Martes, 22 de octubre de 2013

Dentro de la poca credibilidad que aún le resta al Poder Judicial podemos observar una sentencia del alto Tribunal que acepta el despìdo de una trabajadora embarazada, a pesar de que el crédito de nuestra clase empresarial es aún más negativo por no decir nulo, es de reconocer que el sólo hecho de que una mujer se encuentre embarazada no justifica su amparo en todos los supuestos, si ésta incumple o dentro del contrato de prueba no acredita el mínimo pedido para el resto de contratados incurririamos en una discriminación positiva no justificada, más aún cuando como en el presente caso el empresario desconocía la situación de embarazo. Una vez contratadas se ven protegidas e incluso en el caso de que el empresario lo desconozca el despido es NULO. Pero pretender que también en el período de prueba el empresario se vea obligado a contratar a una empleada mediocre sólo porque está embarazada atenta a toda la lógica e igualdad en el acceso a un puesto de trabajo.

El Tribunal Constitucional considera que la protección a las trabajadoras embarazadas frente al despido no se puede extender al periodo de prueba, salvo cuando se vulneren derechos fundamentales.

Así lo indica en una sentencia a partir de la demanda de una trabajadora que habiendo sido contratada el 24 de julio de 2009 por Cobra Instalaciones y Servicios S.A. por un periodo de seis meses, con dos mes de prueba, fue descartada finalmente por la empresa al no cumplir los objetivos de ventas marcados, sin que la compañía tuviera entonces conocimiento de su embarazo.

El Estatuto de los Trabajadores establece el principio de "protección reforzada", por el que los despidos de mujeres embarazadas, aún cuando las empresas desconozcan su estado, son declarados nulos. Sin embargo, el Constitucional señala que este principio no puede extenderse en los casos de "desestimiento empresarial durante el periodo de prueba", dada la "distinta naturaleza de ambas instituciones".

La sentencia, que aún así cuenta con el voto particular discrepante de tres magistrados y la vicepresidenta, Adela Asúa, señala que mientras que en el despido (tanto disciplinario como por causas objetivas) la ley exige requisitos de forma (por escrito y con expresión de la causa) cuyo incumplimiento conlleva su nulidad, en el caso de desestimiento empresarial durante el periodo de prueba, éste no queda sujeto a requisitos formales.

El alto tribunal precisa que el desestimiento de la empresa en periodo de prueba será nulo "si se produce una vulneración de derechos fundamentales, como sucederá si la decisión empresarial es una reacción al embarazo de la trabajadora"; el Constitucional acredita además que el mismo día en que se le comunicó la interrupción del periodo de prueba la empresa hizo lo propio con un compañero que había entrado a trabajar el mismo día que ella.

Esta circunstancia, según el Constitucional, "vendría a demostrar que la decisión extintiva fue completamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales, al no tener por causa el estado de embarazo de la trabajadora demandante, que la empresa desconocía".

En un voto concurrente, Andrés Ollero expresa su "preocupación" por el hecho de que la sentencia se pueda "malinterpretar, como si neutralizara resoluciones anteriores de este tribunal que considero particularmente acertadas".

El magistrado se refiere a dos sentencias en las que el TC amparó a trabajadoras embarazadas despedidas en periodo de prueba y con un contrato temporal susceptible de prórroga, respectivamente. Ollero subraya las diferencias del caso fallado ahora con esos dos precedentes, en los que los jueces de lo social no exigieron a los empresarios que acreditaran que la resolución de los contratos se debía a un motivo distinto a la situación de embarazo de las mujeres.

No obstante, lamenta que la resolución dictada ahora no haya analizado "con la suficiente profundidad" aspectos como a quién correspondía probar si la empresa conocía el embarazo de la recurrente (a su juicio, la sentencia hace recaer sobre ella "de modo excesivo" la carga de la prueba) y las explicaciones dadas por la empresa.

Sobre este último aspecto, Ollero cree poco convincente, en orden a descartar que hubo discriminación de la embarazada, el hecho de que la empresa alegara que también había rescindido el contrato a un trabajador varón en periodo de prueba. "Bastaría para desistir de la relación laboral con una trabajadora embarazada hacerla acompañar de un trabajador varón".


Publicado por tuasesor @ 16:15  | Jurisprudencia
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