S?bado, 19 de enero de 2013

A continuación se expone una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto a la procedencia o no del descuento salarial por dia de huelga para los integrantes del comité de huelga. Es cierto que en otras ocasiones no se ha efectuado, pero este descuento no puede considerarse discriminatorio o atentatorio al derecho de igualdad tal y como reclaman, puesto que la desigualdad o trato discriminatorio solo puede apreciarse en situaciones de legalidad.

Sólo el hecho de reclamar el abono del salario por parte del comité de huelga mientras los demás "compañeros" secundan una huelga indica la catadura moral y el pésimo nivel intelectual y humano de las personas que integran estas representaciones sindicales, con actuaciones como ésta se dan argumentos a todos aquellos que gozan divulgando falacias antisindicales....no debiera ser un juez o tribunal quién determine lo que a cualquier persona con un mínimo coeficiente intelectual jamás se le ocurriría...

La sentencia en cuestión es la siguiente (fuente: CENDOJ):

Sentencia T.S.J. Andalucía 1044/2012, de 22 de marzo (DESCUENTO SALARIAL MIEMBRO DEL COMITÉ DE HUELGA)

(ILJ 844/2012)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA

Iltmos. Señores:

DÑA. ELENA DIAZ ALONSO: Presidenta

DÑA. M.ª GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA

D. JOSE JOAQUIN PEREZ BENEYTO ABAD

En Sevilla, a veintidós de marzo de dos mil doce.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,

SENTENCIA NÚM. 1044/12

En el Recurso de Suplicación interpuesto por RENFE OPERADORA contra la sentencia del Juzgado de lo Social número CUATRO de los de CORDOBA, Autos n.º 1509/10; ha sido Ponente la Iltma. Sra. D.ª M.ª GRACIA MARTÍNEZ CAMARASA, Magistrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Según consta en autos se presentó demanda por Vidal contra RENFE OPERADORA se celebró el Juicio y se dictó sentencia el 29/09/11 por el Juzgado de referencia en la que se estimó parcialmente la demanda.

Segundo.—En la citada sentencia y como hechos probados constan los siguientes:

Primero.—D. Vidal (NIF....-D) trabaja para RENFE-Operadora (CIF G-84144161), con antigüedad que data de 15/07/79, categoría profesional L11, en la residencia 50500-Córdoba-Central, ostentando la condición de miembro del Comité General de Empresa por el Sindicato CC.OO., encontrándose en el momento en que presentó la demanda como Liberado Sindical, y percibiendo un salario de 2.834,14 €/mes, más pagas extra.

Segundo.—Con fecha 14/07/10, a través de la Secretaría General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de CC.OO. en Extremadura, se convocó "huelga legal en la Residencia de Intervención de Mérida de RENFE-Operadora", huelga que afecta a los trabajadores de Intervención Media Distancia, y que se desarrolló los días:

-25 y 30/07/10 de 7 a 9 horas, de 13 a 15 horas y de 20 a 22 horas.

-01, 13, 15, 20, 22, 27 y 29/08/10, de 7 a 9 horas, de 13 a 15 horas y de 20 a 22 horas.

-03 y 05/09/10, de 7 a 9 horas, de 13 a 15 horas y de 20 a 22 horas.

Siendo el motivo de esta convocatoria de huelga el incumplimiento de la normativa laboral que afecta a los trabajadores de Intervención Media Distancia de la Residencia de Mérida en cuanto a Cuadros de Servicio, Pernoctaciones en Cabeza de Buey y Tiempos de Espera en Cáceres y Zafra.

Tercero.—En la misma convocatoria de huelga se nombraban a los miembros del Comité de Huelga, entre los que se encontraba el actor.

Cuarto.—La Empresa procedió a descontarle de la nómina de octubre/10 las siguientes cantidades:

Clave 002 (Sueldo)...................................330,84 €

Clave 003 (Antigüedad empresa)...............48,00 €

Clave 282 (Compl. Puesto Comercial)........82,80 €

Clave 447 (Prima variable Comercial).........23,76 €

TOTAL.......................................................485,40 €.

Quinto.—El 18/11/10 dirigió escrito a la empresa solicitando explicaciones sobre el anterior descuento, sin haber obtenido respuesta escrita. Sólo se le informó que se debía a haber formado parte del Comité de Huelga en la convocatoria citada.

Sexto.—El Sr. Vidal no suspendió sus actividades ni participó personalmente en la citada huelga, como no participa en muchas de las que se llevan a cabo en la Empresa, sin perjuicio de que en su condición de representante liberado y responsable de Negociación Colectiva en el Comité General de RENFE-Operadora sea miembro de distintos comités de huelga.

Séptimo.—A otros miembros del Comité de Huelga de la citada convocatoria no se les ha practicado descuento alguno, ni tampoco al actor en otras ocasiones en las que ha actuado igual que en la que ahora nos ocupa.

Sólo se le ha descontado la parte proporcional del salario cuando, además de haberla convocado, ha participado en la huelga.

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por el demandado que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda inicial del proceso, declarando que había existido vulneración del derecho a la libertad sindical del actor por parte de la demandada, mediante el descuento de haberes producidos en su recibo salarial correspondiente al mes de octubre de 2010 por haber sido designado (integrante) del Comité de Huelga de la huelga legal convocada en la Residencia de Intervención de Mérida en la empresa RENFE OPERADORA. Y condenó a la empresa citada al cese inmediato de ese comportamiento antisindical y a que abonase al actor la cantidad de 533,94 euros, en concepto de salarios descontados indebidamente e intereses de demora, más otros 300 euros en concepto de indemnización por los daños causados.

Contra dicha sentencia interpone la empresa condenada, RENFE OPERADORA, recurso de suplicación --que se impugna de contrario por el actor conteniendo el recurso cuatro motivos formulados, todos ellos, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (hoy artículo 193 de la nueva Ley de la Jurisdicción Social), en los que denuncia: 1) la infracción del artículo 28 de la Constitución Española y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida en las sentencias que cita, en interpretación del artículo 176 de la LPL; 2) la infracción de los artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, en relación con el artículo 28 CE y la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la sentencia 11/1981 de 8 de abril; 3) la infracción del artículo 180.1 de la LPL, en relación con la jurisprudencia que cita sobre indemnización; y 4) la infracción del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La denuncia del artículo 28 CE y de la jurisprudencia que cita, contenida en el primer motivo, la basa la recurrente en que, conforme a la doctrina establecida por la sentencia del TS de 6 de octubre de 1997, en interpretación del artículo 176 de la LPL, "El ámbito del proceso comprende así las pretensiones que tengan por objeto la tutela de un derecho fundamental, con una doble precisión: 1.ª) que lo que delimita esa pretensión es la lesión del contenido esencial del derecho en su configuración constitucional o en las normas ordinarias de desarrollo que concretan esa delimitación, sin comprender las facultades que hayan podido ser adicionadas por normas infraconstitucionales a las que el artículo 176 se refiere como "fundamentos diversos" a la tutela del correspondiente derecho fundamental (principio de cognición limitada; y 2.ª) que lo decisivo a efectos de la adecuación del procedimiento no es que la pretensión deducida esté correctamente fundada y deba ser estimada, sino que formalmente se sustancie como una pretensión de tutela, es decir que se afirme por el demandante la existencia de una violación de un derecho fundamental. Si no existe la vulneración alegada o si lo que se produce es una infracción simple del ordenamiento jurídico sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental invocado, la consecuencia de la limitación de conocimiento que rige en la modalidad procesal será la desestimación de la demanda, sin perjuicio en su caso de la conservación de la acción para alegar la eventual existencia de una infracción de legalidad ordinaria en otro proceso". Alega la recurrente que la aplicación de esa doctrina al caso aquí enjuiciado evidencia la existencia de una inadecuación de procedimiento, dado que, la pretensión deducida en la demanda tiene por objeto con carácter fundamental el reintegro de una cantidad descontada en una determinada nómina por motivo de una huelga, por lo que entiende debió seguirse el proceso ordinario y no el específico de vulneración de derechos fundamentales del artículo 176 LPL.

La Sala no aprecia la pretendida existencia de una inadecuación de procedimiento, dado que, el descuento en nómina se le hace al actor en su condición de representante de los trabajadores y miembro del Comité de Huelga, constituyendo ese hecho la propia vulneración del derecho de libertad sindical impugnada en la demanda, y la condena al reintegro por él solicitada la consecuencia de la existencia de esa vulneración y de la obligada reposición de la situación al momento anterior a producirse la misma, por lo que, con independencia de lo que se resuelva sobre la cuestión de fondo del proceso, no cabe apreciar la concurrencia de excepción de inadecuación de procedimiento aducida, que en todo caso, de concurrir impediría un pronunciamiento sobre el fondo y daría lugar a la declaración de nulidad de lo actuado, por lo que, parece que habría sido más correcta su articulación por la vía del apartado a) del artículo 191 de la LPL.

Segundo.—La denuncia de infracción de los artículos 5, 6 y 7 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, en relación con el artículo 28 CE y la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la sentencia núm. 11/1981 de 8 de abril, a que se refiere el motivo segundo, la basa la recurrente en la consideración que expresa de que "el hecho de formar parte (el actor) del Comité de Huelga que realiza la convocatoria, la promueve y la lleva a término, es tomar parte en la huelga", por lo que, sería adecuado y legal el descuento realizado en su nómina, como --dice-- ya se le hiciera, por formar parte en otros Comités de huelga.

El artículo 5 del citado Real Decreto Ley, regulador del derecho de huelga establece que "Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto", disponiendo, por su parte, el artículo 6.2 que "Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario"; y el artículo 7.1 del mismo texto legal previene que "El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias".

Partiendo de esa regulación y de lo declarado probado en la sentencia, la Sala no puede sino manifestar su perplejidad ante la argumentación efectuada por el actor para fundar su pretendido derecho y su estimación en la sentencia de instancia, puesto que, la acción ejercitada se sustenta en el estatuto privilegiado del actor como liberado sindical y miembro del Comité de huelga, y con base en ello se viene a decir que es ajeno e inmune a los efectos de una huelga que dirige y organiza como miembro de citado Comité, lo que constituye una verdadera contradicción.

Ha de tenerse en cuenta que en la misma convocatoria de la huelga, efectuada el 14/07/2010 a través de la Secretaría General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. en Extremadura, se nombró a los miembros del Comité (de huelga), entre los que se hallaba el actor, que ostentaba la condición de liberado sindical, por lo que, aunque en su caso, el ejercicio del derecho de huelga no podía tener lugar mediante la cesación de la prestación de servicios de la que estaba liberado, se produjo, en todo caso (ese ejercicio) a través de su efectiva participación como miembro de dicho comité, como ya declaró esta Sala en sentencia núm. 582/2009, de 2 de febrero de 2009, que contemplaba un supuesto similar al que es objeto de estos autos (se trataba de una ejecución de sentencia por despido y los ejecutantes, miembros del Comité de huelga, pretendían que se les abonasen salarios de tramitación desde el despido y hasta la finalización de la huelga convocada en los días posteriores al mismo), y en la que se razonaba del modo siguiente: "...el hecho de su efectiva participación como miembros del comité de huelga...obligatoriamente exige secundar la huelga, resultando impensable un comité de huelga formado por trabajadores no huelguistas cuando su función fundamental conforme al artículo 5 del Real Decreto Ley 17/1.977, de 4 de marzo es "participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto", obligación de participar que excluye toda duda sobre su vinculación a la huelga, si deseaban no ejercer el derecho de huelga...deberían haber cesado en el comité de huelga, pero al continuar en él carecen del derecho a los salarios...devengados mientras se mantuvo la huelga...".

En consecuencia, con independencia de lo declarado probado en los ordinales sexto y séptimo de la demanda, es decir, que la demandada no hubiere practicado al actor descuento en otras ocasiones anteriores en las que actuó de igual manera que en la que ahora nos ocupa, o de que incluso en esta misma ocasión pudiere no haberlo hecho a algún otro miembro del Comité de huelga, lo cierto y evidente es que la participación en la huelga que supone la condición del actor de miembro del Comité de dicha huelga, determina la procedencia del descuento salarial efectuado, de conformidad con lo prevenido en el artículo 6.2 del Real decreto Ley, y que este trato aplicado al actor por la demandada en ningún caso podría considerarse discriminatorio o atentatorio al derecho de igualdad, puesto que, como con reiteración ha declarado la doctrina constitucional, la desigualdad o trato discriminatorio solo puede apreciarse en situaciones de legalidad.

Debe pues concluirse que el descuento salarial efectuado por la empresa demandada al actor no vulneró su derecho de libertad sindical sino que, por el contrario, se ajustó a derecho, por lo que, sin que proceda entrar a examinar los motivos tercero y cuarto del recurso --en los que se combate por la demandada la indemnización de daños y perjuicios y los intereses de demora reconocidos en la sentencia de instancia-- debe estimarse el recurso de suplicación, revocando la sentencia y desestimando la demanda.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por RENFE OPERADORA contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Córdoba, en virtud de demanda presentada por Vidal contra la empresa RENFE OPERADORA en proceso sobre Tutela de Libertad Sindical en que ha sido parte el MINISTERIO FISCAL; y, revocamos la sentencia recurrida, desestimando la demanda inicial del proceso y absolviendo a la empresa demandada de los pedimentos que en la misma se contienen.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS.

En tal escrito de preparación del recurso deberá constar: a) exposición de "cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos"; b) "referencia detallada y precisa a los datos identificativos de la sentencia o sentencias que la parte pretenda utilizar para fundamentar cada uno de los puntos de contradicción"; c) que las "sentencias invocadas como doctrina de contradicción deberán haber ganado firmeza a la fecha de finalización del plazo de interposición del recurso", advirtiéndose, respecto a las sentencias invocadas, que "Las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición".

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 


Publicado por tuasesor @ 14:45  | Jurisprudencia
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