Martes, 07 de febrero de 2012
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
ILMA. SRA. MA DEL CARMEN FIGUERAS CUADRA
ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA
ILMO. SR. FRANCISCO ANDRÉS VALLE MUÑOZ
En Barcelona a 3 de octubre de 2011
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A núm. 6158/2011
En el recurso de suplicación interpuesto por Almudena y Ilermedic Serveis Sanitaris,S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Lleida de fecha 9 de noviembre de 2010 dictada en el procedimiento Demandas nº 231/2010 y siendo recurrido/a Fogasa (Lleida). Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA.
PRIMERO.- Con fecha 18 de marzo de 2010 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 9 de noviembre de 2010 que contenía el siguiente Fallo:
"Que estimando la demanda interpuesta por Almudena contra la empresa ILERMEDIC SERVIS SANITARIS SL Y FOGASA, debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado por la empresa demandada a la parte actora con efectos desde el día 24 de febrero de 2010.
Y, en su virtud, debo condenar y condeno a la citada empresa demandada a que readmita a la parte actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes del despido o la indemnice en la cantidad de 3.845,90 euros a la que se le deberá descontar lo ya percibido como indemnización por extinción de relación laboral por causas objetivas (1.709,29 euros). Dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, mediante escrito presentado en este Juzgado o comparecencia; en caso de que la demandada no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión.
Cualquiera que sea el sentido de la opción, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que, además, abone a la parte demandante los salarios dejados de percibir por ésta desde el día siguiente al del despido hasta el día en que se notifique esta sentencia, ambos inclusive, y la mantenga en situación de alta en la Seguridad Social durante el período correspondiente a tales salarios.
Asimismo, debo absolver y absuelvo al FOGASA, sin perjuicio de la responsabilidad que en su día le pueda corresponder en los términos previstos legalmente. "
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"PRIMERO. La demandante, Almudena , ha venido prestando servicios por cuenta y dependencia de la empresa demandada, ILERMEDIC SERVEIS SANITARIS SL, con antigüedad desde el 4-3-08 y categoría profesional de Auxiliar Clínica y salario bruto mensual de 1.294,38 euros, con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias.
La empresa demandada se dedica a otros servicios sanitarios sin internado. Le es de aplicación a la relación laboral el Convenio Colectivo de trabajo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos.
Las partes formalizaron el 4-3-08 contrato de trabajo indefinido a tiempo completo bonificado código 150 , con una bonificación de cuotas empresariales a la Seguridad Social por mujeres desempleadas de 70,83 euros mensuales durante 4 años. En la cláusula octava no se marcó si era de aplicación la disposición adicional 5ª de la Ley 12/2001, de 9 de julio. Y en la cláusula novena dispone que de haber respondido afirmativamente la anterior cláusula y el contrato se extingue por causas objetivas y la extinción se declara improcedente la cantidad indemnizatoria será de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades.
SEGUNDO. El 26-1-10 la empresa demandada reunió a los trabajadores y comunicó el despido de la actora y de la Sra. Piedad , la actora no recogió la carta ni la firmó ni cogió ninguna copia, la original fue firmada por los trabajadores presentes, la Sra. Piedad si que recogió la carta. En dicha carta se notificaba el despido a la actora consecuencia de la crisis económica actual y la disminución del volumen de trabajo, comportando el cierre del ejercicio 2009 con pérdidas de 21.843,44 euros, debiendo disminuir costes a fin de asegurar la viabilidad económica de la empresa, dentro del plan de viabilidad se ha constatando la necesidad de proceder a la amortización de su puesto de trabajo a fin de reducir costes y adecuar la plantilla al volumen de trabajo actual de acuerdo con el art. 52 c) del ET , en base a causas organizativas y económicas, con fecha de efectos del día 24-2-10. Le corresponde una indemnización de 1.709,29 euros que se le abonaran cuando la extinción sea efectiva ya que por causas económicas no es posible hacerlo efectivo con anterioridad, le otorgan 6 horas de crédito para buscar otro trabajo. La carta de despido entregada a Doña. Piedad tenía el mismo contenido que la de la actora, variando la indemnización correspondiente a 2.148,32 euros.
El 26-1-10 la empresa demandada no puso a disposición de la actora la indemnización correspondiente.
TERCERO. El 28-1-10 se le comunicó a la actora por parte de la empresa demandada carta de 27-1-10 donde se le comunicaba que se le concedía permiso retribuido desde esta fecha hasta el 24-2-10 fecha de extinción de la relación laboral por causas económicas notificada por carta de 26-1-10.
CUARTO. La empresa demandada entregó a la actora dos cheques nominativos de fecha 24-2-10, uno de 1.709,29 euros y el otro de 896,71 euros que fueron descontados en la cuenta de la empresa demandada el 1-3-10.
QUINTO. En el certificado de empresa formalizado por la empresa y entregado a la actora consta como causa de extinción de la relación laboral despido improcedente. El 24-2-10 la empresa demandada entregó finiquito firmado no conforme por la actora, en el que expresa la causa de extinción del contrato despido improcedente. La empresa demandada dio de baja no voluntaria a la actora el 24-2-10.
SEXTO. La empresa demandada es titular de la cuenta bancaria de la entidad Ibercaja con el número 2085 9471 89 94 00012416, la que el día 25-1-10 arrojaba un saldo negativo de -2.952,64 euros, el día 26-1-10 arrojaba un saldo negativo de - 3.000,50 euros, el 24-2-10 arrojaba un saldo negativo de -6.554,04 euros. También la demandada es titular en la misma entidad de la cuenta bancaria núm. 2085 9471 81 03 30144853, la que el día 26-1-10 arrojaba un saldo de 0 euros, el 28-1-10 arrojaba un saldo de 21,94 euros y el 24-2-10 arrojaba un saldo de 0 euros y de 16,72 euros.
SÉPTIMO. La empresa demandada en enero de 2009 tenía 7 trabajadores, hasta que en marzo de 2009 incrementó a 8 trabajadores y en abril de 2009 volvió a tener 7 trabajadores hasta octubre de 2009 que incrementó a 9 trabajadores, en noviembre de 2009 incremento a 10 trabajadores en diciembre de 2009 9 trabajadores y en enero y febrero de 2010 volvió a tener 7 trabajadores. La empresa demandada incrementó sus reservas de 10.719,99 en el año 2008 a 18.832,21 euros en el año 2009. El importe de cifra de negocio aumentó de 432.480,09 euros en el 2008 a 501.665,36 euros en el año 2009, el gasto de personal también se incrementó de 147.371,19 euros en el año 2008 a 231.901,07 euros. En cambio los gastos financieros descendieron de 68.229,71 euros en el año 2008 a 43.148,70 euros en el año 2009, y según la documentación oficial el beneficio se incrementó de 10.816,30 euros en el año 2008 a 38.732,46 euros en el año 2009.
OCTAVO. La demandante no ostenta ni ha ostentado cargo de representante legal ni sindical de los trabajadores.
NOVENO. Presentada papeleta de conciliación ante el órgano competente el 17-3-10, el acto se celebró el 7-4-10 con el resultado de "sin avenencia". "
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora y demandada Ilermedic Serveis Sanitaris, S.L., que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria Almudena e Ilermedic Serveis Sanitaris, S.L., a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Frente a la sentencia que estimó en parte la demanda interpuesta por Dª Almudena contra la empresa Ilermèdic Serveis Sanitaris S.L., y declaró su despido improcedente, con las consecuencias legales inherentes a dicho pronunciamiento, recurren en suplicación ambas partes litigantes. El recurso de la empresa consta de un primer motivo en el que, al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , solicita la revisión del hecho probado segundo, para que se añada al mismo que "la actora no quiso firmar la carta y no quiso en principio quedarse ninguna copia de la misma", pretensión que debe ser rechazada por intrascendente toda vez que ya se recoge en el hecho en cuestión que la trabajadora no quiso firmar la carta ni recoger una copia y que la original fue firmada por los trabajadores presentes.
Solicita en segundo lugar la revisión del hecho probado séptimo para que se diga en su lugar que "la empresa demandada durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y febrero de 2010 tuvo una plantilla habitual de 7 trabajadores, si bien en los meses de marzo, octubre, noviembre y diciembre de 2009 contrató trabajadores puntualmente a tiempo parcial. La empresa demandada durante el ejercicio 2009 tuvo unos beneficios contables antes de impuestos por valor de 38.732'46 euros y unas pérdidas reales fiscales de 5.179'95 euros".
La revisión de los hechos que permite el apartado b) del artículo 191 de la LPL (RCL 1995, 1144, 1563) , no solo ha de ser trascendente para la resolución del recurso, sino que, además, ha de basarse en pruebas documentales o periciales que de forma clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, hipótesis ni suposiciones, pongan de relieve algún error u omisión cometidos en la sentencia, siempre que no vengan desvirtuadas por otras pruebas. Como ha puesto de relieve el tribunal Supremo en sentencia de 16 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 9746) los documentos en que se base la revisión deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane de sí mismo de los elementos probatorios invocados de forma clara, evidente y patente y, en todo caso, sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.
Por lo que a la revisión propuesta se refiere ya recoge el ordinal séptimo la evolución de la plantilla durante los últimos meses y en cuanto a las pérdidas que dice la empresa de 5.179'95 euros, frente a las que alegaba en la carta de despido de 21.843'44 euros, no resultan tales perdidas de prueba documental o pericial que de forma clara e incuestionable las justifiquen. A este respecto la empresa no ha practicado prueba pericial o informe de auditoria externo que ponga de manifiesto su situación económica real. Solo se basa en la declaración que hizo constar en el impuesto de sociedades, que no deja de ser un documento de parte no reconocido, y en una explicación, a partir de normas fiscales y tributarias, de la aparente discrepancia entre los beneficios contables antes de impuestos por importe de 38.732'46 euros y las pérdidas que alega de 5.179'95 euros, lo que no puede servir de base para revisar el hecho séptimo de la sentencia.
Al amparo del apartado c) del artículo 191 de la LPL (RCL 1995, 1144, 1563) , y con la finalidad de proceder al examen del derecho aplicado, denuncia la empresa, en primer término, la infracción del artículo 53.1.a) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , alegando que ha cumplido el requisito formal previsto en dicho precepto, por lo que el despido no debió declararse improcedente por tal causa.
El citado precepto establece que la extinción del contrato por causas objetivas exige la comunicación escrita al trabajador expresando la causa. La juzgadora de instancia entiende que en el presente caso tal requisito no se cumplió ya que la empresa no entregó a la actora la carta de despido ni ésta recogió tal carta o copia de la misma el 26.1.2010 ni se le notificó por otro medio la entrega de dicha carta. Sin embargo, tal requisito formal aparece debidamente cumplimentado en el propio relato de hechos probados. Se dice en el ordinal 2º que el 26.1.2010 la empresa demandada reunió a los trabajadores y comunicó el despido de la actora y de Doña. Piedad , la actora no cogió la carta ni la firmó, ni cogió ninguna copia, la original fue firmada por los trabajadores presentes y que la Sra. Piedad sí que recogió la carta. Por consiguiente, si la empresa intentó entregar la carta de despido y la trabajadora se negó a firmarla y a recogerla en presencia de testigos que dan fe de ello, el requisito de entregar al trabajador una comunicación escrita en la que se le hace saber la extinción de su contrato de trabajo se cumplió. Si la trabajadora se niega a firmar o recoger la carta de despido es por su propia voluntad, no siendo posible imputar a la empresa incumplimiento alguno.
En consecuencia este motivo del recurso debe ser estimado.
Denuncia, en segundo lugar, la infracción del artículo 52.c) del ET (RCL 1995, 997) en la redacción vigente en la fecha de los hechos, ya que estaría justificada la extinción del contrato de trabajo de la actora por causas económicas al haber sufrido pérdidas en el 2009 por importe de 5.179'95 euros y haberse reducido, con la decisión tomada, los costes laborales.
El artículo 52.c) del ET , en la redacción vigente en la fecha de los hechos, permite extinguir el contrato de trabajo cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 - económicas, técnicas, organizativas o de producción- y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos.
El Tribunal Supremo ha interpretado el precepto en el sentido de que las causas económicas se refieren a la rentabilidad de la empresa, manifestándose como situación de pérdidas o desequilibrios financieros globales, mientras que las restantes causas tienen su origen en sectores o aspectos limitados de la vida de la empresa, manifestándose como desajuste entre los medios humanos y materiales de que dispone la empresa y las necesidades de la misma o conveniencias de una mejor organización de los recursos ( STS de 14 de junio de 1996 (RJ 1996, 5162) , 3 de febrero de 2002 (RJ 2002, 3787) y 19 de marzo de 2002 (RJ 2002, 5212) ).
El propio Tribunal Supremo en sentencia de 29 de septiembre de 2008 (RJ 2008, 5536) recoge la doctrina de la Sala, contenida en la sentencia de 24 de abril de 1996 (RJ 1996, 5297) y en otras sentencias posteriores, como las de 15 de octubre de 2003 (RJ 2004, 4093) y 11 de junio de 2008 (RJ 2008, 3468) , que tiende a considerar que cuando se acreditan pérdidas relevantes los despidos pueden tener un principio de justificación, pues con ellos "se reducen directamente los costes de funcionamiento de la empresa, aumentando con ello las posibilidades de superación de su situación negativa", afirmándose también en ocasiones que "si las pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario, que la amortización de puestos de trabajo es una medida que coopera a la superación de la situación económica negativa", refiriendo también dicha sentencia que deben existir indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial pueda llevar a cabo la ponderación que en cada caso conduzca a decidir de forma razonable acerca de la conexión que debe existir entre la situación de crisis y la medida de despido.
En el caso enjuiciado esta situación económica negativa que se alegaba para extinguir el contrato de la actora no se ha probado, cuando la carga de tal prueba correspondía a la empresa, de conformidad con el artículo 120 en relación con el artículo 105 de la LPL (RCL 1995, 1144, 1563) . Según el ordinal séptimo la empresa demandada en enero de 2009 tenía 7 trabajadores hasta que en marzo de 2009 incrementó a 8 trabajadores, en abril de 2009 volvió a tener 7 trabajadores hasta octubre de 2009 que incrementó a 9 trabajadores, en noviembre de 2009 incrementó a 10 trabajadores, en diciembre fueron 9 y en enero y febrero volvió a tener 7 trabajadores. La empresa incrementó sus reservas de 10.719'99 en el año 2008 a 18.832'21 euros en el año 2009. El importe de cifra de negocio aumentó de 432.480'09 euros en el 2008 a 501.665'36 euros en el 2009, el gasto de personal también se incrementó de 147.371'19 euros en el 2008 a 231.901'07 euros. En cambio los gastos financieros descendieron de 68.229'71 euros en el 2008 a 43.148'70 euros en el 2009 y según la documentación oficial el beneficio se incrementó de 10.816'39 euros en el año 2008 a 38.732'46 euros en el 2009.
Por todo ello, no habiéndose acreditado la causa económica alegada por la empresa para extinguir el contrato de trabajo de la actora, ya que no se accedido a revisar la sentencia en este punto, el despido fue declarado correctamente como improcedente, por lo que el presente motivo debe ser desestimado.
La actora, Dª Almudena también recurre la sentencia con base en un único motivo al amparo del apartado c) del artículo 191 de la LPL (RCL 1995, 1144, 1563) para denunciar la infracción del artículo 53.1.b) párrafo 2 del ET (RCL 1995, 997) y 122.2 .b) de la LPL así como de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo recogida en sentencia de 25 de enero de 2005 (RJ 2005, 4257) , interesando la nulidad de su despido por no haber puesto la empresa a su disposición con simultaneidad a la entrega de la carta, el 26.1.2010 , la indemnización correspondiente, lo que no hizo hasta el 24.2.2010.
Con arreglo al artículo 53.1 .b) el empresario que proceda a extinguir un contrato de trabajo por causas objetivas debe poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de 12 mensualidades. Añade el apartado que cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52.c) de esta Ley , con alegación de causa económica y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el párrafo anterior el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005 ha puntualizado que no basta con la mera afirmación empresarial acerca de su situación de falta de liquidez, sino que se precisa, además, su acreditación si el empleado la discute, pues el precepto últimamente citado, refiriéndose ya en concreto a la obligación de puesta a disposición de la indemnización en el momento que señala (esto es, independientemente de que la mala situación económica pueda o no justificar el despido objetivo), requiere que "como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización", pues cabe perfectamente la posibilidad de que, por adversa que fuere la situación económica de la empresa, pueda ésta, sin embargo, disponer de dinero suficiente para poner a disposición del despedido la correspondiente indemnización con simultaneidad a la comunicación del cese.
Y respecto de la carga de tal prueba dice el Tribunal Supremo que "no cabe duda acerca de que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquélla; situación ésta que -se insiste en ello- es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica. Al alcance de la empresa, y no del trabajador, se encuentra la pertinente documentación (amén de otros posibles elementos probatorios, tales como pericial contable, testifical a cargo del personal de contabilidad, etc.) de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez, situación ésta que no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador "ex" apartado 3 del artículo 217 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ".
Alega la recurrente que con arreglo al precepto cuya infracción denuncia la empresa debió poner a su disposición cuando le entregó la comunicación escrito la indemnización legal, ya que habiendo alegado causas económicas, éstas no se han probado. Sin embargo, puede ocurrir, como es el caso, que las causas económicas alegadas no hayan quedado debidamente probadas, pero que en la fecha de la comunicación escrita la empresa no disponga de liquidez suficiente para hacer pago de la indemnización, habiendo practicado al respecto prueba suficiente, siendo ambas situaciones, como indica el Tribunal Supremo, independientes. En este sentido recoge el hecho probado sexto que una de las cuentas de la empresa en la entidad Ibercaja el 25.1.2010 arrojaba un saldo negativo de -2.952'64 euros, el 26.1.2010 un saldo negativo de -3000'50 euros y el 24.2.2010 un saldo negativo de -6554'04 euros y el saldo en otra cuenta de la misma entidad era de 0 euros el 26.1.2010, de 21'94 euros el 28.1.2010 y de 0 euros y 16'72 euros el 24.2.2010.
Por consiguiente, existió una situación transitoria de falta de liquidez suficientemente probada que impidió a la empresa abonar, el 26.1.2010, la indemnización a la trabajadora, lo que hizo en un momento posterior, el 24.2.2010, mediante la entrega de dos cheques nominativos por importe de 1.709'29 euros y el otro de 896'71 euros, por lo que, al no haberse producido la infracción denunciada, el recurso de la actora debe ser desestimado.
También debe ser desestimado el recurso de la empresa, pues aunque no existió el defecto formal que aprecia la sentencia de instancia, no han quedado probadas las causas económicas que alegaba para extinguir el contrato de trabajo de la actora, lo que comporta en cualquier caso la declaración de improcedencia del despido.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Desestimar los recursos de suplicación interpuestos por Dª Almudena y la empresa Ilermèdic Serveis Sanitaris S.L. contra la sentencia de 9 de noviembre de 2010 dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Lleida en los autos nº 231/2010, seguidos entre dichos litigantes y el Fondo de Garantía Salarial, confirmando la misma e imponiendo a la empresa Ilermèdic Serveis Sanitaris S.L. las costas causadas, con inclusión de los honorarios del letrado de la parte impugnante de su recurso, que esta Sala fija en 350 euros, con pérdida de los depósitos y consignaciones constituidos para recurrir una vez firme esta sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.
La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art.219 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) .
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.
En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.

Publicado por tuasesor @ 23:19  | Jurisprudencia
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