Jueves, 01 de marzo de 2012

Estos momentos de crisis económica, en los que el propio Estado de Bienestar está en peligro, son muy propicios para que surjan grupos de extrema derecha que sientan al extranjero como una amenaza y hagan recaer en este colectivo responsabilidades que no les corresponde: uno de los argumentos más utilizados por estos grupos es que ocasionan al Estado un gasto público excesivo que debiera encaminarse a los trabajadores nacionales, que son objeto de ayudas y subvenciones ahora necesarias debido al aumento tan considerable de desempleo…

Si bien es cierto que el desempleo ha llegado a extremos muy peligrosos podemos sospechar que el propio sistema  no puede sostenerse de esta manera por mucho tiempo y que esta situación debe revertir en un plazo no muy largo, cuando las grandes corporaciones terminen de absorber a las pequeñas compañías que no pueden competir en esta situación de crisis…pasando entonces de nuevo a otra etapa de crecimiento, aunque quizás no tan elevada como la que hemos vivido anteriormente.

 

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Cabe destacar una serie de datos concretos que desvirtúan esa idea de que los inmigrantes se están cargando los recursos del Estado de Bienestar, idea preconcebida en unos casos, influenciada por determinadas corrientes de opinión y maliciosa en otras:

Según un estudio del Grupo de Investigación “Políticas Públicas y Bienestar Social UAM-E015 www.dialnet.unirioja.es en el año 2007 el Gasto Social representaba en global un 19% del PIB del Estado, de este porcentaje el gasto destinado a los inmigrantes suponía el 3,6%, de este 3,6%, el 93% está destinado a gasto sanitario, educativo y protección del desempleo, y en este último capitulo se debe destacar que el 67% de los inmigrantes desempleados NO estaba protegido por esta contingencia.

Es muy habitual culpabilizar a los inmigrantes del colapso del sistema asistencial cuando hay estudios que  establecen la falsedad de estas aseveraciones, en concreto el Observatorio vasco para la Inmigración del año 2008 nos dice que en las ayudas de Emergencia Social y Rentas de Garantía de Ingresos para el colectivo inmigrante supuso un porcentaje entre 23% y 30%, siendo el resto para los nacionales. También se debe añadir que en la década pasada la participación del colectivo inmigrante en el crecimiento económico fue muy significativa, con repercusión en el PIB del Estado. Lo que sí es cierto es que en algunas comunidades, precisamente donde el peso de los inmigrantes es mayor, como la Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, existe un  desajuste entre los ingresos generados por la inmigración y su distribución. Pero este mal funcionamiento no es atribuible al colectivo inmigrante sino a los poderes públicos que con esta dejadez están ayudando a que los ciudadanos tengan una visión negativa de los inmigrantes.

El propio Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera que los trabajadores nacionales, pero visitan las Urgencias un 3% más. Siguiendo con el aspecto sanitario siendo un 12% respecto de la población total, utilizan el 5% de los servicios.

Este mismo Instituto aporta datos como que el 30% de los inmigrantes en España son pobres, porcentaje que entre los autóctonos es del 18% y, pese a ello, "sólo un 6,8% de las intervenciones sociales" se dirigen a esta población, además menos del 1% de los perceptores de pensiones en España son extranjeros, así como suponen el 11,2% de los perceptores de rentas mínimas de inserción. En cuanto a educación y siguiendo con los datos aportados por el CSIC el gasto social destinado a los colectivos inmigrantes estaba en el 6% en 2007. El 82% de los estudiantes se encuentra en colegios públicos frente a un 14,1% de matriculados en centros concertados y un 3,8% en colegios privados. Solo el 10% continúa sus estudios más allá de la ESO, con un porcentaje de abandono dos veces mayor que entre los autóctonos.

Las protecciones por cargas familiares o por carencia de rentas de los inmigrantes suponen un gasto al Estado del 7% sobre el total nacional destinado a este concepto, (177 millones de euros).

Por todo lo expuesto y muchos otros aspectos podemos decir que las alegaciones negativas hacia este colectivo en cuanto a excesivo gasto que suponen estos trabajadores inmigrantes, son infundadas e injustificadas, decimos trabajadores porque la gran mayoría de los inmigrantes que vienen a nuestro país lo hacen con intención “laboral” y de hecho ahora con la actual crisis económica muchos están retornando a su país de origen.

 


Publicado por tuasesor @ 12:18  | Art?culos
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