Jueves, 02 de febrero de 2012
SENTENCIA: 00178/2008
 I. ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Con fecha 15 de enero del 2008 se presentó en el Decanato, la demanda
suscrita, por la parte actora, que fue turnada a este Juzgado con fecha 17 de enero
del 2008, en la que se suplicaba se dictara sentencia, en la que se acogieran sus
pretensiones,
 2.- Admitida la demanda y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio,
éste tuvo lugar el día señalado, compareciendo de una parte, Doña Luz asistida del
letrado Don Luis Herrera Jiménez, y, de otra, Doña Fátima asistida del letrado Don
Eduardo Liñan del Burgo,
 3.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 del Real Decreto Legislativo
2/95, de 27 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, debe destacarse, que las partes debatieron sobre loa extremos
siguientes:
 DONA Luz ratificó su demanda por despido nulo o en su caso improcedente.
DOÑA Fátima se opuso a la demanda, significando, en primer término, que la misma
vulneraba, lo dispuesto en el artículo 80,1, c) del TRLPL, porque introducía elementos
no reflejados en la papeleta de conciliación, donde no se mencionó, de ningún modo,
que estuviera embarazada.
Sostuvo, por otra parte, que la demandante carecía de acción, porque suscribió un
documento de saldo y finiquito que liberaba plenamente a la parte demandada, ya que
admitió que no tenía nada que reclamar frente a su empleadora.
Defendió, en cualquier caso, que no hubo ningún tipo de discriminación, ya que la
decisión extintiva no trajo causa en el embarazo de la demandante, fundándose, por
el contrario, en la imposibilidad de ajustar su horario con el necesitado por su
empleadora.
Manifestó, en último término, que en la relación laboral especial de empleados del
servicio doméstico no cabía la nulidad, porque no estaba contemplada dicha
posibilidad en el RD 1424/1985, que sólo contemplaba una indemnización de veinte
días por año, caso de improcedencia, que no llevaba aparejados los salarios de
tramitación.
La señora Luz sostuvo, por su parte, que no existía incongruencia alguna entre
papeleta de conciliación y demanda, diferenciándose únicamente en la intervención
profesional, subrayando que en la papeleta de conciliación se utilizó la expresión
despido improcedente y denigrante por desconocimiento técnico.
Defendió, en cualquier caso, la nulidad del despido, ya que la única causa fue su
embarazo, destacando finalmente que suscribió el documento de saldo y finiquito, que
reflejaba cantidades muy inferiores a las que le correspondería legalmente, por
desconocimiento de la legislación española.
 4.- Recibido el pleito a prueba, por la parte actora se propuso la siguiente:
- Documental
- Interrogatorio de partes
La parte demandada propuso la siguiente:
- Documental
- Interrogatorio de partes
Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio, habiendo
producido la relación fáctica, que se desarrollará más adelante.
 5.- En la tramitación del presente procedimiento, se han observado todas las
prescripciones legales.
 II.- HECHOS PROBADOS
 1.º.- DOÑA Luz trabajó para doña Fátima desde el 11-04-2005, como empleada al
servicio del hogar familiar, percibiendo un salario de 641,67 euros mensuales con
inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, equivalente a 550
euros mensuales sin inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
 2.º- La señora Luz está embarazada, habiéndosele diagnosticado así en el Hospital
Universitario Puerta Hierro el 26-06- 2007.
Dicha circunstancia era conocida por su empleadora, aunque no se ha precisado la
fecha exacta en que llegó a conocimiento de dicho extremo, si bien el 14-11-2007 la
demandante inició situación de incapacidad temporal, derivada de enfermedad común,
por "infección urinaria, embarazo NC", que se prolongó al menos durante una semana,
ya que no se aportó fecha de alta.
 3.º- El 7-12-2007 la señora Fátima notificó verbalmente a la demandante que estaba
despedida.
En la misma fecha ambas partes suscribieron el documento siguiente, promovido por
la empleadora con el debido asesoramiento:
"SALDO Y FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO.- Madrid, 7 de diciembre de
2007 DOÑA Luz provista de NIE NUM000, ha venido prestando sus servicios como
empleada de hogar continua.
Que con fecha del siete de diciembre de dos mil siete, se comunicó a la trabajadora
la decisión de la parte contratante Doña Fátima con NIE NUM001, de proceder a su
despido con efectos del día de hoy.
Que interesa al trabajador liquidar y finiquitar la relación laboral mantenida hasta la
fecha, incluyendo todos los procedimientos judiciales o extrajudiciales en curso de tal
manera que la parte contratante ofrece y la trabajadora recibe del empleador en este
acto la cantidad global bruta de 899,74 euros otorgando carta de pago por la referida
cantidad, por los conceptos que a continuación se detallan:
DEVENGOS:
Salario diciembre 128,31 Euros
Parte proporcional Paga Extra 239,86 Euros
Indemnización Despido 256,62 Euros
Indemnización No Preaviso 274,95 Euros
TOTAL NETO A PERCIBIR 899,74 Euros
Con el percibo de dicha cantidad Doña Luz declara hallarse completamente saldada
y liquidada de todos y cada uno de los conceptos que pudieran derivarse de su
relación laboral, estén o no relacionados en el presente finiquito, quedando
completamente satisfecho en sus respectivas cuantías, y considerando con ello
absolutamente liquidadas todas las cantidades, salariales o no, que por cualquier
concepto pudieran corresponderle a la trabajadora con motivo de su relación laboral,
considerándose satisfecha de todos los devengos que, por cualquier concepto se le
adeuden o pudieran adeudársele y renunciando en consecuencia, a cualquier
reclamación que pudiera corresponderle.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede, la trabajadora firma el presente
documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha ut supra".
 4º.- La demandante interpuso papeleta de conciliación el 18-12-2007, que obra en
autos y se tiene por reproducida, utilizando, que al efecto, el modelo proporcionado en
el propio SMAC, en el que utilizó la expresión "Despido improcedente y denigrante", si
bien en su suplico solicitó la improcedencia o nulidad del despido.
El 9-01-2008 tuvo lugar el intento de conciliación sin avenencia.
 III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 93 de la Ley
Orgánica 6/85, de 1 de julio del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el
artículo 10, 1 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, compete el conocimiento
del proceso a este Juzgado de lo Social.
Segundo.- Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 97, 2 de la norma
procesal antedicha, la relación fáctica, contenida en los hechos probados, se ha
deducido de los medios de prueba siguientes:
 a.- El primero no fue controvertido en lo referente a la función desempeñada, así
como al salario percibido por la demandante, teniéndose por probada la antigüedad
mencionada en la demanda, aunque la señora Luz aportó un contrato de trabajo,
fechado el 22-02-2005, que obra en folio 69 de autos, ya que se trata de un hecho
nuevo que no puede tomarse en consideración, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 85,1 del TRLPL.
 b.- El segundo del informe del Hospital citado, que obra en folio 8 de autos, aportado
por la demandante y reconocido por su empleadora, quien admitió en interrogatorio de
partes que conocía dicha condición con anterioridad al despido, deduciéndose, en
cualquier caso, de los partes de baja y confirmación que obran en folios 75 y 77 de
autos, aportados por la demandante y reconocidos de contrario, en los que luce como
causa el embarazo de la señora Luz.
 c.- El tercero, en lo que afecta al despido verbal, se admitió también en interrogatorio
de partes por la señora Fátima, quien subrayó que el despido se produjo por la
imposibilidad de cohonestar horarios con la demandante, sin que pueda tenerse por
probado dicho extremo, porque la carga de la prueba del mismo competía a la
demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 217, 2 de la LEC, no habiéndolo
probado de ninguna manera, aunque no hubiera sido difícil, bastando con la aportación
de las correspondientes certificaciones de su empresa y del colegio de sus hijos para
constatar si existían coincidencias que hicieran imposible que acudiera a recogerlos
normalmente. - El documento de saldo y finiquito, suscrito por las partes, obra en folios
7 y 43 de autos, aportado por ambas partes.
 d.- El cuarto de la papeleta de conciliación citada, que obra en folio 41 de autos,
aportada por la demandada y reconocida de contrario, así como del Acta de
conciliación que obra en folio 9 de autos.
Tercero.- La señora Fátima sostuvo, en primer lugar, que la demanda infringió lo
dispuesto en el artículo 80, 1, c) del TRLPL, porque en la papeleta de conciliación no
se mencionó que la nulidad del despido traía causa en el embarazo de la demandante,
sin que pueda convenirse con dicha tesis, aunque sea cierto que la papeleta de
conciliación, presentada por la señora Luz, utilizando un formato predeterminado, no
es precisa técnicamente, pudiendo admitirse, incluso, que se trata de un documento
contradictorio, ya que reclama, por una parte, la existencia de un "despido
improcedente y denigratorio" y por otra la improcedencia o nulidad del despido,
porque la norma examinada tiene por finalidad evitar la indefensión de la parte
demandada, lo que no ha concurrido de ningún modo en el supuesto debatido, porque
la empleadora conocía perfectamente la condición de embarazada de la señora Luz,
no pudiendo olvidarse, en todo caso, que ésta solicitó la nulidad de su despido en su
papelera de conciliación, debiendo resaltarse finalmente, que la utilización de la
expresión "denigratorio" acredita por sí misma la causa de pedir, sin que haya que
forzar en exceso la imaginación.
Cuarto.- La señora Fátima sostuvo, que la demandante carecía de acción, porque el
documento de saldo y finiquito de 7-12-2007, reproducido más arriba, le liberaba de
cualquier reclamación.
La Sala de lo Social del TSJ de Madrid en sentencia de 14-05-2007 RJ 2007/2654 ha
estudiado de modo riguroso la jurisprudencia sobre los documentos de saldo y
finiquito, sosteniendo lo siguiente:
"Surge así, de nuevo, otro tema polémico, que el Tribunal Supremo tuvo ocasión de
analizar en sentencia dictada en Sala General el día 28/2/00 (RJ 2000/2758), por lo que
es la doctrina contenida en tal resolución, y las, en casación para unificación de
doctrina le han seguido, las que esta Sala va a tomar como referencia para el examen
de aquél.
En la citada sentencia de Sala General se dijo: "El finiquito, sin perjuicio de su valor
normalmente liberatorio -deducible, en principio, de la seguridad del tráfico jurídico e
incluso de la buena fe del otro contratante- viene sometido como todo acto jurídico o
pacto del que es emanación externa a un control judicial. Control que puede y debe
recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos elementos esenciales del pacto
previo -mutuo acuerdo, o en su caso transacción- en virtud del cual aflora al exterior y
es, con motivo de este examen e interpretación, cuando puede ocurrir que el finiquito
pierda su eficacia normal liberatoria, sea por defectos esenciales en la declaración de
la voluntad, ya por falta del objeto cierto que sea materia del contrato o de la causa de
la obligación que se establezca (artículo 1261 CC) ya por ser contrario a una norma
imperativa al orden público o perjudique a terceros".
Con posterioridad la sentencia de 11/11/03 (RJ 2003/8809) señaló: "Esta Sala ha
dicho de forma reiterada que la liquidación con saldo y finiquito tiene efectos
liberatorios definitivos, dicha fórmula no tiene un contenido sacramental sino que está
sujeta a los criterios de interpretación de los contratos y por ello sólo puede alcanzar
hasta donde se interprete que llegó la intención de los contratantes." Y, en
coherencia, en otro punto de esta misma resolución se dice que "El problema se
concreta en interpretar qué es lo que las partes tuvieron intención de resolver con la
conciliación y con el recibo posterior, aplicando las reglas de interpretación de los
contratos que nos ofrecen los arts. 1281 y ss. del Código Civil".
Más tarde la sentencia de 28/4/04 (RJ 2004/4361) dijo: "En realidad, el correcto
entendimiento de la prohibición que establecen los preceptos citados del Estatuto de
los Trabajadores (RCL 1995\997) y de la Ley General de la Seguridad Social (RCL
1994 \1825) exige tener en cuenta los límites que derivan de la recepción en el ámbito
social de la transacción como medio de poner fin a las controversias laborales
(artículo 1809 del Código Civil (LEG 1889\27) en relación con los artículos 63, 67, 84 de
la Ley de Procedimiento Laboral [RCL 1995\1144, 1563]). Los actos de disposición en
materia laboral han de vincularse a la función preventiva del proceso propia de la
transacción y, aun en ese marco, han de establecerse las necesarias cautelas, como
muestra el artículo 84.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, a tenor del cual "si el
órgano judicial estimare que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna
de las partes, de fraude de Ley o de abuso de derecho, no aprobará el acuerdo." Desde
esta perspectiva, parece claro que el finiquito puede cumplir esa función transaccional,
aunque quede al margen, como en el presente caso, de los cauces institucionales de
conciliación. Pero para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se
produzca para evitar o poner fin a una controversia (artículo 1809 del Código Civil, en la
que el derecho en cuestión aparezca como problemático. Por otra parte, el objeto de
la transacción debe estar suficientemente precisado, como exige el artículo 1815.1 del
Código Civil), sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que
comprenden derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia (artículo
1815.2 del Código Civil".)
Continuó la sentencia del Tribunal Supremo de 18/11/04 (RJ 2005\1588) diciendo "..
que los vicios de voluntad, la ausencia de objeto cierto que sea materia del pacto, o la
expresión en él de una causa falsa, caso de acreditarse , privarían al finiquito de valor
extintivo o liberatorio (ss. de 9-3-90 [RJ 1990\2040], 19-6-90 [RJ 1990\5486], 21-6-90
[RJ 1990\5502] y 28-2-00), al igual que ocurrirá en los casos en que el pacto sea
contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros (s. de 28-2-
00) o contenga una renuncia genérica y anticipada de derechos contraria a los arts. 3.5
ET (RCL 1995\997) y 3 LGSS. (RCL 1994\1825) (s. de 25-4-04, citada)"
Finalmente, la sentencia de 25/1/05 (RJ 2005/4820) recoge:
"Esta Sala viene admitiendo la posibilidad de que el trabajador, en uso de su libertad,
exteriorice una declaración de voluntad con fines liberatorios del vínculo contractual y
de sus efectos económicos lo que no viola el artículo 3.5 del Estatuto de los
Trabajadores (RCL 1995\997), pues la conducta del trabajador no supone por este solo
hecho una renuncia anticipada de derechos, ni se trata de derechos indisponibles,
siempre y cuando, naturalmente, esa manifestación de voluntad reúne los requisitos
del artículo 1.261 del Código Civil (LEG 1889\27) y especialmente los que se refieren al
consentimiento (artículo 1262 y siguientes del mismo Código). No obstante, tal y como
se dice en nuestras sentencias de 23 de junio 1986 (RJ 1986\3703), 23 marzo 1987
(RJ 1987\1656) y 28 de febrero de 2000 (RJ 2000\2758), entre otras, el finiquito, sin
perjuicio de su valor normalmente liberatorio -deducible, en principio, de la seguridad
del tráfico jurídico e incluso de la buena fe del otro contratante- viene sometido como
todo acto jurídico o pacto del que es emanación externa a un control judicial. Control
que puede y debe recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos elementos
esenciales del pacto previo -mutuo acuerdo, o en su caso transacción- en virtud del
cual aflora al exterior y es, con motivo de este examen e interpretación, cuando puede
ocurrir que el finiquito pierda su eficacia normal liberatoria, sea por defectos
esenciales en la declaración de la voluntada, ya que por falta del objeto cierto que sea
materia del contrato o de la causa de la obligación que se establezca (artículo 1261 CC
[LEG 1889\27]) ya por ser contrario a una norma imperativa al orden público o
perjudique a terceros".
... De la doctrina transcrita es posible deducir los dos elementos sujetos a valoración
por parte de un órgano judicial en orden a saber cuándo la suscripción de un finiquito
tiene valor liberatorio para la parte deudora: el alcance de la declaración de voluntad
incorporada al mismo y la inexistencia de vicios del consentimiento y la inexistencia de
vicios del consentimiento de los sujetos concertantes.
Lo primero quiere decir que no es posible entender que el finiquito pueda dar
cobertura a la extinción de una obligación referida a partidas económicas que no
figuran en él. En cambio, cabe considerar el finiquito como medio de documentar una
transacción entendida como un punto de encuentro al que llegan las partes, pues,
aunque suponga una eventual renuncia a algo que pudiera corresponder a una de ella
o a ambas, las dos entienden que el acuerdo alcanzado supone una solución pacífica
bilateral que les evita entablar un pleito de resultado incierto, y eso aún cuando tal
transacción se refiera a partidas reclamadas por el trabajador en función de una
relación laboral fraudulenta (STS 7/12/04 [RJ 2005/1990]); esa ventaja recíproca hace
que no pueda hablarse de renuncia prohibida de derechos del trabajador.
Lo segundo supone que hay que ponderar el alcance de lo liquidado mediante el
finiquito, en cuanto puede haber un desequilibro manifiesto en lo saldado mediante el
mismo y lo que el trabajador ha querido conciliar. Es decir, si el finiquito parte de una
relación laboral definida en determinados términos, mientras la realidad muestra que
dicha relación era manifiestamente distinta, hay que deducir que no ha habido
voluntad de renunciar a los derechos asociados a esta última.
Muestra de esta última apreciación es la citada sentencia de Sala General de 28/2/00
(RJ 2000/2758), pues en ella se dice: " En los contratos finiquitados se ha concertado
media jornada, y, no obstante, los trabajadores han realizado, habitualmente, su
trabajo a través de una actividad laboral, desarrollando, según hechos probados,
durante nueve horas diarias y con la necesidad de frecuentes desplazamientos.
Atendiendo a estos datos, sorprende que los recibos de finiquito fijen unas cantidades
muy reducidas ( 59.373 pesetas, en un caso y 17.897 en otro), sin que en los mismos,
ni en ningún otro se haya justificado el pago de los conceptos de horas
extraordinarias, pluses de asistencia y puntualidad. Como dice el Ministerio Fiscal
"parece casi irrisorio el pensar que los dos actores iban a considerarse finiquitados
con tan exigua cantidad, cuando se les debía una muy superior, según quedó
contrastado en los hechos probados", a lo que añade "sin que pueda aceptarse que la
voluntad de las partes -en este caso los trabajadores- asumiesen condonar un deuda
con un grado de liberalidad impensable, por supuesto en esta clase de relación
contractual, (más de medio millón y un millón respectivamente)".
...Las consideraciones procedentes conducen a una conclusión unívoca; si bien el
documento de finiquito suscrito entre el Sr. Felix y "Previlabor, SL" detalla entre las
partidas que se saldan entre ambas partes una indemnización de 33.361,05 euros, y
recoge una cláusula de puesta a fin de la relación laboral ("este importe, que recibo de
conformidad, lo reconozca como saldo y finiquito por todos los conceptos de la
empresa mencionada, dejo concluido mi contrato de trabajo y me obligo a no pedir
nada más ni reclamar por concepto alguno directa o indirectamente de la relación
laboral que ha habido hasta el día de hoy con este empresario"), no pasamos por alto
que la cláusula transcrita, como hemos ya indicado, viene incorporada al papel usado
por la empresa para documentar el finiquito es decir se trata de una cláusula
estereotipada hecha en la misma imprenta de donde la empresa se provee de esta
clase de documentos.
Y, en cuanto a la partida indemnizatoria que en ella se incluye, es obvio que resulta
impensable que, en medio de una comunicación que acaba de presentar la empresa
al Sr. Felix informándole de su despido por causas disciplinarias y simultáneamente,
la improcedencia de tal decisión, pudieran aquél renunciar a los derechos que pudieran
corresponderle por tal cese laboral, pues tales derechos se remontan a 1 de octubre
de 1979, y no al 14 de octubre de 1999, como señalaba la empresa y plasmaba en el
finiquito. Ciertamente, la disparidad entre la relación a la que se decía poner fin y la
realmente existente se traducían en una diferente de indemnización absolutamente
sustancial, a la que el trabajador no ha podido querer renunciar gratuitamente. Se
aplica, por ello, la tesis de la citada sentencia de Tribunal Supremo de 25 de enero de
2005 (RJ 2005/4820)".
Así pues, la doctrina transcrita permite concluir, que el documento de saldo y finiquito
no puede tener valor liberatorio, cuando las circunstancias concurrentes y las
cantidades abonadas son nítidamente inferiores a las que corresponden al trabajador,
porque una minoración injustificada de su derecho hace impensable su consentimiento
pacífico.
Centradas las líneas de fuerza, diseñadas por la jurisprudencia y por la doctrina
judicial, debe despejarse si la suscripción del documento reiterado supuso una
transacción libre por parte de la señora Luz, que liberó a la señora Fátima de cualquier
reclamación contra la misma, debiendo anticiparse la respuesta en sentido negativo,
porque tanto si se entiende que la decisión empresarial fue despido, debería
concluirse que la indemnización, significada en el documento examinado, fue
netamente inferior a la que hubiera correspondido legalmente a la demandante.
En efecto, si estuviéramos ante un desistimiento la indemnización que
correspondería a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 9, 3
del RD 1424/1985, de 1 de agosto, ascendería a 397,89 euros y la indemnización por
no concesión del preaviso a 427,78 euros, habiéndose abonado solamente la
cantidad de 256,62 por el primer concepto y 274,95 euros por el segundo.
Si la decisión extintiva fue un despido, aún cuando la demandada admitiera
pacíficamente tanto en la contestación a la demanda, cuanto en su propia declaración
en interrogatorio de partes, que no concurrieron causas disciplinarias, la
indemnización ascendería a 1136,84 euros.
La jurisprudencia, por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 5-06-2002, RJ
2002/8135 ha sostenido que corresponde al empleador acreditar expresamente que
procedió a desistir de la relación laboral especial de empleados de hogar, aportando, a
estos efectos, comunicación escrita en la que debe mencionarse dicho desistimiento,
entendiéndose, cuando no se acredita dicho extremo, que se ha producido un
despido.
Por consiguiente, habiéndose acreditado que la empleadora demandada despidió a
la demandante, como se desprende del temor literal del documento, reproducido más
arriba, en donde se menciona repetidamente la palabra despido, no utilizando jamás
la expresión desistimiento, debe concluirse que la decisión extintiva empresarial fue un
despido, siendo irrelevante, a estos efectos, que no concurriera causa disciplinaria, lo
que obliga, en aplicación, de la jurisprudencia y doctrina judicial, citada más arriba, a
concluir que el documento de saldo y finiquito, suscrito por las partes el 7-12-2007, no
tenía valor liberatorio, al ser impensable que la demandante consintiera libremente
extinguir su contrato por unas cantidades muy inferiores a las que le correspondería
percibir, incluso aunque se tratase de un desistimiento, porque no había razón alguna
para renunciar libremente a lo que le correspondía legalmente, tratándose, por tanto,
de una transacción sin causa.
Se impone, por tanto, desestimar la excepción de falta de acción, propuesta por la
señora Fátima por las razones ya expuestas, que deberán ampliarse, o se entendiera
que la decisión extintiva controvertida supuso una discriminación por razón de sexo,
como veremos en el fundamento jurídico siguiente.
Quinto.- La señora Luz reclamó la nulidad de su despido, porque la decisión
empresarial trajo exclusivamente causa en su condición de embarazada, oponiéndose
la señora Fátima, quien sostuvo que en la relación laboral especial de empleados de
hogar no se contemplaba la nulidad de despido judicial, por todas, sentencias del TSJ
de Madrid de 10-04-2003, RJ 2003/3087.
En efecto, dicha sentencia vino a desestimar la declaración de nulidad del despido de
una empleada de hogar, sosteniendo lo siguiente:
"El quinto, por infracción de los artículos 66.3 EDL1995/13689 y 97.3 de la Ley de
Procedimiento Laboral EDL1995/13689, por entender en síntesis la recurrente, según
el tenor literal que se transcribe, que debe imponerse" a la demandada la sanción
pecuniaria que se estime procedente, con condena al abono de los honorarios de la
asistencia letrada de la trabajadora demandante." Se centran los términos del debate
en la pretensión de nulidad del despido verbal, de fecha 11/03/02, en atención al
estado de gestación de la empleada de hogar accionante, y a estos efectos, la Sala ha
de significar que el RD 1424/1985, de 1 de agosto especial del servicio del hogar
familiar, no prevé la nulidad del despido, peculiaridad derivada del carácter especial de
esta relación, que excluye la aplicación subsidiaria de la normativa laboral común
(Disposición Adicional única EDL1985/8992), ya que no puede olvidarse que nos
encontramos en presencia de una relación laboral especial, basada en la confianza que
cuando quiebra, por las razones que sea, no se pude imponer su pervivencia, en este
sentido se ha pronunciado la Sala en su reciente sentencia núm 544/2002 de fecha 17
de diciembre de 2002, recaída en el Recurso de Suplicación núm 4039/02. Mayor
abundamiento la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE 266/1999 de 06/11/1999)
EDL1999/63356 ) introduce importantes modificaciones en la normativa laboral
común, pero no introduce modificación alguna en las relaciones laborales especiales
como es la personal al servicio del hogar familiar".
Dicha doctrina debe reconsiderarse, a juicio, de este Juzgado, porque el articulo 8 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, contenido en su Titulo I, tratándose, por tanto,
de una regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
constitucionales, de acuerdo con el art. 149.1.1ª de la Constitución, conforme a los
dispuesto en la Disposición Final Primera de la propia ley, que regula su fundamento
constitucional, establece expresamente que constituye discriminación directa por razón
de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la
maternidad, pareciendo evidente, a juicio de este juzgado, que las normas que
garantizan la igualdad de todos los españoles, debe incluir necesariamente a las
empleadas del hogar.
Siendo así, que el articulo 10 de la norma antes dicha establece que los actos y las
cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón
de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través
de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y
proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema
eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas
discriminatorias, garantizándose en el articulo 12 de la norma reiterada el acceso a la
tutela judicial efectiva del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo
con lo establecido en el art. 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la
relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación, se hace evidente
que el despido de las empleadas de hogar, que traiga causa en su embarazo, solo
puede considerarse nulo, siendo irrelevante, a estos efectos que el articulo 10 del RD
1424/1985 de 1 de agosto, no contemple la nulidad de despido de estos trabajadores,
porque dicha norma ha sido derogada, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 3/2007, porque contradice
frontalmente sus normas de obligado cumplimiento para garantizar la igualdad de
todos los españoles, entre los que se encuentran necesariamente las empleadas del
hogar.
Por consiguiente, como el articulo 13 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que de
acuerdo con las Leyes procésales, en aquellos procedimientos en los que las
alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por
razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, deben aplicarse las
cargas probatorias establecidas en el articulo 179.2 del TRLPL y habiéndose
acreditado que la empleadora despidió a la demandante a sabiendas de su embarazo,
sin que concurriera ninguna infracción disciplinaria por parte de la señora Luz, debe
concluirse que la actora cumplió razonablemente su carga probatoria, ya que acreditó
indicios razonables de que el despido trajo causa en su embarazo, siendo revelador a
estos efectos, que se produjera inmediatamente después de una incapacidad
temporal causada por su embarazo y por ello, no habiéndose probado por la señora
Fátima, que la decisión extintiva fuera razonable y proporcionada, ya que no probó, de
ningún modo, que estuviera causada por razones de incompatibilidad horaria para
recoger a sus hijos, siendo impensable que dicho problema se actualizara en el mes de
diciembre, cuando el curso escolar se inició en el mes de septiembre, debe declararse
la nulidad des despido.
Dicha declaración comporta un razón añadida para vaciar de contenido el valor
liberatorio del documento de saldo y finiquito, examinado en el fundamento anterior,
ya que el articulo 1275 del Cogió Civil deja perfectamente claro que los contratos sin
causa o sin causa ilícita, extendiéndose como tal la que se opone a las leyes a al
moral, lo que ha sucedido claramente en el supuesto debatido, al discriminarse
directamente a la demandante por razones de su embarazo, no tiene efecto alguno.
La consecuencia jurídica de la nulidad del despido no puede ser otra que la
contenida en el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, que prevé precisamente la
reparación efectiva del perjuicio sufrido que no puede ser otra que la readmisión y el
abono de los salarios dejados de percibir, sin perjuicio de la eventual reposición de las
cantidades abonadas el 7-12-2007 por parte de la demandante.
Dicha tesis ha sido admitida por la doctrina judicial, por todas, sentencias de TSJ de
Asturias de 26-11-1999, RJ 1999/3645 y 12-03-2001, RJ 2001/334 y muy
recientemente el TSJ de Aragón en sentencia de 14-03-2007, RJ 2007/3163 han
venido admitiendo la nulidad del despido de personal de alta dirección, pese a que su
normativa específica, no contempla tampoco la nulidad de despido, cuando se
acredita, como sucede en el supuesto debatido, la vulneración de un derecho
fundamental.
VISTOS, los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación.
 
FALLO
Que desestimando la excepción de falta de acción, propuesta por la empleadora
demandada, estimo la demanda de despido, interpuesta por DOÑA Luz, declarando la
nulidad de su despido y en consecuencia condeno a DOÑA Fátima a estar y pasar por
dicha declaración a todos los efectos legales oportunos, debiendo readmitir a la
demandante en las mismas condiciones anteriores al despido, con más los salarios de
tramitación desde el 7-12-2007 hasta la notificación de esta sentencia.
Se notifica esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme y contra
ella cabe formular RECURSO DE SUPLICACIÓN ante el Tribunal Superior de Justicia
dentro de los cinco DÍAS siguientes a la notificación de esta resolución, bastando para
ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, o su representante al hacerle la
notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por
escrito de las partes de su abogado, o de su representante dentro del plazo indicado.
Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de
anunciar el recurso haber consignado la cantidad objeto de condena de la Cuenta de
Depósito y Consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el número 2804 en el
Banesto, en la C/ Orense número 19 de Madrid.
Asimismo, deberá en el momento de interponer el recurso consignar la suma de
150,25 euros en concepto de depósito en dicha cuenta, haciendo constar en el
ingreso el número de procedimiento.
Por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
 

Publicado por tuasesor @ 20:12
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