Jueves, 28 de febrero de 2013

Si analizamos lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 8 ET:

El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél.

1.-Nadie en su sano juicio, ni siquiera un Juez....(es broma) puede considerar que el Sr. Bárcenas tuviera una relación jdca de trabajo dependiente...según se sabe por la prensa recibía mensualmente unas cantidades y sólo Rajoy estaba facultado para decidir esta eventualidad.

2.-Las decisiones y las cantidades dinerarias encontradas en paraisos fiscales fueron presuntamente ejecutadas unilateralmente, que clase de trabajador por cuenta ajena tiene tal potestad? Nadie. Con lo que dicho contrato en ningún caso puede ser considerado bajo esta perspectiva.

3.-Los contratos no son lo que las partes quieren que sean sino lo que verdaderamente y de hecho son. Es decir que por mucho que haya un contrato escrito en que se declare la voluntad de las partes y se decida que su contenido es uno determinado y realizado bajo la subordinación y dependencia de la empresa...si realmente no es así y como en este caso el sujeto no está sino bajo la única subordinación del "alto mando" y por supuesto que no tenía horario alguno al que debía sujetarse..

4.-Según la legislación artículo 1.2 RD 1382/1985 sobre personal de alta dirección : los trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jdca de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma , CON AUTONOMÍA (nadie discute a la vista de los hechos que este Sr. hacía y deshacía a su antojo...) y plena responsabilidad, SÓLO LIMITADAS POR LOS CRITERIOS E INSTRUCCIONES DIRECTAS EMANADAS POR LA PERSONA U ORGANOS SUPERIORES DE GOBIERNO (RAJOY) Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD...

 "la relación establecida entre el alto directivo y la empresa contratante se caracteriza por la recíproca confianza que debe existir entre ambas partes, derivada de la singular posición que el directivo asume en el ámbito de la empresa en cuanto a facultades y poderes"

¿Acaso una persona con responsabilidades de Tesorero nacional y gerencia durante tantos años no entra dentro de este perfil?

Artículo 2: La relación laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias de la buena fe.

Artículo 4.1: El contrato especial del trabajo del personal de alta dirección se formalizará por escrito, en ejemplar duplicado, uno para cada parte contratante. En ausencia de pacto escrito, se entenderá que el empleado es personal de alta dirección cuando se den los supuestos del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores y la prestación profesional se corresponda con la que define el artículo 1.2 del presente Real Decreto.

En cuanto a lo que realmente se debate ahora: 

Artículo 11. Extinción del contrato por voluntad del empresario.

Uno. El contrato de trabajo podrá extinguirse por desistimiento del empresario,comunicado por escrito, debiendo mediar un preaviso en los términos fijados en el artículo 10.1. El alto directivo tendrá derecho en estos casos a las indemnizaciones pactadas en el contrato; a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades.

En los supuestos de incumplimiento total o parcial del preaviso, el alto directivo tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.

Dos. El contrato podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido basado en el incumplimiento grave y culpable del alto directivo, en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores; respecto a las indemnizaciones, en el supuesto de despido declarado improcedente se estará a las cuantías que se hubiesen pactado en el contrato, siendo en su defecto de veinte días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de doce mensualidades.

Tres. Cuando el despido sea declarado improcedente o nulo, el empresario y el alto directivo acordarán si se produce la readmisión o el abono de las indemnizaciones económicas previstas en el párrafo dos de este artículo, entendiéndose, en caso de desacuerdo, que se opta por el abono de las percepciones económicas. Si el despedido se reintegrase al empleo anterior en la empresa, se estará a lo dispuesto en el artículo 9.3 de este Real Decreto.

Y sobre la jurisdicción competente:

Los conflictos que surjan entre el personal de alta dirección y las empresas como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto serán de la competencia de los jueces y magistrados del orden jurisdiccional social.

La duda que puede surgir a la vista de las competencias de Bárcenas y las decisiones que ha tomado dentro de la cúpula del partido son las propias de un integrante de la "junta directiva" de una empresa, a los más altos niveles con lo que este contrato incluso podría encontrarse bajo la órbita de la jursid¡cción mercantil. Es bastante posible que se dictamine un despido improcedente para este impresentable, pero muy merecido para la corrupta cúpula de su partido que presuntamente conocedor de sus andanzas lo ha permitido por omisión.

se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad. - See more at: http://blog.sage.es/contabilidad-fiscalidad-laboral/contexto-legal-y-laboral-de-los-contratos-de-alta-direccion/#sthash.JtVCd0O6.dpuf
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Lunes, 18 de febrero de 2013

No es una Bilbainada, dentro del normal funcionamiento de la Justicia hay situaciones curiosas como un juicio sobre despidos improcedentes en el que se reclame el derecho a la soberanía de un Estado por parte del demandado, en este caso EEUU , que decidió cerrar su consulado en Bilbao en 2008 , despidiendo a dos trabajadoras las cuales solicitan que estos despidos sean declarados como improcedentes.

Los EEUU en este caso alegan su derecho a la soberanía como Estado,  inmunidad recogida en la Convención de Viena.

La Sentencia completa del TSJ del Pais Vasco respalda la decisión del Juzgado de lo Social de Bilbao que procedió al embargo del importe del que el Consulado era acreedor con motivo de la devolución del IVA. Decretando el TSJ del Pais Vasco que éste embargo no ocasiona ningún tipo de conflicto diplomático en cuanto a su afección a la soberanía de un Estado sino dentro del ámbito de los privilegios tributarios de los que goza.

La sentencia completa es la siguiente:

Sentencia del TSJ del País Vasco, Sala de lo Social,de 8 abril 2008

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sección 1

En la Villa de Bilbao, a 8 DE ABRIL DE 2008

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Ilmos. Sres. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente, D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y Dª GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR, Magistrados, ha pronunciado

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EMBAJADA EN ESPAÑA-CONSULADO DE BILBAO) contra el Auto del Jdo. de lo Social núm. 3 (Bilbao) de fecha cuatro de octubre de dos mil siete, dictada en proceso sobre Ejecución (RJE), y entablado por Marí Trini y Jesús Luis frente a ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EMBAJADA EN ESPAÑA-CONSULADO DE BILBAO).

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./ña. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, quien expresa el criterio de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por sentencia, firme, del Juzgado de lo Social num. 3 de Bilbao, de 16 de abril de 1996, aclarada por auto de 3 de mayo de ese año, se declaró la improcedencia de los despidos del Sr. Jesús Luis y de la Sra. Marí Trini efectuados el 19 de enero de 1996 por Estados Unidos de América (que éste amparaba en la amortización de sus puestos de trabajo en el Consulado de Bilbao, por cierre del mismo), condenándose al demandado, al haberlo elegido así, al pago de una indemnización sustitutiva de la readmisión por importe de 9.032.880 ptas. al primero y de 13.887.433 ptas. a la segunda (con deducción de las que se hubieran abonado por tal concepto), así como al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia, a razón de 14.808 ptas./día en el caso de D. Jesús Luis y 16.513 ptas. en el de Dª Marí Trini.

SEGUNDO Por auto de 10 de febrero de 1997 dictado por el mismo Juzgado, firme, se acordó ejecutar dicha sentencia en cuanto a un principal de 15.211.211 ptas. pendientes de pago y otras 3.346.466 ptas. calculadas para costas.

TERCERO Ante la imposibilidad de lograr el pago de la deuda, por auto de 8 de marzo de 2005 se dictó auto declarando la insolvencia del referido deudor por importe de 91.421 euros de principal y 20.112,67 euros para intereses y costas.

CUARTO A instancia de los ejecutantes, por providencia de 27 de marzo de 2007 se acordó el embargo de las cantidades que la Agencia Tributaria hubiera de devolver trimestralmente a la Embajada de Estados Unidos por IVA derivado de sus diferentes servicios, con el límite de las cantidades anteriormente mencionadas.

QUINTO En su cumplimiento, se ingresaron en la cuenta de consignaciones del Juzgado 34.894,97 euros, acordando el Juzgado, mediante providencia de 29 de mayo de 2007, el reparto y entrega de la referida cantidad a los ejecutantes y del Fondo de Garantía Salarial en proporción a sus créditos y, a tal fin, expedir mandamientos de pago a favor de los mismos.

SEXTO Recurridas en reposición ambas resoluciones por los Estados Unidos de América, han sido confirmadas por auto de 4 de octubre de 2007.

SÉPTIMO Contra dicha resolución se ha interpuesto recurso de suplicación por los Estados Unidos de América, al que se han opuesto los demandantes.

OCTAVO El 14 de diciembre de 2007 se recibieron las actuaciones en esta Sala, deliberándose el recurso el 12 de febrero de 2008.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Estados Unidos de América recurre en suplicación, ante esta Sala, el auto del Juzgado de lo Social num. 3 de Bilbao, de 4 de octubre de 2007, que ha confirmado sus resoluciones de 27 de marzo y 29 de mayo del mismo que, en trámites de la ejecución que se sigue contra dicho Estado para hacer frente a una deuda pendiente de pago por importe de 91.421 euros de principal y 20.112,67 euros para intereses y costas, habían acordado, respectivamente, embargar el IVA que tuviera pendiente de reembolso por parte de la Agencia Tributaria, así como el reparto del dinero obtenido en su parcial cumplimiento (34.894,97 euros) y entrega de los mandamientos de pago a los ejecutantes.

Recurso de suplicación que, por las dudas de la parte sobre si la norma de amparo adecuada era el apartado a) del art. 191 del vigente texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral(RCL 1995\1144, 1563)(LPL) o su apartado c), articula en dos motivos, en los que se denuncia, en esencia, que esa decisión no se ajusta a derecho por ser inembargable el bien trabado, al estar afectado de inmunidad por tratarse de un bien vinculado al ejercicio de su soberanía en nuestro país, con lo que estima vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24-1 de nuestra Constitución(RCL 1978\2836)y los arts. 605, 606 y 609 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892)(LECiv), en relación con el art. 22-3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961(RCL 1968\155, 641), art. 31 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963(RCL 1970\395), el art. 3 del RD 3485/2000, de 29 de diciembre(RCL 2000\3040), sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, y la doctrina constitucional sentada en sentencias 107/1992, de 1 de julio(RTC 1992\107), 292/1994, de 27 de octubre(RTC 1994\292), y 176/2001, de 17 de septiembre(RTC 2001\176). En su desarrollo razona que la devolución del IVA afecta, precisamente, a operaciones o bienes vinculados al derecho de soberanía, y que gozaría de la inmunidad, aunque derivaran también de operaciones y bienes de otro tipo, siguiendo el criterio aplicado por el Tribunal Constitucional en la primera de esas sentencias, respecto al embargo de cuentas corrientes.

Los demandantes se han opuesto al recurso invocando esas mismas sentencias del Tribunal Constitucional y su auto 112/2002, de 1 de julio(RTC 2002\112 AUTO).

Antes de acometer su examen señalemos, porque no es baladí, que el título ejecutivo se constituyó en abril de 1996, despachándose ejecución el 10 de febrero de 1997, con trámite ejecutivo totalmente estéril hasta el embargo que nos ocupa, habiéndose dictado auto de insolvencia de Estados Unidos de América el 8 de marzo de 2005, existiendo en las actuaciones ejecutivas documentación reveladora del tratamiento diplomático seguidos sobre el cumplimiento de esta sentencia, en la que constan, entre otros extremos: 1) que la razón por la que Estados Unidos de América se niega a dar cumplimiento voluntario a la sentencia es porque considera que es propio de su soberanía la decisión de cerrar su Consulado de Bilbao y, por ello, no tiene por qué hacer frente a más indemnización que la propia de un despido por amortización de puesto de trabajo procedente; 2) que la Agencia Tributaria, al cumplir la orden de embargo del IVA, ha señalado su criterio de considerarlo bien no embargable porque su devolución deriva de la exención fiscal que gozan los Estados extranjeros en la actividad de imperio propia de sus actividades diplomáticas y consulares; 3) que el Abogado del Estado también hizo saber al Juzgado que estimaba no embargable ese bien, al amparo del art. 22-3 del Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas.

SEGUNDO El cauce adecuado para la denuncia que analizamos es el del art. 191-c) LPL(RCL 1995\1144, 1563), dado que se denuncia la falta de amparo jurídico del embargo decretado y no un defecto en el procedimiento seguido para adoptar la orden de embargo del IVA, determinante de que debiera retrotraerse el trámite ejecutivo a momento anterior a esa decisión, a fin de que el Juzgado vuelva a pronunciarse sobre su procedencia o improcedencia (que es lo propio de un motivo amparado en el art. 191-a LPL, a tenor de lo dispuesto en éste y en el art. 200 LPL).

TERCERO Debemos descartar desde un primer momento que la resolución impugnada (y las dos de las que traen causa) hayan vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, para lo que basta con traer a colación el auto 112/2002, de 1 de julio de 2002(RTC 2002\112 AUTO), dictado por el Tribunal Constitucional en el rec. 4759/2001, denegando su admisión a trámite por la manifiesta falta de contenido constitucional del objeto de la denuncia de quien recurría en amparo (Estados Unidos de América), alegando la vulneración de su derecho a una tutela judicial efectiva porque, en trámites de ejecución de una sentencia laboral, se había acordado embargar el IVA que nuestra Agencia Tributaria debiera devolverle, sosteniendo ahí, al igual que en estos autos, su carácter no embargable por estar dedicado a actividades de soberanía. Según razona dicho Tribunal, estamos ante un problema de legalidad ordinaria, en el que no está en juego el derecho fundamental que el recurrente tiene a una tutela judicial efectiva.

CUARTO A) No todos los bienes de un deudor son embargables, aunque ello suponga no poder hacer efectiva una sentencia. El derecho a una tutela judicial efectiva de quienes han obtenido un pronunciamiento firme de condena al pago de una cantidad a su favor, no necesariamente quiebra por ello, ya que en la ponderación de intereses en juego, cabe estimar preferente la protección de otros valores. Los arts. 605, 606 y 607 LECiv(RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892)contienen supuestos de bienes inembargables, admitiéndose, entre ellos, los declarados así por alguna otra disposición legal o por Tratados ratificados por España, siendo nulo el embargo trabado sobre un bien inembargable (art. 609 LEC).

Nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia 107/1992(RTC 1992\107)fijó pautas importantes en esta materia, relacionada con los bienes de los Estados extranjeros deudores, en criterios reiterados en sus sentencias 292/1994(RTC 1994\292)y 176/2001(RTC 2001\176)(ya citadas) y en 18/1997, de 10 de febrero(RTC 1997\18): 1) es compatible con ese derecho fundamental la existencia de inmunidad de ejecución sobre determinados bienes de los Estados contemplada en normas legales o tratados, pero no lo es una indebida extensión o ampliación de sus normas; 2) los bienes de las misiones diplomáticas y consulares de los Estados son absolutamente inmunes a la ejecución, ya que están protegidos por los Tratados de Viena mencionados en el recurso, alcanzando esa garantía a los locales de la misión u oficina consular, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como sus medios de transporte, estimándose incluido entre esos bienes, conforme a la práctica internacional, las cuentas corrientes bancarias adscritas a su funcionamiento, incluso aunque pudieran servir para operaciones no directamente vinculadas a actos de soberanía (ante la imposibilidad de deslindar sus saldos e investigar sus movimientos); 3) en cuanto al resto de bienes de un Estado, no son embargables los bienes afectos al derecho de soberanía del Estado, pero sí los vinculados a sus actos de gestión; 4) la actividad ejecutiva destinada a lograr el cumplimiento de la sentencia debe abarcar, si es preciso, la colaboración de los Ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores, acudiendo incluso a que éste realice las oportunas gestiones por vía diplomática.

Doctrina que ni el recurrente ni los demandantes cuestionan. Su discrepancia se contrae a determinar si el IVA embargado está afecto de esa inmunidad.

B) La Sala comparte el criterio del Juzgado, que ha estimado su carácter embargable, siendo varias las razones que nos llevan a esa conclusión.

Señalemos, con carácter previo, que ni la resolución recurrida ni aquéllas de las que trae causa tienen por acreditado que el IVA a devolver derive, exclusivamente, de las exenciones contempladas en el art. 3 del RD 3485/2000(RCL 2000\3040), sin que el recurso trate de incorporar ese extremo, de inequívoco carácter fáctico, por cauce adecuado. Cierto es, no obstante, que en el recurso se invoca el escrito remitido por la Agencia Tributaria a las actuaciones el 4 de junio de 2007 (folios 551 a 553 de autos), en el que el Delegado Ejecutivo de la Agencia sí viene a señalarlo así, por lo que una lectura del alcance de su denuncia guiada, como procede, por criterios favorables a la dispensa de tutela judicial puede permitirnos tomarlo en consideración. Ahora bien, en tal caso, surge inapelable, a juicio de esta Sala, una razón para negar el carácter no embargable de ese bien, al tratarse de un derecho de crédito que deriva únicamente, como acertadamente lo razona el Juzgado en la resolución recurrida, de un privilegio tributario, que no es equiparable al de los bienes protegidos con la inmunidad absoluta de ejecución por los Convenios de Viena, cuya razón de ser deviene de que son bienes propios de las Misiones Diplomáticas o Consulares del Estado extranjero y afectos al desarrollo de las mismas. Resulta revelador de esa falta de equiparación no sólo la distinta naturaleza de unos y otros bienes (en un caso, derecho de propiedad de unos bienes que el propio Estado ha vinculado al ejercicio de su soberanía; en otro, derecho de crédito que se tiene por reconocimiento del Estado en donde se ejerce la soberanía y que éste condiciona, además, a criterios de reciprocidad, según revela el art. 3 del citado RD). Entra aquí en juego ese criterio constitucional anteriormente expuesto, sobre el carácter no extensivo de la inmunidad de ejecución a la hora de interpretar o aplicar sus normas, precisamente para no perjudicar el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes han obtenido una sentencia favorable que no logran hacer que se cumpla por quien fue condenado a ello.

Conclusión reforzada aún más cuando se advierte cuál es la auténtica razón por la que el recurrente se niega a cumplir voluntariamente con el pago a que fue condenado en sentencia firme, como es la puesta en cuestión que hace del mismo título ejecutivo, negándose a acatarlo por razones que revelan su negativa a someterse a nuestra soberanía a la hora de interpretar el cumplimiento de la legislación laboral española, según ha revelado la respuesta dada por vía diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando el Juzgado ha acudido a éste para tratar de lograr, por tal cauce, el cumplimiento de la sentencia. Ante una actitud de esa naturaleza, que revela una actitud obstruccionista al cumplimiento de la sentencia, con una ejecución infructuosa seguida durante diez años ante un Estado del que resulta un sarcasmo sostener que es insolvente, el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes debe ser protegido de manera eficaz, tal y como lo ha realizado el auto impugnado, en lo que constituye una segunda razón para ratificar el embargo acordado, siguiendo esa línea de defensa de dicho derecho fundamental que efectúa la sentencia del Tribunal Constitucional 18/1997(RTC 1997\18)en un caso en que también se prolongaba sin éxito una ejecución contra un Estado extranjero (Guinea Ecuatorial) y en el que, finalmente, se archivaba la ejecución (aún con el carácter provisional propio del orden laboral) sin agotar medios aún posibles, como era la continuidad de las vías diplomáticas intentadas o el embargo de cantidades que pudieran reconocerse por España a favor de dicho Estado en concepto de créditos, ayudas o subvenciones que no derivasen de tratados internacionales.

El recurso, por cuanto se ha expuesto, debe desestimarse.

QUINTO La desestimación del recurso de suplicación interpuesto por quién, como ocurre con la parte recurrente, no goza del beneficio de justicia gratuita y, para poder hacerlo, ha constituído el depósito de 150,25 euros legalmente establecido al efecto, trae consigo, si esta resolución queda firme, la pérdida de éste en favor del Estado y su condena al pago de las costas del recurso, entre las que han de incluirse los honorarios del Letrado de la parte contraria devengados por su intervención en esta fase del proceso, cuantía fijamos en atención a los niveles de complejidad y trascendencia que tiene, así como al de calidad de su intervención (arts. 202-4 y 233-1 de la Ley de Procedimiento Laboral[RCL 1995\1144, 1563]).

FALLAMOS

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de Estados Unidos de América contra el auto del Juzgado de lo Social num. 3 de Bilbao, de 4 de octubre de 2007, dictado en trámites de ejecución de la sentencia dictada en sus autos num. 151/1996, seguida a instancias de D. Jesús Luis y Dª Marí Trini, frente al hoy recurrente, confirmando lo resuelto en la resolución impugnada.

Se decreta la pérdida del depósito de 150,25 euros constituido para recurrir, que se ingresará en el Tesoro Público una vez sea firme esta resolución.

Se impone al recurrente el pago de las costas causadas por su recurso, incluidos quinientos euros como honorarios del letrado Sr. Espinosa Solaesa por su intervención en el mismo.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) cta. Número 4699-000-66-3029/07 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros en la entidad de crédito grupo Banesto (Banco Español de Crédito) c/c 2410-000-66-3029/07 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

 


Publicado por tuasesor @ 12:22  | Jurisprudencia
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