Martes, 18 de diciembre de 2012

Recientemente hemos leído en prensa una noticia relacionada con una indemnización otorgada a una funcionaria que se lesionó en un viaje de trabajo mientras realizaba prácticas sexuales, pero claro si leemos el artículo veremos que ha sucedido en Australia, aquí en España no hubiera sido posible, salvo que algún juez interpretara la ley de modo incorrecto.

En nuestro país la legislación al respecto es muy clara:

La legislacion determina que un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (art. 115 LGSS).

Por lo tanto, para que un accidentes tenga esta consideración es necesario que:

  1. Que el trabajador/a sufra una lesión corporal. Entendiendo por lesión todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas.
     
  2. Que ejecute una labor por cuenta ajena (los autónomos, empleadas de hogar, no están incluidos).
     
  3. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista una relación de causalidad directa entre trabajo - lesión.

La lesión no constituye, por sí sola, accidente de trabajo.

Se entenderá como accidente de trabajo, aquel que haya ocurrido durante la realización de las tareas encomendadas por el empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador/a en interés del buen funcionamiento de la empresa, (aunque éstas sean distintas a las de su categoría profesional) (Art. 115.2c LGSS).

Las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo se consideran, salvo prueba en contrario, accidentes de trabajo (Art. 115.3 LGSS).

Si quieren leer una de las noticias que mencionaban el caso australiano: http://www.abc.es/internacional/20121217/rc-indemnizan-funcionaria-tras-lesionarse-201212170242.html


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Jueves, 13 de diciembre de 2012

TASAS JUDICIALES

El Gobierno del PP ha aprobado el cobro de unas tasas judiciales para los ciudadanos que quieran acceder a la justicia: pero esto ¿cómo se puede compaginar con la tutela judicial efectiva que proclamala Constitución? , y que se puede resumir en: 

“el derecho fundamental, de configuración legal, contenido complejo y constitucionalmente reconocido a todas las personas, consistente en el derecho de estas a tener libre acceso a los tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en Derecho.”

De hecho recientemente un juez de Benidorm ha denegado el pago de esas tasas por considerarlas abusivas y contrarias al derecho dela UniónEuropeay contrario a nuestro ordenamiento constitucional, en palabras de este juez:

 “establecer una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que "en cuantía puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial" en los términos del artículo 47 dela Cartade los Derechos Fundamentales dela Unión Europeay la interpretación a ese precepto establecido, entre otras, en la sentencia del TJUE de 06/11/2012 del asunto C-199/11.”

En concreto las Tasas Judiciales afectan a tres de los cinco órdenes jurisdiccionales. En concreto, a la jurisdicción Civil, ala Social (o Laboral) y ala Contencioso-Administrativa. Quedan exentasla Penal (que representa cerca de un 70 por ciento de los asuntos que ingresan en los Tribunales) yla Militar.

No habrá que pagar en la interposición de la demanda y presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores. Tampoco en la interposición de la demanda y posteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación dela Administración electoral; la solicitud de concurso voluntario por el deudor; la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios; la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 euros. Por último, está exenta de tasas la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos desilencio administrativo negativo o inactividad dela Administración.

En líneas generales en la jurisdicción Civil y enla Contencioso-Admnistrativase paga desde el principio, es decir, desde que se interpone el escrito de demanda, se formula del escrito de reconvención, se solicita la declaración del concurso o se interpone el recurso contencioso-administrativo, por poner algunos ejemplos. Se abonan también los recursos de apelación y casación en ambas jurisdicciones. En el orden Social es diferente: solo se abona la tasa cuando se interpone el recurso de suplicación o de casación. En este caso, el trabajador o autónomo tendrá que pagar solo un 40 por ciento de la tasa.

Las tasas se extienden a las personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos que no sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita porque ganan más de 1.100 euros por unidad familiar.

La tasa ya fue incluida en costas por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal y aunque en algunos casos la tasa es recuperable vía costas, en muchos otros casos no lo es. No lo es, por ejemplo, en actuaciones procesales en las que la propia ley no prevé condena en costas; y por tanto, al no haber condena en costas, la tasa por definición no se puede repercutir legalmente. Es el caso de las apelaciones civiles y los recursos de casación, cuando son ganados por el recurrente. O en Derecho de Familia, en el que la condena en costas es infrecuente. Tampoco parece fácil la devolución de la tasa cuando la parte contraria es el Ministerio Fiscal, que no puede ser condenado en costas. Eso sí, se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio (un acuerdo fuera de los juzgados).

El Tribunal Constitucional considera la imposición de las tasas judiciales,  constitucionales siempre y cuando «no sean tan excesivas que, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, impidan satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia».

Una de las prioridades del Ministerio de Justicia es que con ellas se sufrague la justicia gratuita. El titular de este departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, prevé recaudar con el nuevo sistema de tasas 306 millones de euros, una mínima parte del coste total dela Justicia, que fuentes del Ministerio cifran en 4.000 millones.


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El rescate europeo tan deseado y que tan bien, nos están vendiendo sólo conlleva la imposición por parte de Europa, más bien de las multinacionales y bancos que son los que mandan, de unas condiciones laborales aún más paupérrimas, veremos una mayor liberalización del mercado laboral, privatización de todos los sectores que aún son públicos...Ahora mismo está pasando en Portugal donde han rebajado aún más la indemnización por despido, pasando de 20 a 12 días por año.

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/12/actualidad/1355345740_138253.html

En definitiva que la crisis la seguirán pagando los sectores más desfavorecidos mientras los que la han provocado, Bancos-Empresas y´Políticos siguen viviendo lujosamente a nuestra costa...

Debe estar la sociedad española supeditada a lo que el mercado dicte? o al contrario todo debe ir dirigido a que las personas que habitan un Estado disfruten de las condiciones minimas a las que por justicia tienen derecho...En nuestro Estado el dinero , al igual que en el resto de paises que son controlados por las entidades financieras y multinacionales, está en unas pocas manos mientras hay gente sin hogar, sin trabajo pasando verdaderas calamidades...no es posible que un reducido porcentaje tenga la mayoría de la riqueza de un Estado. Hay que intervenir, palabra maldita para los ultraliberales, que son los que hoy en día tienen el poder, no quieren que el Estrado intervenga para que su cuota de poder siga aumentando aún a costa de ver a gente morir...eso da igual mientras los que defienden causas neoliberales sigan obteniendo ganancias, sólo los activos de un puñado de empresas de nuestro país es superior a la riqeza de todos los ciudadanos que lo habitan, esto no puede seguir defendiéndose sin más...estoy seguro que tarde o temprano todo dará un giro, y mucho me temo que será violento, como todos los grandes cambios que lamentablemente el mundo ha sufrido, pero si queremos que nuestros nietos tengan un mundo justo hay que arrebatar a los sinverguenzas que hoy en día gobiernan todo el poder y alterar las condiciones por las que nos regulamos y si, seguro para conseguirlo haya que llegar a una situación que nadie quiere, pero por desgracia la humanidad no ha aprendido nada y sólo por medio de la violencia se conseguirá un cambio que devolverá la dignidad a las personas, y se la quitará a los criminales de traje y corbata que disfrutan viendo ómo crece su cuenta corriente mientras miles de ciudadanos se encuentran con los mínimos medios de subsistencia...

Espero que todo cambie y si tiene que ser por medios traumáticos que así sea, pero que todo cambie...

 


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En el mes de Julio el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto mediante el que se suprimía la paga extraordinaria de Navidad a los Funcionarios, y al personal laboral al servicio de esas Administraciones...

Ahora que ha llegado el momento en el que esos trabajadores debieran cobrar esa merecida paga, es cuando apreciamos desde fuera la importancia de su cobro, es totalmente injusto, son medidas que presumen unos ahorros de aproximadamente 4500 millones de euros:

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_473725/historico/2555-el-gobierno-espera-obtener-56-440-millones-con-las-nuevas-medidas

4500 millones de euros, que van a afectar a miles de familias, a miles de ilusiones, a miles de esperanzas fustradas, después de todo un año trabajando con la siempre injusta comparación del resto de trabajadores, siempre se nos llena la boca de desprecio hacia el personal funcionarial; es cierto que tienen un trabajo que hasta ahora era "fijo", que la Administración sufragaba a cambio de un servicio que en multitud de ocasiones es profesionalmente intachable. Después de conseguir una plaza a través de una oposición que en la mayoría de ocasiones es muy dificil aprobar, a diferencia de esas empresas en las que los hijos de papá, los conocidos de los sindicalistas y los amigos de los políticos que están en el poder son enchufados a dedo sin mayor capacidad que la de pertenecer a... , o ser hijo de....numerosos funcionarios han tenido que emigrar a otras comunidades autónomas para desempeñar su trabajo, son objeto de un seguimiento exhaustivo y tienen el estigma de ser considerados unos vagos por culpa de ese porcentaje de sinverguenzas que en todos los trabajos parasitan y roban a la empresa que los ha contratado y que obligan al resto de compañeros a realizar unas tareas extra...

Una vez más Rajoy se ha equivocado, no terminamos de entender lo que en Islandia sí que entendieron muy bien; no es a las instituciones financieras a las que hay que rescatar, es a las familias, a las personas que hacen que el consumo y la economía se activen, no a los sinverguenzas que nos han estafado y nos han robado, no es posible que un gobierno que debiera ser para y por el pueblo se deba intereses BASTARDOS, CORRUPTOS DE MIERDA que sólo ambicionan un puesto en el consejo de dirección de alguna gran empresa el día que se jubilen...no es posible que sólo a Bankia se hayan destinado casi 20.000 millones de euros...para qué? porqué no se puede nacionalizar la banca? porque? ya basta de tanto engaño...no es cierto que sea necesario limppiar la basura de las cajas de ahorro y bancos, que vayan a la carcel los responsables y que el gobierno se haga cargo de esos pasivos, pero también de los activos...cómo es posible que los que nos han arruinado cobren escandalosas pensiones de jubilación mientras apoyan la supresiónde la paga de Navidad de unos pobres trabajadores que sólo esperaban poder realziar esa compra para la que posiblemente hayan estado esperando el resto del año...este es el pais que nos está dejando la clase política que nos gobierna, son todos unos sinverguenzas...

Estamos en una auténtica crisis, pero nuestra crisis en SISTÉMICA, el sistema falla, hay que cambiarlo YA, nosostros somos los que detentamos el poder, lo dice la Constitución pero lo hemos vendido a cambio de enchufes, créditos, ayudas, colegueo...ahora estamos subordinados, amordazados...cómo no voy a votar al hijo de puta que le ha ofrecido a mi hermano una licencia determinada a cambio de...o un puesto de trabajo....o un crédito esto es una mierda una gran mierda a la que todos hemos contribuido...para colmo nos han vendido la panacea europea como inevitable y que fuera de ella sólo queda el fin del mundo, cuando no es cierto. Allí lo único que sucede es que las grandes corporaciones y multinacionales han aumentado su poder y sus influencias yu han conseguido implantar sus objetivos a nivel internacional, que són sino los organismos como LA OCDE, sólo quieren impantar un liberalismo feroz, que los goniernos no sean capaces de regular nada, que sea el mercado quien lo haga, y para aquellos estados que se rebelen sólo queda el castigo y el cierre del grifo que nos abrieron  a espuertas y que ahora van a estrangular sino pasamos por el aro  de todas sus pretensiones, la privatización de absolutamente todo....de tal modo que esas empresas multinacionales que lo vana agestionar aumenten su ya impresionante poder, y los politicos de mierda sigan plegándose a sus exigencias.

Denuncio la injusticia que supone intentar tapar un cráter de volcán con una mierda de hormiga, intentar ahorrar suprimiendo la paga de los funcionarios es como lo que hizo Zapatero con su plan , destinar un dinero que no había a realizar obras públicas para prolongar la agonía que suponía el aumento de las cifras del paro...Hay Dinero para que las personas que viven en nuestro país vivan dignamente en atención al cumplimiento de nuestra Constitución, con los derechos básicos asegurados, sólo hay que distribuirlo equitativamente. 

Real Decreto Julio/12:
 
Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.
 
1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno dela Ley2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.
2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas:
2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 dela Ley2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios.
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.
La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.
3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dela Seguridad Socialy de sus entidades y centros mancomunados.
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones
 
Artículo 3. Paga extraordinaria y adicional o equivalente del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal.
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal funcionario, estatutario y los miembros de las carreras judicial y fiscal incluido en los artículos 26, 28, 29, 30, 31 apartados Uno y Dos, 32 y 35 dela Ley2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, no percibirá en el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de complemento específico o equivalente.
2. Al personal laboral del sector público estatal incluido en el artículo 27 dela Ley2/2012 le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2, de este Real Decreto-ley.
3. Para el personal incluido en el artículo 31, apartado tres dela Ley2/2012, la aplicación de lo previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se llevará a cabo, de acuerdo con lo previsto enla Ley Orgánicadel Poder Judicial, respecto de los conceptos de sueldo y trienios, minorando una catorceava parte de la cuantía anual por dichos conceptos y prorrateando dicha minoración entre las mensualidades ordinarias y extraordinarias pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, las cuantías contenidas en el anexo XI dela Ley39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, ni las correspondientes al citado mes de diciembre del apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio dela Presidencia.
Al personal incluido en el artículo 31 apartado cuatro, le serán de aplicación las reducciones previstas en el presente artículo de acuerdo a la normativa que les resulte de aplicación.
4. Alos miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refiere el apartado cinco del artículo 31 dela Ley2/2012, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, se les reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran en el citado artículo, incluida la paga correspondiente al mes de diciembre recogida en el Anexo X dela Ley39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
5. La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.
 
Artículo 4. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 de los Altos cargos.
 
1. Alos Altos Cargos del Gobierno dela Nación, de sus órganos consultivos, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, cuyas retribuciones no contemplan expresamente, entre sus conceptos retributivos, el de paga extraordinaria o equivalente, se les reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran en los artículos 24. Uno y 25 dela Ley2/2012, de 29 de abril, de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.
2. La reducción prevista en el artículo 2 de este Real Decreto-ley será de aplicación a los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así como a los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado en los mismos términos que al personal funcionario al servicio dela Administración Generaldel Estado.
Al personal incluido en el artículo 24.Tres dela Ley2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2012, se le aplicará igualmente lo previsto en el artículo 2 del presente Real Decreto-ley, procediéndose a la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre o, de no existir dicha paga extraordinaria, a la minoración de una catorceava parte de sus retribuciones anuales totales, prorrateándose la citada minoración entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley.
3. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación al Defensor del Pueblo.
 
Artículo 5. Cotización al régimen general de Seguridad Social.
 
A efectos del cálculo de la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General dela Seguridad Socialcuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en este Real Decreto-ley, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 120. Dieciséis dela Ley2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
 
Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al personal laboral del sector público.
 
Durante el año 2012, se suprime para el personal laboral del sector público la percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad contenida en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
 
Una Auténtica verguenza.
 

La ley Orgánica que regula el funcionamiento del TC dicta lo siguiente en referencia a la cuestñin de competencia entre el Gobierno y las CCAA:

Artículo sesenta y dos

 

Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido enla Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo 161.2 dela Constitución, con los efectos correspondientes.

……

2. Si el conflicto hubiere sido entablado por el Gobierno una vez adoptada decisión porla Comunidad Autónomay con invocación del artículo 161.2 dela Constitución, su formalización comunicada por el Tribunal suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición, resolución o acto que hubiesen dado origen al conflicto.


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Mi?rcoles, 05 de diciembre de 2012

Sentencia núm. Tribunal Superior de Justicia Castilla y León Valladolid (Sección 1) 09-05-2012

Marginal: AS\2012\1842

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia Castilla y León

Fecha: 09/05/2012

Jurisdicción: Social

Recurso de Suplicación núm.

Ponente: Rafael Antonio López Parada

VACACIONES: derecho al disfrute; compensación en metálico: trabajador en IT en la fecha pactada para su disfrute: extinción subsiguiente del contrato de trabajo por declaración de incapacidad permanente.

El TSJ estima parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León, de fecha 15-11-2011, en autos promovidos sobre reclamación de vacaciones, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentación jurídica.

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL

VALLADOLID

SENTENCIA: 00893/2012

T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIALVALLADOLID

C/ANGUSTIAS S/N

Tfno: 983413204-208

Fax:983.25.42.04

NIG: 24089 44 4 2010 0003501

402250

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000775 /2012 R.L.

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0001125 /2010 JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de LEON

Recurrente/s: Carlos Francisco

Abogado/a: CLARA LESCUN VEGA

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: TARANILLA S.L.

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social: MARIA ELENA RODRIGUEZ GORGOJO

Ilmos. Sres. Rec. 775/2012

Dª Mª del Carmen Escuadra Bueno

Presidente en funciones

D. José Manuel Riesco Iglesias

D. Rafael A. López Parada /

En Valladolid a nueve de Mayo de dos mil doce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los Ilmos. Sres. anteriormente citados ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 775 de 2.012, interpuesto por Carlos Francisco contra sentencia del Juzgado de lo Social Nº Dos de León (Autos:1125/10) de fecha 15 de noviembre de 2011, en demanda promovida por referido actor contra TARANILLA, S.L., sobre RECLAMACION DE CANTIDAD , ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. DON Rafael A. López Parada.

PRIMERO.- Con fecha 7 de diciembre de 2010, se presentó en el Juzgado de lo Social de León Número Dos, demanda formulada por la parte actora en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:" Primero.- El actor venia prestando sus servicios para la empresa demandada, encuadrada en el sector de artes gráficas, con las circunstancias que se recogen en el hecho primero de la demanda. El salario establecido es bruto computando la parte proporcional de pagas extraordinarias. Sin ese cómputo el salario mensual bruto para el año 2009 sería de 942,20 €, y para 2010 de 951 ,86 €, con los desgloses que constan al folio 67.

Segundo.- El actor estuvo en situación de incapacidad temporal del 24 febrero 2009 al 21 octubre 2010, en que fue declarado con dicha fecha afecto a incapacidad permanente absoluta en los términos de los folios 65 y 66.

Tercero.- Reclama la compensación de vacaciones de los años 2009 y 2010 en los términos del hecho cuarto de la demanda, en cuantía de 2065,75 €.

Cuarto.- Se solicitó y celebró conciliación sin efecto en fechas respectivas de 23 noviembre y 3 diciembre 2010. Se interpuso demanda el 7 diciembre 2010.

TERCERO.- Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandante, fue impugnado por la parte demandada. Elevados los autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

Con carácter previo ha de decirse que la sentencia de instancia es susceptible de recurso, no solamente porque la cuantía de lo reclamado en la demanda, que es lo relevante, excede de los 1800 euros, que es el límite aplicable en virtud de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , vigente en el momento de dictarse la sentencia, sino porque además y en todo caso nos hallamos ante una cuestión, como es la relativa al sistema de disfrute de las vacaciones en el caso de bajas médicas, que suscita importante conflictividad en todo el país, manifestándose en un número significativo de litigios, con pronunciamientos judiciales incluso de la Sala Cuarta del ribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2009 (RJ 2009, 4286) (RCUD 1542/2008 ) nos dice que la cuestión relativa al derecho al disfrute de vacaciones en estos casos de coincidencia entre el periodo de disfrute fijado en el convenio colectivo y la incapacidad temporal posee afectación general, lo que habilita la competencia funcional de la Sala de suplicación en todo caso, y esto hace irrelevante en este caso la determinación del salario del trabajador por los días de vacaciones reclamadas a efectos de fijar la cuantía del litigio. Por consiguiente, concurriría también la circunstancia de afectación general que abriría la puerta al recurso.

El primer motivo de recurso, amparado en la letra b del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , pretende revisar la relación de hechos probados de la sentencia de instancia para dar nueva redacción al ordinal tercero de los mismos. Dejando aparte las valoraciones predeterminantes del fallo que no tienen cabida en los hechos probados, lo que esencialmente se pretende que se diga es que en el año 2009 el trabajador solamente prestó servicios efectivos el mes de enero y 23 días de febrero, estando en situación de incapacidad temporal desde el 24 de febrero de ese año hasta el 21 de octubre de 2010, sin haber disfrutados las vacaciones anuales de dichos años, siendo declarado en situación de incapacidad permanente absoluta el 21 de octubre de 2010. Por el contrario la empresa sostiene que la incapacidad se inició el 24 de enero de 2009 y terminó el 23 de agosto de 2010 y que desde dicha fecha causó baja en la empresa por agotamiento de los 18 meses, siendo tramitado expediente de incapacidad permanente que terminó con declaración de incapacidad permanente absoluta con efectos del 21 de octubre de 2010.

Pues bien, el documento obrante al folio 61 demuestra que la incapacidad temporal se inició el 24 de febrero de 2009, tal y como sostiene el trabajador, lo que a la postre resulta irrelevante, dado que la solución jurídica sería la misma tanto si la fecha de inicio fue en enero como si fue en febrero, no discutiéndose que no se disfrutaron las vacaciones de 2009 y 2010. En cuanto a la fecha de extinción de la relación laboral, la empresa confunde la situación de cara a la Seguridad Social (dejándose de cotizar por agotamiento de los 18 meses de incapacidad temporal) con la situación laboral, que es la relevante y lo cierto es que una vez agotados esos 18 meses, si la situación de incapacidad temporal se prorroga, como aquí ha sucedido (por tramitarse expediente de incapacidad permanente de oficio por el INSS), entonces se mantiene la suspensión de la relación laboral ex artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) . Dicha relación laboral no ha finalizado hasta la fecha de efectos de la declaración de incapacidad permanente, esto es, hasta el 21 de octubre de 2010.

En cuanto a la falta de disfrute de las vacaciones, la empresa pretende que se diga que se habían disfrutado vacaciones retribuidas entre el 2 y el 6 de enero de 2009, conforme al calendario laboral del año 2009. Pues bien, el documento invocado (folio 55), calendario laboral de 2009, que no consta impugnado y cuenta con las firmas de los representantes legales de los trabajadores, marca como días de vacaciones (en verde) los días 2 a 5 de enero de 2009. Por tanto ha de considerarse que el trabajador disfrutó de tales días de vacaciones.

El trabajador también quiere dejar constancia del salario mensual que correspondería por cada uno de los meses de vacaciones, lo que es irrelevante, porque ya consta en el ordinal primero de los hechos probados.

El segundo motivo de recurso, amparado en la letra c del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563) , denuncia la vulneración del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) en relación con las Directivas 93/104/CEE (LCEur 1993, 4042) , sustituida por la 2003/88/CE (LCEur 2003, 3868) , así como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del disfrute de vacaciones cuando éste es impedido por una baja médica.

La doctrina tradicional venía sosteniendo que, en aquellos casos en los que se fijase un calendario de vacaciones, la coincidencia durante ese periodo de una situación de incapacidad temporal supondría la pérdida del derecho, incluso si dicha situación de incapacidad temporal se hubiese iniciado antes de comenzar el periodo de disfrute vacacional pactado (así sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2007 (RJ 2008, 606) , RCUD 5068/2005 , 20 de diciembre de 2007 (RJ 2006, 1896) , RCUD 75/2006 , ó 13 de febrero de 2008 (RJ 2008, 2901) , casación 109/2006 ).

Esta doctrina ya habría de matizarse como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE, actualmente, a partir del 1 de enero de 2010 , Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE) de 18 de marzo de 2004 (TJCE 2004, 69) , Merino Gómez, C-342/01, en la cual el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104 (hoy sustituida por la 2003/88) debe interpretarse en el sentido de que, en caso de coincidencia entre las fechas de un permiso de maternidad de una trabajadora y las de las vacaciones anuales fijadas con carácter general mediante convenio colectivo para la totalidad de la plantilla, no podía computarse como periodo de disfrute de vacaciones aquel periodo fijado para la totalidad de la plantilla, si durante el mismo la trabajadora se encontraba de permiso de maternidad, teniendo ésta derecho a disfrutar de las vacaciones tras reincorporarse de su permiso. Esta jurisprudencia se incorporó en España por vía legislativa, al introducirse en el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007 (RCL 2007, 586) , sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres, un nuevo párrafo en el que se dice que "cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 de esta Ley , se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan". Es destacable que en dicha regulación el derecho al disfrute vacacional no se extingue por la finalización del año natural, conservándose el derecho hasta la finalización de la baja, aunque ésta se produzca en un año natural diferente a aquél al que correspondan las vacaciones.

Finalmente el núcleo central de la doctrina de la Sala Cuarta, relativa a todo tipo de trabajadores y a las incapacidades temporales por enfermedad o accidente en general, ha sido corregida por la propia Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 2009 (RJ 2009, 4286) (RCUD 1542/2008 ) como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 20 de enero de 2009 (TJCE 2009, 7) en los asuntos acumulados C-350/06 y C-520/06 (Schultz-Hoff y Stringer). Hay que partir, dice el Tribunal Supremo, de que la doctrina del Tribunal de Justicia europeo obliga a una nueva lectura de los textos internos en liza, siendo así que la primacía del Derecho comunitario, continuamente afirmada por el Tribunal y reconocida con claridad en nuestro ordenamiento jurídico en aplicación del artículo 93 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , no solamente determina la prevalencia de la jurisprudencia comunitaria sobre la doctrina de los Tribunales de los países miembros en la interpretación o aplicación de los preceptos y disposiciones del Derecho Comunitario, al tener precisamente atribuida la competencia de interpretación uniforme del Derecho de la Comunidad Europea (aparte de otras muchas anteriores, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7162) , RCUD 4424/2003 , 27 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7202) , RCUD 899/02 y dos de 22 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 1828) , RCUD 85/2006 y 3460/2006 ), sino que incluso llega a influir -hasta cierto punto- en la interpretación de la normativa nacional, puesto que «el órgano jurisdiccional que debe interpretarla está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, renumerado posteriormente como artículo 249 por el Tratado de Amsterdam y 288 por el Tratado de Lisboa ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 1990 (TJCE 1991, 78) , Asunto Marleasing , reiterada repetidamente, por ejemplo en sentencias de 11 de septiembre de 2007 (TJCE 2007, 216) , Hendrix, 24 de junio de 2008 (TJCE 2008, 140) , A. Commune Mesquer ; y 25 de julio de 2008 (TJCE 2008, 187) , Janecek).

No debe olvidarse, como señala el Tribunal Supremo, que las afirmaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea trascienden del supuesto concreto en cuyo marco se plantea la cuestión prejudicial, puesto que el mismo no resuelve litigio alguno. La competencia del Tribunal de Justicia tiene por objeto garantizar la interpretación uniforme, en todos los Estados miembros, de las disposiciones de Derecho comunitario, por lo que el Tribunal de Justicia se limita a declarar el significado de las normas comunitarias de que se trata ( sentencia de 8 de noviembre de 1990 (TJCE 1991, 75) , Asunto Gmurzynska-Bscher). El procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado (ahora llamado "Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea ") es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, a través del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que precisan para resolver los litigios de que conocen ( sentencias de 12 de marzo de 1998 (TJCE 1998, 48) , Asunto Djabali ; 18 de noviembre de 1999, Asunto Teckal ; 21 de enero de 2003 (TJCE 2003, 25) , Asunto Bacardi- Martini y Cellier des Dauphins ; 23 de enero de 2003, Asunto Makedoniko Metro y Michaniki ; 04 de marzo de 2004, Asunto Barsotti y otros; 20 de enero de 2005, Asunto Salgado Alonso ; 20 de enero de 2005, Asunto García Blanco ; 1 de marzo de 2005 (TJCE 2005, 48) , Asunto Owusu ; 15 de junio de 2006, Asunto Acereda Herrera ; 6 de julio de 2006 (TJCE 2006, 189) , Asunto Salus). De ahí que sus sentencias recaídas en procedimientos prejudiciales complementen las normas comunitarias objeto de interpretación con pronunciamientos interpretativos de las mismas que adquieren validez general para quienes en los Estados miembros o en las instituciones comunitarias han de aplicar las mismas y, por tanto, tales pronunciamientos no pueden ser desconocidos como meros criterios aplicados a la solución de un concreto caso, sino que presentan rasgos de generalidad en su aplicación que les confieren un valor normativo.

En la medida en que las afirmaciones efectuadas por la sentencia de 20 de enero de 2009 (TJCE 2009, 7) del Tribunal de Justicia es suficientemente clara y rotunda en sus pronunciamientos, como señala la Sala Cuarta del Tribunal Supremo , ello hace innecesario dirigir consulta interpretativa al Tribunal europeo, pues ha de recordarse que los órganos judiciales no están obligados a plantear cuestión prejudicial cuando la respuesta a ella pueda deducirse con seguridad -sin duda razonable- de la jurisprudencia comunitaria ya dictada; es lo que se denomina doctrina del «acto claro» ( sentencias de 6 de octubre de 1982, Asunto Cilfit ; 22 de febrero de 2001 (TJCE 2001, 57) , asunto Gomes Valente ; 17 de mayo de 2001, asunto TNT Traco ; 4 de junio de 2002, asunto Lyckesko ; 30 de septiembre de 2003 (TJCE 2003, 292) , asunto Köbler ; 15 de septiembre de 2005, asunto Intermodal Transport ; 6 de diciembre de 2005, asunto Gaston Schul ; 10 de enero de 2006, asunto IATA ; 11 de septiembre de 2008 (TJCE 2008, 199) , Asunto UGT). Por otra parte, dado que ninguna de las partes ha pedido que se eleve tal cuestión prejudicial, resulta innecesaria cualquier otra consideración.

Como nos dice el Tribunal Supremo, no existe duda alguna sobre el significado atribuible a los principios que se exponen en los diversos apartados de la sentencia Shultz-Hoff y tales principios deben ser aplicados como elemento interpretativo de nuestra propia legislación, que, con la salvedad del párrafo introducido en el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007 para el caso de los permisos por razones de maternidad y análogos, no disponía de previsión específica sobre la cuestión litigiosa hasta el Real Decreto-Ley 3/2012 (RCL 2012, 147 y 181) y se prestaba por ello a diversidad de interpretaciones, que hubieron de decantarse en favor de la más acorde a aquellos principios sentados por la jurisprudencia comunitaria, para llegar así a una solución que comporta la protección del derecho a vacaciones en términos no inferiores a la otorgada por la sentencia Schultz-Hoff a los específicos supuestos de que la misma trata.

En definitiva la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo viene a enlazar con lo prescrito en el artículo 6.2 del Convenio 132 de la OIT (RCL 1974, 1356) , que establece que «los períodos de incapacidad de trabajo resultantes de enfermedad o accidente no podrán ser contados como parte de las vacaciones pagadas anuales prescritas como mínimo», norma vigente de Derecho internacional en cuya interpretación la jurisprudencia española se vino a desviar de la interpretación que había sido tradicional en la doctrina y la práctica judicial, para llegar a interpretar en la citada sentencia de 3 de octubre de 2007 (RJ 2008, 606) , dictada por la Sala General de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo , que dicha norma solamente se refería a «una cuestión próxima pero netamente diferenciada, que es la resta o descuento automáticos de las ausencias al trabajo por baja respecto de los días de vacaciones», esto es, que los días de baja por incapacidad temporal en los que el contrato se halla en suspenso han de computarse como días trabajados a efectos de generar un derecho vacacional para el trabajador, algo que nadie pone en cuestión en este caso.

Pues bien, a tenor de los principios fijados con toda claridad en los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su citada sentencia Schultz-Hoff, ha de concluirse que la coincidencia de un periodo de incapacidad temporal con el periodo de disfrute de las vacaciones fijado por el empresario individual o colectivamente (o incluso mediante pacto colectivo) implica la suspensión de dicho disfrute vacacional hasta la efectiva reincorporación del trabajador tras su incapacidad temporal, esto es, hasta el alta médica, de manera que al producirse la misma el trabajador resultará acreedor del derecho al disfrute del periodo de vacaciones que no pudo disfrutar como consecuencia de la incapacidad temporal.

En definitiva, nos dice el Tribunal Supremo, "el pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y mentales de hacer uso del mismo, de forma que no cabe entender que un trabajador en situación de incapacidad temporal pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades atribuidas a las vacaciones. Pronunciamiento que supone retomar el texto y espíritu del artículo 6.2 del Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo sentido ha sido recuperado por el Tribunal Supremo para decir que, una vez producida la incapacidad temporal se debe presumir frustrada la funcionalidad de las vacaciones y deberá señalarse un nuevo periodo de descanso. En definitiva el obligado acatamiento a la jurisprudencia comunitaria exige extender a la baja por incapacidad temporal la doctrina sentada para supuesto de maternidad por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de marzo de 2004 (TJCE 2004, 69) en el asunto Merino Gómez , antes citada.

Ese pronunciamiento, nos dice el Tribunal Supremo, ha de complementarse con el contenido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de abril de 2006 (TJCE 2006, 114) en el asunto Federatie Nederlandse Vakbeweging , que proclamó la existencia del derecho a disfrutar vacaciones en el año posterior al su devengo, criterio que reitera la sentencia Schultz-Hoff. Ésta contiene en su fallo un pronunciamiento claro del siguiente tenor:

"El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 (LCEur 2003, 3868) debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las mismas y/o el período de prórroga fijado por el Derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas".

Lo que significa que, aunque la baja por incapacidad temporal se prolongue más allá del término del año natural, no por ello se pierde el derecho al disfrute de las vacaciones de dicho año, que habrán de acumularse para su disfrute en el año en el que se produzca el alta del trabajador y éste se reincorpore, o incluso, en la línea de la citada sentencia Federatie Nederlandse Vakbeweging, reiterada en la Schultz-Hoff, si dicha reincorporación no llega a tener lugar por producirse el cese del trabajador al servicio de la empresa, tal derecho se sustituirá por la correspondiente compensación económica de los días de vacaciones devengados y no disfrutados. En el fallo de la sentencia Schultz-Hoff se dice expresamente lo siguiente:

"El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no se abonará compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Para el cálculo de dicha compensación económica, resulta asimismo determinante la retribución ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas".

Todo lo cual implica que la sentencia del TJUE Schultz-Hoff, expresamente citada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como fundamento del explicado cambio de su línea jurisprudencial en esta materia, impone la extensión a la incapacidad temporal del régimen de vacaciones introducido para la maternidad en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007 .

Frente a todo lo anterior alega la empresa la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2011 en el asunto C-214/10 (TJCE 2011, 369) , que admite como compatible con la Directiva comunitaria una disposición nacional que limite el derecho al disfrute de vacaciones fijando un periodo máximo de disfrute de las que no pudieron disfrutarse en el año natural para evitar la acumulación de varios periodos consecutivos de vacaciones. Pero esta sentencia no es aplicable al caso, porque lo que hace es permitir que el legislador nacional imponga ciertos límites y esto no lo ha hecho el legislador español hasta el Real Decreto-ley 3/2012, que ha modificado el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores para, en sintonía con la jurisprudencia comunitaria, fijar un límite de 18 meses computable desde la finalización del año natural al que corresponda el disfrute de las vacaciones. Debe significarse que en el caso de autos, incluso aplicando ese límite, el trabajador tendría derecho al disfrute de las vacaciones anuales de 2009 cuando terminó su relación laboral. De ahí que, al no ser posible disfrutar de las de los años 2009 y 2010, las mismas deban ser compensadas en metálico y el recurso debe ser estimado.

No obstante ello no puede llevar a la íntegra estimación de la pretensión económica. En el año 2009 el salario del mes completo de vacaciones sería 942,20 euros, pero se habían disfrutado cinco días en el mes de enero, de manera que la compensación debida por las vacaciones pendientes sería de 785,17 euros. Por lo que se refiere al año 2010, el mismo no puede computarse completo, puesto que la relación laboral terminó el 21 de octubre y no consta que el sistema de cómputo de las vacaciones en la empresa arrastrase los periodos devengados de un año para su disfrute al año siguiente (esto ni se alega ni se pretende por la parte actora). Por tanto las vacaciones devengadas dicho año serían la parte proporcional (294/365) del salario mensual (951,86 euros), esto es, 766,70 euros. La deuda total a compensar por ambos años sería de 1551,87 euros, debiendo estimarse parcialmente el recurso para reconocer la misma en lugar de la de 777,35 euros fijados en el fallo de la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

Por lo expuesto y

EN NO MBRE DEL REY

Estimar parcialmente el recurso de suplicación presentado por la letrada Dª Clara Lescún Vega en nombre y representación de D. Carlos Francisco contra la sentencia de 15 de noviembre de 2011 del Juzgado de lo Social número dos de León (autos 1125/2010), revocando el fallo de la misma en el exclusivo sentido de sustituir el importe de la condena allí consignado por el de 1551,87 euros.

Notifíquese la presente a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para su unión al rollo de su razón, líbrese la oportuna certificación, incorporándose su original al libro correspondiente.

Se advierte que contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (RCL 2011, 1845) ..

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente cuyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros en la cuenta núm 2031 0000 66 775 12 abierta a nombre de la sección 2ª de la Sala de lo Social de este Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Español de Crédito (BANESTO), acreditando el ingreso.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de la condena, debiendo acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Si el recurrente fuera la Entidad Gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social..

Firme que sea esta Sentencia, devuélvanse los autos, junto con la certificación de aquélla al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha leída y publicada la anterior sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia Pública en esta Sala de lo Social. Doy Fe.

 


Publicado por tuasesor @ 11:42  | Jurisprudencia
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Sentencia núm. 584/2012 Tribunal Superior de Justicia Comunidad de Madrid (Sección 1) 22-06-2012

Marginal: PROV\2012\251436

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia Comunidad de Madrid

Fecha: 22/06/2012

Jurisdicción: Social

Proceso en primera instancia núm. 584/2012

Ponente: Ignacio Moreno González-Aller

DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS ECONOMICAS: nulidad: incumplimiento empresarial de la preceptiva entrega de documentación económica y del informe técnico, tanto a los representantes de los trabajadores en el período de consultas, como en la vía judicial.

El TSJ, en autos promovidos en reclamación de despido colectivo, seguidos ante el mismo en proceso en primera instancia, estima la demanda formulada por los representantes de los trabajadores, en base a lo

MADRID

SENTENCIA: 00584/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Demanda número: nº 20/2012

Sentencia número: 584/12

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRES

Presidente

Ilmo. Sr D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de junio dos mil doce.

Habiendo visto en esta Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En la DEMANDA nº 20/2012 interpuesta por el Letrado D. Miguel Angel Castro Díaz en nombre y representación de D. Juan Antonio , Dña. Inés y Dña. Socorro , todos ellos en calidad de representantes de los trabajadores de Transportes Magal, S.A., contra TRANSPORTES MAGAL S.A. y siendo parte interesada el FOGASA, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER.

PRIMERO. En fecha 10 de abril de 2012 se presentó demanda ante la Sala por Don Juan Antonio , Doña Inés y Dona Socorro en materia de impugnación de Despido Colectivo contra la empresa TRANSPORTES MAGAL S.A.

SEGUNDO. Se dictó Decreto en fecha diecisiete de abril de 2012 admitiendo la demanda y señalando para el día 12 de junio de 2012 el acto del juicio, que se celebró con el resultado que consta en acta y soporte de grabación incorporado a las actuaciones.

TERCERO. Se han observado en la tramitación del proceso las prescripciones legales.

Con fecha 28 de febrero 2012 la empresa demandada comunicó a los representantes legales de los trabajadores el inicio del expediente de regulación de empleo en solicitud de extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla, expresando como causas motivadoras de la decisión problemas de naturaleza económica a que se refiere la memoria explicativa que obra a los folios 16 a 18 de autos.

En dicha memoria explicativa se concretan las razones que han llevado a la empresa a adoptar una medida tan drástica y que se resume en el aumento considerable del precio de los combustibles, acompañado de una bajada también sustancial en los precios de los servicios prestados, dificultad de cobro de los servicios e impagados, lo que ha supuesto, a criterio de la demandada, pérdidas al ejercicio del año 2011 de 1.800.000 euros.

La empresa no ha aportado a la representación de los trabajadores en ningún momento del periodo de consultas, ni previamente en la comunicación para iniciarlo, la documentación acreditativa de las pérdidas y de la situación económica negativa, pese que fue solicitada expresamente, según se consigna en el acta del 28 de febrero de 2012, adoptando la patronal una posición inamovible en el sentido de extinguir la totalidad de los contratos de trabajo de la plantilla. También fue requerida la empresa, habida cuenta de la edad superior a los 50 años de varios de los trabajadores afectados, acerca de los obligatorios planes sociales de acompañamiento, medidas de recolocación y reciclaje profesional para mejora de la empleabilidad, sin que por la demandada se hiciera propuesta alguna.

El 13 de marzo de 2012 las partes dieron por finalizado el periodo de consultas sin alcanzar ningún acuerdo, procediendo la empresa a comunicar individualmente a cada uno de los trabajadores su decisión de extinguir los contratos con fecha 29 de marzo de 2012, sin expresar la causa ni poner a su disposición la indemnización legal. Con fecha de entrada 16 de marzo 2012 tuvo entrada escrito de la empresa comunicando a la autoridad laboral la finalización del periodo de consultas.

.- Los hechos declarados probados se extraen del expediente administrativo debiéndose precisar que, por Decreto de fecha 17 de abril de 2012, al admitirse la demanda, se requirió a la empresa, en cumplimento de lo ordenado por el artículo 124.7 de la LRJS, a que presentara en el plazo de cinco días la documentación y las actas del período de consultas y la comunicación a la autoridad laboral del resultado del mismo, y, ante su incumplimiento por la demandada, por diligencia de ordenación de diecisiete de mayo de 2012, se le reiteró de nuevo por la vía urgente su inmediata remisión en el plazo de tres días, con apercibimiento de que si no se cumplía en plazo este segundo requerimiento se impondrían las medidas a las que se refiere el apartado 5 del art. 75 LRJS, y que se podrían tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante. Dicho requerimiento fue nuevamente incumplido, sin que la empresa -que no compareció al acto de la vista pese a estar debidamente citada- haya dado ninguna explicación relativa a la falta de aportación de dicha documentación, por lo que la Sala tiene por acreditados y ciertos tales hechos y a la empresa por confesa en aplicación del artículo 91.2 LRJS (RCL 2011, 1845) .

El artículo 6 del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio (RCL 2011, 1112) , por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, y que se entiende vigente en lo que no se oponga a la definición de las causas económicas, prevista en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , cual se infiere del apartado 3 del artículo 2 de la Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo (RCL 2012, 332) , sobre vigencia transitoria de determinados artículos del meritado Real Decreto 801/2012 , dispone que:

"1. En los despidos colectivos por causas económicas, la documentación presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de las causas que dan lugar a su solicitud, que acredite, en la forma señalada en los siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que se desprendan una situación económica negativa que pueda afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo y que justifique que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales a la presentación de la solicitud del expediente, firmadas por los administradores o representantes de la empresa solicitante. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.

3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión. Igualmente, deberá acreditar el volumen y el carácter permanente o transitorio de las pérdidas a efectos de justificar la razonabilidad de la decisión extintiva en los términos indicados en el apartado 1.

4. Cuando la empresa solicitante forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el período señalado en el apartado 2, siempre que en el grupo existan empresas que realicen la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y que existan saldos deudores o acreedores de la empresa solicitante con cualquier empresa del grupo. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa solicitante a que se ha hecho referencia, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad que la solicitante o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa solicitante".

El art. 51.2 ET (RCL 1995, 997) , en concordancia con el art. 2.3 de la Directiva 1998/59/CEE (LCEur 1998, 2531) , establece lo siguiente:

"La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes extremos:

a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1.

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año.

d) Periodo previsto para la realización de los despidos.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos"..

La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior.

.- El apartado 2.3.a de la Directiva 98/59/CE (LCEur 1998, 2531) exige además que el empresario proporcione a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente, entendiéndose como tal la que se acomoda a mecanismos adecuados para alcanzar el fin propuesto, ya que la transmisión de la información necesaria, a través de la aportación de la documentación preceptiva, es un requisito constitutivo para la acción sindical, y por tanto afecta a la libertad sindical, ( STS 18-01-2012 (RJ 2012, 3623) , rec. 139/2011 ). Es más, el deber de información y transmisión de la documentación forma parte del deber de buena fe que ha de inspirar la negociación en el periodo de consultas, como se infiere del artículo 51.2 del ET (RCL 1995, 997) , con vistas a la consecución de un acuerdo. Y esta falta de aportación por la empresa demandada de la preceptiva documentación en que fundar el despido colectivo por causas económicas es un incumplimiento flagrante del procedimiento establecido, debiéndose recordar la representación legal de los trabajadores intentó en vano que por la demandada se hiciera entrega de la misma en orden a justificar la situación económica negativa de la empresa y las pérdidas alegadas en la comunicación dirigida para iniciar el procedimiento, documentación, la precisada en el artículo 6 del Real Decreto 801/2011 (RCL 2011, 1112) , que ni tan siquiera ha sido aportada al juicio por incomparecencia de la demandada debidamente citada, ni tampoco en los dos intentos previos de este Tribunal para recabarla en el Decreto de admisión de la demanda y posterior diligencia de ordenación. Nótese esta información a la que viene obligada la empresa mediante la entrega de la documentación se erige en un presupuesto ineludible para poder permitir controlar judicialmente la incidencia de las causas en el funcionamiento de la empresa, así como la suficiencia de la medida, que habrá de relacionarse necesariamente con su intensidad en el funcionamiento de la empresa, ya que no es posible admitir que la intensidad sea irrelevante. De hecho, la jurisprudencia comunitaria ha subrayado el valor de las herramientas de información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores, a tal punto que no se excusa el cumplimiento de los art. 2, 3 y 4 de la Directiva, aunque se hubiere decidido la disolución y liquidación de la sociedad por mandato judicial, siendo exigible su cumplimiento al empleador mientras la empresa mantenga su personalidad jurídica ( STJCE 3 marzo 2011 (TJCE 2011, 37) ).

Las causas y explicaciones que sirvieron a la empresa para acudir al despido colectivo de la totalidad su plantilla no tienen soporte en documental alguna ni se ha aportado a la representación de los trabajadores en ningún momento del periodo de consultas en base al acta final remitido a la autoridad laboral, pese a que fue solicitada expresamente por los representantes de los trabajadores, según se consigna en el acta del 28 de febrero de 2012, limitándose la patronal a fijar su posición inamovible en el sentido de extinguir la totalidad de los contratos de trabajo de la plantilla. También fue requerida la empresa, habida cuenta de la edad superior a los 50 años de varios de los trabajadores afectados, acerca de los obligatorios planes sociales de acompañamiento, medidas de recolocación y reciclaje profesional para mejora de la empleabilidad, manteniendo la empresa la misma postura renuente intentando agotar cuanto antes el periodo de consultas sin aportar nada sobre este extremo.

Como no podía ser de otra de otra manera, por exigencias imperativas de la Directiva 98/59/CE (LCEur 1998, 2531) , la nueva redacción del art. 51 ET (RCL 1995, 997) en la versión dada por el Real Decreto Ley 3/2012 (RCL 2012, 147 y 181) , sigue previendo que el despido colectivo debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores ( párrafo primero del apartado 2 del art. 51ET ). La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, «como mínimo» -se dice ahora, con clara influencia en el art. 2.2 de la Directiva 98/59/CE -, «sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad» ( párrafo primero del apartado 2 del art. 51ET ). Este deber ha sido también incumplido por la empresa demandada que se ha limitado a adoptar una actitud pasiva e inamovible, y tal postura "no constituye una negociación, un proceso caracterizado por su dinámica de concesiones recíprocas o de construcción de soluciones y opciones consensuadas" ( STSJ Madrid 30 de mayo 2012 (AS 2012, 1672) , en demanda 17/2012 ).

En coherencia con el artículo 124.9 LRJS (RCL 2011, 1845) , al no respetarse las previsiones del artículo 51.2 ET (RCL 1995, 997) , se impone la estimación de la petición principal de la demanda declarando la nulidad de la decisión extintiva adoptada por la empresa sobre la totalidad de trabajadores de su plantilla, eso sí, sin hacer todos los pronunciamientos condenatorios contenidos en el suplico de la demanda, al tener la sentencia dictada por la Sala carácter declarativo, siendo en las demandas promovidas por los trabajadores individualmente ante el Juzgado de lo Social donde corresponderá hacerlos, puesto que la finalidad de la sentencia dictada en procedimiento colectivo es homogeneizar la respuesta judicial en estos procedimientos, de manera que, alcanzada firmeza, tendrá eficacia de cosa juzgada para los procedimientos individuales, que será donde se alcance las pretensiones de condena, conforme a lo dispuesto en el art. 124.11 LRJS. Sin que haya lugar a la imposición de costas y multa, tal como se pide en demanda, al no darse, a criterio de la Sala, los presupuestos legales para ello.

Estimamos la demanda de impugnación de despido colectivo interpuesta por Don Juan Antonio , Doña Inés y Doña Socorro contra TRANSPORTE MAGAL S.A, y declaramos la nulidad de la decisión extintiva de fecha 13 de marzo de 2012 condenando a la empresa demandada a estar y pasar por ello.

Notifíquese la presente resolución a las partes y una vez firme la sentencia, se notificará a los trabajadores que pudieran ser afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento de este Tribunal un domicilio a efectos notificaciones. Asimismo se notificará para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la Administración de la Seguridad Social.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer RECURSO DE CASACIÓN, que se preparará mediante escrito ante esta Sala dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 208, 229 y 230 de la LRJS (RCL 2011, 1845) , asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS, y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 nº demanda que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal incorporándose su original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


Publicado por tuasesor @ 10:56  | Jurisprudencia
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