Lunes, 07 de enero de 2013

Sentencia T.S.J. Madrid 115/2012, de 10 de febrero

En la Villa de Madrid, a DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

SENTENCIA

En el recurso de suplicación número 4730/11, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D. Angel Tejerina Gallardo, en nombre y representación de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. contra la sentencia dictada en 16 de mayo de 2.011 por el Juzgado de lo Social núm. 14 de los de MADRID, en los autos núm. 324/11, seguidos a instancia de DON Romualdo, contra las empresas PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. y SEGUR IBERICA, S.A., en materia de despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

Primero.—El actor, D. Romualdo, prestaba servicios para la egresa demandada Prosegur, Cía de Seguridad, S.A., (en adelante PROSEGUR) con antigüedad de 21-06-08, mediante contrato de trabajo indefinido, ostentando la categoría profesional de Vigilante de Seguridad, y percibiendo un salario mensual bruto prorrateado de 1.457056 euros, en el servicio de vigilancia de Metro.

Segundo.—La citada demandada concedió al actor el periodo de disfrute de la situación de excedencia solicitado, del 02-08-10 al 01-02-11, periodo en el que prestó servicios Por cuenta de la codemandada Segur Ibérica, S.A. (en adelante SEGUR IBERICA), mediante contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo completo, para prestar el servicio Protección del buque Txori Toki.

Tercero.—Con fecha 07-12-10 el actor registró escrito ante PROSEGUR solicitando su reincorporación en la empresa a partir del día 10-01-11.

Cuarto.—Mediante carta de 14-01-11 PROSEGUR notificó al actor que con efectos de 01-02-11 el servicio de Metro había sido adjudicado a la codemandada SEGUR IBERICA.

Quinto.—Con fecha 18-01-11 PROSEGUR remitió a la codemandada la documentación relativa al personal afectado por el cambio en el servicio de vigilancia de Metro, entre el cual estaba el actor. Y con fecha 27-01-11 SEGUR IBERICA notificó a PROSEGUR que no procedería a la subrogación, entre otros, del actor, al encontrarse en situación de baja por excedencia. Esta última empresa remitió correo electrónico a la codemandada notificando la revocación de la subrogación de dichos trabajadores.

Sexto.—Con fecha 01-02-11 SEGUR IBERICA puso en conocimiento del actor que no procedía la subrogación solicitada al encontrarse en situación de excedencia. Y por carta de 02- 02-11 PROSEGUR notificó al actor que no podía atender su reincorporación al no existir vacantes de su categoría profesional.

Séptimo.—En la Bolsa Trabajo de diferentes páginas de internet del año 2011 se han realizado ofertas de vacantes de la categoría de Vigilante de Seguridad para PROSEGUR.

Tercero.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Estimo la demanda formulada por D. Romualdo, frente a Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., y Segur Ibérica, S.A., y declaro la improcedencia del despido de que fue objeto por parte de PROSEGUR con fecha 02-02-11, y en consecuencia condeno a dicha empresa a que, a su elección, que deberá manifestar ante este Juzgado en el plazo máximo de cinco días a contar desde la notificación de esta sentencia, readmita al actor en su mismo puesto de trabajo o le abone en concepto de indemnización la cantidad de 5.830'24 euros, entendiendo que de no optar en dicho plazo procederá la readmisión, y condenándola en todo caso al abono de los salarios dejados de percibir desde el 02-02-11, a razón de 48'59 euros brutos diarios prorrateados.".

 Cuarto.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

 Quinto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 29 de septiembre de 2011 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

 Sexto.—Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio en 25 de enero de 2012, señalándose el día 8 de febrero de 2012 para los actos de votación y fallo.

 Séptimo.—En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—La sentencia de instancia, dictada en la modalidad procesal de despidos, tras rechazar la defensa procesal de inadecuación de procedimiento opuesta en el acto de juicio por Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., acogió la demanda que rige las presentes actuaciones, dirigida con esta mercantil y, a su vez, contra Segur Ibérica, S.A., declarando, en suma, la improcedencia del despido del actor atribuido a la primera de ellas, a quien acabó condenando a que "a su elección, que deberá manifestar ante este Juzgado en el plazo máximo de cinco días a contar desde la notificación de esta sentencia, readmita al actor en su mismo puesto de trabajo o le abone en concepto de indemnización la cantidad de 5.830'24 euros, entendiendo que de no optar en dicho plazo procederá la readmisión, y condenándola en todo caso al abono de los salarios dejados de percibir desde el 02-02-11, a razón de 48'59 euros brutos diarios prorrateados", con la absolución, aunque no lo diga expresamente, de Segur Ibérica, S.A.

 Segundo.—Recurre en suplicación la empresa vencida en el pleito -Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.- instrumentando dos motivos con un planteamiento ciertamente peculiar, de los que el segundo adolece de un defectuoso encaje procesal, pues se ampara de modo simultáneo en los párrafos a) y c) del artículo 191 del entonces vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril, lo que no es óbice para su examen dada la tutela efectiva que es exigible de este Tribunal. De ellos, el primero se ordena al examen del derecho aplicado en la resolución combatida, mientras que el otro lo hace a que se declare su nulidad, si bien podemos adelantar que ambos están íntimamente relacionados, y que el designio que los preside es muy similar. Razones de lógica jurídica imponen que comencemos su examen por el segundo, toda vez que, como acertadamente indica el trabajador en su escrito de contrarrecurso, de acogerse el mismo, quedaría privado de todo contenido el que le precede.

 Tercero.—El segundo motivo censura la infracción del artículo 80.1, párrafos c) y d), de la Ley Adjetiva Laboral de 1.995. Su discurso argumentativo no es realmente claro, por cuanto que mezcla alegaciones acerca de una supuesta modificación sustancial de la demanda con otras relativas a lo que, al parecer, considera una indebida acumulación objetiva de acciones. En tal sentido, y en palabras del propio motivo: "(...) La cuestión es que si en el encabezamiento de la demanda y en el suplico se reclama un despido, y así es tramitado por el juzgado, no es viable legalmente la pretensión conjunta de sustanciar en el mismo procedimiento una acción de reingreso, y una acción de despido. Por lo que no es ajustado a las garantías mencionadas intentar hacer prueba de la existencia de vacantes, en un procedimiento iniciado y sustanciado como de despido" (sic), criterio que la Sala no puede compartir, además de entrañar una cuestión nueva que no fue suscitada en la instancia.

 Cuarto.—En efecto, si el actor promovió demanda judicial por despido fue porque, a su entender, la última de las respuestas que la recurrente dio a su tempestiva petición de reingreso tras excedencia voluntaria, esto es, la falta de vacantes de su misma categoría profesional (ver hecho probado sexto de la sentencia recurrida), no se compadecía con la realidad, como así fue a la postre. Por tanto, el objeto de este proceso no podía ser otro que comprobar la veracidad de la razón aducida por su empleador para negarle el derecho a la reincorporación, de suerte que, de no cohonestarse con la realidad y quedar, en suma, acreditado lo contrario, es decir, la existencia de vacantes de su misma o similar categoría tal como dispone el artículo 46.5 del Texto Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, tan repetida decisión empresarial se habría erigido en un verdadero despido. Con este planteamiento, nos preguntamos qué otro podría ser el objeto de probanza que no fuese la existencia, o no, de alguna de dichas vacantes, lo que no constituye acumulación objetiva de acciones de ninguna clase, y sí, simplemente, la demostración de un presupuesto constitutivo de la pretensión o, si se quiere, la prueba de un dato fáctico necesario para el éxito de la acción de despido articulada por el trabajador.

 Quinto.—El mandato legal que se contiene en el artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores es suficientemente preciso, y de él se desprende que el trabajador en situación de excedencia voluntaria conserva únicamente, pero siempre, eso sí, con carácter mínimo, un derecho preferente a reingresar en las plazas vacantes (en plural, según la expresión literal del precepto legal) de igual o similar categoría profesional a la suya que existan o puedan surgir en la empresa. Por ello, como mantiene la doctrina científica, estamos ante una relación jurídica real (no potencial), perfecta (que no requiere ulteriores elementos para ser exigible) y condicionada (a que haya plaza al finalizar la excedencia y a que se solicite dentro de un tiempo la reincorporación); que vincula al empleador (sujeto pasivo, que ve limitadas sus normales facultades de contratación) con el trabajador (sujeto activo que ostenta un poder jurídico); y cuyo objeto no es estrictamente laboral (trabajo-salario), sino previo: un derecho a ser contratado de nuevo y, como lógico contrapunto, una obligación empresarial de hacerlo cuando, efectivamente, concurra la condición de la que pende.

 Sexto.—Por ello, en relación con el objeto procesal de este tipo de procesos y, por ende, con la actividad probatoria a desplegar, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2.005, dictada en función unificadora, pone de relieve que: "(...) 'En evitación de los inconvenientes a que acabamos de aludir, parece lo más acertado acudir al criterio doctrinalmente conocido de la proximidad o de la facilidad probatoria, ya consagrado por nuestra jurisprudencia bajo la vigencia del art. 1.214 del Código Civil , siendo de citar a este respecto, entre otras, las Sentencias de la Sala 1.ª de este Tribunal Supremo de 15 de julio de 1988 , 17 de julio de 1989 y 23 de septiembre de 1989 , conforme a las cuales la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte. Criterio éste que en la actualidad ya viene legalmente consagrado, al establecer el apartado 6 del tan citado art. 217 de la LECiv . vigente, tras haber suministrado determinadas reglas concretas acerca de la carga probatoria, que 'para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en litigio'".

 Séptimo.—En suma, promovida demanda judicial por despido al entender el actor, quien estaba vinculado a Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. merced a una relación laboral de índole indefinida, que la respuesta de ésta a su solicitud de reingreso tras finalizar la situación de excedencia voluntaria a la que pasó en 2 de agosto de 2.010, cuya vigencia temporal expiró el 1 de febrero de 2.011 (ver ordinal segundo de la versión judicial de los hechos, que no es atacada), según la cual no había plazas vacantes de su categoría profesional de Vigilante de Seguridad, revela que el elemento determinante de su pretensión no podía ser otro que la realidad de alguna de esas vacantes, por lo que su actividad probatoria se encaminó, como no podía ser de otra forma, a demostrar su existencia, de igual modo que la de su empleador debió hacerlo a probar lo contrario, lo que como, asimismo, sienta la sentencia antes transcrita en parte: "(...) es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la existencia o inexistencia de determinada vacante en un momento concreto, no sólo porque a su alcance se encuentra la pertinente documentación, sino además porque la posible inexistencia, pese a tratarse de un hecho negativo, puede perfectamente probarla, en el caso de ser cierta, por cualquiera de los demás medios admitidos en derecho (...)" (el énfasis es nuestro) . Nótese que los hechos negativos también son demostrables mediante la probanza de otros de naturaleza positiva que excluyan o impidan la realidad de los afirmados en la demanda.

 Octavo.—Por consiguiente, no concurre ninguno de los defectos procesales de los que el motivo se queja, por lo que el mismo tiene que correr suerte adversa. Por su parte, el inicial, único que resta por abordar, censura como vulnerados, eso sí, en un auténtico totum revolutum, los artículos 46, 49, 52, 53, 54 y 55, sin ninguna otra precisión, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación, dice, con el 46, si bien, en realidad, quiere referirse al 48, del Convenio Colectivo de ámbito estatal de las empresas de seguridad para los años 2.009 a 2.012, publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' de 16 de febrero de 2.011, lo que sería más que suficiente para su rechazo. Esta vez su línea argumental es clara, y puede resumirse en insistir, como ya hiciera la recurrente en la instancia, en la excepción de inadecuación de procedimiento, que le fue rechazada. Tampoco este motivo puede prosperar. Nos explicaremos.

 Noveno.—En palabras del mismo motivo: "(...) Pues bien, en la presente causa la empresa no ha procedido en ningún momento a la extinción del contrato de trabajo al amparo de ninguno de los supuestos del art. 49 en adelante. Ni formalmente ni de hecho se ha procedido a una extinción del contrato unilateral ni por vía de despido objetivo ni formalmente por vía de despido disciplinario", criterio que tampoco resulta asumible, puesto que, para empezar, equivale a obviar que la rescisión del contrato de trabajo puede traer causa de otras muchas formas de actuación empresarial. Tal invocación fue rechazada con rotundidad y acierto por la Magistrada de instancia, quien en el fundamento tercero de su sentencia razona así: "(...) Por lo tanto, la acción de despido ejercitada, que por otra parte resultaba necesaria que así lo fuera, dado que concurría una situación de cambio de adjudicatario de la contrata, se corresponde con las circunstancias concurrentes, tanto de cambio de adjudicatario, como de la voluntad de la empresa, inferida de sus propios actos, de poner término a la relación laboral que unía a las partes".

 Décimo.—- Efectivamente, es así. Nótese que el demandante, tras interesar temporáneamente su reingreso en la empresa que le concedió la excedencia voluntaria, o sea, Prosegur Compañía de Seguridad, S.A., recibió comunicación escrita de ésta datada en 14 de enero de 2.011 participándole que "con efectos de 01-02-11 el servicio de Metro había sido adjudicado a la codemandada SEGUR IBERICA" (hecho probado cuarto). Añade el siguiente ordinal que: "Con fecha 18-01-11 PROSEGUR remitió a la codemandada la documentación relativa al personal afectado por el cambio en el servicio de vigilancia de Metro, entre el cual estaba el actor. Y con fecha 27-01-11 SEGUR IBERICA notificó a PROSEGUR que no procedería a la subrogación, entre otros, del actor, al encontrarse en situación de baja por excedencia (...)". Y finalmente, el sexto relata que: "Con fecha 01-02-11 SEGUR IBERICA puso en conocimiento del actor que no procedía la subrogación solicitada al encontrarse en situación de excedencia. Y por carta de 02-02-11 PROSEGUR notificó al actor que no podía atender su reincorporación al no existir vacantes de su categoría profesional".

 Undécimo.—En resumen, plenamente sabedora la recurrente de que el contrato de trabajo que le unía al actor era de carácter indefinido y de que, como consecuencia del tiempo en que el mismo había permanecido en excedencia voluntaria, no cumplía los requisitos que exige el artículo 14 A) de la norma convencional de referencia para que procediera la subrogación en su contrato por la nueva adjudicataria del servicio, no dudó, pese a ello, en tratar de dirigirle a la empresa entrante como nueva contratista, esto es, Segur Ibérica, S.A., mas cuando ésta rehusó con razón la subrogación hecha valer por la recurrente modificó su estrategia, y participó al trabajador el mismo día en que debía haber tenido lugar el reingreso que no contaba con vacantes de su categoría, lo que se reveló incierto. No es ocioso señalar ahora que del tiempo de prestación de servicios inmediatamente anterior al cambio de contratista a que se refiere el artículo 14 A) del Convenio aplicable se excluyen "expresamente las excedencias reguladas en el artículo 48, salvo los trabajadores que hayan sido contratados por obra o servicio determinado", modalidad contractual temporal ésta que, como vimos, no era la del Sr. Romualdo.

 Duodécimo.- En definitiva, la conducta de la recurrente fue exactamente la contraria de la exigida por la jurisprudencia en casos como éste. Así, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1.985 proclama que: "(...) nuevamente hay que destacar que frente al derecho relativamente indefinido y expectante del trabajador excedente voluntario a ocupar una plaza de igual o similar categoría, una vez que cumplido el plazo reglamentario se insta la reincorporación, la empresa ha de proceder conforme a los principios de la buena fe y lealtad recíproca entendida la expresión en su más amplia y extensa significación, informando al trabajador sobre la existencia o no de plazas y de la naturaleza de éstas (...)".

 Decimotercero.—Añade la iudex a quo en el fundamento cuarto de su sentencia que: "(...) en cuanto a la realización de horas extraordinarias en las empresas de Seguridad, si bien no se reconoce tampoco el documento 21, es un hecho notorio, puesto que en estos Juzgados de lo Social de Madrid hay registradas innumerables demandas en reclamación de diferencias de horas extraordinarias, desde el año 2008, como consecuencia de distintos procedimientos de Conflicto Colectivo interpuestos tanto por empresa como por trabajadores para determinar los conceptos y cuantía que integran el valor de la hora extraordinaria; y además, también hay indicios importantes en los documentos 14 a 19 de la parte actora, relativos a Ofertas de Empleo de la demandada para la categoría de Vigilante de Seguridad, publicadas en distintas páginas de internet, y para el año 2011", circunstancia ésta que figura como hecho probado en el ordinal séptimo de la premisa histórica de la sentencia de instancia.

 Decimocuarto.—Por ello, no está de más traer ahora a colación la sentencia de la misma Sala del Alto Tribunal de fecha 21 de diciembre de 2.000, asimismo unificadora, a cuyo tenor: "(...) la Sentencia de la propia Sala de fecha 23 de Enero de 1996 razona que 'constante doctrina jurisprudencial, reiterada de manera precisa por nuestra Sentencia de 19 de octubre de 1994 , según la cual ante la negativa empresarial a la petición de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria quedan abiertas al trabajador dos vías, alternativas y no optativas, para impugnar tal decisión: el proceso de despido cuando dicha negativa, por las circunstancias en que se produce, manifiesta no el mero rechazo del derecho a la reincorporación, sino voluntad inequívoca, aunque se produzca tácitamente, de tener por extinguido el vínculo laboral hasta entonces en suspenso; y el proceso ordinario en aquellos otros supuestos en que la negativa denota simple desconocimiento del mencionado derecho, pero sin negar la persistencia de la relación de trabajo, aunque con voluntad de que se conserve en suspenso '" (las negritas son también nuestras).

 Decimoquinto.—Pues bien, nada luce en la comunicación de la empresa de 2 de febrero de 2.011 demostrativo del propósito de mantener subsistente, aunque en suspenso, el nexo laboral que le unía con el actor. En efecto, amén del antecedente que ya expusimos en relación con su intento, por lo demás vano, por que fuera otra empresa, o sea, la nueva adjudicataria del servicio de seguridad de Metro, quien se subrogase en su contrato de trabajo, y ello no obstante faltar los requisitos convencionales necesarios para ello, lo cierto y verdad es que de los términos de la comunicación de constante cita no cabe colegir la menor mención, siquiera, a la posibilidad de ocupar otra vacante de categoría similar, eventualidad que, incluso, la norma colectiva amplía en el último párrafo de su artículo 48, en el que se establece que: "El reingreso, cuando se solicite, estará condicionado a que haya vacante en su categoría; si no existiera vacante en la categoría propia y sí en otra inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente hasta que se produzca una vacante de su categoría", de lo que nada dice el escrito en cuestión.

 

Decimosexto.—En conclusión, los actos de quien hoy recurre en respuesta a la fundada petición de reingreso del trabajador, tras haber permanecido en situación de excedencia voluntaria, son más que reveladores, a la par que concluyentes, de que su decisión, aunque manifestada tácitamente, no fue otra que la de dar por terminado el contrato de trabajo que le había unido al Sr. Romualdo, lo que lleva al rechazo de este motivo y, con él, del recurso en su integridad, debiendo imponerse las costas causadas a la parte recurrente, así como decretarse la pérdida del depósito y de la consignación del importe de la condena que la misma hubo de efectuar como presupuestos de procedibilidad de la suplicación.

 VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo,

 FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la empresa PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A., contra la sentencia dictada en 16 de mayo de 2.011 por el Juzgado de lo Social núm. 14 de los de MADRID, en los autos núm. 324/11, seguidos a instancia de DON Romualdo, contra las empresas PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. y SEGUR IBERICA, S.A., en materia de despido y, en su consecuencia, debemos confirmar, como confirmamos, en su integridad la resolución judicial recurrida. Se decreta la pérdida del depósito que la recurrente realizó como requisito de procedibilidad de la suplicación, al que se dará el destino legal, así como de la consignación del importe de la condena. Se imponen las costas causadas a la empresa recurrente, que incluirán la minuta de honorario del Letrado impugnante, en este caso el del trabajador, que la Sala fija en 500 euros (QUINIENTOS EUROS).

 Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

 Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales

 Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

 Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

 Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 n.º recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

 Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 


Publicado por tuasesor @ 18:39  | Jurisprudencia
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