Lunes, 13 de febrero de 2012
En esta sentencia el trabajador sufre una incapacidad permanente total como consecuencia de accidente laboral, no habiendo dispuesto su empresa las oportunas medidas de seguridad que lo hubieran evitado, pero sucede que la autoría material del accidente fue realizado por una tercera empresa a la que se denucia por la vía penal, ante el recargo de prestaciones establecido para la empresa del trabajador, ésta argumenta que debiera esperarse a la resolución de la vía penal, esto es denegado por el TSJ obligando a la empresa del trabajador a abonar.
 
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,

SENTENCIA
En el recurso de Suplicación número 0001887 /2008 interpuesto por CONSTRUCCIONES TABOADA
Y RAMOS, S.L. contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de PONTEVEDRA siendo Ponente el/a
Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. RICARDO PEDRO RON LATAS.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por CONSTRUCCIONES TABOADA Y
RAMOS, S.L. en reclamación de RECARGO DE ACCIDENTE siendo demandado INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Demetrio . En su día
se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000346 /2006 sentencia con fecha veintiséis de
Febrero de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.
SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
PRIMERO.- El trabajador demandado D. Demetrio , con DNI NUM000 , prestaba servicios para la
entidad demandante Construcciones Taboada y Ramos S. L. cuando sufrió un accidente calificado de trabajo
el 7 de marzo de 2005, como consecuencia del cual fue declarado en situación de incapacidad permanente
total para su profesión de peón de obras públicas, derivada de dicho accidente en Resolución de fecha 25
de agosto de 2005. SEGUNDO.- El accidente sucedió del siguiente modo: El demandante se encontraba en
la plataforma trasera de la máquina que realizaba las labores de asfaltado y más concretamente, en la parte
de dicha plataforma más cercana al centro de la calzada. El carril que estaban asfaltando era el izquierdo de
circulación en dirección a Refoxos. La carretera se encontraba cortada. Al advertirse un fallo en el asfaltado,
se procedió a parar la máquina y el demandante se bajó de la plataforma para corregirlo con la pala manual,
para lo cual se dirigió a la parte trasera de la máquina, lugar donde se encontraba el fallo detectado y, una vez
allí situado, fue golpeado por un camión de suministro de material de otra empresa que circulaba por el carril
contrario a muy baja velocidad, cuyo conductor había observado al trabajador cuando se bajaba de la máquina
pero no le vio cuando estaba realizando las labores de corrección del fallo en el asfaltado. La obra carecía
de señalista que coordinara las maniobras de vertido asfáltico. TERCERO.- En Resolución del INSS de fecha
13 de febrero de 2006, se declaró la existencia de responsabilidad empresarial de la empresa demandante
Construcciones Taboada y Ramos S. L. en el accidente señalado y la imposición a dicha empresa del recargo
del 30% sobre las prestaciones reconocidas al trabajador o que se pudiesen reconocer en el futuro. Contra
esta resolución interpuso reclamación previa la empresa demandante, la cual fue desestimada en Resolución
de fecha 5 de abril de 2006. CUARTO.- Por el accidente se siguen Diligencias Previas 301/2005 en el Juzgado
de Instrucción 1 de Lalín (Pontevedra).
TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:
FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por la empresa CONSTRUCCIONES
TABOADA Y RAMOS S.L. contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y D. Demetrio .
CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado por D. Demetrio . Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda, y contra esta decisión recurre la parte
actora, amparando sus motivos de suplicación en el art. 191 c) de la Ley Adjetiva Laboral , denunciando en
el primero de ellos infracción por inaplicación o aplicación incorrecta del art. 123 LGSS , art. 16.2 OM de 18
de enero de 1996, en relación con el art. 3.2 del RDLegislativo 5/2000 y 3.1 de la Ley de 7 de abril de 1988 ,
y todo ello con relación a reiterada jurisprudencia que establece que no es lícito que el Estado, a través de
unos órganos, declare la existencia o inexistencia de unos hechos y otro desconozca dicha declaración, y la
vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, estimando, en esencia, que el expediente
de recargo debe paralizarse al existir la presencia de un tercero en la producción del accidente, en tanto en
cuanto la jurisdicción penal no depure y establezca sus responsabilidades.
El motivo no procede. Y no procede porque el Tribunal Supremo viene declarando desde hace años:
1º) que "la presunción de inocencia no es aplicable al recargo de prestaciones, porque éste en nuestro
ordenamiento no tiene formalmente el carácter de una sanción tipificada como tal por la ley, aunque pueda
cumplir ... una función preventiva" ( sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2008 [rec. núm.
4162/2006 ]), habiendo declarado igualmente el Tribunal Constitucional que el principio de presunción de
inocencia es de escasa aplicabilidad en el proceso laboral, cediendo tras la prueba, incluso mínima, si
es suficientemente acreditativa de la comisión de un ilícito laboral; y 2º) que "la incoación de diligencias
penales no debe dar lugar a la suspensión de un procedimiento administrativo de imposición del recargo
de las prestaciones de accidentes de trabajo por falta de medidas de seguridad en la producción del
accidente" ( sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2007 [rec. núm. 2812/2006 ]), ya que
el mandato de la OM de 18 de enero de 1996 "que ordena la paralización del expediente administrativo
para la imposición del recargo por falta de medidas de seguridad carece de un mandato legal que lo
sustente, pues no puede entenderse por tal el otro precepto legal, el artículo 3.2 del RDLeg 5/2000, cuya
infracción también se denuncia. Y siendo ello así no hay razón alguna para la suspensión de un expediente
referido a la determinación de la cuantía de la prestación que, en definitiva, haya de percibir la víctima del
accidente" ( sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2004 [rec. núm. 3259/2003 ]).
SEGUNDO.- En el segundo y último de los motivos de suplicación, también amparado en el art. 191 c)
LPL , la parte recurrente denuncia infracción por inaplicación o aplicación incorrecta del art. 123.1 LGSS , con
relación a la doctrina y jurisprudencia que lo interpreta, y a los principios de de legalidad y tipicidad ( art. 9 y 24
CE ), estimando, en esencia, que el recargo debe ser de aplicación restrictiva, y en esta ocasión el resultado
punitivo se produce por la intervención de un tercero ajeno, sin que quepa la responsabilidad del empresario
de contar con señalistas suficientes para controlar las maniobras de todos los camiones.
Como premisa inicial de lo que se indicará más adelante, debe indicarse que el Tribunal Supremo, en
materia de recargo de prestaciones, "ha abandonado en gran medida la tesis sancionadora, afirmando que si
bien el recargo parece responder en principio al concepto genérico de sanción administrativa [«mal infligido
por la Administración -privación de un derecho o imposición de una obligación- como consecuencia de una
conducta ilegal, llevados a cabo con finalidad represora»], en todo caso concurren una serie de notas que
le alejan de esa naturaleza estrictamente sancionadora y llevan a afirmar que no se trata de una genuina
sanción administrativa: a) en tanto que el fundamento de la sanción se encuentra en el mero incumplimiento
de un deber tipificado, el recargo de prestaciones exige no solamente la infracción del deber genérico de
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también la producción causal de un resultado
lesivo, que es precisamente el eje sobre el recargo se construye; b) el recargo de prestaciones no figura en el
texto refundido de la LISOS; c) las Entidades Gestoras no son autoridades administrativas, sino organismos
administrativos; d) parece ausente el obligado principio de tipicidad [art. 129 LPAC], al no identificarse con
una mínima precisión las conductas reprobables y las sanciones correspondientes; e) ostenta el trabajador
denunciante o compareciente obvio interés que le atribuye siempre cualidad de parte; f) el importe de la
«sanción» no se ingresa en el Tesoro Público, sino que se incorpora al patrimonio del beneficiario, de forma que
si éste no existe no hay recargo, lo que -señala la doctrina- es impensable en una sanción; y g) el procedimiento
regulado en la OM de 18 de enero de 1996 no es propiamente sancionador, por carecer de las garantías
que debe reunir todo procedimiento de aquella naturaleza punitiva y ser muy semejante al previsto para el
reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social ... Es más, en la doctrina más reciente se sostiene -de
forma ecléctica-que la naturaleza jurídica del recargo de prestaciones es dual o mixta, pues si bien desde la
perspectiva del empresario infractor se presenta como una responsabilidad sancionadora [siquiera no puede
calificarse de sanción propiamente dicha], desde la óptica del beneficiario supone una prestación adicional
o sobreañadida de carácter indemnizatorio [a tener en cuenta que su regulación por la LGSS se hace en
Sección -2ª- titulada «Régimen General de las Prestaciones», ubicada en Capítulo -III- denominado «Acción
Protectora» y dentro del Título -II- «Régimen General de la Seguridad Social»; y que ha de ser objeto de la
oportuna capitalización en la TGSS]. De esta manera, atribuyendo una naturaleza mixta a la institución de
que tratamos, se justifican las soluciones -aparentemente contradictorias- que en doctrina se ha dado para los
diversos problemas que en torno al tema se suscitan ... Y con similar planteamiento también hemos afirmado
que el recargo es «una indemnización con función disuasoria o punitiva, institución que se diferencia por una
parte de la indemnización típica con función resarcitoria, y que se distingue también por otra parte de la multa
o sanción administrativa de contenido pecuniario» ... O -en términos parecidos- que «... el recargo no implica,
con independencia de su finalidad preventiva, la imposición de una sanción al empresario infractor, sino el
reconocimiento de un derecho patrimonial a favor de la víctima o de sus beneficiarios» ...; y en todo caso
que «... la función indemnizatoria del recargo no puede excluirse cuando no se acredita que, sumado a las
prestaciones de la Seguridad Social, supere el importe total del daño»" ( sentencia de 18 de julio de 2011
[rec. núm. 2502/2010 ]).
Y sobre esta base, y atendiendo igualmente a la inmodificada relación fáctica de la sentencia de
instancia, el motivo no puede prosperar. Conforme a lo dispuesto en el art. 123.1 LGSS , "todas las
prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se
aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por
máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de
precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado
las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o
las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás
condiciones del trabajador". Y esto es justo lo que ha sucedido en el supuesto que nos ocupa, ya que el
evento dañoso se ha producido por causa de que la empresa no había observado las medidas generales o
particulares de seguridad e higiene en el trabajo, y más en concreto, las que figuran en el art. 16 de la Ley
31/1995 ("El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en
la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma") y en el art. 11 del RD 1627/1997,
de 24 de octubre ("los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: b) Cumplir y hacer cumplir a su
personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7").
Así, según la normativa sobre prevención de riesgos laborales, resulta que el empresario tiene contraída
con sus trabajadores una deuda de seguridad por el único hecho de que éstos presten servicios bajo su ámbito
organizativo, al tener que dispensarles una protección eficaz en la materia a fin de que hagan efectivo el
derecho que, al respecto, les reconocen los arts. 4.2 d) y 19 ET , y art. 14.1 LPRL; obligación ésta que le
exige, específicamente, cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales (art. 14.3 LPRL) y, con carácter más general, adoptar cuantas medidas sean necesarias para la
protección de seguridad y la salud de los trabajadores (art. 14.2 LPRL), previendo a tal fin las distracciones
o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador ( art. 15.4 LPRL). Éstos, por su parte, no
están exentos de deberes en esta materia, pues han de observar las medidas legales y reglamentarias de
seguridad ( art. 19.2 ET ). De ahí que también la normativa sobre prevención de riesgos laborales les imponga
determinadas obligaciones. No obstante, su trasgresión no exonera al empresario de cumplir con su deber en
esta materia ( art. 14.4 LPRL). Se trata, además, de medidas que forman parte del conjunto de las previstas
por nuestro legislador para dar cumplimiento al deber que nuestra Constitución le impone en orden a velar
por la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2).
Con relación a tal deuda de seguridad a cargo del empresario, para su efectividad, y en el marco de
esas medidas, nuestro ordenamiento jurídico configura diversos medios, uno de los cuales es el previsto en
el art. 123 LGSS , por el que se establece un recargo en todas las prestaciones económicas de seguridad
social derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en cuya producción, o en la de sus
efectos dañosos, haya sido elemento decisivo, único o compartido con otras causas, el incumplimiento de una
medida de seguridad exigible al empresario. Se trata de una prestación a cargo directo de éste, en cuantía
comprendida entre un 30% y un 50% de incremento, del que no le exonera la trasgresión por el trabajador
de su respectivo deber al efecto, siempre y cuando la conducta de éste no traiga consigo la ruptura del nexo
causal entre incumplimiento empresarial y accidente o daño sufrido.
Así, lo esencial para que entre en juego la responsabilidad empresarial prevista en dicho precepto no
radica en analizar si el trabajador lesionado por razón del trabajo, otro distinto o incluso un tercero ajeno a la
empresa han contribuido a la producción del resultado dañoso con una actuación negligente o dolosa, sino
que consiste en determinar si el empresario ha infringido alguna concreta norma de seguridad y ésta, de
haberse cumplido, lo hubiera evitado o minorado. Distinto sería si éste hubiera sido igual aunque se hubiese
adoptado la concreta medida de seguridad vulnerada, porque es sólo entonces cuando deja de darse el
siempre imprescindible (a estos efectos) nexo causal entre esa infracción y el daño sufrido por el trabajador
lesionado, determinando la ausencia de la responsabilidad empresarial tipificada en el art. 123 LGSS . De ahí
que puedan resumirse en tres los requisitos precisos para que proceda la responsabilidad empresarial que
analizamos: a) que un trabajador sufra lesiones en un accidente de trabajo o por enfermedad profesional; b)
que el empresario haya incumplido alguna norma de seguridad; c) que ese incumplimiento haya sido elemento
decisivo en la producción de la lesión.
A este respecto debe tenerse igualmente en cuenta la doctrina más reciente del Tribunal Supremo sobre
la materia, según la cual "reiterada doctrina jurisprudencial ... viene exigiendo como requisito determinante de
la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) que la empresa haya cometida
alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial,
añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la
imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas
o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ..., b) que se acredite
la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) que exista una relación de causalidad
entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al
propio interesado ... del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2, 15.4 y 17.1 L.P.R.L. "se deduce,
como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y,
prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que
ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador.
No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de
seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo
caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones.". No puede
obviarse, que como se señala en la STS de 8 de octubre de 2001 (R.4403/2000 ) antes citada, "La vulneración
de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre". Esta Ley, en su artículo 14.2 , establece
que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15
señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario
adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que
debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de
los trabajadores"" ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009 [rec. núm. 2304/2008 ]).
Y en el caso que nos ocupa, como bien afirma el juzgador de instancia, se dan todos esos
condicionantes, puesto que: 1º) la empresa ha infringido la normativa sobre prevención de riesgos laborales
y las disposiciones mínimas de seguridad y salud que se relacionaron anteriormente, incumpliendo así de
manera flagrante su obligación específica de proteger al trabajador, ya que no existía señalista que coordinara
las maniobras de aproximación de camiones de vertidos de productos asfálticos cuando dicha necesidad
se incluía en el Plan de Seguridad y Salud de la obra en cuestión; 2º) el trabajador, a consecuencia del
incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales sufrió un accidente en fecha 7 de
marzo de 2005; y 3º) no existe ruptura del nexo causal entre la infracción y el daño, dado que, de un lado, no
ha quedado acreditado que el accidente ocurriese por imprudencia temeraria del trabajador (o que se tratase
de un caso fortuito), y del otro, el hecho de que el camión productor del daño pertenezca a otra empresa (y
por lo que se desprende del acta de infracción, por una empresa contratada por la demandante) no exime a
la empresa de su deber de la empresa de proteger al trabajador de los riesgos dimanantes de su trabajo, que
además han sido objeto de planificación, que finalmente ha resultado incumplida.
Con relación a esto último, debe tenerse en cuenta que: 1º) "cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean
necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos
a sus respectivos trabajadores" (art. 24.1 LPRL); 2º) "las empresas que contraten o subcontraten con otras
la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen
en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas
de la normativa de prevención de riesgos laborales" ( art. 24.3 LPRL); 3º) "el empresario deberá adoptar las
medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud " ( art.
3 RD 485/1997 ); 4º) según el art. 4 del RD 485/1997 , "la señalización de seguridad y salud en el trabajo
deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles
y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: d) Orientar o guiar a los
trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas"; 5º) "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , el empresario adoptará las medidas adecuadas para
que los trabajadores y los representantes de los trabajadores sean informados de todas las medidas que se
hayan de tomar con respecto a la utilización de la señalización de seguridad y de salud en el trabajo. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , el empresario
proporcionará a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores una formación adecuada, en
particular mediante instrucciones precisas, en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha
formación deberá incidir, fundamentalmente, en el significado de las señales, especialmente de los mensajes
verbales y gestuales, y en los comportamientos generales o específicos que deban adaptarse en función de
dichas señales" ( art. 5 RD 485/1997 ); y 6º) la normativa laboral parte de la diferente posición del trabajador
frente al empresario en esta materia de prevención de riesgos laborales, pues no es el trabajador quien debe
organizar el trabajo y se atribuye en exclusiva al empresario la dirección y control de la actividad laboral ( art.
20 ET ), imponiendo a éste el cumplimiento del deber de protección mediante el que deberá garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, e incluso,
aunque concierte con entidades especializadas en prevención complementaria, ya que ello no le exime del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona (art. 14.2 y 4 LPRL), debiendo preverse las distracciones o imprudencias no temerarias
que pudiera cometer el trabajador ( art. 15.4 LPRL), siendo así el empresario el que tiene la posición de garante
del cumplimiento de las normas de prevención ( arts. 19.1 ET y 14 LPRL).
En suma, en el caso que nos ocupa se dan todos los condicionantes necesarios para la imposición del
recargo, tal y como se explicó con profusión ut supra, sin que se haya roto el nexo causal entre la infracción y
el daño, es decir, que fue la conducta omisiva del empresario en materia de prevención de riesgos laborales
la causa eficiente y determinante del daño producido al trabajador; acontecimiento éste que no se hubiera
producido de haberse cumplido por el empleador las condiciones mínimas de seguridad a que antes se ha
hecho referencia.
En efecto, en el caso que nos ocupa se dan todos esos condicionantes, puesto que: 1º) entre
otras cuestiones, se ha incumplido la obligación empresarial de asegurarse de la efectiva ejecución de las
actividades preventivas incluidas en la planificación de seguridad y salud; 2º) el trabajador, a consecuencia del
atropello fue declarado en situación de IPT; y 3º) no se ha roto el nexo causal entre la infracción y el daño, dado
que no ha quedado acreditado que el accidente ocurriese por imprudencia temeraria del trabajador, y sin que
la intervención de un tercero (que aquí no resulta ajeno a la obra, al tratarse de una empresa contratada por
la demandada) exima de responsabilidad el empresario principal, que debía contar con señalistas suficientes
para controlar las maniobras de todos los camiones.
TERCERO.- En suma, coincidimos con el juzgador de instancia en que las negligencias empresariales
fueron las que provocaron el accidente del trabajador, habiendo quedado suficientemente acreditado que el
accidente tuvo lugar por causa de que el empresario infringió su deber de prevención, vulnerando la normativa
sobre seguridad e higiene, y que necesariamente ha de constituir la razón de ser del recargo fijado, en cuanto
pena o sanción imputable al empresario incumplidor de medidas de seguridad concretas y determinadas
previstas en la normativa que se estima como infringida. Por todo lo expuesto procede rechazar la censura
jurídica a que el recurso se contrae y, con desestimación de éste, dictar un pronunciamiento confirmatorio del
suplicado. En consecuencia
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de la empresa
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero del año
dos mil ocho, dictada por el Juzgado de lo Social número uno de los de Pontevedra , en proceso tramitado a
instancia de la empresa recurrente frente a don Demetrio , el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa adjetiva laboral, ha de darse el destino legal a los depósitos
y consignaciones para recurrir efectuados por la empresa-recurrente, que ha de abonar los honorarios del
letrado del demandado-impugnante de su recurso por importe de trescientos euros (300 #).
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Si la recurrente no
estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:
-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).
-El depósito de 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).
Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.

Publicado por tuasesor @ 19:18  | Jurisprudencia
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios