Mi?rcoles, 31 de octubre de 2012

El Gobierno ha aprobado un Real-Decreto que establece una serie de aportaciones económicas para aquellas empresas que gozando de beneficios despidan a trabajadores de más de 50 años por la vía del artículo 51 del ET. (despidos colectivos), si además se cumple otro dos requisitos: que la empresa tenga más de 100 trabajadores.

Resumiendo debe cumplirse: 1)Que le trabajador tenga más de 50 años 2) Que la empresa tenga más de 100 trabajadores y 3) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que los justifiquen, las empresas o el grupo de empresas del que formen parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo.

La justificación que aparece en el texto del Real Decreto para aprobar estas medidas es la siguiente: "...la necesidad de atemperar los impactos sociales y económicos de los procesos de reajuste empresarial que provocan, de un lado, la expulsión prematura del mercado de trabajo de los trabajadores de más edad, afectados estructuralmente en nuestro mercado de trabajo por una tasa de actividad por debajo de los países europeos de nuestro entorno y que tienen problemas para poder volver a incorporarse al empleo; y, por otro, un importante coste para nuestro sistema de protección por desempleo, difícil de asumir socialmente, cuando las empresas que realizan estos procesos de reestructuración tienen necesidad de ponerlos en práctica, aun habiendo obtenido beneficios, tanto más en una coyuntura económica como la actual."

Para leer el texto completo del Real Decreto:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13420.pdf


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Martes, 30 de octubre de 2012

El Gobierno ha aprobado el viernes 26-10-12 y publicado con fecha de 30-10-12 un nuevo reglamento en el que se regulan los despidos colectivos en la Administración, en concreto se refiere al personal laboral de la Administración.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13419.pdf

La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público ,el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública. Solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas) y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).

Era una pretensión conocida que el gobierno popular deseaba facilitar el despido de este colectivo al llevar a cabo la famosa reforma laboral de febrero de este año. Cuando aprobó la reforma estableció la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como motivo para justificar los despidos objetivos. Ahora, en el reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dado un paso más: ha definido esa “insuficiencia presupuestaria” como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en entes, organismos, entidades o empresas públicas.Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte ha tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada ha descendido en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pero se da la circunstancia de que es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, supuestos recogidos para el despido colectivo en el reglamento aprobado. Es decir la Administración es juez y parte, de ella depende que la causa que alega se cumpla.

Este reglamento está siendo discutido , como todas las medidas que vienen realizando...Entre las alegaciones que se escuchan destaca la arbitriariedad que supone que sólo afecte al personal laboral y no al funcionario, que se restrinja la capacidad de negociación colectiva a este personal a diferencia de lo que sucede con los trabajadores de la empresa privada y que se deje muy poco margen a la Inspecciónde Trabajo en el transcurso del proceso.


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Jueves, 25 de octubre de 2012

Si se analizan los primeros meses desde la reforma laboral aprobada, es decir entre febrero y mayo, con respecto al año anterior se observa que la aplicación por parte de la empresa de los despidos colectivos ha aumentado un 72%, es decir que el gobierno ha facilitado que los empresarios tengan a su alcance un despido aún más barato...sucede que nos bombardean con datos referentes a las indemnizaciones que existen en otros paises en caso de despido, pero nos engañan pues los 45 días de indemnización que teníamos antes eran en caso de despido improcedente decretado por un juez, con todas las garantías procesales para ambas partes. No dicen que la legislación laboral ya poseía medios para que la indemnización no fuese tan elevada en caso de que hubiere motivos para ello, como causas económicas...en cuyo caso se rebajaba la indemnización...ahora se permite un despido absolutamente discrecional por parte del empresario...por suerte hay jueces que están denegando estos despidos, fundamentalmente colectivos a través de los EREs, bien por defectos formales o bien por haber existido mala fe en la negociación...por desgracia esto puede ser subsanado a posteriori con un nuevo despido que cumpla con todos sus requisitos formales. Pues el juez cada vez tiene menos opciones para entrar a valorar gracias a la reforma laboral del PP. Los jueces no pueden valorar la proporcionalidad del despido, debe limitarse al fraude de ley, a poco que la medida sea razonable, el juez debería aceptarla.

Las empresas dirigidas por empresarios dignos que quieran mantener su actividad tienen a su alcance otros medios que evitan estos despidos masivos y son positivas para ambas partes en tanto en cuanto mejoran los margenes de beneficio de las empresas. Por ejemplo los EREs temporales de reducción de jornada, combinan los intereses de la compañía, que reduce costes, y los del trabajador, que no sufre merma en sus bases de cotización de cara a prestaciones futuras. Además, la reducción en la cantidad neta a cobrar se compensa con la parte que aporta el Servicio Público de Empleo Estatal a través de la prestación por desempleo parcial.

La actual legislación prevé la posibilidad de tramitar un ERE temporal de reducción de jornada, que se puede aplicar con independencia del número de trabajadores afectados, donde se permite acortar el horario laboral entre un mínimo del 10% y un máximo del 70%, con la consiguiente disminución de salario, aunque no le afecta al trabajador en la misma proporción.

El ERE se tramita ante la autoridad laboral (la Dirección General de Empleo de cada comunidad autónoma), donde hay que presentar diversa documentación que acredite las causas de la reducción de jornada, que puede ser de orden técnico, organizativo o económico.

El ERE temporal de reducción de jornada se puede solicitar, con carácter general, para un periodo entre 12 y 18 meses. Durante todo ese tiempo, el trabajador mantiene sus bases de cotización a efectos de la pensión de jubilación, invalidez e incapacidad temporal, porque la empresa sigue obligada a cotizar en ese periodo por el 100% de su base de cotización. Sin embargo, durante los ocho primeros meses de duración del ERE se establece una bonificación del 11,8% sobre la parte de la base de cotización de la jornada que no se trabaja.

El empleado cobra la prestación por la parte de la jornada que deja de trabajar y si, por circunstancias, se produjera su despido objetivo en la empresa al ser insuficiente la reducción de jornada, le reponen 180 días de prestación por desempleo.

Así, un trabajador con contrato indefinido, con un salario neto mensual de 1.700 euros , con 12 pagas y dos hijos a su cargo, reduciéndose la jornada por ERE en el 50% no pierde la mitad de su sueldo. El ahorro para la empresa en el primer año del ERE sería de 12.040,20 euros y podría mantener en plantilla al trabajador que le puede seguir interesando en el futuro, evitando los costes de adaptación y formación que le supondría tener que buscar otra persona en el mercado cuando fuese necesario.


Publicado por tuasesor @ 14:41  | Art?culos
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Lunes, 08 de octubre de 2012

El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) dieron a conocer que casi ocho de cada 10 maestros votaron a favor del nuevo contrato laboral.

The Chicago Teachers Union (CTU) and Chicago Public Schools (CPS) disclosed that nearly eight out of 10 teachers voted for the new contract.

Según el sindicato, se trata de la ratificación con más alta aprobación de un contrato en su historia.  En total se entregaron 20,765 votos válidos, de los cuales 16,428 fueron a favor del acuerdo por 4,337 en contra.

Con el contrato, que los maestros empezaron a votar desde el martes, logran un aumento salarial de 3 por ciento el próximo año, con aumentos de 2 por ciento durante los siguientes dos años; asegura aumentos salariales basados en su experiencia y su avance académico; establece nuevos parámetros para evaluar a maestros basados en los resultados de exámenes de sus alumnos y promete un política de recontratación de maestros que son despedidos.

Achieve a wage increase of 3 percent next year, with increases of 2 percent over the next two years, said salary increases based on experience and academic progress, sets new standards for evaluating teachers based on test scores of its students and promises a rehiring policy of teachers who are dismissed.

Karen Lewis, presidenta de CTU, indicó en un comunicado que el voto de los educadores demostraba un reconocimiento enorme de sus miembros de que era una victoria para los estudiantes.

“Nuestros miembros salen de este (proceso) con un reconocimiento aún mayor para la lucha por la educación pública. Agradecemos a nuestros padres por apoyar a los maestros de sus hijos, los auxiliares docentes y las enfermeras”, indicó Lewis.

El presidente de la Junta de Educación, David Vitale, reaccionó poco después a la ratificación al indicar que el distrito estaba agradecido y de que a pesar de que ambas partes estaban muy aparte, al final lograron encontrar puntos en común para alcanzar una resolución.

“Queremos que nuestros maestros sepan que los apoyamos en el gran trabajo que desempeñan cada día. Es debido a su trabajo que nuestros estudiantes han hecho avances significativos en el último año y podemos y vamos a trabajar juntos para seguir con ese impulso para nuestros alumnos”, declaró Vitale.

El capítulo aún no termina, ya que el contrato aún tiene que ser aprobado por la Junta de Educación en su próxima reunión del 24 de octubre, según un comunicado de CPS.

La huelga de maestros inició el 10 de septiembre, se extendió por siete días y afectó a unos 350,000 alumnos.

El nuevo contrato trae cambios al calendario escolar, ya que se elimina los calendarios E-Track y R-Track para crear uno común, además que reduce los días de vacaciones.

The new contract brings changes to the school calendar, as it eliminates the calendars E-Track and A-Track to create one common, besides reducing vacation days.

Lo anterior ocurre mientras los maestros de otros distritos escolares en el área de Chicago se fueron, han aprobado o consideran irse a la huelga.


Publicado por tuasesor @ 16:14  | Art?culos
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S?bado, 06 de octubre de 2012

Artículo 14 de la Constitución:

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Un trabajador del sector aeroportuario con un grado II de obesidad que ocupaba un puesto de trabajo de peón de transporte y descargador fue declarado no apto tras un reconocimiento médico. La empresa no amplió su contrato fijo discontinuo, mientras que sí lo hizo con los otros trabajadores que habían prestado servicio con el demandante en años anteriores.

En esta imagen podemos ver a un trabajador reconocido al que su obesidad no le impide un desempeño laboral impecable.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que despedir a un trabajador por ser obeso no es discriminatorio. La sentencia, dictada el pasado 9 de mayo, defiende que el despido debe ser considerado improcedente, pero no nulo, como había establecido previamente el Juzgado de lo Social número 2 de Elche.

Explica el tribunal que "no se aprecia que el sobrepeso que padece el trabajador tenga trascendencia a efectos discriminatorios". La razón es que ni la normativa nacional ni la comunitaria hacen mención a tal circunstancia como causa de discriminación en sí prohibida. "Máxime cuando la obesidad afecta a gran parte de la población", añade la sentencia.

En concreto, se trataba de un trabajador del sector aeroportuario con un grado II de obesidad que ocupaba un puesto de trabajo de peón de transporte y descargador. El empleado estaba vinculado a la empresa mediante un contrato fijo discontinuo, una modalidad de contrato que se usa para trabajos de temporada. Tras un reconocimiento médico, en el que se le declaró no apto, dejaron de llamarle para volver a su puesto en la temporada en que solían hacerlo, mientras que sí llamaron a los otros trabajadores que habían prestado servicios con el empleado en años anteriores.

La sentencia del juzgado de lo Social declaró la nulidad de la extinción contractual por obedecer a un móvil discriminatorio (su obesidad). Con esta última sentencia, el tribunal valenciano corrige ese criterio, incidiendo en que la obesidad no es una enfermedad que aparezca ligada de modo directo o indirecto a los criterios discriminatorios que se consideran proscritos tanto en el artículo 14 de la Constitución Española como en el 7 del Estatuto de los Trabajadores. Estima, por tanto, el recurso de suplicación interpuesto por la empresa afectada.

Después de una sentencia como ésta cabe preguntar al alto Tribunal valenciano acerca de lo que entienden ellos como discriminación , ya que como bien dice el artículo 14 de la CE , garante de la igualdad , cualquier condición personal del trabajador que haya podido  afectar a la decisión de la empresa como motivo de despido debiera ser considerada como discriminatoria y por tanto nulo de pleno derecho. Además tenemos por otra parte la cuestión del reconocimiento médico de la empresa que aporta la prueba en la que se basa el despido, y que anima a los trabajadores a negarse a seguirlo, siempre y cuando no se vean obligados por la especiales circunstancias de la empresa, esto da argumentos a los que apoyan esta práctica entre los trabajadores y que sin embargo sólo debiera ser efectiva para preservar la seguridad de los empleados cumpliendo con la Ley de Prevención y no un arma con la que atacar a los empleados, desde luego que en la empresa en cuestión nse cuidarán mucho de seguir reconocimientos médicos...


Publicado por tuasesor @ 11:53  | Art?culos
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