Jueves, 19 de abril de 2012

Un juzgado de Madrid ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad acerca de la reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. De tal modo que ahora hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre las dudas planteadas, en resumen la cuestión se debate en torno a los siguientes puntos:

1.-Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. (artículo 24 CE)

2.-Derecho a la Igualdad de Trato entre Trabajadores. (artículo 14 CE)

3.-Regulación vía Real Decreto-Ley: para el que se exigen razones de extraordinaria y urgente necesidad, (artículo 86.1 CE)

4.-Derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales (artículo 41 CE)

Tribunal Constitucional

Además se hace referencia a los salarios de tramitación que con la nueva reforma, que desaparecen y sólo proceden si el despido es declarado improcedente (con la nueva regulación se ha abierto la puerta a que la gran mayoría se declaren como objetivos con 20 días de indemnización, con lo que pocos improcedentes habrá...) y además sólo si el empresario opte por la readmisión, es decir que los salarios de tramitación pasan a mejor vida... siendo la transferencia al empresario de la decisión de abonar o no estos salarios y cómo si se opta por la indemnización y el trabajador ha acumulado suficientes derechos podría accedeer a las prestaciones por desempleo sin que el empresario se haga cargo de ellas...

Y otro de los puntos clave es cómo afecta a la negociación colectiva la actual reforma laboral, que en la práctica de ve totalmente desmantelada.

Todo esto ha provocado en el mes de Marzo la octava Huelga General de la Democracia.

La regulación de la cuestión de constitucionalidad viene establecida en la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional:

DE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR JUECES O TRIBUNALES.

Artículo 35.

Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Dos.  El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la Ley o norma con fuerza de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.

Tres.  El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión.

Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.

Artículo 36.

El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo anterior, si las hubiere.

Artículo 37. 

Uno. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se substanciará por los trámites del apartado segundo de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en tramite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada.

Dos. Publicada en el Boletín Oficial del Estado la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días.

Tres. El Tribunal Constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados y al senado por conducto de sus presidentes al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo común improrrogable de quince días.

Concluido éste, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días.


Publicado por tuasesor @ 8:17
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