Jueves, 05 de diciembre de 2013

Esta semana se ha hecho pública una sentencia del Juzgado de lo Social Nº2 de Barcelona , SENTENCIA 412/13. (enlace al final del artículo)

La Magistrada titular de dicho juzgado , Dª Maria Luisa Sanz Anchuela ha sido noticia en la mayoría de periódicos y noticiarios del país porque ha determinado que el artículo 4.3 del RD 3/12 de la Reforma Laboral (enlace al final del artículo) vulnera la Normativa Europea, concretamente la Carta Social Europea ratificada por España en 1961 ;

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. (Reforma Laboral)

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso. 

Es decir que pone en cuestión uno de los preceptos estrella de la reforma laboral, reforma a todas luces restrictiva de derechos, abusiva y ahora contraria al propio Derecho Internacional cuyo artículo 4.4 de la Carta Social Europea dictamina que;

Artículo 4.

  1. Derecho a una remuneración equitativa.

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes contratantes se comprometen:

  1. A reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso.

  2. A reconocer el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares.

  3. A reconocer el derecho de los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor.

  4. A reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo.

  5. A no permitir retenciones sobre los salarios sino en las condiciones y limites establecidos por las leyes o reglamentos nacionales, o fijados por convenios colectivos o laudos arbitrales.
La Magistrada alude en la propia sentencia a un caso similar en Grecia que es de aplicación y ante el que la Comisión Europea de Derechos Sociales con ocasión de este litigio sustancialmente idéntico que se planteó sobre la normativa griega, que amplió hasta doce meses la duración del período de prueba para todos los trabajadores sin diferenciación según la categoría, grupo  o especialización profesional del trabajo, alegándose por los sindicatos griegos que presentaron la reclamación la vulneración del art. 4.4 de la CSE (que obliga a los Estados que la hayan suscrito “a  reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo”). 

Apoya la sentencia en lo establecido por dicho Comié Europeo:
El Comité se manifiesta sobre el periodo de prueba y afirma que su extensión temporal “debe atender a las condiciones requeridas para el puesto de trabajo ocupado o de las circunstancias en que la ampliación de la misma se puede considerar como aceptable”, siendo el objetivo permitir al empleador “verificar las cualificaciones de los empleados y si estos reúnen los requisitos del puesto de trabajo”, añadiendo que “no se puede interpretar de manera tan amplia, ni el período puede ser tan extenso, que las garantías sobre notificación e indemnización se vuelvan ineficaces”. De ahí que se concluya que la norma griega vulnera la CSE, “no pudiendo considerar en ningún caso como razonable un período de prueba de un año según lo que debe entenderse por dicho concepto”. 

El trabajador solicita la declaración de la improcedencia del despido , limitándose la empresa a declarar que "existiendo periodo de prueba no superado no existe el despido", habiéndose contratado en base a lo establecido por el art. 4.3 del RD 3/12 (Reforma Laboral), La Magistrada determina que dicho precepto vulnera una norma de mayor rango y por el principio de jerarquía normativa establece la improcedencia del despido. la CSE “es una norma internacional que forma parte del derecho interno (art. 10.2 y 96 CE) y tiene el mismo valor vinculante que los tratados de la Unión Europea, por lo que en  orden al principio de jerarquía normativa se sitúa por encima de la ley nacional…”
En el caso de la sentencia visto por la Magistrada Sanz Anchuela, el trabajador era un peón cuya responsabilidad consistía en acarrear neumáticos de un sitio a otro, para lo cual no es Razonable acreditar unos conocimientos especiales de hasta un año en periodo de prueba, lo cual concuerda con el criterio restrictivo del propio Tribunal Supremo en la aceptación de un periodo de prueba que guarde poca relación con el necesario conocimiento profesional por parte de ambos sujetos de la relación laboral.
La vulneración de la normativa internacional lleva a la Magistrada a entender contraria a derecho la decisión empresarial de extinguir el contrato, de tal manera que aquello que realmente se ha producido es un despido sin causa justificada y por tanto su improcedencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://s01.s3c.es/imag/doc/2013-12-03/sentencia-emprendedor.pdf

Publicado por tuasesor @ 19:42  | Jurisprudencia
Comentarios (0)  | Enviar