Domingo, 29 de junio de 2008

 

Sentencia Tribunal Supremo de 22 julio 2005

En la Villa de Madrid, a veintidós de julio de dos mil cinco.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para

unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. I.R.D.B., en nombre y representación

de S.S.E., SA, frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Triibunal Superior de Justicia

de Cataluña de fecha 3 de febrero de 2004, dictada en el recurso de suplicación número

7880/03 formulado por D. J.E., contra la sentencia del Juzgado de lo Social número

veintiocho de Barcelona de fecha 14 de julio de 2003 dictada en virtud de demanda

formulada por D. J.E., frente a S.S.E., SA por Despido.

Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. J.E. representado por el letrado

D. B.R.V.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sánchez-Pego Fernández

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Barcelona dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: “Que

desestimando la demanda interpuesta por D. J.E., contra Securitas Seguridad España, SA,

debo declarar y declaro procedente su despido objetivo, absolviendo a la parte demandada”.

Con fecha 14 de julio de 2003 el Juzgado de lo Social número veintiocho de

SEGUNDO

“I.-D. J.E., con Documento Nacional de Identidad número 30.073.723-G, prestó servicios

para S.S.E., SA con antigüedad de 13 de junio de 1981, con categoría profesional de

vigilante de seguridad y con salario mensual, con prorrata de pagas extraordinarias de

1.087,06.

II.-El actor ostenta la condición de miembro del Comité de Empresa.

III.-El día 15 de abril de 2003, la empresa le remitió carta de su misma fecha, del tenor

literal siguiente: “Muy señor nuestro: la Dirección de esta empresa al amparo de lo

establecido en el artículo 52, apartado a, del Real Decreto Legislativo 1/1985, de 24 de

marzo, decide extinguir en el día de hoy, 15 de abril de 2003, la relación laboral mantenida

con Vd., por haber incurrido en la causa objetivo de ineptitud sobrevenida con

posterioridad a su incorporación a esta empresa. La ineptitud sobrevenida consiste en que

tras agotar el período máximo de Incapacidad Temporal y serle denegada la prestación de

Invalidez Permanente, y una vez reincorporado en la compañía, en virtud de lo dispuesto en

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con la obligación de la vigilancia

de la salud por parte del empresario, se solicitó al Servicio de vigilancia de la Salud de

Mutua Universal que efectuase un reconocimiento médico y dictaminase su aptitud para el

desempeño de las funciones propias de su categoría de vigilante de seguridad. Una vez que

el referido servicio le efectuó las revisiones y pruebas que estimó conveniente a tal efecto,

determinó que Vd. no era apto para el desarrollo de las funciones de vigilante de seguridad,

según los protocolos establecidos al amparo del Real Decreto 2487/1998, de 20 de

noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener

y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada’ dictado por el Ministerio del

Interior. Con el presente escrito le ponemos a su disposición un cheque bancario contra el

Banco Guipuzcoano núm. de serie 36890641 por importe de 13.044,72 euros, cantidad que

corresponde a la indemnización que resulta de aplicar el cálculo de 20 días de salario por

año de servicio con el tope de 12 mensualidades y otro contra la misma entidad y núm. de

serie 36890652 por importe de 1.010,97 euros correspondiente al preaviso de 30 días y que

no se le da”.

IV.-El actor presenta dicha causa de ineptitud.

V.-La carta de despido cumplió los requisitos económicos del despido objetivo en la forma

expuesta en su tenor literal.

VI.-A día 30 de abril de 2003, el actor interpuso papeleta de conciliación.

VII.-Dicho acto se celebró a las 10.03 horas del día 23 de mayo de 2003, con el resultado

de sin avenencia, por oposición de la empresa”.

En la citada sentencia se han declarado probados los siguientes hechos:

TERCERO

de D. J.E., dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

sentencia con fecha 3 de febrero de 2004, en la que consta la siguiente parte dispositiva:

“Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por D. J.E. contra la sentencia del

Juzgado de lo Social núm. 28 de los de Barcelona, dictada el 14 de julio de 2003 en los

autos núm. 416/2003, seguidos contra S.S.E., SA, debemos revocar y revocamos la misma,

y estimando la demanda inicial, debemos declarar y declaramos la nulidad del despido de

15 de abril de 2003, condenando a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador en

las mismas condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios dejados de percibir

desde dicha fecha, debiendo reintegrar el trabajador la indemnización percibida en su caso”.

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la representación procesal

CUARTO

de casación para la unificación de doctrina, en el que:

I.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo

Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 18 de marzo de 2003.

II.- Se alega la infracción de los artículos 52 a) y 53.1 a) del Estatuto de los Trabajadores.

El letrado D. I.R.D.B., mediante escrito de 19 de abril de 2004, formuló recurso

QUINTO

habiéndose impugnado, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó escrito

en el sentido de considerar Improcedente el recurso. E instruido el Excmo. Sr. Magistrado

Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 14 de

julio de 2004, en el que tuvo lugar.

Por providencia de esta Sala, se procedió a admitir a trámite el citado recurso, y

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

demandante por causa objetiva de ineptitud sobrevenida, según lo dispuesto en el artículo

52-a) del Estatuto de los Trabajadores, mediante comunicación escrita en la que le hacía

saber que, tras haber agotado el período máximo de incapacidad temporal y serle denegada

la invalidez permanente, se solicitó al Servicio de Vigilancia de la Salud de Mutua

Universal la realización de reconocimiento médico y emisión de dictamen sobre aptitud del

demandante para desempeñar las funciones propias de su profesión, cuyo Servicio

determinó que “no era apto para el desarrollo de las funciones de vigilante de seguridad,

según los protocolos establecidos al amparo del real Decreto 2487/1998, de 20 de

noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener

y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada”.

2. La sentencia dictada en el recurso de suplicación que interpuso el demandante por la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 3 de febrero de 2004,

revocó la de instancia, que había declarado procedente el despido objetivo, y declaró su

nulidad por aplicación de los apartados 1-a) y 4 del artículo 53 del Estatuto de los

Trabajadores, debido a que no se comunicó al trabajador la patología que tuvo en cuenta la

empresa para adoptar su decisión ni cuál fuese la razón por la que su dolencia, afectante a

una rodilla, fuese tenida como impedimento para el desempeño profesional, ya que no basta

para ello la mera referencia genérica a un Real Decreto que regula la totalidad de las

aptitudes físicas, psíquicas y sensoriales requeridas para poder realizar tales servicios y

obtener la licencia para el uso de armas, así como los centros autorizados para practicar los

reconocimientos y valorar la aptitud. La fundamentación jurídica hace constar

adicionalmente que en el juicio fueron aportados dos informes médicos de la Mutua

aseguradora, uno de ellos por el propio demandante, el primero de los cuales contiene el

diagnóstico de “deambulación muy discretamente inestable, no dolorosa, flexión rodilla

derecha limitada a los últimos grados y crepitantes en flexo-extensión rodilla derecha”,

describiéndose en el segundo informe las lesiones como “rigidez femoso-tibial (flexión

limitada a 90º)”, añadiendo la valoración de “no apto para vigilante”. Expresamente quedó

sin resolver, por considerarlo innecesario, otro motivo de suplicación atinente a la

inexistencia de la ineptitud profesional determinante de la decisión empresarial extintiva.

1.- La empresa demandada acordó la extinción del contrato de trabajo del

SEGUNDO

empresa demandada se invoca la contradicción de la sentencia impugnada con la que dictó

la misma Sala el 18 de marzo de 2003, confirmatoria de la de instancia que había declarado

procedente la extinción contractual objetiva por ineptitud sobrevenida de otro vigilante de

seguridad de la misma empresa al que, tras incapacidad temporal derivada de accidente de

trabajo, le fue denegada la invalidez permanente, habiendo recabado también la empresa

reconocimiento e informe del Servicio de Vigilancia de Salud de la Mutua Universal,

emitido en el sentido de considerar no apto al trabajador para seguir desempeñando su

referida profesión, sin describir las dolencias, lo que fue trasladado al actor en la

comunicación extintiva que le dirigió la empresa.

2. La fundamentación jurídica de esta sentencia de contraste considera que la referida

comunicación no podía contener una descripción del diagnóstico médico, aunque hubiera

sido conocido por la empresa, por cuanto tal expresión vulneraría el derecho a la intimidad

del trabajador, impuesto en esta materia por el artículo 22 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales en relación con el artículo 18 de la Constitución, afirmando además la

suficiencia de la comunicación de la causa del cese por entender “que el demandante ha

sabido desde el inicio de su reincorporación a la empresa después de la resolución del

INSS, en la cual no reconoce ningún grado de incapacidad, que las lesiones determinantes

de la ineptitud sobrevenida son las derivadas del accidente, de manera que la falta de

referencia concreta no le produce ninguna indefensión grave, pues él mismo es consciente

de su limitación desde el primer momento, tal como consta en el segundo hecho probado”.

En dicho apartado segundo del relato de los hechos probados se hace constar que el

trabajador interpuso reclamación previa contra la resolución administrativa denegatoria de

la invalidez permanente, basándose en un déficit de movilidad del hombro derecho de un

28,4% y en la rotación externa del brazo derecho por haber perdido un 41% de movilidad,

cuyas limitaciones consideraba inhabilitantes para el desempeño de las tareas

fundamentales de su profesión.

3. La parte recurrente ha cumplido el requisito casacional de fundar el recurso no sólo en la

contradicción alegada, sino también en la razonada infracción de los preceptos legales que

cita (artículos 52.a y 53.1a del Estatuto de los Trabajadores, con adicional referencia a los

rectores del derecho a la intimidad, que son los citados por la sentencia invocada como

opuesta a la recurrida), tal como exige el artículo 222, en relación con el 205-e, de la Ley

de Procedimiento Laboral.

1.- En el recurso de casación para la unificación de doctrina que interpone la

TERCERO.-

identidad sustancial de las situaciones de hecho contempladas por las sentencias objeto de

confrontación, requerida por el artículo 217 de la citada Ley procesal como elemento

justificativo de la unificación de los pronunciamientos judiciales divergentes a través de

este especial recurso de casación. Los datos esenciales de ambos supuestos son susceptibles

de descripción en términos prácticamente idénticos. Se trata, de sendos vigilantes de

seguridad, empleados de la misma empresa dedicada a la actividad propia de tal profesión

que, tras haber agotado el período de incapacidad temporal sin haber obtenido la

calificación de invalidez permanente, fueron remitidos por la empresa a reconocimiento

médico en el servicio de vigilancia de salud laboral previsto en la normativa sobre

prevención de riesgos laborales, cuyo servicio emitió dictamen de falta de aptitud para el

desempeño profesional con arreglo a la norma reglamentaria que establece las condiciones

de aptitud psicofísica para el uso de armas y prestar servicios de seguridad privada, lo que

fue comunicado por la empresa a los respectivos trabajadores demandantes al efecto de la

extinción de sus contratos de trabajo por causa objetiva de ineptitud sobrevenida, sin relatar

las deficiencias físicas apreciadas por el servicio de vigilancia de salud laboral ni

especificar el apartado de la aludida norma reglamentaria que se hubiera considerado

aplicable.

Se ha controvertido en los dos procesos la suficiencia o insuficiencia de tal comunicación

en cuanto a las causas concretas de la ineptitud determinante de la decisión empresarial y la

derivada procedencia de haber acudido el trabajador a otros medios para su cabal

conocimiento, habida cuenta de la reserva sobre los datos de salud que dimana del derecho

fundamental a la intimidad personal. Tal es la cuestión a la que se circunscribe el presente

recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que la sentencia impugnada en el

mismo niega que haya sido cumplido el requisito de expresar la causa de la extinción

contractual objetiva en la comunicación escrita dirigida al trabajador, infringiéndose el

artículo 53.1-a) del Estatuto de los Trabajadores con efecto de indefensión no amparado por

el derecho a la intimidad, declarando por ello nula la decisión empresarial, como se dijo,

mientras que la sentencia de contraste ha entendido que el derecho fundamental del

trabajador a su intimidad obsta a que la empresa pueda conocer los datos de salud

apreciados en el reconocimiento médico, por lo que la comunicación escrita de cese ha

cumplido el requisito legal expuesto hasta donde lo permite el ordenamiento jurídico.

Se añade en esta sentencia invocada para su confrontación con la recurrida que el trabajador

ya conocía la descripción de sus deficiencias físicas en virtud de la resolución

administrativa que le denegó la invalidez permanente, e incluso había alegado su

incompatibilidad con el desempeño profesional al impugnar dicha resolución en el

expediente de invalidez. Sin embargo, tales diferencias entre los supuestos contemplados en

las sentencias objeto de confrontación carecen de relevancia al efecto de la referida

cuestión planteada para su unificación doctrinal en casación porque, aparte de que también

el trabajador demandante en el presente proceso era necesariamente conocedor de sus

lesiones, lo que se enjuicia en la ineptitud sobrevenida no son las deficiencias físicas

descritas en la resolución administrativa de invalidez ni las que pudiera haber admitido el

propio trabajador, sino las que a criterio de la empresa permiten fundar su decisión

extintiva, tal como certeramente ha informado el Ministerio Fiscal, pues así resulta de la

acotación del objeto de la controversia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105.2, en

relación con el 120, de la Ley de Procedimiento Laboral. Consecuentemente, ha de

afirmarse la existencia de contradicción doctrinal con cuantos requisitos determinan la

admisión del recurso según el citado artículo 217 de dicha Ley.

La cuestión que ha de obtener análisis prioritario es la existencia, o no, de la

CUARTO.-

Riesgos Laborales, impone al empresario la obligación de vigilar periódicamente el estado

de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo, excluyéndose la

necesidad de que el trabajador afectado preste su consentimiento cuando, entre otros

supuestos y previo informe de los representantes de los trabajadores, la realización del

reconocimiento sea imprescidible para verificar si el estado de salud del trabajador puede

constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas

relacionadas con la empresa. Por otra parte, los servicios de prevención de riesgos

laborales, que incluyen la vigilancia de la salud de los trabajadores, deben ser concertados

con entidades especializadas cuando la empresa no disponga de medios suficientes,

pudiendo actuar como tales entidades las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, según los artículos 31 y 32 de la citada Ley, desarrollada en esta concreta

materia por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y específicamente por el artículo 20

del mismo a los efectos de que aquí se trata.

De dichas normas se infiere la idoneidad del medio al que acudió la empresa para constatar

si el trabajador conservaba, o no, la aptitud necesaria para su desempeño profesional, sin

que pueda considerarse preceptivo remitir al trabajador a su reconocimiento en los centros

autorizados para practicar las pruebas de aptitud para el uso de armas y para desempeñar las

funciones de vigilancia de seguridad privada, a los que alude al artículo 6 del Real Decreto

2487/1998, de 20 de noviembre, frente a lo que viene a indicar la sentencia recurrida.

Precisamente al contrario, no sólo carece la empresa de la facultad de promover la

actuación de tales centros, sino que la obligación empresarial consiste en cumplir las

normas expuestas sobre reconocimientos de salud de los trabajadores para la prevención de

riesgos laborales.

2. Los apartados 2 al 4 del citado artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

establecen que las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se lleven a

cabo respetando el derecho a la intimidad del trabajador y “la confidencialidad de toda la

información relacionada con su estado de salud”, a la que sólo tienen acceso el personal

médico y las autoridades sanitarias competentes, debiendo ser comunicados al trabajador

los “resultados” de los reconocimientos, pero no así al empresario, que únicamente será

informado “de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en

relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo...”.

Así pues, la empresa no pudo legalmente conocer, ni por ello relatar en la comunicación

extintiva que dirigió al trabajador, los defectos físicos apreciados en el reconocimiento de

salud cuya preceptiva realización ha sido razonada. La cuestión a resolver es, entonces, la

compatibilidad entre las limitaciones impuestas a tal comunicación como consecuencia del

derecho fundamental del trabajador a su intimidad y el derecho, también fundamental, del

mismo a la oportunidad de defensa frente a la decisión empresarial, por ello necesariamente

expresiva de sus causas (artículo 53.1-a del Estatuto de los Trabajadores, citado).

3. La colisión que así viene a producirse entre lo dos referidos derechos fundamentales del

trabajador, que la empresa ha de respetar, no puede resolverse prescindiendo de la

terminante reserva de toda la información médica que impone la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales, como hace la sentencia recurrida. Tal vez esta Ley pudo haber regulado

tal reserva con criterio más flexible, puesto que no todos los datos de salud afectan de igual

modo a la intimidad personal. La protección civil de este derecho, junto a la del honor y la

propia imagen, queda delimitada “por los usos sociales, atendiendo al ámbito que, por sus

propios actos, mantenga cada persona reservado”, según la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de

mayo. Semejante criterio de proporcionalidad sería también seguramente adoptable en el

enjuiciamiento del delito de revelación de secretos que, dentro del título dedicado a los

delitos contra la intimidad y otros, tipifica el artículo 199 del Código Penal. Pero todo este

análisis es atinente al puro ámbito de “

resultantes de los reconocimientos de salud practicados con arreglo a lo dispuesto en la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales, ya que su expuesta literalidad terminante en la materia

no permite al operador jurídico otra opción distinta de la de su estricto cumplimiento.

4. El derecho a la oportunidad de defensa del trabajador frente a la decisión extintiva del

contrato de trabajo no puede considerarse gravemente afectado en el presente caso por la

ineludible limitación de su expresión causal, ya que, al haberle hecho saber que tal decisión

venía determinada por el dictamen del Servicio de Vigilancia de Salud de la Mutua de

Accidentes de Trabajo consecuente al reconocimiento médico practicado en virtud de lo

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador pudo recabar de

dicho servicio la comunicación del “resultado” del reconocimiento, cuyo derecho le viene

conferido por el artículo 22.3 de dicha Ley. La fundamentación jurídica de la sentencia

recurrida permite deducir que hizo uso de tal derecho, puesto que hace constar que aportó

un informe médico de la Mutua aseguradora.

1.- El artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención delege ferenda” en cuanto referido a los datos

QUINTO

cuanto a su único objetivo casacional de unificación de doctrina, atinente a la suficiencia de

la comunicación empresarial de extinción del contrato por causa objetiva de ineptitud

sobrevenida, conforme al artículo 53.1-a) del Estatuto de los Trabajadores, sin que haya

lugar a la nulidad de tal decisión declarada en la sentencia recurrida por aplicación del

apartado 4 del mismo artículo, siendo procedente adoptar cuantas decisiones previene el

artículo 226.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

No obstante, la estimación del presente recurso de casación no puede conducir a desestimar

íntegramente el de suplicación, porque la resolución del debate planteado en el mismo,

como impone el citado precepto procesal, requiere la de otro motivo subsidiario del que ha

sido resuelto, consistente en la inexistencia de la causa de ineptitud en que se fundó la

decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo, que expresamente dejó sin analizar

ni resolver la sentencia recurrida, al haber estimado el motivo de suplicación que ha sido

objeto único del recurso de casación. Habrá de ser acordada, por lo tanto, la procedencia de

que se dicte nueva sentencia de suplicación en la que se resuelva el indicado motivo de

dicho recurso.

Por lo expuesto, en nombre de SM El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo

español.

La conclusión de cuanto ha sido razonado ha de ser la estimación del recurso en

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa

demandada S.S.E., SA contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña con fecha 3 de febrero de 2004, en el recurso de

suplicación que interpuso el demandante D. J.E. contra la sentencia de instancia

desestimatoria de su demanda sobre extinción del contrato de trabajo por causa objetiva de

ineptitud sobrevenida dictada por el Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona con fecha

14 de julio de 2003. Casamos y anulamos aquella sentencia de la Sala de lo Social recurrida

en casación para la unificación de doctrina y, en su lugar, resolvemos la controversia

planteada en el motivo de suplicación que ha sido objeto de este recurso de casación en el

sentido de declarar la validez de la comunicación empresarial de la extinción del contrato

de trabajo y no haber lugar a declarar nula por tal causa la decisión de la empresa.

Acordamos la devolución de lo actuado a la Sala de lo Social de procedencia a fin de que

dicte nueva sentencia en la que, teniendo por resuelta en el indicado sentido dicha cuestión,

resuelva el recurso de suplicación en cuanto al motivo que no ha sido resuelto, sobre

pretendida inexistencia de la ineptitud sobrevenida determinante de la extinción contractual

por tal causa objetiva acordada por la empresa demandada.

Devuélvase a la parte recurrente el depósito constituido para interponer el recurso. Sin

costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Órgano Jurisdiccional

correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo

pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.

por el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Sánchez-Pego Fernández hallándose

celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como

Secretario de la misma, certifico.

-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia


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Sentencia sobre la baja temporal

en vacaciones

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores regula las vacaciones anuales,
estableciendo, en esencia, los siguientes puntos:
 
a) que no serán inferior a treinta días naturales, retribuidas y no sustituibles
de cambiar por compensación económica,
b) que el periodo de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario
y el trabajador, y
c) que si la empresa fija un calendario el trabajador conocerá las fechas que
le correspondan al menos dos meses antes.
 
Por otra parte, también se determina que si las vacaciones coinciden con una incapacidad temporal causada por embarazo, parto o lactancia natural, o con una suspensión del contrato de trabajo, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. Sin embargo, cuando las vacaciones coinciden con una baja
por enfermedad común, existen dudas porque se han producido sentencias judiciales de distinto signo
.
Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo, en concreto la Sala General de lo Social, zanja esta cuestión en un sentencia que unifica la doctrina sobre este controvertido tema. El caso analizado se refiere a una reclamación presentada por dos trabajadores de unos grandes almacenes que estuvieron de baja por incapacidad temporal durante seis meses uno y un año el otro. Cuando se reincorporaron al trabajo, ambos pidieron disfrutar las vacaciones perdidas pero la empresa denegó la solicitud. Los empleados ganaron el juicio en primera instancia, el Tribunal Superior de Madrid dio luego la razón a la empresa y ahora el Supremo confirma este último fallo.
Considera el Supremo que cuando se produce incapacidad temporal por enfermedad común, accidente o lesión derivada de riesgo profesional, las vacaciones coincidentes con la baja no se pueden disfrutar después. Argumenta el fallo que lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores no prevé  “si la incapacidad temporal que acaece y que persiste en días coincidentes
con el periodo acordado de vacaciones da derecho al señalamiento de un nuevo periodo de disfrute”  pues de hecho la ley sólo regula la baja maternal. Y añade  “que, a diferencia de lo que sucede con el supuesto singular de la maternidad, una enfermedad o accidente concurrentes o sobrevenidos en el periodo de vacaciones no alteran el estado de ‘inacción o total omisión
de actividad’ que caracterizan a este último, ni desvirtúan normalmente el efecto de reparación de la fatiga producida por el trabajo prolongado”. Y esta doctrina será válida a pesar de que, como dice la sentencia, “por convenio se procure a veces compensar el tiempo coincidente de incapacidad temporal si ésta ha venido acompañada de hospitalización”
.
 

Publicado por tuasesor @ 2:05
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Una sentencia reconoce que los trabajadores no pierden sus vacaciones aunque coincidan con un permiso de paternidad

 

Una sentencia del Juzgado de lo Social de La Rioja reconoce que los trabajadores con permiso por paternidad no perderán su derecho a vacaciones si ambos periodos coinciden. De este modo, según informó hoy UGT, el fallo judicial reconoce a un trabajador riojano este derecho después de disfrutar el permiso.

El sindicato apunta que "hasta 2004, una trabajadora con permiso de maternidad perdía el derecho al disfrute de sus vacaciones anuales si coincidían con la maternidad y el convenio colectivo no reconocía el derecho al disfrute de las mismas en un periodo distinto al establecido en el calendario anual de vacaciones, como ocurre con la incapacidad temporal por enfermedad o accidente".

Esta situación, señala el sindicato, fue modificada en el año 2004 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que reconoció que las trabajadoras podrían disfrutar de sus vacaciones en un periodo distinto de su permiso de maternidad, "lo que supone que, en el caso de coincidencia, se pueden modificar las fechas".

Los tribunales de Justicia españoles ya han comenzado a dictar sentencias en este sentido, "pero restaba la respuesta a los supuestos el que fuera un trabajador el que tuviera reconocido el permiso por paternidad".

Pero el Juzgado de lo Social número 1 de La Rioja, en una sentencia de 6 de febrero pasado, en respuesta a una reclamación interpuesta por UGT, "equipara el permiso por paternidad a la maternidad respecto al derecho de que el trabajador, en caso de coincidencia de las vacaciones, se le reconozca su derecho a disfrutarlas en un periodo posterior".

En este caso, el trabajador inició el permiso por paternidad en junio de 2005, coincidiendo en parte los meses de julio y agosto con las vacaciones de su empresa, que cerraba por estas fechas. Al reincorporarse a su puesto, solicitó sus correspondientes vacaciones, que fueron denegadas, al entender la empresa que el trabajador había perdido su derecho.

Ante esta negativa, el trabajador reclamó ante los tribunales "que han reconocido el derecho que le asiste a sus vacaciones anuales y, dado que ha finalizado el año, a que disfrute de ellas en este año 2006; el Juzgado indica, además, que, contra esta sentencia no cabe recurso alguno".

"La sentencia reconoce, en consecuencia, el permiso de paternidad al cual tiene derecho el trabajador al que la madre le haya cedido el permiso o pueda compartirlo, en su caso, por un periodo de 10 semanas a disfrutar de sus vacaciones anuales con independencia de su derecho al permiso de paternidad, sin que exista diferencia jurídica, en este ámbito, al permiso de maternidad",


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S?bado, 28 de junio de 2008
El absentismo laboral en España supera la media europea

El absentismo laboral ha pasado del 3 al 6 por ciento de media del total de los empleados en España, incremento notablemente superior al registrado en Europa, que se sitúa en el 4,6 por ciento, según la empresa de gestión de recursos humanos Adecco.

Este es uno de los datos aportados en una jornada organizada por Adecco sobre El control del absentismo y la rotación, en el que también se puso de relieve que, actualmente, el absentismo en España oscila entre un 3 y un 12 por ciento.

Así, en Andalucía se sitúa en máximos y en Bilbao en mínimos, según Adecco.

Ese desfase de España con respecto a Europa se justifica, entre otras cosas, por las dificultades que atraviesan las empresas españolas para retener a los profesionales jóvenes.

Otra causa, señala Adecco, es la tendencia al aumento de la duración de las jornadas laborales, que en muchas ocasiones produce una disminución de la productividad individual.

Si bien los trabajadores que se ausentan del trabajo alegan motivos físicos -estrés, ansiedad, problemas musculares, jaquecas, dolencias cardiacas, gripes o catarros- la causa real por la que faltan es la insatisfacción laboral, porque no pueden conciliar la vida laboral y familiar, por falta de flexibilidad horaria o ausencia de motivación en el entorno del trabajo.

Por esta razón, el absentismo se produce más entre las mujeres de 26 a 35 años o mayores de 55, pues son las que dan más importancia a la conciliación y tienen mayor carga de responsabilidades fuera del entorno laboral.

Para analizar el problema, concluye el informe, es necesario estudiar su origen, ya que además de las causas propias de cada individuo existen factores externos como el síndrome postvacacional, el tamaño de la empresa o el sector en el que se trabaja.

Así, la vuelta a la rutina después de las vacaciones requiere un periodo de adaptación y es frecuente que aparezcan síntomas de desequilibrio físico o emocional que, si persisten, pueden llevar al absentismo.

Las faltas al trabajo también se dan más en las grandes empresas -con más de 1.000 empleados- ya que los trabajadores pueden no sentirse implicados dentro de la organización.

Por sectores, aquellos que requieren perfiles administrativos (servicios, público, seguros) también registran mayor absentismo por el alto grado de actividad burocrática.

En Europa los países más afectados por el absentismo laboral son Francia, Alemania y Bélgica, frente a Italia y Austria, donde la falta de asistencia al trabajo es menor.

Para Adecco, las empresas deben anticiparse al absentismo aplicando programas de trabajo para ofrecer a cada empleado el puesto de trabajo idóneo, para retribuir correctamente en función de la competencia del trabajador o por medio de incentivos como organizar actividades lúdicas fuera del lugar de trabajo.


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El 45 por ciento de los trabajadores cree que las malas condiciones laborales

 son un factor de riesgo en el consumo de drogas

 

El 45 por ciento de los trabajadores considera que las malas condiciones laborales son un factor de riesgo en el consumo de drogas, según los últimos datos oficiales sobre consumo de drogas en el ámbito laboral en Madrid, informó el 26 de junio CC.OO.

Para el sindicato, la drogadicción es un «problema de salud» y como tal «hay que intervenir en las empresas», por lo que reclamaron la derogación del artículo 54.2F, que permite el despido por consumo de drogas.

En este sentido, CC.OO. apeló a los últimos datos oficiales sobre consumo de drogas en el ámbito laboral en Madrid (2006), que reflejan que el 45 por ciento de los trabajadores considera que las malas condiciones de trabajo son un «factor de riesgo clave en el entorno laboral». Para el sindicato, «el lugar de trabajo se convierte en un espacio privilegiado para la prevención, detección e intervención en este ámbito».

Así, y según fuentes del estudio sobre incidencia de las drogas en el ámbito laboral de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid citadas por CC.OO., «prácticamente el 94 por ciento de los trabajadores encuestados consideran que es necesario intervenir en las empresas».

Para el sindicato, la drogodependencia es «un problema de salud tal y como lo reconocen organismos internacionales como la OIT y la OMS, y desde esa perspectiva, el sindicato interviene en la defensa y protección de la salud de los trabajadores»

La secretaria de Política Social e Igualdad de CC.OO. de Madrid, Ana González, declaró que su intervención en esta materia «parte de una concepción preventiva y asistencial». «Es un problema de salud y no caben ni las sanciones ni los despidos», añadió, por lo que exige «la implicación real de los empresarios puesto que son ellos los responsables de la protección de la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo».

Este año el sindicato se ha sumado al Día Internacional contra las Drogas con una campaña de sensibilización con el lema «Porque no son un juego; controla en el trabajo», cuyo objetivo es hacer reflexionar a la población trabajadora y a los representantes sindicales sobre los efectos y consecuencias del uso de drogas legales e ilegales en el ámbito laboral.

Europa Press


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Viernes, 27 de junio de 2008

La condena de ocho meses de cárcel por atentado a la autoridad, la primera a un piquete

 

El Juzgado número 3 de Motril (Granada) condenó a J.M.P.M. a ocho meses de prisión por atentado contra la autoridad en la primera sentencia contra un miembro de un piquete del paro de transportes, informaron a Europa Press fuentes judiciales. Según la sentencia, el condenado propinó un puñetazo en la cara a un agente del Cuerpo Nacional de Policía.

J.M.P.M. participaba en la obstrucción de entrada y salida de camiones cisterna de CLH en Motril y participó en la refriega con la Policía, que intentaba garantizar el tránsito de los vehículos el pasado martes. Al condenado se le han aplicado los artículos 550 y 551 del Código Penal sobre atentado a la autoridad. Asimismo tendrá que pagar una multa de 120 euros e indemnizar al agente con otros 100.

Asimismo, la Fiscalía pide para otro de los camioneros detenidos en Motril, socio de la cooperativa Comotrans, tres años de cárcel también por atentado a la autoridad, después de que éste quedara en libertad con cargos, según informó a Europa Press la defensa del acusado, que considera «exagerada» la pena, ya que «sólo se encontraba regulando el tráfico».

El letrado señaló que su defendido no agredió ni insultó en ningún momento a ningún agente, por lo que considera que la pena solicitada es «una barbaridad». El juicio está previsto que se celebre el próximo 19 de julio, cuando también se juzgará a un nuevo detenido en Motril, un joven acusado de desórdenes públicos, según las fuentes consultadas.

Eruopa Press


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El Juzgado de Cáceres condena a 5 personas por homicidio imprudente en un accidente laboral en Trujillo en 2005

 

La Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) del sindicato UGT Extremadura informó el 16 de junio que el Juzgado de lo Penal Único de Cáceres ha condenado a cinco personas «por homicidio imprudente y por un delito contra los derechos de los trabajadores a un año de prisión y nueve meses por cada uno de los delitos», como consecuencia del accidente mortal que sufrió un empleado de la construcción en Trujillo (Cáceres) en junio de 2005.

Se trata de dos arquitectos, un promotor, un contratista y un subcontratista, según señaló la organización sindical en nota de prensa. «Es una sentencia que demuestra, por fin, que la seguridad en las obras de construcción no se puede tomar a broma y mucho menos la vida de los trabajadores», explicó.

La sentencia, que fue facilitada por el sindicato y dictada el pasado día 6, significa para MCA-UGT un fallo «ejemplar» ante un accidente laboral en el sector de la construcción. «Pone a cada uno en su lugar, determinando sus responsabilidades y poniendo el dedo en la llaga de las graves carencias preventivas que sufren los trabajadores en las obras», agregó.

MCA-UGT manifestó además el «desinterés» y la «falta de responsabilidad de los que tienen como primera obligación legal de proteger la vida de sus empleados». «En esta sentencia hay muchos responsables y una sola víctima», dijo, y se refirió al trabajador que perdió la vida «por no contar con los medios de protección necesarios».

«Queda reflejada en esta sentencia lo que venimos manifestando desde MCA-UGT Extremadura de forma permanente, que existe una prevención formal (sobre el papel)», indicó.

Por ello, insistió en que «aparece como determinante la falta absoluta de medidas de protección, tanto colectivas como individuales y lo inadecuado de los medios auxiliares utilizados».

«Como conclusión decimos desde MCA-UGT Extremadura que es fundamental que exista una planificación preventiva real, ajustada a cada obra en concreto, que deben existir los equipos de protección tanto individual como colectivos adecuados a los trabajos que se realizan», añadió.

CALOR COMO FACTOR DE RIESGO.

La federación también apuntó en su nota que «debe organizarse el trabajo de una forma segura, teniendo en cuenta todos los riesgos, incluyendo, como no puede ser de otra forma el estrés térmico y los golpes de calor».

Consideró que la inspección de trabajo debe jugar un papel fundamental a la hora de reprimir conductas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores y que los responsables de estos accidentes deben «pagar las consecuencias de esa falta de preocupación» por realizar los trabajos de forma segura.

«Esta vía penal dará más resultados que los planes que hasta ahora se han firmado en nuestra comunidad para prevenir los accidentes laborales», apostilló.

A su juicio, el calor es un elemento que se debe tener en cuenta a la hora de planificar la actividad productiva, por lo que, en su opinión, debería estar recogido como factor de riesgo en el Plan de Seguridad y Salud «de la misma forma que desde el Convenio Colectivo del sector se ha recogido una reducción de jornada para evitar lo más posible el riesgo de golpe de calor y estrés térmico durante los meses de julio y agosto».

Con esto, añadió, «se hace patente que ha sido fundamental la intervención de la Inspección de Trabajo para determinar y delimitar las responsabilidades de cada uno de los actores de estos tristes hechos».

Europa Press


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Jueves, 26 de junio de 2008

La Seguridad Social logró un superávit de 14.685 millones de euros hasta mayo, un 9 por ciento más

 

La Seguridad Social obtuvo un superávit de 14.685,86 millones de euros en los cinco primeros meses de 2008, un 9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el superávit ascendió a 13.466,81 millones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 51.508,5 millones de euros, un 8,5 por ciento más, y de unos pagos que sumaron 36.822,6 millones de euros, un 8,3 por ciento más que en el periodo enero-mayo de 2007.

No obstante, el Ministerio precisó que no se han imputado presupuestariamente todos los gastos previstos, por importe aproximado de 1.400 millones de euros, de forma que el incremento registrado en el superávit del sistema se verá compensado en los próximos meses.

El 90,5 por ciento de los ingresos correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes a la Seguridad Social, y el 9,4 por ciento restante a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por su parte, el 93,2 por ciento de los pagos fue realizado por las entidades gestoras y el 6,8 por ciento, por las mutuas.

LOS INGRESOS POR COTIZACIONES SUBEN UN 7,2 por ciento.

Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron entre enero y mayo un total de 44.987,5 millones de euros, un 7,2 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen General, el más numeroso del sistema, con un montante de 32.834,3 millones de euros, un 7,6 por ciento más. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se recaudaron 4.470 millones (+9,9 por ciento), mientras que los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 444,9 millones de euros, con un descenso del 22,8 por ciento respecto a los cinco primeros meses de 2007.

El Régimen Especial de Empleados de Hogar aportó 201 millones en cotizaciones, un 4,4 por ciento menos, el del Mar recaudó 123,7 millones de euros (+3,9 por ciento) y el del Carbón ingresó 81,2 millones de euros (+2,4 por ciento). Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se recaudaron 3.485,3 millones de euros (+5 por ciento) y por cuotas de desempleados, 3.347 millones de euros (+8,5 por ciento).

En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este año por cotizaciones sociales un total de 104.615,49 millones de euros. De esta forma, los recaudado hasta mayo representaba el 43 por ciento de lo previsto para todo el ejercicio.

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 4.852,3 millones de euros hasta mayo, lo que representa un incremento interanual del 17,2 por ciento, debido principalmente al aumento de las transferencias recibidas del Estado, que ascendieron a 3.403,9 millones de euros en los cinco primeros meses del ejercicio.

Asimismo, los ingresos patrimoniales lograron una subida interanual del 31,3 por ciento, hasta alcanzar los 1.158,09 millones de euros, como consecuencia del incremento de los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

MÁS DE 32.600 MILLONES PARA PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 33.989,1 millones de euros en los cinco primeros meses, representando el 92,3 por ciento del gasto realizado en el sistema de Seguridad Social.

Del montante total, la mayor partida, 32.687,2 millones de euros, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 8,3 por ciento. Sólo en el mes de mayo el gasto por este concepto sumó 6.807,3 millones de euros.

Dentro del sistema contributivo, se destinaron 29.872 millones de euros al pago de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), lo que supone un 7,8 por ciento más. El gasto en incapacidad temporal fue de 1.744,6 millones de euros, con un repunte interanual del 5,9 por ciento.

Por su parte, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo crecieron en el periodo enero-mayo un 36,2 por ciento, hasta situarse en 839,2 millones de euros.

A finales de mayo, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 1.301,9 millones de euros, con un crecimiento interanual del 7,9 por ciento.

Europa Press


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El TSJ de Castilla y León obliga a la Seguridad Social a respetar el periodo de cotización de un inmigrante que pierde el permiso de residencia

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una sentencia por la que se obliga a respetar el periodo de cotización de un inmigrante, aunque este no tenga permiso de trabajo vigente.

Según ha informado la UGT, la sentencia responde al caso de un inmigrante que tras perder su permiso de trabajo y ser despedido por la empresa le fue suspendida la cotización que tenía hasta ese momento por tener denegado su permiso de residencia.

Esta decisión fue ratificada por la administración central de la Seguridad Social y por una sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso de Burgos que fue recurrida por la asesoría jurídica de la UGT ante el Tribunal Superior.

La sentencia del Alto Tribunal de la región precisa que «el periodo trabajado sea considerado como asimilado al alta, integrándose en este listado el derecho a la permanencia de alta en la Seguridad Social».

Según la UGT esta sentencia, «viene a corregir una práctica injusta y no conforme a derecho que venía repitiendo la Administración y que consiste en dar de baja el periodo previamente cotizado por el trabajador inmigrante cuando conocía que había perdido el permiso de residencia».

Según Gustavo Adolfo Pietropaolo, letrado de la UGT, con esta sentencia «se consolida el derecho a la Seguridad Social y al reconocimiento como periodo de alta al tiempo trabajado, independientemente de la situación regular o no del trabajador inmigrante».

Para este letrado, la sentencia señala también que es «incoherente» reconocer otras prestaciones a las personas irregulares, como salarios, despidos o desempleo, y no reconocer el periodo de alta por el mero hecho de perder el permiso de residencia».
EFE


Publicado por tuasesor @ 16:16
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Un juez obliga al Ayuntamiento de Cuenca a readmitir a una empleada despedida por motivos políticos

El Juzgado de lo Social de Cuenca ha condenado al Ayuntamiento de la capital a readmitir a una trabajadora a la que no se renovó el contrato, al entender que fue un despido nulo porque la medida se adoptó por su ideología política, lo que supone una vulneración de derechos fundamentales.

La sentencia, que ha sido dada a conocer por responsables de CCOO de Cuenca, declara nulo el despido de la trabajadora por «la existencia de vulneración del derecho fundamental a la igualdad y del derecho fundamental de libertad ideológica» por parte del Ayuntamiento conquense.

El juez ha entendido que «el motivo del despido de la trabajadora es el vínculo conyugal con un cargo político del Partido Socialista, y que ésa es la única razón y la causa que ha movido a la corporación», ha explicado el responsable de la asesoría jurídica de CCOO de Cuenca, Ladislao Crespo.

En este sentido, en los fundamentos de derecho de la sentencia se indica que «asumiendo como veraz la alegación de que la extinción laboral que a ambas partes unía ha tenido como único motivo el desvincularse contractualmente de la actora, por su ideología política, contraria a la del Ayuntamiento demandado, no queda sino calificar dicha extinción como un despido nulo».

La sentencia condena al Ayuntamiento «a que readmita inmediatamente» a la trabajadora en el puesto de trabajo que desempeñaba y a que le abone 12.000 euros de indemnización «por los daños morales causados».

Crespo ha destacado la «enorme trascendencia que tiene una sentencia de este tipo por su contenido», porque viene a decir que no había ninguna causa que justificara el despido.

También ha calificado como «tremendamente significativo e importante» que en la propia sentencia se recuerde que el Ayuntamiento «debe velar y ser la máxima garantía de los derechos fundamentales».

Según Crespo, «el hecho de que se haya condenado al Ayuntamiento de Cuenca en estos términos debe mover a la reflexión, porque da seguridad a cualquier trabajador con independencia de su adscripción ideológica, sobre todo cuando se producen situaciones de cambio en los equipos de gobierno».

Esta sentencia permite que «cualquier trabajador debe estar plenamente tranquilo, en el sentido de que el hecho de que varíe quien gobierne el Ayuntamiento no va a tener ninguna consecuencia si es conocida su determinada posición política», ha añadido.
EFE


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Despedir a un empleado impedido no es discriminatorio

El despido del empleado que se encuentra impedido para realizar el trabajo no es discriminatorio. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que da una nueva vuelta de tuerca a la doctrina sobre la discriminación en el ámbito laboral.

26-06-2008 - El tribunal ha estudiado la petición de amparo de un trabajador del sector de la construcción que fue despedido por padecer una lesión en las vértebras cervicales, lo que le imposibilitaba desempeñar su trabajo con normalidad. Con motivo de esta enfermedad, el empleado se dio de baja en repetidas ocasiones.

La empresa decidió despedirle y trató de que su despido fuera declarado nulo. Después de ser despedido acudió a los tribunales ordinarios, que desestimaron su petición. Por ello, acudió al Constitucional solicitando amparo por la “vulneración de su derecho a la igualdad y a la no discriminación por causa de enfermedad temporal, así como el derecho a la integridad física y moral”.

El Tribunal Constitucional deniega el amparo y aborda un supuesto diferente a otros que ha estudiado anteriormente porque “se cuestiona la posible discriminación por causa de un factor no listado en el precepto constitucional, el estado de salud del trabajador; en concreto, la existencia de una enfermedad crónica que se discute si resulta o no incapacitante para la actividad profesional del trabajador”.

Según explica la sentencia, puede existir una decisión discriminatoria del empresario “cuando el factor enfermedad sea tomado en consideración como un elemento de segregación basado en la mera existencia de la enfermedad o en la estigmatización como persona enferma de quien la padece”. Sin embargo, precisa, “no es éste el supuesto analizado”.

No excluyente

El motivo es que “la empresa no ha despedido al trabajador por estar enfermo, ni por un perjuicio excluyente relacionado con su enfermedad, sino por considerar que dicha enfermedad le incapacita para desarrollar su trabajo”. Para el Tribunal Constitucional, una decisión de este tipo “podrá conceptuarse legalmente como procedente o improcedente, pero no constituye en sí misma una decisión discriminatoria”.

No obstante, el fallo ha contado con un voto particular, emitido por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata. Este voto considera que “existen enfermedades crónicas –que no alcanzan el grado de una discapacidad– que generan acciones discriminatorias y que es necesario considerar prohibidas”.

Disfrute de lactancia para el juez

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad conceder al juez Jesús de Jesús el permiso sustitutivo de lactancia por un período de cuatro semanas. Aunque en un primer momento fue denegado, al entender que el permiso está previsto solamente para la “funcionaria”, ahora lo ha admitido.

El juez entendía que la ley establecía que cuando “este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores” no se refiere sólo al de la funcionaria a ausentarse una hora del trabajo por lactancia, sino también a la posibilidad de acumular ese tiempo en jornadas completas.

Estos razonamientos han sido recogidos en el informe del vocal Javier Laorden, que también ha recordado que el pasado 28 de mayo ya se adoptó una decisión similar, al conceder la ampliación del permiso de paternidad y el permiso de lactancia retribuido en jornadas completas a otro magistrado.


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Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007

Despido por un Ayuntamiento de un trabajador con sucesivos contratos temporales

La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina se

refiere a la calificación que corresponde a la decisión extintiva del empresario, cuando éste

es una Administración Pública, en supuestos de finalización de la relación de trabajo de

duración determinada, en los que la causa de terminación no se ajusta a las previsiones y

requisitos legales sobre la modalidad temporal de contrato elegida.

Las circunstancias concretas del presente caso, tal como constan en la declaración de

hechos probados, son las siguientes:

a) El actor había suscrito con el Ayuntamiento de Chipiona, sin solución de continuidad,

siete contratos temporales por circunstancias de la producción, iniciándose el primero el 28

de diciembre de 2000 y finalizando el último el 14 de diciembre de 2004, si bien antes

había firmado otros contratos temporales.

b) Se trataba de siete contratos eventuales por circunstancias de la producción

prorrogados para desarrollar las funciones de peón conserje en el Plan de choque del

Municipio de Chipiona.

c) La causa de terminación de la relación contractual alegada ha sido el cumplimiento del

término fijado (14 de diciembre de 2004) en el último contrato.

d) Se ha cesado en el mismo Ayuntamiento de Chipiona por la misma época a 287

trabajadores; no consta cuál ha sido la causa de estas extinciones.

El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado al no apreciar contradicción,

prevaleciendo el parecer de la sentencia impugnada que calificó como improcedente la

decisión extintiva del consistorio ya que no queda acreditado que el cese fuera debido a la

concurrencia de causas técnicas, organizativas o de producción.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Con fecha 18 de marzo de 2005 el Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Jerez de

la Frontera dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

"1.ºDña. Flora, con D.N.I. n°. NUM000, ha prestado sus servicios por cuenta y bajo la

dependencia del Organismo demandado, con antigüedad de 28-12-00, categoría laboral de

"A.S.E. CONSERJE” y un salario mensual prorrateado de 1.264,97 euros ó diario de 42,17

euros. 2.ºDesde el inicio de su relación laboral, las partes han formalizado los siguientes

contratos: Contratos Eventuales por circunstancias de la producción: -De 28-12-00 a 27-

06-01, contrato por obra o servicio determinados, de las Corporaciones Locales, al amparo

de las Bases de colaboración INEM-CORPORACIONES LOCALES, cuyo objeto era "La

realización de la obra o servicios [PLAN DE CHOQUE DEL MUNICIPIO DE CHIPIONA],

para prestar servicios como RECEPCIONISTA con la categoría de PEÓN”. -De 28-06-01 a

27-09-01, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado, acumulación de tareas o

exceso de pedidos, consistentes en PEÓN CONSERJE, aun tratándose de la actividad

normal de la empresa”. -De 28-09-01 a 27-12-0, prórroga de tres meses del contrato

anterior. -De 28-12-01 a 27-03-02, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en PEÓN CONSERJE, aun

tratándose de la actividad normal de la empresa”. -De 28-03-02 a 27-06-02, prórroga de

tres meses del contrato anterior. -De 28-06-02 a 27-09-02, cuyo objeto era "Atender

exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedido consistentes en PEÓN

CONSERJE, aun tratándose de la actividad normal de la empresa”. -De 28-09-02 a 27-12-

02, prórroga de tres meses del contrato anterior. -De 28-12-02 a 27- 03-03, cuyo objeto

era "Atender exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos,

consistentes en A.S.E. CONSERJE, aun tratándose de la actividad normal de la empresa”. -

De 28-03-03 a 27-06-03, prórroga de tres meses del contrato anterior. -De 15-07-03 a

14-09-03, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado, acumulación de tareas o

exceso de pedidos, consistentes en A.S.E. CONSERJE, aun tratándose de la actividad

normal de la empresa”. -De 15-09-03 a 14-12-03, prórroga de tres meses del contrato

anterior. -De 15-12-03 a 14-03-04, cuyo objeto era "Atender exigencias del mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en A.S.E. CONSERJE, aun

tratándose de la actividad normal de la presa”. -De 15-03-04 a 14-06-04, prórroga de tres

meses del contrato anterior. -De 15-06-04 a 14-09-04, cuyo objeto era "Atender

exigencias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en A.S.E.

CONSERJE, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.” -De 15-09-04 a 14-12-

04, prórroga de tres meses del contrato anterior. 3.ºCon fecha 16-11-04, el Ayuntamiento

comunicó a la actora preaviso de extinción de contrato, teniendo efectos la extinción de la

relación laboral con fecha 14-12-04. 4.ºEl numero de funcionarios y trabajadores que

prestan servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Chipiona y el número de trabajadores que

han extinguido su contrato en el periodo de 28-09-04 a 17-01-05 es el siguiente:

Funcionarios de carrera e interinos 123

Laborales fijos e interinos 76

Fijos discontinuos 22

Eventuales 222

Trabajadores que han extinguido su Contrato 287

5.ºLa actora no ostenta, ni ha ostentado en el año anterior al despido, cargo de

representación legal o sindical de los trabajadores. 6.ºCon fecha 15-12-04, la actora

presentó reclamación previa ante el Ayuntamiento, desestimada por Decreto de la Alcaldía

de fecha 05-01-05. 7.ºCon fecha 05-08-04, la actora junto con 74 trabajadores del

Ayuntamiento de Chipiona, con contratos temporales, formularon reclamación previa

solicitando se reconociera su relación laboral como indefinida. 8.ºPresentada demanda por

la actora, fue turnada a este Juzgado y admitida a trámite por Auto de fecha 23-02-05,

cuyo juicio se encuentra señalado para el día 20-04-05”.

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimando íntegramente la

demanda interpuesta por D.ª Marisol (SIC) frente al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

CHIPIONA, en acción de DESPIDO, debo calificar y califico de IMPROCEDENTE el

despido producido, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por la presente

declaración y a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia, opte

entre readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse

el despido o por el abono de una indemnización de SIETE MIL QUINIENTOS

VEINTITRÉS EUROS Y UN CÉNTIMO (7.523,01euros), con abono, en ambos supuestos, de

los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido (14.12.04) hasta

la de notificación de la presente Sentencia, ambos inclusive, a razón de 42,17 euros

diarios.”

Segundo.—La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la recurrente ante la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la cual dictó sentencia en fecha

14 de diciembre de 2005, en la que consta el siguiente fallo: "Con desestimación del

recurso de suplicación interpuesto por Dña. Flora, contra la sentencia dictada el dieciocho

de marzo de dos mil cinco por el Juzgado de lo social n.º 2 de los de Jerez de la Frontera,

recaída en autos sobre despido, promovidos por la recurrente contra el ilustrísimo

Ayuntamiento de Chipiona, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia.”

Tercero.—Por la representación de Dña. Flora se formalizó el presente recurso de casación

para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el

23-03-06, en el que se alega. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la

dictada por la Sala de lo Social del T.S.J. de Castilla-La Mancha de 27 de mayo de 2004.

Cuarto.—Por providencia de esta Sala de fecha 17-10-06 se admitió a trámite el presente

recurso, y no habiéndose personado la parte recurrida no obstante haber sido emplazada

pasa lo actuado al Ministerio Fiscal a fin de que informe en el plazo de diez días sobre la

procedencia o improcedencia del presente recurso.

Quinto.—Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en

el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado

Ponente se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 17-04-

07 fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de

doctrina se refiere a la calificación que corresponde a la decisión extintiva del empresario,

cuando éste es una Administración pública, en supuestos de finalización de la relación

contractual de trabajo de duración determinada, en los que la causa de terminación alegada

no se ajusta a las previsiones y requisitos legales sobre la modalidad temporal de contrato

elegida. Las circunstancias concretas del presente caso, tal como constan en la incombatida

declaración de hechos probados que figura en los antecedentes de esta resolución, son las

siguientes: a) El actor había suscrito con el Ayuntamiento de Chipiona, sin solución de

continuidad, los siete contratos temporales por circunstancias de la producción de los que

da cuenta el ordinal segundo de la citada declaración de hechos probados, iniciándose el

primero el 28 de diciembre de 2000 y finalizando el último el 14 de diciembre de 2004, si

bien antes había firmado otros contratos temporales el último de 4-07-2002 a 3-01-2003;

b) Se trataba de siete contratos eventuales por circunstancias de la producción

prorrogados para desarrollar las funciones de Peón Conserje en el Plan de choque del

Municipio de Chipiona, actividad que según se declara probada era la actividad normal de la

empresa. c) La causa de terminación de la relación contractual alegada ha sido el

cumplimiento del término fijado (14-12-2004) en el último contrato; y d) No consta cuál

haya podido ser la causa de otras extinciones contractuales (entre 28-09-04 a 17-01-05 se

han cesado a 287 trabajadores y se han presentado 74 reclamaciones previas con fecha 5-

08-04 hecho probado 7.º, llevadas a cabo en el mismo Ayuntamiento de Chipiona por la

misma época).

La sentencia recurrida, confirmando en tal sentido la resolución de instancia, ha resuelto

que la calificación que corresponde a la decisión extintiva del Ayuntamiento es la de

despido improcedente. Se basa para ello, en esencia, en que ha quedado acreditado que el

cese de la recurrente no fue debida a causas técnicas económicas, organizativas o de

producción, sino por el fin del contrato temporal, no existiendo pruebas de que el cese por

parte de la empresa obedeciera a una ocultación fraudulenta de causas económicas

inconfesables, tratando de eludir el procedimiento del art. 51 E.T., sin que la falta de

aportación por la actora de ningún elemento de juicio, que frente a la apariencia de que

concurre alguna causa ajena a la propia de los despidos colectivos, obligara a la demandada

a tener que justificar la existencia de unas hipotéticas, y nunca invocadas por la

empleadora, causas económicas para el cese acordado, prueba aquí innecesaria por no

relacionada con los hechos, al no exigir la Ley que tenga que demostrarse de forma plena e

indubitada, que la extinción del nexo contractual lleva consigo necesariamente, la

consecuencia de superar la causa económica o garantizar la viabilidad futura de la empresa,

por lo que los factores a considerar por el Juez no son siempre susceptibles de prueba

propiamente dicha, sino de apreciación de razonabilidad de acuerdo con las reglas y

experiencia reconocidas en la vida económica.

Segundo.—La sentencia aportada para comparación es la dictada por el Tribunal Superior

de Justicia de Castilla la Mancha el 27 de mayo de 2004 (R. 454/04), y resuelve un litigio

en el que la demandante inició la prestación de servicios para la empresa "Eurocen S.A.” el

día 28 de enero de 2002 mediante un contrato eventual por circunstancias de la

producción, pactándose una duración inicial de tres meses, siendo prorrogado a su

vencimiento por tres meses más, hasta el 27 de julio de 2002; el 28 de julio de 2002, es

decir, sin solución de continuidad, las partes suscribieron un nuevo contrato por obra o

servicio determinado cuyo objeto era "la realización de las demás tareas de almacén,

inherentes al puesto según contrato de arrendamiento con Danzas S.A.”, extendiéndose el

contrato de trabajo hasta el fin de la obra o servicio. Una tercera empresa de distribución,

comercialización y venta de productos (Carrefour) contrató con la sociedad Danzas S.A. la

utilización de las naves que esta última posee en la localidad de Alovera y Danzas S.A.

subcontrató a su vez con la demandada Eurocen la realización, en las citadas naves, de los

trabajos de almacenamiento, preparación de los pedidos y carga y descarga de las

mercancías. Carrefour comunicó a Danzas que el 31 de julio de 2003 finalizaría su relación

y esta última empresa notificó a Eurocen que el 30 de junio cesaría la actividad

contemplada en el contrato suscrito entre ambas. Por último, la demandada Eurocen

comunicó al demandante la extinción de la relación laboral con efectos del 30 de junio de

2003, fecha esta en la que se produjo el cese de la totalidad de los trabajadores. La

sentencia de instancia declaró el despido improcedente al no especificarse en el primer

contrato eventual la causa que justificaba la contratación, pronunciamiento contra el que

recurrieron ambas partes, es decir, el trabajador y la empresa Eurocen. La sentencia de la

Sala de Castilla La Mancha de 27 de mayo de 2004 desestimó el recurso de la empleadora y

estimó el del trabajador, declarando nulo su despido en razón a que, como denunciaba el

recurso de suplicación, la empresa demandada había cesado simultáneamente a la totalidad

de los trabajadores, sin haber tramitado la pertinente autorización administrativa ni

observado el preceptivo período de consultas.

Tercero.—La cuestión esencial que se somete a debate en las dos sentencias comparadas,

en sus elementos relevantes, consiste en determinar si cuando una empresa extingue los

contratos de sus trabajadores temporales sin alegar para ello causas económicas, técnicas,

organizativas o de producción, sino basándose exclusivamente en la cláusula de

temporalidad de los contratos, debe seguir o no los trámites del despido colectivo y, en el

primer caso, sin superar los umbrales establecidos en la norma.

El Ministerio Fiscal en su informe estima que el recurso es improcedente, en primer lugar,

porque considera que no existe contradicción entre las sentencias que se comparan, al no

ser homogéneas las situaciones contempladas en cada caso. Procede pues examinar si

concurre este presupuesto, exponiendo un resumen de la doctrina de la Sala sobre el

mismo.

Para la viabilidad del recurso de casación para unificación de doctrina se exige que exista

una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y otras sentencias de las Sala

de lo Social del los Tribunales Superiores o del Tribunal Supremo. La contradicción

requiere para su apreciación que las resoluciones que se comparan contengan

pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir que se produzca una diversidad

de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una

identidad absoluta, si es preciso como señala el art. 217, que respecto a los mismos

litigantes y otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones

pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales”,

correspondiendo a la parte recurrente la carga de determinar mediante una relación

precisa y circunstanciada la concurrencia de la contradicción alegada (art. 222 LPL).

Es jurisprudencia consolidada de esta Sala (entre otras muchas, STS 15/11/05, rec.

4922/04; 15/11/05, rec. 5015/04; 24/11/05, rec. 3518/04; 29/11/05, rec. 6516/03;

16/12/05, rec. 3380/04; 3/2/06, rec. 4678/04; 6/2/06, rec. 4312/04; 7/2/06, rec.

1346/05; 28/2/06, rec. 5343/04) en orden a este presupuesto procesal de contradicción

que: a) no consiste en una divergencia abstracta de doctrinas, sino en una oposición

concreta de los pronunciamientos en los que las sentencias se sustentan en controversias

precisas y sustancialmente iguales en hechos, fundamentos y pretensiones; b) la diferente

normativa que ampara la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en relación con

de la de contraste impide que concurra el requisito de la contradicción; c) las

circunstancias fácticas que ofrecen relevancia jurídica, impiden también que concurra este

requisito, pues el mismo requiere para su apreciación que las resoluciones que se comparan

contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir que se produzcan una

diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales.

Cuarto.—No existe contradicción entre las sentencias sometidas al juicio de comparación

porque en la recurrida se trata de un cese por finalización del término fijado en el contrato

temporal del demandante, sin que ni siquiera conste el motivo de los otros ceses ni tampoco

haya quedado acreditado que, al margen de aquella causa, el del actor se hubiera podido

deber a razones técnicas, económicas, organizativas o de producción; además, como ponen

de relieve los hechos probados, las extinciones contractuales en el Ayuntamiento

demandado, aunque presumiblemente (no consta el número de trabajadores del

Ayuntamiento) superaron los umbrales numéricos de trabajadores afectados a los que

aluden los apartados a), b) y c) del art. 51.1 del ET, se produjeron a lo largo de un período

superior a los 90 días que dicho precepto establece pues todas ellas tuvieron lugar, sin

mayor detalle, entre el 28 de septiembre de 2004 y el 17 de enero de 2005. Por el

contrario, en la sentencia referencial, además de que se produjo simultáneamente el cese

de toda la plantilla, es decir, sin superar el mencionado período de 90 días, la causa de

todas las extinciones fue la terminación de la contrata que justificaba los vínculos

laborales y concretamente en el actor se sucedieron un contrato eventual por

circunstancias de la producción y un contrato por obra o servicio determinado vinculado a

un contrato de servicios entre la empleadora y otra sociedad que, como se dijo, finalizó

cuando terminó la relación entre ambas sociedades. Además, en el caso de la sentencia

recurrida la empresa es un Ayuntamiento que, como se deduce del art. 1.2.a) de la Directiva

98/59 / CE, de 20 de julio de 1998, tiene un tratamiento jurídico distinto al de las

empresas privadas respecto a los despidos colectivos.

Al ser distintas las circunstancias fácticas que concurren en las sentencias comparadas, es

evidente que no existe contradicción, lo que impone, en esta fase decisoria, la

desestimación del recurso, sin entrar a conocer de las infracciones denunciadas, que solo

es posible efectuar a partir de la existencia de la contradicción en defensa de la

unificación de doctrina. Sin costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 de la

L.P.L.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo

español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dña.

Flora contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2005 por la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en recurso de suplicación n.º 2882/05,

interpuesto contra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado de

lo Social n.º 2 de los de Jerez de la Frontera, en autos núm. 31/05, en actuaciones iniciadas

a instancias de la ahora recurrente contra El Ayuntamiento de Chipiona, sobre despido. Sin

costas.


Publicado por tuasesor @ 1:52
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Es aquel acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, pero que no se ajusta al E.T., sino que, genéricamente, se acoge al derecho constitucional del art. 37.1 de la Constitución Española ("la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios").

Es evidente que dicha negociación colectiva no tiene porqué reunir los requisitos ni desplegar la misma eficacia que el c. colectivo puro, sino que se limita a los firmantes del acuerdo y sus afiliados y a los trabajadores que se adhieran expresamente al pacto. El Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de negociar C.C. de eficacia limitada que podrá producirse por alguna de las siguientes causas:

a)No alcanzar los porcentajes de representatividad requeridos por el art. 87 E.T. para obtener legitimación para negociar (en el ámbito empresa está legitimado el Comité de Empresa, por lo que esta causa no suele darse).

b)Por imposibilidad de llegar a un acuerdo mayoritario de cada una de las dos representaciones según art. 89.3 E.T. y continuación de la negociación por las restantes partes negociadoras.

c)Por la simple voluntad de las partes.

Los Convenios extraestatutarios no pueden disponer de los derechos y garantias laborales establecidas en los convenios colectivosde eficacia general.En el caso de que ya exista un convenio de eficacia general, solo pueden mejorar las condiciones establecidas en el mismo pero no afectar a los derechos reconocidos ni regular de forma diferente las condiciones de trabajo.

Aunque durante la negociación de un convenio colectivo se suscriba un convenio de eficacia limitada con la minoria de los representantes de los trabajadores, ello no es por si motivo suficiente para poner fin a la negociación de dicho convenio colectivo, pues continúa vigente el deber de negociar de cara a obtener un acuerdo de eficacia general.

Algunas materias no debieran ser reguladas por convenios extraestautarios, sin embargo en la práctica si vemos algún convenio que lo hace.. 


Publicado por tuasesor @ 1:18
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Mi?rcoles, 25 de junio de 2008
Un tribunal acusa al Obispado de Canarias de querer «eliminar» a profesores conflictivos

La Justicia ha vuelto a obligar al Obispado de Canarias a través de tres sentencias a indemnizar y readmitir en sus puestos de trabajo a dos profesores de Religión que fueron despedidos después de participar hace ocho años en una huelga como protesta por sus condiciones laborales.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) son ya viejos conocidos del prelado de las islas, puesto que trataron los casos de otros docentes en la misma situación. En uno de estos fallos. denuncian que los despidos no son "actos aislados, sino un comportamiento reflexivo, consciente y voluntario dirigido a la eliminación de los trabajadores conflictivos, con desprecio absoluto de sus derechos fundamentales, vulnerados año tras año pese a la reiteración de pronunciamientos judiciales".

Esta sentencia se refiere en concreto al caso de Nereida del Pino Díaz, una de las profesoras de Religión que hace ocho años participó en la huelga y que desde entonces vive inmersa en una maraña de pleitos con la prelatura y con la Consejería de Educación del Gobierno autonómico.

Seis sentencias

Cada año, los obispos emiten un certificado de "idoneidad" de los maestros de Religión. Del Pino no había tenido problemas con el suyo hasta que participó en aquella movilización. Tras significarse en las protestas, el Obispado ha rehusado renovar su certificado en siete ocasiones, pese a que la docente cuenta ya con seis sentencias que anulan sus despidos por considerar que "vulneran el derecho de huelga, la libertad de expresión y la garantía de indemnidad".

Dos sentencias del TSJC, que ha dado a conocer la Confederación Canaria de Trabajadores, obligan al Obispado a readmitir de nuevo a la profesora y a indemnizarla con 36.000 euros.

Pero el caso de Nereida del Pino no es único. Otra sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria condena a la Consejería de Educación a readmitir a Martín Domingo, otro profesor en una situación similar, al que el Obispado deberá indemnizar con 3.000 euros por los daños morales causados.

Rafael Ramírez, profesor de Religión y miembro de la Confederación Canaria de Trabajadores, estimó que estas tres condenas elevan a 100.000 euros la suma con la que el Obispado debe indemnizar a los docentes represaliados por aquella huelga.

Francisco Navarro, miembro del sindicato, denunció la "persecución" de los profesores y exigió la revisión de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.

fte: el pais

Publicado por tuasesor @ 1:27
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Trabajo reconoce por primera vez a una paciente de esta dolencia, que afecta al 15% de las mujeres, que su enfermedad es incompatible con la vida laboral

Una mujer sevillana de 42 años es la primera a la que el Ministerio de Trabajo ha reconocido la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo por padecer endometriosis. Su caso sienta precedente para las afectadas por una enfermedad crónica que padecen, en mayor o menor grado, entre el 15% y el 20% de las mujeres, y cuyas causas no se conocen con certeza.

La endometriosis se da cuando el tejido que recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera de él, generalmente en las superficies de los órganos de la pelvis y el abdomen. Actualmente la enfermedad no tiene cura y el tratamiento paliativo suele requerir altas dosis de fármacos y reiteradas intervenciones quirúrgicas en las que se van extirpando órganos. Es el caso de Cristina, la mujer a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha reconocido la incapacidad absoluta, y que prefiere no identificarse con su nombre completo. Ella tuvo que someterse a tres intervenciones quirúrgicas en 13 meses.

Tuvo los primeros síntomas -"un dolor abdominal agudo"- hace cuatro años, pero el médico lo atribuyó a los nervios. Los problemas se repitieron un mes después, en enero de 2004. Le hicieron una colonoscopia en la que advirtieron una obstrucción y la enviaron al quirófano por primera vez. "Me dijeron que probablemente era cáncer de colon", recuerda. Al abrirle descubrieron que no había tumor, sino una endometriosis de grado cuatro, la más grave. Le quitaron el ovario izquierdo y parte del colon y del recto.

En diciembre de 2004 volvieron a operarle y le dijeron que necesitaba una tercera intervención, más drástica. Optó por hacerlo a manos de un especialista de Barcelona, que le extirpó las dos trompas, parte del ovario derecho y un tumor en el tabique recto-vaginal. "No podía sentarme, ir al baño era un sufrimiento insoportable, tenía diarreas recurrentes" cuenta.

Las diarreas, que no han cesado, son las que han acabado convenciendo al equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social de que la dolencia de Cristina no era compatible con su trabajo de enfermera con turno fijo de noche en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. "La diarrea no me permite hacer una vida normal", cuenta. Para poder mantenerse en su puesto, los días que tenía que trabajar, no comía. "Y cuando estaba en casa, comía y me pasaba el día en el baño", recuerda. Cristina estaba de baja desde el 28 de septiembre de 2007. En una revisión periódica, el inspector del Servicio Andaluz de Salud la propuso para una incapacidad permanente. "Me gusta mi trabajo, pero creo que no estoy capacitada para ejercerlo en condiciones, aunque me cuesta asumir mi incapacidad", reconoce.

El Ministerio de Trabajo le concedió el pasado 8 de mayo la baja permanente absoluta. La resolución se revisará en 2010, pero Cristina sabe que su enfermedad ni tiene cura ni muchas posibilidades de evolución favorable. Para ella, con 20 años de vida laboral, le supone percibir una pensión equivalente a casi el 100% de su sueldo, "pero hay otras afectadas que no pueden permitírselo", advierte.

Hasta ahora, la Seguridad Social había rechazado todas las peticiones de incapacidad absoluta por esta dolencia. "Este caso sienta un precedente y para nosotras es muy importante. Los profesionales tienen cierto desconocimiento de lo que es nuestra enfermedad", apunta María Antonia Pacheco, presidenta de la federación andaluza de afectadas de endometriosis.

La asociación de Pacheco puso en marcha hace año y medio una campaña para dar a conocer su problema y recabar apoyo de las administraciones. La reciente resolución de la Seguridad Social es uno de sus grandes triunfos. Antes, en 2006, el Congreso de los Diputados había aprobado una proposición no de ley que instó al Gobierno a mejorar la asistencia y la investigación sobre esta enfermedad. Como resultado, se creó un grupo de expertos que está elaborando un informe.

Fuentes del Ministerio de Sanidad explican que la endometriosis es una de las enfermedades consideradas raras y, como tal, está dotada de fondos para la investigación. A las afectadas, la espera de resultados les parece una eternidad: "El trabajo del Gobierno va lento y la enfermedad avanza rápido", se queja Pacheco, cuya asociación ha pedido la implicación del Ministerio de Igualdad por considerar que el problema hay que abordarlo desde "una perspectiva de género". "Es una enfermedad que sólo afecta a mujeres y sentimos una discriminación total", señala.


Diario El País. Publicado el 9 de junio

Publicado por tuasesor @ 1:19
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Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm. 3890/2006.

Ponente: Ilma. Sra. Dª. María Montes Cebrián

DESPIDO PROCEDENTE: ofensas verbales o físicas: actuación humillante y vejatoria con

compañera de trabajo.

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra

Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia, de fecha 19-06-2006, en autos

promovidos sobre reclamación de despido, que es revocada en el sentido que se indica en la

fundamentación jurídica.

En Valencia, veintitrés de enero de dos mil siete.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,

compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA núm. 269/2007

En el Recurso de Suplicación núm. 19 de junio de 2006, interpuesto contra la sentencia de

fecha 19 de junio 2006, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia, en los

autos núm. 1021/05, seguidos sobre despido, a instancia de Carlos José, asistido por el

letrado Juan Frau Seguí, contra Pinturas Cataforésicas, SA asistido por el letrado Jos eF.

Godoy Lujan, y en los que es recurrente la parte la parte demandada, habiendo actuado

como Ponente el/a Ilma. Sra. Dª María Montes Cebrián

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO La sentencia recurrida de fecha 19 de junio de 2006, dice en su parte

dispositiva: «FALLO: Que estimando la demanda formulada por D. Carlos José, contra la

empresa Pinturas Cataforésicas, SA debo declarar y declaro improcedente el despido del

demandante de fecha 19-10-2005 condenando a la empresa demandada a que en el plazo de

cinco días a contar desde la notificación de esta resolución opte entre readmitir al

demandante en su puesto de trabajo o indemnizarle por la extinción de la relación laboral

con la cantidad de 10.309,98 euros y, en ambos caso, a abonar al trabajador los salarios de

tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta

resolución en cuantía 39,56 euros diarios, debiendo poner en conocimiento del Juzgado en

el plazo antes dicho, si opta o no por la readmisión».

SEGUNDO Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los

siguientes:

«I.? El demandante D. Carlos José, mayor de edad, con DNI núm. NUM000 ha venido

prestando servicios por cuenta y orden de la empresa Pinturas Cataforésicas, SA, desde el

1-1-1998, con categoría profesional de especialista y salario de 1.186,76 euros mensuales,

incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. El día 16-9-2005 sobre las 12 horas

el Sr. Carlos José trató de gastar una broma a su compañera de trabajo Dña. Concepción,

derramando un poco de alcohol sobre los bajos de su pantalón de trabajo y prendiéndole

fuego a continuación. Cuando el demandante comprobó que ardía el pantalón ayudó a la Sra.

Concepción a apagar el fuego. El pantalón, que presenta mayor resistencia al fuego de la

corriente sin llegar a ser innifugo, sufrió algodón daño y la Sra. Concepción sufrió un ataque

de ansiedad pero no quemaduras. Por estos hechos se incoo expediente disciplinario al

trabajador. El día 5-10-2005 el citado trabajador no acudió a su puesto de trabajo

justificando su ausencia durante toda la jornada con un certificado emitido por el Juzgado

de Torrente, acreditativo de su comparecencia ante el mismo. Los días 10, 11, 13 y 14 del

mismo mes tampoco acudió a su puesto de trabajo, justificando posteriormente dichas

ausencias cuando fue requerido al efecto por la empresa.

II.? El actor no ha ostentado en la empresa durante el último año cargos de representación

unitaria o sindical.

III.? El 19-10-2005 la empresa comunicó al demandante de forma escrita que procedía a

extinguir su contrato de trabajo con efectos desde ese mismo día, alegando la comisión de

tres faltas laborales muy graves: una falta de maltrato físico a un compañero, transgresión

de la buena fe contractual al haber intentado la extinción de su contrato de trabajo y su

salida indemnizada de la empresa por último la inasistencia a su puesto de trabajo los días

5, 10, 11, 13 y 14 de octubre de 2005.

IV.? El 29-11-2005 se celebró el acto de conciliación ante el SMAC que concluyó sin

avenencia.».

TERCERO Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte

demandada, habiendo sido impugando. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la

formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El recurso que se examina se estructura formalmente en un único motivo

dedicado al examen de infracciones de normas sustantivas o jurisprudencia, siendo

impugnado de contrario.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 c) de la Ley de procedimiento laboral (RCL

1995, 1144, 1563), denuncia la representación letrada de la empresa recurrente, la

vulneración del art. 54.2 c) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997), citando al

efecto numerosas sentencias dictadas por los distintos TSJ. Sostiene que la conducta del

demandante descrita en los hechos probados de la sentencia y centrada en el

derramamiento de alcohol sobre los bajos del pantalón de trabajo de una compañera,

prendiéndole fuego a continuación, provocando daños en el pantalón y un ataque de ansiedad

en la misma, suponen que tal acto deba ser calificado como grave y culpable, mereciendo la

calificación del despido como procedente.

La resolución combatida partiendo de la acreditación de los hechos ocurridos el día

16/9/2005 en los que el actor tratando de gastar una broma a su compañera de trabajo le

derramó sobre el pantalón de trabajo un poco de alcohol y le prendió fuego, ayudándole

luego a apagarlo, y provocando ello daños en el pantalón y un ataque de ansiedad a la

referida compañera, determinó que, si bien dicha broma era estúpida y peligrosa,

merecedora de sanción, no lo era lo suficientemente grave para ser merecedora de despido,

calificándose el mismo como improcedente.

Pues bien, la actitud y comportamiento del actor centrado en el hecho imputado y

acreditado de derramar alcohol sobre los bajos del pantalón de una compañera de trabajo,

y a continuación prenderle fuego, lejos de poder calificarse como una supuesta «broma»,

evidencia y pone de manifiesto una falta de consideración al poner en grave peligro la

integridad física de su compañera de trabajo que no debe ser minimizada, pues revela,

cuanto menos, una conducta claramente humillante por parte del actor que supone un claro

desprecio al correcto y adecuado tratamiento que debe dispensarse a cualquier persona.

No olvidemos que la actividad de la empresa es la de pintura de piezas, usándose y

empleándose para ello, disolventes y otras sustancias que, por sus propios elementos o

componentes, resultan ser inflamables y de alto riesgo ante la acción del fuego, como lo

evidencia el empleo de ropa de trabajo adecuada ante la utilización de tales componentes

por parte de la afectada, de ahí que no se alcanza a comprender que los hechos realizados

por el actor puedan ser calificados como constitutivos de una «broma» para quien iba a ser

sujeto pasivo de tales actos con el evidente riesgo para su integridad física que tal

proceder implicaba, objetivamente considerado, y al margen de la voluntad o intención del

demandante, provocando de hecho en la trabajadora afectada una crisis de ansiedad,

aunque, afortunadamente, no quemaduras ni otros daños materiales o personales

superiores. La imputación acreditada de tales hechos, que de haberse cometido con

intención de causar lesiones a la afectada y que evidentemente hubieran ocasionado

responsabilidades en el campo del derecho penal, si reviste, a juicio de la Sala, gravedad y

culpabilidad bastante en el marco laboral, al no encontrarnos ante un accidente o una

situación involuntaria del suceso sino ante un proceder consciente y deliberado, al margen

de que su autor lo considerara como una broma, y en un grado suficiente y adecuado por la

peligrosidad y el desprecio a su compañera de trabajo en la acción cometida que es

suficiente para merecer la calificación del despido, en base a tales hechos, como

procedente, con acomodo en lo previsto en el art.54.2 c) del ET, provocando ello el

acogimiento del recurso formulado.

FALLO

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Pinturas Cataforesicas SA

frente a la sentencia de fecha 19 de junio de 2006 dictada por el Juzgado de lo Social 10

de Valencia, en autos seguidos a instancia de Carlos José, debemos revocar y revocamos la

citada resolución, declarando la procedencia del despido acordado, con efectos del día

19/10/2005, con la consecuente convalidación de la extinción del contrato de trabajo que

con aquél se produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

Firme la presente, devuélvanse a la entidad recurrente las cantidades objeto de

consignación y depósito.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme;

póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y

también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera

firmeza para su ejecución.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.?La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo./a.

Sr./a. Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el

Secretario, doy fe.


Publicado por tuasesor @ 1:17
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T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Social

SENTENCIA:

Presidente Excmo. Sr. D.:

 

Fecha Sentencia:

 

Recurso Num.:

 

Fallo/Acuerdo:

 

Votación:

 

Procedencia:

 

Ponente Excmo. Sr. D.

 

Secretaría de Sala:

 

Reproducido por:

 

DESPIDO. SUBROGACIÓN ENTRE EMPRESAS DE SEGURIDAD.

INTERPRETACIÓN DEL ART 14 DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL

(categoría contador-pagador). A TALES EFECTOS NO SE COMPUTAN LAS

PAGAS EXTRAS NI LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Recurso Num.:

 

Ponente Excmo. Sr. D.:

 

Votación:

 

Secretaría de Sala:

 

SENTENCIA NUM.:

TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL

Excmos. Sres.:

D. Joaquín Samper Juan

D. Gonzalo Moliner Tamborero

D. José Luis Gilolmo López

D. Jesús Souto Prieto

D. Víctor Fuentes López

Ilma. Sra. Dña. María Emilia Carretero Lopategui
13/07/2006
José Luis Gilolmo López
2371/2005

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil seis.

Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación

para la unificación de doctrina interpuesto en nombre y representación de

EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA,

S.A., contra sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, en el recurso nº 2444/04, de fecha 24 de febrero de 2005,

por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por PROSEGUR

TRANSPORTES DE VALORES, S.A., contra la sentencia de fecha 16 de marzo

de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla en autos nº 60/04

seguidos por D. A.L.R.A frente a PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES,

S.A., y EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA, S.A. sobre DESPIDO.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D.

JOSÉ LUIS GILOLMO LÓPEZ,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

 

SEGUNDO.-

 

2.-PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. perdió

el servicio que tenía con la Caja Rural de Utrera con efectos de 31-12-03 y desde

1-1-04 es adjudicado a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE).

3.- Con fecha 23 y 29 -12-03, PROSEGUR

TRANSPORTES DE VALORES S.A. notifica a EMPRESAS DE SEGURIDAD

AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE) su intención de

subrrogar a un contador-pagador y remite la documentación a que alude el art. 14

del Convenio Colectivo, folios 56, 57, 61 y 62 que se reproducen.

4.- El 31-12-03,

PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A., le notifica al actor que pasará

subrrogado a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE), folio 53 que se reproduce tras haber sido

elegido en el sorteo de 24-12-03, folio 76 que se reproduce.

5.- Por burofax de

30-12-03, EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE), rechaza la subrogación del actor; folios 32 a 35

que se reproducen y se lo notifica a éste el 2-1-04, folio 52 que se reproduce. 6.-

Los importes facturados a PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. por

Caja Rural de Utrera, en concepto de MANIPULADO, en el periodo de Mayo a

Noviembre de 03, ambos incluidos, es de 4.219,50 €, folio 53 que se reproduce.

7.-

 

TERCERO.-

 

CUARTO.-

 

QUINTO.-

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

 

SEGUNDO.-

 

TERCERO.-

 

CUARTO.-

 

QUINTO.-

 

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de casación para unificación de doctrina,

promovido por el Letrado D. Antonio Joaquín Fernández Gallardo, en nombre y

representación de EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA, S.A., contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 24 de febrero de 2005, en

recurso de suplicación nº 2444/04, correspondiente a autos nº 60/04, del

Juzgado de lo Social nº 9, en los que se dictó sentencia de fecha 16 de marzo de

2004, deducidos por D. A.L.R.A, frente a PROSEGUR TRANSPORTES DE

VALORES, S.A., y EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA, S.A., sobre DESPIDO. Con imposición de las costas a

EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A.,

de conformidad con lo establecido en el art. 233 del Texto Refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional de procedencia,

con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN

LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-

 

En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior

sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José Luis Gilolmo López hallándose

celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo

que como Secretario de la misma, certifico.

En base a todo lo que se deja razonado y de conformidad con

el dictamen del Ministerio Fiscal, el recurso debe ser desestimado, con

imposición de las costas a la empresa recurrente, de conformidad con lo

establecido en el art. 233 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida

por el pueblo español.

El recurso debe ser desestimado porque , de conformidad con

las pautas interpretativas previstas en el Código Civil, tanto las referidas a las

normas como a los contratos, la dicción literal del precepto convencional no

parece dejar lugar a dudas. Es doctrina reiterada de la Sala, reflejada, por

ejemplo, en sus SSTS/IV 13-XI-1996 (R- 1738/96), 28-XII-1996 (R- 1736/96) y

14-III-1997 (R- 2194/96), que la interpretación de los convenios y acuerdos

colectivos ha de llevarse a cabo mediante la combinación de los criterios de

interpretación de las normas legales, especificados principalmente en los

artículos 3 y 4 del Código Civil, y los criterios de interpretación de los contratos,

contenidos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil.

El dato determinante a los efectos de que se produzca la subrogación

empresarial de quienes, como el actor, ostenten la categoría de Contador-

Pagador, no es sino que la facturación perdida, como consecuencia a su vez de

la pérdida de la contrata, equivalga “al coste de 1,25 de las retribuciones Fijas del

Convenio del Anexo salarial” correspondiente a dicha categoría. El término

“coste” no viene referido en la norma a su significado general o abstracto, que, en

efecto, podría conducir a la interpretación propiciada por la recurrente (según el

Diccionario RAE, coste serían los gastos que tiene una cosa), sino al que la

misma disposición pactada le atribuye, que no es otro que el de una parte o

porción (1,25) de las retribuciones fijas establecidas en el propio Convenio

Colectivo para los empleados con aquella categoría. Es decir, el concepto

determinante, cuyo significado y alcance ha de analizarse ahora, no es, como

pretende la empresa recurrente, el de “coste” sino el de “retribuciones fijas”, tal

como, en definitiva, correctamente hace la sentencia impugnada. Y ello es así

porque es de ese modo como se expresa la norma en cuestión, pudiendo haberlo

hecho de otra manera y, desde luego, sin perjuicio de que, en el futuro, se

modifique el acuerdo. Y si resulta meridianamente claro, como acertadamente

resalta el Ministerio Fiscal, que las cotizaciones ingresadas por las empresas a la

Seguridad Social no forman parte de las retribuciones pactadas en el Convenio,

pues ni su regulación ni su determinación cuantitativa dependen en absoluto de la

voluntad de los sujetos que lo negocian y suscriben, también es evidente que

dicha norma sólo alude de forma expresa, precisamente a los efectos de la

subrogación cuestionada, a las retribuciones “Fijas del Convenio del Anexo

salarial”; es decir, como vimos, a aquellos conceptos remuneradores que figuran

en el tan repetido Anexo.

Es verdad que las pagas extraordinarias, pese a que el Convenio

analizado las califique impropiamente como “complemento”, tienen estricta

“naturaleza salarial aunque con una periodicidad en su abono superior a la

mensual” (STS 16-5-1995, R- 2517/94). Pero lo que importa a los exclusivos

efectos del presente pleito no es esto sino que la pérdida de facturación que se

produzca como consecuencia de un cambio de contrata equivalga al coste

porcentual (1,25) que los negociadores del Convenio han querido establecer, por

remisión, en lo que ellos mismos han calificado como “retribuciones fijas”,

señalándolas de modo expreso en el Anexo salarial de la norma autónoma, en el

que no se incluyen -ni siquiera se las mencionan- las pagas extraordinarias. Y

como quiera que, efectuado el cómputo de dicha manera, la empresa recurrente

habría de subrogarse en los derechos y obligaciones del actor, sin que se

cuestione ninguno de los demás parámetros u operaciones matemáticas

necesarias para llegar a dicha conclusión, se impone, como se adelanto, la

desestimación del recurso porque, en definitiva, la doctrina correcta se contiene

en la sentencia impugnada.

Como es obligado, por imperativo del art. 217 del Texto

Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, lo primero que ha de valorarse en

todo recurso de casación para la unificación de doctrina, es si concurre entre la

sentencia impugnada y la que se propone como término de comparación, el

requisito básico de la contradicción, conformado por la identidad de hechos, de

pretensiones y de fundamentación jurídica.

La sentencia aquí recurrida, al interpretar el art. 14 del Convenio Colectivo

Estatal de Empresas de Seguridad 2002-2004, publicado en el BOE del 29-2-

2002 [que regula la “subrogación de servicios” cuando una empresa cesa en su

adjudicación y otra empleadora pasa a hacerse cargo de los mismos, y cuyo

contenido parcial, a los efectos que ahora importan y con relación a la categoría

del demandante, reza así: “la empresa que pierda un contrato de manipulación de

efectivo (contaje) a favor de otra, ésta estará obligada a subrogarse a razón de 1

contador pagador por cada importe de facturación perdida equivalente al coste de

1,25 de las retribuciones Fijas del Convenio del Anexo salarial de un Contador-

Pagador”], considera que ha de estarse al tenor literal del precepto trascrito y, en

consecuencia, sólo computa como “coste” las retribuciones fijas que describe el

Anexo Salarial del Convenio (salario base, plus peligrosidad, plus vehículo

blindado, plus actividad, plus transporte y plus vestuario), sin incluir por tanto,

como había hecho la sentencia de instancia, las tres pagas extraordinarias

(previstas también en el art. 71 del Convenio, que las denomina “Complemento

de vencimiento superior al mes”, aunque no las reflejada en el precitado Anexo

Salarial) ni las cotizaciones a la Seguridad Social que ha de efectuar la empresa.

El resultado es que se produjo la subrogación y, por ello, la empresa subrogada

debe correr con las consecuencias del despido improcedente del demandante.

En el caso contemplado por la sentencia de contraste, al interpretar la

Sala el mismo precepto convencional, llega a la conclusión contraria e incluye en

el cómputo tanto las pagas extraordinarias como las cotizaciones a la Seguridad

Social. Como consecuencia de ello, no considera producida la subrogación y

carga las consecuencias del despido a la primera adjudicataria. De aplicar esta

tesis al caso de autos -y tal cuestión, así como los parámetros determinantes de

la misma, están fuera de discusión en el presente proceso- no se habría

producido la subrogación y, por tanto, sería la primera empleadora la que debería

asumir las consecuencias del despido. Es evidente, pues, que concurren los

requisitos del art. 217 de la LPL y debe analizarse cuál de dichas resoluciones

contiene la doctrina correcta.

La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº 9 de

Sevilla, de fecha 16 de marzo de 2004, estimó la demanda, declaró improcedente

el despido y, al no admitir la subrogación, condenó a Prosegur a readmitir o

indemnizar al actor en los términos legales, absolviendo libremente a Esave.

Recurrida en suplicación dicha sentencia de instancia, la Sala de lo Social

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en sentencia

de fecha 24 de febrero de 2005, r. 2444/2005, estimó el recurso de suplicación de

la empresa Prosegur y, manteniendo la improcedencia del despido pero

aceptando la existencia y validez de la subrogación, condenó a Esave a readmitir

o indemnizar al demandante.

Frente a dicha sentencia de suplicación se alza en recurso de casación

para unificación de doctrina la empresa ahora condenada, invocando como

sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en fecha 14 de mayo de 2003, en el

recurso nº 414/2003, y denunciando la infracción del art. 14 del ya mencionado

Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.

Se postula en la demanda rectora de autos, solidariamente

dirigida contra dos empresas de seguridad (Prosegur y Esave), el reconocimiento

como improcedente, con las pertinentes consecuencias legales, del despido del

que fue objeto el actor --con categoría de Contador-Pagador-- el 1 de enero de

2004, cuando la primera de dichas empresas le notificó que pasaba subrogado a

la segunda, mientras que ésta última le comunicó –a él y a la primera- que no

aceptada dicha subrogación, de conformidad, según decía, con el art. 14 del

Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.

Por providencia de fecha 18 de enero de 2006 se procedió a

admitir a trámite el citado recurso y, tras ser impugnado el recurso, pasaron las

actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de

considerarlo improcedente, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon

conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 13 de julio de 2006,

en el que tuvo lugar.

Por la representación procesal de EMPRESAS DE

SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A. se preparó

recurso de casación para unificación de doctrina. En su escrito de formalización

se invocó como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en fecha 14.5.2003, en el recurso

414/03.

La citada sentencia fue recurrida en suplicación por

PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A. ante la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la cual dictó sentencia en fecha 24 de

febrero de 2005, en la que dejando inalterada la declaración de hechos probados

de la sentencia de instancia, consta la siguiente parte dispositiva: "Con

estimación del recurso de suplicación interpuesto por PROSEGUR,

TRANSPORTES DE VALORES, S.A. contra la sentencia de fecha 16 de marzo

de 2004, dictada por el Juzgado de lo Social número Nueve de los de Sevilla, en

virtud de demanda sobre despido formulada por D. A.L.R.A contra la expresada

recurrente y EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA, S.A., debemos revocar y revocamos parcialmente dicha

sentencia, en el sentido de absolver a la entidad recurrente de las peticiones

contenidas en la demanda y condenar a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR

DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA, S.A. a las consecuencias del despido

improcedente cuya calificación se ha mantenido, por lo que a su elección, que

deberá manifestar por escrito o comparecencia ante la Secretaría de esta Sala,

dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se le notifique

esta sentencia, readmita al actor en su puesto de trabajo o le indemnice con la

cantidad de 10.609,72 €, advirtiéndole que si no opta en el plazo indicado se

entenderá que lo hace por la readmisión y, en ambos casos, habrá de abonar la

empresa al accionante una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de

percibir por éste desde el día del despido, inclusive, hasta el de la notificación de

esta sentencia a la parte condenada, exclusive. ".

En el CMAC y con el resultado obrante al folio 4, se celebró acto de

conciliación".

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes

hechos: 1.- El actor D. A.L.R.A, DNI Nº , venía prestando sus servicios por

cuenta y bajo la dependencia de Prosegur Transportes de Valores SA con

antigüedad de 2/11/95, categoría de contador-pagador y salario/día a efectos de

despido de 28.87 €-

Con fecha 16 de marzo de 2004 el Juzgado de lo Social nº 9

de Sevilla dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que

estimando la demanda interpuesta por D. A.L.R.A contra PROSEGUR

TRANSPORTES DE VALORES S.A. y EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR

DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA S.A. (ESAVE), declaro improcedente el

Despido del actor y en consecuencia condeno a PROSEGUR TRANSPORTES

DE VALORES S.A. a que, a su elección, readmita al trabajador en su puesto de

trabajo en iguales condiciones que antes del Despido o lo indemnice con la suma

de 10.585,18 euros y en todo caso, al abono de los salarios dejados de percibir

desde la fecha del despido 31-12-03 hasta la notificación de la sentencia. Y

procede absolver a EMPRESAS DE SEGURIDAD AUXILIAR DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA S.A.(ESAVE). Se advierte a PROSEGUR TRANSPORTES DE

VALORES S.A., a que en el plazo de CINCO DIAS siguientes a la notificación de

la Sentencia, deberá optar entre la readmisión o la indemnización, y que de no

efectuarlo en dicho plazo, se entenderá que opta por la readmisión. En caso de

readmisión, el empresario deberá abonar los salarios de trámite desde la fecha

del despido hasta la notificación de sentencia".

/
rgl
Ilma. Sra. Dña. María Emilia Carretero Lopategui
José Luis Gilolmo López
T.S.J.ANDALUCIA SOCIAL
13/07/2006
Sentencia Desestimatoria
UNIFICACIÓN DOCTRINA 2371/2005
20/07/2006
Joaquín Samper Juan

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La mujer pidió a su empresa en Murcia turno de mañana para poder cuidar a sus hijos



Un juez ha reconocido el derecho de una madre trabajadora a elegir el horario de su jornada laboral para poder compatibilizar su vida profesional con su vida familiar. La mujer, moza de almacén en Murcia, había solicitado a su empresa cambiar el turno partido que tenía por el de mañana para poder encargarse así del cuidado de sus hijos.

La trabajadora, madre de dos menores de 3 años y 8 meses, prestaba sus servicios en la empresa a jornada completa y en horario partido de 8:00 a 13:30, y de 16:00 a 19:00. La mujer solicitó mantener su jornada ordinaria con el horario de trabajo de lunes a viernes en un turno de mañana, que le fue denegado por la empresa.

El sindicato UGT, que defendía a la trabajadora, explicó que el derecho a jornada reducida por guarda legal reconocido en el artículo 37.5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores está destinado a "proteger no sólo la vida laboral y familiar sino también el cumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad y para el propio interés de los menores".

Finalmente se ha dictado sentencia estimatoria en la que se ha reconocido el derecho de la trabajadora a realizar una jornada laboral en el turno de mañana de 06:00 a 14:30 tal y como ella había solicitado en un principio.

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Martes, 24 de junio de 2008

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5ª,

Sentencia de 5 Nov. 2007, rec. 3506/2007

Ponente: Navarro Fajardo, Juan José.

Nº de sentencia: 698/2007

Nº de recurso: 3506/2007

Jurisdicción: SOCIAL

LA LEY 259402/2007

Despido de trabajador por acudir al centro de trabajo vestido de forma inadecuada

DESPIDO DISCIPLINARIO. Indisciplina y vulneración de la buena fe contractual, con las notas de gravedad y culpabilidad que determinan la procedencia del despido.

Determinadas actividades laborales requieren una mínima corrección o pulcritud indumentaria conforme unas reglas de trato social comúnmente admitidas, que se dan por supuestas sin necesidad de un acuerdo expreso. Quien aceptó prestar tareas de comercial con atención al público, no puede eximirse de las obligaciones que, al respecto,y conforme a esos usos sociales, requiera el desempeño de sus cometidos. El modo de actuar del trabajador, al hacer caso omiso de manera reiterada de las advertencias y amonestaciones de la empresa, exterioriza un indudable propósito de indisciplina, e, incluso, de provocación.

El TSJ Madrid desestima recurso de suplicación interpuesto frente a sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid, y confirma el despido disciplinario del trabajador por acudir al trabajo vestido de manera inadecuada.

Texto

En Madrid,

a cinco de noviembre de dos mil siete.

RSU 0003506/2007

T.S.J. MADRID SOCIAL SECC. 5

MADRID

SENTENCIA: 00698/2007

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 5.ª

MADRID

Iltmo. Sr. D. Juan José Navarro Fajardo

Presidente

Iltmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz

Iltma. Sra. Dª. Elena Pérez Pérez

Sentencia nº 698/07

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 698/07

En el recurso de suplicación nº 3506/07, interpuesto por D. Juan Pablo, representado por el Letrado D. Francisco García Díaz, contra la sentencia nº 7/07 dictada por el Juzgado de lo Social Número 1 de los de Madrid, en autos núm. 732/06, siendo recurrido AUTOFERBAR S.A. Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. D. Juan José Navarro Fajardo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por D. Juan Pablo contra AUTOFERBAR, S.A., en reclamación por DESPIDO, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma.

Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 11

DE ENERO DE 2007, en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO.-

En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

"PRIMERO.- La parte actora prestaba servicios profesionales indefinidos para la empresa demandada -concesionario de la marca de automóviles Ford- con la antigüedad de 12.03.02, la categoría profesional de Viajante y percibiendo un salario mensual, con prorrateo de pagas extraordinarias, de 1.830,63 euros. El centro de trabajo era la sede correspondiente al domicilio empresarial facilitado en la demanda.

SEGUNDO.- La parte actora no ha ostentado representación legal o sindical de los trabajadores.

TERCERO.- El día 18.07.06, el actor se presentó en el centro de trabajo con una camiseta deportiva, con número dorsal, pantalones vaqueros y zapatillas de deporte. Mediante carta de la misma fecha, la empresa le impuso una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un día por falta grave, considerando que su puesto de comercial con atención al público hacía inadecuada la vestimenta y era perjudicial para la imagen de la marca. En la carta se alude a la posibilidad de que la actitud del actor estuviese relacionada con su deseo de dar por extinguido su contrato de trabajo.

CUARTO.- Al día siguiente, el actor se presentó en el centro de trabajo de la misma guisa. Mediante carta de ese día, en que se habla directamente de una actitud de provocación del actor, de conocimiento público en la empresa, por no haber cedido a sus pretensiones de resolver su contrato de forma negociada, la parte demandada le impuso una nueva sanción de empleo y sueldo, esta vez de doce días, por falta grave.

QUINTO.- El 31.07.06, el actor volvió a comparecer con la misma vestimenta en la empresa. Esta, mediante carta de la misma fecha, comunicó al actor su despido inmediato, a tenor de lo dispuesto en el art. 53.q) del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la Comunidad de Madrid, aludiendo a su conducta inadecuada y provocativa, a los requerimientos que le habían sido hechos para que no acudiese al trabajo con una vestimenta tan informal y a las dos sanciones precedentes; y manifestando el criterio empresarial de que se trataba de una medida de coacción del actor para forzar una negociación sobre un despido fraudulento, para poder cobrar las prestaciones por desempleo y trabajar en una empresa familiar.

SEXTO.- En prueba de confesión, el actor reconoció que trabajaba en el departamento comercial y que habitualmente acudía a trabajar vestido con traje.

SÉPTIMO.- El testigo de la empresa, Jefe de Ventas que había formado comercialmente al actor, afirmó que siempre se actúa vestido con traje y corbata de cara al público, que el actor nunca antes había asistido de esa manera, y que solo se utiliza una vestimenta algo menos formal, pero elegante en todo caso, cuando se realiza un inventario o se retiran coches de eventos celebrados en el extranjero. El mismo testigo aseguró que el actor comenzó a presentarse de manera inadecuada a raíz de haber expuesto su pretensión de marcharse con derecho al desempleo para atender una empresa familiar.

OCTAVO.- La parte actora presentó papeleta de conciliación previa a la vía jurisdiccional el día 01.08.06, celebrándose sin avenencia el intento conciliatorio el

17.08.06."

TERCERO.-

En dicha sentencia se emitió el siguiente FALLO: "Que, desestimando las pretensiones de la demanda, califico como procedente el despido objeto de este proceso y declaro convalidada la extinción del contrato de trabajo que vinculaba a Juan Pablo con la empresa AUTOFERBAR, SA, producida mediante el despido realizado por ésta con efectos de 31 de julio de 2006, sin derecho de la parte actora a indemnización ni a salarios de tramitación."

CUARTO.-

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandante D. Juan Pablo, no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al Magistrado Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

La sentencia de instancia ha declarado la procedencia del despido del trabajador demandante.

En la carta de despido se imputaba al trabajador su reiteración en acudir al trabajo con una vestimenta totalmente inadecuada para el desempeño de un puesto de comercial con atención directa al público: en concreto, por el hecho de presentarse en el centro de trabajo con una camiseta deportiva, con número de dorsal, pantalones vaqueros y zapatillas de deportes, y por lo que la empresa ya le había sancionado en dos ocasiones anteriores , hechos que la sentencia considera plenamente probados.

El recurso de la parte demandante consta de un motivo único, amparado en el apartado c) el art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el que se denuncia la infracción del art. 54.2.b) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 56 del mismo Estatuto y de la jurisprudencia aplicable.

En el recurso se pretende razonar esa supuesta infracción con distintos argumentos, fundamentalmente, que en el contrato de trabajo no se especificaba la exigencia de que el trabajador fuera vestido con chaqueta y corbata ni de alguna otra manera concreta; que la empresa no proporciona vestuario alguno al trabajador ni le compensa mediante un plus de vestuario o similar; que no existe norma legal o convencional que imponga acudir al trabajo de una manera determinada; que la empresa no puede imponer restricciones injustificadas al derecho del trabajador a la propia imagen; y que, en todo caso, la desobediencia que se imputa al trabajador carece de la gravedad o entidad suficiente para justificar la máxima sanción de despido.

SEGUNDO.-

Es de conocimiento común que determinadas actividades laborales requieren una mínima corrección o pulcritud indumentaria conforme unas reglas de trato social comúnmente admitidas, que por ello se dan por supuestas sin necesidad de un acuerdo expreso. Siendo ello así, quien aceptó prestar tareas de aquella índole carece de justificación para eximirse de las obligaciones que al respecto y conforme a esos usos sociales requiera el desempeño de sus cometidos profesionales.

En el supuesto examinado, la índole de las tareas profesionales encomendadas al demandante comportaba, mientras las desempeñaba, obvias limitaciones en su libertad de vestir a su antojo.

Por añadidura, el modo de actuar del demandante, al hacer caso omiso de manera reiterada de las lógicas advertencias y amonestaciones de la empresa, exterioriza un indudable propósito de indisciplina e incluso de provocación, tan perceptible , que esta Sala apenas ha de esforzarse por argumentar lo obvio, dado que resulta patente la insumisión del trabajador y su firme y decidida voluntad de incumplir la orden de la empresa de que no volviera a acudir a su trabajo con una vestimenta inadecuada según esos usos sociales.

El comportamiento del trabajador demandante contravino claramente el legítimo poder de dirección del empresario [arts. 5 c) y 20.1 del ET ] y merece indudablemente el despido en recta aplicación del art. 54.2 b) del ET; la conducta descrita , reiterada por el trabajador en tres diferentes días del mes de julio de 2006, evidencia un clara indisciplina y vulneración de la buena fe contractual, con las notas de gravedad y culpabilidad que determinan la procedencia del despido.

No sería conforme con el sentido común no percibir en el comportamiento sancionado esa clara intención de provocación e indisciplina, que hace que no resulte inverosímil el criterio de la empresa de que el comportamiento del trabajador tuviese la finalidad de forzar a la empresa a negociar su despido fraudulento.

TERCERO.-

Por cuanto se deja razonado, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

Sin costas, por no darse ninguno de los presupuestos que para su imposición establece el art. 233.1 de la LPL .

F A L L O

DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado don Francisco García Díaz, en representación de DON Juan Pablo, frente a la sentencia de 11 de enero de 2007 del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Madrid, dictada en los autos 732/2006, seguidos a instancia de la parte recurrente contra la empresa AUTOFERBAR, S.A., sobre DESPIDO. Confirmamos la sentencia. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que el depósito de los 300,51 euros (50.000 pesetas) deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella en su cuenta nº 24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004- Madrid, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta  Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 287600000035062007 que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel nº 17, 28010-Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

 


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Lunes, 23 de junio de 2008

Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Madrid

Nº de Recurso: 553/2007

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil ocho.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la

unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado de la Amdinistración de la Seguridad Social en nombre y

representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la sentencia de la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 27 de diciembre de 2006, recaída en el recurso de

suplicación num. 354/06 de dicha Sala, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo

Social nº 2 de Pamplona, dictada el 3 de julio de 2006 en los autos de juicio num. 139/06, iniciados en virtud

de demanda presentada por doña Montserrat contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la

Tesorería General de la Seguridad Social en Navarra y Sarrio Compañía Papelera de Leitza, S.A. sobre

prestación de jubilación por seguro de vejez e invalidez (SOVI).

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS GIL SUÁREZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Doña Montserrat presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Pamplona el 20

de febrero de 2006, siendo ésta repartida al nº 2 de los mismos, en base a los siguientes hechos: La

demandante en fecha 1 de noviembre de 2005 tenía más de 65 años y era perceptora de una pensión de

viudedad; La Ley 9/2005  posibilitó a partir de esta fecha la compatibilidad en determinados supuestos

, se le deniega por no reunir un período de cotización de mil ochocientos días al Seguro

Obligatorio de Vejez e Invalidez, ni haber estado afiliado al retiro obrero, en relación con la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social

,Le reconoce cotizaciones al SOVI: Papelera de Leitza de 2-10-62 aart. 126 de la LGSS en relación con los

arts. 94 a 96 de la Ley dey con los  arts. 4 y 7 de la OM de 2 de febrero de 1940, con la DT.de la LGSS y con el Decreto 931/1959 de 4 de junio

.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandante nació el 15 de septiembre de 1939 y presentó ante el Instituto Nacional

de la Seguridad Social (INSS) solicitud de que se le reconociese y abonase una pensión de vejez del

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), por tener cumplidos más de 65 años el 1 de septiembre del

2005.

El 8 de septiembre del 2005 el INSS dictó Resolución por la que denegó a la actora la petición

mencionada, por no reunir el período de carencia de 1800 días de cotización y no haber estado afiliada al

Retiro Obrero. El INSS en dicha resolución reconoce que la demandante ha efectuado las siguientes

cotizaciones a la Seguridad Social, antes del 1 de enero de 1967: a).- Por su trabajo para la empresa

Papelera de Leiza desde el 2 de octubre de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1966, un total de 1.552 días

de cotización; b).- Por incremento de los llamados "días cuota" por las pagas extraordinarias, 208 días más

de cotización. Así pues, el total de cotizaciones que el INSS reconoce a la demandante a los efectos de la

pensión del SOVI por ella solicitada asciende a 1.760.

En la narración fáctica de autos consta acreditado que la demandante comenzó a trabajar para la

Papelera de Leiza el 5 de mayo de 1962, si bien en el período comprendido entre esa fecha y el 1 de

octubre de ese año dicha empresa no cotizó por ella a la Seguridad Social.

El 20 de febrero del 2006 la demandante presentó ante los Juzgados de lo Social de Pamplona la

demanda origen del presente proceso, dirigida contra el INSS y contra la empresa Sarrio Compañía

Papelera de Leitza SA; en cuyo suplico solicitó que se declare su derecho a percibir la prestación de

jubilación del SOVI, con efectos iniciales del 1 de septiembre del 2005, "condenando a las entidades

demandadas a estar y pasar por dicha declaración, declarándose la responsabilidad directa de Sarrio

Compañía Papelera de Leitza SA".

El Juzgado de lo Social num. 2 de Pamplona dictó sentencia de fecha 3 de julio del 2006 , en la que

estimó la aludida demanda, declaró "el derecho de la actora a la pensión de jubilación del SOVI", y condenó

"al abono de la prestación en un 97´78 % al INSS y en un 2´22 % a la empresa Sarrio Compañía Papelera

de Leiza SA, así como a estar y pasar por esta declaración".

El INSS interpuso recurso de suplicación, y la Sala de lo Social del TSJ de Navarra, mediante

sentencia de 27 de diciembre del 2006 , lo desestimó, confirmando íntegramente la resolución de instancia.

Contra esta sentencia del TSJ de Navarra el INSS interpuso el recurso de casación para la unificación

de doctrina que ahora se analiza. En él se alega, como sentencia de contraste, la dictada por el TSJ de

Cataluña el 5 de mayo del 2005 . En esta sentencia referencial se aborda una cuestión sustancialmente

igual a la que se debate en estos autos, por cuanto que también en ella se trata de una pensión de vejez del

SOVI que, en principio, el INSS había denegado a la trabajadora solicitante por no cubrir el período de

cotización de 1800 días, período que se superaba computando el tiempo que ésta había trabajado para

determinadas empresas pero sobre el que no se había abonado cotización alguna a la Seguridad Social. La

situación analizada en esa sentencia es, como se ve, manifiestamente igual a la de autos. Sin embargo, los

pronunciamientos de estas sentencias no son iguales, pues dicha sentencia de contraste concluye que son

los empresarios incumplidores los que tienen que asumir el pago de la totalidad de la prestación de vejez

del SOVI de la trabajadora; y, por el contrario, la sentencia objeto del presente recurso sostiene que dicha

responsabilidad de pago se tiene que distribuir proporcionalmente entre el INSS y la empresa que no abonó

las cotizaciones debidas, en función de la porción de los 1800 días en que realmente se hubiesen pagado

cotizaciones.

Existe, por consiguiente, contradicción entre las dos sentencias referidas y se cumple el requisito de

recurribilidad que exige el art. 217 de la LPL  disposición transitoria 7ª de la Ley General de la Seguridad Social, el solicitante tenga en 1

«cubierto el periodo de cotización exigido por el extinguido seguro de Vejez e Invalidez».Decreto 93/1959

, y el que se inicia en

2.- "Hay que tomar en consideración la segunda línea doctrinal que ha aplicado criterios de

proporcionalidad a la hora de determinar el alcance de la responsabilidad empresarial. En este sentido

pueden citarse las sentencias de 20 de julio de 1995, 1 de junio de 1998, 20 de diciembre de 1998, 25 de

enero de 1999, 3 de julio de 2002 y 14 de diciembre de 2004 . Estas sentencias determinan el alcance de la

responsabilidad a partir de la repercusión del incumplimiento empresarial en el periodo de cotización

necesario para acceder a la prestación o en la cuantía de la misma, es decir, valorando siempre los efectos

del incumpliendo en la formación del derecho a la prestación controvertida. Por su parte, la sentencia de 14

de diciembre de 2004 reconoce que 'es cierto que algunas de estas sentencias ponderan para aplicar este

criterio de proporcionalidad la incidencia de factores que disminuyen la gravedad del incumplimiento

empresarial, mientras que en el caso de la sentencia recurrida el incumplimiento es objetivamente grave'.

Pero añade que 'el elemento de gravedad, que ha de ponderarse a efectos de la aplicación de las sanciones

administrativas correspondientes, no es esencial en orden a la determinación de la responsabilidad, que, de

acuerdo con la doctrina de la sentencia de 8 de mayo de 1997 , ha de tener en cuenta, cuando se trata de

contingencias comunes, la proyección del incumplimiento sobre la acción protectora'. Subraya esta

sentencia que 'la responsabilidad empresarial, por exigencias del principio 'non bis in idem', no puede actuar

con un segundo sistema sancionador'. La aplicación de esta doctrina lleva en el presente caso a determinar

la responsabilidad en función del alcance de los incumplimientos empresariales sobre el periodo de

cotización requerido para causar derecho a la pensión solicitada."

Y no cabe duda que, en principio, tanto la sentencia de instancia, como la de suplicación han aplicado

criterios de proporcionalidad para determinar las responsabilidades del INSS y de la compañía demandada,

por lo que no hay razón alguna para sostener que la sentencia recurrida vulnera los preceptos legales

denunciados en el recurso.

En el recurso de casación unificadora formulado por el INSS, en los párrafos finales de su

fundamento segundo, se añade una alegación de carácter subsidiario consistente en que considera esta

entidad gestora que, aún admitiendo el criterio de la distribución proporcional de responsabilidades entre

ella y la empresa, los cálculos efectuados por la sentencia recurrida no son correctos, toda vez que

"establecer la responsabilidad empresarial teniendo en cuenta los 40 días que le faltan para alcanzar los

1800 días, no pondera el incumplimiento empresarial y ello porque a los días efectivamente cotizados se le

han añadido los días cuota por pagas extraordinarias". Pero esta alegación realmente constituye un nuevo

motivo o punto de contradicción a resolver en el recurso de casación para la unificación de doctrina de que

tratamos, lo que obliga a que la misma tenga que cumplir con exactitud los requisitos y exigencias que son

propios de todo motivo formulado en esta clase extraordinaria de recurso; fundamentalmente tenía que

haberse citado con respecto a ella una sentencia que fuese contraria a la recurrida en lo que respecta a

esta concreta cuestión. Pero es obvio que en relación a ella no se esgrime ninguna sentencia a los efectos

de la contradicción del art. 217 de la LPL

.FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado de la

Amdinistración de la Seguridad Social en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad

Social, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 27

de diciembre de 2006 , recaída en el recurso de suplicación num. 354/06 de dicha Sala. Sin costas.-

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ,con

la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.

Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal

Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 


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Tribunal Supremo. Sala de lo Social

Ponente: MARIANO SAMPEDRO CORRAL

Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Marzo de dos mil ocho.

Vistos los presentes autos, pendientes ante esta Sala, en virtud de recurso de casación para la

UNIFICACION DE DOCTRINA, interpuesto por el Procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, en nombre y

representación de Dª Melisa, contra la sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 2006 por la Sala de lo

Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso de Suplicación núm.

257/06, interpuesto por la MUTUA ASEPEYO contra la sentencia dictada en 28 de septiembre de 2005 por

el Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia en los autos núm. 1120/04 seguidos a instancia de la ahora

recurrente, sobre accidente de trabajo. Es parte recurrida la MUTUA ASEPEYO, representada por el

Procurador Dª Matilde Marín Pérez, el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representada

por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL y FRIGORIFICOS CARAVACA, S.L.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MARIANO SAMPEDRO CORRAL

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia, contenía

como hechos probados: "PRIMERO.- El marido de la actora don Baltasar, del que se hallaba separada

judicialmente en virtud de sentencia del Juzgado de 10 Instancia n° 3 de Gandía, de fecha 18-2-97 , venía

prestando servicios para la empresa Frigoríficos Caravaca SL desde el 3-3-04, con categoría profesional de

conductor y percibiendo salario mensual de 1.260,98 euros, incluida prorrata de pagas extras. SEGUNDO.-

El día 1-8-04 don Baltasar durante su horario laboral, conducía el vehículo de la empresa marca DAF

modelo FT-95-XF-430, matrícula 8127-BRS y semiremolque frigorífico marca Lecson, matrícula

R-9834-BBL, sin llevar puesto cinturón de seguridad, por la carretera A-1 sentido Irún, cuando al llegar a la

altura del KM 140 tomo el carril de desaceleración con exceso de velocidad saliéndose de la vía en el punto

kilométrico 140'200, volcando, resultando fallecido el conductor y herido leve el pasajero. Don Donato. En el

informe técnico elaborado por la Guardia Civil se consigna causa principal o eficiente del accidente el

exceso de velocidad (90 km/h en el momento, existiendo señal de restricción de velocidad de 40 km/h. El

camión llevaba un sobrepeso de 423 kgs. por encima de lo permitido. TERCERO.- La actora y su esposo

tienen un hijo común, Gabino nacido el 17-4-04. CUARTO.- La empresa demandada tenía concertada la

cobertura de las contingencias profesionales de sus trabajadores, a la fecha del accidente, con la Mutua

Asepeyo, hallándose al corriente de sus obligaciones. QUINTO.- Solicitadas por la actora las prestaciones

derivadas de la contingencia profesional, la Mutua Asepeyo en resolución de 17-11-04 deniega las

prestaciones entendiendo que la causa del accidente es imprudencia temeraria del trabajador, al amparo del

art. 115.4 b

) LGSS, excluyendo el accidente de trabajo. Interpuesta reclamación previa el 1-12-04, resultó

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1

las prestaciones solicitadas por causa de accidente de trabajo es de 1260,98 euros y la fecha de efectos de

2-8-04.". El Fallo de la misma sentencia es el siguiente: "Que estimando la demanda formulada por doña

Melisa contra la Mutua de AT y EP de la SS n° 151, ASEPEYO, el INSS, la TGSS y la empresa Frigoríficos

Caravaca, S.L. debo declarar y declaro que el esposo de la actora D. Baltasar, falleció el 1-8-04 por causa

de accidente de trabajo, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración, debiendo la

Mutua demandada reconocer y abonar a la actora y a su hijo Gabino las indemnizaciones y las prestaciones

derivadas de tal fallecimiento por causa profesional, con base reguladora de 1.260'98 euros, efectos de

2-8-04 y porcentaje de 30'10 % del 52% para la pensión de viudedad y 20% para la de orfandad.".

SEGUNDO.- La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ha mantenido

íntegramente el relato de los hechos probados de la sentencia de instancia. El tenor literal de la parte

dispositiva de la sentencia de suplicación es el siguiente: "Estimando el recurso de la Mutua Asepeyo

revocamos la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Valencia de fecha 28 de septiembre de 2005 ,

desestimando la demanda de Doña Melisa y absolvemos a la recurrente, con devolución del depósito y

consignación.".

TERCERO.- La parte recurrente considera como contradictoria con la sentencia impugnada la dictada

por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 26 de septiembre de 2005

(Rec. 914/2005 ); habiendo sido aportada la oportuna certificación de la misma.

CUARTO.- El escrito de formalización del presente recurso lleva fecha de entrada en el Registro

General de este Tribunal Supremo en fecha 13 de diciembre de 2006 . En él se alega como motivo de

casación, la infracción del

artículo 115.4.b) LGSS

.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1.- La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 31 de mayo

de 2006 (Rec. 257/2006 ), ha revocado la pronunciada en instancia, que estimó la pretensión actora sobre

reconocimiento del accidente de trabajo, como contingencia generadora del fallecimiento de su esposo. Los

hechos probados de esta sentencia relatan que el trabajador fallecido prestaba servicios para la empresa

demandada con categoría de conductor, y que, el día del óbito, conducía un semiremolque frigorífico de la

empresa, sin llevar puesto el cinturón de seguridad, sobreviniendo el accidente cuando tomó el carril de

desaceleración con exceso de velocidad, quedando constancia, en el informe técnico elaborado por la

Guardia Civil, que la causa fundamental del suceso había sido tal exceso de velocidad, al deber de circular

a 40 Km/h y hacerlo a 90 Km/h. El camión llevaba un sobrepeso de 423 kg. por encima del permitido.

La Mutua se ha negado al pago de las prestaciones de muerte y supervivencia por contingencia

profesional, al entender que el accidente tiene por causa la imprudencia temeraria del trabajador y el INSS

reconoce las prestaciones pero derivadas de contingencia común. El Juzgado de lo Social ha estimado la

pretensión actora, pero el Tribunal de suplicación ha estimado el recurso de la Mutua, al considerar que se

ha roto el nexo de causalidad por circular el trabajador con exceso de velocidad, sin cinturón y

sobrecargado, habiéndose producido el accidente exclusivamente por su culpa, lo que priva del carácter

laboral al accidente.

2.- Frente a la sentencia de suplicación, la parte actora ha interpuesto el presente recurso de

casación en el que aporta, como sentencia de contraste, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de

Murcia de 26 de septiembre de 2005 (Rec. 914/2005 ).

Esta sentencia confirma la de instancia que había declarado el fallecimiento derivado de accidente de

trabajo. Consta, en este caso, que el trabajador sufrió un accidente de tráfico cuando conducía un

camión-cisterna propiedad de la empresa compuesta por cabeza tractora y semirremolque. El accidente

ocurrió en un ramal de salida de la autovía, cuando el vehículo, que circulaba a una velocidad de 85 o 90

Km/h, sé introdujo en la curva de salida de la autovía, señalizada con tres indicaciones sucesivas de

limitación de velocidad a 90,70 y 40 km/h y otra señal de "curva peligrosa a la derecha", sin reducir la

velocidad, por lo que se salió de la calzada por el margen izquierdo de la misma. Aunque la consideración

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2

como accidente de trabajo se discute a efectos del reconocimiento de una indemnización pactada en

convenio, interesa al efecto del actual recurso la alegación hecha en el recurso de suplicación, sobre la

infracción del

artículo 115.4.b) LGSS

, al entender la parte recurrente que el accidente sobrevino porartículo 115.4.b) LGSS

,

artículo 115.4.b) de la

) que excluye de la consideración de accidente de trabajo a "los

artículo 115.4.b) LGSS

los conceptos de dolo, imprudencia temeraria e imprudencia profesional. El primer

ley establece

.a), que "no impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: a) la imprudencia

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es claro que, a diferencia de los accidentes laborales, no existe una legislación específica protectora de la

víctima."

2.- Expuestas las anteriores consideraciones, habría que examinar, si, en el supuesto que nos ocupa,

la conducta del trabajador tiene el carácter de temerario, pues de ser así tal comportamiento afectaría a la

propia existencia del accidente de trabajo, según ha sido definido por el

artículo 115.1

en relación con el

artículo 115.4.b) LGSS

. La Sala no considera que el trabajador fallecido haya actuado con imprudencia

Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre

que modifica la

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre

del Código Penal en materia de seguridad vial,artículo 379 del Código Penal

, en el sentido de sancionar al "que condujere un

FALLAMOS

Estimamos el recurso de casación para la UNIFICACION DE DOCTRINA, interpuesto por el

Procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa, en nombre y representación de Dª Melisa, contra la sentencia

dictada en fecha 31 de mayo de 2006 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana en el recurso de Suplicación núm. 257/06. Casamos y anulamos dicha sentencia de

la Sala de lo Social de la Comunidad Valenciana. Y resolviendo el debate planteado en suplicación

desestimamos el recurso de tal clase interpuesto por la Mutua demandada y confirmamos la sentencia de

instancia. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y

comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.

Sr. Magistrado D. Mariano Sampedro Corral hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social

del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.

 


Publicado por tuasesor @ 21:56
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Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Oviedo 558/2007, de 4 de diciembre

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Que la parte actora presentó escrito de demanda con fecha 12 de setiembre de 2007 por entender su derecho a que se establezca la vulneración sufrida por las trabajadoras en sus derechos fundamentales y se reconozca la situación de acoso laboral sufrida por las mismas así como el derecho a percibir la indemnización que cada una de ellas hace constar. Alegó en derecho y suplicó sentencia conforme a sus pretensiones.

Segundo.—Abierto el acto del juicio, la parte actora se ratificó en su demanda y la demandada se opuso alegando lo que estimó pertinente y excepcionando improcedencia de la parte ejercitada y falta de legitimación pasiva, oponiéndose la parte actora a dichas excepciones. Suplicó la absolución.

Tercero.—Recibido el juicio a prueba, se practicó la propuesta con el resultado que consta en el acta. En conclusiones las partes insisten en sus pretensiones, declarándose los autos conclusos y vistos para Sentencia.
Cuarto.—Se observaron las prescripciones legales

HECHOS PROBADOS

1.º Las actoras vienen prestando sus servicios para la demandada desde las fechas que figuran en la demanda y con la categoría profesional de Administrativos. [...] percibe un 1% de [...] sobre el volumen de la formación de cada curso.
2.° [...] fue proclamado Decano-Presidente del colegio profesional demandado por la Junta electoral el 12 de marzo de 2004 y cesó voluntariamente el 6 de septiembre de 2007, ejerciendo desde esa fecha, las funciones de Decano el Vicedecano Sr. [...]. [...], resultó elegido miembro de la Junta de Gobierno del colegio en marzo de 2004, junto con otros 16 colegiados; ejerce funciones de secretario desde octubre de 2004, primero provisionalmente y desde febrero de 2004 de manera definitiva tras las elecciones.

[...] forma parte de la Comisión de Censores de cuentas del propio colegio, nombrado por la Junta General, el 12 de noviembre de 2004 y fue reelegido 7 de abril de 2005, cesando voluntariamente el 28 de diciembre de 2006 junto con los otros tres miembros de la Comisión. La Comisión de censores, se reunía por las tardes, en un horario variable después de las 17 horas; [...] acudía también alguna mañana por la oficina.

3.º M.ª [...] y M.ª [...] tenían encomendadas tareas puramente administrativas, destacando la tramitación de los visados; [...] lleva los asuntos contables y [...] la formación en la que inicialmente trabajaba con otra persona llamada Humberto.
El colegio contrató a otra trabajadora llamada [...] para atender los cursos de formación durante los sábados por la mañana y viernes tarde.

4.° La Comisión de censores, formada por colegiados, intervenía las cuentas del colegio e indagaba en los gastos e ingresos pidiendo información a las actoras, especialmente a [...] personalmente hasta que se decidió anotar las consultas en una libreta, denominada libreta azul que se entregaba al secretario que era quien indicaba la persona de la administración que debía responder a la duda; los censores tenían a su disposición los libros y la documentación.
5.° Dentro del proceso electoral del año 2006, la Junta Electoral, formada por [...],[...],[...]. y [...]., acordaron en la reunión de abril de 2006, cuya fecha concreta no consta, que se depuraran las responsabilidades en el orden laboral de [...]y se investigara la responsabilidad de los restantes trabajadores del colegio sobre hechos acaecidos durante el proceso. La Junta de Gobierno acordó el 31 de mayo del mismo año, a la vista del informe anterior, crear una Comisión Resolutiva formada por [...],[...] y [...] quienes acordaron el 13 de julio que los hechos estarían prescritos el 18 de julio de 2006, que había errores de la Junta electoral y errores administrativos, que el colegio no ofreció los medios informáticos adecuados a la Junta electoral y que existían dudas sobre los hechos denunciados.

6.º Las actoras junto con [...] presentaron un escrito a la Junta de Gobierno que fue examinado en la reunión de 20 de junio de 2006. En él expresaban quejas por hechos sucedidos en los años 2005 y 2006 y solicitaban su amparo. En la Junta el secretario solicitó que se indicara por los demás miembros, alguna actuación contraria a las normas o lesivas hacia el personal sin que ninguno de los presentes dijera nada.

6.° En la reunión de la Junta de gobierno del 10 abril de 2006 se planteó la modificación del horario de las trabajadoras administrativas y que la relación directa con la Gestoría la realizara [...][...]. En la reunión del mismo órgano de 5 de junio, se encomendó la gestión del cambio de horario al secretario. Este mantuvo una reunión con las actoras planteándoles que el servicio debía estar cubierto desde las 9 de la mañana a las 21 horas, sin concretar turnos ni otras circunstancias; las actoras se negaron a aceptarlo y presentaron un escrito el 19 de junio, ante la Junta de gobierno solicitando su amparo, alegando una presión desproporcionada, ilógica y totalmente ajena a la función administrativa, un clima de asedio y amenazas, el cambio de horario para las tardes cuando el colegio llevaba 45 años sin abrir por las tardes en el verano y la ampliación del horario de invierno habiéndoles requerido para que remitieran sus contratos al letrado del colegio. El horario no se modificó.

7.° En la Junta de gobierno de 10 de mayo de 2006 se planteó la remodelación de la oficina y se acordó solicitar varios presupuestos. Ninguno de ellos fue realizado.

8.° Las actoras han estado en situación de incapacidad temporal durante los siguientes periodos:

- [...] desde el 1 de mayo de 2007 en la que continúa, por trastorno adaptativo depresivo con buena evolución.
-[...] desde el 28 de noviembre de 2006 al 23 de febrero de 2007 y desde el 1 de octubre de 2007 en el que continúa. Sigue tratamiento psiquiátrico desde el año 2005 por trastorno de ansiedad con crisis de angustia y trastorno depresivo.
-[...] desde el 14 de noviembre de 2006 al 23 de febrero de 2007 por un cuadro ansioso-depresivo.
9.° Las tareas administrativas, incluido el visado de los proyectos fueron encomendadas por el secretario a [...]. En el mes de noviembre, cuando [...] visaba el proyecto del colegiado [...], le preguntó una duda al secretario quien le contestó que mirara en la guía de burros.

En Junta de gobierno de 26 de diciembre de 2006 se acordó, que ante las bajas de [...] y de [...], se encargaría la otra trabajadora, [...], de las actuaciones administrativas de cierre el ejercicio a efectos del IRPF e IVA.
9.º En la reunión de la Junta de 26 de diciembre de 2006 se informó que se había encargado un nuevo programa informático a la empresa [...] que se instaló en febrero de 2007 y todavía continúa depurándose; se observó por los encargados de la empresa informática que existían frecuentes errores en el uso del sistema como que se intentaba utilizar el programa anterior que era incompatible.

10.º En el mes de septiembre de 2007, la actual Junta de gobierno envió una carta al periódico La Nueva España dirigida al anterior Decano del colegio en la que, entre otras cosas, hace referencia a la existencia de una caja de dinero no regularizado, denominada caja roja de la que faltaban 500.000 ptas y añadía sin que en el Colegio se sepa en estos momentos, quién de las cinco personas que tenían conocimiento de dicha contabilidad paralela y que tenían acceso a llaves y claves de la caja fuerte donde se depositaba la caja roja se apropió de tal cantidad. En el mismo apartado se decía que el anterior Decano había ordenado a las dos empleadas responsables de caja que ciertos cobros en metálico no se anotasen en los libros oficiales ni en los movimientos de la caja, entre mayo de 1999 y diciembre de 2002.
Las personas con acceso a la caja en esos momentos eran [...],[...]y [...][...].

11.° Durante el año 2006 tres colegiados enviaron tres cartas a la Junta de gobierno para quejarse del conflicto creado tras las elecciones y del funcionamiento de la Junta electoral, mencionando que se estaba produciendo un acoso a las trabajadoras de la oficina. No constan denuncias de hechos concretos planteadas ante la Junta de gobierno ni ante la Asamblea general.

12.° En la Junta de gobierno de 3 de noviembre de 2006 se puso en su conocimiento por parte del Decano, que había recibido una llamada del sindicato Comisiones Obreras para analizar la situación de determinadas personas laborales del colegio. Tras mantener la reunión se informó en la Junta de 2 de diciembre de 2006 que los representantes sindicales indicaron que existía un mal ambiente laboral, relacionado con las bajas y el lloro de una de las trabajadoras; los representantes del colegio se hicieron las consideraciones oportunas y se concluyó que debía existir una comunicación abierta y disposición para colaborar.

13.° Las actoras presentaron conciliacion previa el 28 de mayo de 2007 que se celebraron el 11 de junio sin avenencia. Las demandas se interpusieron el 12 de septiembre y fueron acumuladas por Auto de 17 de octubre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.Las actoras solicitan que se declare que se ha producido una situación de acoso laboral causada por los codemandados y consentida por el colegio profesional. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el verbo acosar como acción de perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona. El añadido al acoso del califícativo moral viene a incidir en que el acoso persigue conseguir el desmoronamiento íntimo, psicológico, de la persona. La Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996, al referirse al acoso moral, habla de actos condenables o explícitamente hostiles dirigidos de modo repetido contra todo asalariado en el lugar de trabajo... y la Comisión Europea, en 14 de mayo de 2001, señala, también, como característica esencial del acoso, los ataques sistemáticos y durante mucho tiempo de modo directo o indirecto.

Como sostiene la doctrina, las Directivas de la Unión Europea, la 43/2001, de 29 de junio, y la 78/2001, de 27 de noviembre, al referirse al acoso moral, desde la perspectiva jurídica de la igualdad de trato en el empleo y con independencia del origen étnico, lo consideran como una conducta de índole discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona y crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. El acoso moral debe tener, siempre, unos perfiles objetivos como son los de las sistematicidad, la reiteración y la frecuencia, requisito este el de la permanencia en el tiempo tradicionalmente aceptado en nuestra doctrina judicial (STSJ País Vasco 20-4-02, STSJ Galicia 8-4-03, STSJ Canarias/Las Palmas 28-4-03) y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la persecución de un fin.

Son, por tanto, elementos básicos de este anómalo proceder humano, de una parte, la intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio a la integridad moral de otro, aunque no se produzca un daño a la salud mental del trabajador, (el concepto de integridad moral es distinto del de salud) requisito éste, siempre exigido en este irregular comportamiento o actitud y, de otra parte, la reiteración de esa conducta de rechazo que se desarrolla de forma sistemática durante un período de tiempo. Lo importante es que el comportamiento sea objetivamente humillante, llevando así implícito el perjuicio moral, pues si se piensa que el acosador puede ser un enfermo y no por tanto responsable de su actos, la búsqueda del resultado de humillación o vejación es un elemento normal de este comportamiento, pero no necesario. Lo que caracteriza al acoso moral es, sin duda alguna, la sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce sobre una persona (se le ningunea, hostiga, amilana, machaca, fustiga, atemoriza, amedrenta, acobarda, asedia, atosiga, veja, humilla, persigue o arrincona) en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir su comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin de conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su autoexclusión.

En este orden de ideas, la misma doctrina define el acoso moral como comportamientos, actos o conductas llevados a cabo por una o varias personas en el entorno laboral que, de forma persistente en el tiempo, tiene como objetivo intimidar, apocar, amilanar y consumir emocionalmente e intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida de la organización o a satisfacer la necesidad patológica de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador como medio de reafirmación personal.

El acoso laboral precisa de una efectiva y seria presión psicológica, bien sea ésta de un superior o de un compañero acoso vertical y horizontal que sea sentida y percibida por el trabajador acosado al que causa un daño psíquico real que le hace perder la posibilidad de una normal convivencia en su propio ámbito profesional. A veces, las prácticas de acoso u hostigamiento suponen un estilo de gestión que busca la clave del éxito empresarial en la obediencia al jefe o líder de la organización. Se trataría de una forma de dominio sobre las personas, erradicado en el mundo civilizado, en la que el poder ha de ocultarse para poder seguir ejercitándose.

Intencionalidad y sistemática reiteración de la presión (Leymann, en términos generales lo concreta en una vez por semana durante al menos seis meses) son requisitos necesarios para poder hablar de acoso moral en el trabajo, en el que, a semejanza del reino animal, miembros débiles de una misma especie se coaligan contra un individuo más fuerte al que, por diversos motivos, se ataca y excluye de la Comunidad.

Pero no toda actitud de tensión en el desarrollo de la actividad laboral puede merecer el calificativo de acoso moral. Hemos de distinguir lo que es una conducta de verdadera hostilidad, vejación y persecución sistemática de lo que puede ser la exigencia rigurosa de determinado comportamiento laboral, o un ejercicio no regular del poder directivo empresarial, pero que no pretende socavar la personalidad o estabilidad emocional del trabajador. No puede, en este orden de cosas, confundirse el acoso moral con los conflictos, enfrentamientos y desentendidos laborales en el seno de la empresa por defender los sujetos de la relación laboral intereses contrapuestos. El conflicto, que tiene sus propios cauces de solución en el Derecho del Trabajo, es inherente a éste, al menos en una concepción democrática y no armonicista de las relaciones laborales. Se ha llegado a afirmar que el conflicto es "una patología normal de la relación de trabajo". Tampoco el estado de agotamiento o derrumbe psicológico provocado por el estrés profesional, propio de la tecnificación, competitividad en el seno de la empresa, horarios poco flexibles para compatibilizar la vida laboral y familiar, la precariedad del empleo y la falta de estabilidad laboral, debe confundirse con el acoso moral, caracterizado por el hostigamiento psicológico intencionado y reiterado. Ni siquiera, con todo lo repudiable que pueda ser, manifestaciones de maltrato esporádico, de sostenimiento a inadecuadas condiciones laborales o de otro tipo de violencias en el desarrollo de la relación de trabajador son equiparables al propio y verdadero acoso moral.

Frecuentemente empieza de forma sutil mediante acciones esporádicas, el agresor suele recurrir a prácticas tales como el rechazo a la comunicacion directa, las humillaciones en público, el boicot laboral, la marginación en las tareas colectivas, la asignación de tareas inferiores, la disminución o eliminación de la formación o adiestramiento imprescindibles para el empleado, trato desconsiderado o abuso de poder. La doctrina constitucional exige la existencia de indicios de lesión de derecho fundamentales trasladando al empresario la prueba de la existencia de un motivo razonable de la actuación empresarial, constituyendo esta exigencia una auténtica carga probatoria y no un mero intento probatorio, debiendo llevar a la convicción del juzgador no la duda, sino la certeza de que su decisión fue absolutamente extraña a todo propósito discriminatorio o atentatorio a los derechos fundamentales del trabajador (sentencia del Tribunal Constitucional 114/1989, de 22 de junio), argumento que es aceptado por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de febrero y 15 de abril de 1996.
Ahora bien, como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de octubre de 2006, no debe confundirse la utilización abusiva de las facultades inherentes al poder de dirección empresarial con el acoso moral, para cuyo alcance es preciso que concurra un plus de gravedad en el incumplimiento empresarial, revelador de un propósito de acoso al trabajador para forzar su baja o su resistencia, y que se provoque en el trabajador la lesión de la integridad física y moral.

Segundo.El demandado opone la excepción de falta de legitimación pasiva de las personas físicas codemandadas, confundiendo, a la vista de sus argumentos, la conveniencia de que sean demandados con la posible responsabilidad. Es discutido en la jurisprudencia si deben ser o no demandadas las personas a las que se imputa la conducta de acoso y la jurisprudencia unificada entiende que no existe falta de litisconsorcio pasivo necesario si no lo son; sin embargo la doctrina estima que al ser demandados pueden articular directamente los medios de defensa en cuanto que la sentencia que se dicte puede ser utilizada por la empresa para adoptar medidas en su contra. No hay duda en que ninguna responsabilidad se derivaría en ningún caso contra ellos porque lo que se imputa y juzga es el consentimiento por parte de la empresa de la situación de acoso.

Tercero.Las relaciones dentro del colegio profesional demandado están condicionadas por las tensas situaciones, con repercusión pública, provocadas por la anterior Junta de gobierno y el proceso electoral del que salió elegida parte de la actual y las relaciones laborales no son ajenas a ese clima. Corresponde a las actoras aportar un indicio de prueba sobre la situación de acoso denunciada. El colegio insiste en su argumento de falta de concreción de los hechos que ya fue resuelto tras el recurso de reposición contra la admisión a trámite. En la demanda, que idéntica para cada una de las actoras, se recogen entrecomilladas expresiones dirigidas al parecer a las actoras y una actitud prepotente genéricamente calificada; estos son los hechos de la demanda.

En cuanto a los indicios, merece destacarse el interrogatorio de las actoras porque no fueron capaces de concretar hechos o comportamientos de los demandados que pudieran ser atentatorios contra su dignidad como trabajadoras y fueran dirigidos a minar su voluntad y su resistencia. Se limitaron en la mayor parte de sus de[...]ciones, a calificar situaciones que no describían, como amenazas, ofensivas, etc.; sólo relataron un incidente, ocurrido durante el mes de noviembre, en el que también coincidió el testigo Fernando, cuando el secretario dirigiéndose a [...] le dijo que mirara en la guía de burros, expresión totalmente incorrecta y que no sólo excede el poder de corrección sino que supone un incumplimiento de sus funciones.

Más allá de este hecho, hay una imputación general que se traduce en los hechos obtenidos de la numerosa documentación aportada, en su mayor parte irrelevante a estos efectos. Hay un problema inicial en el proceso electoral del año 2006 que motivó la creación de una comisión especial dirigida a depurar responsabilidades, pero de la que no se obtiene una reprobación de las trabajadoras, sino de la propia Junta electoral y del colegio por los fallos de la primera y la falta de medios informáticos en el proceso del segundo. Es cierto que en el informe de la Junta electoral se menciona a alguna de las actoras, en concreto a [...], porque era obligación de la Junta velar por el correcto desarrollo del proceso electoral. No es este el momento de determinar si las trabajadoras incurrieron o no en responsabilidad, pero tampoco lo hizo la empresa, por lo que lo ocurrido en esta materia forma parte del normal devenir del trabajo.

En cuanto a las modificaciones del horario y la redistribucián de la oficina, recolocando los puestos de trabajo, entra dentro de las facultades de organización del trabajo atribuidas legalmente a la empresa. Debe destacarse que no se llevaron a cabo ni una ni otra por lo que la situación de las trabajadoras no varió. Si se hubiera producido y las trabajadoras no estuvieran conformes, existen mecanismos legales para la defensa de sus intereses.

El asunto del programa informático fue utilizado de manera vaga por las actoras. Se implantó un nuevo sistema en febrero de 2007 para sustituir al anterior y con el que era incompatible. Como es natural existieron desajustes imputables tanto al sistema como a las usuarias, sin que. Esta imputación, recogida en actas de la Junta, sea otra cosa que una constatación de la realidad y entre dentro de la facultad correctora del empresario a la que están sometidas en cuanto que trabajadoras
Especial hincapié hicieron las actoras en la carta publicada en un periódico y en la pagina web del colegio, en respuesta al anterior decano Todas dijeron sentirse a1udidas cuando se refiere a que ninguna de las personas encargadas de la caja del dinero no regularizado, se hizo responsable de la desaparición de una cantidad. Pero el texto debe leerse completo y comienza diciendo que las dos trabajadoras, cuyos nombres no menciona pero como resulta de la prueba eran [...]y [...], encargadas de su manejo, cumplieron las instrucciones del decano y secretario anteriores a los que si identifica; continúa el texto refiriéndose a las cinco personas, en las que también está incluida [...]. Del conjunto del párrafo dedicado a ese tema como del resto de la misiva, resulta claro que las imputaciones se hacen al anterior equipo y no a las trabajadoras a las que en ningún momento se acusa de nada; quizá la referencia a las cinco personas debió evitarse, pero correctamente entendida en el contexto de la carta y de la situación colegial, no tiene ningún matiz ofensivo. En todo caso, las actoras podían acudir a la vía legal en defensa de sus intereses, pero no calificar dicho dato como parte del acoso.

Las quejas de colegiados en las que se hace referencia genérica al acoso laboral, presión y términos similares, y las cartas de amparo remitidas por los trabajadores a la Junta de gobierno siguen sin describir conductas concretas y se limitan a calificarlas; las primeras no fueron seguidas de una exposición más amplia ante la Junta de gobierno ni ante los órganos del mismo y parecen recoger las quejas de las propias trabajadoras a las que conocen desde hace mucho tiempo, vista la fecha de inicio de la relación laboral de [...],[...]y [...]. Para apoyar su queja no se propuso como testigo en la vista, a otro de los trabajadores que se quejó y que ya no presta sus servicios para el colegio ni otro dato que sirva para declarar probado hechos concretos.

Sobre el cambio de tareas asignadas a cada una, debe tenerse en cuenta que las actoras ostentan la misma categoría de Administrativos y que es una facultad del empresario, organizar el trabajo. Consta que las funciones meramente administrativas las lleva ahora [...], junto con la formación, y que se encargó en el año 2006 la gestión de las nóminas y los contactos con la gestoría a [...] que antes realizaban [...]y [...]. Tampoco es el procedimiento adecuado para valorar si se produjo una variación sustancial de las condiciones de trabajo, procedimiento al que pudieron acudir en su caso, sino si ello supone un menosprecio y un descrédito laboral que pueda ser calificado de acoso laboral. No se llega a esa conclusión porque no se concretó la fecha en que se atribuyeron a [...] las tareas de sus compañeras, teniendo presente que ambas estuvieron y continúan en incapacidad temporal y su trabajo deben realizarlo otras personas: La atribución a [...] del contacto con la gestoría, parece estar relacionado con la elaboración de las nóminas, lo que tampoco es una extralimitación del derecho por parte de la empresa.

En cuanto a los codemandados, ninguna conducta concreta se imputó a [...] quien formó parte de una de las comisiones del colegio y actuó conjuntamente con el resto de sus miembros, comunicándose con las trabajadoras a través de la llamada libreta azul, situación que desagrada a las actoras pero que obedece al horario laboral que no coincide con las reuniones de la comisión censora; no se acreditó que el citado haya tenido un comportamiento diferente del resto de la comisión ni que los términos empleados sean constitutivos de la grave infracción imputada.

En cuanto al decano y al secretario, el letrado del colegio intentó describir y justificar las posibles y probadas muestras de mala educación del segundo por su carácter, cuestión que es irrelevante para determinar si su comportamiento se ajusta a los términos de una relación laboral. Queda demostrado que ninguno de los dos actúa con la cortesía que las actoras esperan o a la que están acostumbradas, pero ninguno de los hechos genéricamente imputados ni los probados, pueden ser calificados como acoso laboral porque carecen de la relevancia y gravedad exigida jurisprudencialmente.
Por todo ello, se desestima la demanda.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimo la excepción de falta de legitimación pasiva y desestimo la demanda interpuesta por D.ª [...], D.ª [...], D.ª [...]Y D.ª [...]contra el COLEGIO [...], D. [...], D. [...], D. [...] y contra el MINISTERIO FISCAL y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos de la demanda.
Adviértase a las partes que de conformidad con lo establecido en el art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral, contra esta sentencia cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.


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El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto a favor de un trabajador que reclamó ser readmitido o cobrar una indemnización por parte de la empresa que lo despidió, por consultar su correo electrónico personal, chatear y ver vídeos pornográficos en horario laboral.

La empresa T&D Innovación y Mantenimiento S.A decidió despedir al trabajador porque, entre el 22 de marzo y el 2 de abril de 2004, incurrió en faltas de asistencia y puntualidad, comió pipas durante 50 minutos y utilizó de forma irregular para fines privados el acceso a Internet, lo que fue determinante para rescindir el contrato.

La compañía utilizó un programa de seguimiento para comprobar qué hacía el citado trabajador en Internet, averiguando así que "chateaba", consultaba su correo web personal y visualizaba vídeos pornográficos en horario laboral y que lo hizo durante siete días prácticamente consecutivos.

La sentencia de la Sala de lo Social del TS desestima el recurso que interpuso la compañía, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara la sentencia de un juzgado de lo Social de Vizcaya, que avalaba el despido procedente de Javier S.L..

Un juzgado de lo social de Bilbao dio la razón a la empresa, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco se la quitó, por entender que la prueba utilizada para documentar el despido fue obtenida de forma ilícita.

Tras recordar que la empresa permitía la utilización de Internet con carácter particular y que no hizo advertencia alguna al trabajador, el TSJ del País Vasco estableció en su sentencia que la prueba obtenida vulneró el artículo 18 de la Constitución española, que regula el derecho al honor y a la intimidad personal y garantiza el secreto de las comunicaciones.

Ahora, el Tribunal Supremo avala la tesis del TSJ del País Vasco, que condenó a la empresa a readmitir al trabajador en el mismo puesto o a indemnizarle con 4.200,3 euros y el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de sentencia, a razón de 43,08 euros diarios.

elmundo.es


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Sentencia Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Málaga, núm. 320/2004 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 13 febrero
Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación núm. 2567/2003.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Manuel González Viñas.;

DESPIDO: transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza: no es imprescindible el perjuicio económico para la empresa: ni el lucro del trabajador; no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable; procedente: uso temporal y para fines particulares de dinero depositado en caja fuerte por la empresa para atender a imprevistos: reintegro posterior.

GARANTIAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO: sucesión de empresas: desestimación: franquicia: falta de prestación laboral ininterrumpida.

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el demandante y estima el formulado por la empresa "R. R., SL" codemandada, contra la Sentencia de 08-04-2003 del Juzgado de lo Social núm. 8 de los de Málaga, dictada en autos promovidos en reclamación por despido, revocándola en el sentido de declarar la procedencia del despido, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

En Málaga, a trece de febrero de dos mil cuatro.
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente:
SENTENCIA

En el recurso de Suplicación interpuesto por Carlos A. y R. R., SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Ocho de Malaga, ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Jose Manuel Gonzalez Viñas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Que según consta en autos se presentó demanda por Carlos A. y R. R., SL sobre DESPIDO siendo demandado M. [...]INC, FOGASA habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 8-4-03 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

I.-1. El demandante comenzó a prestar sus servicios para el demandado R. R., SL el día 01.08.92, ostentando últimamente la categoría profesional de Gerente de Establecimiento, y percibiendo un salario mensual de 0000'00.

2. Con anterioridad el actor prestó servicios, en el mismo centro de trabajo, para las mercantiles en régimen de franquicia que constan en el Informe de Vida laboral que obra en autos (doc. 1 de la actora) y se da por reproducido.

3. El actor trabajaba en el turno de nueve de la mañana a cinco de la tarde. En el establecimiento hay otros dos turnos, uno de diez de la mañana a seis de la tarde, y otro de tarde.

II.-1. En fecha 11.10.02 la empresa comunica verbalmente al trabajador demandante su decisión de despedirle.

2. En fecha 15.10.02 el demandante recibe carta de despido. Obra en autos y se da por reproducida.

3. En fecha 14.11.02 el demandante recibe carta de despido en la que se amplía y detalla la de 15.10.02. Obra en autos y se da por reproducida.

III.-1. Con ocasión de la entrada en circulación del euro, se produjeron en el centro de trabajo donde el actor presta sus servicios (Restaurante M.) numerosos y constantes problemas relacionados con el cuadre de las cajas.

2. En fecha no bien determinada del mes de marzo de 2002 el demandante puso tales problemas en conocimiento del Supervisor D. Carlos A., el cual verbalmente le indicó la manera de gestionarlos, que consistía, básicamente, en facturar el pedido, abrir la caja, anular el pedido, sacar el dinero y guardarlo, y apuntar el producto en una hoja de basura para descartar de inventario.

3.1. Como consecuencia de ese modo de operar, no consta la falta de cantidad alguna a la empresa. No consta tampoco que el demandante se haya quedado para sí cantidad alguna, o la haya desviado para otro fin o para otras personas.

3.2. En particular no constan debidamente acreditados los hechos descritos en el punto 1º de la carta de fecha 08.11.02

IV.-1. El día 24.06.02 la empresa que se ocupaba de la recogida de las recaudaciones de las cajas detectó la falta de 1.309,99  , correspondientes a los días 21, 22 y 23 de dicho mes. No se acredita que el demandante participara ni directa ni indirectamente en el cómputo de la cantidad ni en la entrega a la Compañía de Seguridad. El parte de entrega fue confeccionado por el trabajador D. S., del turno siguiente al del actor.

2. El día 25.08.02 la empresa que se ocupaba de la recogida de las recaudaciones de las cajas detectó la falta de 2.382,20  . No se acredita que el demandante participara ni directa ni indirectamente en el cómputo de la cantidad ni en la entrega a la Compañía de Seguridad. El parte de entrega fue también confeccionado por el referido D. S.

V.-No hay prueba bastante de que el demandante eximiera del pago de la cantidad fija por adulto y por niño en las fiestas que se detallan en los puntos 2º y 6º de la carta de fecha 08.11.02

VI.-No hay prueba bastante de que el demandante haya modificado ni maliciosamente ni de otra forma los inventarios de existencias del establecimiento en los meses de agosto y septiembre de 2002.

VII.-No hay prueba bastante de que el demandante rompiera facturas de proveedores.

VIII.-No hay prueba bastante de que el demandante, sin permiso ni conocimiento de la empresa, se permitiera hacer invitaciones a diferentes clientes. En particular no consta que las hiciera a los clientes identificados en los puntos 5º y 6º de la carta de fecha 08.11.02.

IX.-1. La empresa mantiene en el establecimiento una caja fuerte con una cantidad fija de dinero (3.000'00  ) para atender los imprevistos de cambio y pago de facturas.

2. El actor, sin conocimiento de la empresa, en fecha 24.09.02 dispuso temporalmente de 200'00   de esta caja para fines particulares.

3. El día 12.10.02, y tras serle requerida, restituyó a la empresa, por medio de su esposa, la citada cantidad.

X.-No hay prueba bastante de que el demandante haya hecho desaparecer los rollos de las impresoras que se refieren en el punto 8º de la carta de 08.11.02.

XI.-1. El día 07.09.02 se detectó un error informático en la caja registradora número 8 del establecimiento, para cuya solución el demandante se puso en contacto con el servicio técnico.

2. No hay prueba bastante de que el demandante, aprovechándose de dicho error informático en los términos que se expresan en el punto 10º de la carta de fecha 08.11.02, se apropiase de 130  .

XII.-No hay prueba bastante de que el demandante haya insultado o faltado el respecto en público de cualquier forma a la titular de la franquicia ni a su cónyuge.

Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte demandante, recurso que formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Contra la sentencia de instancia que estimando la demanda en reclamación por despido objeto de litis, decreta su improcedencia con los efectos legales a ello inherentes que se concretan en su fallo, se alzan en suplicación ambas partes litigantes, la actora articulando un primer motivo, al amparo del apartado b) del artículo 191 LPL, postulando revisión de probados y en particular la adición de uno nuevo con el siguiente tenor literal: En fecha 1 de julio de 1991 la empresa Restauración SL se subrogó en la empresa R. S. respecto al actor, comunicándose dicha subrogación al INEM mediante anexo al contrato, registrado en la Oficina de empleo de T. el 16.4.99.

Propuesta de revisión fáctica que no puede prosperar pues de la documental que al efecto se invoca, no se desprende de manera patente y evidente como pretende la recurrente, una prestación servicial ininterrumpida para ambas empresas franquiciadas por parte del ahora recurrente y en realidad así lo viene a poner de relieve, al reconocer que del propio informe de vida laboral que la resolución combatida da por reproducido (hecho probado 1.2), se desprende que entre el 1.7.91 y el 31.7.92 no aparece cotización alguna por el actor, lo que a falta de prueba en contrario como a su vez aduce la impugnante debe ser asimilado a falta de prestación servicial para la demandada con antelación al 1.8.92, sin perjuicio todo ello evidentemente, de que a efectos distintos de los derivados de la decisión extintiva, se le hubiera podido reconocer una antigüedad superior.

Ya por la vía del apartado c) del artículo 191 LPL denuncia la recurrente, infracción de lo dispuesto en el art. 56-1-a) ET en relación con el art. 110.1.LPL art. 44 ET en relación con la directiva 2001/23 de 12 de agosto de 2001 del Consejo relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, centros de actividad o de partes de empresa y art. 1255 Código Civil, por entender en definitiva, que el computo del tiempo de servicios que se le debe tener en cuenta al momento de establecer la indemnización a señalar como consecuencia de la declaración de improcedencia de su despido.

Motivo de censura jurídica que no puede prosperar, pues aun cuando la existencia de varios franquiciados no excluye de por sí la operatividad del art. 44 ET entre ellos siempre que hayan concurrido los requisitos necesarios para ello y no evidentemente con el franquiciador, con el que les uniría una relación de naturaleza mercantil, en cualquier caso dicha subrogación no se ha producido respecto del actor pues como se desprende del inmodificado relato de probados, su última prestación servicial para la anterior concesionaria de la franquicia fue el 30.6.91 y el inicio de su prestación servicial para la ahora demandada fue el 1.8.92, con lo cual no queda constatada esa prestación servicial pretendidamente ininterrumpida en el mismo centro de trabajo para una y otra empleadora que evidentemente es el presupuesto fáctico para que el precitado artículo y resto de normativa que se aduce como infringida pueda surtir plenos efectos. Razones que comportan que el recuso de la actora deba fracasar.

Contra la sentencia de instancia como se dijo se alza igualmente en suplicación la empresa demandada R. R. SL articulando un único motivo de censura jurídica al amparo del apartado c) del artículo 191 LPL por tanto para denunciar infracción por no aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 a) y 20.1 y 2 ET así como del art. 54.2 d) del mismo Texto Legal y art. 40.2 de II Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el Sector de Hostelería BOE 1.7.02 al considerar que la conducta de la contraria que se relata en el hecho probado nueve puntos 1.2 y 3 de la sentencia de instancia comporta una transgresión de la buena fe contractual, pues no cabe duda que al utilizar como gerente del establecimiento, dinero de la empresa para usos propios, desviándolos del uso para el cual está destinado, supone una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución del contrato de trabajo.

Sobre referida causa, esta Sala viene señalando que la transgresión de la buena fe constituye una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución del contrato de trabajo -arts. 5 a) y 20-1 del ET-, y el abuso de confianza constituye una modalidad cualificada de aquélla, consistente en el uso desviado de las facultades conferidas, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa; Sentencias del tribunal Supremo de 26 de febrero 1991 y 18 mayo 1987.

* La buena fe es consustancial al contrato de trabajo, en cuanto que por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador en una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y pudiendo definirse la buena fe en sentido objetivo como un modelo de tipicidad de conducta exigible, o mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (arts. 7.1 y 1258 del Código Civil y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 enero 1986, 22 mayo 1986 y 26 enero 1987);

* La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios (SSTS 8 febrero 1991 y 9 diciembre 1986), siquiera en ocasiones haya sido considerado el mismo como uno de los factores a ponderar en la valoración de la gravedad (Sentencias del tribunal Supremo de 30 octubre 1989).

* De igual manera no es necesario que la conducta tenga carácter doloso, pues también se engloban en el art. 54.2 d) del ET, las acciones simplemente culposas, cuando la negligencia sea grave e inexcusable (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 abril 1991, 4 febrero 1991, 30 junio 1988, 19 enero 1987, 25 septiembre 1986 y 7 de julio 1986);

* A los efectos de valorar la gravedad y culpabilidad de la infracción pasan a un primer plano la categoría profesional, la responsabilidad del puesto desempeñado y la confianza depositada, agravando la responsabilidad del personal directo (así en sentencias del Tribunal Supremo de 12 mayo 1988 y 19 diciembre 1989);

* En la materia de pérdida de confianza no debe establecer graduación alguna (SSTS 29 noviembre 1985 y 16 julio 1982 y STSJ Andalucía/Málaga 18 abril 1994). Pues como ha declarado el Tribunal Supremo, la deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone (SSTS 24 y 25 febrero y 26 septiembre 1984), pero también en abusar de la confianza recibida de la empresa, en razón del cargo desempeñado, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales. Dicha falta se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de lucro personal, ni haber causado daños a la empresa y con independencia de la mayor o menor cuantía de lo defraudado, bastando el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad propios de la relación laboral -SSTS 26 mayo 1986 y 26 enero 1987-, pues los daños y perjuicios causados son uno de los elementos a tener en cuenta para valorar la gravedad de la falta, pero no el único, pudiendo ponderarse otros como la situación objetiva del riesgo creada, la concurrencia de abuso de confianza, o el efecto pernicioso para la organización productiva (STSJ Navarra de 20 noviembre 1997).

A la vista de la doctrina, expuesta debe concluirse que la sentencia de instancia ha incurrido en las infracciones denunciadas pues no puede resultar justificable tal conducta ni tan siquiera como atenuante en su gravedad, el hecho de que como se aduce en la misma no se haya acreditado ninguna prohibición expresa o implícita de hacer un uso temporal del dinero que hay en esta caja para usos particulares, pues ya se reconoce y se da por constatado que los citados fondos estaban destinados a atender los imprevistos de cambio así como el pago a proveedores, ni por lo expuesto que no se haya acreditado la comisión de perjuicio alguno por ello a la empresa y menos aún, que lo devolviera, pues como igualmente se reconoce, tal devolución se produjo una vez la demandada tuvo conocimiento del hecho y requirió para su devolución al actor.

Razones que comportan como se ha dicho que el recurso de la demandada deba prosperar con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia y calificación del despido enjuiciado como procedente, con los efectos legales a ello inherentes conforme art. 109 LPL quedando convalidada la decisión extintiva que lo produjo.

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Carlos A. contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2003 dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga, en autos en reclamación por despido seguidos a su instancia frente a R. R. SL M. [...]INC y FOGASA y debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la demandada R. R. SL frente a dicho pronunciamiento que se revoca en su totalidad, decretándose por el contrario la procedencia del despido del actor sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


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Tribunal Supremo

Sala de lo Social

 

Sentencia de 30 de mayo de 2003
Recurso Num.: 008/1639/2002

Presidente: Excmo. Sr. D. Luis Gil Suárez
Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Iglesias Cabero

En la Villa de Madrid, a treinta de mayo de dos mil tres.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado D. [...], en nombre y representación de Dª [...], contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 18 de marzo de 2002, recaída en el recurso de suplicación nº 733/01 de dicha Sala, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, dictada el 30 de abril de 2001 en los autos nº 454/00, iniciados en virtud de demanda presentada por Dª [...], contra [...], S.L., MUTUA [...], INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre pensión de viudedad derivada de accidente de trabajo.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL IGLESIAS CABERO

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-

Con fecha 30 de abril de 2001 dictó sentencia el Juzgado de lo Social de Huesca, declarando como probados los siguientes hechos: "1º.- Que la actora [...], mayor de edad, y que ostenta D.N.I. [...] y reside en [...] (Huesca), consta estuvo casada desde [...] con [...], que venia desempeñando servicios para la empresa de transportes [...] S.L., con categoría profesional de conductor-mecánico, y con un salario mensual de 137.787.- pesetas incluido el prorrateo de pagas extraordinarias, teniendo la citada empresa cubiertas las contingencias profesionales con la Mutua [...]. 2º.- Que [...], falleció el [...], en un accidente de tráfico, tras sufrir un infarto de miocardio cuando conducía su vehículo particular hacia el lugar donde estaba estacionado el camión de la empresa con el que venia trabajando, para iniciar su jornada de trabajo, constando que la empresa le dio instrucciones para que aparcara el camión en ese lugar el día anterior al accidente y lo recogiera allí en ese día para salir en viaje de carga, y constando que la empresa era la tomadora del seguro del vehículo particular de [...], y que dicho vehículo era el que éste utilizaba habitualmente para dirigirse desde su domicilio familiar hasta el lugar donde estuviera estacionado el camión asignado por la empresa. 3º.- Que consta que durante los días del mes de julio inmediatamente anteriores al accidente, [...] realizó 77 horas extraordinarias para atender compromisos de la empresa, en viajes por las provincias de Huesca, Lérida, Tarragona, Toledo, Cuenca y varias localidades del sur de Francia, y que el día [...] prolongó su jornada hasta las 21 horas, constando que el accidente se produjo a las 6:15 horas de la mañana siguiente. 4º.- Que consta que la Mutua acordó con fecha [...] no estimar el fallecimiento de [...] como accidente de trabajo. 5º.- Con fecha 22-09-2000 la actora solicitó del instituto Nacional de la Seguridad Social las prestaciones por muerte y supervivencia que le fueron reconocidas en resolución de fecha 09-10-2000, por la contingencia de enfermedad común, y en cuantía de 5.000.- pesetas por auxilio de defunción y pensión de viudedad de 55.326.- pesetas mensuales. Se agotó la vía administrativa previa."

 

SEGUNDO.-

El fallo de dicha sentencia es del siguiente tenor literal: "Que debo estimar en los términos expuestos la demanda formulada por [...], contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Mutua [...], Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº [...] y [...], S.L., con declaración de que el fallecimiento del esposo de la actora fue derivada de accidente de trabajo, con condena a todos los demandados a pasar por tal declaración, y a la empresa demandada [...], S.L. y como subrogada directamente a la Mutua [...] y a la Tesorería General de la Seguridad Social en los términos legales, y en su caso a abonar a la actora una indemnización a tanto alzado de 826.722.- pesetas que corresponden a seis mensualidades de la base reguladora de 137.787.- pesetas/mes, y una pensión de viudedad de 62.004.- pesetas al mes, con efectos de [...]".

 

TERCERO.-

Contra dicha sentencia interpusieron recursos de suplicación los Letrados de la MUTUA [...], del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictó sentencia con fecha 18 de marzo de 2002, con el siguiente fallo: "Estimamos los recursos de suplicación nº 733 de 2001, ya identificados, y en consecuencia, revocamos la sentencia recurrida y desestimamos la demanda. Devuélvase a la Mutua demandada el depósito, aval y capital coste constituidos. Sin costas."

 

CUARTO.-

El Letrado D. [...], en nombre y representación de Dª [...], preparó recurso de casación para la unificación de doctrina contra la meritada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y emplazadas las partes se formuló en tiempo escrito de interposición del presente recurso aportando como contradictoria la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 28 de abril de 1998, recurso nº 1994/98.

 

QUINTO.-

Evacuado el trámite de inadmisión, el Ministerio Fiscal emitió el perceptivo informe proponiendo la declaración de la improcedencia del recurso.

 

SEXTO.-

Por providencia de fecha 9 de abril de 2003, se señaló el día 23 de mayo de 2003 para la deliberación, votación y fallo del presente recurso lo que tuvo lugar en la fecha indicada.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.-

El presente litigio tiene origen en la demanda que formuló la viuda de un trabajador, fallecido el [...], con la pretensión de que se declare que la muerte del esposo de la actora fue derivada de un accidente de trabajo, con las consecuencias inherentes a tal declaración. La sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda, pero la sentencia de suplicación estimó el recurso de tal clase interpuesto por la Mutua [...], el INSS y la TGSS, revocó la resolución recurrida y desestimó la demanda. Ahora es la actora la que ha interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, citando para el contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y contrariamente a lo que sostiene la Mutua demandada concurre el requisito procesal de la contradicción, al ser coincidentes los hechos, las pretensiones y los fundamentos, conforme a las exigencias del artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues en ambos casos se trataba de decidir si el infarto de miocardio sufrido por los trabajadores en el trayecto que recorrían desde sus domicilios al lugar de trabajo, merece o no el calificativo de accidente de trabajo, y mientras la sentencia recurrida negó esta posibilidad, la referente estimó que la contingencia era de naturaleza profesional y que la muerte se debió a un accidente de trabajo.

 

SEGUNDO.-

Lo que en realidad sucede es que el presente recurso adolece de falta de contenido casacional, pues la sentencia recurrida ha aplicado en su verdadera dimensión la doctrina que esta Sala ha proclamado, entre otras, en las sentencias de 4 de julio de 1995, 21 de septiembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 21 de diciembre de 1998 y 30 de mayo de 2000, respecto del calificativo como contingencia común y no profesional del fallecimiento de trabajadores, no en el lugar ni como consecuencia del trabajo desarrollado, sino en el camino recorrido de ida o vuelta al lugar de trabajo, esto es, si es o no susceptible de integrar un accidente de trabajo "in itinere". Con esta advertencia se quiere poner de relieve que el recurso de casación interpuesto es inviable, puesto que la sentencia recurrida no ha quebrantado la unidad de la doctrina

La doctrina a la que nos venimos refiriendo puede sintetizarse de la manera siguiente: a) La presunción de laboralidad del accidente o dolencia de trabajo establecida en el artículo 84.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, y en el artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, sólo alcanza a los accidentes acaecidos en el tiempo y en el lugar de trabajo, pero no a los ocurridos en el trayecto de ida al trabajo o vuelta del mismo y b) La asimilación a accidente de trabajo sufrido "in itinere" se limita a los accidentes en sentido estricto, esto es, a las lesiones súbitas y violentas producidas por un agente externo y no a las dolencias o procesos morbosos de distinta etiología y manera de manifestación. Para justificar esta doctrina, la Sala ha tenido en cuenta que el accidente "in itinere" fue declaración jurisprudencial, recogido posteriormente por el legislador en el Texto Articulado Primero de la Ley General de la Seguridad Social, y es la manifestación típica del accidente impropio, que actualmente consagra con carácter autónomo el artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social, con la misma redacción que ofrecía el artículo 84.3 del texto legal de 1974, aunque suprimiera la referencia a la "concurrencia de las condiciones que reglamentariamente se determinen", que establecía el texto inicial anteriormente citado, accidente impropio, en cuanto no deriva directamente de la ejecución del contenido de la relación de trabajo, sino de las circunstancias concurrentes, cual es el desplazamiento que deriva de la necesidad de hacer efectiva esa obligación sinalagmática, en forma tal que si ésta no hubiera existido, no se hubiera producido la necesidad de desplazamiento y, en consecuencia, el accidente, como señala nuestra sentencia de 16 de noviembre de 1998.

 

TERCERO.-

La sentencia recurrida se atuvo en su pronunciamiento a la doctrina aludida, aplicándola con acierto al hecho que como probado se declara, en el sentido de que el trabajador, cuando se dirigía conduciendo el vehículo de su propiedad hacia el lugar en que se encontraba estacionado el camión de la empresa con el que debía trabajar, sufrió un infarto de miocardio y como consecuencia del mismo un accidente de trabajo que le ocasionó la muerte; la empresa le había ordenado que aparcara el camión en aquel lugar el día anterior y lo recogiera allí ese día para salir de viaje con carga; el vehículo particular utilizado por el trabajador era el que usaba habitualmente para dirigirse desde su domicilio particular hasta el lugar donde estuviera estacionado el camión asignado por la empresa. La sentencia recurrida fundamenta su fallo en el hecho de que el fallecimiento del marido de la demandante se produjo a consecuencia de un infarto cardiaco sufrido mientras conducía su automóvil, que se salió de la calzada, durante el trayecto que hacía de madrugada desde su domicilio hasta el lugar donde tenía estacionado el camión con el que iba a desarrollar su profesión habitual, tal como lo venía haciendo.

De todo esto resulta que el origen primero y principal de la muerte fue el infarto de miocardio que sufrió el trabajador, y como consecuencia de él se salió de la calzada el vehículo que conducía originándose un accidente de tráfico, que no puede ser calificado como accidente de trabajo, al no figurar en el relato de hechos probados circunstancia alguna que relacione los síntomas de infarto, verdadera causa de la muerte, con el trabajo, es decir, falta la prueba de la relación necesaria entre lesión y trabajo para calificar como laboral el accidente.

 

CUARTO.-

Por lo dicho, y de conformidad con la propuesta del Ministerio Fiscal, procede la desestimación del recurso de casación interpuesto por [...] contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 18 de marzo de 2002, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas.

 

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

 

F A L L A M O S

 

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado D. [...], en nombre y representación de Dª [...], contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 18 de marzo de 2002, que resolvió el recurso de suplicación nº 733/01 de dicha Sala, formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, dictada el 30 de abril de 2001. Sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Iglesias Cabero hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


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El Tribunal Supremo ha dado la razón a 145 trabajadores de la empresa Laminaciones Arregui de Vitoria al ratificar la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco que condena a la firma, perteneciente al grupo Celsa, a poner fin a la doble escala salarial que estableció, vía convenio colectivo, a partir del año 1998. Laminaciones firmó con el comité de empresa un acuerdo laboral para los años 1998-2000 en el que transformaron un "plus de asistencia" que cobraba toda la plantilla en un complemento personal (de 2.000 euros de media al año) "blindado" exclusivamente para los trabajadores empleados antes de la fecha de firma del convenio. La cláusula se exportó al siguiente convenio (2001-2003), durante cuya vigencia la plantilla creció en unas 200 personas. Un total de 145 de ellos reclamaron ante los tribunales que ese complemento rompía el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución.

Al rechazar el Supremo el recurso de casación presentado por la empresa, Laminaciones está obligada a pagar a los 145 trabajadores un total de 300.000 euros por los complementos de los 12 meses a partir de la fecha en que fueron contratados, en 2002, y se allana el camino para que reclamen las cantidades correspondientes desde esa fecha. En total, más de un millón de euros, el 3% de la masa salarial de la firma. Los letrados que han llevado el caso, Arturo Val y Ángel Lapuente creen que el auto supone un importante avance contra la desigualdad que suponen las dobles escalas salariales. Otros trabajadores están estudiando reclamar ese complemento, ya que la sentencia no hace extensivo el pago a toda la plantilla, sino sólo a quienes lo reclamaron.La batalla de los trabajadores contra las dobles escalas salariales ha encontrado el respaldo del Supremo. El auto es coherente con la doctrina de su Sala Cuarta, que ha criticado y descalificado en numerosas ocasiones convenios colectivos que marcan diferencias salariales vinculadas a la fecha de ingreso en la empresa.

La sentencia previa de la Sala de lo Social del TSJPV, que a su vez ratificó la condena a Laminaciones de un juzgado de lo social de Vitoria, ya recordaba la doctrina del Alto Tribunal. "No hay que dar validez", indicaba, "a los acuerdos de convenio por el simple hecho de ser un pacto entre diferentes, sino que hay que analizar si existe una causa razonable y proporcionada para establecer diferencias salariales entre los trabajadores".

A ese respecto el Tribunal Supremo aclara que los convenios colectivos, "en cuanto que tienen valor normativo y forman parte del sistema de fuentes, han de respetar el cuadro de derechos fundamentales proclamados en la Constitución".

Complemento blindado

Con esos apoyos, los trabajadores han defendido ante todos los tribunales que el complemento que el comité de empresa pactó con la dirección en el convenio colectivo de 1998 establecía una doble escala salarial que rompe el principio de igual salario a igual trabajo. La redacción de ese complemento en 1998 era igual a la de 2001: "Complemento personal. Lo percibe sólo el personal operario integrado en la plantilla, con contrato fijo, en la fecha de firma de este convenio, (23 de marzo de 1998) en 14 pagas del importe establecido en la tabla salarial".

Los negociadores "blindaron" esa cláusula para darle más seguridad, al redactar, a renglón seguido: "Este complemento no podrá ser en ningún caso congelado ni absorbido, no pudiéndose de ningún modo pactarse su desaparición en los sucesivos convenios y experimentará, en todo caso, las mismas subidas que el resto de conceptos salariales".

Parte de ese comité de empresa reconoció que ese acuerdo impulsaba la desigualdad y ha apoyado a los 145 empleados en sus demandas a Laminaciones Arregui.

La empresa, sin embargo, argumentó que la razón por la que limitaron la aplicación del complemento a unos trabajadores era para "modificar la estructura salarial existente" y para aumentar la plantilla. El TSJPV indicó en su sentencia que en ningún momento "se anuda" el complemento a alguna de esas dos razones. "Aunque se constate el crecimiento de las contrataciones, tal circunstancia no constituye, en ningún modo, una causa que justifique de modo objetivo y razonable la desigualdad salarial que se establece". Es más, el tribunal aclara que "si a efectos puramente dialécticos" se admitiera que la doble escala salarial puede ser lícita si se vincula al aumento de plantilla, "las consecuencias jurídicas que resultarían de la distinción no serían proporcionadas al fin perseguido, como consecuencia del absoluto desequilibrio entre los dos colectivos".

En la actualidad, Laminaciones Arregui y el comité de empresa se encuentran estancados en la negociación del convenio colectivo, sin firmar desde 2004. La falta de acuerdo ha provocado la convocatoria de un calendario de movilizaciones para los días 14, 15 y 16 de febrero.

Laminaciones Arregui forma parte del grupo catalán Celsa desde 1996, y opera como filial de Nervacero, una de las cinco cabeceras del grupo industrial, que finalizó 2005 con una producción superior a los seis millones de toneladas de acero.

Según un informe pericial, los beneficios netos obtenidos por Laminaciones en el período 1997-2002, año desde el que los 145 trabajadores reclaman el complemento, fueron de 23,5 millones de euros. Ese beneficio suponía el 125% de la media de los fondos propios, es decir, capital y reservas.

El grupo catalán Celsa tiene plantas en el Reino Unido, en Polonia, en la cornisa cantábrica y en el Mediterráneo.


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Domingo, 22 de junio de 2008


Vulneración del derecho de libertad sindical.

STC nº 48/2002 de 25 de febrero 2002

 



Los actores trabajaban como auxiliares del Ayuntamiento demandado

y estaban afiliados al sindicato UGT.

Se efectúan elecciones municipales, y tras la toma de posesión de la nueva Alcaldesa,

se les notifica a los demandantes la extinción de los contratos fundamentados en el

art. 52 c) ET alegando “reestructuración de plantillas por causas económicas”. Los

despedidos eran 23 trabajadores de los cuáles 19 pertenecían al Sindicato UGT.

Para utilizar la vía del art. 52 c) ET es necesario que se acredite la causa de dicha

amortización. El ayuntamiento acredita causa económica y por ello efectúa la extinción

de los contratos de trabajo.

Así la propia Sentencia recurrida señala “lo que no ha quedado demostrado en modo

alguno es que esa situación de crisis económica constituyera causa objetiva y

suficiente para declarar la extinción de los contratos demandantes por la vía del art.

52c) ET. En efecto, la propia sentencia recurrida considera que no se dan las

circunstancias necesarias para declarar extinguida la relación laboral de las actores

con fundamento en las causas económicas y organizativas a las que se refiere el

citado precepto legal, pues el Ayuntamiento no acreditado que la medida adoptada

resulte adecuada para conseguir la superación de la situación de crisis económica

alegada.

La inexistencia de acreditación de la causa económica por la parte demandada y el

hecho que 19 de los 23 trabajadores estaban afiliados a un mismo Sindicato

(circunstancia que el Ayuntamiento nunca ha negado desconocer y cuyo conocimiento

parece obvio sí se tiene en cuenta que procedía al descuento en nómina de la cuota

sindical), nos lleva a la consideración de la posibilidad de la existencia de una

discriminación que lesionaría el derecho a la libertad sindical.

Hay que destacar que el propio Ayuntamiento después de extinguir los contratos de

trabajo por causas económicas y así “reestructurar” la plantilla, aumentó la misma con

una contratación. Esta conducta la podemos encuadrar en el art. 12 LOLS cuando

señala que: “Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios

colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que

contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las

 

 

condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a

 


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TSJ Aragon (J 2511)

Los días de exceso sobre la jornada anual prevista en el convenio no tienen el carácter de vacaciones.


RESOLUCIÓN:

El art.38.1 ET establece que el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.

La cuestión litigiosa, partiendo de esta base, se concreta en determinar si los días a que se refiere el litigio, que la empresa compensó al trabajador económicamente, son días sobre los que debe aplicarse o no dicha norma legal, en cuanto a que deban disfrutarse necesariamente, sin posibilidad de ser compensados económicamente y no disfrutarlos como descanso o vacación.

De la compleja regulación del Convenio Colectivo en esta materia se infiere que el mínimo legal de 30 días de vacaciones es superado o aumentado con más días cuando la jornada anual realizada exceda del límite previsto en el Convenio, pero estos días de exceso sobre los 30 de vacaciones no siguen el régimen jurídico de los día de vacación anual, sino que, por norma específica del art. 65 del Convenio, se les otórga el mismo tratamiento que los días de “fiesta laboral”. Días estos, por otro lado, que carecen de la prohibición legal de sustitución por compensación económica, prohibición, sin embargo, vigente para las vacaciones.

En definitiva, esos días en exceso “tendrán el mismo tratamiento que el regulado para las fiestas laborales en el art. 50” quedando así excluidos del tratamiento legal y convenido propio de los días de vacaciones, y por tanto excluidos de la prohibición legal de compensación económica.

En definitiva, el Convenio no establece para esos días el régimen jurídico de los de vacación anual, sino el de los festivos laborales, y por lo tanto, respetado en todo caso el mínimo legal de 30 días de vacación anual, no se infringe el art. 38 ET.

 


T.S.J. Madrid. (Sala de lo Social. Sección 2ª).

Sentencia 11 febrero 2003.

P.: García Álvarez, María Rosario

 

Despido del trabajador por la utilización indebida de los

medios informáticos. El trabajador impugna el despido que será declarado

improcedente por el Tribunal de instancia.

 

Este Tribunal no puede desconocer sus propias resoluciones, y estrechamente relacionada con el asunto examinado se encuentra nuestra sentencia

de fecha 16 Jul. 2002 dictada en el recurso de suplicación 2281/2002. En éste se

trataba de trabajador de la empresa ahora recurrente que en el mismo período de

tiempo (4 a 26 Oct. 2001) se había conectado a internet un total de 6 h y 58 m, para

fines estrictamente privados, esto es, en horario y jornada laboral accedía a páginas

ajenas a su cometido laboral. Al igual que ahora ocurre, allí se acreditó que en la

empresa no existen normas ni advertencias respecto del uso del ordenador y la

conexión a internet y que la conexión no supone el uso o visionado constante de las

páginas. En aquella resolución tuvimos ocasión de comprobar que la empresa toleraba

una utilización moderada para fines privados de los medios informáticos. Las

circunstancias son, salvo matices, idénticas, pues la empresa y las condiciones de

prestación de los servicios son los mismos: si entonces consideramos que una

conexión de 6 h y 58 m en el mismo período de tiempo no podía constituir justa causa

de despido, con mayor razón debemos llegar a igual conclusión cuando la conexión

acreditada y no combatida, para fines privados, es de 3 h, 34 m y 55 s.

 

Reproducimos, por tanto, los argumentos entonces vertidos:

 

«Para sentar conclusión sobre si el incumplimiento que manifiesta la conducta antes

descrita es de entidad suficiente como para justificar sanción de despido, resulta

necesario su análisis, a fin de determinar si dicha conducta es de carácter culpable,

afecta a deberes laborales y alcanza cotas de gravedad suficiente, pues sólo el

incumplimiento contractual grave y culpable puede fundar dicha sanción, como

establece el art. 54 del ET.

 

A la vista del relato de hechos probados y específicamente de las circunstancias

fácticas antes reseñadas, no cabe deducir una actuación dolosa por parte del

trabajador, pues la empresa toleraba un uso moderado para fines privados de los

medios informáticos, concretamente del acceso a internet. Por otra parte, resulta claro

que una media de conexión diaria de 18 m en el período controlado resultando que la

mayor parte de los días no se efectuaba conexión alguna, no debió reputarse uso

excesivo fuera de los límites de tolerancia hasta entonces marcados por la empresa.

Con esta conducta el demandante no desconoció totalmente los deberes objetivos que

para él pudieran derivarse de la buena fe que preside e inspira su relación laboral. Si

la empresa, tras el seguimiento informático efectuado entendió que el uso privado

constatado era excesivo, debió advertir al trabajador y al resto de compañeros,

instaurar unas normas de uso, y no proceder, sin atender a criterios de

proporcionalidad, a sancionar con la máxima gravedad, a quien ha prestado más de 26

años de servicios sin tacha para la empresa. Pudo la demandada acudir a una sanción

de menor gravedad; lo que no puede, pues deviene su actuación en claramente

desproporcionada por excesiva, es sancionar con el despido a un trabajador que ha

entregado a su servicio la totalidad de su hasta ahora vida laboral, sin valorar el

esfuerzo y dedicación que cada uno de los días de esos 26 años ha demostrado.

La sanción impuesta para el incumplimiento imputado y acreditado no guarda la

necesaria adecuación y proporcionalidad a la que necesariamente debe atenerse el

empresario en el uso de su potestad disciplinaria.


Publicado por tuasesor @ 20:22
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