Viernes, 03 de febrero de 2012

Sentencia T.S.J. Aragón 655/2011, de 7 de octubre


 RESUMEN:

Vulneración del derecho de libertad sindical: Liberados sindicales. Concesión de permisos retribuidos sin contraprestación de ninguna clase. Desigualdad en el ámbito de la acción sindical

 
SENTENCIA: 00655/2011
Recurrente/s: SINDICATO CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

Abogado/a: FERNANDO BURILLO GARCIA

Sentencia número: 655/2011

En Zaragoza, a siete de octubre de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 622 de 2.011 (Autos núm. 737/2010), interpuesto por la parte demandante SINDICATO CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO -C.G.T.-, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza de fecha treinta de mayo de dos mil once; siendo demandados GENERAL MOTORS ESPAÑA, SLU, D. Marcos, Raúl, siendo parte el MINISTERIO FISCAL, sobre tutela derechos fundamentales-libertad sindical. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por el Sindicato Confederación General del Trabajo, contra General Motors España SLU y otros ya nombrados, sobre tutela derechos fundamentales-libertad sindical, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Zaragoza, de fecha treinta de mayo de dos mil once, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Jose Enrique, en su condición de Secretario de la SECCIÓN SINDICAL DEL SINDICATO CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO en la empresa General Motors España S.L.U., contra la empresa "GENERAL MOTORS ESPAÑA S.L.U.", contra D. Marcos, y frente a D. Raúl, siendo parte el MINISTERIO FISCAL debo declarar y declaro la inexistencia de la vulneración de la libertad sindical del actor, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas frente a ella en el escrito de demanda.".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"1.º- Los demandados D. Raúl, con DNI n.º NUM000, y D. Marcos, con DNI n.º NUM001 causaron alta en la empresa demandada General Motors España S.L.U. (en adelante, GM) en el año 1982, prestando servicios para la citada empresa con la categoría profesional de especialista nivel C el primero y 5A el segundo.

2.º- En el año 1994 el actor D. Marcos y el entonces Director de personal de la empresa GM acordaron la concesión a aquel de un permiso retribuido, por tiempo indefinido, y sin contraprestación alguna a cargo del Sr. Marcos. En aquella época la empresa consideraba que para la evolución de la empresa y la difusión de las prácticas de la misma, era positivo ayudar a la participación social mediante acuerdos de este tipo que, además, desde el punto de vista del gasto que suponían, podían adoptarse por ser buenas las circunstancias económicas de entonces en la empresa. En el mismo marco, con las mismas motivaciones y en las mismas condiciones, la empresa concedió idéntico permiso retribuido a D. Raúl, en el año 2002.

3.º- Desde que se alcanzaran los acuerdos referidos en el hecho anterior, que no consta se hicieran públicos para la plantilla, aunque algunos compañeros sí los conocían, D. Marcos y D. Raúl se han dedicado a la actividad sindical en sus respectivas formaciones (en la Secretaría Federal del Sector de Automoción del Sindicato CC.OO. el primero y como Secretario General de la Federación del Metal de UGT Aragón el segundo), no desempeñando tal actividad sindical en la empresa GM.

4.º- Desde la adopción de los acuerdos referidos D. Marcos y D. Raúl han venido percibiendo las retribuciones que les corresponden conforme a Convenio y la empresa ha venido cotizando por ellos a la Seguridad Social. El Sr. Raúl está adscrito por la empresa, formalmente, al Departamento 7366 al que está adscritos los 5 representantes unitarios con liberación o dedicación plena. Por su parte, al Sr. Marcos se le adscribe formalmente al Departamento 9061 de la empresa en el que se incluyen a todos los empleados que realizan funciones especiales de carácter técnico administrativo y tareas de coordinación de proyectos administrativos

5.º- Ningún trabajador de GM afiliado al Sindicato CGT o delegado sindical de esta formación ha solicitado de la empresa un permiso de naturaleza similar al que se concedió a los Sres. Raúl y Marcos.

6.º- En el año 2009, GM facilitó al comité de empresa los listados de los trabajadores que iban a ir al ERE que se estaba tramitando, incluyendo a ambos codemandados en los listados referidos, el Sr. Marcos en el departamento 9061 y el Sr. Raúl en el departamento 7366.

7.º- El 15.12.2009 el Secretario General de la Sección sindical del sindicato CGT en GM España S.L. solicitó judicialmente, como actos preparatorios, que se requiriera a la empresa a fin de que aportara certificación sobre determinados extremos relativos a la vinculación de los demandados D. Raúl, y D. Jose Ángel con la empresa. Turnada dicha solicitud al Juzgado de lo Social n.º 2 de ésta ciudad, éste dicto resolución (en autos n.º 1322/09) acordando requerir a la empresa conforme a lo solicitado y la empresa, mediante escrito de 27.01.2010 contestó en los siguientes términos:

a) se acompaña relación por departamentos de todos los trabajadores de General Motors España S.L.U afectados por el Convenio Colectivo. Conforme a tales listados, el Sr. Raúl está adscrito al departamento 7366 y el Sr. Marcos al departamento 9061.

b) En el departamento 9061 se realizan todas aquellas funciones especiales de carácter técnico administrativo que no guardan relación directa con el proceso productivo, tareas tales como coordinación de proyectos con otras plantas, unificación de procesos administrativos a nivel pan-europeo, desarrollo de iniciativas tendentes a la mejora continua en los procesos de interconexión de plantas europeas y de otros continentes, etc.

c) Sí. A los Sres. Raúl y Marcos se les abonan los salarios desde la fecha que figura en el hecho cuarto del escrito de demanda (desde el año 2002 al Sr. Raúl y desde el año 1994 al Sr. Marcos).

d) disfrutan de permiso retribuido por libre disposición de General Motors España S.L.U.

d) ninguno de los dos se encuentra en situación de excedencia.

f) Existen acuerdos verbales con ambos trabajadores".

8.º- En el mes de enero de 1999, D. Lázaro, trabajador de la demandada GME, y afiliado a Sindicato CGT, promovió demanda de tutela de libertad sindical, contra la empresa, de la que conoció el Juzgado de lo Social n.º 5 que, en fecha 1.03.1999 dictó sentencia (autos n.º 45/99) estimando la demanda, declarando la existencia de lesión del derecho a la libertad sindical y nula la decisión de la empresa de no aceptar al demandante como delegado sindical del sindicato CGT, condenando a la empresa a reconocer al actor dicha condición con efectos de 16.11.1998 y a abonarle una indemnización de 50.000 pesetas. La sentencia referida fue confirmada por la del TSJ de Aragón 19.05.1999. Obran en autos (folios 224 a 227 y 229 a 232) copias de dichas sentencias, dándose por reproducido su contenido.

9.º- Tras el pronunciamiento referido en el hecho anterior, la empresa comunicó al Sindicato CGT que D. Urbano, que desde noviembre de 1998 era delegado sindical de CGT como miembro del Comité de Empresa con dedicación plena, dejaba de tener la condición de Delegado Sindical y la dedicación plena, pasando a disponer de un crédito de 40 horas mensuales, pues entendía que dicha condición de delegado sindical había sido reconocida al Sr. Lázaro. D. Urbano formuló demanda de tutela de libertad sindical contra la empresa, de la que nuevamente conoció el Juzgado de lo social n.º 5, que, en fecha 20.06.1999 (autos n.º 395/99) dictó sentencia estimando la demanda, declarando la existencia de vulneración del derecho a la libertad sindical del Sr. Urbano y la nulidad de la conducta de la demandada que le impedía ostentar la condición de delegado sindical con dedicación plena, ordenando reponerle en tal condición y a indemnizarle en la suma de 50.000 pesetas. La sentencia fue confirmada por la del TSJ de Aragón de 15.11.1999, obrando en autos copia de ambas, (folios 235 a 243) dándose por reproducido su contenido. La empresa formuló recurso de casación que fue inadmitido a trámite por auto del TS de 27.03.2001 por falta de contradicción.

10.º- En el mes de febrero de 2003 D. Urbano formuló nueva demanda contra la empresa, sobre tutela de la libertad sindical, contra la decisión de la empresa por la que le negaba la condición de miembro del comité de empresa con dedicación plena, demanda que fue estimada por este mismo Juzgado de lo Social n.º 1, en sentencia de 19.06.2003 (autos n.º 100/03) cuya copia obra en autos (a los folios 278 a 282) dándose por reproducido su contenido.

11.º- En enero de 2006 el Sindicato CGT formuló contra la empresa demanda de tutela de la libertad sindical, por vulneración del derecho a la información del sindicato, de la que conoció el Juzgado de lo Social n.º 2 (autos 54/06) que, en fecha 15.05.2006 dictó sentencia estimatoria parcial de la demanda -que obra en autos a los folios 282 a 284 y se da por reproducida- al entender que la empresa había incumplido, si bien parcialmente, el derecho de información del sindicato, declarando la conducta empresarial como vulneradora del derecho a la libertad sindical del sindicato actor y condenando a la demandada a abonarle 100 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

12.º- Constan en autos (folios 285 a 300 y 445 a 739) 41 reclamaciones de parte de los trabajadores de la demandada, con afiliación sindical distinta (a CGT, 13; a CC.OO.17, a UGT 8, 1 a ACUMAGME, 1 a USO) para el reconocimiento de permisos de lactancia, por ingresos hospitalarios, fallecimientos, etc, que han sido resueltos en ocasiones mediante acuerdos de conciliación, y en otras, por sentencia que ha estimado, total o parcialmente, o desestimado la petición.

13.º- La demandada ha concedido a los siguientes trabajadores, y en virtud de acuerdos alcanzados con cada uno de ellos, excedencia forzosa por el desempeño de cargo sindical, en las fechas que se indican, al haber sido designados para los cargos concretos que se indican:

-a D. Dimas, en fecha 12.11.2001 por haber sido elegido para el cargo de secretario de Acción Sindical de la Federación Minerometalúrgica de Aragón, de CC.OO.

-a D. Fructuoso, en fecha 1.12.2009, por haber sido designado para la Comisión Ejecutiva de CC.OO en Aragón.

-a D. José, a partir del 22.04.2002 por haber sido designado Secretario de Política Industrial de la Federación Minerometalúrgica de Aragón, de CC.OO.

-a D. Onesimo, a partir del 1.06.2009, por haber sido designado miembro de la Comisión Ejecutiva de CC.OO. en Aragón.

-a D. Victoriano, en fecha 1.03.2006, por haber sido designado Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente en la Ejecutiva del Sindicato UGT.

14.º- El 29.12.2009 la empresa General Motors y D. Raúl suscribieron contrato de duración determinada, por pase de éste a la situación de jubilación parcial del 85%, cuya copia obra en autos (folios 752 y 753) dándose por reproducido su contenido en su integridad. Desde entonces ha quedado sin efecto el acuerdo existente con la empresa en virtud del cual disfrutaba de permiso retribuido

15.º- En fecha 26.02.2010, y tras la revocación por parte de GM del permiso retribuido de que venía disfrutando D. Marcos, éste y la empresa han suscrito acuerdo que obra en autos (folio 765) y se da por reproducido, por el que se le reconoce a aquel la excedencia laboral forzosa por haber sido elegido miembro de la Ejecutiva Confederal de CC.OO., ocupando el cuarto de Secretario Confederal de Acción Sindical.

16.º- En la empresa demandada, actualmente los representantes sindicales se distribuyen de la siguiente manera: 11 de UGT, 8 de CGT y otros 8 de CC.OO., 3 de USO y otros 3 de OSTA, y 2 de ACUMAGME. En las elecciones de los años 1190, 1998 y 2002, los sindicatos con mayor representatividad han sido UGT y CC.OO. con 19, 15 y 13 representantes el primero, en cada uno de los procesos, y 12, 12 y 10 el segundo. En los procesos electorales de tales años, la CGT obtuvo 2, 4 y 7 representantes, respectivamente.

17.º- Las relaciones laborales en la empresa demandada se rigen por los Convenios Colectivos de Empresa, el último vigente, el XII Convenio de General Motors España S.L. (BOP de Zaragoza de 17.05.201).".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por las partes demandadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el único motivo del recurso, articulado por cauce procesal adecuado, se denuncia infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en los artículos 14 y 28 de la Constitución española vigente, 13 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y 7 del Código Civil. Entiende el Sindicato demandante que los permisos retribuidos concedidos en su día por la empresa demandada al resto de los codemandados vulneran su libertad sindical -la del sindicato demandante- pues constituyendo un fraude de ley y un abuso de derecho atentan contra el principio de neutralidad del empresario pues favorece a otros sindicatos y, asimismo, vulneran el principio de igualdad de toda la plantilla al ofrecer a los dos demandados mejores condiciones que al resto de los trabajadores.

Como ya tuvo ocasión esta Sala de decir en la sentencia de 24.6.2011 rec n.º 434/2011, es necesario, previo al estudio del motivo reseñado, dejar claro que el ámbito del presente proceso, de tutela del derecho fundamental de libertad sindical, comprende -como ya tuvo ocasión de determinar la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de 6.10.1997, rcud n.º 660/1997 - las pretensiones que tengan por objeto la tutela de un derecho fundamental, con una doble precisión:

1.ª) que lo que delimita esa pretensión es la lesión del contenido esencial del derecho en su configuración constitucional o en las normas ordinarias de desarrollo que concretan esa delimitación, sin comprender las facultades que hayan podido ser adicionadas por normas infraconstitucionales, a las que el artículo 176 se refiere como "fundamentos diversos" a la tutela del correspondiente derecho fundamental (principio de cognición limitada) y

2.ª) que lo decisivo, a efectos de la adecuación del procedimiento, no es que la pretensión deducida esté correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como una pretensión de tutela, es decir, que se afirme por el demandante la existencia de una violación de un derecho fundamental. Si no existe la vulneración alegada o si lo que se produce es una infracción simple del ordenamiento jurídico sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental invocado, la consecuencia de la limitación de conocimiento que rige en la modalidad procesal será la desestimación de la demanda, sin perjuicio en su caso de la conservación de la acción para alegar la eventual existencia de una infracción de legalidad ordinaria en otro proceso.

Como recuerda la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 9.5.2008 (rcud. 164/2007), con referencia a las de 13.7.1993, 11.4.1997, 19.1.2004, 26.7.2004 y 14.7.2006 (rcud. n.º 196/2005) puede resumirse la doctrina jurisprudencial consolidada al respecto de la siguiente forma:

1) Hay que reiterar que el criterio de delimitación es normativo, en el sentido que atiende a la protección del contenido del derecho en la norma constitucional y en las leyes que lo desarrollan y no al carácter -directo o indirecto, manifiesto u oblicuo- de la lesión: el privilegio de la protección nace del contenido constitucional del derecho lesionado, no del carácter manifiesto o directo de la propia lesión.

2) El contenido constitucional del derecho a la libertad sindical está en la Constitución Española y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, aunque, desde luego, ya no en otras normas (leyes ordinarias, reglamentos, convenios colectivos en sus diversas modalidades, etc.), por mucho que estas normas puedan añadir garantías adicionales al contenido constitucional.

3) Incluso dentro del marco de la Ley Orgánica, junto al contenido directamente derivado de la norma constitucional y del que puede calificarse como su desarrollo necesario, se añaden otras facultades o garantías que ya no tienen esa relación necesaria de implicación con el artículo 28, pues sin ellas el derecho fundamental sería reconocible.

4) El contenido constitucional comprende el contenido esencial del derecho y su contenido histórico o variable, que introduce la Ley Orgánica, y ambos entran dentro del ámbito del proceso de tutela, pero el contenido adicional en sentido estricto, que no está en la Constitución ni en la Ley Orgánica, queda fuera del proceso de tutela.

5) Aunque la libertad sindical protege la actividad de los sindicatos, ello no puede suponer la constitucionalización de todo el Derecho Colectivo del Trabajo; por ello, para este tipo de facultades, cuya regulación no se contiene ya en la Ley Orgánica, sino en leyes ordinarias, habrá que ponderar en cada caso lo que constituye una lesión de la actividad sindical en sí misma y lo que son litigios que afectan a la interpretación de las normas ordinarias sobre la negociación colectiva, la posición del sindicato en el proceso de trabajo, el planteamiento de conflictos colectivos y las elecciones a los órganos de representación en la empresa.

6) Según se deduce de la doctrina del Tribunal Constitucional, sintetizada en su sentencia 70/2000 y matizada en la 281/2005, con cita de la 201/1999 y la 44/2004, no todo incumplimiento del contenido adicional del derecho supone una vulneración del art. 28 de la Constitución y no toda denuncia de un incumplimiento de una norma adicional ha de tener entrada en la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales.

7) Lo anterior, en fin, no afecta a la tutela sustantiva, pues todos los pronunciamientos que contempla el artículo 180 de la Ley de Procedimiento Laboral (la anulación del acto lesivo, el cese inmediato de la conducta impugnada, con la reposición a la situación anterior y la indemnización de los perjuicios, en su caso) pueden obtenerse también por los cauces procesales alternativos, incluso en el proceso de conflicto colectivo, cuando éste excepcionalmente puede incluir acciones de condena.

Segundo.-Por su parte, el Tribunal Constitucional, tiene reiteradamente declarado que el art. 28.1 CE integra, además de la vertiente organizativa de la libertad sindical, los derechos de actividad y medios de acción de los sindicatos -huelga, negociación colectiva, promoción de conflictos- que constituyen el núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical. Pero también que, junto a los anteriores, los sindicatos pueden ostentar también derechos o facultades adicionales atribuidos por normas legales o convenios colectivos que se añadan a aquel núcleo esencial. Así el derecho fundamental se integra no sólo por su contenido esencial sino también por esos derechos o facultades adicionales, de modo que los actos contrarios a estos últimos son también susceptibles de infringir dicho art. 28.1 CE (SSTC 39/1986, de 31 de marzo; 104/1987, de 17 de junio; 184/1987, de 18 de noviembre; 9/1988, de 25 de enero; 51/1988, de 22 de marzo; 61/1989, de 3 de abril; 127/1989, de 13 de julio; 30/1992, de 18 de marzo; 173/1992, de 29 de octubre; 164/1993, de 18 de mayo; 1/1994, de 17 de enero; 263/1994, de 3 de octubre; 67/1995, de 9 de mayo; 188/1995, de 18 de diciembre; 95/1996, de 29 de mayo; 145/1999, de 22 de julio; 201/1999, de 8 de noviembre; 70/2000, de 13 de marzo; y 132/2000, de 16 de mayo).

Estos derechos adicionales, (dice el TC en su sentencia 36/2004, de 8 marzo) en la medida que sobrepasan el contenido esencial que ha de ser garantizado a todos los sindicatos, son de creación infraconstitucional y deben ser ejercitados en el marco de su regulación, pudiendo ser alterados o suprimidos por la norma que los establece, no estando su configuración sometida a más límite que el de no vulnerar el contenido esencial del derecho de libertad sindical (SSTC 201/1999, de 8 de noviembre, y 132/2000, de 16 de mayo, 76/2001, de 26 de marzo).

Así, por ejemplo, -recuerda el Tribunal Constitucional en su sentencia 132/2000, de 16 mayo - las decisiones empresariales relativas a una mejora de los derechos sindicales han de respetar el derecho a la igualdad de trato entre sindicatos (SSTC 53/1982, de 22 de julio; 98/1985, de 29 de julio y 217/1988, de 21 de noviembre, entre otras muchas), así como el derecho a la igualdad de trato entre sus representantes. Como declara la STC 74/1998, de 31 de marzo, el derecho a la libertad sindical garantizado por el art. 28.1 CE veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores y también prohíbe diferencias de trato entre afiliados y representantes sindicales por razón del Sindicato en el que se integren o representen, pues son, en todo caso, las consecuencias negativas -por incentivación o disuasión- respecto a la libertad sindical del trabajador, las que determinan que el derecho de libertad sindical también resulte afectado en estos casos.

También veda la posibilidad de utilizar decisiones empresariales para introducir discriminaciones antisindicales.

Tercero.-La conducta empresarial denunciada por el sindicado demandante, consistente en reconocer permiso retribuido sin contraprestación alguna a los dos codemandados -a uno durante más de quince años, y por más de seis al otro- produce una verdadera desigualdad en el ámbito de la acción sindical en relación a los sindicatos con implantación en el centro de trabajo de Zaragoza. Al dispensar a los dos codemandados de las tareas propias de su contrato de trabajo la empresa está propiciando que haya más sindicalistas liberados (sea total o parcialmente) por consecuencia del reparto de las horas de crédito sindical correspondientes a los sindicatos a los que los tan repetidos codemandados pertenecen. De tal forma que tales sindicatos tuvieron de facto, mientras que los codemandados disfrutaban de los permisos litigiosos, de un crédito de horas sindicales superior al que por consecuencia de las representaciones logradas en las urnas les correspondía, horas sindicales no ganadas que (hecho probado tercero) los codemandados no ejercían en actividad sindical alguna en la empresa demandada.

No es preciso, pese a lo que razona la resolución recurrida, que los afiliados, o los delegados, del sindicado demandante nunca solicitaran permiso retribuido similar al -libérrimamente- reconocido por la empresa demandada a los otros dos codemandados. No solamente porque -dado el secretismo, vid. el ordinal tercero del relato fáctico de la sentencia de instancia- era desconocida su existencia sino porque, como se ha razonado supra, el mero hecho de su existencia ya engendraba desigualdad en el resto de los sindicatos que solo podían usar de las horas de crédito sindical que habían logrado en base a los resultados habidos en las elecciones periódicamente celebradas al efecto.

Cuarto.-Lo razonado implica, en principio, la estimación de la petición principal de la demanda -y del recurso- la declaración de vulneración de la libertad sindical del sindicato demandante por consecuencia de la actitud de la empresa codemandada al conceder de forma graciosa sendos permisos retribuidos, sin contraprestación de ninguna clase, a los otros dos codemandados. Pero, por razón de la especial naturaleza del procedimiento especial elegido por el sindicato hoy recurrente, al no poderse examinar tales acuerdos en este procedimiento especial bajo la óptica de la legalidad ordinaria, y por su consecuencia, solo respecto de la libertad sindical del sindicato demandante, no es factible realizar pronunciamiento alguno sobre su nulidad o anulabilidad, ni, habiendo cesado la situación antisindical como consta en el inatacado relato fáctico de la sentencia de instancia, sobre la necesidad de cese de tal actividad antisindical.

Como tampoco es posible efectuar, en este procedimiento especial, pronunciamiento alguno respecto a la posibilidad de que tales acuerdos produzcan efecto lesivo alguno respecto del principio de igualdad de toda la plantilla; es únicamente el sindicato demandante el que, en su propio nombre, litiga en procedimiento especial en solicitud de tutela de su derecho a la libertad sindical.

Es admisible la solicitud de indemnización, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y 180.1 del vigente TRLPL, que se cifra -dada la inexistencia de dato alguno, ni medio probatorio contrario- prudentemente en la cantidad de 10.000 € a favor del sindicato demandante que habrá de ser satisfecha por la empresa codemandada a su exclusivo cargo.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente

FALLO


 
Estimamos parcialmente el recurso de suplicación n.º 622/2011, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 194/2011 dictada en treinta de mayo del corriente por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Zaragoza. Estimamos parcialmente la demanda interpuesta por el Sindicato Confederación General del Trabajo contra la empresa General Motors España S.L.U., Marcos y Raúl, declaramos lesiva del derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante la conducta de la empresa demandada consistente en conceder sendos permisos retribuidos, sin contraprestación, a los otros dos codemandados y condenamos a la referida empresa a que, a su exclusivo cargo, indemnice al Sindicato demandante en la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000 €). Sin costas.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su no tificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicado por tuasesor @ 15:26
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