Mi?rcoles, 05 de diciembre de 2012

Sentencia núm. Tribunal Superior de Justicia Castilla y León Valladolid (Sección 1) 09-05-2012

Marginal: AS\2012\1842

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia Castilla y León

Fecha: 09/05/2012

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm.

Ponente: Rafael Antonio López Parada

VACACIONES: derecho al disfrute; compensación en metálico: trabajador en IT en la fecha pactada para su disfrute: extinción subsiguiente del contrato de trabajo por declaración de incapacidad permanente.

El TSJ estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León, de fecha 15-11-2011, en autos promovidos sobre reclamación de vacaciones, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL

VALLADOLID

SENTENCIA: 00893/2012

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIALVALLADOLID

C/ANGUSTIAS S/N

Tfno: 983413204-208

Fax:983.25.42.04

NIG: 24089 44 4 2010 0003501

402250

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000775 /2012 R.L.

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0001125 /2010 JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de LEON

Recurrente/s: Carlos Francisco

Abogado/a: CLARA LESCUN VEGA

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: TARANILLA S.L.

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social: MARIA ELENA RODRIGUEZ GORGOJO

Ilmos. Sres. Rec. 775/2012

Dª Mª del Carmen Escuadra Bueno

Presidente en funciones

D. José Manuel Riesco Iglesias

D. Rafael A. López Parada /

En Valladolid a nueve de Mayo de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 775 de 2.012, interpuesto por Carlos Francisco contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº Dos de León (Autos:1125/10) de fecha 15 de noviembre de 2011, en demanda promovida por referido actor contra TARANILLA, S.L., sobre RECLAMACION DE CANTIDAD , ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.

PRIMERO.- Con fecha 7 de diciembre de 2010, se presentó en el Juzgado de lo Social de León Número Dos, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:" Primero.- El actor venia prestando sus servicios para la empresa demandada, encuadrada en el sector de artes gráficas, con las circunstancias que se recogen en el hecho primero de la demanda. El salario establecido es bruto computando la parte proporcional de pagas extraordinarias. Sin ese cómputo el salario mensual bruto para el año 2009 sería de 942,20 €, y para 2010 de 951 ,86 €, con los desgloses que constan al folio 67.

Segundo.- El actor estuvo en situación de incapacidad temporal del 24 febrero 2009 al 21 octubre 2010, en que fue declarado con dicha fecha afecto a incapacidad permanente absoluta en los términos de los folios 65 y 66.

Tercero.- Reclama la compensación de vacaciones de los años 2009 y 2010 en los términos del hecho cuarto de la demanda, en cuantía de 2065,75 €.

Cuarto.- Se solicitó y celebró conciliación sin efecto en fechas respectivas de 23 noviembre y 3 diciembre 2010. Se interpuso demanda el 7 diciembre 2010.

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandante, fue impugnado por la parte demandada. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

Con carácter previo ha de decirse que la sentencia de instancia es susceptible de recurso, no solamente porque la cuantía de lo reclamado en la demanda, que es lo relevante, excede de los 1800 euros, que es el límite aplicable en virtud de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , vigente en el momento de dictarse la sentencia, sino porque además y en todo caso nos hallamos ante una cuestión, como es la relativa al sistema de disfrute de las vacaciones en el caso de bajas médicas, que suscita importante conflictividad en todo el país, manifestándose en un número significativo de litigios, con pronunciamientos judiciales incluso de la Sala Cuarta del ribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2009 (RJ 2009, 4286) (RCUD 1542/2008 ) nos dice que la cuestión relativa al derecho al disfrute de vacaciones en estos casos de coincidencia entre el periodo de disfrute fijado en el convenio colectivo y la incapacidad temporal posee afectación general, lo que habilita la competencia funcional de la Sala de suplicación en todo caso, y esto hace irrelevante en este caso la determinación del salario del trabajador por los días de vacaciones reclamadas a efectos de fijar la cuantía del litigio. Por consiguiente, concurriría también la circunstancia de afectación general que abriría la puerta al recurso.

El primer motivo de recurso, amparado en la letra b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , pretende revisar la relación de hechos probados de la sentencia de instancia para dar nueva redacción al ordinal tercero de los mismos. Dejando aparte las valoraciones predeterminantes del fallo que no tienen cabida en los hechos probados, lo que esencialmente se pretende que se diga es que en el año 2009 el trabajador solamente prestó servicios efectivos el mes de enero y 23 días de febrero, estando en situación de incapacidad temporal desde el 24 de febrero de ese año hasta el 21 de octubre de 2010, sin haber disfrutados las vacaciones anuales de dichos años, siendo declarado en situación de incapacidad permanente absoluta el 21 de octubre de 2010. Por el contrario la empresa sostiene que la incapacidad se inició el 24 de enero de 2009 y terminó el 23 de agosto de 2010 y que desde dicha fecha causó baja en la empresa por agotamiento de los 18 meses, siendo tramitado expediente de incapacidad permanente que terminó con declaración de incapacidad permanente absoluta con efectos del 21 de octubre de 2010.

Pues bien, el documento obrante al folio 61 demuestra que la incapacidad temporal se inició el 24 de febrero de 2009, tal y como sostiene el trabajador, lo que a la postre resulta irrelevante, dado que la solución jurídica sería la misma tanto si la fecha de inicio fue en enero como si fue en febrero, no discutiéndose que no se disfrutaron las vacaciones de 2009 y 2010. En cuanto a la fecha de extinción de la relación laboral, la empresa confunde la situación de cara a la Seguridad Social (dejándose de cotizar por agotamiento de los 18 meses de incapacidad temporal) con la situación laboral, que es la relevante y lo cierto es que una vez agotados esos 18 meses, si la situación de incapacidad temporal se prorroga, como aquí ha sucedido (por tramitarse expediente de incapacidad permanente de oficio por el INSS), entonces se mantiene la suspensión de la relación laboral ex artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) . Dicha relación laboral no ha finalizado hasta la fecha de efectos de la declaración de incapacidad permanente, esto es, hasta el 21 de octubre de 2010.

En cuanto a la falta de disfrute de las vacaciones, la empresa pretende que se diga que se habían disfrutado vacaciones retribuidas entre el 2 y el 6 de enero de 2009, conforme al calendario laboral del año 2009. Pues bien, el documento invocado (folio 55), calendario laboral de 2009, que no consta impugnado y cuenta con las firmas de los representantes legales de los trabajadores, marca como días de vacaciones (en verde) los días 2 a 5 de enero de 2009. Por tanto ha de considerarse que el trabajador disfrutó de tales días de vacaciones.

El trabajador también quiere dejar constancia del salario mensual que correspondería por cada uno de los meses de vacaciones, lo que es irrelevante, porque ya consta en el ordinal primero de los hechos probados.

El segundo motivo de recurso, amparado en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , denuncia la vulneración del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) en relación con las Directivas 93/104/CEE (LCEur 1993, 4042) , sustituida por la 2003/88/CE (LCEur 2003, 3868) , así como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del disfrute de vacaciones cuando éste es impedido por una baja médica.

La doctrina tradicional venía sosteniendo que, en aquellos casos en los que se fijase un calendario de vacaciones, la coincidencia durante ese periodo de una situación de incapacidad temporal supondría la pérdida del derecho, incluso si dicha situación de incapacidad temporal se hubiese iniciado antes de comenzar el periodo de disfrute vacacional pactado (así sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2007 (RJ 2008, 606) , RCUD 5068/2005 , 20 de diciembre de 2007 (RJ 2006, 1896) , RCUD 75/2006 , ó 13 de febrero de 2008 (RJ 2008, 2901) , casación 109/2006 ).

Esta doctrina ya habría de matizarse como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE, actualmente, a partir del 1 de enero de 2010 , Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE) de 18 de marzo de 2004 (TJCE 2004, 69) , Merino Gómez, C-342/01, en la cual el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104 (hoy sustituida por la 2003/88) debe interpretarse en el sentido de que, en caso de coincidencia entre las fechas de un permiso de maternidad de una trabajadora y las de las vacaciones anuales fijadas con carácter general mediante convenio colectivo para la totalidad de la plantilla, no podía computarse como periodo de disfrute de vacaciones aquel periodo fijado para la totalidad de la plantilla, si durante el mismo la trabajadora se encontraba de permiso de maternidad, teniendo ésta derecho a disfrutar de las vacaciones tras reincorporarse de su permiso. Esta jurisprudencia se incorporó en España por vía legislativa, al introducirse en el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007 (RCL 2007, 586) , sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres, un nuevo párrafo en el que se dice que "cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley , se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan". Es destacable que en dicha regulación el derecho al disfrute vacacional no se extingue por la finalización del año natural, conservándose el derecho hasta la finalización de la baja, aunque ésta se produzca en un año natural diferente a aquél al que correspondan las vacaciones.

Finalmente el núcleo central de la doctrina de la Sala Cuarta, relativa a todo tipo de trabajadores y a las incapacidades temporales por enfermedad o accidente en general, ha sido corregida por la propia Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2009 (RJ 2009, 4286) (RCUD 1542/2008 ) como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de enero de 2009 (TJCE 2009, 7) en los asuntos acumulados C-350/06 y C-520/06 (Schultz-Hoff y Stringer). Hay que partir, dice el Tribunal Supremo, de que la doctrina del Tribunal de Justicia europeo obliga a una nueva lectura de los textos internos en liza, siendo así que la primacía del Derecho comunitario, continuamente afirmada por el Tribunal y reconocida con claridad en nuestro ordenamiento jurídico en aplicación del artículo 93 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , no solamente determina la prevalencia de la jurisprudencia comunitaria sobre la doctrina de los Tribunales de los países miembros en la interpretación o aplicación de los preceptos y disposiciones del Derecho Comunitario, al tener precisamente atribuida la competencia de interpretación uniforme del Derecho de la Comunidad Europea (aparte de otras muchas anteriores, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7162) , RCUD 4424/2003 , 27 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7202) , RCUD 899/02 y dos de 22 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 1828) , RCUD 85/2006 y 3460/2006 ), sino que incluso llega a influir -hasta cierto punto- en la interpretación de la normativa nacional, puesto que «el órgano jurisdiccional que debe interpretarla está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, renumerado posteriormente como artículo 249 por el Tratado de Amsterdam y 288 por el Tratado de Lisboa ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 1990 (TJCE 1991, 78) , Asunto Marleasing , reiterada repetidamente, por ejemplo en sentencias de 11 de septiembre de 2007 (TJCE 2007, 216) , Hendrix, 24 de junio de 2008 (TJCE 2008, 140) , A. Commune Mesquer ; y 25 de julio de 2008 (TJCE 2008, 187) , Janecek).

No debe olvidarse, como señala el Tribunal Supremo, que las afirmaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea trascienden del supuesto concreto en cuyo marco se plantea la cuestión prejudicial, puesto que el mismo no resuelve litigio alguno. La competencia del Tribunal de Justicia tiene por objeto garantizar la interpretación uniforme, en todos los Estados miembros, de las disposiciones de Derecho comunitario, por lo que el Tribunal de Justicia se limita a declarar el significado de las normas comunitarias de que se trata ( sentencia de 8 de noviembre de 1990 (TJCE 1991, 75) , Asunto Gmurzynska-Bscher). El procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado (ahora llamado "Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea ") es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, a través del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que precisan para resolver los litigios de que conocen ( sentencias de 12 de marzo de 1998 (TJCE 1998, 48) , Asunto Djabali ; 18 de noviembre de 1999, Asunto Teckal ; 21 de enero de 2003 (TJCE 2003, 25) , Asunto Bacardi- Martini y Cellier des Dauphins ; 23 de enero de 2003, Asunto Makedoniko Metro y Michaniki ; 04 de marzo de 2004, Asunto Barsotti y otros; 20 de enero de 2005, Asunto Salgado Alonso ; 20 de enero de 2005, Asunto García Blanco ; 1 de marzo de 2005 (TJCE 2005, 48) , Asunto Owusu ; 15 de junio de 2006, Asunto Acereda Herrera ; 6 de julio de 2006 (TJCE 2006, 189) , Asunto Salus). De ahí que sus sentencias recaídas en procedimientos prejudiciales complementen las normas comunitarias objeto de interpretación con pronunciamientos interpretativos de las mismas que adquieren validez general para quienes en los Estados miembros o en las instituciones comunitarias han de aplicar las mismas y, por tanto, tales pronunciamientos no pueden ser desconocidos como meros criterios aplicados a la solución de un concreto caso, sino que presentan rasgos de generalidad en su aplicación que les confieren un valor normativo.

En la medida en que las afirmaciones efectuadas por la sentencia de 20 de enero de 2009 (TJCE 2009, 7) del Tribunal de Justicia es suficientemente clara y rotunda en sus pronunciamientos, como señala la Sala Cuarta del Tribunal Supremo , ello hace innecesario dirigir consulta interpretativa al Tribunal europeo, pues ha de recordarse que los órganos judiciales no están obligados a plantear cuestión prejudicial cuando la respuesta a ella pueda deducirse con seguridad -sin duda razonable- de la jurisprudencia comunitaria ya dictada; es lo que se denomina doctrina del «acto claro» ( sentencias de 6 de octubre de 1982, Asunto Cilfit ; 22 de febrero de 2001 (TJCE 2001, 57) , asunto Gomes Valente ; 17 de mayo de 2001, asunto TNT Traco ; 4 de junio de 2002, asunto Lyckesko ; 30 de septiembre de 2003 (TJCE 2003, 292) , asunto Köbler ; 15 de septiembre de 2005, asunto Intermodal Transport ; 6 de diciembre de 2005, asunto Gaston Schul ; 10 de enero de 2006, asunto IATA ; 11 de septiembre de 2008 (TJCE 2008, 199) , Asunto UGT). Por otra parte, dado que ninguna de las partes ha pedido que se eleve tal cuestión prejudicial, resulta innecesaria cualquier otra consideración.

Como nos dice el Tribunal Supremo, no existe duda alguna sobre el significado atribuible a los principios que se exponen en los diversos apartados de la sentencia Shultz-Hoff y tales principios deben ser aplicados como elemento interpretativo de nuestra propia legislación, que, con la salvedad del párrafo introducido en el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007 para el caso de los permisos por razones de maternidad y análogos, no disponía de previsión específica sobre la cuestión litigiosa hasta el Real Decreto-Ley 3/2012 (RCL 2012, 147 y 181) y se prestaba por ello a diversidad de interpretaciones, que hubieron de decantarse en favor de la más acorde a aquellos principios sentados por la jurisprudencia comunitaria, para llegar así a una solución que comporta la protección del derecho a vacaciones en términos no inferiores a la otorgada por la sentencia Schultz-Hoff a los específicos supuestos de que la misma trata.

En definitiva la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo viene a enlazar con lo prescrito en el artículo 6.2 del Convenio 132 de la OIT (RCL 1974, 1356) , que establece que «los períodos de incapacidad de trabajo resultantes de enfermedad o accidente no podrán ser contados como parte de las vacaciones pagadas anuales prescritas como mínimo», norma vigente de Derecho internacional en cuya interpretación la jurisprudencia española se vino a desviar de la interpretación que había sido tradicional en la doctrina y la práctica judicial, para llegar a interpretar en la citada sentencia de 3 de octubre de 2007 (RJ 2008, 606) , dictada por la Sala General de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo , que dicha norma solamente se refería a «una cuestión próxima pero netamente diferenciada, que es la resta o descuento automáticos de las ausencias al trabajo por baja respecto de los días de vacaciones», esto es, que los días de baja por incapacidad temporal en los que el contrato se halla en suspenso han de computarse como días trabajados a efectos de generar un derecho vacacional para el trabajador, algo que nadie pone en cuestión en este caso.

Pues bien, a tenor de los principios fijados con toda claridad en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su citada sentencia Schultz-Hoff, ha de concluirse que la coincidencia de un periodo de incapacidad temporal con el periodo de disfrute de las vacaciones fijado por el empresario individual o colectivamente (o incluso mediante pacto colectivo) implica la suspensión de dicho disfrute vacacional hasta la efectiva reincorporación del trabajador tras su incapacidad temporal, esto es, hasta el alta médica, de manera que al producirse la misma el trabajador resultará acreedor del derecho al disfrute del periodo de vacaciones que no pudo disfrutar como consecuencia de la incapacidad temporal.

En definitiva, nos dice el Tribunal Supremo, "el pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y mentales de hacer uso del mismo, de forma que no cabe entender que un trabajador en situación de incapacidad temporal pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades atribuidas a las vacaciones. Pronunciamiento que supone retomar el texto y espíritu del artículo 6.2 del Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo sentido ha sido recuperado por el Tribunal Supremo para decir que, una vez producida la incapacidad temporal se debe presumir frustrada la funcionalidad de las vacaciones y deberá señalarse un nuevo periodo de descanso. En definitiva el obligado acatamiento a la jurisprudencia comunitaria exige extender a la baja por incapacidad temporal la doctrina sentada para supuesto de maternidad por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de marzo de 2004 (TJCE 2004, 69) en el asunto Merino Gómez , antes citada.

Ese pronunciamiento, nos dice el Tribunal Supremo, ha de complementarse con el contenido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de abril de 2006 (TJCE 2006, 114) en el asunto Federatie Nederlandse Vakbeweging , que proclamó la existencia del derecho a disfrutar vacaciones en el año posterior al su devengo, criterio que reitera la sentencia Schultz-Hoff. Ésta contiene en su fallo un pronunciamiento claro del siguiente tenor:

"El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 (LCEur 2003, 3868) debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las mismas y/o el período de prórroga fijado por el Derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas".

Lo que significa que, aunque la baja por incapacidad temporal se prolongue más allá del término del año natural, no por ello se pierde el derecho al disfrute de las vacaciones de dicho año, que habrán de acumularse para su disfrute en el año en el que se produzca el alta del trabajador y éste se reincorpore, o incluso, en la línea de la citada sentencia Federatie Nederlandse Vakbeweging, reiterada en la Schultz-Hoff, si dicha reincorporación no llega a tener lugar por producirse el cese del trabajador al servicio de la empresa, tal derecho se sustituirá por la correspondiente compensación económica de los días de vacaciones devengados y no disfrutados. En el fallo de la sentencia Schultz-Hoff se dice expresamente lo siguiente:

"El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Para el cálculo de dicha compensación económica, resulta asimismo determinante la retribución ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas".

Todo lo cual implica que la sentencia del TJUE Schultz-Hoff, expresamente citada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como fundamento del explicado cambio de su línea jurisprudencial en esta materia, impone la extensión a la incapacidad temporal del régimen de vacaciones introducido para la maternidad en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007 .

Frente a todo lo anterior alega la empresa la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2011 en el asunto C-214/10 (TJCE 2011, 369) , que admite como compatible con la Directiva comunitaria una disposición nacional que limite el derecho al disfrute de vacaciones fijando un periodo máximo de disfrute de las que no pudieron disfrutarse en el año natural para evitar la acumulación de varios periodos consecutivos de vacaciones. Pero esta sentencia no es aplicable al caso, porque lo que hace es permitir que el legislador nacional imponga ciertos límites y esto no lo ha hecho el legislador español hasta el Real Decreto-ley 3/2012, que ha modificado el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores para, en sintonía con la jurisprudencia comunitaria, fijar un límite de 18 meses computable desde la finalización del año natural al que corresponda el disfrute de las vacaciones. Debe significarse que en el caso de autos, incluso aplicando ese límite, el trabajador tendría derecho al disfrute de las vacaciones anuales de 2009 cuando terminó su relación laboral. De ahí que, al no ser posible disfrutar de las de los años 2009 y 2010, las mismas deban ser compensadas en metálico y el recurso debe ser estimado.

No obstante ello no puede llevar a la íntegra estimación de la pretensión económica. En el año 2009 el salario del mes completo de vacaciones sería 942,20 euros, pero se habían disfrutado cinco días en el mes de enero, de manera que la compensación debida por las vacaciones pendientes sería de 785,17 euros. Por lo que se refiere al año 2010, el mismo no puede computarse completo, puesto que la relación laboral terminó el 21 de octubre y no consta que el sistema de cómputo de las vacaciones en la empresa arrastrase los periodos devengados de un año para su disfrute al año siguiente (esto ni se alega ni se pretende por la parte actora). Por tanto las vacaciones devengadas dicho año serían la parte proporcional (294/365) del salario mensual (951,86 euros), esto es, 766,70 euros. La deuda total a compensar por ambos años sería de 1551,87 euros, debiendo estimarse parcialmente el recurso para reconocer la misma en lugar de la de 777,35 euros fijados en el fallo de la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY

Estimar parcialmente el recurso de suplicación presentado por la letrada Dª Clara Lescún Vega en nombre y representación de D. Carlos Francisco contra la sentencia de 15 de noviembre de 2011 del Juzgado de lo Social número dos de León (autos 1125/2010), revocando el fallo de la misma en el exclusivo sentido de sustituir el importe de la condena allí consignado por el de 1551,87 euros.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) ..

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm 2031 0000 66 775 12 abierta a nombre de la sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social..

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.

 


Publicado por tuasesor @ 11:42  | Jurisprudencia
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