudo legalmente conocer, ni por ello relatar en la comunicación

extintiva que dirigió al trabajador, los defectos físicos apreciados en el reconocimiento de

salud cuya preceptiva realización ha sido razonada. La cuestión a resolver es, entonces, la

compatibilidad entre las limitaciones impuestas a tal comunicación como consecuencia del

derecho fundamental del trabajador a su intimidad y el derecho, también fundamental, del

mismo a la oportunidad de defensa frente a la decisión empresarial, por ello necesariamente

expresiva de sus causas (artículo 53.1-a del Estatuto de los Trabajadores, citado).

3. La colisión que así viene a producirse entre lo dos referidos derechos fundamentales del

trabajador, que la empresa ha de respetar, no puede resolverse prescindiendo de la

terminante reserva de toda la información médica que impone la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, como hace la sentencia recurrida. Tal vez esta Ley pudo haber regulado

tal reserva con criterio más flexible, puesto que no todos los datos de salud afectan de igual

modo a la intimidad personal. La protección civil de este derecho, junto a la del honor y la

propia imagen, queda delimitada “por los usos sociales, atendiendo al ámbito que, por sus

propios actos, mantenga cada persona reservado”, según la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de

mayo. Semejante criterio de proporcionalidad sería también seguramente adoptable en el

enjuiciamiento del delito de revelación de secretos que, dentro del título dedicado a los

delitos contra la intimidad y otros, tipifica el artículo 199 del Código Penal. Pero todo este

análisis es atinente al puro ámbito de “

resultantes de los reconocimientos de salud practicados con arreglo a lo dispuesto en la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su expuesta literalidad terminante en la materia

no permite al operador jurídico otra opción distinta de la de su estricto cumplimiento.

4. El derecho a la oportunidad de defensa del trabajador frente a la decisión extintiva del

contrato de trabajo no puede considerarse gravemente afectado en el presente caso por la

ineludible limitación de su expresión causal, ya que, al haberle hecho saber que tal decisión

venía determinada por el dictamen del Servicio de Vigilancia de Salud de la Mutua de

Accidentes de Trabajo consecuente al reconocimiento médico practicado en virtud de lo

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador pudo recabar de

dicho servicio la comunicación del “resultado” del reconocimiento, cuyo derecho le viene

conferido por el artículo 22.3 de dicha Ley. La fundamentación jurídica de la sentencia

recurrida permite deducir que hizo uso de tal derecho, puesto que hace constar que aportó

un informe médico de la Mutua aseguradora.

1.- El artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención delege ferenda” en cuanto referido a los datos

QUINTO

cuanto a su único objetivo casacional de unificación de doctrina, atinente a la suficiencia de

la comunicación empresarial de extinción del contrato por causa objetiva de ineptitud

sobrevenida, conforme al artículo 53.1-a) del Estatuto de los Trabajadores, sin que haya

lugar a la nulidad de tal decisión declarada en la sentencia recurrida por aplicación del

apartado 4 del mismo artículo, siendo procedente adoptar cuantas decisiones previene el

artículo 226.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

No obstante, la estimación del presente recurso de casación no puede conducir a desestimar

íntegramente el de suplicación, porque la resolución del debate planteado en el mismo,

como impone el citado precepto procesal, requiere la de otro motivo subsidiario del que ha

sido resuelto, consistente en la inexistencia de la causa de ineptitud en que se fundó la

decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo, que expresamente dejó sin analizar

ni resolver la sentencia recurrida, al haber estimado el motivo de suplicación que ha sido

objeto único del recurso de casación. Habrá de ser acordada, por lo tanto, la procedencia de

que se dicte nueva sentencia de suplicación en la que se resuelva el indicado motivo de

dicho recurso.

Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo

español.

La conclusión de cuanto ha sido razonado ha de ser la estimación del recurso en

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa

demandada S.S.E., SA contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña con fecha 3 de febrero de 2004, en el recurso de

suplicación que interpuso el demandante D. J.E. contra la sentencia de instancia

desestimatoria de su demanda sobre extinción del contrato de trabajo por causa objetiva de

ineptitud sobrevenida dictada por el Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona con fecha

14 de julio de 2003. Casamos y anulamos aquella sentencia de la Sala de lo Social recurrida

en casación para la unificación de doctrina y, en su lugar, resolvemos la controversia

planteada en el motivo de suplicación que ha sido objeto de este recurso de casación en el

sentido de declarar la validez de la comunicación empresarial de la extinción del contrato

de trabajo y no haber lugar a declarar nula por tal causa la decisión de la empresa.

Acordamos la devolución de lo actuado a la Sala de lo Social de procedencia a fin de que

dicte nueva sentencia en la que, teniendo por resuelta en el indicado sentido dicha cuestión,

resuelva el recurso de suplicación en cuanto al motivo que no ha sido resuelto, sobre

pretendida inexistencia de la ineptitud sobrevenida determinante de la extinción contractual

por tal causa objetiva acordada por la empresa demandada.

Devuélvase a la parte recurrente el depósito constituido para interponer el recurso. Sin

costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional

correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo

pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.

por el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Sánchez-Pego Fernández hallándose

celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como

Secretario de la misma, certifico.

-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia


Publicado por tuasesor @ 2:18
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