Cuando este 2005 se cumplen diez a?os de la publicaci?n de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales, Fundaci?n Prevent y el Consell de l,Advocacia Catalana, con la colaboraci?n de Mutual Cyclops y Cuatrecasas, han reunido en una misma sala a un Inspector de Trabajo y SS; el D. Antonio Albesa, a un Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, D.Eduardo Saavedra y a un abogado laboralista, D. Guillermo Garc?a, para analizar las responsabilidades empresariales que se derivan de la LPRL. Para Antonio Albesa, ?se han firmado muy pocas actas de sanci?n? y actualmente, diez a?os despu?s de la aprobaci?n de la Ley, ?todos los empresario deben ser conscientes de que el desconocimiento de la Ley no excluye de su cumplimiento?.

En relaci?n con las actuaciones realizadas por Inspecci?n de Trabajo, Antonio Albesa afirm? que el 60% de las inspecciones se realizan por propia iniciativa del funcionario, sin proceder de ninguna denuncia ni petici?n de ?rganos jurisdiccionales u otros organismos; en el sector de la construcci?n, esta cifra aumenta hasta el 99%, casi todas. En relaci?n a los m?todos de inspecci?n, Antonio Albesa explic? que durante los ?ltimos tiempos se ha extendido la labor de vigilancia a los accidentes calificados como ?leves? por parte de las mutuas de trabajo ya que ?en alg?n caso hemos encontrado calificado como leve la amputaci?n de un miembro?.

Gran parte del trabajo de detecci?n que realizan los Inspectores de trabajo se establece a partir de las bases de datos inform?ticas sobre siniestralidad laboral, que reportan informaci?n de suficiente calidad para poder discernir entre aquellas empresas donde m?s conviene realizar una inspecci?n: ?los datos de siniestralidad reportan el nombre de sociedades donde se pueden realizar inspecciones, pero tambi?n se trabaja a partir de las denuncias?. En relaci?n a esta tema, se ha destapado un problema que se desprende de las pol?ticas de administraci?n online: ?en el contenido de la denuncia deben figurar los datos del identificaci?n personal del denunciante y su firma, as? se establece en la ley, la emisi?n de denuncias v?a Internet est? haciendo que lleguen a las oficinas de inspecci?n denuncias que no podemos seguir porqu? incumplen esta norma?.

Las enfermedades psicosociales se encuentran entre las que m?s preocupan en la actualidad a los m?dicos del trabajo, t?cnicos en prevenci?n y dem?s profesionales implicados en la seguridad y salud en el trabajo. Se trata de enfermedades relacionadas estrictamente con el ambiente de trabajo, la presi?n que recibe el trabajador y las t?cnicas llevadas a cabo para afrontar estas situaciones tanto personal como profesionalmente. A nivel de magistratura, el debate se ha establecido cuando distintos jueces han interpretado las pruebas y los hechos probados en un sentido u otro. Para el magistrado de del Juzgado del Contencioso Administrativo n.1 de Tarragona, Eduardo Saavedra, ?es necesario que el Tribunal Supremo se posicione en este sentido porqu? actualmente no hay jurisprudencia que indique si las enfermedades psicosociales son enfermedades profesionales o accidentes de trabajo?.

En su turno de intervenci?n, el abogado del bufete Cuatrecasas, Jordi Puib?, puso en alerta a los servicios de prevenci?n, en tanto que indic? que las tendencias futuras de las demandas interpuestas por accidentes de trabajo pueden tender a incluir tambi?n a los servicios de prevenci?n. ?Se puede hacer una interpretaci?n seg?n la cual el da?o no es causado por el empresario si no por una defectuosa auditoria o gesti?n de los riesgos, que en determinados casos pueden recaer sobre empresas ajenas especializadas en prevenci?n?, se?al? el abogado.

A la jornada de ?Responsabilidad Empresarial en materia de Prevenci?n de Riesgos Laborales. An?lisis Cr?tico de 10 a?os de Aplicaci?n de la Ley? asistieron un centenar de personas en directo, desde la sala de Actos del Colegio de Abogados de Sabadell y otras tantas conectadas online entre las sedes de los Colegios de Abogados de Catalunya, mediante videoconferencia. La mayor?a de los asistentes eran profesionales del derecho y otros t?cnicos especializados en la prevenci?n de riesgos laborales.

Este es uno m?s de los actos que Fundaci?n Prevent con la colaboraci?n de Mutual Cyclops y Cuatrecasas organiza para conmemorar el d?cimo aniversario de la aprobaci?n de la Ley Sobre Prevenci?n de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Durante el presente a?o, Fundaci?n Prevent tiene previsto organizar otras jornadas t?cnicas, matinales de actualidad, encuentros profesionales y empresariales y varios eventos de presentaci?n de 10 experiencias empresariales que sean representativas de estos 10 a?os de la LPRL.

El nuevo informe de salud laboral analiza el mercado profesional, las causas de los accidentes, las enfermedades derivadas del trabajo y el papel que cumplen las administraciones p?blicas en esta materia.

Aunque cada vez se registran menos accidentes laborales, Espa?a contin?a estando a la cabeza de la Uni?n Europea en lo que siniestralidad laboral se refiere. Seg?n el Informe sobre "Salud Laboral en Espa?a 2004", hecho p?blico, el a?o pasado se registraron 2.700 accidentes de trabajo al d?a, lo que se traduce en un 71 por ciento por encima de la media europea y un 35 por ciento m?s de fallecidos.

El estudio, elaborado por un equipo de profesionales y patrocinado por la aseguradora Zurich, ha sido presentado por Federico Dur?n, catedr?tico del Derecho del Trabajo y ex presidente del Consejo Econ?mico y Social, Fernando Garc?a Benavides, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, y Francisco Cabrera, consejero delegado de Zurich.

El citado informe analiza el mercado del trabajo, las causas de los accidentes, los da?os a la salud de los trabajadores y el papel que cumplen las administraciones p?blicas en esta materia. Adem?s, en ?l se proponen 55 l?neas de actuaci?n urgentes que van dirigidas a remediar, entre otros problemas, la precariedad en el empleo, la falta de concreci?n en las obligaciones empresariales, el papel de las mutuas patronales y la carencia de recursos de la Administraci?n.

El pr?ximo d?a 8 de noviembre se cumplir?n diez a?os desde que se aprob? la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales. Seg?n Federico Dur?n, "hemos avanzado, tenemos una legislaci?n madura, compleja y adaptada al r?gimen europeo". Sin embargo, contin?a, "tiene alg?n elemento de desgaste en su contenido debido a cambios sustanciales en el mercado de trabajo". As?, entre otras varias consideraciones, el trabajo destaca que la Inspecci?n de Trabajo no ha aumentado sus recursos y que los profesionales de la prevenci?n, t?cnicos y m?dicos, siguen siendo insuficientes

La Polic?a ha detenido al trabajador de un taller como presunto autor de un homicidio imprudente por la muerte de un compa?ero con el que se pele?. El detenido, Miguel Alejandro G.M., de 19 a?os, discuti? con Norlito T., de Filipinas y de 38 a?os, y mantuvo con ?l una pelea, durante la cual la v?ctima cay? al suelo, se golpe? la cabeza y muri?.

Tras el arresto, el pasado martes, el detenido reconoci? los hechos y explic? que fue Norlito quien comenz? la agresi?n f?sica, sin que ?l le respondiera, despu?s de que el primero le recriminara que no hac?a nada a pesar de haber mucho trabajo en el taller que trabajaban, situado en la calle Marcenado, en Madrid.

Sin embargo, cuando la v?ctima le dio un segundo pu?etazo le respondi? con otro, que le hizo caer al suelo, explic? el acusado a la Polic?a.

Tras la agresi?n, que ocurri? el pasado 3 de marzo, el herido fue trasladado al Hospital de la Princesa, donde muri? al d?a siguiente a causa de un traumatismo craneoencef?lico con fractura de temporal derecho.

En un principio, la muerte se entendi? como accidental, producto de una ca?da, pero tras el examen del m?dico forense se activaron los mecanismos judiciales y policiales, al detectar la existencia de lesiones que eran incompatibles con esa tesis.

Agentes del Grupo X de Homicidios se hicieron cargo de la investigaci?n y tras las entrevistas que mantuvieron con el encargado del taller y el resto de trabajadores, averiguaron que Norlito y un compa?ero de trabajo discutieron por una cuesti?n laboral cuando estaban junto a un t?nel de lavado.

Miguel Alejandro, que no tiene antecedentes penales, se encuentra a disposici?n judicial

La Audiencia Provincial ha condenado al t?cnico de prevenci?n de riesgos laborales, D.G.V., y a J.M.F.S., encargado del almac?n de la empresa Semarck, como autores responsables de una falta de homicidio por imprudencia leve a 900 euros de multa cada uno y a una indemnizaci?n de 62.250 euros a los padres de la v?ctima como consecuencia del accidente laboral que le cost? la vida al operario Jos? Miguel Abell? el 26 de mayo de 2003.

As?, esta sentencia, que es firme y absuelve a ambos procesados de los delitos de homicidio por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores, revoca en parte otra resoluci?n dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal en julio de 2004, que descarg? de toda responsabilidad penal a ambos encausados.

Este nuevo dictamen, tras estudiarse el correspondiente recurso de apelaci?n, supone que tanto el t?cnico en prevenci?n de riesgos laborales como el encargado del almac?n deber?n indemnizar solidariamente a los padres del joven fallecido con 62.250 euros, aunque la responsabilidad civil subsidiaria recae en la empresa Semarck.

Los hechos tuvieron lugar a las 7,30 horas del d?a 26 de mayo de 2003, cuando Jos? Miguel Abell?, empleado de dicha empresa situada en Villamuriel de Cerrato, sufri? un accidente tras subirse a una carretilla elevadora y quedar atrapado entre el pal? y la estructura de la propia carretilla, lo que le produjo posteriormente la muerte.

El fiscal entendi? que ?como consecuencia del incorrecto funcionamiento de la m?quina al presentar un fallo t?cnico en el sistema del detector de presencia?, se produjo el siniestro en el momento en el que el joven, tras subirse a la carretilla, ?y sin haber llegado a sentarse en el asiento?, pis? el pedal del acelerador que propici? un giro brusco de la m?quina con fatales consecuencias. En el mismo accidente result? lesionado otro trabajador, D.G.M., que renunci? a cualquier indemnizaci?n que pudiera corresponderle.

Para el Ministerio P?blico estos hechos eran constitutivos de un delito de homicidio imprudente y por ello hab?a solicitado m?s de dos a?os de prisi?n para cada uno de los procesados. Sin embargo, fueron absueltos en primera instancia por el Juzgado de lo Penal, aunque ahora han sido condenados por una falta por parte de la Audiencia Provincial tras la presentaci?n del correspondiente recurso de apelaci?n.

Asimismo, los sindicatos UGT y CCOO, que se personaron como acusaciones particulares en la causa, se unieron a las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal. La acusaci?n ejercida por la familia de la v?ctima considera tales hechos como un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro delito de homicidio imprudente, por lo que solicitaba, adem?s de la correspondiente indemnizaci?n, penas que sumaban un a?o y nueve meses de c?rcel para cada uno.

La sentencia dictada en su d?a por el Juzgado de lo Penal subrayaba que los dos procesados no ten?an responsabilidad penal al entender la autoridad judicial que ?dada la dificultad de apreciar? el estado real del sistema microtensor de la m?quina que origin? el accidente mortal, ?hace que el riesgo no sea previsible, por lo que no resulta violado el deber objetivo de cuidado? del material en cuesti?n.

La sentencia, que ha sido ahora revocada en parte por la Audiencia Provincial, reconoc?a el hecho de que el mecanismo del sistema de seguridad del microtensor incorpora un interruptor el?ctrico y adem?s un sistema de amortiguaci?n mec?nico en dicha m?quina, el cual ?necesariamente falla con el tiempo?, seg?n expres? un perito durante la vista oral, ?lo que hace muy dif?cil la actuaci?n de un mantenimiento preventivo, y por lo que resulta tambi?n muy dif?cil detectar su estado?, subrayaba el texto legal.

Sin embargo, el tribunal de la Audiencia sostiene que se ha declarado probado que la situaci?n del fallo, en ocasiones, del sistema de detecci?n del conductor de la carretilla situado debajo del asiento de la misma, ?hab?a sido comunicado por los trabajadores con anterioridad al suceso, por lo que los referidos acusados debieron conocer tal situaci?n y ponerle remedio, bien ordenando la revisi?n o el mantenimiento de la m?quina o bien desechando su utilizaci?n?.

Se da la circunstancia de que en la sentencia dictada por el Alto Tribunal de la provincia se refleja que la Inspecci?n de Trabajo levant? un acta de infracci?n de la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales calificada de ?grave?, por lo que la empresa donde ocurri? el accidente ha sido sancionada con una multa de 6.010,12 euros

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa?s Vasco (TSJPV) ha condenado a una empresa a pagar 60.000 euros a un trabajador que fue sometido a mobbing y que solicit?, finalmente, la extinci?n de su contrato laboral ante la ansiedad generalizada que se le caus?.

La sentencia afirma que "el acoso moral" logr? su finalidad "de causar un grave da?os ps?quico" al trabajador que le llev? a abandonar su trabajo, por lo que se condena a la compa??a a pagarle 30.588 euros por el despido y otros 30.000 en concepto de indemnizaci?n por da?os y perjuicios.

La resoluci?n judicial recuerda que el empleado prestaba sus servicios para esta empresa, dedicada a la Limpieza, desde el 27 de abril de 1990, con categor?a de pe?n especialista, y explica que "se le ven?a asignando la limpieza de los bloques en solitario cuando era una tarea que deb?a realizarse por parejas".

En este sentido, subraya que el encargado trataba "despectivamente" al trabajador y era el ?ltimo al que le asignaba el trabajo. Adem?s, hablaba "mal de ?l delante del resto de operarios" y manifest? su intenci?n de "carg?rselo por los problemas que le causaba". El empleado lleg? a recibir "un trato incorrecto" incluso por el encargado general.

Para el TSJPV, este caso "encaja perfectamente" en las conductas constitutivas de "acoso moral" y que, seg?n la jurisprudencia, es una situaci?n en la que "una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicol?gica extrema, de forma sistem?tica y recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre otra persona o personas respecto a las que mantiene relaci?n asim?trica de poder en el lugar de trabajo".

El objetivo, seg?n explica la resoluci?n judicial, es "destruir las redes de comunicaci?n de la v?ctima o v?ctimas, su reputaci?n, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que, finalmente, esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo".

El alto Tribunal vasco se?ala que, "en efecto", en este caso, el trabajador "no s?lo recibe un trato directo despectivo, inadecuado a todas luces a su dignidad como persona, sino que ello se manifiesta de diversas maneras y, adem?s, se ha pretendido minar o da?ar su imagen o credibilidad ante sus compa?eros de trabajo mediante la meledicencia del encargado".

Adem?s, apunta que "no s?lo su conducta afecta a su dignidad y a su derecho a mantener relaciones normalizadas con sus iguales y sus superiores, sino que afecta tambi?n a su derecho a la seguridad y salud en el trabajo" porque ha tenido que realizar "en solitario tareas que eran realizadas siempre por los trabajadores en pareja".

En este sentido, se?ala que "no se trata de una conducta aislada, sino de un conjunto de actuaciones perfectamente hilvanadas que han afectado a todos los ?mbitos posibles en la relaci?n de trabajo del demandante".

"Ello es perfectamente calificable de acoso moral, dado que se ha pretendido causar manifiesto da?o al trabajador, mediante la asignacion de trabajo en condiciones distintas -inferiores, naturalmente- a los dem?s, mediante un trato directo despectivo y mediante el descr?dito de su persona ante los dem?s compa?eros", a?ade.

Seg?n apunta la sentencia, "no se conoce a ciencia cierta desde cu?ndo se ha producido esta conducta", aunque el Juzgado que resolvi? en Primera Instancia cree que pudo ser desde que el empleado denunciara, junto con otro trabajador, ante Hobetuz en mayo de 2002 diversas irregularidades de la empresa en relaci?n con actividades formativas para las que hab?an recibido subvenci?n econ?mica que tuvieron que reintegrar".

No obstante, el alto Tribunal vasco recuerda que la Resoluci?n de la Direcci?n General del INEM por la que se oblig? a la compa??a a devolver 2.559 euros fue del 14 de diciembre de 2001, antes de la denuncia por parte del empleado. Adem?s, de los hechos analizados, deduce que el mobbing se produce "incluso antes de que haya constancia de la comparecencia de ?ste ante Hobetuz".

La Asociaci?n Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas, ha alertado sobre el aumento del acoso moral y f?sico en el ?mbito laboral. Seg?n datos de la asociaci?n entre un 65 y 70% de las v?ctimas de acoso moral o ?mobbing? son mujeres, no s?lo por cuestiones de g?nero, sino porque son las que cuentan con contrataciones m?s precarias.

?Dentro de nuestro mercado laboral, la mujer es el trabajador m?s vulnerable a la hora de perder su trabajo y, en consecuencia, se ve m?s f?cilmente sometida a las presiones psicol?gicas presentes en las empresas?.

Este colectivo, en particular el que cuenta con menor formaci?n y calificaci?n, junto con las mujeres mayores de 40 a?os, sufre esta presi?n que ?est? derivando en enfermedades laborales que, en muchos casos, se enmascaran con depresiones, estr?s o el s?ndrome del trabajador quemado?.

Entre los s?ntomas de esta situaci?n pueden destacarse la apat?a, la tendencia a la depresi?n, los dolores psicosom?ticos, la irritabilidad, el insomnio, las cefaleas y el deterioro de las relaciones familiares. En situaciones extremas puede llevar a la v?ctima a pensar en el suicidio.

La Organizaci?n Internacional del Trabajo (OIT) cifra en m?s de 12 millones de personas en toda Europa que sufren este problema en el ?mbito laboral. En Espa?a, seg?n un reciente estudio elaborado por la Universidad de Alcal? de Henares, en torno al 15% de la poblaci?n activa sufre esta situaci?n, lo que supone unos 2,3 millones de trabajadores y se reconoc?a que un 80% de los trabajadores ven en su entorno laboral comportamientos dirigidos a intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a compa?eros.

En cuanto al colectivo de las mujeres, la situaci?n se agrava por las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral que a?ade una presi?n psicol?gica adicional, ?aunque se pueda ver como un problema extra-laboral, la legislaci?n espa?ola considera que se trata de un da?o relacionado con el trabajo y, por lo tanto, un riesgo laboral.

Por todas estas razones, se alerta a los t?cnicos de prevenci?n de riesgos laborales y las empresas con el fin de que, tal y como indica la ley, se tenga en cuenta esta situaci?n en sus actuaciones. El objetivo es que se reduzcan los da?os a la salud de las trabajadoras y las p?rdidas econ?micas que suponen para las compa??as por las bajas laborales que acarrean.

El Juzgado de lo Penal n?mero 1 de Albacete ha condenado a G. B. P. como responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores a seis meses de prisi?n y multa de 3.600 euros; adem?s, y como responsable de una falta de homicidio por imprudencia leve le impone una multa 600 euros.

En el mismo juicio tambi?n result? condenado P. J. L, como responsable de una falta de homicidio por imprudencia leve, que deber? pagar una multa de 300 euros.

Los hechos juzgados ocurrieron en febrero de 1999, en Villarrobledo, cuando Jos? Javier M. S., que ese mismo d?a hab?a iniciado su relaci?n laboral con la empresa como pe?n, se encontraba en el centro de trabajo auxiliando a otro trabajador en la tarea de transportar una bobina cil?ndrica de acero.

Para mover la bobina utilizaban un cami?n basculante, que tras realizar una maniobra, calificada por el fiscal de ?descuidada e incorrecta?, dio lugar a que uno de los ganchos tropezara con un cable de acero del que colgaba la bobina, que pesaba 2.500 kilos y la arrastrara, aplastando al caer al suelo la cabeza de Jos? Javier M. S., quien falleci? en el acto.

Seg?n el escrito de la Fiscal?a, el cami?n basculante hab?a sido adaptado como gr?a por uno de los acusados, miembro del Consejo de Administraci?n, encargado general y jefe de personal de la f?brica, lo que hizo que ?no cumpliera las medidas de calidad y seguridad, ni las normas t?cnicas relativas a este tipo de m?quinas?, como acredita la ?ausencia de pestillo de seguridad en el gancho?.

La Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social emiti? un informe en el que aseguraba que el m?todo para el transporte de las bobinas al interior de la nave ?no es el adecuado tanto desde el punto de vista del equipo de trabajo utilizado, del personal que lo lleva a cabo, como de la falta de instrucciones claras, concretas y precisas de c?mo debe ser ejecutado?.

Otra de las conclusiones del informe asegura que el equipo de trabajo utilizado, un cami?n basculante adaptado por la empresa como gr?a, ?no re?ne ning?n requisito de adaptaci?n a la normativa vigente sobre este tipo de m?quinas?.

El joven fallecido ten?a 19 a?os cuando se produjo el accidente, en febrero del a?o 1999 en Villarrobledo.

Un hombre de 40 a?os muri? hoy ,28-03-05, en Oslo tras caer en la trituradora de carne en la que estaba trabajando en una f?brica de salchichas en Akeberg Skoglunn, en Oslo.

La polic?a y la inspecci?n de trabajo no conocen a?n con certeza las circunstancias sobre el suceso.

"Tres personas estaban trabajando con la trituradora de salchichas y una de ellas se cay? y fue succionada por la m?quina. No sabemos a?n la raz?n del accidente, aunque es posible que haya sido por culpa de un vac?o creado en el interior de la trituradora", dijo el inspector de polic?a Stig Ovrebo a la agencia Ntb.

Inspectores de trabajo de Oslo han realizado un control de la f?brica y la polic?a espera interrogar en las pr?ximas horas a los compa?eros de la v?ctima.

"Varias circunstancias han podido causar el accidente, pero todav?a no tenemos ninguna conclusi?n", declar? un responsable de la investigaci?n.

Las diecis?is semanas de baja por maternidad que establece la ley sit?an a Espa?a en el octavo lugar en el r?nking de los pa?ses europeos, encabezado por Suecia, que establece 96 semanas, seg?n un informe mundial sobre estas prestaciones de la consultora Mercer Human Resource.

Las mujeres con un contrato laboral en Dinamarca o Italia, cuando decidan ser madres, acceder?n a una de las pagas m?s generosas de la Uni?n Europea durante su baja por maternidad. En Suecia, no gozan del mismo sueldo pero mantienen sus d?as de baja en 96 semanas, ocupando as? la primera posici?n en el r?nking europeo. Singapur, con ocho semanas, es el ?ltimo de la fila, seg?n un informe de la consultora Mercer Human Resource sobre las prestaciones en el tiempo de baja maternal en sesenta pa?ses.

El estudio tambi?n analiza cu?l es el sueldo de las nuevas madres en ese per?odo. Grecia, Luxemburgo y Reino Unido se sit?an a la cola y, en Estados Unidos, las doce semanas que se contemplan no se remuneran en empresas con m?s de cincuenta empleados, a no ser que existan leyes federales m?s generosas que establezcan alg?n beneficio.

Espa?a y el mundo
Seg?n el informe, no existe una correspondencia entre el per?odo de convalecencia y los beneficios econ?micos que recibe la mujer en los distintos pa?ses. As?, las espa?olas, aunque cobran el cien por cien del salario -con cargo a la Seguridad Social- disfrutan diecis?is semanas de baja, lo que coloca a nuestro pa?s en el octavo lugar de Europa.

Gustavo Arroyo, consultor del ?rea laboral de Mercer, puntualiza que se est?n aumentando las prestaciones en las empresas espa?olas: "Esta flexibilidad refleja la incorporaci?n de la mujer al mercado laboral y el inter?s de las compa??as por mantenerlas". Pero a?ade que, "en igualdad de curr?culum, muchas empresas prefieren un hombre a una mujer en edad f?rtil".

Hacer m?s que la ley
Las empresas espa?olas est?n obligadas a cumplir las prestaciones conforme a la ley para las bajas por maternidad -reducci?n de jornada, per?odo de lactancia, excedencia, etc?tera- pero algunas las exceden para mejorar la flexibilidad laboral. Vodafone ha aumentado en dos semanas la baja por maternidad y ha ampliado el per?odo de lactancia y el permiso de paternidad; Indra complementa la prestaci?n econ?mica si la base de cotizaci?n del sueldo de su empleada supera el tope m?ximo -2.652 euros mensuales, seg?n la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003-; y Telef?nica facilita la concesi?n de bajas de paternidad y reducci?n de jornada a los padres. En Caja Madrid, se puede sustituir el permiso o reducci?n de jornada de lactancia por un descanso de diez d?as naturales a disfrutar a continuaci?n de la baja.

Los beneficios tambi?n han llegado a las pymes: Copredije, dedicada a la coordinaci?n de seguridad y salud en obra, otorga flexibilidad horaria a empleados con cargas familiares. Pese a todo, la baja por maternidad es patrimonio femenino: en 2002, de las 83 bajas por maternidad en Indra, s?lo tres fueron solicitadas por hombres.

No hay duda, la cultura japonesa de amor al trabajo revive con la cr?sis economica, seg?n un estudio del Centro de Productividad de Jap?n.

El 79% de los j?venes que trabajan desde la primavera pasada indicaron que anular?an una cita con la mujer de su vida si su jefe les pidiera hacer horas extra, seg?n el estudio del Centro de Productividad de Jap?n.

En 1991, dos a?os despu?s de la explosi?n de la burbuja financiera e inmobiliaria, solamente el 62% de los empleados se consideraban dependientes de su empresa.

"Este a?o, la cifra ha subido a un nivel r?cord porque un n?mero creciente de j?venes japoneses est?n preocupados por la seguridad del empleo en un contexto de recesi?n", estim? Takahashi, investigador del centro.

"Muchos j?venes piensan que Jap?n no vivir? ya un per?odo tan feliz como en el pasado y creen que s?lo pueden contar consigo mismos", a?adi?.

Las mujeres parecen estar m?s preocupadas por el trabajo seg?n el estudio, pues el 85% de ellas elegir?an quedarse a trabajar antes que irse con su enamorado, frente al 75% de los hombres.

La mayor parte de las sanciones impuestas por la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social el a?o pasado se produjo por incumplimientos de la normativa de seguridad y salud laboral. As? figura en un comunicado hecho p?blico ayer por el Ministerio de Trabajo sobre la labor de la inspecci?n en 2004.


De los 241,1 millones de euros en propuestas de sanciones, 105,5 correspondieron a fallos de seguridad. A este importante cap?tulo le sigui? el de extranjer?a, para el que las sanciones propuestas ascienden a casi 85 millones de euros.


La Inspecci?n de Trabajo ha desarrollado m?s de 1,3 millones de actuaciones para frenar irregularidades en 2004. En total se descubrieron 113.825 infracciones a la legislaci?n, que afectaron a 630.122 trabajadores.


Aunque los incumplimientos por falta de seguridad en el trabajo resultan los m?s cuantiosos en multas, el mayor n?mero de actuaciones correspondi? a Seguridad Social. Las pr?cticas para comprobar hechos como que un trabajador est? dado de alta supusieron algo m?s de la mitad del total de las realizadas (642.276). Le siguieron las de seguridad y salud laboral (471.180) y las de extranjer?a (30.341).

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Rollo de Suplicaci?n n?: 1912/2.003
Sentencia n? : 2.330/2.003
Presidente
Ilmo. Sr. D. ANTONIO NAVAS GALISTEO
Magistrados
Ilmo. Sr. D. RAM?N G?MEZ RUIZ
Ilmo. Sr. D. JOS? LUIS BARRAGAN MORALES
En M?laga a doce de
Diciembre de dos mil tres.
La Sala de lo Social en M?laga del Tribunal Superior de Justicia de
Andaluc?a, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
S E N T E N C I A
En el recurso de Suplicaci?n interpuesto por FUJITSU ICL ESPA?A,
S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n? seis, ha sido
ponente el Ilmo. Sr. D. RAM?N G?MEZ RUIZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seg?n consta en autos se present? demanda por
FUJITSU ICL ESPA?A, S.A. sobre Prestaciones, siendo demandado
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO
habi?ndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 28 de
octubre de 2.002 en los t?rminos que se recogen en su parte dispositiva.
SEGUNDO.- En la sentencia aludida se declararon como hechos probados
los siguientes:
1?) Por resoluci?n de la Direcci?n Provincial del INSS de fecha 21-11-00 se
acord? estimar la existencia de responsabilidad empresarial por falta de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el
trabajador D. B. M. G. el d?a 7-5-98, cuando prestaba servicios por cuenta de
la empresa Fujitsu ICL Espa?a, S.A. y declarar, en consecuencia, la
procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del referido
accidente sean incrementadas en el 30%, con cargo exclusivo a la referida
empresa.
2?) Contra la anterior resoluci?n, interpuso la empresa Fujitsu ICL Espa?a,
S.A. reclamaci?n previa el d?a 5-1-01, que fue desestimada por resoluci?n de
23-7-01.
3?) Con fecha 27-8-98 se emiti? informe por la Inspecci?n Provincial de
Trabajo y Seguridad Social cuyo contenido obra en autos, d?ndose aqu? por
reproducido.
4?) Con fecha 4-9-01 se dict? sentencia en autos n? 1054/00 seguidos ante el
Juzgado de lo Social n? 1 de M?laga que declar? al trabajador D. B. M. G. en
situaci?n de invalidez permanente en grado de incapacidad permanente parcial
derivada de accidente de trabajo. Dicha sentencia fue confirmada por sentencia
de fecha 22-3-02 de la Sala de lo Social en M?laga del Tribunal Superior de
Justicia de Andaluc?a.
5?) El accidente del mencionado trabajador se produjo el d?a 7-5-98, en
horario normal de trabajo. Dicho accidente se produjo, cuando el accidentado
proced?a a extraer unos cajeros de la c?mara clim?tica donde se realizan
determinadas pruebas, y llevarlos al taller. Para ello utiliza una transpapeleta
electromec?nica. Una vez que introduc?a las palas en el palet del cajero,
proced?a a su desconexi?n de la pared y a la colocaci?n de una caja de
accesorios encima del mismo. Realizando esta operaci?n se percat? de que la
carga volcaba sobre ?l, retir?ndose lo m?s r?pidamente posible, pero la carga,
de aproximadamente unos 386 kg cay? sobre el mismo.
6?) La demanda se present? el 5-10-01.
TERCERO.- Que contra dicha sentencia anunci? Recurso de Suplicaci?n la
parte demandante, recurso que formaliz?, no siendo impugnado de contrario.
Recibidos los autos en este Tribunal se provey? el pase de los mismos a
ponente para su examen y resoluci?n.
FUNDAMENTOS JUR?DICOS
PRIMERO .- El trabajador demandado prestaba servicios para la empresa
actora como montador de cajero, y al proceder a extraer unos cajeros de la
c?mara clim?tica donde se les realizan determinadas pruebas y llevarlos al
taller, sufri? el 7-5-98 un accidente que le produjo lesiones que determinaron
su declaraci?n en situaci?n de Incapacidad Permanente Parcial para la
profesi?n habitual.
Efectuada actuaci?n inspectora, por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social en resoluci?n de 21-1-00 se acord? el Recargo por falta de medidas de
seguridad e higiene del 30% de las prestaciones derivadas del accidente por
infracci?n de las medidas de seguridad exigibles que la empresa impugna en
v?a jurisdiccional sin ?xito en la instancia.
SEGUNDO .- Frente a dicha sentencia que desestim? la demanda interpuesta
en impugnaci?n por la empresa declarada responsable del Recargo por falta de
medidas de seguridad e higiene del 30% de las prestaciones derivadas del
accidente por infracci?n de las medidas de seguridad exigibles declarado por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, formula la empresa demandante
Recurso de Suplicaci?n, articulando un doble motivo por el cauce del p?rrafo
a) del art. 191 Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral solicitando la
reposici?n de las actuaciones al momento de haberse infringido normas o
garant?as del procedimiento que hayan producido indefensi?n, denunciando
una situaci?n de indefensi?n por la falta de expediente administrativo con
diversas alegaciones y que no existe suficiencia de los hechos probados ni
suficiente motivaci?n o explicaci?n de los razonamientos jur?dicos que
determinen la consecuencia jur?dica que consta en el fallo de la sentencia con
diversas alegaciones, y sin interesar la revisi?n de los hechos declarados
probados, dos motivos encaminados al examen del derecho aplicado en la
misma por el cauce procesal del art. 191.c del Real Decreto Legislativo 2/1995
de 7 de abril por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, denuncia la infracci?n de la Disposici?n adicional
Cuarta de la ley 42/97 de 14 de noviembre y del art. 123 del Real Decreto
Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social solicitando la nulidad de la sentencia o
alternativamente la revocaci?n de la sanci?n impuesta.
TERCERO .- Constituye deber inexcusable de los Tribunales velar por la
legalidad y el estricto cumplimiento de las normas procesales, en cuanto cauce
de todo ordenamiento jur?dico, pero, en doctrina consolidada del Tribunal
Supremo -STS 13 marzo 1990, 13 mayo y 31 julio 1991 y 22 julio 1992 entre
otras muchas-, se recoge y establece el car?cter excepcional de la declaraci?n
de nulidad de actuaciones como consecuencia de defectos procesales, pues se
trata de una medida extrema que ha de aplicarse con criterio restrictivo
evit?ndose in?tiles dilaciones originadoras de negativas consecuencias para la
celeridad y eficacia que deben inspirar las actuaciones judiciales art. 74,1 LPL,
de manera que s?lo debe accederse a tal pretensi?n en supuestos
excepcionales, doctrina que se recoge en las Sentencias de esta Sala, entre ellas
la n? 1.413/2.002 de 19-7-02 con cita de la de otras Salas, y as? se dijo que es
doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y Jurisprudencia del Tribunal
Supremo seguida por esta Sala, que la nulidad de actuaciones es una medida
excepcional que ha de acordarse con criterio restrictivo para no comprometer
el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constituci?n Espa?ola,
derecho en cuyo contenido se integra una soluci?n del fondo del asunto sin
dilaciones indebidas, procediendo solo cuando realmente se produce
infracci?n de normas o garant?as procesales que causen indefensi?n para
alguna de las partes litigantes y se haya formulado si el momento procesal lo
permite la oportuna protesta, y que la nulidad de actuaciones es un remedio
extraordinario dada la notoria conmoci?n procedimental que supone tanto para
las partes como para los principios de celeridad y econom?a procesal, teniendo
declarado el Tribunal Constitucional, entre otras en Sentencias n? 90/1983,
117/1986 y 139/1987 y las m?s recientes 91/1991 de 25 abril, 109/1991 de 20
mayo, 172/1992 de 6 septiembre, y 179/1992 de 19 septiembre, que las
formas y requisitos procesales cumplen un papel de capital importancia en la
recta ordenaci?n de los procesos judiciales siempre que su previsi?n legal
responda a una finalidad adecuada y no constituya exigencia excesiva,
desproporcionada o irrazonable, teniendo declarado la doctrina judicial que
para que un quebrantamiento de norma procesal comporte la nulidad de
actuaciones son precisas cuatro circunstancias: a) Que se invoque por el
recurrente de modo concreto la norma que se entiende violada; b) que se haya
infringido la referida norma procesal, c) que haya causado indefensi?n, y, d)
que se haya formulado oportunamente protesta por la infracci?n en el acto del
juicio.
Y, en el caso de autos, no quedan cumplidas las condiciones exigidas
para determinar la nulidad reclamada, que tiene car?cter de remedio
extraordinario.
Denuncia el recurrente en primer lugar una situaci?n de indefensi?n por
la falta de expediente administrativo con diversas alegaciones relativas a que
fue pedido como medio de prueba y asimismo el Instituto Nacional de la
Seguridad Social lo indic? con tal car?cter y que debe entenderse que ha
desaparecido con anterioridad a dictarse la sentencia, pero el art. 143 del Real
Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral dispone que "El juicio se
celebrar? en el d?a se?alado, aunque la entidad correspondiente no hubiera
remitido el expediente o su copia, salvo que justificara suficientemente la
omisi?n" y s?lo en el p?rrafo 2? prev? que " Si al demandante le conviniera la
aportaci?n del expediente a sus propios fines, podr? solicitar la suspensi?n del
juicio, para que se reitere la orden de remisi?n del expediente en un nuevo
plazo de diez d?as", y lo cierto es que la recurrente no propuso ni reprodujo tal
petici?n de expediente administrativo en el acto del juicio sino que se limit? a
proponer la prueba documental que rese??, ni solicit? la suspensi?n en uso de
la facultad concedida por el precepto adjetivo por lo que el juicio debi? como
as? ocurri? celebrarse, y tampoco la recurrente durante el mismo, ni en el
momento de proposici?n ni pr?ctica de la prueba ni en conclusiones formul?
la protesta exigida para determinar la nulidad que ahora pretende, no
produci?ndole indefensi?n pues propuso los medios de prueba que estim?
convenientes y se encuentra aportado a Autos el informe de la Inspecci?n de
Trabajo, la propuesta de recargo y la resoluci?n impugnada, por lo que no
concurren los requisitos exigidos para determinar la nulidad de actuaciones
por tal motivo que debe rechazarse.
Tambi?n denuncia la recurrente que no existe suficiencia de los hechos
probados ni suficiente motivaci?n o explicaci?n de los razonamientos
jur?dicos que determinen la consecuencia jur?dica que consta en el fallo de la
sentencia lo que conforma un supuesto de indefensi?n que vicia de nulidad la
Sentencia efectuando muy diversas alegaciones sobre la insuficiencia en la
valoraci?n de la prueba practicada, pero es reiterada doctrina judicial, contenida
entre otras en la Sentencia de esta Sala n? 1.868/2.002 de 24-10-02, la que
declara que la suficiencia de los hechos probados solo al Tribunal compete
determinarla gozando el recurrente de la posibilidad de solicitar todas las
modificaciones f?cticas a su juicio precisas por haber incurrido el Juzgador en
error que resulte de documentos y pericias h?biles a tales efectos con arreglo
al art. 191.b del Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, y en el caso
sometido a Recurso se recoge los datos f?cticos de la forma en que ocurri? el
accidente y se da por reproducido en el ordinal 3? el informe de la Inspecci?n
de Trabajo, razon?ndose en el Fundamento Jur?dico a?n de forma sucinta y
suficiente, por lo que deben entenderse suficientes los hechos probados e
igualmente motivaci?n y explicaci?n suficiente a?n sucinta de las razones de la
desestimaci?n de la demanda, sin perjuicio de que la recurrente hubiera podido
como ten?a a su alcance en esta v?a demostrar el error del juzgador de instancia
por la v?a de la revisi?n f?ctica y haber denunciado las infracciones jur?dicas
que a su juicio hubiera cometido la Sentencia de instancia.
En consecuencia, no existiendo infracci?n procesal que constituya
defecto esencial que cause indefensi?n no puede declararse la nulidad
pretendida y debe rechazarse este motivo del recurso
CUARTO .- El art. 123 Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto
Legislativo 1/94 de 20 de Junio regula el Recargo de las prestaciones
econ?micas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional,
disponiendo que : "1. Todas las prestaciones econ?micas que tengan su causa
en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentar?n, seg?n la
gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesi?n se produzca
por m?quinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que
carezcan de los dispositivos de precauci?n reglamentarios, los tengan
inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las
medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las
elementales de salubridad o las de adecuaci?n personal a cada trabajo habida
cuenta de sus caracter?sticas y de la edad, sexo y dem?s condiciones del
trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el
apartado anterior recaer? directamente sobre el empresario infractor y no
podr? ser objeto de seguro alguno siendo nulo de pleno derecho cualquier
pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. 3. La
responsabilidad que regula este art?culo es independiente y compatible con las
de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracci?n."
Por doctrina judicial reiterada se exige como condiciones precisas para
que proceda el recargo que se haya vulnerado o incumplido una medida de
seguridad general o particular prevista en la norma y que esa vulneraci?n u
omisi?n sea causa del accidente, en relaci?n de causa a efecto entre el hecho y
la falta de la medida reglamentaria, concurriendo dolo, culpa o negligencia de
la empresa y debiendo haber quedado probado de modo suficiente tal
conducta empresarial, por lo que la empresa que no adopta la medida de
seguridad exigida determinando el suceso con el resultado acaecido, existiendo
inobservancia de la medida de seguridad, infracci?n de la norma que la
establece y relaci?n de causalidad directa y eficaz en la producci?n del
resultado, responde del recargo prestacional.
As? esta Sala ha declarado con reiteraci?n en sentencias, entre otras, de
14-1-1.998 y de 27-7-2.000, que el Recargo de prestaciones de la Seguridad
Social, exige, seg?n reiterada jurisprudencia, la existencia de nexo causal
adecuado entre el siniestro de que trae causa el resultado lesivo para la vida o
integridad f?sica de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador,
consistente en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas
reglamentarias respecto a m?quinas, instrumentos o lugares de trabajo,
excluy?ndose la responsabilidad empresarial cuando la producci?n del evento
acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin
constancia di?fana del incumplimiento por parte del empleador de alguna
norma de prevenci?n; y que la sanci?n por falta de medidas de seguridad debe
atemperarse, pues al ser una cuesti?n punitiva debe probarse de una manera
fehaciente que existe tal incumplimiento, sin que deje lugar a dudas la omisi?n
de medidas de seguridad e higiene, es decir que dado su car?cter punitivo debe
interpretarse restrictivamente, sin que ello impida la aplicaci?n estricta de la
norma o permitir la impunidad de la conducta negligente de la empresa,
debiendo concurrir adem?s de la conducta consistente en la omisi?n de las
medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias y la adecuada
relaci?n causal entre el siniestro y la conducta del empleador un elemento de
voluntariedad a t?tulo de dolo, culpa o al menos negligencia.
Y tales presupuestos y requisitos permiten afirmar, como lo hace la
sentencia de la Sala de lo Social de Granada, n?m. 1.383/1.992 de 23-11-
1.992, AS 1.992/5.445, que concurriendo una imprudencia del accidentado, la
l?nea jurisprudencial dominante lleva a la exoneraci?n de responsabilidad,
dado el car?cter restrictivo que, en su enjuiciamiento, preside la aplicaci?n de
medidas de car?cter sancionador; la norma del art. 123 de la LGSS, en cuanto
sancionadora de conducta il?cita empresarial por omisi?n de aquellas medidas,
implica que el suceso no sea debido a la propia y personal conducta del
trabajador.
QUINTO .- Y la censura jur?dica contenida en la pretensi?n deducida por la
empresa recurrente no debe alcanzar ?xito.
Por la empresa actora se impugna en esta v?a el recargo alegando que
no concurren las condiciones y presupuestos exigidos por el precepto
sustantivo y doctrina judicial para su imposici?n.
Lo que debe es analizarse y decidirse es si la empresa ten?a respecto del
trabajador accidentado una obligaci?n de seguridad y debi? adoptar una actitud
diligente, activa y positiva procurando al trabajador las medidas necesarias
para realizar el trabajo sin riesgo, o por el contrario bastaba y era suficiente la
simple experiencia o pr?ctica adquirida o acumulada por el trabajador en la
realizaci?n de la tarea, y la atenci?n del mismo y su buen criterio en la
evitaci?n de los riesgos, cargando sobre el trabajador accidentado m?s que
sobre la empresa la necesidad de diligencia y la deuda de seguridad haci?ndola
propia del mismo y no de la empresa.
Previamente debe rechazarse el 3? motivo pues si bien es cierto lo que
el recurrente alega en relaci?n al valor de las actas de la Inspecci?n de Trabajo
que s?lo gozan de presunci?n de certeza respecto de los hechos constatados
por el funcionario actuante, no lo es menos que adem?s de esta presunci?n
tambi?n constituyen un medio de prueba que puede valorar el magistrado de
instancia y la valoraci?n realizada por el mismo debe ser respetada salvo que
se demuestre el error por medio de prueba h?bil al efecto documental o
pericial y en todo caso que el recurrente solicite la revisi?n de hechos probados
lo que no es el caso por lo que queda intactas por inatacadas las conclusiones
f?cticas contenidas en la sentencia recurrida.
Con arreglo al art. 123 Ley General de la Seguridad Social, Real
Decreto Legislativo 1/94 de 20 de Junio es preciso que no se hayan observado
medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo; y en el
caso de autos debe concluirse que la empresa estaba obligada a adoptar las
medidas de seguridad necesarias a fin de evitar los riesgos derivados de la
actividad laboral; es decir, no es suficiente un aprendizaje general de la
realizaci?n de las tareas, ni el conocimiento y experiencia adquiridos por la
realizaci?n del trabajo, la habilidad y destreza obtenidos en el mismo, o la
prestaci?n de la atenci?n exigida y necesaria haciendo recaer el deber de
diligencia en el trabajador, sino que la empresa debe cumplir con el deber de
diligencia y cautela que sobre ella pesa en la prevenci?n y evitaci?n de riesgos
laborales, procurando las medidas de seguridad a tales efectos necesarias, y,
en el caso de autos como se recoge en el informe de la Inspecci?n de Trabajo
que el ordinal 3? de los hechos probados da por reproducido no se contempla
en la evaluaci?n de riesgos realizada por la empresa la operaci?n realizada por
el trabajador accidentado ni el riesgo derivado de la misma por lo que el
mismo realiz?, cuando prestaba servicios para la empresa actora como
montador de cajero, la operaci?n de extraer unos cajeros de la c?mara
clim?tica donde se les realizan determinadas pruebas y llevarlos al taller sin la
suficiente informaci?n y formaci?n sobre la forma, mecanismo y riesgos
derivados de dicha operaci?n de manera que por el mal manejo de las cargas,
no introducci?n correcta de las palas de la transpaleta y realizaci?n forzada de
la operaci?n debido a la falta de informaci?n y de formaci?n y de la evaluaci?n
de riesgos por la empresa y tambi?n por la inestabilidad del suelo, el
trabajador demandado sufri? un accidente al volc?rsele la carga que le produjo
lesiones que determinaron su declaraci?n en situaci?n de Incapacidad
Permanente Parcial para la profesi?n habitual, no constando que el trabajador
accidentado tuviera la cualificaci?n t?cnica para el manejo de la m?quina y que
hubiera recibido formaci?n por la empresa para su manipulaci?n y manejo,
sin que pueda decirse en forma alguna que el accidente fue debido a la
negligencia del trabajador pues precisamente todo ello es lo que la empresa
debiera haber evitado con aquellas medidas, y solo en el caso de que la
empresa las hubiera adoptado, si el trabajador las hubiera incumplido o
infringido podr?a predicarse respecto de ?l la imprudencia exoneradora de la
responsabilidad empresarial en el recargo; no ocurri? as? en el caso presente, la
empresa no adopt? dichas necesarias y debidas diligencias, y a consecuencia
de esta omisi?n empresarial en la adopci?n de dichas medidas se produjo el
accidente, concurriendo los requisitos exigidos para la declaraci?n de la
responsabilidad empresarial, al encontrarse la falta de medidas en relaci?n de
causalidad con el accidente de trabajo y al haberlo entendido as? el juzgador de
instancia no vulner? el precepto invocado como infringido, por lo que procede
desestimar el recurso con confirmaci?n de la sentencia.
SEXTO .- El criterio del vencimiento previsto en el art. 233.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral, obliga a imponer la condena en costas a la empresa
recurrente que no goza del beneficio de justicia gratuita.
FALLAMOS
Debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicaci?n
interpuesto por FUJITSU ICL ESPA?A, S.A., contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social n? seis de M?laga de fecha 28 de octubre de 2.002,
reca?da en los Autos del mismo formados para conocer de demanda
formulada por FUJITSU ICL ESPA?A, S.A. contra INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO sobre Prestaciones,
y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resoluci?n
recurrida.
Se condena a la empresa recurrente a la p?rdida del dep?sito de 150?25
euros y de la cantidad consignada para recurrir, a las que se dar? el destino
legal, as? como al pago de las costas procesales causadas en el presente
recurso de suplicaci?n, incluidos los honorarios profesionales del letrado de la
parte demandada, los cuales no podr?n superar en todo caso, la cantidad de
601.01 euros, y ello una vez adquiera firmeza la presente resoluci?n judicial.
Notif?quese esta resoluci?n a las partes y al Ministerio Fiscal
advirti?ndoles que contra la misma cabe Recurso de Casaci?n para la
Unificaci?n de Doctrina ante la Sala IV del Tribunal Supremo, el que deber?
prepararse en el plazo de los diez d?as siguientes a la notificaci?n de este fallo.
Advi?rtase a la empresa demandada que en caso de recurrir habr? de
efectuar las siguientes consignaciones:
- La suma de 50.000 ptas. (300.51 _) en la cuenta de Dep?sitos y
Consignaciones de la Sala IV del Tribunal Supremo en Madrid.
L?brese certificaci?n de la presente sentencia para el rollo a archivar en
este Tribunal incorpor?ndose su original al correspondiente libro.
As? por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

SECCI?N 1? M.D.
SENTENCIA N?M. 2837/2003
Autos 202/02 Granada 1
ILTMO. SR. D. ANTONIO ANGULO MARTIN
PRESIDENTE
ILTMO. SR. D. EMILIO LE?N SOL?
ILTMO. SR. D. JOS? M?. CAPILLA RUIZCOELLO
MAGISTRADOS
En la ciudad de Granada a siete de octubre de dos mil tres.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andaluc?a con sede en Granada, compuesta por los Iltmos.
Sres. Magistrados que al margen se indican, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A
En el recurso de Suplicaci?n n?m. 713/03, interpuesto
por D. A. L. L. contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social n?m. UNO de GRANADA en fecha 24 de octubre de 2.002 ha
sido ponente el Iltmo. Sr. D. EMILIO LE?N SOL?.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el Juzgado de referencia tuvo entrada
2
demanda interpuesta por D. A. L. L. en reclamaci?n sobre
CONTRATO DE TRABAJO (CANTIDAD) contra FOGASA y admitida a
tr?mite y celebrado juicio se dict? sentencia en 24 de octubre
de 2.002, por la que desestimando la demanda interpuesta por D.
A. L. L. contra el Fondo de Garant?a Salarial absuelvo a la
demandada de las pretensiones contra la misma formuladas.
Segundo.- En la sentencia aludida se declararon como
hechos probados los siguientes:
1.- El actor fue despedido de la empresa Cartuja S.A.
el 2-5-2.000 celebr?ndose acto de conciliaci?n ante el CMAC el
16-5-2.000 en el cual se reconoci? la improcedencia del despido
del actor y ofreciendo indemnizar al mismo la cantidad de
2.000.000 de ptas. las cuales ser?an abonadas a base de 8 plazos
de 250.000 ptas. todos los d?as 5 de los meses de junio de 2.000
a enero de 2.001.
2.- El 15-6-2.000 el actor present? ejecuci?n de este
acto de conciliaci?n ante el Juzgado al no haber abonado la
empresa el primero de los plazos.
3.- Finalmente en el Juzgado tras dictarse auto de
ejecuci?n el 15-6-2.000, dicta auto de insolvencia provisional
el 8-6-2.001.
4.- El 19-9-2.001 el actor solicit? del Fondo de
Garant?a Salarial el abono de la indemnizaci?n pactada en la
conciliaci?n celebrada ante el CMAC.
5.- El fondo de Garant?a Salarial deneg? la solicitud
en base a que las cantidades solicitadas en concepto de
indemnizaci?n fueron pactadas en acto de conciliaci?n y siendo
necesario que la citada indemnizaci?n sea como consecuencia de
sentencia o resoluci?n administrativa (art?culo 33.2 del
Estatuto de los Trabajadores y 14.2 del Real Decreto 505/85, de
6 de marzo), procede su denegaci?n.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se
anunci? recurso de suplicaci?n contra la misma por D. A. L. L.,
3
recurso que posteriormente formaliz?, siendo en su momento
impugnado por el contrario. Recibidos los Autos en este
Tribunal, se acord? el pase de los mismos al Ponente, para su
examen y resoluci?n.
FUNDAMENTOS JUR?DICOS
UNICO.- Con amparo procesal en el apartado c) del art.
191 de la L.P. Laboral, la parte actora, que en esta v?a postula
el recurso de suplicaci?n, aduce que la resoluci?n impugnada, ha
violado el art. 14. 2 del RD 505/85, la doctrina que cita del
Tribunal Supremo, as? como el art. 14 de la Constituci?n
Espa?ola en relaci?n con el principio de igualdad ante la Ley,
pero esta tesis no puede prosperar, por cuanto el art. 33.2 del
Estatuto de los Trabajadores dice lo que dice, es decir que el
Fogasa no responder? cuando no exista sentencia Judicial o
resoluci?n administrativa, bien es cierto que la doctrina
jurisprudencial ha igualado los efectos de un Auto Judicial a
los de una Sentencia, pero en ning?n caso ha parificado el
acuerdo alcanzado en acto de conciliaci?n administrativa, con
los efectos de una resoluci?n judicial; parte quien recurre, de
una defectuosa interpretaci?n de la Sentencia de 1 de Julio de
1999, en la que efectivamente el tribunal Supremo, parific? la
eficacia de un Auto Judicial a los efectos de una Sentencia a
fin de declarar la obligaci?n del Fogasa para responder
subsidiariamente del montante de una indemnizaci?n por despido
improcedente, por cuanto en dicha resoluci?n, se daba respuesta
a una pretensi?n, en la cual en la conciliaci?n administrativa
se hab?a llegado a un acuerdo sobre la improcedencia de un
despido, habiendo optado el empresario por la readmisi?n, y como
esta no se cumpli?, o se cumpli? irregularmente, el actor tuvo
que solicitar judicialmente la extinci?n de la relaci?n laboral,
que fue acordada por Auto, en el caso que nos ocupa, la
situaci?n es diferente, en la conciliaci?n administrativa, se
pact? la improcedencia del despido, se opt? por la extinci?n del
4
contrato, se fijo una indemnizaci?n por el mismo, y se pactaba,
igualmente, la forma de pago, por lo que al no ser cumplida
esta ?ltima, se acude a la v?a de ejecuci?n de lo convenido en
un acto de conciliaci?n, convenio que no puede afectar a
terceros que no intervinieron en el mismo, como es el Fogasa,
por lo cual, al no concordar los presupuestos legales de
aplicaci?n, tampoco se atenta contra el principio de igualdad,
debiendo, por ende ser confirmada expresada resoluci?n.
F A L L A M O S
Que desestimando el recurso de suplicaci?n interpuesto
por D. A. L. L. contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social n?m. UNO de GRANADA en fecha 24 de octubre de 2.002, en
Autos seguidos a instancia del recurrente, en reclamaci?n sobre
CONTRATO DE TRABAJO (CANTIDAD) contra FOGASA, debemos confirmar
y confirmamos la sentencia recurrida.
Notif?quese la presente Sentencia a las partes y a la
Fiscal?a del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de que
contra la misma puede interponerse Recurso de Casaci?n para la
Unificaci?n de Doctrina que previene el Art. 216 de la Ley de
Procedimiento Laboral y que habr? de prepararse ante esta Sala
dentro de los DIEZ D?AS siguientes al de su notificaci?n, debiendo
el recurrente que no ostente la condici?n de trabajador, causahabiente
suyo o no tenga reconocido el beneficio de justicia
gratuita efectuar el dep?sito de 300?51 ? en la cuenta que el
Tribunal Supremo tenga abierta al efecto, y as? mismo deber?
consignar la cantidad objeto de condena si no estuviera ya
constituida en la instancia, en la cuenta de "Dep?sitos y
Consignaciones" de esta Sala abierta con el n?m.
1758003065.0713.03 Grupo Banesto, en el Banco Espa?ol de Cr?dito,
S.A., Oficina Principal (C?digo 4052), c/ Reyes Cat?licos, 36 de
esta Capital y pudiendo sustituir tal ingreso por aval bancario
con responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyos requisitos
se tendr? por no preparado el recurso.
5
As? por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

El despido, perfectamente tipificado en la Ley del Trabajo, puede ser de dos formas, justificado o injustificado. Como sabemos, el despido justificado corresponde a la sanci?n que el patr?n ejecuta al encontrar razones agraviantes por parte del empleado, perfectamente demostrables, que justifican la culminaci?n del contrato de trabajo. Por otro lado, el despido injustificado, puede definirse como la manera en que el patr?n le dice al empleado: "no tengo raz?n alguna para despedirte, pero debo hacerlo".

Hasta ahora el despido, un acto previsto en la legislaci?n laboral, es visto como la manera en que se aplaza el a?o en las organizaciones, donde, despu?s de exhaustivas evaluaciones, se decide culminar la relaci?n laboral porque el trabajador no cumple con las expectativas esperadas o exigidas por el cargo que ocupa.

As?, quien es despedido, sea cual sea la raz?n, pasa a engrosar las filas del desempleo y comienza la inmediata carrera por reinsertarse en el ambiente laboral. Es ah? donde el dilema de se?alar o no en el resumen curricular su ?ltimo experiencia laboral comienza a preocupar al individuo. Si la coloca corre el riesgo de ser rechazado al momento de verificar sus referencias, pues fue despedido por alguna raz?n y eso suele evaluarse como un inconveniente, pero si no lo hace, deja un vac?o entre su ?ltimo a?o de servicios y el presente, echando por la borda un c?mulo de experiencias y conocimientos que no podr?a, de manera convincente, justificar.

Ante ese dilema surgen varias interrogantes: ?por qu? el despido es visto de manera negativa? ?por qu? no se puede hablar abiertamente de ?l? ?no es importante, bajo la visi?n de competencias y de acuerdo al perfil del candidato, conocer la versi?n del candidato? ?c?mo evaluar si el despido fue la decisi?n correcta?

Normalmente, el despido es visto como algo negativo porque obviamos la otra cara de la moneda, cuando es el empleado el que despide a la empresa, ?o es que acaso eso no ocurre?

Las empresas miden de manera interna su ?ndice de rotaci?n, el cual corresponde a la contabilizaci?n de las renuncias voluntarias que presentan los empleados mes a mes. Cada vez que un trabajador se va de la organizaci?n porque ha decidido tomar otra oferta, abrir su propio negocio, probar suerte o sencillamente, hacer algo diferente, es como si le estuviera diciendo a la compa??a "lo siento, pero usted ya no cubre mis expectativas" ?No es ese principio de todo despido?. O cuando el empleado se va por el maltrato f?sico o psicol?gico que recibe en la organizaci?n por parte de sus hom?logos o supervisores, as? como la detecci?n de practicas inmorales, imprudencia o cualquier hecho que juzgue inconveniente, ?no tiene igual derecho el empleado de desaprobar a la organizaci?n?

Un hecho curioso es que las empresas no dejan de ser atractivas porque posean o no un alto ?ndice de rotaci?n, o visto desde otra ?ptica, porque constantemente sea despedida por sus empleados. Los candidatos miden a las empresas por su capacidad de producci?n, adaptabilidad, innovaci?n, compensaci?n, beneficios y resultados, jam?s por el ?ndice de rotaci?n, pues, al parecer, quienes desean pertenecer a ella no observan como un hecho excluyente el que uno u otro trabajador haya decidido poner punto final a la relaci?n de trabajo por no sentirse a gusto con la empresa o por no ver cubiertas sus expectativas. Caso contrario a lo que algunas empresas hacen con los candidatos. Parad?jico, ?no?

Los empleados tienen, al igual que las organizaciones, el mismo per?odo para evaluarlas, y no debe ser visto como algo que compete exclusivamente a ellas. Durante los primeros meses, tanto el gerente como el empleado pueden poner fin a la relaci?n laboral si no ven cubiertas las expectativas que la origin?, sin embargo, ello tambi?n puede ocurrir, como de hecho sucede, posterior a ese per?odo, lo que se traduce en una simple sensaci?n de satisfacci?n no alcanzada que termina por romper los lazos que la unen. ?Hay algo de malo en ello? Si un patrono considera que un empleado no cumple con aquello para lo que se le ha contratado ?qui?n puede juzgarlo? Las empresas no son instituciones ben?ficas de aprendizaje pr?ctico donde los errores carecen de costo, evidentemente si alguien no produce debe dar paso a quien s? lo har?... Pero, por otro lado, si las expectativas que cautivaron la atenci?n del candidato electo se desvanecen en el tiempo dejando al descubierto elementos de insatisfacci?n, ?no tiene todo el derecho de decirle adi?s y procurar mejoras? ?Por supuesto! Y es ah? donde se produce un despido a la inversa.

Ahora bien, una vez comprendido que tanto una parte como la otra tiene derecho al despido, y que ?ste no necesariamente se produce porque alguna de las partes sea mala, sino que, simplemente, existen una serie de elementos que conllevan a ello... ?qu? justifica el empe?o de convertirlo en un estigma para quien lo experimenta? Haber sido despedido debe ser considerado como una experiencia de inter?s, pues no s?lo demuestra la orientaci?n al logro que tiene el candidato, quien ha decidido continuar y no se queda en casa sintiendo l?stima de s?, por el contrario permite observar su constancia, pues a?n en conocimiento de que ello puede limitarlo laboralmente, continua luchando por ser valorado por lo que puede hacer y no por lo que hizo. Esa actitud da signos de autoestima, automotivaci?n, ambici?n, persistencia, creatividad y adaptaci?n. Adem?s, ?qui?n mejor para valorar el empleo que aquel que sabe lo que es perderlo?

Es un error maximizar el despido, siempre y cuando ?ste no ocurriera por elementos que hayan puesto en riesgo, de manera consciente, la vida, la moral y la integridad financiera de la empresa o quienes la integran; primero porque, al ser un derecho que tanto el empleado como la empresa comparten, deben evaluarse las circunstancias que condujeron a ?l, luego porque en algunos casos est?n de trasfondo elementos tales como la envidia, celos profesionales, castigos, competencia desleal y otros elementos subjetivos propios del ser humano; y finalmente, porque lo que debe valorar la empresa son las caracter?sticas y el desempe?o que el individuo muestra en el proceso de selecci?n, sus competencias, conocimiento y capacidad de agregar valor, pues si este se ajusta a las expectativas del cargo... ?significa que est?n equivocados los resultados obtenidos en las pruebas y entrevistas si se averigua que el candidato fue despedido?

Basado en estas reflexiones se puede concluir lo siguiente:

El despido es un instrumento de evaluaci?n que puede ser practicado tanto por la empresa como por el empleado, pues se trata de culminar una relaci?n que no beneficia a una de las partes.

El despido no debe ser considerado como un elemento excluyente y limitativo, sino como una experiencia de donde debe obtenerse un aprendizaje.

Como el despido no tiene una fecha pre-determinada y puede darse en cualquier momento, la experiencia laboral debe ser medida por su intensidad y no por su duraci?n, basados en la premisa de que toda experiencia es buena.

Cuando es el empleado quien despide a la empresa, deben tomarse en cuenta las competencias gerenciales presentes en esa toma de decisi?n, pues para ello ha debido evaluar el entorno, el futuro inmediato, los pro y contra, as? como su alcance y consecuencias.

El despido es simplemente una etapa que culmina, un ciclo com?n en el ?mbito profesional, ni las empresas debe evaluarlo como una limitaci?n laboral, ni los que lo experimentan deben observarlo como una desgracia, es tan solo una oportunidad para renovarse y crecer.

Art?culo de Felix Socorro

La Fundaci?n Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo ha publicado recientemente los resultados de dos investigaciones sobre la relaci?n entre condiciones de empleo y salud. Estas son algunas de sus conclusiones:

La inseguridad en el trabajo empeora la percepci?n de los trabajadores sobre la propia salud. Seg?n la Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, los trabajadores temporales refieren con mayor frecuencia que los fijos fatiga, dolor en la espalda y dolores musculares.

Las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales son peores que las de los fijos. Los primeros est?n m?s expuestos a posturas penosas, ruido intenso, movimientos repetitivos y tareas repetitivas cortas. Adem?s tienen mucha menos autonom?a sobre la gesti?n de su trabajo y del tiempo.

Un alto nivel de apoyo por parte de los compa?eros, supervisores o sindicatos puede ayudar a compensar los efectos negativos de la precariedad. Tener informaci?n acerca de los cambios que ocurren en el trabajo y sentir que uno tiene alg?n control de la situaci?n tambi?n puede ser ?til aunque todo ello no pasa de ser, en el mejor de los casos, una soluci?n parcial.

Estas medidas paliativas, sin embargo, no suelen utilizarse. A los trabajadores temporales se les consulta menos, reciben menos formaci?n y participan menos en los debates sobre sus problemas de trabajo con sus compa?eros, jefes y representantes.

La Fundaci?n Europea acaba recomendando que los gobiernos europeos supediten su pol?tica de mercado laboral a la evaluaci?n de los impactos sobre la salud y que estudien c?mo reducir y contrarrestar los efectos negativos de los cambios en el actual mercado laboral. Tambi?n exhorta a empresarios y sindicatos a prestar m?s atenci?n a los aspectos relacionados con la salud en las decisiones sobre recursos humanos.

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En la Carta Social de Derechos Sociales de los Trabajadores se expresa la preocupaci?n de aprobar a escala comunitaria unos derechos fundamentales que no podr?n verse cuestionados bajo la presi?n de la competencia, productividad etc?
En aquella Carta se establecen los grandes principios sobre los que se basa el modelo europeo de relaciones laborales entre los cuales se menciona el derecho a la formaci?n profesional?.

La formaci?n de los trabajadores se ha convertido en un instrumento fundamental para el adecuado desarrollo no s?lo del trabajador sino del futuro de la propia empresa para la que presta sus servicios: un trabajador bien formado es m?s productivo y desempe?a un trabajo de mayor calidad, hay que potenciar que las empresas destinen m?s recursos en esta materia. Esto ha sido puesto de relieve por la propia Comisi?n Europea , que incluso ha llegado a recomendar a Espa?a mejorar este aspecto, entre otros.
Es un hecho que las empresas no destinan los mismos recursos en un trabajador con contrato indefinido que en uno de car?cter temporal, y esta es otra caracter?stica que afecta negativamente a este colectivo de trabajadores, ya de por s? muy castigados.

Si a un trabajador temporal en estado de precariedad desde el punto de vista de la estructura social, es decir con unas malas condiciones de trabajo, en total situaci?n de dependencia y con dif?cil acceso a los recursos b?sicos de la sociedad, le a?adimos otra caracter?stica negativa como es la de la nula predisposici?n de facilitarles el acceso a una adecuada formaci?n que les pueda reportar una peque?a esperanza de reconvertir su situaci?n en indefinida con el transcurso del tiempo, su situaci?n es dif?cil que pueda ser mejorable.

Al referirme a la formaci?n quiero hacer referencia a aquella que es necesaria en el desempe?o del trabajo o al menos fundamental para poder mejorar y a?adir una calidad extra al trabajo desempe?ado lo cual redunda en algo positivo para la empresa. No estoy refiri?ndome a la formaci?n b?sica que se realiza en la red de ense?anza estatal, bien publica o privada, de hecho contamos, en palabras de los pol?ticos de nuestro pa?s y en datos objetivos que as? lo indican, con los trabajadores mejor preparados de la historia de nuestro pa?s, por ello no tiene sentido que los empresarios recalquen la necesidad de que se persiga el ?ndice de fracaso escolar, cuando ellos tienen una gran oferta de mano de obra, barata y muy bien preparada donde elegir, luego es cuando este empresario deber? formar, en l?neas generales, a un trabajador para que le ofrezca el rendimiento esperado en dicho puesto de trabajo.

Y si seg?n los datos ya analizados, el 30% de trabajadores de nuestro pa?s que posee un contrato temporal y encima no reciben la adecuada formaci?n, no es de extra?ar observar diariamente graves accidentes laborales de personas con muy pocos d?as, incluso horas de trabajo efectivas desde la firma del contrato, una de las causas es la urgencia por realizar los trabajos con personal en condiciones precarias y con una nula preparaci?n y formaci?n pr?ctica, hay que insistir a los empresarios de que es fundamental mejorar la formaci?n en prevenci?n de riesgos para reducir la sangr?a de graves accidentes que padecemos.

Los expertos recomiendan rebajar a 25 d?as el coste del despido para reducir la temporalidad


Un estudio de la Fundaci?n Alternativas, pr?xima al PSOE, rebate la idea de Trabajo de que no es necesario abaratar la extinci?n de los contratos. Plantea elevar el periodo de prueba en los contratos indefinidos, en contra de lo que dice UGT.


Los profesores y expertos en el mercado de trabajo, Juan Francisco Jimeno y Juan Jos? Dolado, son partidarios de combinar dos medidas, fundamentalmente en los costes del despido y en la protecci?n del desempleo, para reducir el empleo temporal en Espa?a. Con esta forma de ocupaci?n laboral hay en estos momentos cuatro millones de trabajadores, el 30 por ciento de los asalariados por cuenta ajena.

En los costes del despido, ambos expertos consideran "necesario establecer una
indemnizaci?n ?nica" para el empleado en los casos de extinci?n de la relaci?n
laboral que sea finalmente declarado improcedente, a?n cuando fuera
presentado por causas objetivas: econ?micas, organizativas, tecnol?gicas y de
producci?n. Los autores consideran necesario reducir la compensaci?n del
trabajador a 25 ? 30 d?as de salario por a?o trabajado, "eliminando las distintas
categor?as" de indemnizaci?n que hay actualmente para estos casos, en funci?n
del tipo de contrato indefinido que tenga el trabajador.

Actualmente, la compensaci?n para los despidos improcedentes puede ir desde
los 45 d?as por a?o de antig?edad, para el contrato fijo ordinario, hasta los 33
d?as por a?o, si se trata de un empleo estable nacido de la reforma laboral de
1997. La propuesta forma parte de un estudio elaborado por ambos profesores para la
Fundaci?n Alternativas, pr?xima al PSOE, sobre la Contrataci?n temporal y los
costes del despido en Espa?a.

El empresario no puede unilateralmente suspender los contratos de trabajo por dichas causas, es necesaria la previa autorizaci?n administrativa cualquiera que sea el n?mero de trabajadores afectados. Se autoriza la suspensi?n de los contratos cuando del expediente se desprenda, razonablemente, que tal medida temporal es necesaria para la superaci?n de la situaci?n coyuntural de la actividad de la empresa. La coyunturalidad es un elemento que concreta la naturaleza de las causas que pueden justificar la suspensi?n, expres?ndose con este t?rmino la situaci?n que en un momento dado se produce en una empresa como consecuencia de la interacci?n simult?nea de una serie de circunstancias, contraponi?ndose al t?rmino `estructural por lo moment?neo de lo coyuntural, frente a la larga duraci?n de aqu?l; la suspensi?n procede cuando las causas no inciden permanentemente en la situaci?n de la empresa, y sus efectos son superables con medidas no definitivas, tras cuya aplicaci?n, el esquema organizativo de la empresa es sustancialmente el mismo, sirviendo las medidas sobre el empleo para superar lo antes posible y con los menores da?os en la situaci?n estructural de la empresa los efectos negativos de la causa coyuntural (Resol DGTr 6-9-00).El procedimiento de suspensi?n de los contratos es id?ntico al expuesto para la extinci?n, con las siguientes salvedades:1) No se devenga derecho a indemnizaci?n alguna.2) El per?odo de consultas ha de ser, en todo caso, de 15 d?as naturales.3) La documentaci?n que se aporte ha de ser la estrictamente necesaria para acreditar que se trata de una situaci?n coyuntural.Los efectos que produce la suspensi?n del contrato son los recogidos, de forma gen?rica, en los Art. 45.2 y 48ET , referentes a la suspensi?n del contrato de trabajo.Esta suspensi?n produce en general efectos sobre:1.-la obligaci?n de trabajar y remunerar el trabajo 2.-el derecho al reingreso como consecuencia de la reserva del puesto de trabajo3.-la pervivencia del resto del contenido obligacional del contrato4.-el per?odo de prueba (se interrumpe)5.-la vigencia de un contrato temporal (lo que se suspende es el contrato mientras est? vigente pero no el c?mputo de duraci?n del contrato que se extingue por la llegada del t?rmino del mismo.(TSJ C.Valenciana 30-09-97, AS 3020)

Espa?a tiene la tasa de precariedad laboral m?s alta de la Uni?n Europea, con un 30?7 por ciento y un 34?6 por ciento respectivamente. Le siguen a m?s de diez puntos Portugal (20 por ciento) y Finlandia (18 por ciento) y duplica la de Suecia, Francia (15 por ciento) y la media europea. La situaci?n espa?ola contrasta escandalosamente con el nivel de contrataci?n temporal entre los trabajadores de Luxemburgo (3 por ciento), Irlanda (5 por ciento), Reino Unido (7 por ciento), Austria (8 por ciento) y B?lgica (9 por ciento).

La mitad de los trabajadores temporales tienen menos de 30 a?os de edad. Los j?venes de entre 15 y 19 a?os de edad son el n?cleo de poblaci?n m?s expuesto a los contratos temporales, el 48 por ciento de las mujeres y el 56 por ciento de los hombres. Esta proporci?n se dispara de nuevo en Espa?a, con el 83 por ciento de las mujeres y el 87 por ciento de los hombres asalariados, en Francia (78 por ciento y 86 por ciento) y Alemania (78 por ciento y 84 por ciento).

Los empleados temporales son las principales v?ctimas del paro. El 44 por ciento de las mujeres y el 38 por ciento de los hombres que se encuentran inscritos en las listas de desempleo es debido a que sus contratos temporales hab?an expirado. Esta proporci?n se eleva al 70 por ciento en el caso de Espa?a y Finlandia.

Lo habitual es que estos contratos tengan una duraci?n inferior a los seis meses, algo que sucede en el 35 por ciento de los casos. Esta proporci?n se reduce al 25 por ciento en los contratos de entre siete meses y un a?o y en los de entre uno y tres a?os. Apenas un 15 por ciento superan los 36 meses de duraci?n. Espa?a, de nuevo, destaca en las estad?sticas porque se firman contratos de menos de seis meses en m?s del 60 por ciento de los casos. Los de m?s de un a?o apenas superan el 5 por ciento y los de m?s de tres a?os son inexistentes.

En Palabras de Luis Tohar?a Cort?s despu?s del paro el problema de la contrataci?n temporal es seguramente el problema fundamental del mercado de trabajo espa?ol.
De los casi 13,6 millones de trabajadores asalariados que hay en el pa?s, m?s de 4 millones no tienen una relaci?n estable con la empresa, lo que sit?a la tasa de temporalidad en el 30,6%, la m?s alta de Europa con diferencia, donde se alcanza una media del 13%.

A nivel mundial debemos poner de manifiesto la delicada situaci?n que padecemos:

En materia de justicia social el balance de las dos ?ltimas d?cadas ha sido desolador. En el 2002 hemos llegado a una situaci?n en el que el 20% de los habitantes m?s ricos del planeta acaparan m?s del 80% de la riqueza creada. Bastar?a el 1% del patrimonio de las 200 personas m?s ricas del mundo para financiar el acceso universal a la educaci?n primaria a todos los ni?os del planeta, seg?n los c?lculos del Informe 1999 del PNUD . En 1971 las Naciones Unidas identificaron un grupo de pa?ses considerados los m?s pobres los que sumaron entonces 27 estados. En el 2002, s?lo uno de ellos hab?a salido de la lista, pero, ingresaron a ella otros veintitr?s. Estos 49 estados parias del mundo totalizan 640 millones de seres humanos. Abundando en estos datos, el Informe 2003 del PNUD agrega que en la ?ltima d?cada son 54 los pa?ses que se han empobrecido en t?rminos absolutos; a los que hay que agregar aquellos otros donde, a pesar del crecimiento econ?mico, la poblaci?n por debajo de la l?nea de pobreza se ha incrementado o bien aunque ha disminuido la pobreza absoluta se ha incrementado la pobreza relativa, o sea, la desigualdad entre los de arriba y los de abajo:


? A) 1500 millones de personas viven con menos de un d?lar diario y un tercio de la poblaci?n mundial vive bajo el umbral de la pobreza.

? B) En el mundo existen mas de 160 millones de desempleados y ocho de cada diez no gozan de protecci?n adecuada y suficiente.

? C) M?s de 211 millones de ni?os y ni?as entre 5 y 14 a?os son v?ctimas de explotaci?n infantil, maltratos y abusos sexuales y del tr?fico y venta como esclavos para trabajar en agricultura, construcci?n, talleres textiles, calzado y trabajo dom?stico, en Espa?a tambi?n, 200.000.

?D) Cada a?o mueren 11 millones de ni?os menores de 5 a?os.

?ste es nuestro mundo, esto es lo que est? pasando, las consecuencias son: la pobreza, la esclavitud, la explotaci?n en el trabajo y 1a precariedad laboral.

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Los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social tendr?n la consideraci?n de agentes de la autoridad, est?n autorizados para:

Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspecci?n y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspecci?n coincidiese con el domicilio de la persona f?sica afectada, deber?n obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorizaci?n judicial.
Al efectuar una visita de inspecci?n, deber?n comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha comunicaci?n pueda perjudicar el ?xito de sus funciones.
Requerir informaci?n, s?lo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicaci?n de las disposiciones legales, as? como a exigir la identificaci?n, o raz?n de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.
Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ?mbito de actuaci?n, en el centro inspeccionado o en las oficinas p?blicas designadas por el subinspector actuante.
Examinar en el centro de trabajo la documentaci?n y los libros de la empresa con transcendencia en la verificaci?n del cumplimiento de la legislaci?n del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los programas inform?ticos y archivos en soporte magn?tico, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripci?n, afiliaci?n, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspecci?n. El subinspector est? facultado para requerir la presentaci?n de dicha documentaci?n en las oficinas p?blicas correspondientes.
Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de sus actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas al fin que se persiga, para impedir la destrucci?n, desaparici?n o alteraci?n de la documentaci?n mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de dif?cil o imposible reparaci?n a los sujetos responsables o implique violaci?n de derechos.
En el desarrollo de estas acciones la Inspecci?n podr? solicitar la colaboraci?n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Finalizada la actividad comprobatoria del subinspector, podr? adoptar las siguientes medidas:

Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso as? lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores.
Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le se?ale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social, incluso con su justificaci?n ante el funcionario actuante.
Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensi?n de actas de infracci?n, o de obstrucci?n, as? como iniciar expedientes liquidatorios por d?bitos a la Seguridad Social y conceptos de recaudaci?n conjunta, mediante la pr?ctica de actas de liquidaci?n.
Promover procedimientos de oficio para la inscripci?n de empresas, afiliaci?n y altas y bajas de trabajadores en el r?gimen correspondiente de la Seguridad Social.
Promover internamente procedimientos para el encuadramiento de empresas y trabajadores en el r?gimen correspondiente de la Seguridad Social.
Instar del correspondiente organismo la suspensi?n o cese en la percepci?n de prestaciones sociales, si se constatase su obtenci?n o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula.
Comunicar al organismo competente los incumplimientos que compruebe en la aplicaci?n y destino de ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, formaci?n profesional ocupacional y promoci?n social.
Cuantas otras medidas se deriven de la legislaci?n en vigor.
Funciones de asistencia t?cnica

La Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social, adem?s de su actividad inspectora efect?a entre otras las funciones de:

Facilitar informaci?n t?cnica a empresas y trabajadores, con ocasi?n del ejercicio de la funci?n inspectora.
Prestar asistencia t?cnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitada.
Informar, asistir y colaborar con otros ?rganos de las Administraciones p?blicas respecto a la aplicaci?n de normas de orden social, o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones p?blicas.
Emitir los informes que le recaben los ?rganos judiciales competentes, en el ?mbito de las funciones y competencias inspectoras cuando as? lo establezca una norma legal.
Resoluci?n de expedientes sancionadores y liquidatorios por ?rganos de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social

Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados (de acuerdo con el art.5 de la Ley 42/1997 y el Reglamento de Organización y Funcionamiento ) para:

1.-Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

2.-Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o habilitados oficialmente que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora.

3.-Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para:

      3.1.-Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.

      3.2..-Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante.

      3.3.-Examinar en el centro de trabajo la documentación y los libros de la empresa con transcendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector está facultado para requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes.

     3.4.-Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante y obtener copias y extractos de los documentos que se indican en el punto anterior.

4.-Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de sus actuaciones las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas al fin que se persiga, para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos.
En el desarrollo de estas acciones podrán solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los Inspectores de Trabajo finalizada la actividad comprobatoria inspectora, podrán adoptar las siguientes medidas:

a)Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores.
b)Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social, incluso con su justificación ante el funcionario actuante.
c)Requerir al empresario a fin de que, en un plazo determinado, lleve a efecto las modificaciones que sean precisas en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud o a la seguridad de los trabajadores.
d)Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción, de infracción por obstrucción, o requiriendo a las Administraciones públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del personal civil a su servicio; iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, mediante la práctica de actas de liquidación.
e)Promover procedimientos para el encuadramiento de empresas y trabajadores en el régimen de la Seguridad Social que proceda, sin perjuicio del inicio del expediente liquidatorio si procediese.
f)Promover procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de trabajadores en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
g)Instar del correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones sociales, si se constatase su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula.
h)Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene.
i)Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en relación a empresas por su comportamiento en la prevención de riesgos y salud laborales, con sujeción a la normativa aplicable.
j)Proponer al órgano correspondiente que exija la devolución de lo indebidamente percibido por prestaciones o ayudas en fraude, e instar la actuación del Ministerio Fiscal si hubiere lugar.
k)Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
l)Comunicar al organismo competente los incumplimientos que compruebe en la aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, formación profesional ocupacional y promoción social.
m)Proponer la formulación de demandas de oficio ante la Jurisdicción de lo Social en la forma prevista en la Ley reguladora de dicho Orden Jurisdiccional.
Cuantas otras medidas se deriven de la legislación en vigor.

Las Inspecciones de Trabajo las efect?n los INSPECTORES y SUBINSPECTORES de Trabajo y Seguridad Social y su actividad se encuentra regulada en LEY 42/1997, de 14 de Noviembre, ordenadora de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social

Puede solicitar una Inspecci?n toda persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracci?n en materia laboral, seguridad y salud laboral, seguridad social, empleo, etc. Dicha inspecci?n se solicita ante las Inspecciones, ?reas o Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales, y unidades correspondientes de las Comunidades Aut?nomas a trav?s de denuncia por escrito.


De cada actuaci?n de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social, el funcionario actuante extender? diligencia en el Libro de Visitas de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo a disposici?n de la misma.

La actuaci?n de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social se ejerce en:

Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestaci?n laboral.
Los veh?culos y los medios de transporte en general, en los que se preste trabajo.
Los puertos, aeropuertos, veh?culos y puntos de salida, escala y destino, en lo relativo a los viajes de emigraci?n e inmigraci?n interior.
Las entidades y empresas colaboradoras en la gesti?n de la Seguridad Social.
Las entidades p?blicas o privadas que colaboren con las distintas Administraciones p?blicas en materia de protecci?n y promoci?n social.
Las sociedades cooperativas en relaci?n a su constituci?n y funcionamiento y al cumplimiento de las normas de orden social en relaci?n a sus socios trabajadores o socios de trabajo, y a las sociedades laborales en cuanto a su calificaci?n como tales.
Se except?an los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia est? legalmente atribuida a otros ?rganos de las Administraciones P?blicas.

Bases de cotizaci?n por contingencias comunes (Reg. General)

Grupo.Cotiz Categor?a Profesional Bases.M?nimas Bases.M?ximas
EUROS-MES EUROS-MES

Ingenieros y Ldos.
1 Personal de alta direcci?n 836,10 2813,40
no incluido en el
art?culo 1.3.c) del ET


2 Ingenieros T?cnicos,
Peritos y Ayudantes 693,60 2813,40
Titulados


3 Jefes Administrativos 603,00 2813,40
y de Taller


4 Ayudantes no Titulados 598,50 2813,40

5 Oficiales Administrativos 598,50 2813,40

6 Subalternos 598,50 2813,40

7 Auxiliares Administrativos 598,50 2813,40

EUROS-D?A EUROS-D?A

8 Oficiales de 1? y 2? 19,95 93,78

9 Oficiales de 3? y Espec. 19,95 93,78

10 Trabajadores >18 a?os 19,95 93,78
no cualificados

11 Trabajadores <18 a?os 19,95 93,78



* Tope M?ximo de Cotizaci?n: 2.813,40 euros mensuales.
* Tope M?nimo de Cotizaci?n: 598,50 euros mensuales.


Tipos de cotizaci?n (Reg. General)


Conceptos Empresa Trabajador Total

Contingencias Comunes 23,60% 4,70% 28,30%

Horas Extraordinarias

Fuerza Mayor 12% 2% 14%

Resto 23,60% 4,70% 28,30%


Desempleo

Tipo General 6% 1,55% 7,55%
Contrato de duraci?n
determinada a tiempo
completo 6,70% 1,60% 8,30%


Contrato de duraci?n
determinada a tiempo
parcial 7,70% 1,60% 9,30%

Contrato de duraci?n
determinada (ETT) 7,70% 1,60% 9,30%

A tiempo completo o
parc. Idem con trab.
minusv?lido 6,00% 1,55% 7,55%


Fondo de Garant?a Salarial 0,40% ----- 0,40%

Formaci?n Profesional 0,60% 0,10% 0,70%



Trabajadores Aut?nomos

La base de cotizaci?n de los trabajadores que a 1 de enero de 2005 tengan edad inferior a cincuenta a?os, ser? la elegida por ellos dentro de la bases m?nima (770,40 euros) y m?xima (2.813,40 euros).

A dicha base se le aplicar? el tipo de cotizaci?n del 29,8%. En el supuesto que el trabajador no se acoja a la protecci?n por incapacidad temporal, el tipo ser? del 26,5%:

Cuota m?nima con Incapacidad Temporal: 229 euros/mes aprox.
Cuota m?nima sin Incapacidad Temporal: 204 euros/mes aprox.
Si en dicha fecha tuvieren cincuenta o m?s a?os, estar? limitada la base entre los 781,90 euros y 1.465,60 euros mensuales, salvo que, con anterioridad, vinieran cotizando por una base superior, o en los supuestos en los que el c?nyuge sup?rstite del titular del negocio, al fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en el RETA con 45 o m?s a?os de edad (las bases estar?n comprendidas entre los 770,40 y 1.465,50 euros mensuales).

Los trabajadores con 30 a?os o menos de edad, y las mujeres con 45 a?os o m?s de edad, podr?n optar por la base m?nima de 598,50 euros mensuales (opci?n alta inicial R.E.T. Aut?nomos), aplic?ndose los mismos tipos vistos.

La liquidaci?n debe hacerse por per?odos mensuales que coinciden con los meses naturales, y su importe se ingresa dentro del mismo mes a que aquellas corresponden.




Cotizaci?n en los contratos a tiempo parcial (Reg. General)


Grupos cotizaci?n / Categor?as Base m?nima por hora/Euros

1-Ingenieros y Licenciados.
Personal de alta direcci?n no incluido
en el art?culo 1.3.c) del ET 4,19

2-Ingenieros T?cnicos, Peritos
y Ayudantes Titulados 3,47

3-Jefes Administrativos de Taller 3,02

4-Ayudantes no Titulados 2,98

5-Oficiales Administrativos 2,98

6-Subalternos 2,98

7-Auxiliares Administrativos 2,98

8-Oficiales de primera y segunda 2,98

9-Oficiales de tercera y especialistas 2,98

10-Trabajadores >de 18 a?os, no cualificados 2,98

11-Trabajadores < de 18 a?os 2,9

La efectividad del derecho al trabajo reconocido en el art?culo 35 de la Constituci?n Espa?ola presenta mayores dificultades para las personas con discapacidad, de ah? que sea necesario la adopci?n de medidas que compensen estas dificultades fomentando la incorporaci?n de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tal y como qued? plasmado el Acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comit? Espa?ol de Representantes de Minusv?lidos (CERMI), sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad y que constituye el II Plan de Empleo MTAS-CERMI 2002-2004.

Con este nuevo Real Decreto se pretende dar cumplimiento a uno de los compromisos contra?dos en este acuerdo, concretamente al que figura en el apartado III.4, consistente en modificar el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusv?lidos, para incentivar la contrataci?n de mujeres con discapacidad y realizar otras adaptaciones t?cnicas.

As?, se incrementan los incentivos para la contrataci?n indefinida de mujeres con discapacidad, ya que cuentan con una doble dificultad en la vida social y laboral, por su condici?n de mujeres y de discapacitadas. Por este motivo se elevan las bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, hasta el 90 por 100 para las menores de 45 a?os, y al 100 por 100 de bonificaci?n para las mayores de 45 a?os.


Uno. El apartado 1 del art?culo 7 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, queda redactado del siguiente modo:

1. Las empresas que contraten por tiempo indefinido y a jornada completa a trabajadores minusv?lidos tendr?n derecho a una subvenci?n de 3.907 euros por cada contrato de trabajo celebrado y, durante su vigencia, a bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudaci?n conjunta, en las siguientes cuant?as:

70 % por cada trabajador minusv?lido contratado menor de 45 a?os. En el caso de contrataci?n de mujeres minusv?lidas, dicho porcentaje ser? del 90 %.

90 % por cada trabajador minusv?lido contratado de 45 o m?s a?os. En el caso de contrataci?n de mujeres minusv?lidas, dicho porcentaje ser? del 100 %.

Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, se mantendr?n las bonificaciones en las cuotas descritas en los p?rrafos anteriores, si bien la subvenci?n de 3.907 euros se reducir? proporcionalmente a la jornada pactada.


Se simplifican y agilizan los requisitos para que las empresas de nueva creaci?n del mercado de trabajo ordinario puedan beneficiarse de las subvenciones y bonificaciones previstas, unific?ndolos con las empresas ya existentes, para facilitar la contrataci?n indefinida de los trabajadores discapacitados desde el inicio de la actividad empresarial



Dos. El art?culo 8 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, queda redactado de la siguiente forma:

Art?culo 8.

Las empresas deber?n solicitar los trabajadores minusv?lidos de la correspondiente oficina de empleo, con descripci?n detallada de los puestos que se quieran cubrir, sus caracter?sticas t?cnicas, as? como capacidad que debe tener el trabajador para cubrir dicho puesto. La presentaci?n del contrato en modelo oficial y por ejemplar cuadruplicado, acompa?ado de la solicitud de alta en el r?gimen correspondiente de la Seguridad Social y del certificado que acredite el grado de minusval?a, expedido por el organismo competente, surtir? los efectos de solicitud de las subvenciones y bonificaciones a que hace referencia el art?culo anterior.

El servicio p?blico de empleo competente solicitar? el informe de los equipos multiprofesionales sobre la adecuaci?n del puesto de trabajo a la minusval?a de los trabajadores que, teniendo acreditada tal circunstancia, se encuentren inscritos en la oficina de empleo.

Completada la documentaci?n, el servicio p?blico de empleo competente notificar? a las empresas la resoluci?n sobre la concesi?n de las subvenciones o bonificaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de la presentaci?n. Transcurrido dicho plazo sin resoluci?n expresa, se entender?n denegadas.




Se ampl?an las subvenciones para la adaptaci?n de los puestos de trabajo de los discapacitados, con ayudas, tanto para medidas relacionadas con la prevenci?n de riesgos, como con las de accesibilidad al empleo de los trabajadores con discapacidad, para eliminar barreras u obst?culos que impidan o dificulten su acceso al empleo. Podr?n concederse est?s ayudas cuando se trate de contratos indefinidos o de contratos temporales si la duraci?n del mismo no es inferior a 12 meses.





Tres. El art?culo 12 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, queda redactado de la siguiente manera:

Art?culo 12.

Las empresas que contraten trabajadores minusv?lidos mediante un contrato indefinido podr?n solicitar subvenciones con cargo al Servicio P?blico de Empleo Estatal, que ser?n compatibles en su caso con los beneficios establecidos en los art?culos anteriores, destinadas a la adaptaci?n de los puestos de trabajo o dotaci?n de equipos de protecci?n personal necesarios para evitar accidentes laborales al trabajador minusv?lido contratado o para eliminar barreras u obst?culos que impidan o dificulten el trabajo de los trabajadores minusv?lidos. La necesidad de adaptaci?n o de medios especiales de protecci?n personal deber? contar con el informe favorable de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social.

Si la empresa no solicitase esta ayuda, podr? hacerlo el propio trabajador



Por lo tanto, estas subvenciones se podr?n solicitar no s?lo para contratos indefinidos, sino tambi?n para temporales de duraci?n superior a doce meses.

Estas medidas vienen a sumarse a otras ya en vigor como las incluidas en la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protecci?n por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que regula, entre otras cuestiones, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad que se establezcan por cuenta propia, adaptaci?n de los contratos formativos para las personas con discapacidad ps?quica y apoyo a la sustituci?n de trabajadores discapacitados en situaci?n de incapacidad temporal o en la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma econ?mica, procedente del Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, que incrementa las bonificaciones de los contratos de fomento del empleo temporal en favor de las trabajadoras con discapacidad.

Andaluc?a:
1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
28 de febrero (lunes), D?a de Andaluc?a.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.

Arag?n:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
23 de abril (s?bado), San Jorge (D?a de Arag?n).
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Asturias:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
8 de septiembre (jueves), D?a de Asturias.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Baleares:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
1 de marzo (martes), D?a de las Illes Balears.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Canarias:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
30 de mayo (lunes), D?a de Canarias.
25 de julio (lunes), Santiago Ap?stol
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola,
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.

Cantabria:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
28 de julio (jueves), D?a de las Instituciones.
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
15 de septiembre (jueves), Ntra. Sra. de la Bien Aparecida.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.


Castilla-La Mancha:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
19 de marzo (s?bado), San Jos?.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
31 de mayo (martes), D?a de la Regi?n de Castilla-La Mancha.
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Castilla y Le?n:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
23 de abril (s?bado), Fiesta de la Comunidad Aut?noma.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
25 de julio (lunes), Santiago Ap?stol
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.


Catalu?a:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
28 de marzo (lunes), Lunes de Pascua.
16 de mayo (lunes), Lunes de Pascua Granada.
24 de junio (viernes), San Juan.
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Ceuta:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
2 de septiembre (viernes), D?a de la Ciudad Aut?noma de Ceuta.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Extremadura:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
8 de septiembre (jueves), D?a de Extremadura.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Galicia:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
19 de marzo (viernes), San Jos?.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
17 de mayo (martes), D?a de las Letras Gallegas.
25 de julio (lunes), Santiago Apostol.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.


La Rioja:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
28 de marzo (lunes), Lunes de Pascua.
9 de junio (jueves), D?a de La Rioja.
25 de julio (lunes), Santiago Apostol.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.


Madrid:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
3 de mayo (martes), Fiesta de la Comunidad de Madrid.
25 de julio (lunes), Santiago Apostol.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.


Melilla:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
19 de marzo (viernes), San Jos?.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
26 de diciembre (lunes), Lunes siguiente a la Natividad del Se?or - San Esteban.


Murcia:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
19 de marzo (viernes), San Jos?.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
9 de junio (jueves), D?a de la Regi?n de Murcia.
15 de agosto (lunes), Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.

Navarra:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
19 de marzo (viernes), San Jos?.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
28 de marzo (lunes), Lunes de Pascua.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
25 de julio (lunes), Santiago Ap?stol
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.
Pais Vasco:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
28 de marzo (lunes), Lunes de Pascua.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
25 de julio (lunes), Santiago Ap?stol
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.


Comunidad Valenciana:

1 de enero (s?bado), A?o Nuevo.
6 de enero (jueves), Epifan?a del Se?or.
19 de marzo (viernes), San Jos?.
24 de marzo (jueves), Jueves Santo.
25 de marzo (viernes), Viernes Santo.
28 de marzo (lunes), Lunes de Pascua.
2 de mayo (lunes), Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (lunes), La Asunci?n de la Virgen.
12 de octubre (miercoles), Fiesta Nacional de Espa?a.
1 de noviembre (martes), Todos los Santos.
6 de diciembre (martes), D?a de la Constituci?n Espa?ola.
8 de diciembre (jueves), Inmaculada Concepci?n.

1.-TR?MITES DE CONSTITUCI?N DE LA SOCIEDAD

-Certificado Negativo del Nombre

Es una certificaci?n acreditativa de que el nombre elegido para la sociedad no coincide con el de otra existente.

Documentos a presentar: Instancia oficial con los nombres elegidos (un m?ximo de tres).

Plazo: Antes de ir al notario. La Validez del nombre es de 2 meses.

Lugar: Registro Mercantil Central (en Madrid C/Pr?ncipe de Vergara 94).

Gastos: aproximadamente 12 Euros (2000 Ptas).

-Elaboraci?n de los Estatutos y Escritura de Constituci?n

Los estatutos son las normas que van a regir la sociedad (nombre, objeto social, capital social, domicilio social, r?gimen de participaci?n de cada socio...). Es recomendable ponerse en manos de un abogado para que los redacte. Las sociedades Laborales precisan una calificaci?n previa que le confiera el car?cter de "laboral" (el lugar depende de la comunidad en la que vayas a montar la empresa). A continuaci?n ten?is que pasar por el notario para firmar la escritura de constituci?n de la sociedad, es tal vez el tr?mite m?s caro pero sin ella no podr?s inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. Os solicitar? el certificado negativo del nombre visto antes, los Estatutos y un certificado bancario que acredite que hab?is ingresado el capital m?nimo inicial de la sociedad).

-Liquidaci?n del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

Es un impuesto que grava la constituci?n, aumento de capital, fusi?n, transformaci?n o disoluci?n de una sociedad. Tendr?is que pagar el 1% del capital inicial que pong?is en los estatutos.

Documentos a presentar: Impreso modelo 600, Primera copia y copia simple de la escritura de constituci?n, fotocopia del CIF provisional (por lo que antes has debido pasarte por hacienda a solicitar el CIF provisional).

Lugar: Depende de las Comunidades.

Plazo: 30 d?as h?biles a partir del otorgamiento de la escritura.

-Inscripci?n en el Registro de Sociedades Laborales

Antes de inscribirla en el Registro Mercantil, hay que efectuar la inscripci?n en el Registro Administrativo de Sociedades Laborales de la Direcci?n Gral. de Trabajo de la Comunidad correspondiente.

-Inscripci?n en el Registro Mercantil

Una vez inscrita en el registro, la sociedad adquiere personalidad jur?dica. Para ello deber?n haberse hecho todos los pasos anteriores, los cuales deben justificarse al registrador. La Sociedad An?nima Laboral debe presentarse a inscripci?n en el plazo de 1 mes desde el otorgamiento de la escritura de constituci?n por el notario, y la Limitada Laboral en el de 2 meses. El Registro Mercantil ser? el correspondiente al domicilio social que fijaseis en los Estatutos.

2.-TR?MITES EN HACIENDA

-Solicitud del C?digo de Identificaci?n Fiscal (CIF)

Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a diferencia del empresario individual que se identifica con su NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo en un plazo de 6 meses.

Documentos a presentar: Impreso modelo 036 ? modelo 037, copia simple de la escritura de constituci?n, fotocopia del DNI del solicitante si es un socio o fotocopia del poder notarial si es un apoderado.

Plazo: 30 d?as a partir del otorgamiento de la escritura. Luego hay 6 meses para retirar el CIF definitivo.

Lugar: Administraci?n o Delegaci?n de la Agencia Estatal de la Adm?n. Tributaria correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad.

-Alta en el Impuesto de Actividades Econ?micas (IAE)

Es un tributo de car?cter local, que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o art?sticas, se ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad, empresario o profesional. Se presentar?n tantas altas como actividades se vayan a ejercer. A partir del 1 de enero de 2003, est?n exentos del pago de este impuesto, las personas f?sicas, las sociedades civiles y sociedades mercantiles, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. No obstante sigue siendo obligatoria el Alta en el Impuesto.

Documentos a presentar: Modelo oficial 845-846 debidamente cumplimentado, DNI para el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el apoderado

Plazo: 10 d?as h?biles antes del inicio de la actividad

Lugar: Administraci?n o Delegaci?n de la Agencia Estatal de la Administraci?n Tributaria correspondiente al lugar en que se ejerza la actividad.

Gastos: Dependen de la actividad a realizar. Las tarifas se aprobaron por Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 28 de Septiembre y 1259/1991, de 2 de agosto.

-Declaraci?n censal (IVA)

Es la declaraci?n de comienzo, modificaci?n o cese de actividad, que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Documentos a presentar: Modelo oficial 036, DNI o CIF (para sociedades) y Alta en el IAE

Plazo: Antes del inicio de la actividad.

Lugar: Administraci?n de Hacienda o Delegaci?n correspondiente al domicilio fiscal de la empresa.

3.-TR?MITES EN M? TRABAJO

-Afiliaci?n y alta en el R?gimen de Aut?nomos

Es un r?gimen especial de la Seguridad Social obligatorio para trabajadores por cuenta propia y para los socios trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que dependiendo de los casos deben darse de alta en este r?gimen o en el General (ver ?En que r?gimen tengo que darme de alta?).

Documentos a presentar: Documento de afiliaci?n, Parte de lata de asistencia sanitaria, Parte de alta de cotizaci?n por cuadriplicado, Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una sociedad, en el caso de tratarse de un profesional Colegiado, certificado del colegio correspondiente.

Plazo: 30 d?as naturales siguientes al inicio de la actividad. No obstante, el alta causar? efectos a partir del d?a 1 del mes en que se inicie la actividad (si la actividad se inicia el 15 de enero y el alta se presenta el 10 de febrero debe pagarse desde el 1 de enero).

Lugar: Tesorer?a General de la Seguridad Social correspondiente.

Gastos: Vea la cuant?a para este a?o.

-Solicitud del n?mero de patronal

S?lo debe hacerse cuando va a contratarse alg?n trabajador (si usted lo va a hacer pulse ?Que debo hacer para contratar un trabajador?). De esta manera se inscribe la empresa en la seguridad social que asigna al empresario un C?digo de cuenta de cotizaci?n principal. Dicha inscripci?n ser? ?nica y v?lida para toda la vida de la persona f?sica o jur?dica titular de la empresa.

Documentos a presentar: Impreso de inscripci?n de empresas por triplicado, DNI del titular o copia de la escritura de constituci?n, contrato de asociaci?n o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar el sector laboral de la empresa, impresos de alta del trabajador contratado y alta en el IAE

Plazo: Antes de que el trabajador comience su actividad

Lugar: Tesorer?a General de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la empresa.

-Comunicaci?n de Apertura del centro de trabajo

Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la actividad despu?s de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia.

Documentos a presentar: Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla, datos de la actividad que se desarrolla.

Plazo: 30 d?as siguientes al inicio o reanudaci?n de la actividad.

Lugar: Direcci?n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

-Solicitud de los libros de Visita y Matr?cula

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas aunque no tengan trabajadores a su cargo y debe presentarse ante una posible Inspecci?n de Trabajo. Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

El libro de Matr?cula es necesario cuando se contraten trabajadores, y en el mismo se inscribir?n todos los que presten sus servicios en la empresa. Tambi?n debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Documentos a presentar: La Direcci?n General de la Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social pueden autorizar la sustituci?n del libro oficial de matr?cula, por otro sistema de documentaci?n que ofrezca las mismas garant?as.

Plazo: Antes de empezar la actividad y de contratar trabajadores

Lugar: Inspecci?n Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

4.-TR?MITES EN AYUNTAMIENTO

Los siguientes pasos son necesarios si va a abrir un local, va a hacer obras en ?l o si hay un cambio de titularidad o actividad. Si no est?s en estos casos no son necesarios. Sin embargo si vas a abrir un local es importante que como paso previo a todo lo comentado empieces consultando al Ayuntamiento sobre las posibilidades de que el local que tienes pensado pueda albergar el negocio deseado. ?De que te valdr?a comprar o alquilar el local si luego no puedes poner el negocio que pensabas?.

-Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)

Es una licencia municipal que acredita la adecuaci?n de las instalaciones proyectadas a la normativa urban?stica vigente y a la reglamentaci?n t?cnica que pueda serle aplicable. S?lo debe solicitarse cuando va a abrirse un local.

Las actividades se dividen en Inocuas (aquellas que no producen molestias ni da?os y que son m?s f?ciles de conseguir y m?s baratas) y Calificadas (aquellas que pueden resultar molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y que por lo tanto son m?s dif?ciles de conseguir y m?s caras)

Documentos a presentar: Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del local, DNI del solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y secci?n del local, Plano o croquis de la situaci?n del local, Presupuesto de las instalaciones. Adem?s si la actividad es Calificada ser? necesario un Proyecto de las instalaciones firmado por T?cnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente y con Direcci?n facultativa, que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas deben solicitar la Licencia de Funcionamiento.

Plazo: Antes de abrir el local. Una vez concedida la actividad debe comenzar dentro de los 6 meses siguientes a la concesi?n de la licencia.

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento.

-Licencia de obras

Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir local o no se van a hacer obras, no ser? necesaria. En determinados municipios, como es el caso de Madrid capital, la realizaci?n de obras de acondicionamiento menor de locales, que no afecten a la estructura, distribuci?n ni aspecto exterior de los mismos, no est?n sujetas a a la obtenci?n de Licencia de Obras. Bastar? una comunicaci?n previa, junto con la presentaci?n de los siguientes documentos: Planos de situaci?n, descripci?n de las obras y valoraci?n de las mismas.

Documentos a presentar: Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de planta, alzado y secci?n acotados y a escala, del estado actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras, Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la estructura del local se presentar? Proyecto firmado por T?cnico Competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente y con Direcci?n facultativa que incluya; Planos, Presupuesto y Memoria.

Plazo: Antes de realizar las obras. Una vez concedida la licencia las obras pueden ejecutarse hasta 6 meses despu?s de la fecha de concesi?n.

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento.

-Cambio de titularidad de un negocio

La titularidad de un negocio, con licencia de apertura concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado, siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que se pretende realizar el cambio.

Documentos a presentar: Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de constituci?n y CIF para sociedades, Documento de transmisi?n o conformidad con el anterior titular.

Plazo: Antes de empezar la actividad el nuevo titular. La actividad de este debe comenzar dentro de los seis meses siguientes al cambio de titularidad.

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento.

-Cambio de actividad (s?lo para actividades inocuas)

La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad inocua a otra) mediante un acto comunicado, depender? de la reglamentaci?n de cada Ayuntamiento.

Documentos a presentar: Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de constituci?n y CIF para sociedades, Plano o croquis de situaci?n, Planos de planta y secci?n del local, Memoria descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto de las instalaciones.

Plazo: Antes de empezar la nueva actividad. Debe comenzar dentro de los seis meses siguientes al cambio de actividad.

Lugar: Junta Municipal de Distrito o Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento.

La subida salarial media en los convenios colectivos registrados hasta febrero fue del 2,79 por ciento


Pa?s Vasco es la comunidad con mayores incrementos salariales y Canarias y Comunidad Valenciana, las que menos.


El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados en los dos primeros meses del a?o fue del 2,79 por ciento, dos d?cimas menos que la subida del mismo periodo de 2004 (2,81 por ciento) y cinco menos que la inflaci?n interanual registrada en febrero (3,3 por ciento), seg?n datos del Bolet?n de Estad?sticas Laborales del Ministerio de Trabajo.


La negociaci?n colectiva de 2005 toma como referencia, por cuarto a?o consecutivo, el Acuerdo Interconfederal de Negociaci?n Colectiva suscrito entre CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, fijando las subidas salariales en funci?n de la previsi?n oficial de inflaci?n (2 por ciento), el incremento de la productividad y la inclusi?n de la cl?usula de revisi?n, que afecta a tres de cada cuatro trabajadores con convenio.


Hasta finales de febrero se registraron 2.207 convenios (1.653 de empresa y 554 sectoriales), la gran mayor?a de ellos revisados, que afectaron a 3.991.000 trabajadores y contemplan una jornada laboral media de 1.757,2 horas anuales.


Desde el ?mbito funcional, sigue existiendo un importante diferencial entre las subidas pactadas en los convenios de empresa y en los sectoriales (2,52 por ciento y 2,82 por ciento, respectivamente). No obstante, tambi?n es bastante menor la jornada laboral en los primeros (1.695,2 horas anuales) que en los segundos (1.765 horas).


Por sectores de actividad, el mayor incremento salarial hasta febrero correspondi? a la agricultura (3,37 por ciento), seguido de construcci?n (2,99 por ciento), industria (2,96 por ciento) y servicios (2,54 por ciento).


En cuanto a la jornada media por trabajador, los convenios de agricultura tienen pactadas 1.775,1 horas anuales; los de industria, 1.752,6 horas; los de servicios, 1.757,6; y los de construcci?n, 1.745,3.


PA?S VASCO, A LA CABEZA.


Por comunidades aut?nomas, Pa?s Vasco registra los mayores incrementos salariales hasta febrero, con un 3,91 por ciento, seguida de Murcia (3,64 por ciento), Galicia (3,54 por ciento), Arag?n y Ceuta y Melilla (3,11 por ciento), Andaluc?a (3,07 por ciento), Extremadura (3,06 por ciento), Castilla-La Mancha (3,02 por ciento), Castilla y Le?n (3,01 por ciento), Navarra (2,96 por ciento), Cantabria (2,91 por ciento), Catalu?a (2,89 por ciento) y Asturias (2,84 por ciento)


En la media nacional (2,79 por ciento) se encuentran las subidas medias en los convenios de La Rioja, mientras que por debajo de ella figuran Madrid (2,57 por ciento), Baleares (2,54 por ciento), Canarias (2,52 por ciento) y Comunidad Valenciana (2,50 por ciento).

El director general de Ense?anza, Josep Vicent Felip, indic? que los datos de inserci?n profesional de los titulados en Formaci?n Profesional Reglada (FPR) "demuestran que tres de cada cinco alumnos logra su primer empleo un mes despu?s de finalizar sus estudios y un 90 por ciento consigue trabajo durante su primer a?o", con lo que, en su opini?n, "estamos asistiendo al desarrollo m?s r?pido y espectacular que ha tenido la FP", seg?n informaron el 19 de marzo fuentes de la Generalitat.


Por provincias, Alicante es la provincia que presenta un mayor grado de ocupaci?n durante el primer mes de finalizaci?n de los estudios de FP con un 63,5 por ciento de porcentaje; Castell?n presenta un 57,9 por ciento de inserci?n; y Valencia un 51,4 por ciento.


Las diez familias profesionales que mayor n?mero de titulados han insertado en el mercado laboral en 2003 son la Administraci?n; Sanidad; Electricidad-electr?nica; Comercio y Marketing; Mantenimiento y Servicios a la producci?n; Mantenimiento de Veh?culos Autopropulsados; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Inform?tica; Imagen personal; y Hosteler?a y Turismo. Adem?s, seg?n la Generalitat, estos datos coinciden con las profesiones que m?s eligen los estudiantes y que cuentan con mayor n?mero de titulados en el a?o 2004.


En este sentido, el director general destac? la evoluci?n de las familias profesionales de Industrias Alimentarias y Actividades Agrarias "por haber conseguido insertar el 100 por ciento de sus alumnos en el 2003".


Seg?n fuentes de la Generalitat, los hombres suelen tener un s?lo empleo y las mujeres dos o m?s y es este primer trabajo el que presenta mayor relaci?n con la familia profesional estudiada y el que puede ofrecer un contrato superior a un a?o. Asimismo, este primer empleo es el que presenta una mayor relaci?n con la empresa donde se han realizado las pr?cticas (37 por ciento).


Por provincias, seg?n la Generalitat, en Castell?n priman los titulados que han tenido un empleo y en Alicante los de dos o tres empleos. Por Familias profesionales los ciclos formativos de Vidrio y Cer?mica, Madera y Mueble junto a los de Fabricaci?n Mec?nica, Hosteler?a y Turismo y Artes Gr?ficas, Electricidad-Electr?nica son los que mayor grado de empleabilidad tienen.


Asimismo, Felip dio a conocer la implantaci?n de los ciclos formativos en la Comunidad Valenciana, en este sentido, los datos indican que se ha pasado de 226 ciclos formativos iniciales en el a?o 1996 a los 979 ciclos formativos actuales, de los cuales se han implantado ya 934 ciclos, y est? prevista una incorporaci?n de 45 nuevos ciclos en el pr?ximo curso 2005-06.


Respecto a estos 45 ciclos nuevos, 13 se implantar?n en Alicante; seis en Castell?n y 26 en Valencia. La mayor?a de estos ciclos corresponde a los de Prevenci?n de Riesgos profesionales, Atenci?n Sociosanitaria y el grado medio de Inform?tica (Explotaci?n de Sistemas Inform?ticos) que son los ?ltimos tres nuevos t?tulos del Cat?logo de t?tulos de FP. Como ciclo nuevo de titulaci?n a?n no implantado est? el de Radioterapia (grado superior), que se pondr? en marcha en el curso 2005-06 en el IES Ausi?s March de Valencia.


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Los costes laborales tuvieron un crecimiento medio el a?o pasado del 2,97 por ciento. Se trata del incremento m?s moderado desde que entr? en vigor la nueva Encuesta Trimestral de Costes Laborales y adem?s es la primera vez que crecen menos que la inflaci?n. Los precios crecieron el a?o pasado un 3,2 por ciento.


El aumento tan moderado de los costes laborales se debe a la influencia de los empleos temporales y de la inmigraci?n, con contratos m?s baratos en los sectores de mano de obra intensiva. Por ejemplo, en el cuarto trimestre los costes laborales en el sector servicios aumentaron un 2,4 por ciento.


El elevado n?mero de contratos de bajos costes laborales incluidos en este sector y en la construcci?n refleja su peso en la encuesta de estad?stica moderando la evoluci?n de los costes laborales. Y, ello es as? a pesar de que los costes laborales en la construcci?n crecieron en el cuarto trimestre del orden del 4 por ciento, debido a la fuerte actividad de este sector. Los costes laborales en la Industria crecieron en torno al 3,4 por ciento.


Si se trata s?lo de salarios, la ganancia media en Espa?a es de 1.641 euros mensuales. El salario m?s alto es el de la Industria con 1.887,8 euros mensuales, seguido del sector servicios, con 1.583,7 y 1.537,4 en la construcci?n.


Por comunidades aut?nomas, el salario medio m?s elevado es el de la Comunidad de Madrid, con 1.954,34 euros mensuales, y el m?s bajo, es el de Murcia, con 1.401,3 euros mensuales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha echado m?s le?a al agrio debate suscitado en Francia y Alemania sobre la viabilidad de la jornada laboral de 35 horas semanales. La que ha sido una de las principales reivindicaciones de los sindicatos en Europa durante el ?ltimo lustro se ha tambaleado en pocos meses por las amenazas de deslocalizaci?n de algunas empresas que han achacado sus malos resultados a la reducci?n de la jornada laboral, adoptada por ley en Francia e impuesta en el mercado germano por el peso de los sindicatos.

"Hace falta un cambio de mentalidad, ya no nos podemos permitir esas pol?ticas", sentenci? el director del Departamento para Europa del FMI, Michael Deppler, sumando la voz de este organismo a la de la OCDE, la Comisi?n Europea y el gobierno franc?s. Deppler inst? a los pa?ses de la eurozona a acometer reformas estructurales para elevar el volumen de empleo e impulsar as? la recuperaci?n econ?mica. En su opini?n, la reducci?n de la jornada laboral en Francia ha desincentivado el trabajo y "aunque ello no afecta a la productividad, que sigue siendo equiparable a la de EEUU, s? afecta a la competitividad frente a Asia y Europa del Este".

El FMI respaldaba con estas palabras la intenci?n del primer ministro galo, el conservador Jean Pierre Raffarin, de dejar definitivamente de lado la ley de las 35 horas, conocida tambi?n como Ley Aubry, que instaur? el Gobierno socialista de Lionel Jospin el 13 de junio de 1998. Al igual que el FMI, Raffarin cree que la reducci?n de la jornada ha sido "negativa para el crecimiento". El PIB franc?s pas? de crecer un 4,2% en 2002 a avanzar apenas dos d?cimas en 2003.

El debate llega a Espa?a
El catedr?tico de Derecho Laboral y experto del bufete Cuatrecasas, Salvador del Rey, cree que el debate tambi?n llegar? a Espa?a pero no con la misma intensidad, ya que, aunque seg?n el sindicato UGT un 37 por ciento de los trabajadores espa?oles trabaja menos de cuarenta horas semanales, el estatuto de los trabajadores deja manos libres a los convenios colectivos para determinar la duraci?n de la jornada laboral, siempre y cuando no exceda ese techo m?ximo de cuarenta horas.

En opini?n de este experto, esa flexibilidad es determinante para afrontar momentos de crisis porque "las generalizaciones no funcionan en los sistemas de trabajo maduros". A ello achaca el fracaso de la ley francesa de las 35 horas, aunque por ese mismo motivo descarta que aumentar por norma el n?mero de horas de trabajo sea la panacea: "Eso ser?a una simplificaci?n. La cuesti?n debe plantearse en cada empresa y para ello es necesario que el convenio sectorial sea flexible, no s?lo en sueldos sino tambi?n en horarios, ya que puede haber coyunturas que permitan una reducci?n de la jornada y otras que precisen de un aumento del volumen de las horas trabajadas; esa es la tendencia", apunta el experto.

Se tratar?a, al fin y al cabo, de llegar a un pacto que convenga a las dos partes y que busque no s?lo el beneficio de la empresa sino tambi?n la satisfacci?n del trabajador. Ese equilibrio, unido a una mayor cualificaci?n, es la base para mejorar la productividad, en opini?n de Salvador del Rey. El experto rechaza las teor?as que relacionan directamente el n?mero de horas trabajadas con el incremento de la productividad. "Eso s?lo puede aplicarse en sectores muy concretos, como el de la automoci?n", explica.

Desde CCOO, el coordinador del Gabinete T?cnico del sindicato, Miguel ?ngel Garc?a, respalda sus argumentos. "El aumento de la productividad est? m?s relacionado con el uso de la tecnolog?a que con el n?mero de horas trabajadas", asegura. El t?cnico reconoce que, en algunos casos, la competitividad s? puede verse estimulada con un incremento de la jornada laboral pero matiza que "tendr?a un recorrido muy corto porque se har?a v?a precio". Es decir, que provocar?a un incremento del pago por horas trabajadas de las empresas que se acabar?a cargando en el precio de los productos.

El sindicato, que el primero de mayo de 1998 abander? junto a UGT la reivindicaci?n de las 35 horas, ha suavizado su postura: "No se puede establecer la reducci?n de la jornada por ley porque la experiencia demuestra que no se cumple", afirma Garc?a. CCOO tambi?n cree que la jornada debe establecerse en funci?n de la coyuntura aunque incrementando el control por parte de los sindicatos para evitar abusos.

UGT tambi?n hace hincapi? en la importancia de la negociaci?n colectiva aunque se resiste a abandonar la bandera de la reducci?n de jornada: "Conseguir las 35 horas sigue siendo v?lido para UGT", asegura la secretaria ejecutiva confederal del sindicato, Josefa Sol?, que tambi?n defiende la calidad como ?nica manera de luchar contra la deslocalizaci?n de empresas.

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El Outplacement es otra de las posibles estrategias que los responsables del departamento de recursos humanos pueden llevar a cabo, ya sea desarroll?ndolas ellos mismos, o recurriendo a los servicios de una empresa de consultor?a externa, en relaci?n fundamentalmente a la reducci?n de plantillas.

Concretamente, consiste en proporcionar ayuda para encontrar un nuevo puesto de trabajo al trabajador que, como consecuencia de determinados procesos sustractivos o de reducci?n de plantillas, se ha visto obligado a abandonar la organizaci?n.

En este contexto cabe se?alar que los servicios de Outplacement constituyen un instrumento ?til de gesti?n al servicio del responsable de recursos humanos, si bien se trata de un servicio apenas desarrollado en Espa?a.

Pero adem?s, se constata una evoluci?n en la propia filosof?a de Outplacement, en la medida en que ya no se entiende ?nicamente como un servicio de asesoramiento contratado o efectuado por una empresa y dirigido a trabajadores que son despedidos por la misma para hacer menos traum?tico el cese.

En la actualidad se considera que tal servicio puede ser de utilidad para aquellas personas que desean cambiar de trabajo, e incluso para aquellos j?venes que intentan incorporarse al mercado laboral, de modo que se aplica tanto a colectivos de trabajadores como a directivos sin riesgo laboral inmediato para reorientar sus propias carreras profesionales y corriendo ellos mismos con los gastos del consultor.

Es importante se?alar que las circunstancias sociolaborales est?n transformando una t?cnica que en su momento naci? para humanizar y agilizar los procesos de despido, reduciendo la tensi?n de estas situaciones y aportando beneficios a la empresa y sujetos para adaptarse a las exigencias del mercado en el que se desenvuelve.

Las razones que llevan a una empresa o a un profesional al outplacement para reorientar su carrera son diversas. En primer lugar, prima el caso de los ajustes de plantilla, seguidos en orden de importancia por las reorganizaciones internas y las fusiones/absorciones. Las dimisiones o ceses en el cargo y la propia gesti?n de la carrera profesional tambi?n tienen importancia. Con menor peso espec?fico provocan el recurso al outplacement las crisis, los cierres de empresas y los problemas de relaci?n del sujeto con personas de su entorno.

En cuanto al tipo de empresas la mayor parte son privadas y de gran tama?o, siendo el sector servicios el que porcentualmente m?s recurre a este tipo de servicios o estrategia.

En resumen se puede decir que el outplacement proporciona ayuda para encontrar un nuevo puesto de trabajo al trabajador, como consecuencia de determinadas reducciones de plantilla.

La desocupaci?n baj? el cuarto trimestre del 2004 al 12,1%, respecto del 13,2% del trimestre anterior y el 14,5% de igual per?odo de 2003, seg?n datos del Instituto Nacional de Estad?stica Censos (Indec). Si se considera desempleados a quienes reciben planes sociales, la tasa sube a 16,2%.

Sobre la base de los datos del Indec para 2004 que ahora se completan, la Fundaci?n Mediterr?nea proyecta que el desempleo seguir? cayendo durante 2005, terminando el a?o alrededor del 11% y el 14,5% si no se incluyen a los beneficiarios de los planes sociales.

Los partidos del conurbano bonaerense contin?an con la mayor tasa de desocupaci?n, ya que en el cuarto trimestre fue del 14,8% con una subocupaci?n del 15,8%. De todos modos, la baja fue pronunciada ya que la medici?n anterior mostr? a 16,7% de personas en busca de empleo.

En cambio, las ciudades peque?as, de menos de 500.000 habitantes, pasaron la barrera del d?gito, con 9,9% de desempleo. En ellas impacta m?s la reactivaci?n del agro y la obra p?blica, seg?n Econom?a.

En los otros aglomerados urbanos, tienen las tasas de desocupaci?n m?s bajas el Gran Mendoza, 7,2%, y la ciudad de Buenos Aires, 7,6%. Quedaron por encima del promedio, en cambio, el Gran Rosario con 14,4% y Mar del Plata con 13,5%. Tienen menos desocupaci?n el Gran Tucum?n, 11,4%; Gran C?rdoba, 11,5% y Gran La Plata, 10,9%.

Seg?n el Indec, el empleo registr? una mejora de 1,3 puntos porcentuales, mientras que la tasa de actividad evidenci? una peque?a variaci?n positiva de 0,2 puntos porcentuales, pero se ubic? por debajo del promedio de 2004.

"Cabe destacar que el aumento en el empleo se ubica por encima de la ca?da de los planes, con un aumento interanual de 458.000 empleados y una ca?da en los planes de 300.000", se?al? la Fundaci?n Mediterr?nea.

CC.OO y UGT critican la ?bajeza? de la empresa al negar la relaci?n laboral con el obrero muerto en Maracena (Granada)


Los responsables de los sindicatos CC.OO y UGT en Granada, Rafael Rold?n y Mariano Campos, respectivamente, criticaron el 15 de febrero la ?bajeza? del empresario para el que trabajaba el obrero que falleci? este madrugada tras caer de una altura de ocho metros, al negar la relaci?n laboral con este obrero, diciendo que ?no conoc?a al trabajador y que se lo encontr? muerto en el hueco de la escalera?, seg?n inform? Rold?n.


En declaraciones a los periodistas, tras mantener cinco minutos de silencio en protesta por la segunda muerte en dos semanas de otro obrero de la construcci?n en la sede de los sindicatos, el secretario general de CC.OO se?al? que los t?cnicos se han desplazado hasta la obra y han comprobado que exist?an medidas de seguridad, pero ?nuevas? y ?pr?cticamente estaban estren?ndolas por lo que sospechamos que no exist?a ning?n tipo de medida?.


As?, indic? que estudiar?n el caso para comprobar estas sospechas, para ?actuar con toda la rotundidad para que se esclarezcan los hechos y si se demuestra que la empresa ten?a los papeles del trabajador retenidos y que estaba en una forma irregular?, se personar?n como acusaci?n particular y denunciar?n el caso ante la Inspecci?n Provincial de Trabajo y la Fiscal?a ?para que todo el peso de la ley caiga sobre este empresario?.


Por su parte, el representante de UGT, Mariano Campos, se?al? que el 16 de febrero se firma con la c?pula empresarial el pacto contra la siniestralidad laboral en la provincia de Granada y pidi? a los empresarios que ?tilden de absolutamente deleznable las declaraciones de ese supuesto empresario?, que ha realizado ?una apolog?a del sarcasmo sobre las causas del accidente?.


Tambi?n Campos insisti? que ?en este accidente al igual que en el ocurrido hace una semana en Alhama y el que tambi?n falleci? otro trabajador, se hubiera evitado con la colocaci?n de un anclaje de un cintur?n de seguridad a un punto fijo?.


Por otro lado, Campos destac? ?frente a la bajeza del empresario por sus declaraciones, la grandeza del trabajador?, cuyos familiares han autorizado la extracci?n de sus ?rganos para su posterior donaci?n y que, seg?n informaron a Europa Press fuentes de la Delegaci?n de Salud, podr?n ayudar a unas 20 personas.


El obrero de nacionalidad argentina y de 20 a?os de edad falleci? la pasada madrugada a consecuencia de un traumatismo craneoencef?lico, tras caer de una altura de ocho metros de la obra n la que trabajaba, situada en el n?mero 7 del Camino de Albolote, donde se estaba instalando a petici?n de una comunidad de vecinos un ascensor.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha reconocido que el "s?ndrome del quemado" o "burn out" es un accidente laboral, en una sentencia en la que confirma la incapacidad permanente absoluta concedida por un juzgado de lo Social de Barcelona a una maestra de esta ciudad.


La mutua del colegio privado concertado en el que trabajaba la mujer recurri? la decisi?n del tribunal de primera instancia al entender, entre otros argumentos, que la dolencia de la maestra no se deb?a a un accidente laboral porque no estaba clara "la relaci?n causal entre el trabajo y su enfermedad".


Sin embargo, el escrito del TSJC aclara que este tipo de dolencias se alejan "del concepto de accidente" habitual que ocasiona una "lesi?n s?bita e inesperada" y que, "por el contrario, se gestan de una forma lenta y acumulativa" pero tambi?n "se relacionan directamente con el trabajo".


Recuerda que el "s?ndrome del quemado o de agotamiento profesional" se define como "agotamiento f?sico, emocional y mental" motivado por "un proceso en el que se acumula un estr?s excesivo por una desproporci?n entre la responsabilidad y la capacidad de recuperaci?n" del empleado.


En opini?n del tribunal, en este caso el s?ndrome del "burn out" ha afectado a la profesora "estando en el trabajo y como consecuencia del mismo" y le ha ocasionado "un deterioro que actualmente no le permite la actividad laboral".


La sentencia rechaza asimismo la pretensi?n de la mutua de que se considerara que la patolog?a de la profesora derivaba de una "enfermedad com?n" y que se tuviera en cuenta algunos rasgos de la personalidad de la afectada, como su "alto neuroticismo, escasa tolerancia a la frustraci?n, rasgos histri?nicos" y "desadaptativos".


A juicio del tribunal, estos datos "no resultan determinantes" para el caso, ya que existe una "precisa" vinculaci?n entre la patolog?a y el trabajo que "nadie discute", y el hecho de que la mujer "tenga una determinada personalidad en nada influye" en el caso.


La profesora, que ha sido defendida en este procedimiento por el bufete guipuzcoano Olart Abogados, estuvo de baja m?s de un a?o debido al "elevado nivel de ansiedad" que sufr?a y que le provoc? "baja autoestima, sentimientos de incapacidad y culpa, y ansiedad extrema", entre otros trastornos, que se acentuaban "cada vez que deb?a reiniciar la actividad laboral, dado que los s?ntomas remit?an en per?odos vacacionales y fines de semana".


En opini?n del tribunal, "ha quedado acreditado que la causa de las lesiones que padece -la mujer- provienen del trabajo desarrollado -durante 35 a?os- como profesora, actividad que todos los expertos incluyen en los "grupos de riesgo" debido a las condiciones en que tienen que desarrollar su trabajo" las personas aquejadas de "burn out".


Por este motivo, el tribunal reconoce la incapacidad permanente absoluta de la profesora para continuar su labor docente y condena a la mutua del centro escolar en la que trabajaba la profesora a abonarle una pensi?n del cien por cien de su base reguladora.

Un total de 955 personas perdieron la vida en accidentes laborales en 2004, lo que supone un descenso del 7,5 por ciento respecto al a?o anterior y la cifra m?s baja de v?ctimas mortales desde que entr? en vigor la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales, en 1995, seg?n datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.


El n?mero total de accidentes de trabajo con baja ascendi? el pasado a?o a 876.596 (el registro m?s bajo de los ?ltimos cinco a?os), con una disminuci?n del 2,6 por ciento respecto a 2003. De estos accidentes con baja, 865.167 fueron leves (-2,5 por ciento) y 10.474 graves (-8,1 por ciento).


Por otro lado, en el pasado a?o se produjeron 84.644 accidentes ?in itinere? con baja, lo que supone un incremento del 9,5 por ciento, debido en parte a que se contabilizan algunas de las v?ctimas de los atentados terroristas del 11-M. Del total de siniestros ?in itinere?, 488 siniestros resultaron mortales, con un crecimiento del 8 por ciento.


Asimismo, el n?mero de casos de enfermedades profesionales que causaron baja laboral del trabajador en 2004 ascendi? a 22.964, con un descenso del 3,5 por ciento.


Por sectores, los accidentes de trabajo con baja se redujeron en servicios, con una ca?da del 4,7 por ciento, y en construcci?n (-3,5 por ciento), y crecieron en agricultura (4,7 por ciento) y en industria (1 por ciento).


AUMENTA LA SINIESTRALIDAD EN CUATRO CC.AA.


Por comunidades aut?nomas, los accidentes laborales con baja aumentaron en 2004 en Andaluc?a (6 por ciento), Extremadura (5,6 por ciento), Galicia (2,6 por ciento) y Arag?n (0,2 por ciento).


En el resto baj? la siniestralidad, con Pa?s Vasco a la cabeza (-10,5 por ciento), seguida de Asturias (-9,4 por ciento), Madrid (-7,6 por ciento), La Rioja (-7,3 por ciento), Baleares (-5,7 por ciento), Cantabria (-5,5 por ciento), Murcia (-5,4 por ciento), Castilla y Le?n (-5,2 por ciento), Catalu?a (-4,5 por ciento), Comunidad Valenciana (-1,8 por ciento), Castilla-La Mancha (-1,5 por ciento), Canarias (-1,3 por ciento), Ceuta y Melilla (-1 por ciento) y Navarra (-0,8 por ciento).


En t?rminos absolutos, Catalu?a figura a la cabeza de accidentes de trabajo con baja (162.041), seguida de Andaluc?a (149.861), Madrid (121.998), Comunidad Valenciana (97.653), Galicia (47.369), Canarias (44.003), Pa?s Vasco (43.793) y Castilla y Le?n (40.344).


A continuaci?n se encuentran Castilla-La Mancha (37.840), Baleares (24.076), Murcia (23.605), Arag?n (20.850), Asturias (18.775), Extremadura (15.166), Navarra (12.791), Cantabria (9.505), La Rioja (5.603) y Ceuta y Melilla (1.323).

El secretario regional de Acci?n Sindical de CC.OO., Jes?s Camacho, dijo hoy que le parecer?a una "completa aberraci?n que se pretendiera buscar en los trabajadores" responsabilidades penales por el accidente que el 14 de agosto de 2003 cost? la vida a nueve trabajadores en la planta de Repsol Petr?leo de Puertollano (Ciudad Real).


Camacho se pronunci? as?, en declaraciones a EFE, sobre las declaraciones en que el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jes?s Caballero, se?alaba que iba a propugnar el archivo de las diligencias abiertas por el accidente.


Camacho dijo que Caballero alegaba que no pod?a imputar un delito penal a personas que no son f?sicas, descartando a Repsol y a sus m?ximos responsables, y se?alando que en caso de que hubiera indicios que concluyeran la existencia de delito recaer?an en los empleados del turno en que se produjo la explosi?n.


El secretario regional de Acci?n Sindical de CC.OO. manifest? que, aunque a?n no hay un auto ante el que su sindicato pueda pronunciarse, "nos parecer?a una completa aberraci?n que se pretenda buscar la responsabilidad en los trabajadores y no en los que establecen los procedimientos" e instalaciones para almacenar el combustible.


Record? que tanto el informe de la Inspecci?n de Trabajo como el de la representaci?n sindical concluy? que el origen de la explosi?n se deriv? de "un dise?o incorrecto del procedimiento" utilizado para almacenar el combustible que gener? los gases que luego entraron en contacto con una zona de ignici?n y provocaron la explosi?n, algo que indic? no depende de los trabajadores, sino de la direcci?n.


Camacho se?al? que los informes apuntaron que el m?todo que se utilizaba en Repsol Petr?leo no era seguro, tanto por el tanque que hab?a para recibir el fluente como por la operaci?n establecida para su almacenamiento, estimando que el accidente pod?a haber ocurrido en cualquier momento y no s?lo el d?a concreto en que se produjo, por lo que no es achacable a una actuaci?n propia de los trabajadores, que s?lo segu?an las instrucciones marcadas.


Afirm? que le parecer?a una "verdadera barbaridad" que se pudiera imputar a los operarios y consider? que responsabilizar a los trabajadores de un accidente c?mo ?ste crear?a tal inseguridad que se alterar?a el funcionamiento normal de la f?brica.


Camacho explic? que CC.OO. aguardar? a conocer el auto y que los servicios jur?dicos lo estudiar?n y elevar?n informe sobre las actuaciones que decidan seguir.


La explosi?n que se produjo en la planta de Repsol Petr?leo el 14 de agosto de 2003, en la que murieron nueve trabajadores, estuvo provocada por una acumulaci?n de gases en un tanque de almacenamiento de combustible en la planta de Repsol Petr?leo.


La refiner?a hab?a sufrido un corte de luz el 29 de julio, tras el cual entr? en un periodo, habitual en estos casos, en el que la planta no estaba "equilibrada" y los productos obtenidos estaban "fuera de especificaci?n" y presentaban mayores niveles de gases.


Los productos "fuera de especificaci?n" fueron almacenados en un tanque para ser estabilizados cuando el 10 de agosto se arranc? de nuevo la planta, tras la parada sufrida por el corte de fluido.


El techo flotante del tanque que explot? se levant? por la acci?n de los gases, que se desplazaron en la direcci?n del viento y que, al ser m?s pesados que el aire, se ubicaron en zonas adyacentes, donde entraron en contacto con una zona de ignici?n que provoc? el incendio.

18/03/2005

Caldera dice que rebajar el despido a 33 d?as por a?o s?lo afectar?a a futuros contratos indefinidos


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes?s Caldera, afirm? el 17 de marzo que la propuesta recogida en el documento base de la negociaci?n de la reforma laboral de generalizar el coste del despido improcedente en 33 d?as por a?o trabajado, s?lo afectar?a a los futuros contratos indefinidos, no a los trabajadores que ya cuentan con un empleo fijo, que seguir?an con los 45 d?as por a?o.


Caldera se?al?, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, que la reforma del mercado de trabajo debe ir orientada a crear m?s y mejor empleo, y subray? la necesidad de conseguir ?un equilibrio entre flexibilidad para contratar, haciendo m?s atractivo el contrato indefinido, pero con la seguridad para los trabajadores de que su empleo es estable?.


Eso exige, a su juicio, regular la contrataci?n temporal para evitar abusos y encadenamiento de contratos. Asimismo, tambi?n hay que abordar la subcontrataci?n, incentivos para que se incorpore la mujer al trabajo, o la mejora de los servicios p?blicos de empleo y de las empresas que intermedian.


Por otro lado, el titular de Trabajo apunt? que hay que analizar la pol?tica de bonificaciones a los empleos indefinidos para ver si es correcta, hay que ampliarla o centrarla en determinados colectivos. ?Ahora empezamos la negociaci?n, soy razonablemente optimista --dijo--, creo que alcanzaremos un buen acuerdo?.


Sobre el abaratamiento del coste del despido, indic? que no es la cuesti?n m?s importante. ?Es una medida de car?cter psicol?gico, hay una especie de freno a contratar de forma estable por factores culturales?, a?adi?.


En este sentido, Caldera asegur? que ?hay que hacer m?s atractivo el despido?, aunque matiz? que el Gobierno no se plantea limitar el derecho de ning?n trabajador de los actuales. ?Quien tiene consolidado un derecho no se le puede tocar?, aclar?.


Por ello, el Gobierno ha sugerido para el debate la posibilidad de extender la medida aprobada en 1997 para estimular el contrato indefinido, generaliz?ndola para todos los contratos fijos futuros, no para los trabajadores actuales que tienen consolidado ese derecho.


No obstante, dej? claro que s?lo se podr? aprobar si est?n de acuerdo sindicatos y empresarios. ?Si no se produce el acuerdo es pr?cticamente imposible que pueda haber reforma. El Gobierno no va a legislar sobre una reforma laboral si no hay acuerdo entre los interlocutores sociales?, insisti?.

MARGINAL: AS 1995\4444
RESOLUCION: SENTENCIA de 9-11-1995, n?m. 6088/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 2907/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)
RESUMEN:
EXTINCION DEL CONTRATO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR: falta de pago o retrasos
en el abono del salario: requisitos: incumplimiento grave del empresario:
interpretaci?n; extinci?n pertinente: retraso grave y duradero: no pudiendo
justificarse por la falta de recursos: crisis econ?mica de la empresa.
DIS-ESTUDIADAS:
LEY 10-3-1980, n? 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
Art. 50.1, b)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO
VOCES:
CONTRATO DE TRABAJO
Derechos y deberes derivados del contrato
Derechos del trabajador
Derecho a la percepci?n puntual del salario: efectos

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Doctrina general
Requisitos: incumplimiento grave del empresario

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
b) Falta de pago o retrasos en el abono del salario
Doctrina general

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
b) Falta de pago o retrasos en el abono del salario
Debe estimarse: retraso grave y duradero: no pudiendo justificarse el
mismo por la falta de recursos: crisis econ?mica

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
b) Falta de pago o retrasos en el abono del salario
Requisitos: gravedad: alcance

[TEXTO]:
El TSJ, en autos promovidos en reclamaci?n de extinci?n del contrato de
trabajo, seguidos ante el Juzgado de lo Social n?m. 25 de Barcelona, estima
el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia de instancia, de
fecha 19-1-1995, que es revocada en el sentido rese?ado en la fundamentaci?n
jur?dica.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 11 de noviembre de 1994 tuvo entrada en el citado
Juzgado de lo Social demanda sobre Extinci?n de contrato suscrita por
Arcadio S. M. contra ?Pastas Alimenticias Pedragosa, SA?, en la que alegando
los hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba
suplicando se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la
demanda a tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 19
enero 1995 que conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que desestimando la demanda interpuesta por don Arcadio S. M. frente a
"Pastas Alimenticias Pedragosa, SA", debo absolver y absuelvo al demandado
de todas las peticiones contenidas en el suplico de la demanda?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-El demandante don Arcadio S. M., mayor de edad, ingres? a prestar
servicios en la empresa "Pastas Alimenticias Pedragosa, SL", desde el d?a 18
de marzo de 1974, teniendo reconocida la categor?a profesional de viajante y
salario variable cada mes, siendo el promedio del ?ltimo trimestre de 1994
de 234.000 ptas. mensuales brutas, con inclusi?n de prorrata de pagas
extras.
II.-El actor present? papeleta de conciliaci?n en el SOI de la Generalitat
el 20 de septiembre de 1994, reclamando el pago de los salarios de los meses
de mayo y junio y la paga extraordinaria del mes de junio del a?o 1994. En
fecha 6 de octubre de 1994 se lleg? a un acto de conciliaci?n, reconociendo
la empresa la cantidad adeudada al actor por importe de 218.105 ptas. y
comprometi?ndose al pago aplazado de la misma mediante pagar?s, teniendo
como ?ltima fecha de vencimiento el 31 de agosto de 1995.
III.-El actor era miembro del Comit? de empresa hasta noviembre de 1994,
fecha en que se realizaron nuevas elecciones y no renov? su cargo.
IV.-En fecha 14 de noviembre de 1994 se lleg? a un acuerdo entre la
representaci?n de los trabajadores y la empresa respecto al pago de los
atrasos de Convenio de 1994 que la empresa adeudaba, pactando el pago al
actor en fecha 28 de febrero de 1995, dentro de un calendario distinto para
cada trabajador.
V.-Desde mediados del a?o 1993, la empresa al tener una dif?cil situaci?n
econ?mica, empez? a abonar con retraso el salario a los trabajadores de su
plantilla, unos 37, aproximadamente, llegando a pagar unos 15 d?as m?s tarde
en ocasiones, y de 5 a 7 d?as en los ?ltimos meses.
VI.-En el mes de julio de 1994 se lleg? a adeudar al actor la mensualidad
de mayo y junio, que no le fueron abonadas hasta que se lleg? al acuerdo en
el SCI de la Generalitat.
VII.-La empresa no abon? al actor puntualmente el salario de septiembre de
1994, por lo que el 1 de octubre de 1994 present? papeleta ante el SCI de la
Generalitat de la que desisti?, ya que el mismo d?a 17 de octubre de 1994 le
fue hecho efectivo el salario de septiembre en la Libreta de Ahorro del
actor, constando orden de ingreso por transferencia de la empresa de fecha 5
de septiembre de 1994.
VIII.-Con posterioridad la empresa ha venido pagando el salario del actor
con retrasos de entre 4 y 7 d?as cada mes.
IX.-El d?a 28 de octubre de 1994, se realiz? el acto de Conciliaci?n
Administrativa, intentado sin efecto.
X.-La empresa en diciembre de 1994, propuso al Comit? de Empresa que
aceptaran las siguientes medidas: congelaci?n salarial, flexibilizaci?n del
pago, aportaci?n de 500.000 ptas. por trabajador como cr?dito a la empresa y
creaci?n de un comit? de control de calidad, propuesta que no fue aceptada?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
actora, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que se
dio traslado, lo impugn?, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al
presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la parte actora contra la sentencia de
instancia que desestima la demanda en que se ejercita acci?n de extinci?n
del contrato de trabajo a instancia del trabajador, con fundamento en la
causa que contempla el art?culo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006).
SEGUNDO.-Pretende el primer motivo del recurso la adici?n al relato
hist?rico de diferentes circunstancias relativas a los hechos ya recogidos
en el mismo. Se trata de matizaciones y puntualizaciones innecesarias para
la resoluci?n del recurso, por estar ya suficientemente reflejadas en la
sentencia de instancia las incidencias relativas a los retrasos acumulados
en el pago de los salarios del actor, de forma que la Sala dispone de
elementos de juicio suficientes para la adecuada valoraci?n jur?dica de
estos hechos.
TERCERO.-Debe ser estimado el motivo segundo que denuncia infracci?n del
art?culo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.
Se reconoce en este precepto la acci?n a favor del trabajador para
solicitar la resoluci?n indemnizada del contrato de trabajo cuando concurra
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del
empresario. En su apartado b), se contempla la causa esgrimida en el caso de
autos, ?la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario
pactado?. En interpretaci?n de la misma la doctrina jurisprudencial ha
venido a sentar los siguientes criterios: a) es necesario para su aplicaci?n
que se produzca un impago o retraso en el abono de los salarios, grave, y
calificable como persistente y continuado en el tiempo y no meramente
ocasional, aislado, espor?dico, o de ?nfima cuant?a (Sentencias del Tribunal
Supremo de 7 julio 1983 [RJ 1983\3730]; 14 julio 1984 [RJ 1984\4171]; 30
noviembre 1985 [RJ 1985\5894], entre otras muchas); b) los retrasos
continuados en el pago de salarios facultan al trabajador para pedir la
resoluci?n del contrato de trabajo, sin que pueda quedar condicionado el
ejercicio de esta acci?n por la deficiente situaci?n econ?mica en la que se
encuentra la empresa; su mayor o menor culpabilidad o por el hecho de que
otros trabajadores no reclamen pese a verse afectados por el impago salarial
(Sentencias del Tribunal Supremo de 24 marzo 1992 [RJ 1992\1870] y 29
diciembre 1994 [RJ 1994\10522], dictadas ambas en recursos de casaci?n para
la unificaci?n de doctrina). Como se establece en la antedicha Sentencia de
24 marzo 1992, recogiendo los dos requisitos mencionados, para que se
produzca la causa de resoluci?n del contrato de trabajo prevista en el
art?culo 50.b) del Estatuto de los Trabajadores, no es preciso que se
acredite la culpabilidad del empresario, bastando con el simple
incumplimiento de la obligaci?n de abono puntual de los salarios, porque ?si
el empresario puede amparar sus dificultades econ?micas, a efectos de la
suspensi?n o de la extinci?n del contrato de toda o de parte de su
plantilla, en el seguimiento del expediente administrativo del art?culo 51
del Estatuto de los Trabajadores, no puede eludir el deber principal que le
incumbe en base a la dif?cil situaci?n econ?mica por la que atraviesa, sino,
que es indiferente, dentro del art?culo 50, que el impago o el retraso
continuado del salario venga determinado por la mala situaci?n econ?mica
empresarial?. A lo que se a?ade que ?es preciso que el impago de los
salarios no sea un mero retraso espor?dico, sino un comportamiento
continuado y persistente ... la gravedad del incumplimiento se manifiesta
mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos?.
No basta por tanto que la empresa haya incurrido en incumplimientos
ocasionales de tal obligaci?n, sino que habr? de exigirse en todo caso una
reiteraci?n en tal conducta que evidencia la gravedad de la misma al objeto
de justificar la admisibilidad de la acci?n extintiva.
En el caso de autos se declara probado que la empresa, desde mediados del
a?o 1993, empez? a abonar con retraso el salario de los trabajadores de su
plantilla, llegando a pagar unos 15 d?as m?s tarde en ocasiones y de 5 a 7
d?as en los ?ltimos meses. Al actor, se le lleg? a adeudar las mensualidades
de mayo y junio de 1994, as? como la paga extraordinaria de vacaciones,
vi?ndose obligado a interponer papeleta de conciliaci?n, alcanzando un
acuerdo con la empresa para su pago en 6 de octubre de 1994. Posteriormente,
el salario del mes de septiembre le ha sido abonado el 17 de octubre y el de
los meses posteriores con retraso de entre 4 y 7 d?as cada mes.
Conforme a estos datos, resulta que el trabajador ha venido percibiendo con
constante irregularidad sus retribuciones desde mediados del a?o 1993, y de
forma ininterrumpida desde mayo de 1994, encadenando per?odos de impago
absoluto del salario con otros de sucesivo retraso en su abono,
manteni?ndose en esta situaci?n a la fecha de la sentencia de instancia.
Concurre sobradamente por tanto las notas de reiteraci?n y continuidad que
califican de grave el incumplimiento empresarial y justifican el ejercicio
de la acci?n, ante la gravedad de la conducta en que incurre el empleador,
perjudicando los intereses del trabajador en un aspecto de la relaci?n
laboral tan trascendental como es el puntual abono de los salarios
devengados. No estamos ante un caso de incumplimientos espor?dicos o de
escasa entidad y relevancia, sino ante una situaci?n reiterada y mantenida
de forma ininterrumpida en el tiempo de retraso en el puntual pago de la
retribuci?n salarial. No est? obligado el trabajador a soportar tan grave
distorsi?n en su econom?a, por lo que, concurriendo los presupuestos que
contempla el art?culo 50.b), del Estatuto de los Trabajadores, debe ser
estimado el recurso y revocada la sentencia de instancia, dando lugar a la
resoluci?n del contrato solicitada en la demanda, con las consecuencias
legales inherentes a tal declaraci?n.

MARGINAL: AS 1995\4761
RESOLUCION: SENTENCIA de 12-12-1995.
Recurso de Suplicaci?n n?m. 2347/1995
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PAIS VASCO, Sala de
lo Social)
RESUMEN:
ERROR DE HECHO: ineficacia revisoria de confesi?n. EXTINCION DEL CONTRATO DE
TRABAJO: modificaci?n sustancial de las condiciones del contrato en
perjuicio de la formaci?n profesional y de la dignidad del trabajador:
asignaci?n de funciones de inferior categor?a con car?cter permanente.
DIS-ESTUDIADAS:
LEY 10-3-1980, n? 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
Art. 50.1, a)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR
VOCES:
CATEGORIA PROFESIONAL
Funciones
Inferior categor?a: supone si es permanente una modificaci?n sustancial
de las condiciones de trabajo

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Doctrina general
Requisitos: incumplimiento grave y culpable del empresario

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Doctrina general
Requisitos: modificaci?n sustancial y perjudicial

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
a) Modificaciones sustanciales
Doctrina general

EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR
Causas
a) Modificaciones sustanciales
Debe estimarse: cambio de funciones: en perjuicio de su formaci?n y
menoscabo de su dignidad

PRUEBA
Medios de prueba
Confesi?n judicial
Valor probatorio
Ineficacia revisoria

RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Confesi?n
Ineficacia revisoria

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por las empresas codemandadas
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 7 de los de Bilbao, de
fecha 3-5-1995, dictada en autos promovidos en reclamaci?n sobre resoluci?n
del contrato.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La ?nica instancia del proceso en curso se inici? por demanda y
termin? por sentencia, cuya relaci?n de hechos probados es la siguiente:
?I.-La actora, do?a Bego?a G. P., mayor de edad, con DNI ..., viene
prestando sus servicios por cuenta y cargo de la demandada con categor?a de
oficial 2.? administrativo, antig?edad del 1 de febrero de 1981 y salario
mensual prorrateado de 225.942 pesetas.
II.-Hasta el d?a 16 de enero de 1995 la actora ven?a desarrollando su
trabajo en el centro de trabajo de la empresa "Multiserv Lycrete, SA", sito
en Las Arenas-Vizcaya. Esta empresa es la principal de un grupo entre las
que se encuentra la filial "Multiserv Intermetal, SA" que tiene sus oficinas
administrativas en Sestao (interior de AHV), produci?ndose habitualmente
cambios de trabajadores entre las diversas del grupo. La actora en
"Multiserv Lycrete, SA" ven?a realizando sus funciones bajo las ?rdenes y
dependencia directa del se?or V?ctor R., habi?ndose producido entre ellos
diversos roces y falta de entendimiento a nivel personal que deterior? sus
relaciones. El cometido de la actora consist?a en revisar facturas de
proveedores y dietas, adjuntando el albar?n y previo control se
contabilizaba y archivaba, control de vencimientos de pagos, redacci?n de
correspondencia, liquidaci?n de IVA, preparaba los talones de pagos. En
dicha empresa es donde se lleva administraci?n principal del grupo sobre los
datos suministrados por la filial "Multiserv Lycrete, SA" factura
mensualmente ciertas cantidades a "Multiserv Lycrete, SA" en concepto de
administraci?n y servicios t?cnicos.
III.-Con fecha 17 de enero de 1995 el se?or Valeriano B., director general,
le comunic? que a partir del d?a siguiente deb?a prestar servicios en la
oficina "Multiserv Lycrete, SA" en el centro de Sestao al que se incorpora
asign?ndole las labores administrativas que hab?a venido desarrollando otra
productora, la se?ora Lucena C. en baja por maternidad (categor?a de
auxiliar administrativo), que consist?an en preparar y remitir los datos al
centro de Las Arenas encarg?ndose de la preparaci?n y confecci?n de las
n?minas del personal de "Multiserv Lycrete" remiti?ndolos de modo
inform?tico a la oficina de Las Arenas, preparaci?n de costes de m?quinas,
recepci?n y control de las facturas correspondientes al centro para su
remisi?n posterior a Las Arenas.
IV.-La actora caus? baja laboral por enfermedad el 28 de marzo de 1994
hasta el 28 de octubre de 1994.
V.-Con fecha 8 de febrero de 1995 se celebr? acto de conciliaci?n que
result? sin avenencia entre las partes.
VI.-La actora no ha ostentado cargo representativo de los trabajadores?.
SEGUNDO.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:
?Que estimando la demanda interpuesta por Bego?a G. P. contra "Multiserv
Intermetal, SA" y "Multiserv Lycrete, SA", sobre rescisi?n de contrato, debo
declarar y declaro resuelta la relaci?n laboral existente entre las partes,
condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaraci?n y a que
abonen a la actora la cantidad de 4.473.652 ptas. en concepto de
indemnizaci?n?.
TERCERO.-Frente a dicha resoluci?n se interpuso el recurso de suplicaci?n,
que fue impugnado por la parte recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-A) Las sociedades demandadas recurren en suplicaci?n, ante esta
Sala, la sentencia del Juzgado de lo Social que, acogiendo la demanda
interpuesta por una de las trabajadoras formalmente adscrita a una de ellas,
ha declarado resuelta la relaci?n laboral existente y las ha condenado a
pagarle una indemnizaci?n de 4.473.652 ptas., acogiendo la acci?n ejercitada
por ?sta al amparo del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1994\1422 y 1651): la acci?n resolutoria del contrato de trabajo por
incumplimiento empresarial de las obligaciones derivadas del mismo.
El Juzgado sustenta su pronunciamiento en que la demandante, con categor?a
de oficial 2.? administrativa, salario de 225.942 ptas./mes y antig?edad en
la empresa desde el 1 de febrero de 1991, debido a roces y falta de
entendimiento personal con su jefe inmediato en el centro donde trabajaba
(sito en Las Arenas), fue trasladada, con efectos del 18 de enero de 1995,
al centro que tiene en Sestao la codemandada -filial de la sociedad formal y
existiendo confusi?n de plantillas entre ambas-, en virtud de comunicaci?n
del d?a anterior, en donde se le asignan las funciones que realizaba otra
trabajadora, de baja por maternidad a la saz?n y con categor?a de auxiliar
administrativa.
Decisi?n que en el recurso se ataca por una raz?n esencial, como es que se
ha aplicado indebidamente lo dispuesto en el art. 50.1, a) del Estatuto de
los Trabajadores (motivo segundo) al no concurrir el supuesto previsto en
dicho precepto, dado que la orden empresarial resultaba plenamente ajustada
a derecho ya que se daba la situaci?n prevista en el art. 40.1 de esta Norma
(lo que plantea en forma espec?fica en el motivo tercero), no se impugn? por
el cauce ah? se?alado y, en todo caso, no perjudic? a la demandante en su
formaci?n profesional ni en su dignidad, pues ?nicamente trabaj? cinco d?as
en el centro de Sestao, porque desde entonces est? de baja por enfermedad,
seg?n confes? la demandante en juicio (ampliaci?n del hecho probado cuarto
que, con tal base, propone en un primer motivo).
Esta se ha opuesto al recurso y, adem?s, ha pedido la condena de las
recurrentes al pago de las costas: a su juicio, la Magistrada de instancia
no ha incurrido en ninguno de los errores denunciados de adverso.
B) Como hemos dicho en otras ocasiones (Sentencias de 11 abril 1995, 28
marzo 1995, 15 y 22 noviembre, 13 septiembre, 26 julio, 25 abril y 9 mayo
1994 [AS 1994\2287], Recursos n?ms. 3306/1994, 3384/1994, 2122/1994,
1509/1994, 1374/1994, 1119/1994, 2776/1993 y 235/1994, respectivamente), el
trabajador, por el car?cter personal?simo de sus servicios, puede desistir
unilateralmente del contrato de trabajo que le vincula con su empresario
(art. 49.4 del ET), de forma que su sola voluntad es suficiente a tal fin,
sin necesidad de que su decisi?n est? basada en un previo incumplimiento de
las obligaciones por parte de aqu?l. Basta, pues, con que no le resulte de
inter?s continuar manteniendo el v?nculo contractual, para que la relaci?n
pueda finalizar, sin m?s deber, por su parte, que la de preavisar su
decisi?n al empleador (a salvo, claro es, que por convenio colectivo o pacto
individual se dispusiera otra cosa l?citamente).
Ahora bien, nuestro ordenamiento jur?dico tambi?n ha previsto la situaci?n
en la que el empresario incumple gravemente sus obligaciones para con el
trabajador por circunstancias que no sean absolutamente imprevisibles o
inevitables. Dicha situaci?n puede provocar en ?ste una p?rdida de inter?s
en continuar con el v?nculo contractual, pero que aqu? viene provocada por
esa actitud del otro contratante, y es la raz?n por la que se ha regulado en
forma distinta, disponi?ndose que, en estos casos, el trabajador estar?
facultado para solicitar la resoluci?n de su contrato de trabajo con derecho
a percibir la misma indemnizaci?n que le habr?a correspondido si hubiera
sido objeto de un despido improcedente (art. 50 del ET). Adaptaci?n, a este
concreto contrato, de una regla que, con car?cter general, recogen nuestras
leyes para supuestos de incumplimiento de las obligaciones convenidas por
uno de los contratantes (art. 1124 del C?digo Civil).
El mencionado precepto estatutario concreta, en su n?m. 1, el tipo com?n
generador de dicha facultad -cualquier incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del empresario con el trabajador, en tanto no
sean debidas a razones de fuerza mayor-, junto a dos supuestos espec?ficos,
que no son sino concreta aplicaci?n de esa regla general: la falta de pago o
retrasos continuados en el abono del salario pactado y las modificaciones
sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de la
formaci?n del trabajador o en menoscabo de su dignidad.
Rep?rese en que, para el ?xito de la acci?n resolutoria, no basta con que
se produzca una transgresi?n empresarial de uno de sus deberes laborales,
sino que se precisa, siempre, que sea grave. La resoluci?n del contrato se
ha de ofrecer, en suma, como fruto de la actividad de quien, razonablemente,
no conf?a ya en obtener la satisfacci?n propia de la persona que trabaja por
cuenta de otro; esto es, de alguien que se ve forzado a resolver el contrato
de trabajo injustificadamente provocado por la conducta de su empresario.
Pero no de cualquier conducta sino ?nicamente de aquella que constituya una
transgresi?n de las obligaciones que tiene contra?das por raz?n del contrato
de trabajo que, adem?s, le sea imputable, con lo que se descartan los casos
en los que el incumplimiento ata?e a obligaciones no derivadas de dicho
contrato, como tambi?n aqu?llos en que la falta de cumplimiento de un deber
laboral obedece a razones de fuerza mayor.
Advi?rtase, igualmente, que la raz?n de ser de ese derecho a resolver el
contrato con indemnizaci?n no estriba en los perjuicios que le ocasione al
trabajador los actos que el empresario realice, sino que radica en que ?ste
incumpla sus obligaciones, por lo que no estaremos ante el supuesto de hecho
generador del mismo si el da?o proviene de una conducta suya derivada del
ejercicio de las facultades que tiene con arreglo a lo establecido en las
leyes, convenios colectivos o en virtud de pacto leg?timo alcanzado con el
trabajador. Los perjuicios que ?ste tenga, pues, constituyen tan s?lo un
dato a tener en cuenta, a lo m?s, a los exclusivos efectos de poder valorar
la gravedad del incumplimiento empresarial, pero no es el determinante de
que ?ste concurra.
Conclusi?n que se corrobora a la luz de mandatos como los contenidos en los
arts. 40.1 y 41.3 del Estatuto de los Trabajadores (en la redacci?n vigente
en la fecha de ejercicio de la acci?n resolutoria), en cuanto que autorizan
al trabajador a extinguir su contrato de trabajo cuando el empresario
proceda a adoptar, por existir razones t?cnicas, organizativas o productivas
que lo justifican, medidas como el traslado del trabajador a centros de
trabajo que exigen su cambio de domicilio, la variaci?n de su jornada u
horario de trabajo, la implantaci?n de un r?gimen de trabajo a turnos o la
forma de remunerar su trabajo. Son situaciones que van a producir evidentes
perjuicios al trabajador, derivadas de una decisi?n empresarial que excede
de las facultades que tiene en virtud del poder de direcci?n de la actividad
empresarial (en estricto sentido); sin embargo, tan s?lo dan lugar a que
aqu?l pueda resolver el contrato de trabajo con una indemnizaci?n
sensiblemente inferior a la prevista en el art. 50 del ET, salvo en el
excepcional supuesto de que perjudiquen la formaci?n profesional del
afectado o menoscaben su dignidad (STS 8 febrero 1993 [RJ 1993\749], con
cita de otras 6 en igual sentido). Casos, ?stos, en los que s? concurre el
incumplimiento grave exigido por dicho precepto, ya que as? lo ha tipificado
la norma en cuesti?n en forma espec?fica en la letra a) de su n?m. 1. La
gravedad viene aqu? medida por la peculiar ?ndole del perjuicio ocasionado
al trabajador, en cuanto que horada la consideraci?n que le es debida o pone
en peligro su futuro profesional.
C) A la hora de analizar el supuesto de autos, a la Sala ha de partir,
necesariamente, del relato de hechos probados que efect?a la sentencia
recurrida, sin que pueda tomar en consideraci?n la ampliaci?n propuesta en
el primer motivo del recurso, y ello por una raz?n elemental: esa ampliaci?n
viene apoyada en una prueba inh?bil, como es la de confesi?n.
En efecto, nuestro legislador ha querido limitar esos cambios a aquellos
que vengan sustentados en prueba documental o pericial v?lidamente
practicada en autos [art. 191.b) del TRLPL (RCL 1995\1144 y 1563)]. La raz?n
de esa opci?n del legislador es bien comprensible, si tenemos en cuenta que
la ?nica instancia del proceso se dirime en juicio oral desarrollado en acto
?nico y con presencia del Magistrado que lo preside. Por tanto, la forma en
que ?ste capta las declaraciones que se realizan en prueba de confesi?n o
testifical no es posible que pueda percibirse por la Sala que dirime el
recurso de suplicaci?n o, cuando menos, no hay seguridad alguna de que ?sta
pueda hacerlo en igualdad de condiciones. Advi?rtase que el ser humano se
expresa con todo su cuerpo, y no s?lo con la palabra; incluso que el uso de
?sta queda sujeto a tal gama de rasgos (inflexiones, pausas, dudas, cambios
de tonos, etc.), de imposible reproducci?n por escrito, y m?s cuando el acta
que la ley ordena que se levante, ?nicamente debe reflejar un resumen
bastante de lo acontecido en la prueba. Y algo similar cabe decir de la
prueba de reconocimiento judicial, ya que es francamente dif?cil transmitir
todo lo que se percibe cuando se examina personalmente un objeto, un lugar,
etc?tera.
D) An?lisis que conduce a la Sala a una soluci?n del litigio del mismo
tenor que la obtenida por el Juzgado, sin que ?ste haya infringido lo
dispuesto en el art. 50.1, a) del Estatuto de los Trabajadores, ni su art.
40.1.
Conclusi?n cuya explicaci?n conviene desglosar en varios apartados, a fin
de dar respuesta a los diversos argumentos esgrimidos por las recurrentes o
que derivan de ?stos.
E) En efecto, el cambio de puesto de trabajo de la demandante, operado el
18 de enero de 1995 por decisi?n de su empresario, constituye un
incumplimiento contractual por parte de ?ste y no el leg?timo ejercicio de
las facultades que le incumben como titular del poder de direcci?n
empresarial, por cuanto que supone atribuirle funciones propias de otra
categor?a distinta a la suya, de inferior calificaci?n profesional, sin que
conste que se hiciera con car?cter provisional y motivado por razones de
urgencia.
Es verdad que las categor?as de auxiliar administrativo y oficial 2.?
administrativo forman parte del mismo grupo profesional, mas ello no es
suficiente para estimar que un empresario pueda destinar al trabajador a
realizar funciones propias de cualquiera de ellas, al amparo de lo dispuesto
en el art. 39 del ET, ya que la regla contenida en dicho precepto, seg?n
hemos dicho en otras ocasiones (por ejemplo, Sentencia de 9 mayo 1994
[AS 1994\2287]), ha de leerse en forma sistem?tica y, por tanto, en
coordinaci?n con lo dispuesto en el art. 23 del ET, en donde se pone de
manifiesto (n?m. 4 [RCL 1980\607 y ApNDL 3006]), que la asignaci?n de
funciones propias de categor?as inferiores, s?lo cabe realizarla cuando
concurran necesidades perentorias o imprevisibles en la actividad productiva
y, desde luego, ?nicamente por el tiempo imprescindible para atenderlas, tal
y como tuvo ocasi?n de aplicar la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en
sus Sentencias de 21 marzo 1989 (RJ 1989\1905) y 22 enero 1990
(RJ 1990\800). Unicas circunstancias que legitiman al empresario para que,
unilateralmente, pueda adoptar una decisi?n de esa naturaleza, que no
constan se hayan dado en el caso de autos, en el que la asignaci?n de
funciones se ofrece desprovista de toda raz?n de ser que la justifique y
carente de cualquier signo revelador de provisionalidad. Conviene se?alar, a
esos efectos, que no es bastante el dato de que el puesto que pasaba a
desempe?ar hubiera estado ocupado por otra trabajadora moment?neamente
ausente por estar de baja por maternidad, ya que el Juzgado da cuenta de que
el motivo del cambio fue otro -los roces que manten?a con su jefe
inmediato-, y as? lo corrobora la ausencia de cualquier indicio de que las
funciones asignadas a ese puesto fueran de mayor trascendencia para la buena
marcha de la empresa que las que la demandante realizaba en el suyo, como
tambi?n que la carta en la que se le comunica el cambio no mencione ese
motivo ni contenga dato alguno indicativo de su car?cter pasajero.
Estamos, por tanto, ante una modificaci?n de las condiciones laborales de
la demandante que se ofrece como sustancial, pese a que formalmente se
respete su categor?a y se le mantenga el salario propio de la misma. Por
ello, ven?a precisada, para su operatividad en legal forma, de la voluntad
del trabajador afectado.
Hay, pues, incumplimiento empresarial. Todo el enfoque de las demandadas,
tratando de encajar la situaci?n en la prevista en el art. 40.1 del ET
adolece de error, que es doble, dado que: 1) no se est? ante el supuesto de
movilidad geogr?fica contemplado en dicha norma, ya que contempla el caso de
traslado del trabajador a un centro que le exija el cambio de domicilio, lo
que no es el caso de la demandante, porque la distancia que hay de Sestao a
Bilbao, donde vive, no es mucho mayor que la existente entre esta capital y
Las Arenas, y, en cualquier caso, le permite residir en esta capital; 2) el
traslado previsto en dicho precepto no legitima m?s cambios que los
atinentes al lugar de trabajo, sin que autorice, desde luego, a traspasar
las fronteras prohibidas al empresario en orden a asignar al trabajador
labores de categor?a inferior a la suya.
Habr? que ver si ese incumplimiento tiene gravedad suficiente como para
justificar la resoluci?n contractual. Previamente, sin embargo, conviene
despejar alguna duda suscitada por las recurrentes.
F) Nuestro ordenamiento jur?dico no ha configurado el ejercicio de esa
acci?n resolutoria en forma subordinada respecto a la destinada a exigir el
cumplimiento del deber transgredido, sino que contempla ambas en forma
alternativa (art. 1124 del CC), con lo que la falta de ejercicio de esta
?ltima, como aqu? acontece, carece de incidencia para impedir el ?xito de la
que ha deducido, ni revela, por s? mismo, un uso abusivo de la misma.
No hacemos sino reiterar lo que ya indic?bamos en nuestra Sentencia de 9
mayo 1994, anteriormente mencionada.
G) Finalmente, no queda sino advertir el car?cter sumamente grave que tiene
la conducta de las demandadas.
Cierto es que, como dec?amos en dicha sentencia, una medida tan extrema
como es la resoluci?n indemnizada del contrato de trabajo s?lo cabe
adoptarla con suma cautela, en forma an?loga a lo que ocurre con el despido
y en consonancia con el principio de conservaci?n de los contratos, lo que
requiere una contumacia en la conducta empresarial constitutiva del
incumplimiento o que se est? ante un acto aislado de tal entidad como para
mostrar una incompatibilidad con la satisfacci?n que el trabajador espera
leg?timamente obtener del contrato que le liga con su empresario. Criterios,
estos, que reflejan la doctrina sentada en su aplicaci?n por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, revelada, entre otras, por sus Sentencias de 15
enero 1987 (RJ 1987\38) y 6 junio 1991 (RJ 1991\5135).
Merece la pena recalcar que la gravedad del incumplimiento es igualmente
exigible a los supuestos espec?ficamente tipificados en los apartados a) y
b) del art. 50 del ET, y no s?lo al tipo general del apartado c), seg?n
muestra la dicci?n de ?ste, al referirse a ?... cualquier otro
incumplimiento grave ...?, pues resalta que tambi?n aqu?llos han de
participar de esa cualidad, y corrobora, por ejemplo, el absurdo al que
dar?a lugar de no estimarse as?: cualquier impago de salarios encajar?a en
el tipo, incluso uno de 1.000 ptas., por ejemplo.
Gravedad que concurre en el caso de autos, dadas sus especiales
caracter?sticas, en la medida en que se advierte que la medida en cuesti?n
lesiona la dignidad de la demandante, por cuanto que si bien surge por los
roces y falta de entendimiento personal que tiene con su jefe inmediato, los
t?rminos en que se adopta no permiten deducir que se limitan a poner
soluci?n a esa falta de acoplamiento personal con respecto a las condiciones
laborales de la trabajadora, sino que se hace en forma que se muestra
ofensiva para ella y harto perceptible por cualquiera de sus compa?eros,
dado que le asignan el puesto desempe?ado por uno con categor?a inferior a
la suya, formalmente adscrito a una sociedad filial del mismo grupo y con
evidente intenci?n de que esa situaci?n resulte definitiva. A mayor
abundamiento, perjudica su formaci?n profesional, en la medida en que le
asigna funciones que, lejos de potenciar sus cualidades profesionales,
vienen a degrad?rselas, sin que sea preciso, a estos efectos, que los
potenciales perjuicios que conlleva hayan quedado definitivamente
consumados. La resoluci?n contractual indemnizada persigue, precisamente,
que no se llegue a esa situaci?n, facilitando al trabajador medios con que
poder afrontar su recolocaci?n en otra empresa.
No est? de m?s recordar que ?se es el criterio mantenido por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo cuando ha enjuiciado supuestos de asignaci?n de
funciones propias de categor?a inferior en forma permanente, y as? lo
revelan, entre otras muchas, sus Sentencias de 22 y 29 enero 1990
(RJ 1990\800 y RJ 1990\229) y 21 marzo 1990 (2) (RJ 1990\2208 y
RJ 1990\2211).
El recurso, por cuanto se ha expuesto, no puede acogerse.
SEGUNDO.-La desestimaci?n del recurso de suplicaci?n interpuesto por quien,
como ocurre con la parte recurrente, no goza del beneficio de justicia
gratuita y, para recurrir, ha precisado efectuar dep?sito de 25.000 ptas., y
ha avalado la cantidad a la que fue condenada en la sentencia recurrida,
trae consigo que, una vez firme esta resoluci?n, haya de perder aqu?l en
beneficio del Estado, y deba mantenerse el aval hasta su ejecuci?n o
devoluci?n (seg?n resulte del cumplimiento por la recurrente de la
obligaci?n de pago a la que ha sido condenada), as? como su condena al pago
de las costas del recurso, entre las que han de incluirse los honorarios del
abogado de la parte demandante devengados por su intervenci?n en esta fase
del proceso, cuya cuant?a fijamos en atenci?n a los niveles de complejidad y
trascendencia que tiene, as? como el de calidad de su intervenci?n (arts.
201.3 y 4 y 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral [RCL 1990\922 y 1049]).

MARGINAL: AS 1993\80
RESOLUCION: SENTENCIA de 28-1-1993, n?m. 140/1993. Rollo n?m. 1952/1992.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS, Sala de lo
Social)
RESUMEN:
ERROR DE HECHO: adici?n. SENTENCIA: hechos probados: valor de los que
figuran en la fundamentaci?n jur?dica. DESPIDO PROCEDENTE: representante de
los trabajadores: part?cipe en la Comisi?n negociadora del convenio:
ausencias injustificadas: disfrute de horas sindicales habi?ndosele agotado
el cr?dito horario y estando en suspenso las negociaciones. DESPIDO NULO:
denegaci?n.
DIS-ESTUDIADAS:
LEY 10-3-1980, n? 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
Art. 54.2, a) Art. 68, e)

LEY ORGANICA 2-8-1985, n? 11/1985. SINDICATOS. LIBERTAD SINDICAL
(RCL 1985\1980)
Art. 9.2

PONENTE: Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ
VOCES:
DESPIDO
Causas justas
Determinaci?n
a) Faltas de puntualidad o de asistencia
Procedente
Ausencias injustificadas: representante de los trabajadores part?cipe
en la Comisi?n Negociadora del convenio: disfrute de horas sindicales
habi?ndosele agotado el cr?dito horario y estando en suspenso las
negociaciones

DESPIDO
Calificaci?n del despido
Nulo
Casos
d) Discriminaci?n, violaci?n de derechos fundamentales y libertades
p?blicas
No debe estimarse: inexistencia de discriminaci?n: representante de
los trabajadores

RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Adici?n
Debe estimarse

SENTENCIA
HECHOS PROBADOS
Valor de los que figuran en los fundamentos de derecho

[TEXTO]:
El TSJ estima el recurso interpuesto por la empresa demandada y desestima
el formulado por el actor contra la sentencia del Juzgado de lo Social n?m.
3 de Gij?n, dictada en autos promovidos sobre despido, que es revocada para
desestimar la demanda y declarar procedente el despido del actor.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Seg?n consta en autos se present? demanda por Mario Jos? A. F. y
coadyuvante la Confederaci?n Sindical de CC.OO., ante el Juzgado de lo
Social n?m. 3 de Gij?n en reclamaci?n de despido siendo demandada la empresa
?Protecci?n y Seguridad SA? (PROSESA), siendo parte el Ministerio Fiscal, y
celebrado el acto del juicio oral por el mencionado Juzgado de lo Social, se
dict? Sentencia de fecha 20-4-1992, por la que se estimaba en parte la
demanda.
SEGUNDO.-En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados, los
siguientes:
?I.-El actor don Mario Jos? A. F., con DNI n?m. ...... cuyas dem?s
circunstancias personales constan en autos, prest? servicios por cuenta y
bajo la dependencia de la Empresa demandada "Protecci?n y Seguridad SA"
-PROSESA- en el centro de trabajo de la misma sito en COGERSA-Ser?n, Gij?n,
con la categor?a profesional de Vigilante Jurado de Seguridad, con una
antig?edad referida al 2-1-1984 y percibiendo un salario anual de 1.788.856
ptas. brutas incluidas las pagas extraordinarias, lo que supone un salario
diario de 4.901 ptas. brutas.
II.-El d?a 15-1-1992 la empresa demandada le remiti? una carta de despido
al actor, cuyo contenido literal es el siguiente: "Concluido el expediente
contradictorio a Vd. instruido, seg?n lo preceptuado en el art. 68. a) del
Estatuto de los Trabajadores, con inicio el 12-12-1991, y terminaci?n el
9-1-1992, con la interrupci?n por Vd. solicitada, la Direcci?n de la Empresa
ha dispuesto su despido disciplinario con efectos, a la fecha de esta carta,
por haber incurrido Vd. en los hechos y comportamientos graves y culpables
que, seguidamente, se expresan: 1.-Haber faltado a su trabajo, sin causa ni
justificaci?n alguna, los d?as, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26 y 29 de noviembre
de 1991, y los d?as 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 27, 28, 29 y
30 de diciembre de 1991, es decir, 24 d?as laborales. 2.-Mantener su actitud
de no reincorporarse a su trabajo, pese a los requerimientos expresados por
parte de la Empresa, prefiriendo aferrarse a una interpretaci?n personal
sobre el c?mputo de horas sindicales y de negociaci?n de Convenio que, seg?n
se acredita en el Expediente instruido, no ofrec?a duda o que, en todo caso,
debiera haberse sometido por su parte ante el ?rgano jurisdiccional
competente. 3.-Del documento de los puntos anteriores se deduce una clara
voluntad de incumplimiento continuado, con desatenci?n de las ?rdenes de sus
superiores y, consecuentemente un quebranto notorio en la organizaci?n y
prestaci?n de los servicios. Los hechos y comportamientos expuestos se
contemplan, como causas de despido, en los arts. 54.1 y 2a), b) y d) del
Estatuto de los Trabajadores, y 57.3 del Convenio Nacional de Empresas de
Seguridad, en relaci?n con los arts. 5 y 20.2 del Estatuto de los
Trabajadores. Con esta misma fecha se da el preceptivo conocimiento de la
decisi?n adoptada al Comit? de Empresa y Delegado Sindical en la Empresa. Se
pone a su disposici?n la liquidaci?n de todos los conceptos por Vd.
devengados al d?a de la fecha rog?ndole nos devuelva firmado el duplicado de
la presente carta". Con lo cual muestra disconformidad el actor, como se?al?
en el hecho 3.? de su demanda, debido a que la disposici?n de horas
sindicales en situaci?n de negociaci?n colectiva dado que afectaba a la
negociaci?n de un Convenio de ?mbito estatal ha de tener un sentido amplio
con posibilidad de que los cargos sindicales puedan disponer del tiempo
necesario no s?lo para negociar en sentido estricto sino tambi?n para
preparar en fases previas y posteriores los temas a debatir y estrategias a
adoptar en las negociaciones.
III.-El actor es representante de los trabajadores, Secretario General de
la Secci?n Sindical de CC.OO. y responsable estatal del sector de seguridad
de CC.OO.
IV.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 106-2 de la Ley de
Procedimiento Laboral se ha aportado a los autos el expediente
contradictorio, que se da ?ntegramente por reproducido.
V.-El actor remiti? a la Empresa demandada el 26-12-1991, pliego de
alegaciones, cuya copia ha sido aportada acompa?ando a la demanda, que se da
igualmente por reproducida (f. 4 a 9) ambos inclusive.
VI.-La empresa cuenta con m?s de 25 trabajadores.
VII.-Se celebr? conciliaci?n ante la UMAC en fecha 10-2-1992 que termin?
con el resultado de: "Sin Avenencia".?
TERCERO.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicaci?n por la
parte demandante y demandada, siendo impugnado por la empresa ?Protecci?n y
Seguridad SA? (PROSESA).
Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a Ponente para su examen
y resoluci?n.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Las cinco modificaciones que en la premisa hist?rica de instancia
pretende introducir, al amparo del art. 190, b) de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1990\922 y 1049), el motivo primero del recurso, son
pertinentes y ?tiles para el prop?sito que la impugnaci?n persigue y su
realidad queda adem?s acreditada -en los t?rminos en que cada una de ellas
se expresa por los respectivos textos alternativos ofrecidos en el escrito
de formalizaci?n- por pruebas documentales incontestables, bien por su
car?cter formalmente aut?ntico (modificaciones primera, segunda y quinta) o
por su condici?n material de indubitados, al gozar en autos de una
categ?rica conformidad de ambas partes, habiendo sido alegados incluso por
el demandante y respaldados con pruebas hechas a su instancia
(modificaciones tercera y cuarta), con la salvedad, respecto a esta ?ltima,
de que el dato de las ausencias consta ya en la convicci?n de instancia,
aunque en forma confusa y emplazado con mala t?cnica en los farragosos
razonamientos de la fundamentaci?n jur?dica, pese a lo cual conserva todo su
valor, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional (Sentencias entre
otras de 2-12-1982 [RTC 1982\72], 20-5-1986 [RTC 1986\61] y 24-3-1988
[RTC 1988\55]), dotada de la autoridad que le ha conferido el art. 5.?.1 de
la Ley Org?nica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) y de
que su toma en consideraci?n ha de excluir las tres primeras faltas
imputadas y arrancar del d?a 21 noviembre, fecha siguiente a la en que las
negociaciones quedaron suspendidas, de manera que la escasez del relato
f?ctico a quo debe quedar completada por las constancias relativas al
acuerdo sobre permisos retribuidos por negociaci?n del convenio tomado por
la propia mesa de ?ste, al relativo a la suspensi?n de negociaciones, a la
renuencia del actor a aceptar los l?mites que ambos impon?an a su absentismo
y a la conminaci?n recibida al respecto de la propia Comisi?n negociadora,
as? como a la advertencia empresarial que la empleadora le hizo ya el 14 de
noviembre sobre el agotamiento tanto de su cr?dito horario como del
perteneciente al resto de los representantes sindicales.
SEGUNDO.-Partiendo de la base de que la titularidad de funciones
representativas no s?lo no libera a quien la ostenta de la obligaci?n de
cumplir fielmente los deberes que su contrato le impone (art. 5.? del
Estatuto de los Trabajadores [RCL 1980\607 y ApNDL 3006]), sin perjuicio de
las exenciones que ocasionalmente pueda legitimar el ejercicio de sus
garant?as definidas por el art. 68 de dicha Ley, sino que le obliga, si
cabe, a un mayor escr?pulo y cuidado en mantener su propia disciplina
laboral, aunque s?lo sea por los aspectos testimoniales que su cargo
incorpora y a cuya fidelidad compromete siempre el servicio de intereses
generales, es claro que la deuda de actividad de estos trabajadores s?lo
cede a su condici?n representativa en los t?rminos en que -para los fines
espec?ficamente all? contemplados y con la extensi?n prevista- dispone el
ap. e) de la ?ltima norma citada y en los que a efectos de negociaci?n
contempla el art. 9.?.2 de la Ley Org?nica de Libertad Sindical de 2-8-1985
(RCL 1985\1980 y ApNDL 13091). El primer cr?dito horario estaba agotado con
amplias creces en la fecha en que, suspendida la negociaci?n del convenio,
el actor utilizaba ya el plus de exenci?n que el segundo precepto org?nico
citado habilita. Aunque no se admitan en toda la extensi?n preconizada por
el recurso de la empresa las facultades auton?micas de la comisi?n
negociadora para disponer de la disciplina laboral de las empresas afectadas
en materia de asistencia de sus representantes, es cierto sin embargo que
sus acuerdos, cuando, como el que aqu? se considera, no transgreden l?mites
legales indisponibles, son al menos una seria y autorizada providencia
aplicativa de las previsiones abstractas con que la ley tutela el ejercicio
de los derechos sindicales que se desarrolla en su seno. Tales premisas
configuran las reiteradas ausencias del demandante, carentes de una y otra
justificaci?n y mantenidas desde la primera advertencia empresarial hasta la
carta de despido, durante veinti?n d?as laborables, contraviniendo las
indicaciones de la propia mesa del convenio, cuyas actividades hab?an
quedado suspendidas, como quebrantamientos de sus obligaciones, imputables a
la libre determinaci?n de su voluntad y modulados por las previsiones del
convenio colectivo de ?mbito nacional contenidas en sus arts. 57 y 58 como
de extrema gravedad, bastante por ello para justificar lo leg?timo de la
medida correctora adoptada. A lo largo del proceso, ninguna explicaci?n ha
sido dada por el actor capaz de suministrar una razonable y entendible dosis
de legitimidad a su conducta, limit?ndose a difusas y evanescentes
invocaciones de sus t?tulos sindicales y de la precisi?n de gestionar su
contenido fuera de la sede empresarial, lo cual es a todas luces
insuficiente, pues la elasticidad con que jurisprudencialmente se ha
entendido en ocasiones el contenido de las garant?as del representante
sindical ha tomado siempre como referencia la utilizaci?n del cr?dito
horario que el Estatuto de los Trabajadores le concede, pero ser?a excesivo
extender tal entendimiento a un ausencia de m?s de tres semanas, habi?ndose
agotada aqu?l, cuando, no existe ya negociaci?n alguna en marcha, estando
parados los trabajos del convenio, sin que ni siquiera haya habido
convocatorias -ni incluso reuniones informales- de la comisi?n, porque con
ello se abrir?a la puerta a una patente de absentismo, cuya dosificaci?n
s?lo depender?a de la voluntad del representante sindical y cuyo control o
correcci?n simplemente carecer?an de instrumentos para ser puestos en
ejercicio, por muy dilatada o prolongada que fuese la falta de asistencia
del interesado.
TERCERO.-Se sigue de todo ello que la Magistratura de instancia ha
quebrantado por aplicaci?n indebida el art. 9.?.2 de la Ley Org?nica de
Libertad Sindical, extendiendo la protecci?n que otorga mucho m?s all? de
cuanto imponen y definen los t?rminos de un texto literal, que traduce
fielmente, al margen de toda duda razonable, la finalidad y esp?ritu del
precepto (art. 3.?.1 del C?digo Civil) y por inaplicaci?n los arts. 54.1 y
2, a) y b) y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores en relaci?n con los arts.
57 y 58 de convenio de ?mbito nacional para empresas de seguridad (BOE
10-5-1990 [RCL 1990\985]), tal como, en la v?a de censura jur?dica
autorizada por el art. 190, c) de la Ley de Procedimiento Laboral, postula
el motivo segundo del recurso.
CUARTO.-Es igualmente consecuencia inevitable del an?lisis que precede, la
desestimaci?n del recurso interpuesto por el trabajador despedido, as? como
del que, en t?rminos pr?cticamente id?nticos, formaliza el sindicato que con
?l ha coadyuvado, al carecer de base cuantas denuncias de quebrantamientos
jur?dicos formulan por conducto del art. 190, c) de la Ley de Procedimiento
Laboral, ya que, de una parte, la pretensi?n de nulidad radical, que apoyan
en los arts. 28.1 y 37.1 de la Constituci?n (RCL 1978\2836 y ApDNL 2875), en
relaci?n con la doctrina legal pertinente y con los arts. 108.2, d) y 179.1
de la Ley de Procedimiento Laboral, cae por su base, una vez que, comprobada
la gravedad y culpabilidad objetivas de la infracci?n, la simple y escueta
invocaci?n del t?tulo sindical no basta para justificar las ausencias en el
sentido que se pretende, sin indicar al menos las circunstancias, motivos y
condiciones en que el ejercicio concreto de deberes sindicales ha tenido
lugar, para extraer de la valoraci?n de estos datos el efecto justificativo
que se persigue y de otra, toda imputaci?n de conducta antisindical que se
haga al empresario con semejante falta de base, es gratuita y arbitraria y
se desautoriza en sus propios t?rminos, al no existir actividades sindicales
concretas, cuyo desempe?o haya exigido las ausencias sancionadas y en el
mismo defecto incurren las imputaciones de fraude de ley y mala fe, que,
fundadas en el quebrantamiento de los arts. 6.?.4 y 7.?.2 del C?digo Civil,
hace el motivo segundo.

MARGINAL: AS 1994\606
RESOLUCION: SENTENCIA de 2-2-1994, n?m. 67/1994.
Recurso de Suplicaci?n n?m. 112/1993-AE
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON, Sala de lo
Social)
RESUMEN:
CONTRATO DE TRABAJO: derechos del trabajador: promoci?n y formaci?n
profesional: trabajador; que cursa estudios acad?micos: derecho a elegir
turno de trabajo: RENFE. LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO: falta de:
desestimaci?n.
DIS-ESTUDIADAS:
CONSTITUCION 27-12-1978. CONSTITUCION ESPA?OLA. TEXTO (RCL 1978\2836)
Art. 40.2

LEY 10-3-1980, n? 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
Art. 22.1, a)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. EMILIO MOLINS GUERRERO
VOCES:
CONTRATO DE TRABAJO
Derechos y deberes derivados del contrato
Derechos del trabajador
Promoci?n y formaci?n profesional: turnos: elecci?n: preferencia por
cursar estudios: debe estimarse

JORNADA LABORAL
Turnos de trabajo
Preferencias: para cursar estudios

LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO
FALTA DE
No debe estimarse

RENFE
JORNADA LABORAL
Turnos de trabajo: preferencias: para cursar estudios

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 6 de Zaragoza, de fecha 4-12-1992,
dictada en autos promovidos sobre reconocimiento de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Seg?n consta en autos, se present? demanda por don Francisco Jos?
G. R., contra ?RENFE?, sobre declaraci?n de derecho, y en su d?a se celebr?
el acto de la vista, habi?ndose dictado sentencia por el Juzgado de lo
Social n?mero 6 de esta capital, siendo el Fallo del tenor literal
siguiente:
?Que estimando la demanda de don Francisco Jos? G. R. en parte, debo de
declarar y declaro el derecho del actor a que por la empresa demandada
"RENFE" se le asigne turno fijo de trabajo de 6 a 14 horas, durante el
per?odo de duraci?n del curso acad?mico 1992-1993 y siempre y cuando dicho
demandante curse los estudios se?alados en el hecho probado 3.?, condenando
a la parte demandada a estar y pasar por esta declaraci?n.?
SEGUNDO.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los
del tenor literal siguiente:
?I.-El actor don Francisco Jos? G. R. presta servicios para "RENFE" con
categor?a profesional de factor de circulaci?n de 2.?
II.-Realiza el demandante turnos alternos en jornada continuada durante
ma?ana, tarde y noche, seg?n el gr?fico del servicio.
III.-El actor cursa estudios de Graduado Social en horario de tarde, de
16.30 a 21.30.
IV.-El 7 de julio de 1992, solicit? de la Red se le asignara turno fijo de
6 a 14 horas, a partir del mes de octubre para poder realizar estudios de
Graduado Social, sin haber obtenido contestaci?n estimatoria de dicha
solicitud.
V.-Se ha realizado el preceptivo acto de conciliaci?n ante la UMAC con el
resultado de intentado sin efecto.?
TERCERO.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicaci?n por la
parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Que en el 1.er motivo del recurso se postula, por el cauce del
art. 190,b) de la LPL (RCL 1990\922 y 1049), la revisi?n del hecho probado
2.? de la sentencia de instancia, mediante la adici?n que se propone, y que
se da por reproducida, pretensi?n que est? destinada al fracaso, por ser
intranscendente para variar el signo del fallo por las razones que se
expondr?n a continuaci?n.
SEGUNDO.-Que en el 1.er motivo del recurso, de los relativos al examen del
derecho aplicado, se denuncia, por la v?a del art. 190,c) de la Ley Rituaria
Laboral, la infracci?n por interpretaci?n err?nea de los arts. 80 y 81 de la
referida Ley, en relaci?n con la doctrina jurisprudencial sobre la excepci?n
de falta de litis consorcio pasivo necesario, censura jur?dica que no puede
merecer favorable acogida, en primer lugar, por la consideraci?n de orden
estrictamente procesal de que si bien es cierto que al evacuar el tr?mite de
contestaci?n a la demanda en el acto del juicio, se aleg? dicha excepci?n,
no lo es menos que no se hizo menci?n expresa y espec?fica de las personas
con las que hab?a que ampliar la relaci?n jur?dico-procesal, y, en segundo
t?rmino, porque como tiene declarado el TCT en Sentencia de 18 julio 1986
(RTCT 1986\6535), que contempla un supuesto de trabajador de ?RENFE? similar
al presente, ?lo postulado por el actor acerca de la elecci?n de turno de
trabajo, sobre organizaci?n del trabajo es potestad de la empresa, no
aparece acreditado que ello colisione los derechos de los trabajadores
restantes?.
TERCERO.-Que en el 2.? motivo de los referidos al examen del derecho
aplicado, con la misma cobertura procesal que el anterior, se alega la
infracci?n, por incorrecta interpretaci?n del art. 22.1,a) del ET
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006) y del art. 173 del Texto Refundido de la
Normativa Laboral en ?RENFE?, as? como por inaplicaci?n del art. 2.? del
mencionado Estatuto; reproche jur?dico que est? igualmente condenado al
fracaso porque la primac?a que debe otorgarse para la correcta soluci?n del
caso debatido, el mencionado art. 22 del referido Estatuto, est?
expresamente reconocida por esta Sala en Sentencia de 22 enero 1992
(AS 1992\196), cuyo segundo fundamento de derecho transcribimos a
continuaci?n: ?Al amparo del apartado c) del art. 190 de la Ley Adjetiva
Laboral, examen de las infracciones de normas sustantivas o de la
jurisprudencia, aquella parte impugnante denuncia infracci?n por aplicaci?n
indebida, del art. 22.1.? del Estatuto de los Trabajadores de 10 marzo 1980.
Pero la censura no puede ser aceptada, sin que la Sala aprecie la infracci?n
que se denuncia: 1.?) La propia parte recurrente reconoce y asume plenamente
la aplicabilidad en su seno del art. 22 del Estatuto de los Trabajadores en
cuanto ?viene a dar efectividad -sic- al derecho a la promoci?n y formaci?n
profesional, reconocido en el art. 40.2 de la Constituci?n (RCL 1978\2836 y
ApNDL 2875)?. 2.? El art. 22, n?m. 1.a) del Estatuto de los Trabajadores
reconoce como derecho del trabajador ?preferencia a elegir turno de trabajo,
si tal es el r?gimen instaurado en la Empresa, cuando curse con regularidad
estudios para la obtenci?n de un t?tulo acad?mico o profesional?. Seg?n se
ve dos son las condiciones que la norma jur?dica establece para la
efectividad del derecho del trabajador a elegir turno en su empresa: a) que
?sta se halle organizada, en orden a la prestaci?n laboral, en r?gimen de
turnos y b) que el trabajador curse con regularidad estudios para la
obtenci?n de un t?tulo acad?mico o profesional.
De aquel relato hist?rico probado -hecho probado 3.?- se deduce
inequ?vocamente que ambos requisitos se cumplen en el caso del actor. Por
consiguiente no se trata de discernir o entender si se ha interpretado
r?gida o laxamente cuanto dispone el precepto legal; ni de las alternativas
suposiciones o condicionamientos a los que se hace menci?n en el cuerpo del
recurso de suplicaci?n. Lo que dice la norma y en sus propios t?rminos hay
que acatarlo; en este supuesto, configurando un derecho del trabajador que
realiza estudios, con soporte constitucional suficiente -art. 40-. Por tanto
no procede hacer otra cosa que reiterar la letra, sentido y finalidad de los
preceptos jur?dicos comentados cuya interpretaci?n por el juzgador de
instancia se reputa correcta por la Sala, arropada la argumentaci?n, en el
conflicto presente, por cuanto dispone el art. 25 del Convenio Colectivo de
aplicaci?n (RCL 1991\2098), y Convenio n?m. 140 de la OIT (RCL 1979\2601 y
ApNDL 4269). El recurso en suma, se desestima y se confirma la sentencia.
CUARTO.-Que por todo lo expuesto procede acordar la desestimaci?n del
recurso y la confirmaci?n de la sentencia de instancia.

MARGINAL: AS 1993\5355
RESOLUCION: SENTENCIA de 22-12-1993, n?m. 423/1993. Rollo n?m. 296/1993.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BALEARES, Sala de lo
Social)
RESUMEN:
SALARIOS: complementos: plus de actividad: naturaleza: no tiene car?cter
personal, por lo tanto no es consolidable; abono: mientras dura la
disponibilidad que dio origen al mismo. ERROR DE HECHO: cuesti?n jur?dica y
no de hecho; adici?n; documentos eficaces para la revisi?n: acta del SMAC.
DIS-ESTUDIADAS:
DECRETO 17-8-1973, n? 2380/1973. ORDENA RETRIBUCION TRABAJO CUENTA AJENA
(RCL 1973\1810)
Art. 5, B)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER WILHELMI LIZAUR
VOCES:
RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Adici?n
Debe estimarse

RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Cuesti?n jur?dica y no de hecho

RECURSO DE SUPLICACION
Error de hecho
Documentos eficaces para la revisi?n
Acta del SMAC

SALARIOS
COMPLEMENTOS
Plus de actividad: abono: mientras dura la disponibilidad que di? origen
al mismo

SALARIOS
COMPLEMENTOS
Plus de actividad: naturaleza: no tiene car?cter personal, por lo tanto
no es consolidable

[TEXTO]:
El TSJ estima en parte el recurso interpuesto por el actor contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 2 de Palma de Mallorca, de fecha
17-3-1993, que es revocada en el sentido indicado en los fundamentos de
derecho transcritos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El presente procedimiento, ahora en suplicaci?n, se inici? en
virtud de demanda deducida por don Miguel P. A. contra la Fundaci?n P?blica
del Servici Municipal d'Esports, sobre derecho y cantidad; procedimiento en
el que, tras celebrarse el acto de juicio y practicarse las pruebas
propuestas, recay?, con fecha 17-3-1993, Sentencia cuyo Fallo dice:
?Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por don Miguel P. A.
contra el Servicio Municipal de Deportes, en reclamaci?n de cantidad y
declaraci?n de derecho, absolviendo libremente al demandado de la acci?n en
su contra ejercitada.?
SEGUNDO.-En la expresada sentencia se declaran como hechos probados los
siguientes:
?I.-El demandante, don Miguel P. A., viene prestando sus servicios por
cuenta y orden de la Fundaci?n P?blica del Servicio Municipal de Deportes,
como responsable de ?rea del mantenimiento y obra de la Fundaci?n P?blica
del Servicio Municipal de Deportes, desde el 1-9-1990, tras haber superado
las pruebas selectivas previamente convocadas, en virtud de contrato de
trabajo por tiempo indefinido y percibiendo un salario de 179.557 ptas.
brutas mensuales.
II.-Que la Junta Rectora de la demandada, en sesi?n celebrada en el mes de
enero 1991, acord? conceder al actor, mientras desempe?ase las funciones de
Arquitecto T?cnico de la Fundaci?n y por el ejercicio de la Direcci?n
T?cnica de las Obras, un plus de actividad de 139.474 ptas. por quince pagas
y en consecuencia, cuando finaliza y aprueba su gasto, todo ello
circunscrito al ejercicio de 1991.
III.-Que en sesi?n ordinaria de la Junta Rectora de la Fundaci?n P?blica
demandada, celebrada el 25-1-1991 se acord? designar al actor Arquitecto
T?cnico de la misma, para la Direcci?n T?cnica de las obras que le pudiere
encomendar dicha fundaci?n.
IV.-Que el actor ha venido percibiendo hasta el mes de junio 1991 y bajo la
denominaci?n de plus actividad la cantidad de 139.474 ptas., dejando de
serle abonada a partir del mes de julio 1991.
V.-Que a partir del 26-8-1991 el actor dej? de desempe?ar funciones de
Director T?cnico.
VI.-Que por Acuerdo de 19-7-1991 de la Junta Rectora, se decidi? "Retirar
de las Direcciones de las Obras de los Proyectos adjudicados por la
Fundaci?n P?blica del Servicio Municipal de Deportes al actor y en
consecuencia anular la gratificaci?n de 139.474 ptas. que cobraba por dicho
concepto", acuerdo que lleva fecha de registro de salida 14-8-1991.
VII.-Que en fecha 11-12-1991 tuvo lugar ante el SMAC el acto de
conciliaci?n instado el 28-11-1991.
VIII.-Que en fecha 28-11-1991 el Secretario del Ayuntamiento de Palma, en
contestaci?n al escrito presentado por el actor el 15-10-1991, hizo saber a
?ste que el d?a 26-7-1991 se le hab?a remitido Acuerdo de Junta Rectora de
19-7-1991, se?alado en el antecedente de este relato f?ctico.?
TERCERO.-Contra dicha resoluci?n la representaci?n del demandante anunci?
recurso de suplicaci?n que posteriormente formaliz?, y que fue impugnado por
don Manuel S. R. en nombre de la demandada; siendo admitido a tr?mite dicho
recurso por esta Sala, por Providencia de fecha 24-9-1993, habi?ndose
se?alado para deliberaci?n y votaci?n el d?a 10-11-1993 y su pase al
Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Al amparo del ap. b) del art. 190 de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1990\922 y ApNDL 1049), la parte actora formula el primer
motivo de suplicaci?n con la finalidad revisoria, en primer lugar, de
modificar el hecho probado segundo de la sentencia recurrida, por otro texto
que exprese lo siguiente: ?Que la Junta Rectora de la demandada, en sesi?n
celebrada el 25-1-1991, acord? conceder al actor, mientras desempe?ase las
funciones de Arquitecto T?cnico de la Fundaci?n, un plus de actividad de
139.474 ptas. por quince pagas?. Tal pretensi?n se basa en la documental
obrante en autos, en los folios 19 y 20, del ramo de prueba de la parte
actora, y en el folio 30, del ramo de prueba de la parte demandada, y en los
que se recoge el Acuerdo aprobado el 25-1-1991 de la Junta Rectora de la
Fundaci?n P?blica del Servicio Municipal de Deportes, cuyo contenido es el
siguiente, ... ?b) Designar, a don Miguel P. A., Arquitecto T?cnico de la
Fundaci?n P?blica del Servicio Municipal de Deportes, para la Direcci?n
T?cnica de las obras que le pueda encomendar dicha Fundaci?n; c) Conceder a
don Miguel P. A., mientras desempe?e las funciones de Arquitecto T?cnico de
esta Fundaci?n y por el ejercicio de la Direcci?n T?cnica de las Obras un
plus de actividad de 139.474 ptas. por quince pagas, y, en consecuencia,
formalizar y aprobar su gasto, circunscrito al ejercicio 1991?, (folios 30 y
31), quedando limitado el contenido de los documentos obrantes en los folios
19 y 20, a la notificaci?n de dichos acuerdos a don Miguel P. A., en los
que, separadamente, se hace referencia a los acuerdos c) y b) antes
expresados.
Pues bien, el contenido de dicho Acuerdo de 25-1-1991, se recoge,
textualmente, en los hechos probados segundo y tercero de la sentencia
recurrida, aunque la forma empleada da lugar a confusi?n, pues se trata de
un mismo acuerdo, pudiendo refundirse en un solo ordinal, recogiendo de
forma sistem?tica, los aps. b) y c) textualmente, y no como aparecen
expresados en el relato f?ctico de la sentencia recurrida, en cuyo ordinal
2.? se recoge el ap. c) del acuerdo y en el ordinal 3.?, su ap. b), sin que,
por ello, se aprecie error de hecho alguno, debi?ndose limitar el relato
f?ctico de la sentencia a expresar el contenido del citado Acuerdo de
25-1-1991, que es tal como se recoge en los ordinales 2.? y 3.?,
correspondiendo realizar su interpretaci?n y consecuencias jur?dicas, en la
motivaci?n jur?dica de la sentencia.
En segundo lugar, se pretensiona la modificaci?n del ordinal quinto de la
sentencia recurrida, que expresa lo siguiente: ?Que por Acuerdo del
26-8-1991, el actor dej? de desempe?ar funciones de Director T?cnico?, por
otro texto que diga, ?No consta que en ning?n momento se haya revocado el
nombramiento del se?or P. como Arquitecto T?cnico de la Fundaci?n?, y, para
ello, invoca el ?nico documento, obrante en autos en el folio 33,
consistente en el Acuerdo de la Junta Rectora de la Fundaci?n P?blica
demandada, de 19-7-1991, consistente en: ?Retirar de las Direcciones de
obras de los Proyectos adjudicados por esta Fundaci?n P?blica del Servicio
Municipal de Deportes al aparejador don Miguel P. A., y, consecuentemente,
anular la gratificaci?n de 134.474 ptas. que cobraba por este concepto?.
El contenido de dicho documento se recoge textualmente en el ordinal sexto
de la sentencia recurrida, por lo que el ordinal quinto, es una consecuencia
del mismo, que la Magistrada ?a quo? extrae del acto de conciliaci?n ante el
SMAC, obrante en el folio 10, en el que la parte demandada hace constar
expresamente que ?reconoce adeudar al actor, el complemento por actividad al
que se refiere la demanda hasta la fecha 14-8-1991, en que se le comunic? el
cese de la misma, ofreciendo su pago los pr?ximos cinco d?as?, a lo que
replic? el actor por cuanto tal complemento no se le puede suprimir
unilateralmente, y que la notificaci?n del cese no se produjo hasta el
29-11-1991?, aportando, adem?s a los autos, el documento (folio 11), en que
con fecha 28-11-1991, se le reitera la notificaci?n del Acuerdo de la
Fundaci?n de 19-7-1991.
En consecuencia, el texto que figura en el ordinal quinto, al no figurar
documentado que se notificara al actor el Acuerdo de 19-7-1991, ni el
14-8-1991, ni el 26-8-1991, sino el 28-11-1991, debe ser suprimido, pues del
examen de los autos, la fecha 26-8-1991, s?lo puede deducirse de un error de
transcripci?n, pues la comunicaci?n del Acuerdo de 19-7-1991, suscrito por
el Secretario de la Fundaci?n, est? datado el 26-7-1991, y, quiz?s, sea esta
fecha a la que se refiere el mencionado ordinal, o tambi?n que se refiera a
la de 14-8-1991, alegada por la demandada, como fecha de efectividad del
cese del actor como Director de Obras.
Por el contrario, no puede prosperar el texto que se pretende introducir,
en sustituci?n del ordinal quinto, pues no se puede extraer de la documental
invocada, salvo por la v?a de la interpretaci?n subjetiva de los acuerdos de
la Fundaci?n, al pretenderse separar la designaci?n de Arquitecto T?cnico de
la actividad de Direcci?n de Obras, lo que es m?s propio del contenido de la
fundamentaci?n jur?dica que de un relato f?ctico, donde deben constar los
hechos tal como son, reflejando ?nicamente el contenido de los acuerdos de
la Junta Rectora de la Fundaci?n P?blica demandada, extrayendo sus efectos y
consecuencias jur?dicas por la v?a del ap. c) del art. 190 de la LPL, sobre
todo, en un supuesto como el de autos, donde la pretensi?n de la parte
actora se basa exclusivamente en el contenido de dichos acuerdos.
SEGUNDO.-Por la misma v?a del ap. b) del art. 190 de la LPL, se solicita la
adici?n al hecho probado sexto, con el objeto de que se incorpore ?in fine?,
el siguiente texto: ?... sin que conste acreditado que la misma fuera
notificada al se?or P. hasta el d?a 29-11-1991?, tal pretensi?n revisoria
tiene su base en el documento n?m. 3 de los acompa?ados al escrito de
demanda (folio 20), de fecha 28-11-1991, en el que se comunica al actor el
Acuerdo de 19-7-1991, por el que se le retira de la Direcci?n de Obras y se
le anula la gratificaci?n de 139.474 ptas. que cobraba por este concepto, al
que ya nos hemos referido, por lo que, al no constar que hasta el
29-11-1991, no se le notificara dicho acuerdo, procede estimar la pretensi?n
revisoria solicitada.
Finalmente, se pretensiona la adici?n al ordinal s?ptimo del relato f?ctico
de la sentencia recurrida del siguiente texto: ?... en el que la entidad
demandada reconoci? adeudar el plus de actividad al actor hasta la fecha en
que le fue comunicado, seg?n ella, el acuerdo hasta el 14-8-1991?; tal
adici?n tiene como base el acta de conciliaci?n ante el SMAC (folio 10), en
la que consta tal manifestaci?n de la parte demandada, y el ofrecimiento del
abono de dicho plus de actividad hasta el 14-8-1991, por lo que procede ser
estimada dicha pretensi?n revisoria.
TERCERO.-Al amparo del ap. c) del art. 190 de la Ley de Procedimiento
Laboral la parte actora formula los dos ?ltimos motivos de suplicaci?n,
alegando en el primero de ellos la infracci?n por aplicaci?n indebida del
art. 26.1 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL 3006), y
del art. 5.c) del Decreto 2380/1973, de 17 agosto (RCL 1973\1810, 1922 y NDL
7302), sobre Ordenaci?n del Salario, por cuanto que el complemento asignado
al actor, en virtud de su nombramiento de Arquitecto T?cnico de la Fundaci?n
del que nunca se le ha revocado, premian la disponibilidad o mayor cantidad
de trabajo del mismo en funci?n de dicha categor?a, por lo que tal
complemento o plus es consolidable, de acuerdo con el ap. c) del art. 5 del
D. 2380/1973, lo que no ocurre con lo preceptuado en el ap. b) del mismo
precepto.
La sentencia de instancia desestima la pretensi?n del actor, por entender
que la percepci?n del plus reclamado, en virtud del contenido del Acuerdo de
la Fundaci?n de 25-1-1991, depend?a del desempe?o por el actor de la funci?n
de Direcci?n de obras, constituyendo un complemento de puesto de trabajo
comprendido en el ap. b) del art. 5 del D. 17-8-1973, por lo que no tendr?
car?cter consolidable, y al dejar el actor de realizar dichas funciones por
Acuerdo de 26-7-1991, procede su no percepci?n.
Pues bien, como resulta de la base segunda de la convocatoria para cubrir
una plaza de ?responsable de mantenimiento de la Fundaci?n P?blica del
Servicio Municipal de Deportes, con car?cter fijo de plantilla en R?gimen
Laboral? (folio 24), una de las condiciones para tomar parte era la de estar
en posesi?n del T?tulo de Arquitecto T?cnico, y en base a esta titulaci?n,
el actor obtuvo dicha plaza y fue contratado laboralmente con car?cter
indefinido el 1-9-1990 (folio 28), por ello, el Acuerdo de 25-1-1991 de la
Junta Rectora de dicha Fundaci?n, no puede ser interpretado como pretensiona
la parte actora, en lo que separa su designaci?n de Arquitecto T?cnico y el
ejercicio de la Direcci?n T?cnica de las Obras, por el que se le asigna un
plus de actividad de 139.474 ptas. por 15 pagas, circunscrito al ejercicio
de 1991, pues es evidente que el actor es por un lado Arquitecto T?cnico de
la Fundaci?n como responsable del ?rea de mantenimiento, que constituye su
actividad prestacional para lo que ha sido contratado, y adem?s, por la
realizaci?n de la funci?n de Direcci?n T?cnica de Obras que dicha Fundaci?n
le encomiende, percibir? dicho plus de actividad, que se incorpora a su
contrato laboral como un complemento salarial, lo que en principio se
circunscribe a 1991, por lo que como razona la Magistrada a quo, tal
complemento salarial, que se limita a una mera disponibilidad del actor,
pues no costa acreditado que realizara tal funci?n en 1991, no tiene
car?cter personal, y por ello consolidable, como se pretensiona en el
recurso, sino que se trata de una actividad complementaria, ajena a la
prestaci?n laboral contratada, por lo que el acuerdo de anular dicha
asignaci?n al serle retirada dicha disponibilidad, supone, adem?s, la de su
cese como Arquitecto T?cnico en dicha actividad complementaria de Direcci?n
de Obra, debi?ndose, por ello, limitar la pretensi?n del actor a la
percepci?n del complemento de actividad, hasta el 28-11-1991, tal como se
pretende en el motivo segundo de suplicaci?n, al ser ?sta la fecha en la que
se le notifica al actor el Acuerdo de 26-7-1991, en el que se le retira de
la ?disponibilidad? para la realizaci?n de la actividad de direcci?n t?cnica
de las obras que se le encomienden, revocando, por ello, la sentencia de
instancia, y estimar en parte la demanda formulada.

MARGINAL: AS 1995\2130
RESOLUCION: SENTENCIA de 19-5-1995, n?m. 489/1995.
Recurso de Suplicaci?n n?m. 66/1995
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA,
Sala de lo Social)
RESUMEN:
SALARIOS: plus de trabajos penosos, t?xicos y peligrosos: car?cter no
consolidable; supresi?n: denegaci?n: traslado a puesto de trabajo no
catalogado como penoso, t?xico o peligroso: garant?a establecida en
convenio. CONTRATO DE TRABAJO: modificaci?n de las condiciones: cambio del
sistema de remuneraci?n: incentivos salariales no asignados en el nuevo
puesto de trabajo.
DIS-ESTUDIADAS:
LEY 10-3-1980, n? 8/1980. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. TEXTO (RCL 1980\607)
Art. 39 Art. 41

PONENTE: Ilmo. Sr. D. PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA
VOCES:
COMUNIDADES AUTONOMAS
Supuestos espec?ficos
Castilla-La Mancha
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: cesaci?n de la actividad:
traslado a puesto de trabajo an?logo: mantenimiento de las retribuciones:
complementos del puesto de trabajo

CONTRATO DE TRABAJO
Modificaci?n de las condiciones
Debe estimarse
Cambio de puesto de trabajo: disminuci?n de retribuci?n: incentivos
salariales del puesto de trabajo

CONTRATO DE TRABAJO
Modificaci?n de las condiciones
Debe estimarse
Cambio del sistema de remuneraci?n: alcance

MOVILIDAD FUNCIONAL
DERECHOS ECONOMICOS
Mantenimiento: complementos del puesto de trabajo: supuestos

MOVILIDAD FUNCIONAL
FACULTAD DE LA EMPRESA
Extensi?n y l?mites: derechos econ?micos: complementos del puesto de
trabajo

SALARIOS
PLUSES
Plus de trabajos penosos, t?xicos y peligrosos
Car?cter no consolidable

SALARIOS
PLUSES
Plus de trabajos penosos, t?xicos y peligrosos
Supresi?n: no debe estimarse: traslado a puesto de trabajo no catalogado
como t?xico, penoso o peligroso: garant?a establecida en convenio

SALARIOS
PLUSES
Plus de trabajos penosos, t?xicos y peligrosos
Supresi?n: requisitos

SALARIOS
PLUSES
Plus de trabajos penosos, t?xicos y peligrosos
Traslado a puesto de trabajo no catalogado como penoso, t?xico o
peligroso: efectos

[TEXTO]:
El TSJ estima el recurso interpuesto por los actores contra la Sentencia
del Juzgado de lo Social de Guadalajara, de fecha 7-12-1994, dictada en
autos promovidos sobre cantidad, que es revocada en el sentido que se indica
en la fundamentaci?n jur?dica.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que, seg?n consta en autos, se present? demanda por don Angel M.
de las H. y don Rafael M. de las H., en la que tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que estimaban de aplicaci?n, terminaban suplicando
sentencia por la que fuese declarado su derecho a seguir percibiendo las
mismas retribuciones que percib?an con anterioridad a ser trasladados y
condena a la demandada a abonarles por los meses de marzo, abril y mayo la
cantidad de 68.787 pesetas.
Admitida a tr?mite la demanda, y celebrado el acto del juicio, se dict?
Sentencia el d?a 7 diciembre 1994, cuya parte dispositiva figura en el
tercero de estos antecedentes.
SEGUNDO.-Que en la sentencia de instancia, y como hechos probados, se
declaraban los siguientes:
?I.-Los demandantes en esta causa, don Angel y don Rafael M. de las H.,
prestan servicios laborales para la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha desde el 4 de febrero de 1982, detentando las categor?as de oficial
de 1.? tractorista y oficial de 1.? pastor, respectivamente, y percibiendo
las retribuciones convencionalmente establecidas y ascendentes a la suma
mensual de 138.622 pesetas, sin inclusi?n de la prorrata de pagas.
II.-Hasta el 19 de abril de 1993 los se?ores M. de las H., desplegaron su
actividad de trabajo en el centro de reproductores selectos "El Serranillo",
dependiente de la Delegaci?n Provincial de Agricultura de la Junta, donde
los aqu? demandantes ven?an percibiendo un plus de peligrosidad, reconocido
mediante Resoluci?n de 17 enero 1986 de la Direcci?n General de la Funci?n
P?blica. A partir de aquella data, y a virtud de Acuerdos de la Secretar?a
General T?cnica de la Consejer?a de Agricultura de 16 abril 1993, los
productores pasaron a prestar servicios a un nuevo centro de trabajo, el de
Capacitaci?n Agraria sito en la localidad de Marchamalo, como consecuencia
del cese de la actividad del centro "El Serranillo". De conformidad con la
autorizaci?n al respecto librada mediante Resoluci?n de la Direcci?n
Provincial de Trabajo de 1 febrero del a?o en curso, don Angel M. de las H.
fue finalmente adscrito al Centro de Capacitaci?n y Experimentaci?n Agraria
de Guadalajara y don Rafael M. de las H. a la Delegaci?n Provincial de la
Consejer?a de Agricultura, con efectos de 1 de marzo del citado a?o 1994 y
conservando las categor?as profesionales detentadas.
III.-Desde la aludida mutaci?n funcional definitiva de los se?ores M. de
las H., los mismos han dejado de percibir el complemento de penosidad,
peligrosidad y toxicidad que lucraron hasta febrero de 1994 y cuya cuant?a
mensual ascend?a a la suma de 22.929 pesetas.
IV.-Deducidos escritos de reclamaci?n previa por los productores y frente a
la supresi?n del aludido complemento salarial, mediante Resoluciones de 6
julio 1994 de la Consejer?a de Administraciones P?blicas se desestimaban
expresamente los mismos, ingresando demandas jurisdiccionales en esta sede a
cuyo trav?s los se?ores M. de las H., instaban el reconocimiento de su
derecho a proseguir en la percepci?n del plus, reclamando de forma
complementaria la cantidad correspondiente al insatisfecho complemento
durante los meses de marzo, abril y mayo del corriente a?o?.
TERCERO.-Que, la anterior sentencia, contiene la siguiente parte
dispositiva:
FALLO:
?Con desestimaci?n de las demandas deducidas por don Angel M. de las H. y
don Rafael M. de las H. contra la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Consejer?a de Agricultura y Medio Ambiente, absuelvo al citado
empleador p?blico de los pedimentos al mismo dirigidos?.
CUARTO.-Que, en tiempo y forma, por la parte demandante se formul? recurso
de suplicaci?n, que fue impugnado por la demandada.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase a Ponente para
su examen y resoluci?n.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que desestim? la solicitud de
los actores en reclamaci?n de continuar percibiendo el complemento de
peligrosidad, penosidad y toxicidad que lo hab?an percibido hasta febrero de
1994, se alza el presente recurso en el que con correcto amparo procesal en
el art. 190.c) de la LPL (RCL 1990\922 y 1049), se denuncia infracci?n de la
disposici?n adicional 7.? del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y dicha censura jur?dica debe
tener favorable acogida, ya que de la prueba practicada en el expediente y
admitida por ambas partes consta que hasta el 19 de abril de 1993 los
se?ores M. de las H. desplegaron su actividad de trabajo en el centro de
reproductores selectos ?El Serranillo?, dependiente de la Delegaci?n
Provincial de Agricultura de la Junta, donde los aqu? demandantes ven?an
percibiendo un plus de peligrosidad, reconocido mediante Resoluci?n de 17
enero 1986 de la Direcci?n General de la Funci?n P?blica. A partir de
aquella data, y a virtud de Acuerdos de la Secretar?a General T?cnica de la
Consejer?a de Agricultura de 16 abril 1993, los productores pasaron a
prestar servicios a un nuevo centro de trabajo, el de Capacitaci?n Agraria
sito en la localidad de Marchamalo, como consecuencia del cese de la
actividad del centro ?El Serranillo?. De conformidad con la autorizaci?n al
respecto librada mediante Resoluci?n de la Direcci?n Provincial de Trabajo
de 1 febrero del a?o en curso, don Angel M. de las H. fue finalmente
adscrito al Centro de Capacitaci?n y Experimentaci?n Agraria de Guadalajara
y don Rafael M. de las H. a la Direcci?n Provincial de la Consejer?a de
Agricultura, con efectos de 1 de marzo del citado a?o 1994 y conservando las
categor?as profesionales detentadas.
SEGUNDO.-La sentencia de instancia, se basa para desestimar la pretensi?n
en el hecho de que por una parte el plus de toxicidad y penosidad se percibe
cuando se dan las circunstancias determinantes del cobro, y por otra en lo
dispuesto en el art. 52 del Convenio antes citado, en el que se establece,
que los pluses no tienen car?cter consolidables, y dichas argumentaciones
son ajustadas a Derecho, pues el Decreto de Ordenaci?n del Salario as? lo
establece y adem?s, la doctrina cient?fica y jurisprudencial es clara al
respecto en el sentido de que el plus aqu? analizado no tiene car?cter
personal, y no es consolidable; qued?ndonos por analizar las alegaciones del
recurrente en el sentido que pese a su car?cter personal y no consolidable,
los actores tienen derecho a seguir percibi?ndolo, aunque desempe?en su
labor en puestos no catalogados como t?xicos, penosos o peligrosos en base a
que la resoluci?n de la Direcci?n General de Trabajo, que autoriz? la
modificaci?n de las condiciones de trabajo, establece, ?que el traslado no
puede suponer merma de las retribuciones?.
TERCERO.-Para resolver esta ?ltima cuesti?n hemos de partir de que una vez
reconocido el derecho a percibir el plus de peligrosidad y penosidad, la
extinci?n de los mismos debe producirse bien por acuerdo entre las partes,
bien previa comprobaci?n de la desaparici?n de las circunstancias que le
dieron efectividad a trav?s del expediente correspondiente, que alcanza no
s?lo a la declaraci?n de peligrosidad o penosidad, sino tambi?n a la
correspondiente extinci?n de las condiciones de trabajo que le dieron
origen, puesto que en otro caso ello supondr?a dejar al arbitrio de una de
las partes la subsistencia de la obligaci?n, contraviniendo lo dispuesto en
el art. 1256 del C?digo Civil, y en el presente caso, ha existido
expediente, ha desaparecido el puesto de trabajo, y como consecuencia, se
suprime el plus y ello es ajustado a derecho, ahora bien, en el caso de
autos hemos de analizar otra cuesti?n y es la disposici?n adicional s?ptima
del Convenio Colectivo que prev? que en los supuestos de cesaci?n de
actividad, los trabajadores que queden afectados, tienen garantizado la
permanencia al servicio de la Junta de Comunidades, mediante el traslado a
un puesto de trabajo an?logo o similar, que no le suponga merma de sus
retribuciones.
Es claro que partiendo del car?cter vinculante del Convenio para las
partes, el cual por su condici?n de fuente de derecho es de aplicaci?n
preferente a cualquier otra norma, y que la limitaci?n de las partes s?lo se
produce en el supuesto de normas de derecho necesario de superior rango y el
sometimiento a los principios fundamentales constitucionales previstos en el
art. 14 de la CE (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), proceder? la estimaci?n del
recurso, pues cuando la disposici?n adicional 7.? dice que los trabajadores
no sufrir?n mermas de sus retribuciones, el significado de la palabra
retribuciones, no puede ser otro que el de todos los emolumentos que ven?an
percibiendo en el anterior puesto de trabajo.
Con este criterio por otra parte, la Sala hace suyo el criterio seguido por
otros Tribunales de lo Social en el sentido de que frente a la soluci?n
restrictiva, negando la inclusi?n de los complementos extracategoriales,
basada en los principios de funcionalidad de los salarios por rendimiento y
de la sinalagmaticidad de las prestaciones, tesis seguida recientemente en
la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 5 marzo 1991 (AS 1991\1820), se va generalizando la
soluci?n extensiva, seg?n la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, de fecha 20 diciembre 1990, conforme a la
cual se garantiza al trabajador, al que se le impone el cambio de puesto de
trabajo, el ?status? econ?mico que, con vigencia estable, hab?a alcanzado su
relaci?n contractual en el ?mbito de la ordinaria actividad empresarial y
del r?gimen retributivo existente en el seno de la misma, ya que la
aplicaci?n del art. 39 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y
ApNDL 3006), no puede aislarse en el cap?tulo en que se contiene, sino que
ha de coordinarse con el art. 41 del mismo Texto Legal, sobre modificaci?n
de las condiciones de trabajo, de modo que la facultad conferida al
empresario en el primero de los precitados preceptos, en el caso de que
afecte a las condiciones de trabajo, ha de sujetarse a los requisitos que
este segundo precepto establece; y habiendo de entenderse por modificaci?n
sustancial de las condiciones de trabajo las que incidan en el sistema de
remuneraci?n o del sistema de trabajo y rendimiento, comprendi?ndose
indirectamente dentro de ?stas la variaci?n a un puesto de trabajo en el que
no se devengan incentivos en igual medida que en el que antes se
desempe?aba.
Con esta soluci?n no se impide la efectividad de la movilizaci?n funcional
que el empresario puede acordar, sino que el trabajador, que no dio lugar al
cambio, sufra merma alguna en las percepciones econ?micas que habitualmente
obten?a.
Ahora bien con ello no queremos decir que en el supuesto de autos se haya
producido una consolidaci?n por los actores de las cantidades que percib?an
por el concepto de plus de peligrosidad y toxicidad, ya que como hemos dicho
el plus no tiene car?cter personal y no es consolidable, ahora bien dado los
t?rminos de la disposici?n adicional s?ptima, y partiendo de que los actores
tienen derecho a seguir percibiendo dichas cantidades habr? que entender que
los mismos han adquirido el car?cter de complemento personal, transitorio
desde el momento que lo est?n percibiendo, sin prestar servicios en puestos
de trabajo que est?n catalogados como t?xicos, penosos y peligrosos, por lo
que dicho complemento, deber? ser asimilado a los complementos personales
transitorios y por tanto absorbible con las mejoras retributivas derivadas
de incremento de salario base, u otro tipo de complementos, y al no haberlo
entendido as? el juzgador de instancia proceder? previa estimaci?n del
recurso la revocaci?n de la sentencia.

Los gastos de los servicios p?blicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones por desempleo alcanzaron un total de 1.130 millones de euros el pasado mes de enero, lo que representa un aumento del 4,5 por ciento respecto a igual mes del a?o anterior, seg?n datos difundidos el 2 de marzo por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.


El gasto medio mensual por beneficiario, excluyendo el subsidio agrario de Andaluc?a y Extremadura, se situ? en enero en 932,2 euros, lo que representa un incremento de 13,9 euros (+1,5 por ciento) sobre igual mes de 2004.


Trabajo atribuy? este "significativo" aumento a la mayor cuant?a percibida por los beneficiarios del sistema asistencial como consecuencia de la subida del Salario M?nimo Interprofesional (SMI) que el Gobierno aprob? el pasado mes de julio.


En total, el n?mero de solicitudes para acceder a una prestaci?n por desempleo sum? en enero 341.183, un 5,6 por ciento menos que en igual mes de 2004, en tanto que las altas tramitadas se redujeron un 10,3 por ciento, hasta 278.624.


Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de enero ascendieron a 1.321.061, un 2,2 por ciento m?s que en el mismo mes del a?o anterior. De esta cantidad, el 4,8 por ciento de los perceptores eran extranjeros. El plazo medio de reconocimiento de la prestaci?n fue de 20 d?as, un 13 por ciento menos que en enero de 2004.


As?, la cobertura bruta del sistema se situ? en enero en el 65,75 por ciento, y la neta en el 75,19 por ciento, frente a las tasas del 62,44 por ciento y del 72,49 por ciento de enero de 2004, con mejoras de 5,3 y 3,7 puntos, respectivamente.


CRECEN LOS BENEFICIARIOS EXTRANJEROS.


El n?mero de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendi? en enero a 63.512, cifra que representa un aumento del 18,3 por ciento respecto al a?o anterior y que es superior entre los beneficiarios procedentes de pa?ses no comunitarios.


El gasto del Inem en las prestaciones percibidas por los extranjeros alcanz? en enero los 51,04 millones de euros, un 25,3 por ciento m?s que en 2004. En relaci?n con el gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representa el 5,5 por ciento.

La OCDE recomend? ayer al Gobierno espa?ol que rebaje ?a?n m?s? las indemnizaciones por despido de trabajadores fijos y que refuerce los controles para evitar los contratos temporales ilegales.


En un nuevo informe sobre la reformas estructurales entre los pa?ses m?s ricos, la instituci?n critic? la desigual protecci?n de trabajadores indefinidos y de trabajadores temporales ante eventuales despidos.


Este desequilibrio da lugar a un ?mercado de trabajo a dos velocidades?, que provoca una ca?da de la productividad, puesto que los empresarios no se encargan de la formaci?n de los trabajadores temporales.


La organizaci?n aconseja al Ejecutivo espa?ol que descentralice el proceso de negociaci?n salarial y que suprima la aplicaci?n obligatoria de las alzas salariales acordadas para todas las empresas de sectores determinados. La OCDE aclara que la negociaci?n de los incrementos salariales de forma colectiva tiene un efecto perjudicial sobre la competitividad internacional de la econom?a y sobre las posibilidades de crear o suprimir puestos de trabajo en determinados campos.


El organismo internacional indica que las cl?usulas de indexaci?n de salarios est?n muy extendidas en Espa?a, lo que supone un riesgo inflacionista. Por ello, pide al Gobierno espa?ol que anime a los agentes del mercado laboral a eliminarlas. En su lugar, el Ejecutivo espa?ol debe establecer la inflaci?n subyacente como referencia para la fijaci?n de los salarios, en particular en el sector p?blico.


Asimismo, en el ?mbito de la ense?anza, la organizaci?n destaca la elevada tasa de abandono escolar, la baja cantidad de diplomados de grado medio y la mala calidad de la ense?anza secundaria, que se encuentra por debajo de la media de los pa?ses de la OCDE. La organizaci?n tambi?n tuvo palabras positivas para Madrid. Destac? que los ?ltimos acuerdos salariales recomiendan un incremento moderado de los salarios nominales.


Respecto a la vivienda, propone una reforma del sistema hipotecario y la eliminaci?n progresiva de las ventajas fiscales que se otorgan a los propietarios, unas medidas que favorecer?an a su juicio un retorno a la neutralidad fiscal.

En esta sentencia, un Juzgado de lo Social de Madrid aborda tres importantes cuestiones; en primer lugar, se pronuncia sobre la caducidad de la acci?n por despido; en segundo lugar, sobre las prescripci?n de las faltas cometidas por el trabajador; y en tercer t?rmino, sobre la existencia o no de acoso moral o "mobbing".


El trabajador despedido ocupaba un puesto de responsabilidad en el departamento financiero. La llegada de un nuevo responsable al ?rea permite descubrir importantes desfases contables. Ante la situaci?n se exige al empleado que informe al respecto. Tras dilatar la contestaci?n con excusas, finalmente aporta una nota donde constan los desfases. Inmediatamente despu?s solicita vacaciones. Ante la negativa empresarial a las vacaciones, el trabajador causa baja por enfermedad. La empresa procede al despido.


Ante esto el empleado interpone una demanda. En la sentencia el juez afronta en primer lugar la existencia o no de caducidad de la acci?n por despido. Estima que cuando el trabajador pone la demanda ante el juzgado ha dejado transcurrir veinti?n d?as h?biles, es decir, se hab?a pasado por un d?a del plazo legalmente establecido. El juez recuerda que el plazo se inicia desde el momento en que el empleado es notificado. En este caso, el profesional estaba ausente de su domicilio cuando se le entreg? la comunicaci?n, pero, como se indica, al empresario no se le pueden exigir conductas extraordinarias para localizar al profesional.


El juez concluye que los s?bados son d?as h?biles y por tanto deben computarse. Entiende que el plazo para presentar la papeleta de conciliaci?n previa a la demanda no se puede considerar un plazo procesal, en cuyo caso los s?bados s? ser?an inh?biles.


En segundo lugar se estudia si la falta cometida por el trabajador ha prescrito y por tanto no se debe tener en cuenta. El juez dice que la prescripci?n es una excepci?n legal al pronunciamiento sobre la cuesti?n que se juzga, que se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que tiene un car?cter excepcional. Por esta raz?n, en este juicio el profesional debe acreditar y probar plenamente dicha prescripci?n.


En el presente caso, el juez afirma que el trabajador no act?a de buena fe, pues tras reconocer las irregularidades y la imposibilidad de explicar lo acontecido se refugia en una situaci?n de incapacidad temporal. Es decir, sin colaborar en absoluto en la puesta en claro de la situaci?n, pretende valerse de la prescripci?n del caso mediante el adelantamiento del dies a quo ?d?a hasta que se cuenta un plazo? y el retraso del dies ad quem ?d?a a partir del cual comienza a computarse un t?rmino o plazo? a la fecha de su retorno vacacional.


Por ?ltimo, se menciona un posible caso de acoso moral. Pero como se?ala el juez, no concurre en este caso. As? indica que el mobbing inicialmente denominado ?psicoterrorismo laboral? implica la reiteraci?n en conductas de acoso prolongada en el tiempo ?m?s de seis meses? que tienen como finalidad la destrucci?n de una persona. Tras afirmar esto, concluye el juez que no existe acoso moral y por todo lo anterior desestima la demanda del trabajador declarando procedente el despido.

Los dolores de espalda, de nuca o de hombros son los efectos secundarios del trabajo que sufren 60 millones de europeos. Es un problema que va en aumento y que, adem?s de reducir la calidad de vida, genera unas p?rdidas econ?micas entre el 0,5% y el 2% del PIB.


La Comisi?n Europea ha decidido abrir un gran debate con organizaciones de trabajadores y empresarios que aporte medidas para atajar un problema que afecta a la tercera parte de la fuerza laboral de la Uni?n.


Uno de los sufrimientos m?s habituales es el dolor de espalda, del que en 1995 se quejaba el 31% de los trabajadores y cinco a?os m?s tarde el 34%.


Los trabajadores m?s afectados son los agricultores (57%), pero donde m?s se est? agravando la situaci?n es entre los intelectuales y cient?ficos (de 18% a 24% entre 1995 y 2000) y entre los t?cnicos (de 23% a 31%). El uso prolongado del ordenador se se?ala como una de las causas. Los datos oficiales que maneja la Comisi?n Europea hablan de 40 millones de trabajadores de la antigua UE de quince pa?ses que sufren este tipo de problemas y calculan que, contando los 10 nuevos pa?ses la cifra podr?a ser de unos 60 millones de trabajadores. Hay 182 millones de empleos. El fen?meno tiene un fuerte impacto econ?mico, no s?lo por las bajas m?dicas, sino tambi?n por la p?rdida de productividad, gastos sanitarios, p?rdida de personal experimentado y coste de reclutamiento y de formaci?n de nuevo personal.


Las normas europeas y nacionales que se imponen a las empresas no siempre se aplican. La Comisi?n har? nuevas propuestas tras la actual consulta p?blica.

El secretario general de Empleo, Valeriano G?mez, afirm? el 22 de febrero que el Gobierno quiere tener listo el nuevo cuadro de enfermedades profesionales ?no m?s tarde del 30 de junio?, una materia que lleva ?bloqueada? desde hace tiempo y que figura entre las principales reivindicaciones sindicales.


G?mez, en declaraciones a los periodistas antes de presidir la mesa de di?logo social sobre prevenci?n de riesgos laborales, se?al? que ha trasladado a sindicatos y empresarios una propuesta elaborada entre los Ministerios de Trabajo y de Sanidad sobre el nuevo listado de enfermedades profesionales, a fin de que este tema pueda zanjarse antes de concluir el primer semestre.


Por su parte, los responsables de Salud Laboral de CC.OO. y UGT, Joaqu?n Nieto y Dolors Hern?ndez, manifestaron que esta legislatura debe ser la legislatura de la ?incorporaci?n a Europa? en una doble vertiente. Por un lado, la reducci?n de la siniestralidad a la mitad, hasta niveles europeos, y por otro, el reconocimiento de las enfermedades profesionales. De acuerdo con sus datos, el 16 por ciento de las enfermedades que atiende el Sistema Nacional de Salud son de origen laboral.


REDUCIR LOS ACCIDENTES UN 40 por ciento.


Durante su intervenci?n, el secretario general de Empleo valor? positivamente el descenso ?lento, paulatino pero sostenido? que est? registrando la siniestralidad laboral en Espa?a, circunstancia, dijo, que hace posible que el Gobierno pueda fijarse ?objetivos ambiciosos? de cara a la reducci?n de los accidentes. De hecho, reiter? que el Ejecutivo se ha propuesto rebajar en cerca del 40 por ciento el n?mero de accidentes durante los pr?ximos cuatro a?os.


G?mez asegur? que las actuaciones contra la siniestralidad deben centrarse espec?ficamente en los siniestros mortales y graves, ?que siguen siendo demasiados?. En este punto, indic? que, aunque las estad?sticas espa?olas y las de la UE no son homog?neas en esta materia, existe un importante diferencial que debe corregirse.


Para los representantes sindicales, la disminuci?n de los accidentes pasa necesariamente por que el Gobierno cumpla su intenci?n de elaborar un plan estrat?gico nacional de Salud y Seguridad e Higiene en el Trabajo, un plan que, seg?n CC.OO. y UGT, debe ser consensuado con agentes sociales y comunidades aut?nomas, recoger medidas nuevas y reforzar aquellas del pasado que han dado buenos resultados, como las actuaciones en las empresas con mayor siniestralidad.


En la reuni?n del 22 de febrero, Gobierno y agentes sociales tambi?n abordar?n otros temas, como la habilitaci?n de los t?cnicos de comunidades aut?nomas para tareas de inspecci?n, el reglamento de los servicios de prevenci?n ajenos, y la Fundaci?n de Riesgos Laborales, a la que el Ejecutivo destinar? este a?o 24 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) considera "una simple utop?a" que los afectados de fibromialgia severa puedan "desarrollar alg?n tipo de actividad laboral". Esta afirmaci?n se encuentra en una sentencia en la que el Alto Tribunal catal?n ha otorgado la invalidez absoluta permanente a una administrativa que padece la citada enfermedad.


La Sala de lo Social del TSJC ha desestimado el recurso que present? el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra un fallo dictado por un juzgado de Barcelona, que ya otorg? la invalidez a la mujer, M.L.C.A., que padece la s?ndrome de fibromialgia en grado m?ximo.


La sentencia considera que la trabajadora "presenta el m?ximo n?mero posible de puntos-gatillo posibles positivos, as? como la nula respuesta a los tratamientos, a lo que se a?ade un trastorno depresivo mayor de car?cter grave, por lo que la posibilidad de que pueda desarrollar alg?n tipo de actividad laboral se muestra como una simple utop?a".


No obstante, la sentencia se?ala que "la mera constataci?n de diagn?stico diferencial de fibromialgia no es elemento suficiente para establecer de forma autom?tica el car?cter incapacitante de esta enfermedad", ya que entiende que deben haber "m?s de 11 puntos gatillo afectados y s?ntomas adicionales acompa?antes, habitualmente alteraciones ps?quicas, que determinan incapacidad para realizar tareas incluso livianas".


Seg?n la sentencia, a la que ha accedido Europa Press, la administrativa padece una fibromialgia activa severa con afectaci?n de 18 puntos gatillo, adem?s de un trastorno depresivo grave y s?ndrome de Meni?re, entre otras lesiones.


DESESTIMADO RECURSO INSS.


El Alto Tribunal catal?n ha confirmado con estos argumentos la decisi?n del juzgado n?mero 16 de Barcelona, que ya dict? un fallo a favor de la demandante, representada por el abogado Miquel Nadal i Borr?s.


En octubre de 2003, el TSJC confirm? la primera sentencia por la que se concedi? la invalidez absoluta a un enfermo de fibromialgia en la que reconoci? que los afectados de esta dolencia est?n "incapacitados para el desempe?o de cualquier profesi?n".


En dicho caso, el Alto Tribunal catal?n dict? un fallo favorable a una mujer trabajadora de la limpieza, F.A.G., a la que un juzgado de Barcelona ya hab?a considerado un a?o antes que no pod?a desarrollar ni un contrato de trabajo "de forma m?nimamente continuada y estable".


Esa fue la primera vez que se concedi? la invalidez absoluta a un enfermo de fibromialgia, sentando un precedente para el 3 por ciento de espa?oles que sufren esta enfermedad, que provoca un intenso dolor en las extremidades y que fue reconocida por la Organizaci?n Mundial de la Salud (OMS) en 1992.

El Gobierno quiere que las personas que no trabajan por cuidar de alg?n familiar reciban una paga si se dan de alta en la Seguridad Social


El libro blanco de la dependencia, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que han colaborado numerosos expertos, propone que los familiares que actualmente se ocupan de atender a personas dependientes, es decir, aquellas que no pueden valerse por s? mismas para llevar a cabo las tareas b?sicas de la vida diaria, puedan cobrar esos servicios que prestan siempre y cuando se den de alta en la Seguridad Social como aut?nomos por el n?mero de horas que dedican a esta labor.


La profesionalizaci?n de esos cuidados beneficiar?a principalmente a las mujeres, que en el 83 por ciento de los casos son las que se ocupan de la persona dependiente sin que hasta ahora hayan recibido ninguna ayuda ni econ?mica ni material. Asuntos Sociales calcula que podr?an incorporarse al mercado de trabajo de la dependencia 110.000 mujeres en el plazo de cinco a?os.


El objetivo del Gobierno con esta propuesta, que est? siendo debatida por la mesa sectorial en la que se encuentran representados todos los colectivos relacionados con la dependencia, es proporcionar a las personas dependientes la posibilidad de ser atendidas por su entorno directo, algo que la mayor?a prefiere, as? como dar empleo a esas miles de mujeres que precisamente por atender a su familiar dependiente han tenido que renunciar al trabajo retribuido.


En cuanto al requisito de darse de alta en la Seguridad Social, ?ste se explica por el hecho de proporcionar una pensi?n a estas cuidadoras el d?a de ma?ana, adem?s de para evitar que ?la prestaci?n de dependencia se convierta en un mero complemento de la pensi?n? del dependiente, seg?n se recoge en el citado texto.


El dinero que percibir?an ser?a inferior al que recibe un profesional de la atenci?n domiciliaria, seg?n aparece en el libro blanco, para ?lograr el objetivo de que la prestaci?n sirva para garantizar la adecuada prestaci?n del servicio, incrementar el empleo y no se dificulte la incorporaci?n de la mujer al trabajo?.


De hecho, una de las ideas que considera el Gobierno, y que tiene que ser ahora debatida, es que las cuidadoras familiares puedan incorporarse al mercado laboral en el sector de la dependencia bien con su familiar o bien para asistir a otros. No hay que olvidar que esas mujeres son las que m?s experiencia tienen en la atenci?n y cuidados que precisan las personas dependientes.


El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes?s Caldera, considera que el desarrollo de la futura ley de Dependencia obligar? a crear como m?nimo 300.000 puestos de trabajo y, seg?n el libro blanco, unos 110.000 cuidadores familiares podr?an incorporarse al trabajo de aqu? al a?o 2010.


El libro blanco de la dependencia ofrece un diagn?stico de la situaci?n de las personas dependientes en Espa?a y plantea una serie de propuestas para su atenci?n con el objeto de que sean debatidas con los agentes sociales, con las distintas administraciones y con los grupos parlamentarios. Del texto consensuado saldr? la ley de Atenci?n a las Personas Dependientes, que el Gobierno prev? que entre en vigor antes de que finalice este a?o.


En este contexto, el libro blanco se?ala que en estos momentos hay en Espa?a 1.125.190 personas que no pueden valerse por s? mismas, de las que 826.551 tienen m?s de 65 a?os. Adem?s, hay otras 1.657.400 personas que precisan alg?n tipo de ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana. Las previsiones apuntan que en el 2020 los dependientes m?s graves superar?n el mill?n y medio de personas.


Seg?n el citado texto, hoy en d?a es la familia, y en concreto la mujer, la que se encarga de la atenci?n a este colectivo. S?lo un 6,5 por ciento de las familias que cuidan a dependientes cuentan con alg?n apoyo de los servicios sociales.


El objetivo del ministerio que dirige Jes?s Caldera es que la atenci?n domiciliara se extienda a todos los dependientes, evitando en lo posible el ingreso en residencias.


La propuesta del Gobierno supondr? un coste adicional de 4.500 millones de euros en ocho a?os, que se sumar?n a los 4.000 que ya gastan las administraciones.

El ex ministro de Trabajo socialista Jos? Antonio Gri??n ha elaborado un estudio sobre el presente y el futuro de las pensiones para la Fundaci?n Alternativas, af?n al PSOE, en el que recomienda que las revalorizaciones anuales de las pensiones contributivas no superen la inflaci?n, debido a que ello conllevar?a un aumento del gasto ?muy dif?cil de financiar en el futuro?.


En concreto, Gri??n pide en este informe que las subidas de pensiones en el nivel contributivo no excedan del IPC cuando ?stas tengan que financiarse mediante cotizaciones sociales, y expone que los diferenciales entre la inflaci?n real y la prevista s?lo deben consolidarse en el caso de las pensiones m?s bajas.


Seg?n el ex titular de Trabajo, la reciente renovaci?n del Pacto de Toledo incorpor? al texto inicial de 1995 una cl?usula ?probablemente innecesaria?, con efectos ?discutibles? sobre la forma de actualizar anualmente las pensiones.


Dicha cl?usula establece que ha de seguir garantiz?ndose que las ganancias de poder adquisitivo que puedan derivarse de una inflaci?n real inferior a la prevista se consoliden ?con car?cter permanente? en las pensiones, ?evitando la correcci?n a la baja? cuando existan mejoras de poder adquisitivo por el comportamiento de los precios.


Gri??n asegura en el estudio que ?ste es un supuesto ?ciertamente excepcional? que, sin embargo, tiene un precedente en el a?o 1998, cuando la tasa anual de inflaci?n de noviembre -mes que se utiliza como base para la revalorizaci?n de las pensiones- alcanz? el 1,6 por ciento, cuando d?cimas menos que la prevista (2 por ciento). En aquella ocasi?n se termin? consolidando en la cuant?a de las pensiones esa mayor revalorizaci?n sobre el ?ndice de precios.


?Esa interpretaci?n que, ya entonces fue pol?mica, se convierte ahora en norma general, lo cual har? que la previsi?n inicial del Gobierno se haga probablemente de forma cautelosa, bastante por debajo de la l?gica econ?mica?, apunta.


En su opini?n, y en aras a lo dictado por el renovado Pacto de Toledo, habr?a sido ?m?s acertado? establecer, no la consolidaci?n individualizada de las diferencias que pudieran producirse por una inflaci?n real inferior a la prevista, ?sino la aplicaci?n de ese diferencial exclusivamente a las pensiones m?s bajas?.


NO TODOS LOS EXCEDENTES VAN AL FONDO.


En cuanto al Fondo de Reserva, el ex ministro socialista y actual consejero andaluz de Econom?a y Hacienda sostiene que una parte importante de los excedentes de la Seguridad Social no se han incorporado al Fondo si se comparan los datos que arrojan las liquidaciones presupuestarias con las dotaciones efectuadas a la llamada "hucha" de las pensiones.


As?, asegura que mientras los super?vit del sistema totalizaron 16.666 millones de euros entre 1999 y 2002, las dotaciones al Fondo de Reserva -incluyendo los rendimientos generados por el mismo- representaron en este periodo s?lo 12.023 millones de euro. Ello supone que algo m?s de 4.600 millones de euros en excedentes no se tradujeron en aportaciones al Fondo de Reserva en estos a?os.


La Ley General de Estabilidad Presupuestaria determina que los excedentes presupuestarios de la Seguridad Social habr?n de destinarse ?prioritaria y mayoritariamente? a la dotaci?n del Fondo de Reserva.


No obstante, y seg?n este informe, la memoria de los presupuestos del sistema ?acostumbra? a rese?ar que el super?vit del ejercicio ir? destinado al Fondo de Reserva ?y a otros fondos de posibles aplicaciones?, fondos ?stos ?ltimos que, seg?n Gri??n, ?no existen?. Por todo ello, el ex ministro socialista reclama que todos los super?vit de la Seguridad Social de incorporen a la "hucha" de las pensiones.


CULMINAR SEPARACI?N DE FUENTES.


En el informe se realizan adem?s otras recomendaciones de ?ndole presupuestario, entre ellas la culminaci?n, ?en el plazo m?s breve posible?, del proceso de separaci?n de fuentes financieras. Dicha separaci?n, sugiere el autor, debe ser ?compatible? con los compromisos asumidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de forma que toda rebaja fiscal que pueda deteriorar el nivel de ingresos del Estado vaya ?condicionada? a ultimar la separaci?n de fuentes.


El estudio de la Fundaci?n Alternativas tambi?n sostiene que cualquier reforma del sistema p?blico de pensiones debe apoyarse en los principios de transparencia, consenso social y pol?tico, y seguimiento y evaluaci?n.


En aras a la viabilidad futura del sistema, aconseja mantener una tasa de cobertura aproximada de dos cotizantes por cada pensi?n, proponiendo para ello aumentar la tasa de ocupaci?n general y la natalidad, mantener ?elevados flujos? de entrada de inmigrantes regularizados, y prolongar la vida activa.


Asimismo, defiende un crecimiento sim?trico de la cuant?a de la pensi?n media y de los ingresos medios por cotizante, sin modificar los tipos de cotizaci?n ?en la medida de lo imprescindible?; posibilitar carreras de cotizaci?n estables, y fortalecer ?gradualmente? la contributividad, a fin de que la cuant?a de la pensi?n guarde mayor correspondencia con el esfuerzo de cotizaci?n realizado.

Seis de cada diez docentes de Segundo Ciclo de Educaci?n Infantil, Primaria y Secundaria en centros p?blicos de Espa?a han estado en situaci?n de baja a lo largo de su vida laboral, seg?n revela un estudio de la Federaci?n de Trabajadores de la Ense?anza (FETE) de UGT, que precisa que ocho de cada diez situaciones de baja laboral est?n motivadas por alteraciones de la voz; contagios de enfermedades, lesiones m?sculo-esquel?ticas, operaciones quir?rgicas; y patolog?as psiqui?tricas. La secretaria de Formaci?n de la federaci?n sindical, Elvira Novell, subray? el 10 de marzo la necesidad de catalogar estas dolencias como "enfermedades profesionales" y de no negar su existencia para que de esta forma se puedan aplicar pol?ticas de prevenci?n.


Durante la presentaci?n de un informe que describe una investigaci?n en el curso 2003-2004 sobre estas enfermedades en centros p?blicos de Espa?a, en la que Baleares ha participado "activamente", Novell indic? que hasta ahora s?lo ha habido dos sentencias en Catalu?a que reconocen como enfermedad profesional y accidente laboral la alteraci?n de la voz causada por unos n?dulos en las cuerdas vocales y el s?ndrome de Burnout ("estar quemado") en dos profesoras.


El estudio revela que en el conjunto de la poblaci?n docente, un 56,6 por ciento ha sufrido alg?n tipo de baja laboral, con una duraci?n media de 27,8 d?as. Ocho de cada diez situaciones de baja laboral est?n motivada por la siguientes causas: el 15,8 por ciento por alteraciones de la voz; el 20,6 por ciento por contagios de enfermedades como gripe, catarros y varicela; el 18,9 por ciento por lesiones m?sculo-esquel?ticas (esquinces, fracturas, contracturas musculares, problemas de espalda); el 13,9 por ciento por operaciones quir?rgicas; y el 12,2 por ciento por patolog?as psiqui?tricas. No obstante, en este ?ltimo caso Novell resalt? que el posible "enmascaramiento" de las patolog?as psiqui?tricas, bajo dolencias como ?lceras o contracturas, supone que su nivel real de incidencia est? situado entre un 12,2 y un 23,4 por ciento.


Seg?n muestra el estudio, el mayor n?mero de bajas laborales se registra en los primer y segundo trimestres del calendario escolar, agrupando el 83,2 por ciento de las bajas. Las "patolog?as psiqui?tricas" se concentran en los trimestres segundo y tercero, en relaci?n directa con el desgaste psiqui?trico que sufre el docente a medida que avanza el curso.


La investigaci?n muestra que el perfil personal condiciona significativamente la incidencia de situaciones de baja, en concreto el sexo, la edad del profesor y si este tiene familiares a su cargo. As?, el estudio muestra un nivel de bajas laborales superior en las mujeres mayores de 36 a?os y con cargas familiares. El hombre padece m?s lesiones m?usculo-esquel?ticas, mientras que la mujer tiene tendencia a sufrir m?s altercaciones de la voz, operaciones quir?rgicas y patolog?as psiqui?tricas que los hombres.


Las lesiones m?sculo-esquel?ticas y las intervenciones quir?rgicas son significativamente superiores en los docentes menores de 25 a?os y en los mayores de 50 a?os. Por otro lado, el nivel de incidencia de las patolog?as psiqui?tricas aumenta a medida que se eleva la edad del profesor.


La investigaci?n revela que a medida que avanzamos en las etapas educativas, los niveles porcentuales de bajas disminuyen partiendo de un 61,87 por ciento en el caso del Segundo Ciclo de Educaci?n Infantil; pasando por un 58,31 por ciento en Educaci?n Primaria y terminando en un 53,57 por ciento en ESO. Sin embargo, en el caso de las patolog?as psiqui?tricas, su incidencia es superior a medida que se incrementa la edad del alumnado. Por otro lado, el estudio subraya cuanto mayor es el n?mero de alumnos por aula, mayor es el n?mero registrado de bajas docentes por alteraciones de voz y patolog?as psiqui?tricas.


La responsable explic? que la investigaci?n, que ha sido financiada por la Fundaci?n de Prevenci?n de Riesgos Laborales, se hizo mediante la realizaci?n de 742 cuestionarios, 30 entrevistas a expertos y la formaci?n de cinco grupos de discusi?n.

Una experta advierte de que el acoso ha de durar una media de 5 a?os para que el caso prospere judicialmente


Las denuncias por casos de mobbing o acoso moral en el trabajo se han incrementado en los ?ltimos a?os. Sin embargo, esto no se debe a que los casos de mobbing hayan aumentado, sino a que la gente utiliza este t?rmino de forma demasiado arbitraria, afirmaron la abogada Gloria Poyatos, el inspector de trabajo Manuel Vel?zquez y el antr?pologo Juli?n Paniagua en la presentaci?n de los libros que acaban de publicar sobre esta cuesti?n. Esta banalizaci?n es negativa para aquellos que realmente sufren mobbing.


Expertos en el tema definen el mobbing como un comportamiento negativo entre compa?eros o superiores por el que el afectado es v?ctima de un acoso y ataque sistem?tico durante un largo periodo de tiempo. La denuncia por mobbing es muy dif?cil de plantear, ya que probar que hubo acoso es complicado. Por esta raz?n, Gloria Poyatos, autora del libro Mobbing, an?lisis multidisciplinar y estrategia legal, aconseja que, antes de entrar en la v?a legal, se agoten los recursos internos.


LAS INSPECCIONES DE TRABAJO.


Si una persona cree ser v?ctima de mobbing,debe primero acudir a la empresa y, concretamente, a los delegados de prevenci?n para hacerlos intervenir. Sin embargo, si el tratamiento interno no es satisfactorio, se traslada el problema a la Inspecci?n de Trabajo que, seg?n Manuel Vel?zquez, autor de Mobbing, violencia f?sica y estr?s en el trabajo. Aspectos jur?dicos de los riesgos psicosociales,visita el centro, observa la realidad y emprende medidas que pueden ser tanto sancionadoras como mediadoras. ?Las inspecciones se realizan sin previo aviso y muchas empresas consideran que no ayudan al buen funcionamiento del centro porque es abrir la caja de Pandora?, afirma Vel?zquez.


LAS CONSECUENCIAS.


Aquellas personas que han padecido o que padecen acoso moral llegan incluso a necesitar ayuda piscol?gica, ya que pueden caer en depresiones y otras enfermedades que les llevan a pedir la baja. Es especialmente delicada la situaci?n de aquellos trabajadores que se ven obligados a seguir en el puesto de trabajo hasta que se produce la resoluci?n judicial.


EL JUICIO.


Cuando se llega al caso de poner una denuncia judicial, lo m?s importante es la puesta en escena. Sin embargo, no toda denuncia de mobbing puede ser llevada al juzgado, ya que se necesita que el caso est? muy maduro, porque no todos los indicios pueden ser apreciados por los jueces. Adem?s, seg?n la experiencia de la abogada Poyatos, el acoso debe haber tenido una duraci?n media de cinco a?os y m?nima de seis meses para lograr una resoluci?n favorable al denunciante. Y el da?o producido ha de estar objetivado, ya que, seg?n Poyatos, si no se ve, no se aprecia el problema. La mejor manera de hacer patentes las consecuencias del mobbing es ser visitado por un psiquiatra, ya que no s?lo constata los da?os piscol?gicos, sino que teoriza sobre su origen. Para la puesta en escena es importante tener pruebas testificales que acrediten el acoso moral. En estos casos se aceptan grabaciones de v?deo o sonido que se hayan realizado en la empresa, en horario laboral y en las que participe el trabajador acosado.


LAS EMPRESAS. En el momento en el que se pierde el respeto a las normas de convivencia de una empresa es cuando se pueden originar casos de mobbing.El ejercicio del poder por parte de los due?os o superiores de una empresa puede desembocar en situaciones de acoso moral. La direcci?n de un centro suele fomentar la competitividad, seg?n explica Juli?n Paniagua en Las dos racionalidades. Estudio antropol?gico de una empresa textil.En este momento pueden darse situaciones de acoso, ya que se rompen las reglas no escritas. Para detectar casos de mobbing o situaciones que puedan desembocar en acoso hay que analizar el cruce de las reglas con la realidad. Cuanto m?s se aleje la realidad de las reglas establecidas, m?s posibilidades hay de que se produzca mobbing.


FASES. Con la mala resoluci?n de un conflicto puede comenzar el proceso de mobbing.Despu?s de la generaci?n del conflicto y el posterior inicio del acoso, est? la fase de intervenci?n del entorno. La respuesta de ?ste ante el acoso determinar? su r?pida resoluci?n o su implantaci?n permanente. Una vez el entorno ya ha intervenido, es el momento de la empresa, con sanciones o mediaci?n. Cuando la situaci?n de acoso ya es permanente, desemboca en la fase de marginaci?n, en la que se excluye al acosado del mundo laboral.

El Gobierno pacto ayer con los sindicatos y la patronal los contenidos de la negociaci?n encaminada a reformar el mercado de trabajo.


El Gobierno pacto con los sindicatos y la patronal los contenidos de la negociaci?n encaminada a reformar el mercado de trabajo. Entre las cuatro cuestiones capitales a abordar en las reuniones que arrancaron el 14 de marzo est? la que afecta a "todos lo costes de la contrataci?n indefinida", lo que supone someter a debate todo el sistema de bonificaciones al empleo fijo, el coste de la rescisi?n de los contratos (despidos) y las cotizaciones patronales y sociales.


Adem?s, el ?ndice de materias pactado el 14 de marzo a propuesta de Trabajo incluye la regulaci?n de la contrataci?n, que pretende determinar si debe reformarse o reducirse el actual repertorio de contratos en Espa?a; las pol?ticas activas y sistemas de protecci?n por desempleo; y la reorganizaci?n de los sistemas p?blicos de empleo, ya que ahora s?lo intermedian en el 15 por ciento de las contrataciones que se registran en Espa?a.


Trabajo entreg? a la patronal y a los sindicatos el documento que contiene las propuestas del ejecutivo para la reforma laboral. El texto elaborado por el Gobierno contiene tambi?n objetivos generales, entre los que figuran hacer m?s atractivo el contrato indefinido y atajar el abuso de la contrataci?n temporal.


Sin embargo, pese a que la reducci?n de la tasa de temporalidad -que permanece anclada en el entorno del 30 por ciento desde hace a?os- es uno de los ejes de la reforma laboral, el Gobierno ha renunciado a fijar un objetivo concreto de recorte del volumen de contratos temporales que ser?a necesario con la reforma. Patronal y sindicatos coinciden con esta posici?n de arranque. Nadie se atreve a determinar cu?l es la tasa de temporalidad que le corresponder?a a la econom?a espa?ola y, por tanto, la reducci?n que se debe conseguir.


Es m?s, fuentes sindicales, aseguraron que fijarse un objetivo concreto en esta materia ser?a in?til e incluso contraproducente, porque el control de los l?mites m?ximos de temporalidad s?lo podr?a hacerse en los convenios de empresa, que s?lo afectan a un mill?n de trabajadores.


En la actualidad, s?lo uno de cada diez trabajadores afectados por la negociaci?n colectiva tiene alguna limitaci?n a la temporalidad en convenio. En cualquier caso, el exceso de temporalidad no s?lo est? vinculado al tipo de contrato, al encadenamiento fraudulento de los temporales y a la edad sino que tambi?n est? estrechamente relacionado con el tejido productivo y el mercado laboral de cada regi?n.


Temporalidad en el 30 por ciento tras 8 a?os de incentivos a los fijos


La tasa de temporalidad del sector privado sigue anclada en el 30 por ciento tras ocho a?os de incentivos a la contrataci?n fija, y las comunidades con mayor tasa de paro, como Andaluc?a y Extremadura, tienen la temporalidad tambi?n mucho mayor. En el sector privado, la tasa de temporalidad andaluza se eleva al 50 por ciento y la extreme?a al 42 por ciento (seg?n datos de 2004), frente al 30 por ciento de la media nacional o el 20 por ciento de Madrid. Esto ocurre porque al existir un gran volumen de mano de obra en paro, los trabajadores no est?n en disposici?n de exigir un contrato indefinido. Esto se observa tambi?n en el sector de la construcci?n, uno de los m?s temporales. La tasa de temporalidad en la construcci?n en Andaluc?a es cuarenta puntos superior a la de Catalu?a.

Un trabajador del Hotel Hilton Barcelona, ubicado en la Avenida Diagonal, ha sido despedido despu?s de que la mutua contratada por la empresa que gestiona el establecimiento aconsejara ?estabilidad horaria? para el empleado a ra?z de una enfermedad, seg?n informaron hoy fuentes de Comisiones Obreras de Catalunya. En la carta de despido la compa??a alegaba ?ineptitud sobrevenida?.


CC.OO., que ya ha emprendido acciones legales contra la empresa, calific? este tipo de actuaciones de ?discriminatorias, injustas, anacr?nicas e ilegales?, ya que muestra ?el lado m?s inhumano? de las direcciones empresariales. Adem?s, el sindicato tambi?n anunci? la convocatoria de movilizaciones para reivindicar la readmisi?n del trabajador.


La firma encargada de la gesti?n del Hilton Barcelona anunci? recientemente la apertura de un nuevo hotel en la zona del centro comercial Diagonal Mar y tiene previsto expandirse por Espa?a con la puesta en marcha de nuevos hoteles en Madrid y Valencia.

STC 17/2005, de 1 de febrero de 2005


La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por do?a Mar?a Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto Garc?a-Calvo y Montiel, don Jorge Rodr?guez-Zapata P?rez, don Manuel Arag?n Reyes y don Pablo P?rez Tremps, Magistrados, ha pronunciado



EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

S E N T E N C I A


En el recurso de amparo n?m. 2484-2000, promovido por el sindicato Comisiones Obreras, representado por la Procuradora de los Tribunales do?a Isabel Ca?edo Vega y asistido por el Letrado don Pablo Gunti?as Fern?ndez, contra la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99, y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000, reca?do en el recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina n?m. 3077/99. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei, representada por el Procurador de los Tribunales don Roberto de Hoyos Mencia y asistida por la Letrada do?a Carmen Rodr?guez Fern?ndez. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Arag?n Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.





I. Antecedentes


1. Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 28 de abril de 2000, la Procuradora de los Tribunales do?a Isabel Ca?edo Vega, actuando en nombre y representaci?n del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento, por vulneraci?n del derecho a la libertad sindical.



2. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo son los siguientes:



a) El sindicato demandante formul? demanda ante la jurisdicci?n social de tutela de la libertad sindical contra la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei, que fue turnada al Juzgado de lo Social de Orense n?m. 2, autos n?m. 136/99. El Juzgado dict? Sentencia estimatoria de la demanda en fecha 26 de mayo de 1999, declarando que la conducta de la Mancomunidad demandada constitu?a una lesi?n al derecho de libertad sindical y conden?ndola al cese inmediato del comportamiento antisindical y a abonar al sindicato demandante la cantidad de cinco millones de pesetas en concepto de da?os y perjuicios causados por la referida conducta.



En el relato de hechos probados de la Sentencia se recoge, entre otros extremos, que el sindicato Comisiones Obreras particip? en las elecciones sindicales llevadas a cabo en la entidad demandada Mancomunidad das Terras do Navea Bibei en 1995, en las cuales obtuvo dos delegados de personal, don Jos? Antonio Barreiro Rodr?guez y don Pedro Di?guez ?lvarez, los cuales prestaban servicios en la Residencia de la tercera edad de Puebla de Trives. Desde las indicadas elecciones sindicales, los delegados elegidos de Comisiones Obreras comenzaron a ejercer su labor sindical, reclamando de la entidad demandada diversa informaci?n al amparo del art. 64 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), solicitud que no fue atendida, por lo que presentaron denuncia ante la Inspecci?n de Trabajo.



Asimismo se establece en los hechos probados que el delegado Sr. Barreiro fue despedido disciplinariamente el 25 de marzo de 1996, siendo dicho despido declarado improcedente por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 1 de Orense de 17 de junio de 1996, declarada nula por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de octubre de 1996; finalmente el Juzgado de lo Social n?m. 1 de Orense dict? nueva Sentencia el 23 de junio de 1997 declarando procedente el despido, siendo dicha Sentencia confirmada por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 3 de octubre de 1997. Entretanto se sustanciaba el asunto, la Mancomunidad, que opt? por el abono de salarios sin contraprestaci?n de servicios durante la ejecuci?n provisional de la Sentencia de 17 de junio de 1996, volvi? a despedir al Sr. Barreiro el 5 de noviembre de 1996, siendo este despido declarado nulo por vulneraci?n de la libertad sindical por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 25 de febrero de 1997, confirmada en suplicaci?n por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de mayo de 1997.



Por su parte, el delegado Sr. Di?guez tambi?n fue despedido disciplinariamente el 1 de agosto de 1996, siendo dicho despido declarado improcedente por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 3 de febrero de 1997, confirmada en suplicaci?n por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de abril de 1997. La Mancomunidad, que opt? por el abono de salarios sin contraprestaci?n de servicios durante la ejecuci?n provisional de la Sentencia de 3 de febrero de 1997, volvi? a despedir al Sr. Di?guez el 30 de septiembre de 1997, siendo este despido declarado nulo por vulneraci?n de la libertad sindical por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 27 de abril de 1998, confirmada en suplicaci?n por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de diciembre de 1998. El 25 de enero de 1999 la Mancomunidad vuelve a despedir al Sr. Di?guez, hall?ndose pendiente de resolver su demanda por despido nulo o subsidiariamente improcedente a la fecha de dictarse por el Juzgado de lo Social n?m. 2 de Orense la Sentencia de 26 de marzo de 1999 en los autos n?m. 136/99.



Se recoge asimismo en el relato de hechos probados que el sindicato Comisiones Obreras formul? diversas denuncias contra la Mancomunidad ante la Inspecci?n de Trabajo por falta de publicaci?n de los calendarios de vacaciones, falta de entrega a los delegados de las copias b?sicas de los contratos, obstaculizaci?n de la labor representativa, y falta de ocupaci?n efectiva de los delegados, que dieron lugar a la extensi?n de las correspondientes actas de infracci?n a lo largo de los a?os 1996, 1997 y 1998, as? como denuncias ante los propios ?rganos de la Mancomunidad, el Delegado de Servicios Sociais de la Xunta de Galicia y el Subdelegado del Gobierno. En marzo de 1998, la Tesorer?a General de la Seguridad Social, a instancia de la Inspecci?n de Trabajo, procedi? a la liquidaci?n de cuotas por no dar de alta la Mancomunidad en el r?gimen general de la Seguridad Social a los delegados de personal de Comisiones Obreras, durante la ejecuci?n provisional de las sentencias de despido antes aludidas.



Se declara igualmente probado que el 15 de octubre de 1997 se realizan una serie de protestas por parte de representantes de Comisiones Obreras en el Concello de Puebla de Trives y que el Presidente de la Mancomunidad interpuso denuncia contra los manifestantes por coacci?n y menosprecio a la autoridad, celebr?ndose juicio de faltas al que la Mancomunidad no compareci?, siendo absueltos los denunciados.



En fin, se declara probado que por Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 11 de septiembre de 1998 fue estimada la demanda interpuesta por el delegado Sr. Barreiro contra la Mancomunidad, declarando que la conducta de la demandada constituye una lesi?n al derecho de libertad sindical y condenando a la misma a abonar al actor la cantidad de 2.000.000 de pesetas en concepto de da?os y perjuicios. Dicha Sentencia fue confirmada en suplicaci?n por la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 18 de enero de 1999, excepto en el punto referido a la indemnizaci?n, que se reduce a 200.000 pesetas.



La Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 3 de Orense de 26 de marzo de 1999 (autos n?m. 136/99), fundamenta su fallo estimatorio en el segundo de los fundamentos de derecho, en el que se razona lo siguiente:



?Se desprende que la entidad demandada, a ra?z de la elecci?n sindical llevada a cabo en 1995, en la que resultaron elegidos dos delegados de personal de CC OO, D. Jos? Antonio Barreiro Rodr?guez y D. Pedro Di?guez ?lvarez, comienza a realizar una serie de actuaciones o a mantener una conducta reiterada y continua contra el sindicato demandante a trav?s de sus representantes, de vulneraci?n de los derechos sindicales de los mismos origin?ndose un grave conflicto laboral entre los representantes sindicales de CC OO y otros compa?eros y la Direcci?n del Centro y dem?s ?rganos de la Mancomunidad, conflicto que se mantiene desde 1996, y que continua en la actualidad y que se traduce en denuncia de actas de infracci?n, actas de liquidaci?n de cuotas y sobre todo en reiterados procedimientos judiciales motivados por los despidos y ceses de los Delegados de CC OO llevados a cabo por la entidad demandada y que aun se est?n produciendo dado que el ?ltimo cese del Sr. Di?guez es de enero pasado; dicha conducta antisindical de la demandada ya fue constatada en diversas resoluciones judiciales, as? las sentencias del Juzgado de lo Social n? 3 de 25-2-97, conformada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16-5-97, la de 27-4-98, confirmada por la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15-12-98 y la de 11-9-98 conformada por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 15-12-98 y la de 11-9-98 conformada por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 18-1-99. As? pues, procede declarar la existencia de la lesi?n del derecho de libertad sindical en la conducta de la demandada que ha de ser tutelada a trav?s del proceso especial como establece el art?culo 175 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo ser dicha vulneraci?n objeto de reparaci?n fijando la correspondiente indemnizaci?n ... que ha de establecerse en 5.000.000 pesetas por da?os y perjuicios al sindicato demandante, pues se trata de un n?cleo poblacional peque?o, en el que tiene mayor repercusi?n un conflicto como el presente que l?gicamente coacciona a posibles simpatizantes del sindicato a afiliarse al mismo o a presentarse a las elecciones por temor a ser represaliados y teniendo en cuenta adem?s que pese a las sucesivas declaraciones judiciales de vulneraci?n de derechos fundamentales, no ha cesado la conducta antisindical?.



b) Contra dicha Sentencia se interpuso por ambas partes recurso de suplicaci?n ?si bien el sindicato s?lo discrepaba con la cuant?a de la indemnizaci?n, sosteniendo la inclusi?n en la misma de los gastos de asesoramiento, desplazamiento y materiales, excluidos por la Sentencia de instancia del quantum indemnizatorio. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de julio de 1999, que ahora se recurre en amparo, estim? el recurso interpuesto por la Mancomunidad y absolvi? a ?sta de la reclamaci?n contra ella efectuada, desestimando el recurso formulado por el sindicato Comisiones Obreras.



La Sentencia adiciona al relato de hechos probados la menci?n de que la Sentencia por la que se declara que la conducta de la demandada constituye una lesi?n al derecho de libertad sindical fue recurrida en casaci?n para la unificaci?n de doctrina por la Mancomunidad, encontr?ndose el recurso pendiente de resoluci?n; tambi?n se hace constar que la Mancomunidad hab?a permitido a los delegados de Comisiones Obreras y en concreto al Sr. Barreiro, cuando lo han solicitado, el ejercicio del derecho de reuni?n, y as? el 24 de octubre de 1996 y el 23 de mayo de 1997 aqu?l convoc? reuniones y se le permiti? ejecutarlas y tambi?n se le dio permiso para recorrer las instalaciones de la residencia de la tercera edad de Puebla de Trives; asimismo se hace constar que desde el 30 de marzo de 1998 existe una vacante de delegado de personal en la empresa, sin que el sindicato Comisiones Obreras haya procedido a cubrir dicha vacante.



Considera la Sala en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia recurrida que ?ni de la demanda ni de los hechos probados de la sentencia se obtiene dato alguno que permita sostener la existencia de indicios que revelen una conducta atentatoria del ejercicio de los derechos sindicales?. La Sentencia de instancia no alude a la existencia de los graves perjuicios alegados por el sindicato en su demanda (imposibilidad de presencia en la empresa, falta de afiliaci?n, ausencia de candidatos para las pr?ximas elecciones sindicales y da?o importante a la imagen y prestigio del sindicato) ?y en autos no se ejercit? prueba dirigida a acreditarlos?, de forma que la Sentencia de instancia se limita a estimar como vulneraci?n de la libertad sindical ?la que resulta de la actuaci?n empresarial con respecto a los Delegados Sres. Barreiro y Di?guez, ?nica y exclusivamente, sin referirse para nada a los extremos concretos que plantea el Sindicato, y s? tan s?lo de forma hipot?tica para justificar la fijaci?n de una indemnizaci?n de da?os y perjuicios, a la l?gica repercusi?n que dichos conflictos entre la Empresa y los representantes sindicales, podr?an tener en orden a coaccionar a posibles simpatizantes respecto a su posible afiliaci?n o a presentarse como candidatos, lo que por otra parte tanto pod?a predicarse respecto al Sindicato accionante como a otros, pues tampoco hay alusi?n concreta a la existencia de discriminaci?n a favor de otros entes sindicales frente a CC OO. Nadie duda que en el terreno de la mera hip?tesis pudiera darse dicha circunstancia, pero para afirmar la existencia de indicios v?lidos de discriminaci?n o vulneraci?n de los derechos del Sindicato que justificase la obligaci?n de la empresa de probar lo contrario, no basta las meras suposiciones sino que habr?a de exigirse al Sindicato demandante, que se?alase al menos la certeza de alguna de sus afirmaciones, si hubo bajas de afiliados, si hubo candidatos que se negasen a serlo o representantes que renunciasen a su cargo, u otros extremos an?logos, que en los autos para nada aparecen, por lo que el litigio ha quedado reducido a los t?rminos aludidos, declaraci?n de la existencia de vulneraci?n de la libertad sindical de la entidad demandante, porque han sido despedidos o atacada la libertad sindical de alguno de sus Delegados?.



Contin?a razonando la Sala que, adem?s de no apreciarse indicios de antisindicalidad en la conducta de la Mancomunidad, ?no cabe duplicar las reclamaciones en los t?rminos que se ha hecho, pues si las vulneraciones de la libertad sindical de los representantes del Sindicato fueron la causa de sus despidos o de la acci?n de tutela entablada por alguno de ellos, es evidente que resueltas dichas cuestiones por sentencia firme, habr? que atenerse a su contenido, sin que el Sindicato pueda extraer de ello, de forma autom?tica, que se afirme la existencia de una vulneraci?n indirecta de su propia libertad sindical, para ello ser?a preciso que concurriesen y se acreditasen hechos o circunstancias que directamente le afectasen, cuando adem?s, aunque el Sr. Barreiro ha obtenido una sentencia favorable en su reclamaci?n de tutela de libertad sindical, sin embargo su despido por parte de la empresa, que aun siendo anteriores en el tiempo fue resuelto posteriormente por las vicisitudes procesales que experiment? el pleito, fue en definitiva declarado procedente, es decir, que con respecto al mismo, aunque se apreci? por la Sala la existencia de vulneraci?n de su libertad sindical, tambi?n se entendi? que hab?a incurrido en una conducta abusiva y sancionable frente a la empresa. En cualquier caso tanto las sentencias del despido del Sr. Di?guez como la de tutela a que nos estamos refiriendo, determinan definitivamente el alcance de la condena, las de despido limitando sus efectos a su nulidad y la de tutela fijando la correspondiente indemnizaci?n, por lo que no resultar?a admisible que en funci?n de las propias conductas y el socaire de una gen?rica afectaci?n a la imagen del Sindicato, sobre cuyo particular solo existe la mera referencia sin el menor atisbo de prueba, obtuviese ?ste reparaciones econ?micas que ya han quedado fijadas en los procesos en cuesti?n, y que as? es, lo ratifica precisamente la postura que mantiene el Sindicato en su recurso, en el que incluye como partidas de gastos producidos, los que dieron lugar a la defensa de los tantas veces citados representantes sindicales en sus respectivos procesos?.



c) Formulado por el sindicato Comisiones Obreras recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina (n?m. 3077/99) contra esta Sentencia, fue inadmitido por Auto de 23 de febrero de 2000 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por estimar inexistente la identidad f?ctica entre la Sentencia recurrida y la de contraste (arts. 217 y 232 de la Ley de procedimiento laboral).



3. En la demanda de amparo se alega que la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99, ha vulnerado el derecho fundamental del sindicato Comisiones Obreras a la libertad sindical (28.1 CE), as? como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el derecho a la igualdad (art. 14 CE).



Se aduce en primer lugar que ha existido vulneraci?n del derecho a la libertad sindical en su dimensi?n colectiva de derecho de las organizaciones sindicales a la actividad sindical (art. 2.2 de la Ley Org?nica de libertad sindical, en adelante LOLS), diferenciado del derecho individual de los afiliados o trabajadores (art. 2.1 LOLS) y en relaci?n con la doctrina del Tribunal Constitucional (se invocan las SSTC 38/1981, 90/1997 y 37/1998) sobre la inversi?n de la carga de la prueba en caso de existencia de indicios de vulneraci?n del derecho a la libertad sindical, as? como lesi?n del derecho a la tutela judicial efectiva, pues en el caso enjuiciado exist?an indicios claros y suficientes para aplicar la regla de la prueba indiciaria del art. 179.2 LPL, correspondiendo a la empresa aportar una justificaci?n objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad en relaci?n con el conflicto continuado que le enfrentaba al sindicato Comisiones Obreras, lo que no hizo la empresa, por lo que el Juzgado a quo lleg? a la obligada conclusi?n en la Sentencia de instancia de que ha existido lesi?n de la libertad sindical. Sin embargo, la Sala ha realizado en su Sentencia de suplicaci?n, vulnerando el derecho a la libertad sindical, en relaci?n con el derecho a la tutela judicial efectiva, una revisi?n de la prueba practicada en la instancia para discrepar con el criterio del Juez a quo en perjuicio de lo dispuesto en los arts. 176 y 179.2 LPL.



No cabe negar, como se hace en la Sentencia impugnada, la existencia de indicios de antisindicalidad, pues constan en autos las Sentencias dictadas por la propia Sala en cuestiones anteriores que enfrentaron a los miembros de Comisiones Obreras con la Mancomunidad demandada. En tales resoluciones judiciales, aportadas como prueba documental y recogidas en los hechos probados de la Sentencia de instancia ?que la Sentencia impugnada acepta?, se relacionan una serie de datos f?cticos que constituyen una prueba real y palpable de la existencia de un grave conflicto laboral y social entre Comisiones Obreras y la Mancomunidad ?sancionado siempre por la jurisdicci?n social? y que como m?nimo, suponen unos indicios claros y suficientes para desplegar la regla de inversi?n de la carga de la prueba del art. 179.2 LPL. As?, se afirma por el recurrente que en la Sentencia de la Sala de 18 de enero de 1999, confirmatoria en suplicaci?n de la Sentencia del Juzgado que estim? la demanda presentada por don Jos? Antonio Barreiro, delegado de Comisiones Obreras, por vulneraci?n de la libertad sindical, se relatan unos hechos probados en esencia id?nticos a los planteados en el presente caso, lo que evidencia que la Sala consider? dichos hechos indicios claros y relevantes de antisindicalidad, por lo que no se entiende que en la Sentencia impugnada en amparo se afirme lo contrario. Asimismo, en el fundamento jur?dico cuarto de la Sentencia de 15 de diciembre de 1998 de la Sala, dictada en el segundo procedimiento de despido de don Pedro Di?guez ?el otro delegado de Comisiones Obreras? se razona que la carga de la prueba se traslada a la Mancomunidad demandada, a la vista de los indicios aportados en la demanda, que son pr?cticamente los mismos que en el presente caso ?sentencias, actas de la Inspecci?n de Trabajo, etc?. Resulta, en consecuencia, incomprensible que la Sentencia impugnada en amparo afirme que no existen indicios de antisindicalidad en la conducta de la Mancomunidad y que Comisiones Obreras no practic? prueba alguna dirigida a acreditar la existencia de indicios de lesi?n del derecho a la libertad sindical, cuando tales indicios constan en autos, obviando la Sala que es la empresa a la que corresponde acreditar que su actuaci?n frente a Comisiones Obreras y sus representantes obedece a causas objetivas y razonables ajenas a todo prop?sito atentatorio contra la libertad sindical.



Alega asimismo el sindicato demandante de amparo que la Sentencia impugnada ha lesionado su derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva. El sindicato desarrolla su principal labor a trav?s de sus representantes, por lo que la reiterada conducta antisindical y coacci?n contra los delegados de personal sindicalizados constituy? un menoscabo de la capacidad de actuaci?n de la organizaci?n, de manera que la limitaci?n de derechos sindicales individuales supone una merma de la libertad de acci?n sindical colectiva. No existe, en consecuencia, duplicidad de reclamaciones, ni procesales ni sustantivas, ya que si bien las sentencias de despido agotan sus efectos en s? mismas, la reiteraci?n de dichos comportamientos, convierten en destinatario de los mismos a las Comisiones Obreras. La causa petendi y petitum son diferentes a los sustanciados en los procesos precedentes seguidos a instancias de cada uno de los delegados de personal, a lo que se suma la concurrencia de otros datos aut?nomos reveladores de conflictividad que evidencian la conducta lesiva del empresario, pues los enfrentamientos entre Comisiones Obreras y la Mancomunidad no se reducen a conflictos individuales sino que ?como se refleja en autos? tambi?n ha existido una denuncia de la Mancomunidad contra los sindicalistas que efectuaron protesta ante el Ayuntamiento, sin que luego la Mancomunidad asistiera siquiera al juicio de faltas. Igualmente destaca la presencia de Comisiones Obreras en distintos procedimientos penales y administrativos contra la Mancomunidad ?tambi?n reflejados en autos? y el cruce continuo de declaraciones en los medios de comunicaci?n durante estos ?ltimos a?os, muestra que el conflicto se desarrolla en el ?mbito institucional, no individual.



Los hechos relatados provocan efectos disuasorios sobre el resto de los trabajadores en orden a su afiliaci?n o permanencia en el sindicato, favoreciendo la desigualdad y discriminaci?n con respecto a otras centrales sindicales que se han visto impunes durante su mandato. Tales dificultades ?que ya se hab?an evidenciado en la incapacidad de Comisiones Obreras para cubrir la vacante del delegado despedido?, se han visto confirmadas en las elecciones sindicales de 1999, en las que el sindicato Comisiones Obreras no ha podido formar candidatura. Se concluye por todo ello que estamos ante una conducta antisindical empresarial, al estar afectados los derechos esenciales y primigenios que protegen la libertad sindical de Comisiones Obreras, cuales son la afiliaci?n o no a un sindicato, la actividad sindical, y, en suma la consecuci?n de un cierto grado de indemnidad al ejercer una labor en defensa de los intereses que constitucionalmente le corresponde. Esta conducta sistem?tica y reiterada, pues, ignora las sucesivas condenas judiciales, no puede quedar impune, m?xime procediendo de una Administraci?n p?blica que, como tal, debe ser la principal garante de los derechos de sus trabajadores.



Por todo ello concluye solicitando que se declare la nulidad de la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y con ella del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000, ordenando retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno, a fin de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicte nueva Sentencia respetuosa con el derecho a la libertad sindical, estableciendo la indemnizaci?n que considere oportuna.



4. La Secci?n Segunda del Tribunal Constitucional acord? por providencia de 26 de marzo de 2001 la admisi?n a tr?mite del recurso de amparo y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y al Juzgado de lo Social n?m. 2 de Orense, para que en el plazo de diez d?as remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina n?m. 3077/99, del recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99 y de los autos n?m. 136/99, interes?ndose al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, para que en el plazo de diez d?as pudieran comparecer ante este Tribunal.



5. Recibidos los testimonios de actuaciones interesados y presentado escrito del Procurador de los Tribunales don Roberto de Hoyos Mencia solicitando personarse en el recurso de amparo en nombre y representaci?n de la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei, por diligencia de ordenaci?n del Secretario de Justicia de la Secci?n Segunda de 14 de mayo de 2001 se tiene por personado al citado Procurador en nombre y representaci?n de la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei y se da vista de todas las actuaciones en la Secretar?a de la Sala Primera al Ministerio Fiscal, al Sindicato recurrente y a la Mancomunidad para que, de conformidad con el art. 52 LOTC, dentro del plazo de veinte d?as pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.



6. El 12 de junio de 2001 present? su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando el otorgamiento del amparo solicitado. El Ministerio Fiscal recuerda que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho fundamental a la libertad sindical se integra no s?lo por su contenido esencial sino tambi?n por su contenido adicional, de modo que los actos contrarios a este contenido adicional son tambi?n susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (STC 26/2001) y que se ha considerado integrante del contenido adicional del derecho a la libertad sindical el derecho del sindicato a formar secciones sindicales en la empresa y a nombrar en su caso los correspondientes delegados sindicales en los t?rminos dispuestos por la LOLS (SSTC 30/1992, 173/1992, 192/1993 y 145/1999). Asimismo recuerda el Ministerio Fiscal la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre la inversi?n de la carga de la prueba cuando se aporten por el trabajador indicios de vulneraci?n de sus derechos fundamentales, de suerte que en tales casos incumbe al empresario probar que la decisi?n empresarial que se impugna obedece a motivos razonables y ajenos a todo prop?sito atentatorio a un derecho fundamental (SSTC 38/1981, 136/1996 y 80/2001).



Aplicando esta doctrina al caso examinado, considera el Ministerio Fiscal que la Sentencia impugnada en amparo ha lesionado el derecho a la libertad sindical del sindicato demandante. La cuesti?n debatida en el proceso era si la continuada actuaci?n empresarial, que ya hab?a sido desautorizada por una multiplicidad de pronunciamientos judiciales, como vulneradora de los derechos a la libertad sindical individual de los delegados de personal del sindicato demandante, constitu?a o no una vulneraci?n del derecho a la libertad sindical, en su dimensi?n colectiva, al afectar adem?s, a la actividad del Sindicato en cuanto tal. El sindicato lo que denunciaba como lesivo de su derecho de libertad sindical ?y lo acredit? era la ininterrumpida sucesi?n de decisiones de la Mancomunidad demandada encaminadas a obstaculizar la actividad de los representantes sindicales en la empresa: despido de los representantes de personal ?despidos desautorizados judicialmente por lesivos de la libertad sindical de dichos representantes?, obstrucci?n a su actividad sindical al no proporcionarles la informaci?n o documentos a que la empresa ven?a obligada ?lo que hab?a ocasionado el levantamiento de m?ltiples actas de infracci?n por la Inspecci?n de Trabajo?, decisi?n de no mantener en alta a dichos representantes en la Seguridad Social durante la sustanciaci?n de los recursos de suplicaci?n contra las Sentencias dictadas en los procesos por despido ?lo que hab?a dado lugar a la liquidaci?n de cuotas por parte de la Tesorer?a General de la Seguridad Social a instancias de la Inspecci?n de Trabajo?, e incluso la formulaci?n de denuncias penales contra los delegados de personal y otros miembros del sindicato, sin base alguna. Tal actuaci?n empresarial continuaba en las fechas en que se interpuso la demanda rectora de autos, pues en fechas inmediatamente anteriores a la misma le hab?a sido nuevamente denegada informaci?n al ?nico delegado de personal en aquellos momentos existente, y este delegado de personal fue nuevamente despedido tras la interposici?n de la demanda por el sindicato Comisiones Obreras.



El sindicato entiende que se ha enjuiciado en los pronunciamientos judiciales precedentes la conducta empresarial desde la dimensi?n individual de los trabajadores afectados, pero que tal conducta tiene adem?s una dimensi?n colectiva, pues ha afectado a la actividad sindical en la empresa del sindicato en cuanto tal, vulnerando su derecho de actividad sindical a trav?s de reiteradas lesiones a los derechos de los representantes de personal pertenecientes del sindicato, sobre todo, e incluso mediante denuncias penales infundadas a otros miembros del sindicato.



La Sala, con base en la existencia de los precedentes pronunciamientos judiciales que hab?an declarado nulos los despidos de los delegados de personal o hab?an concedido a uno de ellos determinada indemnizaci?n por vulneraci?n de su derecho a la libertad sindical, prescindi? del an?lisis de la vulneraci?n denunciada por el sindicato demandante, con olvido de que el sindicato accionaba en defensa de un inter?s propio y distinto del que ya hab?a sido objeto de enjuiciamiento, ejerciendo un derecho que forma parte del contenido esencial de la libertad sindical, y lo hac?a denunciando una continuada actuaci?n desplegada por la Mancomunidad demandada frente a los delegados de personal sindicalizados, actuaci?n empresarial que ya hab?a merecido la desautorizaci?n judicial y el levantamiento de actas de infracci?n por la autoridad administrativa laboral, por hab?rseles despedido por su actividad sindical y por hab?rseles impedido o obstaculizado la misma. Adem?s, esta actuaci?n antisindical continu? con posterioridad a las sentencias que declararon la nulidad de los despidos y al levantamiento de las actas de infracci?n por la Inspecci?n de Trabajo.



En consecuencia, concluye el Ministerio Fiscal interesando el otorgamiento del amparo por vulneraci?n del derecho a la libertad sindical del sindicato Comisiones Obreras, debiendo anularse la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de julio de 1999 y retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al dictado de la misma para que la Sala dicte nueva sentencia, respetuosa con el derecho a la libertad sindical del Sindicato demandante.



7. El 12 de octubre de 2001 present? sus alegaciones la representaci?n procesal del sindicato demandante, resumiendo los argumentos expuestos en su escrito de formalizaci?n del recurso de amparo.



8. La Mancomunidad das Terras do Navea Bibei present? su escrito de alegaciones el 13 de junio de 2001, solicitando la desestimaci?n del recurso de amparo. Considera la Mancomunidad que la Sentencia impugnada no ha lesionado el derecho a la libertad sindical del sindicato demandante. El sindicato no ha aportado indicios razonables, concretos y precisos de la supuesta lesi?n de la libertad sindical que invoca, limit?ndose a alegar que la actuaci?n de la empresa le ha irrogado graves perjuicios, tales como la imposibilidad de presencia sindical en la empresa, falta de afiliaci?n, falta de candidatos para las elecciones sindicales en la empresa, etc., as? como un da?o a la imagen y prestigio del sindicato, pero no ha aportado ning?n indicio o principio de prueba al respecto, por lo que no procede la aplicaci?n de la doctrina sobre la inversi?n de la carga de prueba. No obstante, aun en la hip?tesis de que se considerase que s? se han aportado tales indicios, la Mancomunidad considera que la demanda de amparo deber?a ser desestimada, toda vez que ha desplegado actividad probatoria suficiente para desvirtuar los indicios. As?, ha demostrado que en ning?n momento ha sido sancionada por las actas levantadas por la Inspecci?n de Trabajo; que ha facilitado toda la informaci?n precisa a los delegados de personal; que ha contestado a todos los escritos remitidos por los delegados de personal; que ha permitido realizar las asambleas, visitar y recorrer las instalaciones de la residencia de la tercera edad cuando lo han solicitado los delegados de personal; que ha permitido a los miembros de Comisiones Obreras hacer encierros en la sede de la Mancomunidad, facilit?ndoles un local al efecto; que el sindicato Comisiones Obreras ha concurrido sin ning?n tipo de traba a las elecciones de representantes de los trabajadores en la Mancomunidad; que la actividad del sindicato y de sus delegados en el seno de la Mancomunidad se ha limitado a la formulaci?n de denuncias ante la Inspecci?n de Trabajo y a la aparici?n en prensa; que la Mancomunidad nunca ha impedido al sindicato demandante que presentase cuantas denuncias penales, civiles o administrativas tuviese por conveniente; y que el sindicato ha efectuado en prensa las manifestaciones que ha considerado oportunas, sin cortapisa alguna por parte de la Mancomunidad; que la vacante del delegado de personal despido en marzo de 1998 no ha sido cubierta por el sindicato, pudiendo hacerlo con un suplente o solicitar que se celebraran elecciones parciales para cubrir dicha vacante. Todo ello resulta acreditado con la documental obrante en autos, as? como con la testifical del delegado de personal de la Mancomunidad.



En cuanto a la pretendida lesi?n del art. 24.1 CE en relaci?n con el art. 28.1 CE, por la revisi?n efectuada por la Sala de la valoraci?n de la prueba realizada por el Juzgador de instancias, se trata de una queja formulada por primera vez en amparo, por lo que se incumple el requisito del art. 44.1 c) LOTC. Sin perjuicio de ello, se trata de una queja carente en cualquier caso de fundamento, pues la Sentencia de la Sala ha modificado el relato de hechos probados estimando uno de los motivos del recurso de suplicaci?n de la Mancomunidad, lo que resulta plenamente conforme a las potestades revisoras de la Sala en el recurso de suplicaci?n.



En fin, concluye la Mancomunidad, tampoco cabe admitir que se haya vulnerado la libertad sindical, en su vertiente colectiva, del Sindicato demandante, pues, tal como se razona en la Sentencia impugnada, no cabe duplicar las reclamaciones en los t?rminos en que se hizo, pues declaradas en alg?n caso las vulneraciones de la libertad sindical de los representantes de personal en Sentencias firmes estimatorias de las demandas presentadas por dichos representantes, habiendo sido cumplidas dichas Sentencias en sus propios t?rminos, no cabe que el Sindicato demandante pretende extraer de ello la existencia de una vulneraci?n indirecta de su propia libertad sindical, que no ha quedado acreditada con la aportaci?n de indicios concretos y precios de la supuesta lesi?n.



9. Por providencia de fecha 27 de enero de 2005 se se?al? para deliberaci?n y fallo de la presente Sentencia el siguiente d?a 31 del mismo mes y a?o.





II. Fundamentos jur?dicos


1. El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si la Sentencia de 15 de julio de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso de suplicaci?n n?m. 3177/99, ha lesionado el derecho del sindicato demandante a la libertad sindical (art. 28.1 CE).



En efecto, debe precisarse que, si bien el demandante de amparo tambi?n invoca la vulneraci?n de su derecho a la igualdad y no discriminaci?n (art. 14 CE), tal queja carece de sustantividad propia, pues la discriminaci?n enunciada no concierne a ninguna de las circunstancias expl?citamente proscritas por el art. 14 CE, por lo que ha de quedar subsumida en la queja referida a la lesi?n del art. 28.1 CE, conforme a la reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, SSTC 55/1983, de 22 de junio, FJ 1; 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 1; 90/1997, de 6 de mayo, FJ 3; 87/1998, de 21 de abril, FJ 2; 308/2000, de 18 de diciembre, FJ 2; y 44/2001, de 12 de febrero, FJ 2).



Del mismo modo, la queja relativa a la vulneraci?n del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relaci?n con el derecho a la libertad sindical, ha de quedar subsumida en este derecho fundamental sustantivo, pues lo que denuncia el recurrente es que la Sala, pese a partir del relato de hechos probados de la Sentencia de instancia (con las adiciones aceptadas en suplicaci?n antes mencionadas, que no alteran sustancialmente el relato de la conflictividad existente entre la empresa y los delegados de personal miembros del sindicato demandante), rechaza la existencia de indicios de antisindicalidad en la conducta empresarial. En suma, esta queja incide en el reproche dirigido a la Sala por no haber aplicado la regla de la distribuci?n de la carga de la prueba sentada por la doctrina del Tribunal Constitucional y recogida expresamente en el art. 179.2 de la Ley de procedimiento laboral (LPL), para garantizar el derecho a la libertad sindical frente a decisiones o actuaciones empresariales que puedan constituir una discriminaci?n por motivos sindicales, lo que debe enjuiciarse desde la perspectiva del art. 28.1 CE, debiendo en todo caso recordarse que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una respuesta fundada en Derecho, esto es, motivada, razonable y no manifiestamente err?nea ni arbitraria, ni lesiva de otros derechos fundamentales, si bien en este ?ltimo supuesto ser?an esos derechos los vulnerados y no el art. 24.1 CE (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4, y 214/1999, de 24 de julio, FJ 2).



2. Planteada as? la cuesti?n, debe recordarse en primer lugar que, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, el derecho a la libertad sindical proclamado por el art. 28.1 CE garantiza, en su vertiente individual, el derecho del trabajador a no sufrir consecuencias desfavorables en la empresa por raz?n de su afiliaci?n o actividad sindical, de suerte que el derecho a la libertad sindical queda afectado y menoscabado si el trabador resulta perjudicado por el desempe?o leg?timo de la actividad sindical. Por ello, la libertad de afiliarse a un sindicato y la libertad de no afiliarse, as? como el desarrollo de la actividad inherente a la leg?tima actuaci?n sindical en el ?mbito de la empresa, para defender los intereses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabajadores, constituye una ?garant?a de indemnidad?, que veda cualquier diferencia de trato por raz?n de la afiliaci?n sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes en relaci?n con el resto de los trabajadores (por todas, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 5; 17/1996, de 7 de febrero, FJ 4; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 3; /1998, de 29 de septiembre, FJ 4; 30/2000, de 31 de enero, FJ 2; 173/2001, de 26 de julio, FJ 5; 111/2003, de 16 de junio, FJ 5; y 79/2004, de 5 de mayo, FJ 3).



Asimismo, el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), en su vertiente colectiva, y en virtud de una interpretaci?n sistem?tica con el art. 7 CE y del canon hermen?utico sentado por el art. 10. 2 CE, integra derechos de actividad y medios de acci?n de los sindicatos que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el citado art. 7 CE, constituyen el n?cleo m?nimo e indispensable de la libertad sindical, sin el cual ese derecho fundamental no ser?a reconocible. De este modo, como repetidamente ha declarado nuestra doctrina, la libertad sindical comprende el derecho a que los sindicatos realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el car?cter democr?tico del Estado, lo que supone el derecho a llevar a cabo una libre acci?n sindical, comprensiva de todos los medios l?citos y sin indebidas injerencias de terceros (SSTC 4/1983, de 28 de enero, FJ 3; 127/1989, de 13 de julio, FJ 3; 30/1992, de 18 de marzo, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; 127/1995, de 25 de julio, FJ 3; 168/1996 de 29 octubre, FJ 1 y 145/1999, de 22 de julio, FJ 3). En coherencia con dicho contenido constitucional, este derecho fundamental tiene su desarrollo en la Ley Org?nica 11/1985, de 2 agosto, de libertad sindical (LOLS), donde se establece que, en el plano colectivo, el derecho de libertad sindical comporta que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tengan derecho al ?ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella? [art. 2.2 d) LOLS]. Por tanto, la libertad sindical se integra por los derechos de actividad y los medios de acci?n que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda desarrollar las funciones a las que es llamado por el art. 7 CE, constituyen el n?cleo m?nimo e indispensable de la libertad sindical (SSTC 9/1988, de 25 de enero, FJ 2; 51/1988, de 22 de marzo, FJ 5; 127/1989, de 13 de julio, FJ 3 y 121/2001, de 4 de junio, FJ 2, por todas). Entre estos derechos de actividad y medios de acci?n que constituyen el n?cleo m?nimo e indisponible de la libertad sindical este Tribunal ha venido incluyendo el derecho a la negociaci?n colectiva, a la huelga y a la promoci?n de conflictos.



Pero el derecho fundamental a la libertad sindical se integra no s?lo por su contenido esencial, sino tambi?n por otros derechos o facultades adicionales atribuidos por la propia Ley Org?nica de libertad sindical y otras normas o convenios ?participaci?n institucional, facultad de los sindicatos para promover y participar en las elecciones para ?rganos de representaci?n de los trabajadores, nombrar en su caso los correspondientes delegados sindicales, etc.?, de forma que los actos contrarios a este contenido adicional, en el marco de su regulaci?n infraconstitucional, son tambi?n susceptibles de infringir el art. 28.1 CE (entre otras muchas, SSTC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 3; 51/1988, de 22 de marzo, FJ 5; 30/1992, de 18 de marzo, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4; 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 132/2000, de 16 de mayo, FJ 2; y 257/2000, de 30 de octubre, FJ 4).



3. Debe igualmente traerse a colaci?n la doctrina sentada por este Tribunal ya desde su temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre, acerca de la importancia que tiene la regla de la distribuci?n de la carga de prueba para garantizar el derecho a la libertad sindical frente a posibles actuaciones empresariales que puedan constituir una discriminaci?n por motivos sindicales, regla consagrada expresamente en el art. 179.2 LPL como consecuencia de dicha doctrina, como recuerda la STC 74/1998, de 31 de marzo, FJ 5.



Para precisar con nitidez los criterios aplicables en materia probatoria cuando est?n en juego posibles vulneraciones de derechos fundamentales en el ?mbito de las relaciones laborales, como es el caso de la libertad sindical, es pertinente traer a colaci?n la STC 29/2002, de 11 de febrero. Dec?amos all?, recordando nuestra reiterada doctrina, que ?la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de ?ste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para organizar las prestaciones de trabajo, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operaci?n de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesi?n constitucional, encubierta tras la legalidad s?lo aparente del acto empresarial. Una necesidad tanto m?s fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan en el contrato de trabajo las facultades organizativas y disciplinarias del empleador?. Y prosegu?amos se?alando que ?precisamente, la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneraci?n en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la espec?fica distribuci?n de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL; SSTC 38/1981, 37/1986, 47/1985, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 180/1994 y 136/1996, entre otras). La finalidad de la prueba indiciaria no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que ?ste resulta lesivo del derecho fundamental (STC 38/1981, FFJJ 2 y 3), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental (STC 38/1986, FJ 2), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aqu?l; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegaci?n de la vulneraci?n constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aqu?lla se haya producido (as?, SSTC 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994 y 85/1995)?. S?lo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, a?ad?amos, ?sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuaci?n tiene causas reales absolutamente extra?as a la pretendida vulneraci?n de derechos fundamentales, as? como que aqu?llas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisi?n, ?nico medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una aut?ntica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneraci?n de derechos fundamentales ?lo que claramente dejar?a inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989)?, que debe llevar a la convicci?n del juzgador que tales causas han sido las ?nicas que han motivado la decisi?n empresarial, de forma que ?sta se hubiera producido veros?milmente en cualquier caso y al margen de todo prop?sito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por s? mismas su decisi?n, eliminando toda sospecha de que aqu?lla ocult? la lesi?n de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, as? como tambi?n las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ?mbito puramente procesal y determina, en ?ltimo t?rmino, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesi?n del propio derecho fundamental del trabajador (SSTC 197/1990, FJ 1; 136/1996, FJ 4, as? como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995 ? 17/1996)?.



En definitiva, el demandante, que invoca la regla de inversi?n de la carga de la prueba, debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente, concreta, y precisa, en torno a los indicios de que ha existido discriminaci?n. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio por el demandante, sobre la parte demandada recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo prop?sito lesivo del derecho fundamental la decisi?n o pr?ctica empresarial cuestionada, ?nico medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (SSTC 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 2; y 29/2002, de 11 de febrero, FJ 3, por todas).



4. Conforme a la doctrina expuesta nos corresponde dilucidar si el sindicato demandante de amparo acredit? en el proceso a quo suficientemente la existencia de indicios de antisindicalidad y si, en tal caso, la Mancomunidad demandada prob? que su actuaci?n fue por completo ajena a todo prop?sito de atentar contra la libertad sindical.



Antes de analizar ese punto decisivo, visto que el Juez de instancia y la Sala de lo Social alcanzaron conclusiones diversas sobre el particular, ser? oportuno recordar, como destacaba la STC 14/2002, de 28 de enero, que para resolver la cuesti?n no bastar? con la simple evaluaci?n de la razonabilidad de esas decisiones judiciales. Y ello porque es perfectamente posible que se den resoluciones judiciales que contengan una fundamentaci?n que exprese razones ?de hecho y de Derecho? por las que el ?rgano judicial llega a un determinado pronunciamiento, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales como los aqu? en juego, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de la decisi?n adoptada. En estos casos, como se?ala la citada STC 14/2002, de 28 de enero, FJ 5, ?nuestro enjuiciamiento no puede limitarse a comprobar que los ?rganos judiciales efectuaron una interpretaci?n de los derechos en juego, y que ?sta no fue irrazonable, arbitraria o manifiestamente err?nea (STC 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4), ya que aqu? el derecho afectado no es el del art. 24.1 CE, sino un derecho fundamental sustantivo (STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 4). Cuando se enjuicia la presunta vulneraci?n de un derecho sustantivo, como lo es el relativo a la libertad sindical, el test de razonabilidad que este Tribunal aplica a los derechos del art. 24 CE queda absorbido, como ya dijimos, por el canon propio de aquel derecho. A tal fin se hace necesario interpretar a la luz de los valores constitucionales los indicios que sirven de base al enjuiciamiento, todo ello sin que tal actuaci?n suponga la revisi?n de la valoraci?n de la prueba efectuada por el juzgador, por ser firme doctrina constitucional que dicha valoraci?n se encuentra atribuida en exclusiva a los ?rganos judiciales, sin que competa a este Tribunal revisar en v?a de amparo las apreciaciones de aqu?llos ni la ponderaci?n que lleven a cabo, salvo que unas u otra resulten arbitrarias o irrazonables (SSTC 140/1994, de 9 de mayo, FJ 3, y 136/1996, de 23 de julio, FJ 4)?.



5. Abordando el enjuiciamiento que nos corresponde con ese criterio y desde aquel esquema de distribuci?n de cargas probatorias, debemos examinar si el sindicato demandante de amparo aport? una ?prueba veros?mil? (STC 207/2001, de 22 de octubre, FJ 5) o un ?principio de prueba? revelador de la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminaci?n por razones sindicales o de una quiebra del derecho fundamental de que se trate (por todas, SSTC 87/1998, de 21 de abril, FJ 3; 140/1999, de 22 de julio, FJ 5; 29/2000, de 31 de enero, FJ 3; 214/2001, de 29 de octubre, FJ 4, y 14/2002, de 28 de enero, FJ 4).



En el caso de autos el Juzgado de lo Social estim? la vulneraci?n del derecho a la libertad sindical alegada por el sindicato recurrente en amparo, al considerar que hab?a aportado indicios suficientes que generaban la razonable sospecha del trato discriminatorio denunciado, por referencia a la actuaci?n desplegada por la empresa frente a los dos delegados de personal del sindicato Comisiones Obreras, elegidos en las elecciones sindicales de 1995, que se concreta en las decisiones empresariales reflejadas en el relato de hechos probados y cuya antisindicalidad ha sido ya declarada por diversos pronunciamientos judiciales de los que igualmente se hace menci?n en los hechos probados de la Sentencia de instancia. Nada se dice en cuanto a que la Mancomunidad haya demostrado que su actuaci?n respondiese a razones ajenas a la actividad sindical de los delegados de personal pertenecientes al sindicato demandante de amparo ?por lo que ha de entenderse que las razones invocadas por la Mancomunidad para contrarrestar los indicios de antisindicalidad han sido descartadas por el Juzgado.



La Sentencia dictada en el recurso de suplicaci?n interpuesto por la Mancomunidad, sin embargo, revoc? la de instancia al considerar que el sindicato no ha aportado indicios que revelen una conducta empresarial lesiva del derecho a la libertad sindical, por lo que no resulta necesario siquiera entrar a examinar las razones y la actividad probatoria desplegada por la Mancomunidad en orden a desvirtuar las quejas del sindicato demandante. Se?ala la Sala de lo Social que la lesi?n de la libertad sindical invocada por el sindicato Comisiones Obreras se refiere a la situaci?n de conflicto entre la Mancomunidad y los dos delegados de personal de dicho sindicato, elegidos en las elecciones sindicales de 1995, sin que se haya acreditado la repercusi?n de tal conflicto en orden a disuadir a simpatizantes de afiliarse al sindicato o a dificultar la presentaci?n de candidatos por dicho sindicato a las elecciones sindicales, por lo que no existen indicios de discriminaci?n sindical m?s all? de esa situaci?n de conflicto con los delegados de personal mencionados, que no puede servir de fundamento a la demanda del sindicato, pues supondr?a duplicar las reclamaciones, toda vez que los litigios entre los delegados de personal y la empresa porque han sido despedidos o atacada su libertad sindical, ya han sido resueltos por Sentencias firmes del orden social, a cuyo contenido ha de estarse.



6. Pues bien, estas conclusiones de la Sentencia de suplicaci?n no pueden ser compartidas, toda vez que no cabe negar que el examen de los hechos probados recogidos en ambas Sentencias pone de manifiesto un acervo probatorio suficientemente indicativo de antisindicalidad. En ellos se recoge que los delegados de personal elegidos en las listas de Comisiones Obreras reclamaron diversa informaci?n al amparo del art. 64 LET, solicitud que no fue atendida, por lo que presentaron denuncia ante la Inspecci?n de Trabajo (hechos probados segundo y duod?cimo); que uno de los representantes fue despedido en dos ocasiones sucesivas, declar?ndose nulo el segundo de los despidos por vulneraci?n de la libertad sindical (el primer despido fue inicialmente declarado improcedente, para ser finalmente declarado procedente tras diversas vicisitudes procesales); que la empresa formul? contra ?l denuncia por lesiones y amenazas, resultando el trabajador absuelto (hechos tercero y cuarto); que el otro delegado, tambi?n elegido en listas de Comisiones Obreras, fue tambi?n despedido, declar?ndose improcedente el acto extintivo y que volvi? a ser despedido por segunda vez, siendo calificado dicho despido como nulo por vulneraci?n de la libertad sindical; que este trabajador fue despedido una tercera vez, aproximadamente un mes despu?s de la Sentencia firme del anterior despido nulo, estando pendiente de resoluci?n la correspondiente causa de despido en la fecha de la Sentencia de instancia dictada en estos autos (hechos s?ptimo y octavo); que durante la ejecuci?n provisional de las Sentencias que declararon los despidos improcedentes la Mancomunidad opt? por el abono de los salarios sin contraprestaci?n de servicios, situaci?n que se prolong? durante m?s de dos a?os (hecho quinto); que durante ese tiempo el sindicato efectu? diversas denuncias ante la Inspecci?n por falta de publicaci?n de calendarios de vacaciones, falta de entrega a los delegados de copias de los contratos, falta de ocupaci?n efectiva de ?stos, etc.; que la Inspecci?n extendi? actas de infracci?n, una de ellas por obstaculizaci?n de la funci?n representativa (hechos sexto y noveno); que la Tesorer?a General de la Seguridad Social procedi? a la liquidaci?n de cuotas en el r?gimen general de la Seguridad Social por no dar de alta la empresa a los delegados de personal de Comisiones Obreras durante la ejecuci?n provisional de las Sentencias de despido (hecho probado d?cimo); que se realizaron una serie de protestas por parte de representantes de Comisiones Obreras, interponiendo denuncia la Mancomunidad y absolvi?ndose a los denunciados en el juicio de faltas (hecho probado und?cimo); que uno de los delegados de personal citados formul? demanda en procedimiento de tutela de libertad sindical, declar?ndose en suplicaci?n que la conducta de la demandada constituye una lesi?n del art. 28.1 CE (hecho decimotercero en la redacci?n dada por la Sentencia de la Sala de lo Social impugnada en amparo, que acept? la revisi?n f?ctica en este punto); que los despidos de los delegados de personal implicaron vacantes en los puestos de representaci?n unitaria, sin que conste si pudieron cubrirse (fundamento de Derecho segundo de la Sentencia impugnada). Frente a todo ello, la empresa logr? en suplicaci?n hacer constar en el relato de hechos que la empresa ha permitido a uno de los delegados de personal de Comisiones Obreras el ejercicio del derecho de reuni?n en fechas posteriores a su primer despido ?fundamento de derecho segundo de la Sentencia de suplicaci?n en relaci?n con los hechos probados tercero y quinto.



En suma, el examen de los hechos declarados probados evidencia la existencia de indicios de antisindicalidad de naturaleza mediata, referidos a los actos de despido contra los delegados de personal de Comisiones Obreras, que fueron objeto de los correspondientes procesos individuales, y de indicios de antisindicalidad de car?cter inmediato, esto es, expresivos de un conflicto directo entre empresa y sindicato al que pertenecen dichos representantes unitarios.



Respecto a los primeros no cabe negar la relevancia constitucional de los actos contra la representaci?n unitaria de los trabajadores, a la vista, al menos, de tres circunstancias principales: la utilizaci?n mediata de las representaciones unitarias en la empresa para la acci?n sindical de las organizaciones sindicales; la necesidad de aqu?llas para obtener las organizaciones sindicales la implantaci?n exigida por la ley en punto a desarrollar desde una singular posici?n determinadas facultades sindicales (mayor representatividad, se?aladamente, art. 7 LOLS); y los derechos de las organizaciones sindicales sobre esos ?rganos electivos (promover elecciones a delegados de personal y miembros de comit?s de empresa y presentar candidatos a tales elecciones, art. 2.2.d LOLS y arts. 67.1 y 69.3 LET), derechos considerados como integrantes del contenido adicional de la libertad sindical en su vertiente colectiva (SSTC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4; 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 132/2000, de 16 de mayo, FJ 2; y 257/2000, de 30 de octubre, FJ 4, por todas). De modo que una actuaci?n empresarial contra los delegados de personal constituye un indicio de vulneraci?n de la libertad sindical no s?lo de ?stos a t?tulo individual, sino tambi?n de la organizaci?n sindical a la que pertenecen, por la afectaci?n de tal conducta empresarial a la acci?n sindical como manifestaci?n del derecho fundamental del sindicato.



Por lo mismo, resulta inaceptable excluir estos indicios de antisindicalidad de car?cter mediato del panorama indiciario a tener en cuenta en el caso concreto para determinar si ha existido vulneraci?n del derecho a la libertad sindical del sindicato demandante, por el hecho que los representantes unitarios pertenecientes al sindicato Comisiones Obreras hayan accionado contra los despidos de que han sido objeto, o incluso en reclamaci?n de indemnizaci?n por vulneraci?n de su derecho a la libertad sindical. No puede hablarse de una duplicidad de reclamaciones, como se hace en la Sentencia impugnada en amparo, pues la organizaci?n sindical defiende un inter?s propio que es distinto y aut?nomo del que constituye la pretensi?n que hayan podido formular a t?tulo personal los delegados de personal (SSTC 257/2000, de 20 de octubre, FJ 3, y 66/2002, de 21 de marzo, FJ 2). Dicho de otro modo, la organizaci?n sindical demandante de amparo articula procesalmente un derecho que trasciende el del trabajador que defiende su derecho fundamental como titular individual, tomando pie aqu?lla para ello en la dimensi?n colectiva de la libertad sindical, como derecho fundamental y b?sico en la comprensi?n del sistema constitucional de relaciones laborales.



A ello se a?ade que en el panorama indiciario a considerar concurren adem?s los mencionados indicios aut?nomos o de afectaci?n inmediata en la acci?n sindical del sindicato recurrente. En efecto, en los hechos probados se reflejan, al margen de las decisiones del empresario contra los delegados de personal ya enjuiciadas por la jurisdicci?n social a instancias de las demandas formuladas por dichos delegados, otros elementos independientes reveladores de una potencial antisindicalidad. As?, las actas de infracci?n levantadas por la Inspecci?n de Trabajo (hechos probados sexto y noveno) o la interposici?n de una denuncia por coacci?n contra representantes de Comisiones Obreras tras la celebraci?n de protestas, que concluy? con la absoluci?n de los denunciados (hecho probado und?cimo), poseen un innegable valor indiciario, en el contexto de conflictividad sindical en que se insertan, sin perjuicio de que el n?cleo constitutivo del panorama indiciario venga dado principalmente por la actuaci?n empresarial contra los delegados de personal del sindicato Comisiones Obreras.



En definitiva, tal como apreci? el Juzgado de instancia, ha de concluirse que la organizaci?n sindical demandante hab?a desarrollado una actividad alegatoria suficientemente concreta y precisa, en torno a una posible violaci?n de su derecho de libertad sindical, creando con ello una apariencia o sospecha de comportamiento empresarial contrario a este derecho fundamental.



7. Alcanzada la anterior conclusi?n y con arreglo a la doctrina constitucional antes reproducida, correspond?a a la Mancomunidad la carga de probar que sus decisiones se basaban en causas ajenas a la apariencia de discriminaci?n sindical creada por la organizaci?n sindical demandante. En efecto, conforme recog?amos en el fundamento jur?dico tercero, existente un principio de prueba o apariencia veros?mil de la vulneraci?n de derechos fundamentales, aqu? de la libertad sindical, incumbe al empresario la carga probatoria encaminada a demostrar que su actuaci?n resulta por completo ajena a todo prop?sito de discriminaci?n sindical, como ?nico medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios.



En este punto ha de tenerse en cuenta que la empresa aleg? en el acto del juicio las razones que, a su juicio, desvirtuaban los indicios de antisindicalidad y desarroll? la actividad probatoria que consider? oportuna al respecto. Tal argumentaci?n fue rechazada en instancia por el Juzgado d

JUZGADO DE LO SOCIAL N?MERO DOS DE LOGRO?O

Notificaci?n de sentencia en procedimiento de demanda, expediente n?mero 1.050/04-J.

Do?a Pilar Campos Fern?ndez, secretaria judicial del Juzgado de lo Social N?mero Dos de Logro?o,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1.050/2004-J de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jes?s Mar?a Villar Bastida, contra la empresa ?Mecanizados Prado, S. L.?, Mutua Universal-Mugenat, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorer?a General de la Seguridad Social, don Francisco Herrera Reigadas, Fremap M.A.T. y E.P. de la Seguridad Social n?mero 61, ?C?a Mercantil Procesos y Sistemas de Separaci?n, S. A.?, ?Noncales, S. A.?, sobre Seguridad Social, se ha dictado sentencia n?mero 15/05 que, en lo necesario, es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N?MERO 15/05

En la ciudad de Logro?o, 25 de enero de 2005.

Vistos por m?, don Jos? Mar?a Labado Santiago, magistrado titular del Juzgado de lo Social N?mero Dos de Logro?o los presentes autos de juicio verbal del orden social de la jurisdicci?n en materia de incapacidad permanente total entre las siguientes partes:

Como demandante don Jes?s Mar?a Villar Bastida, representado y asistido por el letrado se?or don Jos? Mar?a Hospital Villacorta.

Como demandado ?Mecanizados Prado, S. L.? representada por don Antonio Prado Monzoncillo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social N?mero 10 Universal-Mugenat representada y asistida por el letrado se?or don Jos? Espuelas Pe?alva, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorer?a General de la Seguridad Social, representadas y asistidas por el letrado se?or don Juan Parras Jim?nez y don Francisco Herrera Reigadas, que no comparece pese a estar citado en legal forma, FREMAP M.A.T. y E.P. de la Seguridad Social N?mero 61 representada y asistida por el letrado se?or don Javier Mar?n Barrero, ?C?a Mercantil Procesos y Sistemas de Separaci?n, S. A.?, representada y asistida por el letrado se?or Alfonso Cord?n Herrera, ?Noncales, S. A.?, representada por do?a Mar?a Jos? Guti?rrez Ruiz.

FALLO

Que estimando la demanda, promovida por don Jes?s Mar?a Villar Bastida contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorer?a General de la Seguridad Social, ?Mecanizados Prado, S. L.?, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n?mero 10 Universal-Mugenat, don Francisco Herrera Reigadas, Fremap M.A.T. y E.P. de la Seguridad Social n?mero 61, ?C?a Mercantil Procesos y Sistemas de Separaci?n, S. A.?, ?Noncales, S. A.? en materia de Invalidez Permanente, debo declarar y declaro que la parte actora se encuentra afecta de incapacidad permanente en grado de total para su profesi?n habitual de soldador, con origen de accidente de trabajo; y en consecuencia debo condenar y condeno a Fremap M.A.T. y E.P. de la Seguridad Social n?mero 61 y Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social N?mero 10 Universal-Mugenat a abonar al actor una pensi?n vitalicia del 55% de la base reguladora de 1. 013, 23 euros con efectos de 8 de julio de 2004, prestaci?n esta de la que se distribuir?n las responsabilidades entre ambas Mutuas, respondiendo la primera (Fremap M.A.T. y E.P. n?mero 61) por la base reguladora correspondiente al primer accidente (826,21 euros), y la segunda (Universal-Mugenat M.A.T. y E.P. n?mero 10) por la diferencia hasta la base reguladora que correspondiese en la actualidad, que es la de 1.013,23 euros mensuales, y al resto de lo codemandados a estar y pasar por esta declaraci?n.

Notif?quese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podr?n interponer Recurso de Suplicaci?n ante el Tribunal Superior de Justicia, que deber? ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco d?as siguientes a la notificaci?n de la sentencia, o por simple manifestaci?n en el momento en que se practique la notificaci?n, con las formalidades, dep?sitos y consignaciones para recurrir establecidas en el Texto Refundido de Procedimiento Laboral.

As? por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificaci?n en legal forma a don Francisco Herrera Reigadas, en ignorado paradero, expido la presente para su inserci?n en el BOC y tabl?n de anuncios de este Juzgado.

Logro?o, 25 de enero de 2005.?

La voluntad de los agentes sociales de llegar a un acuerdo y el talante no garantizan el ?xitoEl Gobierno, los empresarios y los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) retomaron ayer las negociaciones para impulsar una nueva reforma laboral ?la quinta de la democracia? con el objetivo prioritario de reducir la elevada tasa de temporalidad que registra nuestro mercado de trabajo. Aunque tambi?n contempla, entre otras cuestiones, la lucha contra el paro de j?venes y mujeres, el salario m?nimo, la incorporaci?n de los inmigrantes, los accidentes laborales y las pensiones.

El 30% de los contratos en Espa?a son temporales, una cifra que nos aleja, y mucho, de la media europea (12%). Adem?s, tenemos una de las tasas de paro (10,38%) m?s elevadas de la UE, especialmente en mujeres y j?venes. Visto el panorama y recordando el resultado de las cuatro reformas anteriores (1984, 1994, 1997 y 2001), har? falta algo m?s que buena voluntad por parte de los agentes sociales y la preceptiva dosis de talante para conseguir los ambiciosos objetivos que se proponen. De hecho, cada una de esas reformas ha venido a rectificar algo de la anterior. La lucha contra la temporalidad ha sido uno de las prioridades en todas ellas, pero los avances han sido escasos.

Hay otras cuestiones que los expertos se?alan tambi?n como fundamentales de cara a la negociaci?n. Para seguir creando empleo es imprescindible flexibilizar las relaciones laborales (no s?lo el despido), pero tambi?n garantizar los derechos de los trabajadores y mejorar la protecci?n social de los parados. De momento, los patronos han puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar la competitividad de las empresas y la mejora del empleo en cantidad y en calidad (o sea, de abaratar el despido).

Una sentencia condena a Caballito a indemnizar a los trabajadores por violar su derecho a la huelga


El Juzgado de lo Social de Gasteiz ha condenado a la Direcci?n de la empresa de Pferd Roeggerber, m?s conocida como "Caballito", al pago de una indemnizaci?n de 6.000 euros a cada uno de los 114 trabajadores en huelga. El juez invita, al tiempo, a negociar una salida a un conflicto laboral que se prolonga ya 16 meses.


Seg?n se recoge en la sentencia, en las declaraciones realizadas por la direcci?n de la empresa se anuncian medidas "desfavorables y disciplinarias contra quienes secundan la huelga", lo que constituye "una intolerable intimidaci?n y coacci?n" que integra un acto de "injerencia ilegal an?logo" definido en la LOLS.

Adem?s, el auto se?ala que la "?nica" motivaci?n del gerente, al que se atribuyen las expresiones objeto de denuncia, es la de "intentar privar de efectividad a un conflicto que se prolongaba ya en el tiempo, anunciando consecuencias desfavorables en exclusi?n para los huelguistas, mediante el recorte de producci?n en la planta de Gasteiz, pues para el resto de la plantilla, asume el compromiso de asegurar sus puestos de trabajo".

Para el comit? de empresa, esta sentencia pone de manifiesto el modo con el que se ha abordado desde la Gerencia este conflicto. "Lejos de favorecer la negociaci?n entre las partes, el gerente ha tratado de intimidar y presionar a los huelguistas para dificultar una salida a un conflicto que se prolonga ya m?s de 16 meses", denuncian los trabajadores en huelga.

En este sentido, el comit? de empresa ha reiteradosu disposici?n a negociar un acuerdo, para lo que la pasada semana el comit? de empresa hizo entrega a la direcci?n de Caballito un documento que desea sea una alternativa v?lida para dar una salida a este conflicto.

"Queremos reiterar nuestra disposici?n a buscar una soluci?n definitiva a este conflicto", concluye el comit? de empresa.

El 60% de las empresas rechaza la posibilidad de que su personal pueda trabajar en casa


S?lo uno de cada cuatro espa?oles, en concreto el 25,69%, trabaja desde casa, mientras que en la Uni?n Europea (UE) este porcentaje se eleva al 34,63%, seg?n una encuesta realizada por el portal de empleo Monster entre m?s de 8.000 ciudadanos europeos.

Otros estudios ponen en evidencia a los directivos espa?oles demostrando que estos suelen tener un conocimiento insuficiente de esta emergente modalidad laboral. El 60,8% de las empresas espa?olas manifiesta no tener inter?s en la introducci?n del teletrabajo como nueva modalidad de desarrollo.

De hecho, Espa?a se encuentra entre los pa?ses que menos utilizan la modalidad del teletrabajo, pues ?nicamente supera a Italia con un 19,09% y Francia que a penas llega al 20 por ciento. En el lado opuesto se encuentran pa?ses que tienen totalmente incorporados los nuevos avances en cuanto a modalidad del trabajo. Es el caso de Alemania, donde el 40% de los consultados trabaja desde su domicilio.

Por debajo se encuentra Reino Unido donde el 27% de sus ciudadanos trabajan ya desde su hogar, pero en el 51% de la poblaci?n ya existe conciencia de ello y tambi?n desear?a adaptarse.

Aunque a las empresas les cuesta encontar el inter?s por introducir el teletrabajo no ocurre lo mismo con los trabajadores que a m?s de la mitad de los entrevistados tambi?n les gustar?a que su empresa les ofreciera la posibilidad de trabajar desde su domicilio, mientras que en Europa este porcentaje es s?lo del 36,35%. Seg?n Monster, y teniendo en cuenta que casi la mitad de los ciudadanos europeos es usuario de Internet, es ?l?gico? que la alternativa a trabajar desde casa est? cobrando importancia a medida que crecen los hogares con acceso a la red.

Sin embargo, el teletrabajo tiene tantos partidarios como detractores. Entre sus ventajas destacan el ahorro de tiempo y la posibilidad de conciliar vida laboral y familiar, y entre sus inconvenientes, se se?alan la ausencia de contacto con la vida de oficina y con los compa?eros de trabajo.

Una de las principales causas por las que los espa?oles no pueden incorporarse a las nuevas peticiones del mercado laboral se encuentra que los directivos no cambian ni innovan en este tipo de conocimientos. As? lo pone de manifiesto un estudio del Consorcio Europeo ECaTT ?Electronic Comerse and Telework Trends?.

Junto a la creencia de que los sindicatos se resist?an a su introducci?n, la resistencia de la empresa espa?ola frente al teletrabajo est? directamente asociada con el bajo conocimiento que del teletrabajo tienen los directivos espa?oles. Un 74% de ellos reconoce contar con un conocimiento insuficiente, en contraste con la media europea del 54,1%. No obstante, un 6,1% de las empresas reconocen estar interesadas en su introducci?n y un 4,5% ya ha dise?ado planes concretos para su implantaci?n.

Para el director general de Monster.es, Pedro Garc?a Cano, resulta esencial que el teletrabajo se adapte a las caracter?sticas propias de cada empresa. ?Por este motivo, es importante que las empresas determinen sus necesidades y las del puesto concreto para decidir si el teletrabajo es la opci?n m?s convincente.

01/03/2005

Varios expertos en el mercado de trabajo propusieron ayer sancionar econ?micamente a las empresas con mayor n?mero de despidos de trabajadores temporales.

As? lo manifest? ayer Juan Francisco Jimeno, coordinador de un informe sobre las pol?ticas de empleo en Espa?a y Europa de la Fundaci?n BBVA que, adem?s, es jefe de Investigaci?n del Banco de Espa?a. Jimeno dirigi? el informe junto con el catedr?tico de Econom?a de la Universidad Carlos III, Juan Jos? Dolado.

Jimeno defendi? la sanci?n econ?mica a las empresas con mayor n?mero de despidos ?para que sepan que est?n infligiendo una serie de costes a la sociedad?. ?El problema del despido es que hay costes sociales que las empresas no tienen en cuenta y que tendr? que aportar la sociedad para proteger? a los perjudicados. Por ejemplo, a trav?s de la protecci?n por desempleo.

Los expertos consideran que en Espa?a ?no funciona? la v?a judicial para resolver los casos de extinci?n de contratos.

Insatisfacci?n
Los expertos tambi?n pusieron de manifiesto que una de las principales causas de insatisfacci?n en el mercado de trabajo es el alto porcentaje de contratos temporales, tanto en el sector privado como en la Administraci?n. ?La temporalidad reduce los costes no salariales y, en cierta medida, los salariales, ya que los trabajadores tienen menos poder negociador?, se?al? Jimeno.

Los expertos consideran que el hecho de que el nivel de empleo temporal se resista a bajar del treinta por ciento de los asalariados, se debe, fundamentalmente, al crecimiento de este tipo de contratos en las Administraciones.

Comentario de la STS de 11 de marzo de 2004 (RJ 3401).


1. Hechos.

El trabajador de una entidad de cr?dito interpuso demanda solicitando del Juzgado de lo Social n?m. 1 de Ciudad Real, la extinci?n de su contrato al amparo del art. 50 ET. En sentencia de 26-11-1996, el Juzgado de lo Social declar? extinguida la relaci?n laboral y conden? a la empleadora a satisfacer la indemnizaci?n legalmente prevista en el apartado 2 del art. 50 ET. En aquellas fechas el trabajador se le diagn?stico al trabajador un ?trastorno adaptativo?, cuadro que posteriormente degener? en un cuadro de depresi?n. Contra dicha resoluci?n se interpuso recurso de suplicaci?n, dict?ndose Sentencia por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha con fecha de 11 de febrero de 1997 confirmando en todos los extremos la sentencia del Juzgado de lo Social. El 10 de marzo de 1998 se inicia expediente de incapacidad permanente, resolvi?ndose por resoluci?n de 15 de marzo de 1999, en la que se reconoce la prestaci?n en base a un cuadro cl?nico depresivo melanc?lico.

Con fecha de 14 de junio de 2000, esto es casi cuatro a?os despu?s de instar la extinci?n del contrato de trabajo, se presenta demanda contra la empleadota en la que el trabajador solicita la restituci?n de los da?os ps?quicos causados como consecuencia del proceso que condujo en su d?a a la extinci?n de la relaci?n laboral. El Juzgado de lo Social n?m. 3 de Ciudad Real desestim? inicialmente la pretensi?n indemnizatoria absolviendo a la demandada. Presentado recurso de suplicaci?n la demandada, en Sentencia de 26 de junio de 2002 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia revoc? la sentencia de la instancia, reconociendo al demandante el derecho a ser indemnizado por los da?os y perjuicios causados en su salud ps?quica como consecuencia de la persecuci?n laboral de que fue objeto por parte de la empresa.

Se presenta recurso de casaci?n para la unificaci?n de la doctrina, alegando como sentencia contradictoria de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1997.

2. Fundamentos Jur?dicos.

La cuesti?n planteada en el recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina consist?a en determinar si existe o no compatibilidad entre las indemnizaciones percibidas al amparo de la extinci?n del art?culo 50.1 ET, debido al trato vejatorio continuado por parte de la empleadora, con la indemnizaci?n general prevista en el art?culo 1101 CC, con base en los perjuicios a la salud ps?quica que aquella conducta empresarial ha representado para el trabajador.

La Sentencia rechaza la eventual compatibilidad entre la indemnizaci?n legalmente tasada que deriva del ejercicio de la acci?n resolutoria del art. 50 ET con cualquier otra indemnizaci?n de da?os y perjuicios que eventualmente hubiere significado la conducta empresarial. En primer lugar, el Tribunal reitera la doctrina contenida en la Sentencia de 3 de abril de 1997, se?alando que la indemnizaci?n por despido improcedente, a la que el art?culo 50.2 ET asimila la que devenga la extinci?n del contrato a instancias del trabajador, es legalmente tasada, presumi?ndose ex lege los da?os causados por el despido. Por consiguiente, no cabe que el juzgador estime una cuant?a distinta de los da?os y perjuicios.

Junto con ello, la Sentencia niega la eventual aplicaci?n de las reglas civiles contenidas en los art?culos 1101 y 1124 CC. En esencia, reiterando la posici?n mantenida por la misma Sala en la ya referida Sentencia de 3 de abril de 1997, se considera que tanto el art. 1124 como el 1101 CC contienen reglas generales en materia de obligaciones, que solamente son de aplicaci?n al contrato de trabajo con car?cter supletorio. As?, en la medida en que esta materia est? expresamente regulada en la legislaci?n laboral no procede la aplicaci?n de las referidas reglas civiles. En este sentido, el art. 50 ET se separa de la regla general contemplada en el art. 1124 CC en dos aspectos esenciales. Por un lado, a diferencia de lo regulado en la norma de derecho com?n, en el ?mbito del art. 50 ET no cabe la resoluci?n extrajudicial del contrato, siendo preciso acudir a la v?a judicial para obtener el trabajador la resoluci?n contractual con base al incumplimiento del empleador. Por otro, en la esfera laboral los da?os se presumen y la cuant?a de la indemnizaci?n por los perjuicios que causa la extinci?n de la relaci?n de trabajo quedan legalmente tasada en virtud de la remisi?n del art. 50.2 ET a las reglas del despido improcedente.

En tercer lugar, la resoluci?n ahora comentada declina la aplicaci?n de la doctrina elaborada por el propio Tribunal en materia de indemnizaci?n por da?os y perjuicios en los despidos discriminatorios al supuesto enjuiciado. Recu?rdese que, de conformidad con la Sentencia de 12 de junio de 1991 (RJ 5931), es compatible la indemnizaci?n por da?os morales con la obligaci?n legal de readmisi?n y abono de los salarios de tr?mite prevista para los despidos discriminatorios. En opini?n del Tribunal, no cabe aplicar la misma soluci?n al caso que enjuicia, puesto que en los despidos nulos la relaci?n laboral permanece ?inc?lume, mientras que en el presente se trata precisamente de romper la relaci?n laboral, a instancia del trabajador, mediante la correspondiente indemnizaci?n? .

Tambi?n desecha la Sentencia ahora relatada que pueda acogerse la interpretaci?n favorable a la compatibilidad de indemnizaciones elaborada por la Sala 1? del mismo Tribunal. Efectivamente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tuvo ocasi?n de pronunciarse acerca de la compatibilidad entre la indemnizaci?n por despido con una indemnizaci?n complementaria derivada de la conducta culposa de la empleadora que hab?a originado una depresi?n a la trabajadora despida. Considera la Sala de lo Social que no cabe aplicar tal soluci?n por dos razones: por un lado, por la ausencia de competencia jurisdiccional del orden civil para resolver cuestiones laborales; por otro, por tratarse de un despido y de la aplicaci?n del 1902 CC y no de la compatibilidad de la extinci?n contractual del art. 50 ET con el 1101 CC.

Finalmente, a pesar de los argumentos que se han ido desgranando hasta aqu?, el Tribunal a?ade un ?ltimo argumento de orden f?ctico. Se indica que la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha que reconoce la indemnizaci?n da por supuesto que ha existido una relaci?n causal entre la conducta empresarial con cuya base se acord? a resoluci?n del contrato y el cuadro cl?nico del trabajador que motiv? la declaraci?n de su incapacidad permanente absoluta a causa de enfermedad com?n. Sin embargo, se?ala el Tribunal Supremo, la Sentencia de instancia constata lo contrario. A pesar de ello, el recurso de suplicaci?n contra la decisi?n del Juzgador de instancia se limit? a denunciar infracci?n de normas sustantivas y de jurisprudencia al amparo del art. 191 c) LPL, sin pedir la revisi?n de los hechos probados que procede a trav?s del apartado b) del citado precepto.

3. Voto particular.

Consideran los Magistrados discrepantes que la doctrina de la Sentencia de 3 de abril de 1997 debe revisarse, porque la indemnizaci?n prevista en el art. 50.2 ET repara exclusivamente el da?o producido por la p?rdida del empleo, derivada de la extinci?n contractual, mientras que las indemnizaciones que reclam? el demandado en el caso comentado no tienen por objeto reparar tal p?rdida, sino los da?os ps?quicos que el proceder empresarial le caus?. En este sentido, se afirma que ?son da?os distintos que han de ser objeto de reparaci?n independiente, pues de lo contrario se est? exonerando al causante de la obligaci?n de reparar las consecuencias de un acto il?cito que no han sido compensadas por una indemnizaci?n que s?lo cubre el da?o derivado de la extinci?n del contrato, como se advierte si se tiene en cuenta que aquella reparaci?n hubiera sido posible si el contrato no se hubiere extinguido? .

As? pues, en opini?n de los firmantes del voto particular, deben diferenciarse dos tipos de da?os. En primer lugar, los derivados directamente del incumplimiento empresarial y, en segundo, los que el legislador une al efecto resolutorio. De ambos, solamente los relacionados con el efecto resolutorio deben considerarse tasados por el art. 56 ET, el resto han de indemnizarse de conformidad con las reglas generales que corresponde. Ello se advierte, seg?n se indica en el voto particular, en el caso de la resoluci?n contractual por impago de los salarios prevista en el art. 50.1.b) ET. El referido impago es una causa resolutoria, pero ?la extinci?n del contrato no impide reclamar los salarios no abonados y la indemnizaci?n por mora correspondiente? .

Por ?ltimo, se indica que la valoraci?n f?ctica acerca de la conexi?n causal entre la conducta empresarial y el da?o que se efect?a en la Sentencia queda fuera del ?mbito propio del recurso de casaci?n para la unificaci?n de la doctrina.

4. Comentario.
Como se habr? advertido ya son numerosas y de diversa ?ndole las cuestiones que suscita la STS de 11 de marzo de 2004. Nos limitaremos a se?alar aquellas que, en nuestra opini?n, pueden resultar de mayor relevancia.

En primer lugar, parte la construcci?n de Tribunal de que el art?culo 50 ET constituye la transcripci?n en el derecho laboral del art?culo 1124 CC, referido, como es sabido, a la facultad de resolver el contracto de trabajo en caso de que una de las partes no cumpliere con las obligaciones que le incumben. De este modo, si la rescisi?n laboral es constituye una norma espec?fica respecto de la m?s general contemplada en el art?culo 1124 CC, la consecuencia no puede ser otra que la de considerar que con la indemnizaci?n legalmente prevista en el art. 50.2 ET se satisface ?ntegramente el inter?s del trabajador derivado de la conducta empresarial. Consiguientemente, aplicada la norma espec?fica en los t?rminos legalmente previstos, no cabe acudir a otras v?as indemnizatorias de Derecho Civil que presentan la misma naturaleza que la laboral.

Sin embargo, en nuestra opini?n, no puede trazarse una identificaci?n tal entre la extinci?n del art. 50.1 a) ET y el instituto resolutorio del art. 1124 CC que conduzca a la referida conclusi?n de la unicidad de indemnizaci?n en la esfera laboral. Y ello porque dif?cilmente puede sostenerse que el instituto laboral sea una mera especialidad de la acci?n rescitoria contemplada en el C?digo Civil. Es sabido que la jurisprudencia y doctrina judicial mayoritaria sostuvieron una interpretaci?n restrictiva de la aplicaci?n de la causa resolutoria, .ampar?ndose en una interpretaci?n integradora de los art?culos 50.1. a) TRELT y 1124 C?digo Civil. De conformidad con dicha interpretaci?n, se exig?a en los mismos t?rminos del art?culo 1124 C?digo Civil, la existencia de una incumplimiento imputable al empresario, as? como la manifestaci?n de una voluntad culpable, en diverso grado, en el incumplimiento empresarial que se traduc?a en la aplicaci?n del art?culo 50.1.a) TRLET. Por consiguiente, junto con la irregularidad en la decisi?n adoptada deb?a constatarse la voluntad deliberada de causar el menoscabo en la dignidad o profesionalidad del trabajador; en otras palabras, la mala fe en el ejercicio de los poderes empresariales. No obstante, tras la reforma operada en el r?gimen jur?dico de los art. 40 y 41 TRLET por la Ley 11/1994, consistente en la eliminaci?n de la autorizaci?n previa a la adopci?n de la decisi?n empresarial, la doctrina mayoritaria se decanta por considerar que la causa contenida en el art. 50.1.a TRLET comprende las decisiones de modificaci?n sustancial adoptadas legalmente (y, por tanto justificadas), las que no hubieren sido impugnadas por el trabajador (y, por consiguiente, se presumen justificadas) y, en fin, aquellas que tras ser impugnadas se declaran judicialmente justificadas. Y ello porque, de conformidad con el art. 138 TRLPL, la declaraci?n judicial de injustificaci?n o nulidad de la decisi?n de modificaci?n sustancial exigir? la reposici?n del trabajador en sus condiciones anteriores. El incumplimiento absoluto o cumplimiento defectuoso por parte del empresario de la sentencia desfavorable en los t?rminos ahora apuntados justificar? la solicitud del extinci?n del contrato por parte del trabajador al amparo de la letra c) del 50.1 TRLET. A la vista de lo antedicho, puede concluirse que, a diferencia de las normas generales, la rescisi?n del contrato amparada en el art. 50.1.a) ET no requiere de una conducta culposa, ni tan siquiera de un incumplimiento previo.

De conformidad con ello, parece l?gico considerar que la remisi?n del art. 50.2 a la indemnizaci?n tasada en el art. 56 ET lo ser?a solamente respecto de la cuant?a, sin que pueda considerarse que con ello se estima aplicable un sistema indemnizatorio en el que se tasan todos los da?os derivados de la ruptura culpable del contrato propio del despido improcedente. Quiere decirse con todo ello que, tal y como sostiene un sector de la doctrina, la indemnizaci?n tasada que deriva del art. 50 ET ?nicamente reparar?a la p?rdida del empleo y no otros eventuales da?os que pudieren derivar de la conducta empresarial. De modo que de existir una conducta culposa de la que se infieran otros perjuicios distintos de la p?rdida del empleo, deber?n ser efectivamente indemnizados.

En definitiva, coincidimos con el voto particular cuando se?ala que es preciso distinguir dos tipos de da?os: los da?os derivados directamente de la eventual conducta incumplidora y los que el legislador liga al efecto resolutorio sea o no vinculado a una conducta culpable. Solamente ?stos ?ltimos est?n tasados legalmente en virtud de la remisi?n del art. 50.2 al art. 56 ET.

Por otra parte, es f?cilmente deducible la relevancia que la doctrina contenida en la STS de 11 de marzo presenta para los supuestos extinci?n por acoso moral en el trabajo. En particular, merece recordarse que la doctrina judicial ha admitido la compatibilidad entre las acciones de extinci?n y de indemnizaci?n resarcitoria de da?os y perjuicios en los supuestos en los que la acci?n resolutoria se sustanci? a trav?s del proceso de tutela de derechos fundamentales (pi?nsese en los supuestos de acoso moral que se manifiestan bien en actos discriminatorios, bien en la vulneraci?n de otros derechos fundamentales). En tales casos, se ha considerado plenamente aplicable la antes referida doctrina del Tribunal en materia de despidos discriminatorios y seg?n la cual ?no es admisible que la ?nica consecuencia legal del despido discriminatorio haya de ser la readmisi?n y abono de salarios de tramitaci?n, pues pueden existir da?os morales o incluso materiales, cuya reparaci?n ha de ser compatible con la obligaci?n legal de readmisi?n y abono de salarios de tr?mite?. (Vid., por ejemplo, STSJ Catalu?a de 15 de julio de 2002, AS 2881). Inicialmente resultar?a l?gico pensar que, a la vista de argumentaci?n mantenida por la referida STS de 11 de marzo de 2004, la doctrina judicial ahora referida deviene inaplicable, puesto que es precisamente la reclamaci?n simult?nea de ambas acciones (extinci?n e indemnizaci?n) la causa que excluye la compatibilidad de las indemnizaciones. No obstante, en los supuestos de ejercicio de la acci?n resolutoria en el seno de un proceso de tutela de derechos fundamentales no puede desconocerse que la naturaleza tasada de la indemnizaci?n por despido no es extensible a la tutela reparadora expresamente contemplada en el proceso del art?culo 180 TRLPL. En este sentido, no parece que exista raz?n alguna que justifique, tal y como se infiere de la STS de 11 de marzo de 2004, que el resarcimiento de los da?os morales derivados de la violaci?n del derecho fundamental ?nicamente proceda en los supuestos de nulidad del despido. Por consiguiente, cabe pensar que continuar? siendo de aplicaci?n la doctrina judicial referida en las extinci?n contractuales sustanciadas ex. Art. 180 TRLPL.

Tiene por objeto la sustituci?n de aquel trabajador de la empresa que accede de forma parcial a la jubilaci?n.


Se considerar? jubilaci?n parcial la que es solicitada despu?s de los 60 a?os y antes de los 65, y que se compatibiliza con el desempe?o del trabajo a tiempo parcial, vincul?ndose a la exisitencia de un contrato de relevo realizado con un trabajador desempleado.


En este periodo el trabajador sustituido compatibilizar? el cobro de la parte proporcional de la pensi?n de jubilaci?n y del salario que corresponda a su trabajo a tiempo parcial. A efectos de las prestaciones farmac?uticas tendr? la consideraci?n de pensionista.


Requisitos: No existen requisitos espec?ficos para la empresa ni para el trabajador.


La forma del contrato: Deber? realizarse por escrito en el modelo oficial.


El periodo de prueba: Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, no podr? ser superior a 6 meses para los t?cnicos titulados y para los dem?s trabajadores, de 2 meses en empresas de 25 o m?s trabajadores y de 3 meses en las de menos de 25.


La jornada de trabajo: Este contrato podr? celebrarse a jornada completa o parcial pero deber? ser como m?nimo igual a la reducci?n de la jornada acordada por el trabajador sustituido y que a su vez deber? estar comprendida entre un 30 y 70 %.

El horario de trabajo del trabajador que releva podr? completar el del trabajador sustituido o realizarse de forma simult?nea.


El puesto de trabajo del trabajador sustituido y el que releva podr? ser el mismo o similar, esto es, que implique la realizaci?n de tareas correspondientes al mismo nivel profesional o categor?a equivalente.


La duraci?n del contrato: El contrato se celebrar? por el tiempo que le falte al trabajador sustituido para causar derecho a la pensi?n por jubilaci?n con el l?mite m?ximo de los 65 a?os del trabajador (5 a?os como m?ximo)


La extinci?n del contrato: No existen normas especiales, por lo que habr? de estarse a lo que en cada caso determine el convenio colectivo aplicable y la legislaci?n vigente.


Retribuci?n: Se har? de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

Tiene por objeto atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulaci?n de tareas o exceso de pedidos, aunque se trate de la actividad normal de la empresa.


Requisitos: Se fijar?n por convenio colectivo las actividades en las que se podr?n contratar trabajadores eventuales y el volumen que esta modalidad contractual puede representar en el total de contratos que celebre la empresa. No existen requisitos espec?ficos que deba cumplir el trabajador.


La forma del contrato: El contrato podr? realizarse de palabra, si su duraci?n es igual o inferior a 4 semanas y por escrito cuando supere este l?mite temporal, debiendo indicarse la causa que lo justifica, esto es, cu?l es la eventual circunstancia de la producci?n.


El periodo de prueba: Salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo, no podr? ser superior a 6 meses para los t?cnicos titulados, de 3 meses para los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores y de 2 meses para el resto de los trabajadores.


La duraci?n del contrato: Ser? como m?ximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses contados a partir del inicio de la relaci?n laboral, salvo modificaci?n efectuado por el convenio aplicable y sin que en este caso puedan superar la duraci?n de 12 meses dentro de un periodo de 18.


Si se celebra por una duraci?n inferior a la legalmente establecida, el contrato podr? prorrogarse de mutuo acuerdo por una sola vez hasta alcanzar el tiempo de duraci?n m?xima del mismo. Si superado este plazo el trabajador continuara prestando sus servicios para la empresa, su relaci?n laboral pasar? a ser de car?cter indefinido.


La extinci?n del contrato: Si la duraci?n del contrato es superior al a?o, la parte que desee extinguirlo, deber? notificarlo a la otra parte con una antelaci?n m?nima de 15 d?as.


La extinci?n del contrato de trabajo dar? lugar en estos casos a una indemnizaci?n por importe de 8 d?as de salario por cada a?o de servicio, salvo que se determine una indemnizaci?n mayor por convenio colectivo.


Retribuci?n: Se har? de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

Tiene por objeto la sustituci?n de trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo o la cobertura de un determinado puesto mientras dure el proceso de selecci?n.


Requisitos: El trabajador que se pretende sustituir (por ejemplo de baja o en excedencia) deber? tener derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual.


La forma del contrato: El contrato deber? celebrase por escrito y en ?l deber? figurar claramente qui?n es el sustituido y la causa de la sustituci?n.


En los casos en los que se realiza para cubrir una vacante mientras dura el proceso de selecci?n, se debe identificar claramente cu?l es el puesto a cubrir.


El periodo de prueba: No podr? ser superior a 6 meses para los t?cnicos titulados, de 3 meses para los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores y de 2 meses para el resto de los trabajadores.


La duraci?n del contrato: Ser? la del tiempo que dure el derecho de reserva del puesto de trabajo. En el caso de cobertura de puesto de trabajo en los periodos de selecci?n, la duraci?n del contrato coincidir? con el tiempo que dure la selecci?n o promoci?n, con un m?ximo de 3 meses.


La extinci?n del contrato: El contrato se extinguir? por la reincorporaci?n del trabajador sustituido, por el vencimiento del plazo para la reincorporaci?n o por la extinci?n de la causa que dio lugar a la reserva del puesto.


Retribuci?n: Se har? de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

SENTENCIA DE LA SALA DE LOS SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 30 DE MAYO DE 2000. RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA NUMERO 468/1999. eL INFARTO "IN ITINERE" NO ES ACCIDENTE LABORAL


Autor: Ponente: D. Gonzalo Moliner Tamborero
art?culo recomendado por: Sindicato M?dico de Granada
02.06.2003
SENTENCIA 30 MAYO 2000

Recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina n?m. 468/1999

Tribunal Supremo

Sala de lo Social

Ponente: Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero



ACCIDENTE DE TRABAJO: inexistencia. infarto de miocardio ?in itinere>>: presunci?n: alcance.



Disposiciones estudiadas: LGSS/1994, art, 115.3.



El TS desestima el recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina (n?m. 468/1999) interpuesto por don Te?filo R. P. contra la Sentencia de 20.11.1998, del TSJ de Catalu?a, dictada en autos promovidos por el recurrente contra el INSS Y otros. sobre incapacidad permanente.



FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.-1.-El presente recurso de casaci?n para la unificaci?n de doctrina lo ha interpuesto la representaci?n del demandante contra la sentencia dictada en 20 de noviembre de 1998 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (Rec. 3128/1998) que desestim? la demanda interpuesta por el interesado que, habiendo sido declarado en situaci?n de invalidez permanente absoluta derivada de enfermedad com?n, solicitaba que se declarara que dicha situaci?n derivaba de accidente de trabajo. En dicha sentencia se declar? probado que el demandante ?en la ma?ana del 4 -7-1995, sufri? un desvanecimiento repentino cuando se dirig?a desde su casa al trabajo, en la estaci?n del metro?, y por tratarse de una dolencia de origen interno y producida durante el trabajo lo calific? de enfermedad com?n sin aplicarle la presunci?n de laboralidad que el demandante alega.

2.-Dicho recurrente aporta como sentencia de contraste la dictada en fecha 1 de octubre de 1996 (AS 1996, 3896) por la misma Sala de lo Social de Catalu?a (Rec, 3001/1995) en la que se declar? como derivada de accidente de trabajo la muerte del causante de la prestaci?n de viudedad que all? se reclamaba. a pesar de que declar? probado que ?el fallecimiento se produjo de forma s?bita en el metro, cuando se dirig?a desde su domicilio... (al trabajo)... a fin de iniciar su jornada vespertina?.



3.-Tanto la Mutua demandada como el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe han solicitado la desestimaci?n del presente recurso por falta de contenido casacional, y es ?sa y no otra la soluci?n que procede dar al mismo, puesto que la ?nica cuesti?n que se plantea en el presente recurso es la de si debe de reconocerse o no como causadas por accidente de trabajo, aplicando la presunci?n de laboralidad que se contiene en el art. 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RCL- 1994, 1825), las lesiones o dolencias que deriven de un evento da?oso producido no en el trabajo, sino en el camino de ?da o vuelta al trabajo (?in itinere?), y la misma ya ha sido reiteradamente resuelta por esta Sala en el sentido en que se pronunci? la sentencia recurrida---como puede apreciarse en las SSTS de 4-7-1995 (RJ 1995, 5906) (Rec. 1499/1994), 21-9-1996 (RJ 1996, 6766) (Rec. 2983/1993), 20-3-1997 (RJ 1997, 2590) (Rec. 2726/1996). 16-11-1998 (RJ 1998, 9825) (Rec, 502/1998) y 21-12-1998 (RJ 1999, 314) (Rec. 722/1998), e incluso por Auto de 2-6-1999 (Rec. 4702/1997), inadmitiendo el recurso de casaci?n por falta de contenido casacional en un supuesto semejante al que aqu? se contempla. La doctrina de la Sala en todos estos casos, a partir de la literalidad del precepto citado (?Se presumir?, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo?) se puede presumir en la siguiente, ya reflejada en las ?ltimas resoluciones citadas: 1) La presunci?n de laboralidad del accidente o dolencia de trabajo establecida en el art. 84.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (RCL 1974, 1482 y NDL27361), aplicable al caso (precepto recogido sin variaciones en el art. 115.3 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, s?lo alcanza a los acaecidos en el tiempo y lugar de trabajo, y no a los ocurridos en el trayecto de ?da al trabajo o vuelta del mismo, y 2) La asimilaci?n a accidente de trabajo del accidente de trayecto (?in itinere?) se limita a los accidentes en sentido estricto (lesiones s?bitas y violentas producidas por agente externo) y no a las dolencias o procesos morbosos de distinta etiolog?a y modo de manifestaci?n. Y ello es as? porque, como se?ala la STS antes citada, de 16-11-1998 (Rec. 502/ 1998) ?En justificaci?n de esta doctrina hay que tener en cuenta que el accidente "in itinere", fue una creaci?n jurisprudencial recogida posteriormente por el legislador en el Texto Articulado Primero de la Ley General de la Seguridad Social (RCL 1966. 734 y 997), y es la manifestaci?n t?pica del accidente impropio, que actualmente se consagra con car?cter aut?nomo en el art?culo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social, con la misma redacci?n del art?culo 84.3 del texto de 1974, que suprim?a la referencia a la "concurrencia de las condiciones que reglamentariamente se determinen" que establec?a el texto inicial anteriormente citado, accidente impropio, en cuanto no deriva directamente de la ejecuci?n del contenido de la relaci?n de trabajo, sino de las circunstancias concurrentes, cual es el desplazamiento que derivan de la necesidad de hacer efectiva esa obligaci?n sinalagm?tica, en forma tal que si ?sta no hubiera existido, no se hubiera producido la necesidad del desplazamiento y en consecuencia el accidente.



La presunci?n del legislador en el accidente ?in ?ti?ere? se establece para la relaci?n de causalidad con el, trabajo, pero no en relaci?n a la lesi?n o trauma que no es discutido. Por el contrario en relaci?n con el n?mero 3 del art?culo 115, que se estima como infringido, la presunci?n establecida por el legislador se mueve en otro nivel, pues hace referencia a que la lesi?n exteriorizada en el tiempo y lugar de trabajo, y tambi?n con distinta intensidad, pues la presunci?n lo es ?iuris tantum? es decir, admite prueba en contrario, mientras que el accidente "in itinere" se produce autom?ticamente esa calificaci?n "tendr?n la consideraci?n" dice el legislador, siempre claro est? que concurran los requisito jurisprudenciales que se se?alan para su calificaci?n, lo que produce una inversi?n en la postura de las partes pues en ?ste el trabajador o sus causahabientes han de demostrar que concurren esos requisitos, mientras que en el ocurrido en el tiempo y lugar de trabajo es el patrono o las entidades subrogadas quienes han de justificar que esa lesi?n no se produjo por el trabajo.



En consecuencia no pueden ampliarse, mezcl?ndolas estas dos presunciones claramente diferenciadas por el legislador, como en esencia se pretende en el recurso que ha de ser desestimado por cuanto la sentencia combatida sigue esa doctrina unificada?.



4.-Cabe a?adir a lo ya dicho que la sentencia de la Sala de Catalu?a ya aplic? esta misma doctrina para rectificar su doctrina contraria anterior reflejada en la sentencia de contraste, haci?ndolo constar expresamente, lo que abunda en la necesidad de desestimar el recurso contra la misma interpuesto dado que se acomodaba expresa y razonadamente a la doctrina unificada ya por esta Sala en el momento de dictarla.



SEGUNDO.De conformidad con lo antes indicado el recurso debe, pues, desestimarse, sin que proceda, no obstante la imposici?n de las costas al recurrente. dado que goza del beneficio de justicia gratuita -art. 233 LPL (RCL 1995, 1144 y 1563)

La patronal CEOE est? muy preocupada por las consecuencias que puede tener sobre la negociaci?n colectiva la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que proh?be a los empresarios y a los sindicatos pactar en convenio la jubilaci?n forzosa de los trabajadores a los 65 a?os.En su fallo, y en s?ntesis, el alto tribunal establece que priman los derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo, que la Constituci?n incluye entre los fundamentales, frente a cualquier otra consideraci?n legal. M?xime, cuando la reforma laboral de 2001 derog? la capacidad de los agentes sociales para llegar a estos acuerdos en los convenios como f?rmula de crear empleo.La patronal ha convocado para el pr?ximo d?a 14 de abril a su Comit? de Relaciones Laborales para estudiar la sentencia, dadas sus graves consecuencias sobre los convenios. Entre otros, la sentencia proh?be para el futuro este tipo de acuerdos y anula las cl?usulas donde se recojan en los convenios que entraron en vigor despu?s del decreto de reforma laboral del 2 de marzo de 2001. No as? los anteriores a esa fecha.Como consecuencia de ello, el trabajador que no quiera irse al cumplir determinada edad, incluso a los 65 a?os, obligar? a la empresa a elevarle las compensaciones para que se marche. Bien, en forma de jubilaci?n; bien, en forma de despido puro y duro, con una fuerte indemnizaci?n. As? mismo, la sentencia puede ser m?s utilizada por aquellos trabajadores con una actividad m?s intelectual que por aquellos que tienen una labor m?s dura, de actividad f?sica, como los de la construcci?n, la hosteler?a, el campo o la miner?a, que desgastan m?s. En esta l?nea, el fallo puede ser m?s usado tambi?n por aquellos trabajadores a los que les falten a?os para cobrar la pensi?n completa y pidan mucha m?s compensaci?n a las empresas, que por quienes tienen una larga carrera de cotizaci?n, que pueden irse a su casa con una indemnizaci?n menor.En definitiva, "la sentencia puede provocar una renegociaci?n de lo pactado. Para las empresas es una reforma [laboral] sin anestesia?. El caso es que, cuando empez? la pol?mica que el Supremo ha confirmado en todos sus extremos, el Ministerio de Trabajo, en un informe interno, defendi? la "fuerza vinculante de los convenios" para poder pactar la jubilaci?n forzosa, as? como el hecho de que no hubiese una norma posterior que prohibiese esta pr?ctica expresamente.

?La situaci?n profesional de las mujeres en las Administraciones P?blicas?, Este estudio, dirigido por el catedr?tico de Sociolog?a de la Universidad Complutense, Manuel Mart?n Serrano, ha sido encargado de forma conjunta por el INAP y por el Instituto de la Mujer, con el objetivo de analizar la presencia de la mujer en las distintas Administraciones.
Entres las conclusiones del estudio, basado en datos y estad?sticas hasta 2003, destaca que no existen motivos de discriminaci?n en cuanto al acceso al trabajo en las Administraciones P?blicas. Las diferencias se explican en virtud del tipo de ocupaci?n, centr?ndose la mujer m?s en empleos de tipo administrativo. La distribuci?n o dedicaci?n a las tareas familiares tambi?n puede influir en la menor posibilidad de promoci?n profesional de la mujer. El estudio propone un dise?o eficaz de pol?ticas de igualdad, no tanto dentro de la Administraci?n sino en la esfera social, persiguiendo un cambio en la asignaci?n de roles de mujeres y hombres en las familias y en la sociedad en general, sin perjuicio de ?medidas de acci?n positiva? que en algunos ?mbitos sea necesario desarrollar.

PRESENCIA FEMENINA
Como regla general, la distribuci?n de mujeres en tareas puramente administrativas y de gesti?n est? equilibrada n?mericamente, aunque en t?rminos absolutos se observa un predominio de los hombres en la Administraci?n General del Estado (69,25%) y en la Administraci?n Local (61,04%), debido a que existen profesiones marcadamente masculinas, como Polic?a Nacional o Municipal, Guardia Civil o Fuerzas Armadas. Por el contrario, en sectores como Ense?anza, Sanidad o Administraci?n Judicial, existe una mayor presencia femenina. En la Administraci?n General del Estado, si se excluyen los sectores citados, donde existe mayor o menor presencia de mujeres, el porcentaje de mujeres asciende a 49,07 %.

La mujer tambi?n tiene mayor presencia en los grupos inferiores de la Administraci?n -E y D- y menor presencia en los grupos superiores ?A y B-. La participaci?n de la mujer en puestos directivos es claramente minoritaria, aunque el relevo generacional hace pensar que en el futuro se alcanzar? un mayor equilibrio en este terreno. Incluso en profesiones donde hay mayor presencia femenina, como en Sanidad, hay muchas mujeres en puestos no facultativos y pocas entre los facultativos; en la Justicia, donde hay mayor?a de mujeres juez, pero muy pocas en la categor?a de magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional; o en la Ense?anza, donde las mujeres son mayor?a en el profesorado de Educaci?n infantil y primaria pero muy escaso el n?mero de catedr?ticas.
En puestos de ?alto cargo?, las mujeres alcanzan el 22 % en la Administraci?n Auton?mica y un tercio en la Administraci?n Local. En la Administraci?n General del Estado la participaci?n de mujeres asciende al 33 % en relaci?n con los cargos de Secretar?as Generales y Subsecretarias. En la Administraci?n Local, muy pocas mujeres ?12 %- son alcaldesas en capitales de provincia.

RASGOS Y CARACTER?STICAS
Sobre los rasgos y caracter?sticas distintivas de las mujeres y de los hombres al servicio de las Administraciones P?blicas, el estudio concluye que desde 1976 la mujer ha preferido las Administraciones P?blicas a la hora de acceder a un puesto de trabajo y su participaci?n en el sector p?blico ha aumentado un 261 %, mientras que la del hombre s?lo lo ha hecho en un 31 %. Esta situaci?n ha facilitado un proceso de convergencia, pasando de una participaci?n de la mujer del 27 % en 1977 al 49 % en 2001.

CONCILIACI?N VIDA FAMILIAR Y LABORAL
El estudio destaca que, en las Administraciones P?blicas, el n?mero de hombres que se dedican al cuidado de los hijos es la mitad que el de las mujeres y, adem?s, estos hombres dedican un 62 % menos de horas a este menester. Igualmente casi la mitad de las trabajadoras declaran ser la principal persona encargada de la realizaci?n de tareas dom?sticas.

TEMPORALIDAD Y REMUNERACI?N SALARIAL
La tasa de temporalidad es mayor para las mujeres, siendo el ?mbito m?s significativo el de la Administraci?n de la Seguridad Social, donde m?s de 8 de cada 10 contratos temporales corresponden a mujeres. Entre los salarios mensuales netos de hombres y mujeres existe una elevada desigualdad ?seg?n el estudio- aunque concluye que no se trata de la existencia de una discriminaci?n sino consecuencia de las diferentes caracter?sticas individuales de los trabajadores y trabajadoras de las que depende su remuneraci?n (antig?edad, grado personal, etc). En cualquier caso, la desigualdad es superior en el sector privado que en el p?blico.

SATISFACCI?N LABORAL
El estudio se?ala que los principales motivos de satisfacci?n laboral para las mujeres son que les gusta su trabajo y la estabilidad laboral (para los hombres, igual pero en sentido contrario). Destaca tambi?n el dato de que casi la mitad de las mujeres al servicio del sector privado desear?a trabajar en el sector p?blico. Opini?n que comparte 1 de cada 3 hombres que trabajan en el sector privado.

En el art?culo 21.4 del ET aparece regulada esta posibilidad para evitar, como excepci?n, la posibilidad de que el trabajador pueda ejercer su Derecho a rescindir unilateralmente su relaci?n laboral.

Art. 21.4 ET: Cuando un trabajador haya recibido una especializaci?n profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo espec?fico, podr? pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no ser? de duraci?n superior a dos a?os y se formalizar? siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendr? derecho a una indemnizaci?n de da?os y perjuicios.

De dicho art?culo se desprende lo siguiente:

1.-Es necesaria una especializaci?n profesional con cargo al empresario. NO SIRVE LA GEN?RICA FORMACI?N PROFESIONAL, sino algo m?s concreto y relevante que incida claramente en una mayor especializaci?n o concreto puesto de trabajo.

2.-Es necesario un pacto por escrito.

3.-No puede durar m?s de dos a?os.

Si el trabajador lo incumple est? obligado a indemnizar a la empresa, se suele utilizar cuando hay una preparaci?n costosa y relevante: pilotos, estudios caros, deportistas?



De todo lo dicho se deduce que la formaci?n proporcionada al trabajador supuso una aut?ntica especializaci?n que redunde en un plus de cualificaci?n del trabajador respecto de la que corresponda habitualmente a la funci?n laboral contratada, permitiendo a quien la ha recibido mayores facilidades de colocaci?n en el futuro.

Debe existir pues una causa suficiente para que pueda apreciarse su licitud o su car?cter no abusivo, atendiendo a aquella especializaci?n y teniendo en cuenta que esta cl?usula o pacto debe respetar el necesario equilibrio de intereses y derechos de las partes que en este contrato por sinalagm?tico deben concurrir, no pudiendo quedar al arbitrio de una de las partes su imposici?n.

Seg?n sentencia de 29-10-99 del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a se establece que cuando la empresa imparte formaci?n de un modo gen?rico e indiscriminado a sus trabajadores, no puede considerarse eficaz el pacto de permanencia suscrito mediante cl?usula anexa en los contratos e trabajo.

El Departamento de Comunicaci?n de CC.OO. ha hecho p?blico un comunicado en el que afirma que "los trabajadores temporales sufren mayor siniestralidad laboral, cobran menos y suelen estar excluidos de los cursos de formaci?n de las empresas". Seg?n CC.OO., la causa principal de la temporalidad son los usos y costumbres de las empresas en materia de contrataci?n, lo que a veces se ha denominado cultura de la precariedad. Estos usos y costumbres tienen su origen en el fomento de la contrataci?n temporal no causal, que se produjo a partir de los ochenta hasta principios de los noventa. En opini?n de CC.OO. uno de los principales usos que hacen las empresas de la contrataci?n temporal es como "contrato de entrada", a pesar de no ser ?sta una causa legal para realizar este tipo de contratos. Evidencian este uso: Que la mitad de los trabajadores temporales sean j?venes menores de 30 a?os; que la temporalidad afecte m?s a los inmigrantes, pues est?n recien llegados al mercado de trabajo espa?ol; y que afecta tanto a licenciados como a trabajadores con un bajo nivel de formaci?n acad?mica. Otra prueba de la cultura de la precariedad en la contrataci?n es el uso sistem?tico que acostumbran hacer las empresas de servicios de la contrataci?n temporal a tiempo parcial. Asimismo, las diferencias con la Uni?n Europea en la tasa de temporalidad entre sectores tecnol?gicamente homog?neos son otra prueba de esos usos y costumbres. Por ejemplo, la tasa de temporalidad en la Administraci?n P?blica espa?ola es del 18%, mientras que en la UE es del 11%. La segunda causa importante de la temporalidad, precisa CC.OO., es la estructura empresarial y el tipo de tejido industrial. Entre las consecuencias, se destaca que los trabajadores temporales sufren un mayor ?ndice de siniestralidad laboral; que las retribuciones de los trabajadores temporales est?n por debajo de las percibidas por los indefinidos; que los trabajadores temporales suelen estar excluidos de los cursos de formaci?n de las empresas; y que el empleo indefinido es una condici?n necesaria exigida por las entidades financieras para acceder a un cr?dito hipotecario.

El Juzgado de lo Penal n?. 10 de Valencia dict? Sentencia por la que condena a varias personas por el delito contra los derechos de los trabajadores, dos delitos de homicidio imprudente y tres delitos de lesiones por imprudencia grave.
Los hechos que han dado lugar a esta condena pueden resumirse de la siguiente forma:
a) los copropietarios de un edificio contratan con una empresa la rehabilitaci?n total de un viejo edificio con m?s de 70 a?os de antig?edad.
b) la sociedad estaba formada por un socio mayoritario y administrados ?nico y por otra persona que contaba con el 20% del capital, participando una tercera persona de la empresa ?que ten?a estudios de arquitectura y experiencia en la construcci?n?
c) Las obras se iniciaron bajo la direcci?n del socio mayoritario siendo el ?experto? el que impart?a las ?rdenes a los trabajadores
d) Los trabajos consist?an primordialmente en el derribo de los tabiques de los bajos y de las viviendas de la primera planta habi?ndose realizado dos o tres agujeros en la primera planta para la evacuaci?n de escombros.
e) Cuando se proced?a al derribo de un tabique que iba desde el pilar central del bajo y que cruzaba la galer?a, se produjo el hundimiento parcial del inmueble, debido al fallo de los elementos estructurales del p?rtico segundo.
f) Como consecuencia del derrumbamiento fallecieron dos trabajadores, resultaron con lesiones graves otros tres y con lesiones leves otros dos m?s.
Se?ala el Juzgado en primer t?rmino, que los hechos declarados probados constituyen un delito consumado contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el Art. 316 del C?digo Penal, por concurrir todos elementos del tipo penal, declarando que:
?El tipo penal no s?lo se refiere a no facilitar a los trabajadores medios materiales para desarrollar su actividad con seguridad, sino tambi?n cualquier incumplimiento de las normas de cuidado expresamente establecidas en la legislaci?n laboral ?
Sentado ello, vemos que se iniciaron las obras sin cumplimentar una serie de requisitos exigidos por la legislaci?n laboral y que pon?a en grave riesgo a los trabajadores ?
.. se carec?a de licencia de obras del Ayuntamiento?
? falta de proyecto de ejecuci?n de la obra?
? no se hab?a realizado un plan de seguridad y salud, tal como exige la Ley 31/95?
?la falta de direcci?n t?cnica de la obra de un Arquitecto Superior y de un Aparejador o Arquitecto T?cnico colegiados, preceptivos para la realizaci?n de la obra?
? falta de informaci?n y formaci?n a los trabajadores prevista en la Ley de Prevenci?n de Riesgos Laborales?
?es de considerar que dos de los trabajadores no estaban dados de alta en Seguridad Social antes de empezar a trabajar?

Se puede extinguir el contrato cuando el trabajador tiene faltas de asistencia intermitentes, aunque sean justificadas, en las siguientes condiciones:

1- que alcancen bien el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, bien el 25%, de tales jornadas en cuatro meses discontinuos, dentro de un período de doce meses;
2- que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5%, dentro del mismo período de tiempo.

(Con la reforma llevada a cabo por Real Decreto de 2012 , 10 de febrero, y ya en vigor, esta segunda condición se ha eliminado como requisito, de tal forma que ahora mismo con una ausencia ,aún justificada de 8,8 días (20% de las jornadas hábiles) en dos meses pueden aplicarte el despido por absentismo e indemnizarte con 20 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades sin aplicar el absentismo total de la plantilla.)

A estos efectos, no se computan como faltas de asistencia:

-las ausencias debidas a huelga legal;
- el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores:
- el accidente de trabajo;
- la maternidad;
- el riesgo durante el embarazo;
- las enfermedades causadas por el embarazo parto o lactancia;
- las licencias y vacaciones;
- las bajas por enfermedad común o accidente no laboral cuando dichas bajas sean acordadas por los servicios médicos oficiales y tengan una duración de más de 20 días consecutivos.

1) Es innecesario, que en la carta de extinción se concrete el índice de absentismo general, ya que se trata de una obligación «ex lege», que el empresario ha de probar en el acto del juicio (TSJ Cataluña 2-11-94, AS 4339 y 16-3-95, AS 1931). Y para computar dicho índice se contabilizan todas las ausencias de la plantilla, sin que se puedan descontar las debidas a los motivos exentos para el cómputo de las faltas de asistencia del trabajador cuyo contrato se extingue, incluidas, asimismo, las ausencias de este (TSJ C Valenciana 99-9-99, AS 545; TSJ Sevilla 17-9-99, AS 4130), en contra se estima que el absentismo del trabajador despedido no puede ser computado, puesto que en ese caso su conducta se sancionará dos veces (TSJ Pals Vasco 2-2-99, AS 5697),
2) La empresa ha de probar el absentismo alegado (TSJ Cataluña 27-9-00, AS 3378)
3) Cuando el proceso de enfermedad es único respondiendo las dolencias sufridas a la misma tipología, la existencia de diversos partes de baja y alta no obsta para considerar que se trata de un proceso ininterrumpido (TSJ Cataluña 7-12-92, AS 6348). Se convalida la decisión extintiva, siempre que se acredite la superación de las ausencias justificadas antedichas y el porcentaje de absentismo dentro de la empresa (TSJ Andalucía 28-6-94, AS 2334).
4) No se requiere la intervención del comité de empresa en esta causa de extinción. Únicamente debe tener conocimiento trimestral del índice de absentismo (TCT 4-5-88, Ar 3621) Sin que el incumplimiento de dicha información constituya causa de nulidad del despido, ya que la carga de la prueba de la superación del S G de absentismo le corresponde a la empresa (TSJ Cataluña 2-11-94, AS 4339). 5) El plazo de prescripción para que el empresario alegue esta causa extintiva, es de un año desde la ultima falta de asistencia que se contabilice (TSJ Baleares 15-1-99, AS 81).

MARGINAL: AS 1995\3978
RESOLUCION: SENTENCIA de 7-10-1995, n?m. 5368/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 1780/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)
PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por el empresario codemandado
contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 15 de Barcelona, de fecha
15-12-1994, dictada en autos promovidos en reclamaci?n de despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 1 de agosto de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado de
lo Social demanda sobre despido suscrita por Mar?a Pilar S. C. contra Rom?n
T. L., Jes?s A. A., Fondo de Garant?a Salarial y Francisco B. F., en la que
alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los t?rminos de la misma.
Admitida la demanda a tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con
fecha 15 diciembre 1994 que conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando la demanda interpuesta por do?a Mar?a Pilar S. C. contra don
Rom?n T. L., debo declarar la incompetencia del despido producido el 15 de
julio de 1994, conden?ndole a que en el plazo de 5 d?as desde la
notificaci?n de la sentencia opte entre readmitirle en su anterior lugar de
trabajo y en las mismas condiciones que reg?an antes de producirse, o le
indemnice en la cantidad de 5.333.647 ptas., con abono en uno y otro caso de
los salarios dejados de percibir, declarando resuelta la relaci?n laboral de
optarse por la indemnizaci?n, y entendi?ndose que de no ejercerse la opci?n
en el plazo citado proceder? la readmisi?n, sin perjuicio de la
responsabilidad del FGS en los t?rminos y dentro de los l?mites del art?culo
33 del ET, desestimando la demanda en relaci?n a don Jes?s A. A. y don
Francisco B. F.?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La actora, do?a Mar?a Pilar S. C., con DNI n?m. ..., ha prestado
servicios laborales para la empresa de don Francisco B. F., dedicada a la
actividad de corredur?a de comercio, con domicilio en c/ Arbres n?m. 13
planta cuarta, desde el 4 de mayo de 1978, con la categor?a profesional de
jefe de 1.? administrativo y salario mensual de 214.418 ptas., incluyendo la
parte proporcional de pagas extraordinarias.
II.-No ha ostentado cargo de representaci?n sindical durante el ?ltimo a?o.
III.-El 28 de febrero de 1994 el se?or B. F. le comunic? por escrito que a
partir del 1 de marzo de 1994, y a tenor de lo establecido en el art?culo 44
apartado 1.? del ET, se producir? una sucesi?n de empresas, siendo el nuevo
titular de la misma don Jes?s A. A., el cual le respetar?a todos los
derechos que ostentaba hasta la fecha, incluidos los de antig?edad.
IV.-El se?or B. F. se jubil? con car?cter forzoso el 19 de mayo de 1994, y
desde el 1 de marzo de 1994 el se?or A. A. se subrog? en el contrato de
trabajo de la demandante.
V.-El 14 de julio de 1994 el se?or A. ces? en el ejercicio de su cargo de
Corredor Colegiado de Comercio en la plaza mercantil de Barcelona, por haber
sido nombrado para igual cargo en la plaza de Guadalajara.
VI.-Para sustituirle fue designado don Rom?n T. L., si bien en comisi?n de
servicio, y con car?cter temporal e interino, tomando posesi?n de su cargo
el 2 de junio de 1994.
VII.-Este ofreci? a la actora, al igual que al resto de trabajadores de la
plantilla, previo su cese voluntario, la formalizaci?n de un contrato al
amparo del RD 2104/1984, para la realizaci?n de una obra o servicio
determinado, mientras durase su comisi?n de servicios en la plaza mercantil
de Badalona, a lo que la trabajadora se neg?.
VIII.-El 15 de julio de 1994 se le impidi? la entrada a su lugar de
trabajo.
IX.-En Badalona existen dos plazas de Corredor de Comercio, estando la otra
cubierta tambi?n con car?cter interino por don Fernando Mar?a R. C.,
realizando ambos su actividad profesional en el mismo despacho. Este remiti?
a la actora por conducto notarial el 27 de julio de 1994 carta firmada por
don Jes?s A., comunic?ndole, a los efectos del art?culo 51 del ET, que desde
el 14 de julio de 1994 quedaba rescindida su relaci?n laboral con la empresa
por razones organizativas al haber sido nombrado Corredor de Comercio en la
plaza mercantil de Guadalajara.
X.-El 11 de agosto de 1994 se celebr? sin avenencia conciliaci?n por
despido ante el SCI?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn?, elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n el codemandado condenado en la instancia,
contra la sentencia que declara improcedente el despido de la actora.
SEGUNDO.-Interesa el primer motivo del recurso la modificaci?n del hecho
probado sexto para que conste en el mismo que el recurrente no fue nombrado
para sustituir al se?or A. A., sino, juntamente con el se?or R. C., para
ejercer sus funciones como Corredor de Comercio con car?cter interino en la
plaza mercantil de Badalona.
Pretensi?n que no puede ser admitida, pues de los documentos citados no se
infiere inequ?vocamente lo postulado en el recurso. En los mismos, se deja
constancia del nombramiento del recurrente y del se?or R. como Corredores de
Comercio en la plaza de Badalona, pero ello no desvirt?a lo afirmado en la
sentencia que declara probado que el recurrente fue designado para sustituir
al codemandado se?or A. A., mientras que el se?or R. fue designado para
ocupar la otra plaza existente en la localidad.
La efectiva existencia de dos plazas distintas e independientes de Corredor
de Comercio, cada una con su propia plantilla de personal, es un hecho
indiscutido y que no queda desvirtuado por la circunstancia de que realicen
su actividad en el mismo despacho. La tesis del recurrente de afirmar el
car?cter indistinto del nombramiento de ambos Corredores de Comercio
interinos, no s?lo no encuentra apoyo en los documentos que se quieren hacer
valer en el recurso, sino que se contradice con la actuaci?n del propio
interesado que reconocer haber emprendido conversaciones con los
trabajadores que prestaban servicios para el se?or A. A. para negociar las
condiciones en que seguir?an trabajando en la empresa, asumiendo as? su
condici?n de sustituto y sucesor del mismo a efectos laborales.
TERCERO.-Igual resultado desestimatorio merece el motivo segundo que
pretende la adici?n de un nuevo hecho probado en el que conste que ?la
actora cobr? sus salarios de los meses de mayo y junio de 1994 del se?or A.,
quien la despidi? mediante la aludida carta de despido, fechada en Badalona
el 13 de julio de 1994, con efectos desde el siguiente d?a, si bien se la
entreg? el 27 de dicho mes y a?o?.
En lo que ata?e al pago de los salarios de los meses de mayo y junio,
ninguna trascendencia jur?dica puede derivarse de este hecho, desde el
momento que el se?or A. no cesa en su cargo hasta 14 de julio de 1994 y,
consecuentemente, debe hacer efectivos en su nombre tales mensualidades por
ostentar entonces la condici?n de empleador de la actora. En lo referente a
la presunta carta de despido, se trata de un documento no reconocido por el
se?or A., que fue notificado a la trabajadora mediante la comparecencia ante
Notario del se?or R. C., que dice actuar en representaci?n del se?or A. sin
acreditar este extremo por medio alguno, tal y como consta en el propio acta
notarial. Por otra parte, la fecha de este acto es de 27 de julio de 1994,
mientras que el despido de la actora se produce en 15 de julio al no serle
permitida la entrada en el centro de trabajo una vez que el recurrente hab?a
tomado posesi?n del cargo, con lo que el presunto despido al que se refiere
el acta notarial carece de cualquier virtualidad jur?dica y no puede
desplegar efecto alguno por tratarse de un acto posterior al efectivo cese
de la relaci?n laboral, apareciendo signada la carta por quien ya no
ostentar?a la condici?n de empleador de la demandante.
CUARTO.-Id?ntica soluci?n desestimatoria merece el motivo tercero que
denuncia infracci?n del art?culo 44 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006).
La trabajadora ven?a prestando servicios desde 4 de mayo de 1978, para el
Corredor de Comercio don Francisco B. F. En fecha 1 de marzo de 1994 la
plaza ocupada por el mismo pasa a ser desempe?ada por el codemandado don
Jes?s A. A. Este ?ltimo, cesa en 14 de julio de 1994, pasando a ocupar el
cargo el recurrente, quien propone a los trabajadores que soliciten su cese
voluntario en la empresa para formalizar posteriormente un contrato de
trabajo de car?cter temporal al amparo del Real Decreto 2104/1984
(RCL 1984\2697 y ApNDL 3021), para obra o servicio determinado, a lo que se
niega la demandante, a quien el d?a 15 de julio le es impedida la entrada a
su puesto de trabajo.
Siendo ?stas las circunstancias del caso, aplica acertadamente la sentencia
lo dispuesto en el art?culo 44 del Estatuto de los Trabajadores, seg?n el
cual, ?El cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una
unidad productiva aut?noma de la misma, no extinguir? por s? mismo la
relaci?n laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y
obligaciones laborales del anterior?. La trabajadora ven?a prestando
servicios para el se?or B. F., a quien sustituye don Jes?s A., quien, a su
vez, es sustituido en fecha 14 de julio por el recurrente. Como
anteriormente se dijo, no ha quedado desvirtuado lo declarado probado en la
sentencia de instancia al afirmar que el recurrente fue designado para
ocupar la plaza del se?or A. Ya se ha razonado que los documentos citados en
el recurso carecen de cualquier eficacia revisoria porque no acreditan la
presunta y extra?a designaci?n conjunta e indistinta de Corredores de
Comercio que pretende hacer valer el recurrente, que, a la vez, reconoce
haber entablado conversaciones con los trabajadores ofreci?ndoles la
formalizaci?n de contratos temporales, evidenciando de esta forma su
condici?n de sustituto del anterior empresario. Expresamente reconoce hacer
mantenido conversaciones con la actora en tal sentido y haberle impedido la
entrada en el centro de trabajo el d?a 15 de julio, con lo que resulta fuera
de toda duda la sustituci?n operada en la plaza de Corredor de Comercio para
la que ven?a prestando servicios la demandante.
En lo que ata?e a la presunta carta de despido signada por el se?or A., ya
hemos dicho que la misma no ha sido reconocida; que no fue notificada a la
actora hasta pasadas m?s de dos semanas de la fecha del despido contra el
que se formula la demanda; en fecha posterior al cese del se?or A., cuando
?ste ya no era el titular de la plaza, y, en fin, que fue entregada por
quien no ostentaba representaci?n alguna del anterior empleador, por lo que
carece de efectos jur?dicos para modificar la calificaci?n como despido
improcedente que merece el acto del recurrente al negar la entrada de la
trabajadora en la empresa a la que se encontraba vinculada mediante una
relaci?n laboral de car?cter indefinido.
QUINTO.-Denuncia el motivo cuarto infracci?n del art?culo 56.1.?.a) del
Estatuto de los Trabajadores y doctrina jurisprudencial que cita, postulando
que la antig?edad de la trabajadora a efectos de determinar la cuant?a de la
indemnizaci?n debe quedar limitada a la fecha del nombramiento del
recurrente para ocupar la plaza, o, en su caso, en el del anterior titular
de la misma, pero no puede remontarse al momento de inicio de la relaci?n
laboral en mayo de 1978 por cuenta del se?or B. F.
La doctrina jurisprudencial invocada por el recurrente queda perfectamente
recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo que se indica en el Recurso de
8 marzo 1993 (RJ 1993\1712), que sigue el criterio ya establecido en las que
cita las de 14 julio 1988 (RJ 1988\5826), 24 julio y 19 diciembre 1989
(RJ 1989\5909 y RJ 1989\9049), 15 febrero 1990 (RJ 1990\1094) y 27 junio
1991 (RJ 1991\5168), entre otras, pero, contra lo que se afirma en el mismo,
no resulta de aplicaci?n al caso de autos. Conforme a esta doctrina, para
determinar la antig?edad que debe computarse para calcular el importe de la
indemnizaci?n por despido improcedente, no puede tenerse en cuenta la
reconocida por la empresa a efectos retributivos o de cualquier otra ?ndole,
sino, s?lo y exclusivamente, la que corresponda al tiempo de servicios
efectivamente prestados. Por ello se dice ?que no es confundible la
antig?edad que pudiera asignarse al trabajador en el contrato de trabajo que
inicie relaci?n laboral, derivada de respetar la lograda con anteriores
contratos, respecto a los cuales, aqu?l no constituya subrogaci?n, con el
tiempo de servicios que se genere en desarrollo de ?ste, siendo s?lo tal
tiempo de servicios el que ha de ser computado para el c?lculo de la
indemnizaci?n que correspondiere, si dicho ?ltimo contrato se extinguiere
por despido declarado improcedente, salvo en supuestos en los que, al
asignarse mayor antig?edad, se pactare que la misma hab?a de operar a todos
los efectos -incluidos por tanto la del c?lculo de la indemnizaci?n por
despido improcedente-, o as? se estableciere en el orden normativo
aplicable?. La consecuencia que se deriva de esta doctrina no es otra que la
de limitar al tiempo de efectiva prestaci?n de servicios en la empresa la
antig?edad que debe ser tenida en cuenta para el c?lculo de la indemnizaci?n
por despido, sin considerar la que pudiera haber sido reconocida derivada de
una relaci?n laboral anterior con empresario distinto, debidamente
extinguida en su momento y sustituida por la que cesa con el despido. Por
esta raz?n, no resulta aplicable esta tesis a supuestos como el de autos en
los que opera la sucesi?n empresarial del art?culo 44 del Estatuto de los
Trabajadores, pues en estos casos no se produce la extinci?n de la relaci?n
laboral y el nacimiento de una nueva, sino que se mantiene la vigencia del
?nico v?nculo laboral existente, asumiendo el nuevo empresario las
obligaciones del anterior y respet?ndose todos los derechos generados a
favor de los trabajadores, incluida la antig?edad, que se corresponde
fielmente con la efectiva prestaci?n de servicios en la empresa -en la ?nica
empresa que entra en consideraci?n-, que no ha de verse afectada por el
cambio de titular. La doctrina jurisprudencial acu?ada por el Tribunal
Supremo limita su aplicaci?n a situaciones en las que nace una nueva
relaci?n laboral en la que se reconoce una antig?edad mayor a la derivada de
la efectiva prestaci?n de servicios y que corresponde al tiempo de
prestaci?n desarrollado en otras empresas distintas, o cuanto menos, en la
vigencia de una anterior relaci?n laboral extinguida previamente al
surgimiento de aqu?lla en que se produce el despido. En estos casos, y s?lo
en estos casos, la antig?edad en orden a la indemnizaci?n que contempla el
art?culo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, debe quedar limitada a
los a?os de efectiva prestaci?n de servicios, salvo pacto expreso de
aplicabilidad de la antig?edad reconocida tambi?n a estos efectos.
En definitiva, nos encontramos en el caso de autos ante un supuesto
ordinario de sucesi?n empresarial, en el que no se extingue la relaci?n
laboral para dar nacimiento a otra distinta, y el nuevo empleador viene
obligado a subrogarse en la situaci?n jur?dica del anterior, asumiendo todos
los derechos ya reconocidos a favor de los trabajadores, entre ellos la
antig?edad, que se corresponde con la real y efectiva prestaci?n de
servicios en la empresa y por tanto debe ser computada desde el inicio de la
?nica relaci?n laboral existente a todos los efectos, incluido el c?lculo de
la cuant?a de la indemnizaci?n por despido improcedente, de la que debe
responder ?nicamente el recurrente, sin extensi?n alguna de responsabilidad
al codemandado absuelto, por haberse producido el despido con posterioridad
a la sucesi?n empresarial, lo que determina la exclusiva responsabilidad del
nuevo empleador.
SEXTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1990\922 y 1049), procede imponer al recurrente el pago de
honorarios del Letrado de la parte impugnante que la Sala establece en
50.000 pesetas.

MARGINAL: AS 1995\3106
RESOLUCION: SENTENCIA de 14-7-1995, n?m. 4327/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 1263/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)


PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
Desestimando el recurso de suplicaci?n interpuesto por la empresa demandada
contra sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 1 de Gerona, la sentencia
confirma en todas sus partes la resoluci?n recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 15 de septiembre de 1994 tuvo entrada en el citado
Juzgado de lo Social demanda sobre despidos suscrita por Antonio C. L. y
seis m?s contra ?Arcadio Pla, SA?, en la que alegando los hechos y
fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite
y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 15 noviembre 1994 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que, estimando en parte la demanda interpuesta por don Antonio C. L., don
Francisco D. C., don Guillermo J. L., don Juan C. S., don Pedro R. B., don
Victoriano E. C. y don Jos? P. del P., contra "Arcadio Pla, SA", debo
declarar y declaro la improcedencia del despido de la parte actora acordado
por la demandada y en consecuencia condeno a ?sta a que, a su opci?n, que
deber? ejercitar en el plazo de cinco d?as desde la notificaci?n de esta
sentencia, mediante escrito o comparecencia ante la Secretar?a de este
Juzgado de lo Social, proceda: a) a la readmisi?n de los demandantes en las
mismas condiciones que reg?an antes de producirse el despido y al abono de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (18 de julio de
1994), hasta que la readmisi?n tenga lugar, debiendo en tal supuesto
reintegrar los trabajadores a la empresa la indemnizaci?n percibida; b) o
bien a abonarles una indemnizaci?n por importe de 4.167.272 pesetas
(6.004.642-1.837.410) a don Antonio C. L.; 4.752.080 pesetas
(6.728.190-1.976.110) a don Francisco D. C.; 4.647.605 pesetas
(6.623.715-1.976.110) a don Guillermo J. L.; 3.602.340 pesetas
(5.386.095-1.783.755) a don Juan C. S.; 4.658.622 pesetas
(6.496.032-1.837.410) a don Pedro R. B.; 4.313.295 pesetas
(6.289.395-1.976.110) a don Victoriano E. C.; y 2.930.492 pesetas
(4.561.312-1.630.820) a don Jos? P. del P., as? como, igualmente, a una
indemnizaci?n, a raz?n del salario declarado probado, igual a la suma de los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (18 de julio de
1994), hasta que se notifique a la empresa esta sentencia, quedando
extinguida la relaci?n laboral en el momento en que el empresario opte por
la no readmisi?n, y entendi?ndose, caso de no ejercitar la opci?n el
empresario en el plazo indicado, que procede la readmisi?n; y todo ello, en
uno u otro caso, sin perjuicio de la responsabilidad legal del Estado, en
cuanto a los salarios de tramitaci?n, al amparo de lo dispuesto en los arts.
56.5 del ET y 116 de la LPL, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales del Fondo de Garant?a Salarial?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La parte actora don Antonio C. L., ha prestado servicios para la
empresa demandada, con domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con
la categor?a profesional de oficial 2.?, antig?edad de 18 de agosto de 1969
y salario diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 5.172 pesetas.
Don Francisco D. C., ha prestado servicios para la empresa demandada, con
domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con la categor?a
profesional de oficial 1.?, antig?edad de 15 de enero de 1968 y salario
diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 5.572 pesetas.
Don Guillermo J. L., ha prestado servicios para la empresa demandada, con
domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con la categor?a
profesional de oficial 1.?, antig?edad de 9 de julio de 1968 y salario
diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 5.572 pesetas.
Don Juan C. S., ha prestado servicios para la empresa demandada, con
domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con la categor?a
profesional de oficial 2.?, antig?edad de 1 de febrero de 1971 y salario
diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 5.022 pesetas.
Don Pedro R. B., ha prestado servicios para la empresa demandada, con
domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con la categor?a
profesional de oficial 2.?, antig?edad de 9 de enero de 1967 y salario
diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 5.172 pesetas.
Don Victoriano E. C., ha prestado servicios para la empresa demandada, con
domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con la categor?a
profesional de oficial 1.?, antig?edad de 4 de noviembre de 1969 y salario
diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 5.572 pesetas.
Don Jos? P. del P. ha prestado servicios para la empresa demandada, con
domicilio en Girona, dedicada a la construcci?n, con la categor?a
profesional de pe?n especialista, antig?edad de 16 de octubre de 1972 y
salario diario bruto, incluida la parte proporcional de gratificaciones
extraordinarias, de 4.590 ptas. (Convenio Construcci?n publicado el 27 de
septiembre 1994, folios 132 a 142, horas de salarios folios 43 a 56).
II.-En fecha 18 de julio de 1994 y con efectos de ese mismo d?a la empresa
a trav?s del Comit? notific? a la actora la extinci?n de sus contratos de
trabajo al amparo de lo dispuesto en el art. 52.c del Estatuto de los
Trabajadores, indic?ndoles como causa "la necesidad objetivamente acreditada
de amortizar su puesto de trabajo en base a causas organizativas y
econ?micas (las mismas que propiciaron en su d?a el que la empresa
presentase un expediente de suspensi?n temporal de contratos de trabajo,
Expediente 45/1994, y autorizado por el Departament de Treball en fecha 4 de
marzo de 1994, por cuanto la situaci?n coyuntural que se presentaba en aquel
momento ha devenido estructural), causas previstas, todas ellas, en el art.
51.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Al tiempo pon?a a disposici?n de todos y cada uno de los actores cantidades
entre otras en concepto de indemnizaci?n y del mes de preaviso, las que
fueron ingresadas en sus cuentas corrientes y en la cuant?a que para cada
uno de ellos especifica en las cartas a ellos correspondientes, obrantes a
folios 119, 121, 123, 125, 127, 129 y 131 que se dan por reproducidas.
III.-En fecha 22 de febrero de 1994 el Comit? de Empresa y la empresa
alcanzaron acuerdo para la suspensi?n temporal del contrato de doce
trabajadores entre los que se encontraban los ahora demandantes durante el
per?odo del 1 de marzo al 15 de julio de 1994, afirmando que ?sa era una
medida meramente coyuntural, acuerdo que fue homologado por la Autoridad
Laboral, sin que consten entre los hechos de la resoluci?n administrativa
las concretas causas econ?micas que justificaban la medida y fund?ndola
esencialmente en el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Comit? (folios
38 a 40).
IV.-Las ventas de la empresa han disminuido del a?o 1993 a 1994 en un 39,3%
(informe pericial aportado por la empresa folios 145 a 150, en especial
folio 147), si bien desde el a?o 1991 se ha mantenido el coeficiente de
liquidez, ha aumentado el coeficiente de tesorer?a del 0,4 al 3,63, el
coeficiente de la disponibilidad que ha pasado del 0,7 al 1,84 en igual
per?odo, el de endeudamiento que ha pasado del 0,52 al 0,73, el de garant?a
que ha pasado del 2,08 al 3,68, el coeficiente de solvencia que ha pasado
2,04 al 3,63 y el coeficiente de solvencia neta del 0,37 al 0,85; adem?s el
incremento de gastos de salarios y asimilados de unos 10.000.000 de pesetas
en 1993 estuvo motivado por el abono de indemnizaciones derivadas de bajas
incentivadas (informe pericial aportado por la parte actora, folios 152 a
162, en especial folio 162, aceptada en esencia por el perito de la parte
demandada en el acto del juicio, folio 244 reverso)?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la parte actora, contra la sentencia de
instancia que declara improcedente la decisi?n empresarial de proceder a la
extinci?n colectiva del contrato de trabajo de los demandantes por causas
econ?micas al amparo del art?culo 51 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006).
SEGUNDO.-Al amparo del p?rrafo b) del art?culo 190 de la Ley de
Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049), se articula el primer motivo
del recurso que pretende la modificaci?n del hecho probado tercero para que
se haga constar en el mismo que ?Las causas econ?micas y organizativas de
dicho expediente constaban a los trabajadores afectados, Comit? de Empresa y
a su asesor, por figurar en la carpetilla o instancia inicial, y en la
documentaci?n acompa?ada, memoria, actas de las sesiones que se celebraron,
etc., documentos todos que fueron ya en su momento entregados a los
trabajadores?.
En esencial, y por ello merecedora de un especial an?lisis, la cuesti?n
planteada por el recurrente, desde el momento que la sentencia de instancia
declara la improcedencia de los despidos porque la comunicaci?n escrita
remitida por la empresa a los trabajadores, no especifica suficientemente
las causas que motivan la necesidad de amortizar sus puestos de trabajo.
Como se dice en el inatacado ordinal segundo del relato hist?rico, en fecha
18 de julio de 1994 la empresa notifica a los actores la extinci?n de sus
contratos de trabajo con efectos de ese mismo d?a, remitiendo a cada uno de
ellos una comunicaci?n en la que se indica que, ?Esta empresa en la que
presta usted sus servicios se ve en la necesidad objetivamente acreditada de
amortizar su puesto de trabajo en base a causas organizativas y econ?micas
(las mismas que propiciaron en su d?a el que la empresa presentase un
expediente de suspensi?n temporal de contratos de trabajo, Expediente
45/1994, y autorizado por el Departament de Treball en fecha 4 de marzo de
1994, por cuanto la situaci?n coyuntural que se presentaba en aquel momento
ha devenido estructural), causas previstas, todas ellas, en el art?culo
51.1.? del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia y en atenci?n a lo
expuesto, esta empresa extingue por dicha causa su contrato de trabajo con
efectos del d?a de hoy, y todo ello al amparo de lo dispuesto en el art?culo
52.c) del Estatuto de los Trabajadores?.
Es evidente, que el contenido de esta comunicaci?n, aisladamente
considerado, es absolutamente insuficiente por carecer de la concreta y
espec?fica indicaci?n de las circunstancias que justifican la decisi?n
empresarial. Como pretende la recurrente, la ?nica posibilidad de considerar
subsanada esta insuficiencia, pasa por declarar probado que los actores
conoc?an las causas que motivan el despido colectivo, al estar reflejadas
las mismas en la documentaci?n del expediente de suspensi?n temporal de
contratos de trabajo, al que se elude en la notificaci?n, y haber sido
entregada a los afectados.
Esta ?ltima circunstancia no puede declararse probada. No ya porque no se
hubieren entregado a los trabajadores los documentos del expediente de
regulaci?n de empleo -lo que no es negado por los mismos-, sino, porque tal
documentaci?n es tambi?n, absolutamente insuficiente para conocer las causas
econ?micas y organizativas que pudieran justificar la decisi?n empresarial,
como m?s adelante se razonar?, por lo que el motivo debe ser desestimado.
TERCERO.-Igual soluci?n desestimatoria merece el motivo segundo que postula
la modificaci?n del hecho probado cuarto. En primer lugar porque, como se
ver?, resulta intrascendente para la resoluci?n del recurso y adem?s, porque
los datos f?cticos que recoge el ordinal impugnado (m?s all? del mero error
referido al coeficiente de tesorer?a), no se tachan de inciertos, sino que
se pretende una distinta manifestaci?n de sus consecuencias, al exponerse
otra forma de valoraci?n de los datos econ?micos aportados por la empresa
que, realmente, deber?a quedar reservada para la fundamentaci?n jur?dica.
CUARTO.-Denuncia el motivo tercero, infracci?n del art?culo 53.1.?.a) del
Estatuto de los Trabajadores en relaci?n con el 55.1.? del mismo Cuerpo
Legal.
Como anteriormente se ha indicado, la comunicaci?n remitida por la empresa
a los trabajadores, es absolutamente insuficiente al no contener expresi?n
de las causas que justifican la decisi?n empresarial, ya que se limita a
afirmar la concurrencia de ?necesidad objetivamente acreditada de amortizar
el puesto de trabajo en base a causas organizativas y econ?micas?, sin
exponer, ni tan siquiera gen?ricamente, cu?les son las espec?ficas
circunstancias de tal ?ndole que se producen en la empresa, permitiendo de
esta forma que los trabajadores pudieran articular adecuadamente su defensa.
Se solicit? la modificaci?n del relato hist?rico para que se declarase
probado que los demandantes conoc?an tales circunstancias al estar expuestas
en la documentaci?n del expediente de regulaci?n de empleo que finaliz? en
la Resoluci?n administrativa de 4 marzo 1994, que autoriz? a la empresa la
suspensi?n temporal de los contratos de trabajo de varios trabajadores,
entre ellos los actores, por el per?odo 1 de marzo a 15 de julio de 1994;
pero, como bien razona el juzgador ?a quo?, dicha resoluci?n se limita a
aprobar el acuerdo al que llegaron la empresa y la representaci?n de los
trabajadores, sin hacer exposici?n, ni menci?n alguna a las concretas
circunstancias de naturaleza organizativa o econ?mica que pudieran
justificar la medida acordada. Por otra parte, la documentaci?n que se
contiene en el indicado expediente y a la que se alude en el recurso,
tampoco refleja en modo alguno datos de car?cter econ?mico u organizativo
que pudieran entenderse suficientes al efecto de tener por cumplida la
obligaci?n de la empresa de poner en conocimiento de los trabajadores, de
manera suficiente, las causas de tal naturaleza que justifican o sirven de
base a la decisi?n de amortizar su puesto de trabajo. Como es de ver en la
referida documentaci?n, tan s?lo obra una memoria aportada por la empresa,
en la que se alude gen?ricamente a la situaci?n de crisis por la que
atraviesa el sector de la construcci?n y se indica que las obras que en ese
momento tiene encargadas no permiten el pleno empleo de todos los
trabajadores de la plantilla. Contrariamente, se pone de manifiesto la
?buena salud financiera? de la empresa y se insiste, en que la situaci?n
descrita es puramente transitoria, afirm?ndose la existencia de buenas
perspectivas de futuro, en las actas de las reuniones mantenidas con la
representaci?n de los trabajadores, tan s?lo se alude al car?cter meramente
coyuntural de la suspensi?n temporal de empleo propuesta por la empresa, sin
que en ning?n momento se pongan de manifiesto datos de car?cter econ?mico u
organizativo h?biles al efecto pretendido.
La exigencia de comunicaci?n escrita al trabajador, que contenga expresi?n
suficiente de las causas que justifican la decisi?n empresarial, debe ser
cumplida por el empleador incluyendo en dicha notificaci?n los datos y
elementos f?cticos necesarios para que el despedido conozca suficientemente
las razones esgrimidas para la amortizaci?n de su puesto de trabajo y pueda
preparar adecuadamente su defensa y oposici?n a los argumentos de la
empresa. En el caso de autos, la demandada viene en admitir que la
comunicaci?n, por s? sola, es absolutamente insuficiente al no expresar dato
alguno que ponga de manifiesto la concurrencia de causas econ?micas u
organizativas que se alegan como fundamento de la decisi?n, pero pretende
que el cumplimiento de esta obligaci?n quede subsanado por el conocimiento
que los trabajadores tienen de tales datos, derivados del anterior
expediente de regulaci?n de empleo. Al margen de lo discutible que pueda ser
la tesis de la recurrente, lo cierto es que en el presente supuesto, no se
contiene dato alguno en la documentaci?n del referido expediente que pueda
entenderse como suficiente a los efectos de dar por cumplida la exigencia
que impone el art?culo 53.1.?.a) del Estatuto de los Trabajadores, desde el
momento que en el mismo tan s?lo se alude a una transitoria situaci?n de
crisis derivada de la m?s general por la que atraviesa el sector de la
construcci?n, y a una insuficiencia actual de pedidos que impide dar empleo
a la totalidad de la plantilla.
Tan gen?ricas manifestaciones no pueden estimarse suficiente y adecuada
expresi?n de datos econ?micos de la empresa, ni valorarse como expresi?n
bastante de las causas que motivan la decisi?n empresarial de amortizar los
puestos de trabajo de los actores, m?s a?n, cuando en la memoria que
presenta la propia empresa se afirma que cuenta con una buena salud
financiera y se expresa la confianza en el car?cter puramente transitorio de
tal situaci?n.
Es por todo ello que, sin que haya de entrarse a valorar la realidad de la
existencia de causas econ?micas que justifiquen el despido, debe ser
declarada la improcedencia del mismo por insuficiencia de la notificaci?n
remitida por la empresa a los trabajadores que impide a los mismos articular
adecuadamente su defensa al no permitirles conocer suficientemente los datos
y elementos que la empresa quiere hacer valer para legitimar la decisi?n de
amortizar sus puestos de trabajo, sin que la indefensi?n en que han quedado
por este motivo pueda entenderse subsanada por el conocimiento que pudieren
tener de la documentaci?n relativa al anterior expediente de regulaci?n de
empleo, que se ha demostrado, igualmente insuficientes a tales efectos.
QUINTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral procede imponer al recurrente el pago de honorarios de Letrado de la
parte impugnante que la Sala establece en 50.000 pesetas.

MARGINAL: AS 1995\1987
RESOLUCION: SENTENCIA de 19-5-1995, n?m. 3231/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 6772/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO


[TEXTO]:
El TSJ estima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia del
Juzgado de lo Social n?m. 11 de Barcelona, de fecha 29-9-1993, dictada en
autos promovidos sobre despido, que es revocada en el sentido que se indica
en la fundamentaci?n jur?dica.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 4 de febrero de 1993 tuvo entrada en el citado Juzgado
de lo Social demanda sobre despido suscrita por Jos? Mar?a B. C. contra ?Cem
Tres Veintisiete, SA?, ?JBC Music Service, SL? y FGS, en la que alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando
se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a
tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 29 septiembre
1993 que conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Jos? Mar?a B. C.,
debo declarar la nulidad del despido obrado sobre aqu?l con efectos de 7 de
diciembre de 1992, y en su virtud condenar a la empresa "JBC Music Service,
SL", a que lo readmita en su mismo puesto y condiciones de trabajo, y a que
le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
la de renuncia al percibo de los mismos que oper? el 14 de julio de 1993, y
desde la fecha de esta resoluci?n, hasta la de efectiva reincorporaci?n, y
que debo absolver y absuelvo de la pretensi?n de condena que les fue
dirigida a la empresa "Cem Tres Veintisiete, SA" y al Fondo de Garant?a
Salarial, sin perjuicio de la ulterior subsidiaria responsabilidad de ?ste
en los t?rminos del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, caso de
insolvencia judicialmente declarada de la Empresa condenada?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-El 20 de febrero de 1992, se celebr? contrato entre la empresa "Cem
Tres Veintisiete, SA" y don Josep B. C. por el cual la primera que explota
la sala de fiestas "Imperator", situada en Barcelona, calle C?rcega 327,
contrataba al se?or B., a trav?s de una sociedad pendiente de constituir por
?ste, de la cual ser?a administrador, para que prestase servicios
art?sticos, comprometi?ndose el se?or B. a la constituci?n de la sociedad
antes del d?a 1 de abril de 1992, y a la formaci?n de un orquesta que
actuar?a todos los d?as del a?o en la sala de fiestas citada, asumiendo la
contrataci?n, pago de retribuciones, cargas sociales, y todas cuantas
obligaciones se derivasen de la actuaci?n de los m?sicos integrantes de la
orquesta, a cambio de la percepci?n de 120.000 ptas. por d?a m?s IVA.
Pactaron las partes como causa de resoluci?n del citado contrato, el
incumplimiento por parte de la sociedad creada por el se?or B. de la
obligaci?n de dar de alta y cotizar por los m?sicos que prestasen servicios
en la orquesta.
II.-El 30 de abril de 1992 se constituy? la sociedad "JBC Music Service,
SL", mediante escritura p?blica otorgada el 16 de marzo de 1992, con
domicilio social en Peratallada de Girona, calle Riera sin n?mero, que
coincide con el domicilio del se?or B., cuyo objeto social era la
realizaci?n de espect?culos de m?sica y variedades y representaci?n t?cnica
de espect?culos, cuyo capital social era de 500.000 ptas., suscrito por
partes iguales por don Jos? Mar?a y Susana B. B., hijos del se?or B., que
adem?s fue nombrado administrador ?nico de la misma.
III.-El 16 de abril de 1992, el actor, don Jos? Mar?a B. C., titular de DNI
n?m. ..., fue contratado por el se?or B. para prestar servicios como m?sico
bajista en la orquesta "Imperator", a cambio de la percepci?n de salario
diario por d?a de actuaci?n de 8.500 pesetas. La relaci?n laboral no se
formaliz? por escrito.
IV.-La empresa "Cem Tres Veintisiete, SA" abonaba semanalmente a la empresa
"JBC Music Service, SL", facturas por suma de 828.000 ptas., de las que
720.000 correspond?an a seis d?as de prestaci?n de servicios de la orquesta,
y 108.000 al IVA correspondiente, de las que descontaba las faltas de
asistencia o puntualidad de alguno de los m?sicos de la orquesta.
V.-El actor que recib?a semanalmente el salario en la cantidad citada, del
se?or B., del que tambi?n recib?a ?rdenes y directrices sobre la forma en
que deb?a realizarse la prestaci?n laboral, fue despedido verbalmente el 7
de diciembre de 1992, por el se?or B.
VI.-Tal decisi?n del se?or B. tuvo g?nesis en comunicaci?n que a ?ste
dirigi? el 6 de diciembre de 1992 la empresa "Cem Tres Veintisiete, SA"
mediante carta del siguiente tenor literal: "Muy se?ores nuestros: Por medio
de la presente ponemos en su conocimiento la decisi?n de esta empresa de
resolver el contrato suscrito el 20 de febrero de 1992 como consecuencia del
incumplimiento por parte de ustedes de lo establecido en el pacto octavo, al
no haber realizado debidamente las cotizaciones y afiliaciones a la
Seguridad Social de todos y cada uno de los m?sicos que componen la
orquesta, especialmente al cotizar de forma totalmente irregular, sin
alcanzar la base de cotizaci?n m?nima, as? como no efectuar puntualmente las
afiliaciones a la Seguridad Social. La resoluci?n surtir? efectos a partir
del d?a de su notificaci?n. Atentamente".
VII.-La Sala "Imperator" publicitaba como actuaci?n a la orquesta
"Imperator" "con la nueva direcci?n de Josep B.".
VIII.-El actor que no ostenta, ni ostent? en el a?o inmediatamente anterior
al despido, cualidad de representante legal de los trabajadores, formul?
papeleta de conciliaci?n por despido ante el Organismo Administrativo
competente el 22 de diciembre de 1992, contra la empresa "Cem Tres
Veintisiete, SA", cuyo acto result? celebrado sin avenencia, y formul?
demanda reproduciendo tal pretensi?n el 22 de enero de 1993, que en reparto
correspondi? a este juzgado, y que fue ampliada por escrito presentado en el
juzgado el 10 de febrero de 1993, contra la empresa "JBC Music Service, SL".
IX.-Las partes de mutuo acuerdo suspendieron el acto del juicio en segunda
convocatoria, que estaba se?alada para el 14 de julio de 1993, habiendo
renunciado la parte actora a los salarios de tramitaci?n desde aquella
fecha?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
actora, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que se
dio traslado, lo impugn?, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al
presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El presente litigio trae causa en demanda por despido formulada
por el trabajador accionante contra las empresas ?JBC Music Service, SL? y
?CEM Tres Veintisiete, SA?. La sentencia de instancia estima parcialmente la
demanda y condena a la codemandada ?JBC Music Service, SL?, absolviendo a
?Cem Tres Veintisiete, SA?, por no estimar acreditado que se hubiere
producido cesi?n ilegal de trabajadores.
Recurre en suplicaci?n el demandante, postulando la condena solidaria de la
codemandada absuelta, por entender que en el caso de autos concurre cesi?n
il?cita de mano de obra.
SEGUNDO.-Al amparo del p?rrafo b) del art?culo 190 de la Ley de
Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049), se formula el primer motivo del
recurso que pretende la modificaci?n del relato de hechos probados para que
conste que el actor ha trabajado con exclusividad en la sala de fiestas
?Imperator?, en el per?odo comprendido entre el 16 de abril y 7 de diciembre
de 1992; que la orquesta en la que actuaba se denominaba "Orquesta
Imperator? y que la codemandada absuelta recibi? la suma de 400.000 ptas.
para la regularizaci?n de la Seguridad Social de los m?sicos de la orquesta.
Ya constan en el relato hist?rico los datos relativos a la prestaci?n de
servicios por el actor en la sala de fiestas, y los que hacen referencia a
la denominaci?n de la orquesta, por lo que se hace innecesaria la revisi?n
propuesta.
Por intrascendente, debe claudicar la pretensi?n revisoria que afecta a la
suma entregada a la misma empresa, ya que en nada puede afectar a la
resoluci?n que haya de darse a la cuesti?n jur?dica planteada en el recurso.
TERCERO.-Al amparo del p?rrafo c) del art?culo 190 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se articula el motivo segundo que denuncia infracci?n
del art?culo 1.?, p?rrafos 2.? y 3.? del Real Decreto 1435/1985
(RCL 1985\2023 y ApNDL 769), y art?culo 43 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006), postulando la existencia de cesi?n ilegal de
trabajadores entre las empresas demandadas y la consiguiente condena
solidaria de la absuelta.
Significar, ante todo, que esta Sala ya se ha pronunciado en un supuesto
igual al presente en el que son las mismas las empresas implicadas e
id?ntica la cuesti?n jur?dica que se somet?a a nuestro conocimiento, pues se
trataba de otros miembros de la misma agrupaci?n musical, contratados en las
mismas condiciones que el actor y cuya relaci?n laboral hab?a estado
sometida exactamente a las mismas circunstancias, no existiendo diferencia
alguna entre el caso antes enjuiciado y el presente, lo que obliga a aplicar
id?ntica soluci?n en este supuesto, al no darse circunstancias que
justifiquen un cambio de criterio que pudiera entenderse no contrario al
principio de igualdad que consagra el art?culo 14 de la Constituci?n
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875). Como dec?amos en aquella Sentencia de 14
febrero 1994 (Recurso 5743/1993), el art?culo 43 del Estatuto de los
Trabajadores proh?be el reclutamiento y la contrataci?n de trabajadores para
prestarlos o cederlos temporalmente a un empresario, cualquiera que sean los
t?tulos de dicha cesi?n, as? como la utilizaci?n de los servicios de los
mismos sin incorporarlos al personal de la empresa en la que trabajan. La
infracci?n de tal prohibici?n obliga a los empresarios implicados a
responder solidariamente de las obligaciones contra?das con los
trabajadores, como establece el p?rrafo segundo del mismo precepto. La
doctrina jurisprudencial es un?nime al interpretar que el art?culo 43 del
Estatuto de los Trabajadores proh?be todo tipo de prestamismo o cesi?n
temporal de mano de obra (a salvo, conforme a la legislaci?n actualmente
vigente, del que pueda articularse a trav?s de las empresas de trabajo
temporal), en el que incurren las empresas que, con apariencia de tales,
tienen como objeto proporcionar mano de obra a otras empresas, aunque tal
actividad quede disimulada acudiendo a un negocio jur?dico aparente para
encubrir la figura il?cita. Dicho contrato, normalmente, ser? de
arrendamiento de obra o servicio que una empresa se compromete a prestar a
la otra. Es caracter?stico de estos supuestos de ilicitud que la empresa
cedente carezca de estructura empresarial propia, de patrimonio conocido y
de los medios ordinarios para desempe?ar la actividad de que se trate.
En el caso de autos concurren todas las notas que confirman la existencia
de cesi?n ilegal de mano de obra. Como es de ver en el contenido del
contrato suscrito entre las empresas demandadas, la principal, ?CEM Tres
Veintisiete, SA?, que supuestamente act?a como arrendataria de los servicios
prestados por ?JBC Music Service, SL?, establece el horario concreto de
actuaciones de la orquesta; determina el n?mero de ensayos semanales y su
duraci?n; elige con precisi?n el tipo de m?sica que debe incluir en su
repertorio (m?sica rom?ntica, swing, salsa y otra m?sica de baile) y se
obliga a facilitar a su cargo los equipos de luz y sonido, el vestuario a
utilizar por los m?sicos y una sala de ensayos.
En tales circunstancias es evidente que ?JBC Music Service, SL? es una
entidad interpuesta, carente de cualquier infraestructura empresarial propia
y constituida con la ?nica finalidad de facilitar la mano de obra necesaria
para la prestaci?n del servicio organizado y dirigido por la principal, como
lo evidencia el hecho de que esta ?ltima haya de aportar, no s?lo los
equipos de luces (cosa comprensible trat?ndose de una sala de fiestas), sino
tambi?n los de sonido, e incluso el vestuario y una sala de ensayos para los
m?sicos. Si la principal debe aportar todos estos elementos, ?cu?l es la
estructura empresarial, medios y organizaci?n propia con la que cuenta ?JBC
Music Service, SL? para desarrollar su actividad? Si a esto a?adimos que
esta empresa se constituye con posterioridad a la formalizaci?n del contrato
con la principal, que no consta obra actividad de la misma distinta a la
prestaci?n de servicios en la sala de fiestas de autos y que despide a todos
sus trabajadores al extinguirse la relaci?n entre ambas, la conclusi?n no
puede ser otra que la ya establecida en la sentencia anteriormente citada,
es decir, que nos encontramos ante un supuesto t?pico de cesi?n ilegal de
mano de obra en el que empresario aparente, carente de toda estructura y
actividad econ?mica propia, facilita mano de obra a la empresa principal,
articul?ndose la relaci?n entre ambas a trav?s de un negocio jur?dico
simulado, ficticio y que esconde en realidad una directa relaci?n entre la
recurrida y el trabajador que ha estado sometido a su ?mbito de direcci?n y
organizaci?n, sin vinculaci?n real alguna con el empresario aparente.
Debe por ello ser estimado el recurso y revocada en parte la sentencia,
condenando a ?Cem Tres Veintisiete, SA? a responder con car?cter solidario
de las consecuencias del despido del actor.

MARGINAL: AS 1995\1959
RESOLUCION: SENTENCIA de 10-5-1995, n?m. 3004/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 7972/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO


[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia
del Juzgado de lo Social n?m. 27 de Barcelona, de fecha 12-9-1994, dictada
en autos promovidos sobre despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 13 de mayo de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado de
lo Social demanda sobre despidos suscrita por Francisco A. R. contra ?PN
Prebetong Noreste, SA? y ?Arids Formigons, SA?, en la que alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando
se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a
tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 12 septiembre
1994 que conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que desestimando la demanda interpuesta por don Francisco A. R. frente a
las empresas "Arids Formigons, SA" y "PN Prebetong Noreste, SA", sobre
despido, debo absolver y absuelvo a las mismas de las pretensiones deducidas
en su contra en tal demanda?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-El actor, don Francisco A. R., con DNI n?m. ... y domicilio en Cornell?
de Llobregat (Barcelona), c/ Grupo Foensanta, Bloque C, escalera 8, 5.?, ha
venido prestando sus servicios por cuenta y orden de la codemandada "PN
Prebetong Noreste, SA" desde el 5 de octubre de 1992, con categor?a
profesional de oficial de 1.? y salario de 239.540 ptas. mensuales.
II.-La expresada empresa "PN Prebetong Noreste, SA", en fecha 31 de
diciembre de 1993 adquiri? la empresa codemandada "Arids Formigons, SA", con
la que el actor hab?a iniciado la prestaci?n de sus servicios, subrog?ndose
en todos los derechos y obligaciones laborales de ?sta, siendo notificado en
esa misma fecha el actor de la sucesi?n empresarial.
III.-El actor, desde el mes de mayo de 1989 hab?a prestado servicios como
transportista aut?nomo para "Arids Formigons, SA", estando en posesi?n de
tarjeta de transporte, realizando los servicios con su propio cami?n
hormigonera, de 26 Tm, y percibiendo el importe de sus servicios en raz?n a
la cantidad de material transportado, de suerte que durante el tiempo en que
efectu? dicha actividad percibi? de la empresa, incluido IVA, las cantidades
siguientes:
A?o 1989.-Octubre: 714.616 ptas.; noviembre: 678.048 ptas.; diciembre:
475.608 pesetas.
A?o 1990.-Enero: 723.800 ptas.; febrero: 671.216 ptas.; marzo: 689.332
ptas.; abril: 685.591 ptas.; mayo: 866.516 ptas.; junio: 881.960 ptas.;
julio: 867.238 ptas.; agosto: 430.416 ptas.; septiembre: 492.928 ptas.;
octubre: 650.285 ptas.; noviembre: 859.703 ptas. y diciembre: 554.825
pesetas.
A?o 1991.-Enero: 699.412 ptas.; febrero: 716.055 ptas.; marzo: 871.908
ptas.; abril: 798.747 ptas.; mayo: 797.705 ptas.; junio: 684.269 ptas.;
julio: 793.727 ptas.; agosto: 334.697 ptas.; septiembre: 667.408 ptas.;
octubre: 929.031 ptas.; noviembre: 898.940 ptas. y diciembre: 577.242
pesetas.
A?o 1992.-Enero: 643.280 ptas.; febrero: 737.466 ptas.; marzo: 819.495
ptas.; abril: 670.163 ptas.; mayo: 666.293 ptas.; junio: 660.891 ptas.;
julio: 762.247 ptas.; agosto: 115.488 ptas. y septiembre: 682.985 pesetas.
IV.-El actor realizaba su actividad como aut?nomo sin estar sujeto a
horario, recibiendo las ?rdenes de carga del encargado de planta y llevando
inscrito en la puerta de su cami?n hormigonera el nombre de la empresa
"Arids Formigons, SA", n?mero de tel?fono de la misma y el de la ciudad de
Barcelona. Juntamente al actor, la empresa citada contaba con una plantilla
propia de trabajadores dedicados al transporte de hormig?n en veh?culos
propios de la empresa.
V.-A finales del mes de septiembre de 1992 la codemandada "Arids Formigons,
SA" propuso al actor incorporarse como trabajador por cuenta ajena a la
empresa y efectuar los transportes de material en veh?culos propios de la
empresa, suscribiendo al efecto contrato de trabajo de car?cter temporal al
amparo del RD 2104/1984, con una duraci?n de 3 meses, comienzo el 5 de
octubre de 1992 y por la causa de acumulaci?n de tareas por razones de tipo
productivo. Dicho contrato, llegado su vencimiento, fue prorrogado por tres
meses m?s, hasta el 4 de abril de 1993, fecha en que se extingui? el mismo,
firmando el actor el correspondiente finiquito e inscribi?ndose como
desempleado en la oficina de empleo de Cornell?.
VI.-Con fecha 6 de abril de 1993 el actor y la codemandada "Arids
Formigons, SA" formalizaron un contrato temporal de fomento del empleo al
amparo del RD 1989/1984, con per?odo de duraci?n de doce meses y vencimiento
el 5 de abril de 1994, el resto de cuyo contenido se da aqu? por reproducido
al figurar incorporado a autos.
VII.-Con fecha 21 de marzo de 1994, la codemandada "PN Prebetong Noreste,
SA" comunic? al actor la extinci?n de la relaci?n laboral por finalizaci?n
de contrato el 5 de abril de 1994.
VIII.-Con fecha 6 de abril de 1994 se present? por el actor la pertinente
papeleta de conciliaci?n, celebr?ndose el acto el 18 de abril de 1994, con
el resultado de sin avenencia?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
actora, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que se
dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar al
presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la parte actora contra la sentencia de
instancia, que, desestimando la demanda, concluye que el cese del trabajador
no es constitutivo de despido, sino de extinci?n conforme a derecho de
contrato de trabajo de duraci?n temporal al t?rmino del plazo de duraci?n
pactado.
Al amparo del p?rrafo b) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento
Laboral (RCL 1990\922 y 1049), se articula el primer motivo del recurso que
pretende la modificaci?n de los cinco primeros hechos probados. Pretensi?n
que no puede ser atendida por las razones que siguen: a) la modificaci?n de
los tres primeros -denominada ?reordenaci?n? por el recurrente-, deviene
absolutamente intrascendente para la resoluci?n del recurso al no aportar
ning?n nuevo elemento relevante a tal efecto; b) la revisi?n que se postula
del ordinal cuarto se basa exclusivamente en la prueba de confesi?n, inh?bil
a tal efecto por estar reservada en exclusiva su valoraci?n al Juez de
instancia, ?ex? art?culo 190.b) de la Ley de Procedimiento Laboral; c) del
hecho quinto se ofrece una redacci?n alternativa que contiene conceptos
jur?dicos predeterminantes del fallo, por lo que no es admisible y d)
finalmente, porque la actual redacci?n del relato hist?rico ya contiene
todos los elementos f?cticos necesarios para la resoluci?n del recurso.
SEGUNDO.-Igual resultado desestimatorio merece el motivo segundo que
denuncia infracci?n del art?culo 15 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006), y pese a su parquedad, igualmente permite
considerar que se denuncia como infringido el Real Decreto 2104/1984
(RCL 1984\2697 y ApNDL 3021), que incidentalmente se cita, aunque no se
hace menci?n de ning?n precepto en concreto.
El actor ven?a prestando servicios para la sociedad ?Arids Formigons, SA?,
desde el mes de mayo de 1989, como transportista aut?nomo, realizando
servicios de transporte de hormig?n con un cami?n hormigonera de su
propiedad. La demandada adquiere la citada sociedad, subrog?ndose en las
obligaciones laborales de la misma. A finales de septiembre de 1992 la
empresa propone al actor incorporarse a su plantilla como trabajador por
cuenta ajena, lo que es aceptado por el mismo que en 5 de octubre de 1992
formaliza contrato eventual por circunstancias de la producci?n, pasando a
prestar el servicio con un cami?n propiedad de la empresa y bajo los
par?metros ordinarios de toda relaci?n laboral. A la finalizaci?n del plazo
de duraci?n pactado, las partes suscriben contrato para el fomento del
empleo cuyo plazo de duraci?n finaliza en 5 de abril de 1994, produci?ndose
el cese del actor con esta fecha.
Postula el recurrente el car?cter fraudulento de la contrataci?n temporal
por considerar que ya ostentaba la condici?n de trabajador fijo cuando
realizaba el servicio de transporte con un cami?n de su propiedad y,
consecuentemente, no son v?lidos como tales los contratos formalizados con
posterioridad como temporales. Razonamiento que no debe ser acogido, pues la
relaci?n entre las partes anterior a la suscripci?n del contrato eventual
por circunstancias de la producci?n, no puede estimarse de naturaleza
laboral, toda vez que el actor actuaba como empresario aut?nomo, conduciendo
un cami?n de su propiedad, cuyas caracter?sticas y dimensiones -hormigonera
de 26 Tm-, permiten afirmar que no se trataba de una mera herramienta de
trabajo, sino de un veh?culo de gran valor econ?mico y suficientemente
relevante como para ser considerado elemento productivo con sustantividad
propia, que denota la existencia de una inversi?n productiva destinada a
obtener un rendimiento mediante su explotaci?n, no d?ndose por tanto las
notas de ajeneidad y dependencia que caracterizan la relaci?n laboral.
Cierto que la doctrina jurisprudencial hab?a venido entendiendo hasta ahora
que la prestaci?n de servicios realizada con veh?culos propiedad del
trabajador, pero con sometimiento al ?mbito de organizaci?n y direcci?n de
la empresa, gozaba de naturaleza laboral, pero este criterio siempre ha sido
matizado en casos como el presente en los que la importancia, y valor
econ?mico del veh?culo, transciende el mero car?cter de herramienta que no
desvirtuar?a la prestaci?n personal de trabajo como elemento determinante de
la relaci?n entre las partes. En estos casos, la importante inversi?n
econ?mica y trascendencia que en la relaci?n adquiere la naturaleza del
veh?culo, hace desaparecer las notas que caracterizan la relaci?n de
trabajo. Circunstancia que se ve avalada en el presente caso por el hecho de
que el actor, tras aceptar incorporarse a la plantilla de la demandada,
comienza a prestar servicios para la misma con veh?culos de su propiedad,
variando de esta forma sustancialmente las circunstancias en que se ven?a
desarrollando hasta el momento la relaci?n entre ambos.
Escuetamente se refiere el recurso a la posibilidad de considerar
fraudulento el contrato de trabajo temporal formalizado al amparo del Real
Decreto 2104/1984, sin citar precepto legal alguno que pudiera entenderse
infringido a tal efecto. En cualquier caso, cabe decir que no teniendo
car?cter laboral la relaci?n anterior al contrato temporal suscrito al
amparo del Real Decreto 2104/1984, el mero hecho de su formalizaci?n no lo
convierte en fraudulento, ni origina por tanto una relaci?n laboral
indefinida. La sentencia de instancia declara probado que concurr?an las
circunstancias que justifican la modalidad contractual utilizada por la
empresa y por consiguiente, tampoco puede estimarse fraudulento por falta de
concurrencia de los presupuestos que sirven de causa a esta modalidad
contractual.
No se denuncia infracci?n de precepto legal alguno en relaci?n con el
posterior contrato para el fomento del empleo, por lo que no puede la Sala
analizar las circunstancias del mismo, lo que ser?a tanto como construir de
oficio el recurso, adoptando la postura de una parte y causando indefensi?n
a la contraria. Consecuentemente, debe ser confirmada en sus t?rminos la
sentencia de instancia.

MARGINAL: AS 1995\1157
RESOLUCION: SENTENCIA de 28-3-1995, n?m. 2094/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 223/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por los actores contra la Sentencia
del Juzgado de lo Social n?m. 11 de Barcelona, de fecha 15-6-1994, dictada
en autos promovidos en reclamaci?n sobre conflicto colectivo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 27 mayo 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo
Social demanda sobre Conflicto Colectivo suscrita por Daniel A. G. y dos m?s
contra ?Mantenimiento y Montajes Industriales, SA?, en la que alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando
se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a
tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 15 junio 1994 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que debo desestimar y desestimo totalmente la demanda formulada por don
Daniel A. G., don Gonzalo G. T. y don Herminio H. C., en nombre y
representaci?n del Comit? de empresa de la empresa "Mantenimiento y Montajes
Industriales, SA", contra la misma, que promov?a, conflicto colectivo por
pr?ctica empresarial, sobre c?lculo de descuentos, en las partidas
salariales de prima especial, plus de responsabilidad, y plus de
homologaci?n, a los productores de la empresa que participaron en la huelga
general del 27 de enero de 1994?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-Los actores don Daniel A. G., don Gonzalo G. T. y don Herminio H. C.,
miembros del comit? de empresa de la empresa "Masa Mantenimiento y Montajes
Industriales, SA", que est? compuesto de cinco miembros, presentaron
demanda, promotora de conflicto colectivo, contra el acto empresarial, por
el que se practicaban descuentos, a los productores de la empresa,
participantes en la huelga general del 27 de enero de 1994, en los conceptos
de prima especial, plus de responsabilidad, y plus de homologaci?n.
II.-El Convenio Colectivo de empresa, establece cuant?a mensual, de los
citados pluses, en sumas de 7.275 ptas., 8.728 ptas. y 13.044 ptas., por m?s
respectivamente, aunque los abona, a determinados productores en cuant?a
superior.
III.-Para el c?lculo de descuentos, hall? el devengo de los mismos por hora
efectivamente trabajada por los productores en el mes de enero de 1994, y
multiplic? el resultado, por el n?mero de horas de la jornada de huelga.
IV.-Pretende la demanda de conflicto colectivo, simple declaraci?n, que no
condena, en cuanto no se contiene pretensi?n alguna de reintegro debido, de
que los descuentos, sobre los citados pluses, deben practicarse, hallando el
valor de los mismos, por d?a natural, y no de efectiva prestaci?n de
servicios?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
actora, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que se
dio traslado, no impugn?, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al
presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El presente litigio tiene origen en demanda de conflicto colectivo
interpuesta por los trabajadores accionantes solicitando que se declare
contrario a derecho el sistema utilizado por la empresa para el c?lculo de
la cuant?a que corresponde deducir del salario del mes de enero de 1994 por
el d?a de huelga realizado. El litigio afecta a los conceptos salariales de
prima especial, plus responsabilidad y plus homologaci?n, de los que no se
discute que deban ser deducidos de la retribuci?n correspondiente al d?a de
huelga, si bien se discrepa del sistema de c?lculo que ha de aplicarse. La
empresa ha procedido a dividir la cuant?a de tales complementos por el
n?mero de d?as efectivamente trabajados en el mes en cuesti?n, descontando a
cada trabajador la cantidad resultante. Los trabajadores mantienen que el
c?lculo de la deducci?n debe realizarse dividiendo la cuant?a mensual del
plus por los d?as naturales del mes, en lugar de limitarlo a los trabajados.
La sentencia de instancia desestima la demanda y los actores recurren en
suplicaci?n por el doble cauce procesal de los p?rrafos b y c del art. 190
de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049).
SEGUNDO.-Solicita el primer motivo del recurso la modificaci?n del relato
hist?rico para que se adicione un nuevo p?rrafo al ordinal tercero del
siguiente tenor literal, ?Respecto al complemento salarial el importe del
descuento se calcul? sobre d?as naturales, descontando el correspondiente al
d?a de huelga?. Afirmaci?n cierta e indiscutida, pero que, como se ver?,
resulta intrascendente para la resoluci?n del recurso por lo que no es
necesaria su incorporaci?n a la resultancia f?ctica.
TERCERO.-igual resultado desestimatorio merece el motivo segundo que
denuncia infracci?n del art. 6.2.? del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 marzo
(RCL 1977\490 y ApNDL 3623), en relaci?n con el art. 22 y anexo IV del
Convenio Colectivo de aplicaci?n.
El art. 6.2.? RDLey 17/1977 establece que durante la huelga se entender?
suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendr? derecho al
trabajo. Este precepto viene siendo interpretado de forma un?nime por la
doctrina jurisprudencial en el sentido de que las ausencias al trabajo
debidas a la participaci?n en huelga legal no deben provocar m?s p?rdidas
salariales para los trabajadores que ejerciten ese derecho constitucional,
que las correspondientes al tiempo que dure esa medida de presi?n pues
entender otra cosa supondr?a un ataque a los derechos de libertad sindical y
de huelga, sancionando a los trabajadores con p?rdidas econ?micas que
superan las previsiones del legislador -arts. 62 RDLey 17/1977, de 4 marzo,
y 45.2 ET-, al establecer que durante la huelga se entender? suspendido el
contrato de trabajo y el trabajador no tendr? derecho al salario, de tal
manera que la falta de prestaci?n del d?bito laboral durante los d?as
h?biles de la semana, en que se va generando el derecho a la retribuci?n del
descanso semanal, lleva aparejada la p?rdida del jornal que corresponde a
ese descanso y el d?a festivo, si lo hubiere, pues as? se deduce del art.
44.2 RD 2001/1983, de 28 julio (RCL 1983\1620 y ApNDL 3017) (regulaci?n de
la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos), pero los efectos de
la huelga no pueden sacarse de este contexto, desorbit?ndolos hasta tal
punto de hacerlos perdurar todo el a?o para reducir proporcionalmente la
retribuci?n de las 14 fiestas anuales que, seg?n el art. 45 RD citado, son
inh?biles a efectos laborales, en aquellos supuestos en que no coinciden en
domingo, es decir, no se trata de descansos propiamente dichos, para cuya
retribuci?n se precisa un determinado per?odo de trabajo previo, sino de
d?as en que no haya obligaci?n de trabajar. A lo que debe a?adirse como la
jurisprudencia ha reiterado que proceden los descuentos referidos a domingos
y festivos por d?as de huelga, partiendo de que la percepci?n que se abona
los festivos se debe a un artificio jur?dico por el que se simula la
actividad en tales d?as festivos, motivado por la disponibilidad y
permanencia que genera el contrato de trabajo, por lo que a la luz de los
arts. 28.2 y 35.1 CE (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), la huelga exime del deber
social y contractual de trabajar a quienes en el ejercicio de tal derecho
participan en ella pero a su vez, no tienen derecho al salario, que incluye
la parte proporcional de domingos y festivos, si los hubiere, que en tales
d?as se genera. En base a este razonamiento, la conclusi?n no puede ser otra
que la de entender que el d?a de huelga debe repercutir sobre las
gratificaciones extraordinarias y sobre los d?as de descanso semanal, como
ha tenido ya ocasi?n de indicar el Tribunal Supremo en recurso de casaci?n
para la unificaci?n de doctrina, Sentencias de 24 enero y 18 abril 1994
(RJ 1994\370 y RJ 1994\3256).
Podr?a admitirse la soluci?n propuesta por los demandantes si la
configuraci?n que el Convenio Colectivo hubiere dado a los complementos de
litigio, permitiere considerar que su devengo se realiza por d?a natural de
acuerdo con la naturaleza y raz?n de ser de los mismos. Pero en el supuesto
de autos, el Convenio no hace una descripci?n de tales complementos, ni
ofrece dato alguno que permita extraer su naturaleza, limit?ndose a indicar
su cuant?a en el anexo IV, que se fija en raz?n de una cantidad a tanto
alzado mensual; a diferencia del tratamiento que se hace del complemento
salarial cuya cuant?a se fija en ptas./d?a, lo que viene a indicar una
diferente conceptuaci?n de uno y otros complementos que impide su
comparaci?n a efectos de aplicarles id?ntico tratamiento jur?dico, de ah?
que dij?ramos que era intrascendente hacer alusi?n a esta circunstancia en
el relato hist?rico.
Llegado a este punto, visto que el Convenio Colectivo no ofrece una
descripci?n de los complementos que permita extraer su naturaleza y raz?n de
ser, debe aplicarse el criterio general antes expuesto y seg?n el cual, la
huelga debe repercutir en la parte proporcional del salario que
ficticiamente, se imputa a los d?as que no se corresponden con trabajo
efectivo, lo que supone que la retribuci?n de los conceptos salariales de
los que se trata en el caso de autos, se devengan ?nicamente por d?as
trabajados y consecuentemente, su deducci?n debe referirse exclusivamente a
los mismos, tal y como acertadamente ha concluido la sentencia de instancia,
que debe por ello ser confirmada en sus t?rminos.

MARGINAL: AS 1995\1085
RESOLUCION: SENTENCIA de 1-3-1995, n?m. 1429/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 6641/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo
Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso de suplicaci?n interpuesto por la empresa
demandada contra la Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 9 de Barcelona,
de fecha 7-6-1994, dictada en autos sobre despido y que establece la
responsabilidad solidaria de las empresas implicadas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 17 de enero de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado de
lo Social demanda sobre Despidos suscrita por Mar?a Carmen G. M. contra
?Canindus, SL?, ?SA de Manufacturados El?ctricos?, ?Manufacturados
Electromec?nicos, SA? y Fondo de Garant?a Salarial, en la que alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando
se dictase sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a
tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 7 junio 1994 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando como estimo la demanda formulada por Mar?a Carmen G. M.,
debo declarar y declaro improcedente su despido y condeno solidariamente a
las empresas "SA de Manufacturados El?ctricos", "Manufacturados
Electromec?nicos, SA" y "Canindus, SL" a que le readmitan en su puesto de
trabajo, en id?nticas condiciones a las que ten?a antes de producirse el
despido y a que le abonen los salarios dejados de percibir, en la cuant?a
que despu?s se dir? y, para el supuesto de que no se produjera la
readmisi?n, la trabajadora percibir? por el concepto de indemnizaci?n
1.048.044 ptas. y por el de salarios de tramitaci?n, desde la fecha del
despido hasta la de esta resoluci?n, la cantidad de 583.869 ptas., m?s la de
4.083 ptas. diarias hasta la fecha de notificaci?n de esta resoluci?n,
declar?ndose extinguida la relaci?n laboral en el supuesto de no readmisi?n.
La opci?n deber? ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la
Secretar?a de este Juzgado, dentro del plazo de cinco d?as de la
notificaci?n, sin esperar la firmeza de la misma, entendi?ndose, de no
hacerlo, que optan por la readmisi?n?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La actora Mar?a Carmen G. M., ingres? a prestar servicios por cuenta de
las empresas demandadas en fecha 12 de septiembre de 1988, ostentando la
categor?a profesional de Pe?n y percibiendo un salario mensual de 122.510
ptas. mensuales, con inclusi?n de prorrata de pagas extra.
II.-En fecha 12 de septiembre de 1988, la demandante suscribi? contrato de
trabajo para la formaci?n con la empresa "SA de Manufacturados El?ctricos",
con un plazo de duraci?n de tres meses, constando en el mismo que la
categor?a profesional de la actora era la de Aprendiz, as? como una jornada
de 8 horas diarias, distribuida en un tiempo de ense?anza equivalente a 1/4
de aqu?lla y los 3/4 restantes, a trabajo efectivo. El referido contrato fue
objeto de sucesivas pr?rrogas, venciendo la ?ltima en fecha 11 de junio de
1991. Ha quedado asimismo acreditado que, durante la vigencia del referido
contrato, la actora no recibi? ense?anza, prestando sus servicios como pe?n.
III.-En fecha 12 de junio de 1991, la demandante suscribi? un nuevo
contrato para la formaci?n, al amparo del RD 1992/1994, con la codemandada
"Manufacturados Electromec?nicos, SA", constando en el mismo como categor?a
profesional de la trabajadora la de pe?n. La duraci?n pactada del contrato
es de tres meses, siendo prorrogado sucesivamente hasta 11 de junio de 1992.
IV.-En fecha 15 de junio de 1992, la demandante formaliz? nuevo contrato
temporal, esta vez con la empresa "SA de Manufacturados El?ctricos", al
amparo del RD 1989/1984, como medida de fomento del empleo, en el que consta
que la trabajadora est? desempleada e inscrita como demandante de empleo
desde 12 de junio de 1992. La categor?a de la actora, seg?n el contrato en
cuesti?n, es la de Pe?n y la duraci?n pactada de doce meses.
V.-En fecha 4 de enero de 1992, la actora suscribi? contrato de trabajo
temporal como medida de fomento del empleo, con la "Mercantil Canindus, SL",
figurando en el mismo que aqu?lla est? desempleada e inscrita como
demandante de empleo en la Oficina de Empleo de 0809610, desde 23 de
diciembre de 1992. La duraci?n del referido contrato es de 12 meses, desde 4
de enero de 1993 a 3 de enero de 1994.
VI.-"Canindus, SL" notific? a la actora la extinci?n del contrato en fecha
19 de diciembre de 1993, con fecha de efectos de 3 de enero de 1994.
VII.-Ha quedado acreditado que desde el inicio de la relaci?n laboral, en
fecha 12 de septiembre de 1988, la actora ha prestado sus servicios como
Pe?n, de forma continuada e ininterrumpida en el mismo centro de trabajo,
situado en Canovellas, Pol. Industrial Can Castells, calle Isaac Peral, n?m.
6.
VIII.-"SA Manufacturados El?ctricos" fue constituida mediante escritura
p?blica de fecha 31 de marzo de 1987 por don Pascual F. V., don Francisco P.
R. y don Jos? C. A., siendo su objeto social la fabricaci?n y montaje de
aparatos electromec?nicos y el domicilio social situado en el Pol?gono
Industrial "Can Castells", en Canovellas. En la escritura fundacional de la
Compa??a, fue nombrado Administrador ?nico de la misma a don Francisco P.
R., quien renunci? al cargo en fecha 31 de enero de 1990, siendo nombrado
nuevo Administrador el se?or Pascual F. V.
IX.-"Manufacturados Electromec?nicos, SA" fue constituida el 5 de octubre
de 1989, por don Jos? Ram?n M. V., don Pascual F. V. y don Francisco P. R.,
teniendo como objeto social la fabricaci?n y montaje de toda clase de
accesorios para el autom?vil, as? como la fabricaci?n y montaje de toda
clase de electrodom?sticos. El domicilio social establecido en el momento de
constituirse la Sociedad, fue trasladado a Canovelles, pol?gono Industrial
Can Castells, Isaac Peral, 6, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria
y Universal de Accionistas, celebrada el 22 de noviembre de 1990, en la
escritura de constituci?n fue nombrado Administrador don Francisco P. R.,
quien ces? por renuncia el 19 de febrero de 1991, en cuya fecha fue nombrado
don Pascual F. V.
X.-"Canindus, SL" fue constituida mediante escritura otorgada el 5 de
noviembre de 1992, por don Ricardo I. P y don Jos? Luis G. G.; su objeto
social es la fabricaci?n, montaje, comercializaci?n e instalaci?n de toda
clase de aparatos electrodom?sticos, l?mparas y material de alumbrado, as?
como de aparatos electromec?nicos. El domicilio social est? situado en
Barcelona, Gran V?a de les Corts Catalanes, 444, 3.? 3.? y el del Centro de
Trabajo en el Pol. Industrial Can Castells, n?m. 16, de Canovelles. El
administrador ?nico de dicha sociedad es don Ricardo I. P.
XI.-Ha quedado acreditado que las tres Sociedades codemandadas tienen un
?nico centro de trabajo, el situado en Canovelles, Pol. Industrial Can
Castells, c/ Isaac Peral, que "Canindus, SL" utiliza la misma maquinaria que
"SA, Manufacturados El?ctricos" y que parte de su personal hab?a figurado en
la plantilla de dicha Compa??a y que dos de las tres codemandadas figuran en
la Gu?a Telef?nica, con id?ntico n?mero. Ha resultado igualmente probado que
el se?or Pascual F., sin tener la condici?n de socio de "Canindus, SL",
sigue ejerciendo funciones directivas en la citada Mercantil.
XII.-La demandada "SA, Manufacturados El?ctricos" inst? ERE n?m. 1708/1992,
que fue aprobado por el Departament de Treball el 14 de diciembre de 1992,
homologando el pacto suscrito entre dicha empresa y los 28 trabajadores de
su plantilla, autorizando la rescisi?n de los contratos de trabajo de los
mismos y, entre ellos, el de la actora, quien suscribi? el citado pacto el
18 de noviembre de 1992, seg?n consta al folio 195 de las actuaciones.
XIII.-Intentada conciliaci?n, result? sin avenencia en cuanto a "Canindus,
SL" e intentado sin efecto, respecto, a las restantes codemandadas?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-La sentencia de instancia estima ?ntegramente la demanda origen
del procedimiento, declarando improcedente el despido de la actora,
condenando solidariamente a las tres empresas demandadas.
Recurre en suplicaci?n la codemandada ?Canindus, SL?, por la doble v?a de
los p?rrafos b) y c) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral
(RCL 1990\922 y 1049), postulando su absoluci?n, argumentando la
inexistencia de grupo empresarial o sucesi?n en la actividad desempe?ada por
las otras codemandadas.
SEGUNDO.-Hemos de recordar, como cuesti?n previa a la resoluci?n de los
motivos del recurso que interesan la modificaci?n del relato hist?rico, que
la prosperabilidad del de suplicaci?n por el cauce procesal previsto en el
apartado b) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral, exige: a)
que la equivocaci?n que se imputa al juzgador en los hechos probados,
resulte del todo patente y sin necesidad de realizar conjeturas o
razonamientos, m?s o menos fundados, de documentos o pericias obrantes en
autos que as? lo evidencien; b) que se se?alen los p?rrafos a modificar,
ofreciendo redacci?n alternativa que delimite el contenido de la pretensi?n
revisoria; c) que los resultados postulados, aun deduci?ndose de aquellos
medios de prueba, no queden desvirtuados por otras pruebas practicadas en
autos, pues en caso de contradicci?n entre ellas debe prevalecer el criterio
del juzgador ?a quo?, a quien le est? reservada la funci?n de valoraci?n de
las pruebas aportadas por las partes; d) finalmente, que las modificaciones
solicitadas sean relevantes y trascendentes para la resoluci?n de las
cuestiones planteadas. Sin la conjunta concurrencia de estos requisitos, no
puede prosperar el recurso de suplicaci?n, de naturaleza extraordinaria, al
igual que el de casaci?n y, que a diferencia de la apelaci?n civil, no
faculta a la Sala para la revisi?n de lo actuado.
Con estas consideraciones, el motivo primero que interesa la modificaci?n
del correlativo hecho probado, debe ser desestimado, pues ya constan
reflejadas en el ordinal quinto las circunstancias a que se refiere la
recurrente, que por ello no suponen la introducci?n de datos relevantes para
la resoluci?n del recurso. Cierto que el hecho probado primero ha sido
redactado de manera un tanto imprecisa al referirse con car?cter general a
todas la demandadas, pero, considerando conjuntamente los restantes, no
queda duda alguna sobre su significado, que no se ve alterado por la
modificaci?n postulada.
Igual resultado desestimatorio merece el motivo segundo que pretende la
modificaci?n del hecho probado s?ptimo para que conste que la recurrente
inici? su actividad en fecha 4 de enero de 1993 en el local sito en
Canovelles, Pol?gono Industrial Can Castells, calle Isaac Peral, 6. Estas
circunstancias ya est?n reflejadas en el relato hist?rico, por lo que
deviene intrascendente su adici?n, siendo indiscutible el contenido actual
del ordinal impugnado en cuanto afirma que la actora siempre ha prestado
servicios en el centro de trabajo mencionado; no pudiendo la Sala tener en
consideraci?n las argumentaciones que el recurrente expone al hilo de la
modificaci?n de hechos solicitada, relativas al alquiler del local y
titularidad de la maquinaria, puesto que no tienen apoyo en elemento
probatorio alguno y adem?s, no se interesa que aparezcan reflejadas en la
redacci?n alternativa propuesta, con lo que carecen de toda eficacia
jur?dica.
Tampoco el motivo tercero merece ser acogido, puesto que se propone una
redacci?n alternativa del hecho probado d?cimo que contiene conceptos
jur?dicos predeterminantes del fallo, tales como la conclusi?n de
inexistencia de vinculaci?n alguna con las codemandadas; y por otra parte,
se refiere a circunstancias de hecho intrascendentes para la resoluci?n del
litigio, como pueden ser la composici?n del accionariado que ya consta
reflejada suficientemente, o la no coincidencia absoluta en las actividades
que constituyen el objeto social de las demandadas, lo que no desvirt?a las
afirmaciones que obran en la resultancia f?ctica, ni las consecuencias
jur?dicas que de ellas puedan desprenderse.
La modificaci?n que se postula del ordinal und?cimo, podr?a tener especial
relevancia para la resoluci?n del recurso, pero los documentos citados por
la recurrente no evidencian error de apreciaci?n del juez de instancia, ni
acreditan la incerteza de los datos que constan en el ordinal impugnado,
toda vez que no se refieren a la cuesti?n de la maquinaria; no desvirt?an la
afirmaci?n relativa a las funciones directivas del se?or P. F.; y son
coincidentes respecto al tema del personal, por lo que no puede entenderse
que se produzca evidente error de valoraci?n que conlleve la sustituci?n del
hecho probado por la redacci?n alternativa propuesta.
TERCERO.-Inmodificado el relato hist?rico y las afirmaciones con valor de
hecho contenidas en los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia,
debe ser desestimado el ?ltimo de los motivos del recurso que al amparo del
p?rrafo c) del art?culo 190 de la Ley de Procedimiento Laboral, y con
escasa, pr?cticamente nula, argumentaci?n jur?dica, denuncia infracci?n de
los art?culos 15.7.? del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL
3006); 6.4.? del C?digo Civil; 49.3.? y 1.2.? del Estatuto de los
Trabajadores. La sentencia de instancia ha establecido la responsabilidad
solidaria de la recurrente al considerar la existencia de un grupo de
empresas entre las codemandadas, configurado il?citamente como una sola
unidad empresarial.
Como esta Sala ha venido indicando con reiteraci?n tal que exime de citas,
el fen?meno de los grupos de empresa posee como elemento com?n que las
personas -f?sicas o jur?dicas- que los integran, siendo independientes entre
s? desde una perspectiva jur?dica formal, mantienen entre ellas una cierta
unidad econ?mica.
Desde el punto de vista del derecho laboral el principal problema que
plantean los grupos de empresas es el de determinar qui?n es el sujeto que
debe hacerse frente a las obligaciones laborales contratadas con los
trabajadores de una empresa del grupo: ?la empresa que ha contratado
formalmente al trabajador o el grupo de empresas como tal?, o dicho de otra
forma ?existe una responsabilidad solidaria de todas frente a las
reclamaciones de los trabajadores de cualquiera de ellas?. La doctrina
jurisprudencial acu?ada parte de la idea de que ?no cabe sentar pautas o
criterios de car?cter general? (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 mayo
1990 [RJ 1990\3946]) y del principio general de la independencia y no
comunicaci?n de responsabilidades entre las sociedades integrantes del
grupo, sobre la base de que, los v?nculos de gesti?n, econ?mica y
organizativa, no alteran por s? mismos y en todo caso, la consideraci?n de
las sociedades como entidades aut?nomas o separadas, dotadas de personalidad
jur?dica propia y por ello, independientes entre s? y responsables
limitadamente en el ?mbito de su actuaci?n; as? se expresan las Sentencias
del Tribunal Supremo de 30 enero 1990 (RJ 1990\241) ?no es suficiente que
concurra el mero hecho de que dos o m?s empresas pertenezcan al mismo grupo
empresarial para derivar de ello, sin m?s, una responsabilidad solidaria
respecto de obligaciones contratadas por una de ellas con sus propios
trabajadores?; 3 mayo 1990 ?que una empresa tenga acciones en otra o varias
empresas llevan a cabo una pol?tica econ?mica de colaboraci?n, no comporta
necesariamente la p?rdida de su independencia a efectos jur?dicos-laborales?
o la de 24 septiembre 1990 (RJ 1990\7045) que distingue entre ?el fen?meno,
l?gicamente rechazable, de la pura diferenciaci?n formal con fines
defraudatorios de los intereses laborales en juego y el de la efectiva
existencia de unidades empresariales independientes, por m?s que en ?stas se
produzca coincidencia en los elementos de direcci?n o participaci?n
empresarial?, ya que, como recordaba esta Sala en Sentencias de 21
septiembre 1992 (AS 1992\4376) y 1 junio 1994 (AS 1994\2534), entre otras,
?para que pudiera nacer la obligaci?n solidaria de responder frente a los
trabajadores de una empresa del grupo, es necesario que el grupo de empresas
haya actuado en fraude de Ley, haciendo una utilizaci?n abusiva de la
personalidad jur?dica independiente de cada una de las entidades en
perjuicio de los trabajadores, de forma que se produzca un abuso de derecho
o ?nimo defraudatorio en base al cual las empresas establezcan una trama
jur?dica que disfrace situaciones de hecho en las que en realidad se act?e
como una sola entidad empleadora, bajo la apariencia formal de distintas
empresas con personalidad jur?dica independiente, por lo que s?lo cabe
deducir responsabilidad solidaria frente a los trabajadores de todas las
empresas del grupo, cuando se haga un uso torticero y fraudulento de las
normas legales, pero no cabe exigir tal responsabilidad, cuando el grupo de
empresas act?a conforme a derecho, pues es perfectamente leg?tima la
constituci?n de tales grupos para operar en el mercado?; y cuando el grupo
act?a respetando las normas legales vigentes y sin ?nimo fraudulento
dirigido a perjudicar los derechos de los trabajadores, no cabe establecer
responsabilidad solidaria y debe mantenerse el car?cter plenamente
independiente de cada persona jur?dica, o f?sica que lo integra.
Los criterios jurisprudenciales establecidos para determinar la posible
configuraci?n il?cita del grupo de empresas y por tanto, la responsabilidad
solidaria de todas ellas frente a los trabajadores de cualquiera de las
entidades que configuran el grupo formando en realidad una ?nica unidad
empresarial, pueden resumirse en los siguientes: 1.?) la existencia de una
plantilla ?nica (Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 19 junio, 28
octubre, 16 diciembre 1986 [RTCT 1986\4657, RTCT 1986\10337 y
RTCT 1986\13899], 30 enero y 3 mayo entre otras) que se produce, cuando las
sociedades pertenecientes al grupo se benefician de la prestaci?n laboral de
trabajadores formalmente adscritos a la plantilla de una de ellas; 2.?)
cuando existe una caja ?nica o patrimonio social confundido (Sentencias del
Tribunal Supremo de 10 noviembre 1987 [RJ 1987\7838], 8 junio 1989
[RJ 1989\5256], 30 enero 1990), que tiene lugar cuando se utilizan
indiferenciadamente por todas ellas los activos o se hace pago indistinto
del pasivo; 3.?) cuando se produce una apariencia externa unitaria, actuando
en el mercado de manera conjunta, que induce a confusi?n a los terceros que
contraten con las empresas del grupo (Sentencias del Tribunal Supremo de 8
octubre 1987 [RJ 1987\6973], 22 diciembre 1989 [RJ 1989\9073]).
De no concurrir de forma suficientemente relevante cualquiera de estos
elementos, no cabe establecer responsabilidad solidaria entre las empresas
que puedan conformar el grupo por el solo hecho de estar ligadas por
v?nculos de direcci?n, organizaci?n o participaci?n accionarial,
absolutamente frecuentes en la realidad socio-econ?mica actual, en la que
las exigencias o estrategias de mercado originan situaciones de agrupaci?n
de empresas, que no por ello pierden su personalidad jur?dica propia e
independiente de las dem?s que puedan integrar o conformar el grupo.
Habr? que estar a cada caso concreto para determinar, seg?n sus
particularidades la concurrencia de los elementos y circunstancias
antedichas, teniendo en cuenta, que no es exigible a los trabajadores una
prueba pormenorizada y exhaustiva de las interioridades de las empresas,
que, obviamente no se encuentra a su alcance, por lo que, ante la existencia
de elementos de juicio suficientes que acrediten la eventual concurrencia de
cualquiera de aquellas circunstancias, corresponder?a a las empresas, por
estar m?s pr?ximas a la fuente de la prueba, aportar los datos de su
funcionamiento y estructura interna, contabilidad, patrimonio, plantilla,
etc. ..., para acreditar que las relaciones que pudieran darse entre ellas y
se deriven de las pruebas aportadas por la contraparte, obedecen a leg?timos
intereses de mercado, ajenos a cualquier ?nimo o intenci?n de defraudar los,
igualmente leg?timos, derechos de los trabajadores.
En el caso de autos, ha quedado acreditado que la actora comenz? a prestar
servicios en septiembre de 1988 para la codemandada ?SA de Manufacturados
El?ctricos?, posteriormente para la demandada ?Manufacturados
Electromec?nicos, SA? y finalmente para la recurrente, siempre en el mismo
centro de trabajo y desempe?ando id?nticas funciones. Las tres empresas
citadas tiene entre su objeto social actividades coincidentes, desarrollando
sus tareas en el mismo centro de trabajo. Entre las dos primeras se produce
una importante coincidencia en su accionariado y el de la recurrente est?
formado por un antiguo trabajador de una de ellas y un tercero, si bien, uno
de los socios de las anteriores, el se?or P. R., ejerce funciones directivas
en la misma, sin ostentar la condici?n de part?cipe en su capital social y
sin que tal circunstancia sea reconocida por la recurrente. Parte del
personal de la recurrente hab?a pertenecido a la plantilla de las otras
empresas y su actividad se desempe?a en la actualidad con maquinaria de las
mismas. Se afirma en el recurso que el hecho de encontrarse el centro de
trabajo en el mismo local es una mera coincidencia y que la maquinaria fue
comprada a los trabajadores de las otras empresas, pero no se aporta prueba
documental que acredite estos extremos, habi?ndose limitado toda la
actividad probatoria a la aportaci?n de una p?liza de cr?dito, el alta en la
seguridad social de la empresa y el pago del impuesto municipal de apertura
de establecimiento; sin que se haya tra?do al proceso los datos relativos al
centro de trabajo y adquisici?n de la maquinaria, de los que debe disponer
la empresa a la que corresponde la carga de acreditar su verdadera situaci?n
patrimonial y su total independencia y ausencia de vinculaci?n con las
anteriores, a la vista de los elementos de hecho acreditados por la actora.
De esto se infiere la efectiva confusi?n patrimonial que se produce entre
las codemandadas, suficientemente relevante como para entender que nos
encontramos ante una situaci?n de unidad empresarial, configurada de forma
oculta y con evidente ?nimo de limitar las responsabilidades de las
distintas sociedades del grupo; viniendo a configurarse una apariencia de
independencia jur?dica donde realmente se produce una continuidad en la
explotaci?n del negocio que obliga a la recurrente a responder
solidariamente con las dem?s empresas frente a la trabajadora.
Debe por ello ser desestimado el recurso y confirmada en sus t?rminos la
sentencia de instancia.
CUARTO.-Conforme establece el art?culo 232.2.? de la Ley de Procedimiento
Laboral procede imponer al recurrente el pago de honorarios de Letrado de la
parte impugnante que la Sala establece en 50.000 pesetas.

MARGINAL: AS 1995\284
RESOLUCION: SENTENCIA de 19-1-1995, n?m. 212/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 4304/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)

PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO

[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por el actor contra la Sentencia
del Juzgado de lo Social n?m. 24 de Barcelona, de fecha 24-3-1994, dictada
en autos promovidos en reclamaci?n sobre despido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 10 de febrero de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado
de lo Social demanda sobre despido suscrita por Angeles L. V. contra
?Naturana Ib?rica, SA? y Fondo de Garant?a Salarial, en la que alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando
se dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a
tr?mite y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 24 marzo 1994 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que desestimando la demanda formulada por do?a Angeles L. V. contra
"Naturana Ib?rica, SA" debo declarar procedente el despido de que fue objeto
la actora, absolviendo a la demandada de las pretensiones contenidas en el
suplico de la demanda?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-La actora do?a Angeles L. V. ha venido prestando servicios por cuenta y
orden de la empresa demandada desde el d?a 2 de noviembre de 1970, teniendo
asignada la categor?a de Maquinista Textil y percibiendo una
contraprestaci?n salarial reflejada en n?mina de 99.300 ptas. brutas, con
inclusi?n del prorrateo de pagas extraordinarias siendo tal retribuci?n la
correspondiente a julio 1987, mes anterior a la Baja M?dica.
II.-En fecha 1 de agosto de 1987 a quien suscribe se le expidi? baja m?dica
por Enfermedad Com?n, agotando el per?odo m?ximo de duraci?n de dicha
situaci?n y pasando a la situaci?n de Invalidez Provisional a partir del d?a
siguiente de la conclusi?n de la misma.
En fecha 27 de febrero de 1989, le fue expedida alta m?dica, que fue
impugnada por la actora, si?ndole comunicadas a la empresa tales
circunstancias, si bien en la comunicaci?n remitida se establec?a por un
mero error la transcripci?n mecanogr?fica que la fecha del alta m?dica
impugnada fue el 27 de enero de 1989, en lugar de la fecha en que
efectivamente se produjo (27 de febrero de 1989).
Impugnada dicha alta m?dica, en fecha 6 de febrero de 1990 el Juzgado de lo
Social n?m. 4 de Barcelona dict? Sentencia por la que estimando la demanda
interpuesta por la actora declaraba el derecho a seguir percibiendo el
subsidio por Invalidez Provisional, anulando el alta m?dica de 27 de febrero
de 1989.
Dicha situaci?n de Invalidez Provisional ha persistido hasta que, por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social al examinar el estado de la actora
a efectos de una eventual calificaci?n de Invalidez Permanente, dict?
Resoluci?n de fecha 18 noviembre 1993, notificada el 17 de diciembre del
mismo a?o, por la que resolv?a dicha Entidad Gestora no haber lugar a
declarar a la demandante en situaci?n de Invalidez Permanente, en grado
alguno de incapacidad por enfermedad com?n.
III.-Ante dicha resoluci?n, la actora compareci? en fecha 10 de enero de
1994 para la readmisi?n a su puesto de trabajo, si?ndole notificado el
siguiente escrito: "Muy Sra. nuestra: En relaci?n a la pretensi?n de causar
alta nuevamente en la empresa en el d?a de hoy, hemos de comunicarle que no
podemos acceder a la misma, puesto que con fecha 27 de enero de 1989 se le
libr? la correspondiente Alta M?dica para incorporarse al trabajo sin
incapacidad de clase alguna, despu?s de permanecer en situaci?n de ILT desde
el 1 de agosto de 1987 sin que, por su parte, hiciera dicha reincorporaci?n
en tiempo y forma, limit?ndose a comunicar a la Empresa que no se
reincorporaba a pesar del Alta M?dica dado que consideraba que sus lesiones
le imped?an efectuar la reincorporaci?n pero sin aportar justificaci?n de
clase alguna, convirti?ndose as? en int?rprete de su propio derecho dado
que, con posterioridad, ninguna otra noticia tuvimos al respecto. En
consecuencia, al no volver a presentar nuevo Parte de Baja M?dica en tiempo
y forma, ni a indicarnos en qu? situaci?n se encontraba, entendemos que la
pretensi?n de reincorporaci?n despu?s de transcurrir casi cuatro a?os desde
los hechos antes relatados, no est? ajustada a derecho y, consiguientemente,
su pretensi?n no puede ser atendida por la Empresa".
IV.-El trabajador no ostenta ni ha ostentado en el a?o anterior al despido
la condici?n de Delegado de Personal, miembro del Comit? de Empresa o
Delegado Sindical.
V.-Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliaci?n?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
actora, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que se
dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar al
presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.-Recurre en suplicaci?n la parte actora, contra la sentencia de
instancia que desestimando la demanda de despido, declar? ajustada a derecho
la decisi?n empresarial de no readmitir al trabajador en su puesto de
trabajo.
Se articula un solo motivo al amparo del p?rrafo c) del art?culo 190 de la
Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049), denunciando infracci?n
del art?culo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL
3006).
Los hechos de relevancia para la resoluci?n del recurso, son como siguen:
1.?) el actor inicia en fecha 1 de agosto de 1987 proceso de incapacidad
laboral transitoria. Agotado el plazo m?ximo de duraci?n de esta situaci?n,
es declarado en invalidez provisional; 2.?) en fecha 27 de febrero de 1989
le fue expedida alta m?dica poni?ndose fin a la situaci?n de invalidez
provisional. El trabajador no solicita el reingreso en la empresa, e impugna
la decisi?n administrativa ante la jurisdicci?n social. En Sentencia de 6
febrero 1990 se declara la nulidad del alta m?dica; 3.?) en resoluci?n del
Instituto Nacional de la Seguridad Social notificada el 17 de diciembre de
1992, se declara que el actor no se encuentra en grado alguno de incapacidad
permanente; 4.?) en 10 de enero de 1993 pretende su reincorporaci?n a la
empresa, si?ndole entregada por la misma un escrito en el que manifiesta su
voluntad de no readmitirle por entender que debi? haber solicitado el
reingreso en febrero de 1987 al haberle sido expedida alta m?dica.
El art?culo 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, contempla como causa
de suspensi?n del contrato de trabajo la incapacidad laboral transitoria e
invalidez provisional de los trabajadores. Qu? duda cabe que, mientras el
trabajador se encuentre en alguna de estas situaciones mantiene el derecho a
reintegrarse en la empresa y rehabilitar el v?nculo laboral al cese de la
misma.
En el caso de autos, tras ponerse fin a la situaci?n de invalidez
provisional mediante el alta m?dica de 2 de febrero de 1989, el recurrente
no se reincorpora a la empresa, sino que impugna judicialmente la resoluci?n
administrativa, siendo declarada la nulidad de la misma en Sentencia de 6
febrero 1990.
Como se indica en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 octubre 1991
(RJ 1991\7745), dictada en recurso de casaci?n para la unificaci?n de
doctrina resolviendo un caso id?ntico al presente; la cuesti?n a debate es
la de establecer si el actor se encontraba legitimado para no reintegrarse a
la empresa tras el alta m?dica por haber impugnado la misma ante los ?rganos
jurisdiccionales. Dicho de otra forma, si la terminaci?n de la suspensi?n
del contrato de trabajo requiere la firmeza del acto administrativo que
aprecia extinci?n de la incapacidad temporal, es decir, si por la simple
impugnaci?n de este acto, el trabajador contin?a exonerado de la obligaci?n
de trabajar hasta que se dicte sentencia firme por el orden jurisdiccional
social.
En la sentencia citada, se hace un exhaustivo an?lisis de las resoluciones
dictadas sobre la materia por el Tribunal Supremo, para terminar concluyendo
que la impugnaci?n judicial del acto administrativo por el que se expide el
alta m?dica, no exonera al trabajador de su obligaci?n de trabajar y por
tanto, de reincorporarse a la empresa pese a la pendencia del proceso
judicial, sin que pueda ampararse en la existencia de tal procedimiento para
dejar de cumplir esta obligaci?n. Doctrina que ha sido seguida en la
Sentencia de 2 marzo 1992 (RJ 1992\1609), tambi?n dictada en casaci?n para
la unificaci?n de doctrina, y recogida por esta Sala en Sentencia de 18
enero 1993 (AS 1993\401).
Como se indica en todas ellas, las resoluciones administrativas son
inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones judiciales que puedan
incorporarse contra las mismas suspendan su ejecuci?n, por lo que el acto
mediante el que se pone fin a la invalidez provisional por alta m?dica, no
queda suspendido por la posterior reclamaci?n del trabajador y
consecuentemente, el alta m?dica es efectiva y origina la finalizaci?n de la
suspensi?n que pesaba sobre el contrato de trabajo, generando as? la
obligaci?n del trabajador de solicitar el reingreso y reincorporarse a la
empresa pese a la pendencia del proceso judicial.
Ello es as?, porque de acuerdo con lo previsto en los art?culos 144.3 de la
Ley General de la Seguridad Social (RCL 1974\1482 y NDL 27361), entonces
vigente; 18.4 de la Orden Ministerial de 23 noviembre 1982 (RCL 1982\3165 y
ApNDL 12670) y 9.2 del Real Decreto 2609/1982, de 24 septiembre
(RCL 1982\2751, 3165 y ApNDL 12667) sobre evoluci?n y declaraci?n de las
situaciones de invalidez; las resoluciones de la Administraci?n, aunque
impugnadas ante la jurisdicci?n laboral, son inmediatamente ejecutivas, lo
que ha de ser interpretado, no s?lo en el sentido de que el trabajador tiene
derecho a percibir las correspondientes prestaciones en el momento en que es
declarado en una de las situaciones de incapacidad protegidas, pese a los
recursos que contra el acto administrativo se formulen, sino, que tambi?n,
los efectos de la resoluci?n que pone fin a la misma se originan en toda su
extensi?n desde el instante de su pronunciamiento sin quedar suspendidos por
el proceso judicial, pues una cosa es la firmeza de la resoluci?n
administrativa y otra distinta su eficacia, que se despliega ya desde su
emisi?n, como con car?cter general establece para todo acto administrativo
el art?culo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y
RCL 1993\246) del R?gimen Jur?dico de las Administraciones P?blicas y del
Procedimiento Administrativo Com?n.
En consecuencia, el acto administrativo en virtud del cual se puso fin en
febrero de 1989 a la situaci?n de invalidez provisional del actor, es
plenamente eficaz desde su emisi?n y pese a su impugnaci?n, por lo que
conllev? el efecto de terminar con la situaci?n de suspensi?n del contrato
de trabajo por el supuesto contemplado en el art?culo 45.1.c) del Estatuto
de los Trabajadores, generando as? la obligaci?n para el trabajador de
reincorporarse a la empresa sin esperar la firmeza de la resoluci?n judicial
que pudiera finalizar el proceso. No habi?ndose incorporado en ese momento,
es ajustada a derecho la decisi?n de la empresa de no readmitirlo cuando lo
solicita en enero de 1993, por lo que ha de ser confirmada en sus t?rminos
la sentencia de instancia que acertadamente hace aplicaci?n de este
criterio.

MARGINAL: AS 1995\281
RESOLUCION: SENTENCIA de 19-1-1995, n?m. 245/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 3379/1994.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de loSocial)
PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO
[TEXTO]:
El TSJ desestima el recurso interpuesto por la empresa demandada contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 1 de Gerona, de fecha 23-7-1993,
dictada en autos promovidos en reclamaci?n sobre procedimiento de oficio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 19 de julio de 1991 tuvo entrada en el citado Juzgado de
lo Social demanda sobre varios otras causas Seguridad Social suscrita por
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Alberto S. R. y Ernesto G. G.
contra ?Construcciones Serralvo, SL?, en la que alegando los hechos y
fundamentos de derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite
y celebrado el juicio se dict? Sentencia con fecha 23 julio 1993 que
conten?a el siguiente:
FALLO:
?Que estimando como estimo en el presente proceso de oficio el criterio
sostenido por la Administraci?n laboral, debo declarar y declaro que los
se?ores Alberto S. R. y Ernesto G. G. se hallaban en la fecha en que se gir?
la Inspecci?n de autos (6 de julio de 1989) prestando servicios en r?gimen
laboral para la mercantil "Construcciones Serralvo, SA"?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-Con fecha 7 de junio de 1989 por parte de uno de los controladores
laborales adscritos a la Inspecci?n Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Girona se gir? visita de inspecci?n a la mercantil "Construcciones
Serralvo, SA", de resultas de la que se levant? acta que en su parte que
interesa a los efectos de la presente resoluci?n, es del siguiente tenor
literal: "La constataci?n de los hechos se produce a partir de los
siguientes elementos de juicio: El Controlador Laboral actuante constata en
el momento de la visita que Ernesto G. G. y Alberto S. R. prestaron sus
servicios en la obra sita en C/Pedresos, s/n de Banyoles, por cuenta de la
empresa `Construcciones Serralvo, SA'. Se comprueba que realizan un trabajo
similar al del resto del personal de la empresa. En la visita al centro de
trabajo, el trabajador Alberto S., declara haber iniciado su actividad en la
empresa el d?a 6 de junio de 1989, ser trabajador aut?nomo y percibir una
retribuci?n de 800 ptas./h. No aporta herramientas ni materiales. Ernesto G.
G. declara prestar sus servicios en la empresa como trabajador aut?nomo,
desde hace un a?o y realizar una jornada similar a la del resto de
Trabajadores. En el ejercicio de la actividad recibe y acata las ?rdenes
impartidas por el empresario. Asegura percibir una retribuci?n de 850
ptas./h. por su trabajo personal, sin hacer aportaci?n de materiales o
herramientas. La empresa comparece el d?a 12 de junio de 1989 en la sede de
la Inspecci?n de Trabajo y declara: Confirma los extremos que se contienen
en las declaraciones de los trabajadores, salvo en los per?odos de trabajo.
Reconoce que no existe un contrato de ejecuci?n de obra. La empresa aporta
los siguientes documentos: Parte de alta en el R?gimen General del
Trabajador don Alberto S. R. con fecha 12 de junio de 1989. A instancia del
controlador laboral actuante, la empresa present? los recibos de las
retribuciones percibidas por Ernesto G. Del examen de estos documentos se
desprende que: El trabajador prest? sus servicios en los per?odos: 1 de
agosto de 1988 al 31 de agosto de 1988, 1 de octubre de 1988 al 31 de
octubre de 1988, 1 de enero de 1989 hasta la fecha de la visita. La
retribuci?n se realizaba por horas (900 ptas./h) y en alg?n caso por
unidades parciales de obra (875 ptas./m). En cada per?odo se especifica el
n?mero de horas trabajadas o unidades de obra realizadas, as? como la
retribuci?n total. Obran como pruebas documentales en poder de esta
Inspecci?n de Trabajo y Seguridad Social: parte de alta de Alberto S.
Documentos de las retribuciones y per?odos trabajados por Ernesto G. Lo que
se estima contrario a lo dispuesto en los arts. 64, 68 y 70 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
2065/1974, de 30 mayo y el art. 17 OM, 28 de diciembre de 1966 (BOE 30 de
diciembre de 1966)".
II.-Con fecha 30 de julio de 1990 por parte de la Inspecci?n Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se levant? acta de infracci?n por falta muy
grave, con arreglo a lo previsto en el art?culo 14.1.2 de la Ley 8/1988, de
7 abril.
III.-Notificada que fue a la empresa el acta referenciada, la misma formul?
en tiempo y forma descargos, alegando en s?ntesis la inexistencia de
relaci?n laboral entre la misma y los se?ores Ernesto G. G. y Alberto S. R.
IV.-Una vez informado el escrito de descargos antedicho por el controlador
laboral actuante, la Direcci?n Provincial de Trabajo de Girona, con el fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art?culo 148 del Real Decreto
Legislativo 521/1990, de 23 abril, remiti? las actuaciones al decanato de
los Juzgados de esta capital.
V.-Don Alberto S. R. ingres? a prestar servicios por cuenta y orden de la
empresa "Construcciones Serralvo, SA" en una fecha indeterminada anterior a
7 de junio de 1989, realizando trabajos de alba?iler?a bajo las ?rdenes y
supervisi?n del personal directivo de dicha empresa, con arreglo a una
jornada preestablecida por la misma, sin aportar materiales ni herramientas,
percibiendo en contraprestaci?n una retribuci?n computada por hora de
trabajo.
VI.-Don Ernesto G. G. ingres? a prestar servicios por cuenta y orden de la
empresa "Construcciones Serralvo, SA" en una fecha indeterminada anterior a
7 de junio de 1989, realizando trabajos de alba?iler?a bajo las ?rdenes y
supervisi?n del personal directivo de dicha empresa, con arreglo a una
jornada preestablecida por la misma, sin aportar materiales ni herramientas,
percibiendo en contraprestaci?n una retribuci?n computada por hora de
trabajo?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn? elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la empresa demandada, contra la sentencia
de instancia que estimando la demanda de oficio interpuesta por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declar? el car?cter laboral de la
relaci?n mantenida entre la recurrente y los trabajadores codemandados.
Interesa el primer motivo del recurso la modificaci?n del relato hist?rico,
para que conste que los codemandados Ernesto G. y Alberto S., se encuentran
de alta en el R?gimen Especial de Trabajadores Aut?nomos de la Seguridad
Social y en licencia fiscal por la actividad de ?obras de alba?iler?a?,
facturando sus trabajos a la recurrente.
Pretensi?n que no debe ser acogida por un doble motivo, en primer lugar,
por tratarse de un hecho pac?fico y no controvertido y adem?s, por resultar
intrascendente para la resoluci?n del recurso, pues trat?ndose de determinar
si las personas mencionadas prestaban servicios para la recurrente por
cuenta propia o ajena, lo esencial es establecer las condiciones en que
ven?a desenvolvi?ndose la relaci?n entre las partes, sin que tenga
relevancia a tal efecto la situaci?n jur?dica formal de los codemandados
respecto a la Seguridad Social.
SEGUNDO.-Igual resultado desestimatorio merece el motivo segundo que
denuncia infracci?n del art?culo 1 del Estatuto de los Trabajadores
(RCL 1980\607 y ApNDL 3006) y jurisprudencia que se cita.
Los codemandados prestan servicios para la recurrente, realizando obras de
alba?iler?a, bajo las ?rdenes y supervisi?n del personal de la empresa, con
arreglo a una jornada establecida por la misma, percibiendo su remuneraci?n
a raz?n de un precio estipulado por hora trabajada y sin aportar materiales
ni herramientas propias.
En tales circunstancias aplica acertadamente la sentencia de instancia lo
dispuesto en el art?culo 1.? del Estatuto de los Trabajadores, que determina
la condici?n de trabajadores por cuenta ajena de quienes presten sus
servicios retribuidos dentro del ?mbito de organizaci?n y direcci?n de otra
persona. Elementos que concurren en este supuesto, en el que no nos
encontramos ante una relaci?n civil o mercantil entre empresas distintas,
sino ante un supuesto ordinario de relaci?n laboral en el que unos
trabajadores prestan servicios sometidos al ?mbito organizativo y de
direcci?n de la empresa recurrente, como lo acredita el dato esencial de que
careciesen de la m?s m?nima infraestructura empresarial propia, no aportando
herramientas ni materiales y realizando las obras de alba?iler?a que le eran
encomendadas, bajo la supervisi?n y control directo de la recurrente,
siguiendo la jornada impuesta por la misma, sin autonom?a o poder decisorio
alguno. Frente a ello, el hecho de que pudieren estar de alta en licencia
fiscal y R?gimen de Trabajadores Aut?nomos de la Seguridad Social es
absolutamente intrascendente, por tratarse de una mera cobertura formal que
no desvirt?a la esencia y naturaleza de la relaci?n mantenida entre las
partes. La articulaci?n del pago de la retribuci?n mediante facturas, es
otro elemento formal de car?cter accesorio con el que se pretende disfrazar
el abono de una retribuci?n de naturaleza salarial pactada en un determinado
precio por hora de trabajo.
Lo verdaderamente esencial en casos como el de autos, es establecer si nos
encontramos ante una relaci?n civil o mercantil entre empresas diferentes,
con su propia infraestructura y organizaci?n aut?noma, o ante una relaci?n
laboral ordinaria disfrazada bajo la apariencia formal de un trabajo por
cuenta ajena, lo que debe deducirse de la real y efectiva situaci?n de hecho
en la que se viene desarrollando, al margen de la cobertura documental y
burocr?tica utilizada por los interesados. Y ninguna duda cabe que la
realizaci?n de trabajos de alba?iler?a para una empresa constructora, sin
aportar materiales ni herramientas, y sometidos a su ?mbito de organizaci?n
y direcci?n, constituye una relaci?n laboral ordinaria, como ha concluido la
sentencia de instancia que debe por ello ser confirmada.

MARGINAL: AS 1995\2404
RESOLUCION: SENTENCIA de 20-6-1995, n?m. 3818/1995.
Recurso de Suplicaci?n. Rollo n?m. 138/1995.
JURISDICCION: SOCIAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALU?A, Sala de lo Social)
PONENTE: Ilmo. Sr. D. SEBASTIAN MORALO GALLEGO
[TEXTO]:
El TSJ estima el recurso interpuesto por la empresa codemandada contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social n?m. 20 de Barcelona, de fecha 1-9-1994,
dictada en autos promovidos sobre despido y/o extinci?n del contrato de
trabajo, que es revocada en el sentido que se indica en la fundamentaci?n
jur?dica.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Con fecha 23 de febrero de 1994 tuvo entrada en el citado Juzgado
de lo Social demanda sobre extinci?n de contrato suscrita por Andr?s G. T.
contra ?Golfinvest Espa?a Corp., SA?, ?BGR-3, SA?, Fondo de Garant?a
Salarial y Jos? Luis B. B., en la que alegando los hechos y fundamentos de
derecho que estim? procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en
los t?rminos de la misma. Admitida la demanda a tr?mite y celebrado el
juicio se dict? Sentencia con fecha 1 septiembre 1994 que conten?a el
siguiente:
FALLO:
?Desestimando la demanda de despido nulo y con car?cter subsidiario
improcedente, Autos 435/1994, presentada por Andr?s G. T., contra
"Golfinvest Espa?a Corp., SA", "BGR-3, SA" y Jos? Luis B. B., debo de
absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en la
demanda.
Estimando la demanda de extinci?n del contrato de trabajo, Autos 161/1994,
presentada por Andr?s G. T., contra la empresa "Golfinvest Espa?a Corp., SA"
y "BGR-3, SA", debo de declarar y declaro extinguida la relaci?n laboral del
actor con las empresas demandadas, condenando a "BGR-3, SA" y "Golfinvest
Espa?a Corp., SA" con car?cter solidario, de conformidad con el art. 56 del
ET al pago de 1.566.968 ptas. Desestimando la demanda contra Jos? Luis B.
B., absolvi?ndolo de los pedimentos deducidos en la demanda?.
SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los
siguientes:
?I.-Don Andr?s G. T., con DNI n?m. ..., antig?edad en la empresa desde el
19 de mayo de 1992, categor?a profesional, comercial relaciones p?blicas.
Con un salario de 500.000 ptas. mensuales netas sin partes proporcionales de
pagas, un 2% de comisiones sobre los capitales que por su mediaci?n se
aporten a las sociedades del grupo, y el 5% en la venta de acciones,
derechos o cuotas de socios por su mediaci?n, y el 2% por su mediaci?n en la
venta de inmuebles y pago por parte de la empresa de gastos injustificados.
II.-Se celebr? el acto de conciliaci?n sin avenencia el d?a 21 de marzo de
1994.
III.-La empresa "Golfinvest Espa?a Corp., SA" se constituy? el 13 de marzo
de 1992, uno de los socios es Jos? Luis B. B. y administrador.
Art. 2: Constituye el objeto de la sociedad "Promociones Inmobiliarias y
Dep?sitos", la realizaci?n y ejecuci?n de proyectos urban?sticos, la
compraventa de material deportivo, la participaci?n en la contrataci?n o
ampliaci?n de otras sociedades de objeto social an?logo o parcial.
Tiene como domicilio la C/ Mallorca, n?m. 230.
IV.-La empresa "BGR-3, SA" (folios 120 a 124, folio 252). Se constituy? el
23 de junio de 1991, siendo socio administrador Jos? Luis B. B., con
car?cter solidario.
V.-El objeto de la sociedad es el siguiente: art. 2:
a) La promoci?n, organizaci?n y asesoramiento de toda clase de empresas
dedicadas a actividades relacionadas con las ventas inmobiliarias.
b) El asesoramiento en inversiones p?blicas y privadas de t?tulos valores.
c) La explotaci?n y creaci?n de empresas dedicadas a actividades
alimentarias, deportivas, hoteleras o de cualquier otra clase relacionadas
con las mismas.
d) La reconstituci?n por s?, o con la concurrencia de las personas f?sicas
o jur?dicas, de toda clase de sociedades mercantiles o la participaci?n de
otras ya constituidas. Domicilio social art. 3. Avenida Diagonal, n?m. 437.
VI.-"BGR-3, SA" ingres? al actor 87.000 ptas., en un cheque al portador
(folio 250).
VII.-"BGR-3, SA" ingres? el 4 de noviembre de 1992 la cantidad de 500.000
ptas. al actor en la cuenta ... (folio 246).
VIII.-Letra de cambio por importe de 1.600.000 ptas., fecha de libramiento
1 de abril de 1993, vencimiento 1 de julio de 1993, librado a "Golfinvest
Barcelona, SA" aceptada por "Golfinvest Barcelona, SA" a nombre de Jos? Luis
B., librador Andr?s G. T.
IX.-Folio 247. Cobro total del efecto impagado, vto. 1 de julio de 1993,
"Caixa D'Estalvis de Catalunya", nominal 1.600.000; comisi?n 48.000 ptas.,
Correo 28 declaraci?n 1.000 ptas.; deuda cobrada (valor 1.7) 1.649.028
pesetas.
X.-Folio 248; Letra de cambio, importe 800.000 ptas., fecha de libramiento
1 de julio de 1993, vencimiento 1 de octubre de 1993, librador "Golfinvest
Barcelona, SA" aceptada por "Golfinvest, SA", firmado por Andr?s G. T.
XI.-Folio 246. El 22 de octubre de 1993, la "Caixa D'Estalvis de Catalunya"
ha realizado el asiento en la cuenta del actor por los siguientes conceptos:
cobro total del efecto impagado, vencimiento 1 de octubre de 1993; nominal
800.000; comisi?n 24.000; correo 28; declaraci?n eq. protesto 1.000; deuda
cobrada 825.028; intereses al 32,31% del 1 de octubre de 1993 al 22 de
octubre de 1993, 15.337 pesetas.
XII.-Folios 202 y 203, "Golfinvest Espa?a Corp., SA" pag? al actor en
concepto de los servicios prestados durante el mes de junio de 1992 la
cantidad de 500.000 ptas., el 25 de junio de 1992, mediante cheque
nominativo y firmado por Jos? Luis B. B., y el mes de julio mediante cheque
nominativo de 500.000 ptas., firmado por Jos? Luis B.
XIII.-(Folio 211); letra de cambio por importe de 800.000 ptas. fecha de
libramiento 15 de octubre de 1993; fecha de vencimiento 15 de enero de 1994,
librador "Golfinvest Barcelona, SA", librador "Strokellay, SL", aceptado por
"Golfinvest Barcelona, SA".
XIV.-(Folio 208); letra de cambio por importe de 1.600.000 ptas., fecha de
libramiento 1 de noviembre de 1992, y vencimiento en fecha 1 de abril de
1992, librador "Golfinvest Barcelona, SA"; aceptada por "Golfinvest
Barcelona, SA" y entregada al actor el 1 de noviembre de 1992 (folio 207).
XV.-(Folio 199); la empresa "Golfinvest Espa?a Corp., SA" tiene por objeto,
representada por el se?or B., "el desarrollo de zonas residenciales
deportivas de alta categor?a en las que su principal actividad ser? la
realizaci?n de campos de golf e iniciativas inmobiliarias vinculados a
ellos, siempre actuando bajo experiencia y colaboraci?n del grupo 'Italiano
Golfinvest, SPA' de B?rgamo (Italia)".
Que para la ejecuci?n de las operaciones golf?sticas inmobiliarias que
tienen proyectadas el grupo "Golfinvest", se han adquirido o se est?n
adquiriendo, grandes extensiones de terrenos aptos para el desarrollo de los
proyectos en cuesti?n y para los que ser? preciso la obtenci?n de la
calificaci?n urban?stica precisa y las oportunas autorizaciones
administrativas.
XVI.-Pacto primero del contrato de trabajo, 19 de mayo de 1992 (folio 200):
"el se?or G. colaborar? con el `Grupo Golfinvest' en la programaci?n de los
proyectos golf?sticos e inmobiliarios que aqu?l desarrolle, procurando la
captaci?n de capitales a invertir en las sociedades de grupo, as? como en la
venta de cuotas sociales e inmuebles que aqu?l construya y en cuantas
actividades de relaciones p?blicas y publicidad se hallen interesados
aqu?llos, siempre bajo las instrucciones que reciba directamente de los
Consejos de Administraci?n o sus Delegados".
La colaboraci?n del se?or G. vendr? determinada por las gestiones y
trabajos que le sean encargados por la alta direcci?n del "Grupo
Golfinvest", debiendo destinar a tal fin el tiempo que sea necesario.
XVII.-El grupo "Golfinvest" conoce y acepta las actividades ten?sticas del
se?or G. y sus relaciones con la Televisi?n Espa?ola.
XVIII.-(Folio 313), en noviembre de 1992, se encarg? al despacho de
arquitectos C. R. la medici?n y an?lisis en la formaci?n de una finca, sita
en el t?rmino municipal de Cervell?, proveniente de la fusi?n y posterior
segregaci?n de varias fincas.
XIX.-El se?or B. mantuvo en la confesi?n judicial su relaci?n laboral desde
la firma del contrato hasta finales de octubre de 1993.
XX.-En febrero de 1994, le coment? al actor la existencia de un inversor
interesado en comprar el servicio.
XXI.-El se?or B. le encarg? la venta de unos cuadros, por si el actor
conoc?a alg?n interesado en los cuadros.
XXII.-"BGR-3, SA" en la Junta Central de Accionista se acuerda el cambio de
domicilio a C/ Mallorca, n?m. 230.
En cuanto a los Autos 435/1994:
XXIII.-No ha quedado probado que el 21 de mayo de 1994 en el CEMAC, don
Jos? Luis B. B., en nombre propio y como representante de "BGR-3, SA"
manifestase de forma verbal al Letrado del se?or G. que si no retiraba la
demanda contra ?l personalmente y contra la empresa "BGR-3, SA" se
producir?a una ruptura total de las relaciones con el actor.
XXIV.-Se celebr? el acto de conciliaci?n sin avenencia el 29 de marzo de
1994.
XXV.-Tel?fono de "Golfinvest Barcelona, SA" y "BGR-3, SA" es ..., el fax es
... y el domicilio el mismo C/ Mallorca, n?m. 230, principal primero?.
TERCERO.-Contra dicha sentencia anunci? recurso de suplicaci?n la parte
demandada, que formaliz? dentro de plazo, y que la parte contraria a la que
se dio traslado, lo impugn?, elevando los autos a este Tribunal dando lugar
al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Recurre en suplicaci?n la demandada, contra la sentencia de
instancia que, desestimando la excepci?n de incompetencia de jurisdicci?n
alegada por la misma, ha determinado que la relaci?n que vincula a las
partes es de car?cter laboral, estimando la demanda de extinci?n del
contrato de trabajo por voluntad del trabajador.
SEGUNDO.-El tema de la incompetencia de la jurisdicci?n social es una
cuesti?n de orden p?blico procesal que debe ser resuelta por el ?rgano
judicial con libertad, sin sujetarse a los presupuestos y concretos motivos
del recurso, sin someterse a los l?mites de la declaraci?n de hechos
probados de la sentencia de instancia y con amplitud en el examen de toda la
prueba practicada, para decidir, fundadamente y con sujeci?n a derecho,
sobre una cuesti?n cuya especial naturaleza la sustrae al poder dispositivo
de las partes (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 octubre 1989
[RJ 1989\7310], 24 enero, 5 marzo, 6 abril, 17 mayo y 11 julio 1990
[RJ 1990\204, RJ 1990\1755 a 1758, 3117 a 3119, 4350 y 5048], entre otras).
Significar ante todo, que la calificaci?n jur?dica que merezca la relaci?n
mantenida entre las partes, no viene condicionada por la denominaci?n que se
le atribuya o por la opini?n que al respecto puedan manifestar los propios
interesados, pues como establece la doctrina jurisprudencial, los contratos
tienen la naturaleza jur?dica que se deriva de su contenido obligacional,
independientemente de la denominaci?n que le otorguen los intervinientes
(Sentencia del Tribunal Supremo de 11 junio 1990 [RJ 1990\5048]), debiendo
estarse para determinar su aut?ntica naturaleza a la realidad de su
contenido manifestado por los actores realizados en su ejecuci?n, lo que
debe prevalecer sobre el ?nomen iuris? empleado por los contratantes
(Sentencia del Tribunal Supremo de 23 octubre 1989 [RJ 1989\7310]); siendo
as? que la determinaci?n del car?cter laboral o no de la relaci?n que une a
las partes, no es algo que quede a la libre disposici?n de ?stas, sino que
es una calificaci?n que debe surgir del contenido real de las prestaciones
concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan
el tipo contractual (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 abril 1985
[an?loga a RJ 1985\2669]; 18 abril y 21 julio 1988 [RJ 1988\2974 y
RJ 1988\6214] y 5 julio 1990 [RJ 1990\6059]). De lo que se deriva, que no
pueden estimarse como fundamentales, las opiniones manifestadas por las
partes en confesi?n; sino que lo esencial a tal efecto, ser? la valoraci?n
que merezcan las circunstancias concretas en que efectivamente se ven?a
desarrollando la relaci?n entre los litigantes.
Para determinar este extremo goza la Sala de total libertad, pudiendo
analizar la totalidad de la prueba practicada para formar su propia
convicci?n sobre estos hechos. As?, se considera probado lo que sigue: 1.?)
las partes firmaron un contrato en fecha 19 de mayo de 1992, en virtud del
cual el actor se obliga a colaborar con la empresa en la promoci?n de los
proyectos golf?sticos e inmobiliarios que la misma desarrolla, procurando la
captaci?n de capitales; inversiones en las empresas del grupo; venta de
cuotas sociales e inmuebles, y participar en las acciones de relaciones
p?blicas y publicidad en que se encuentre interesada la sociedad; 2.?) El
demandante es un conocido personaje p?blico, vinculado al deporte del tenis,
actuando adem?s como comentarista de televisi?n en la retransmisi?n de los
torneos m?s importantes de este deporte, por lo que goza de importante
notoriedad p?blica, especialmente en los ambientes deportivos, habiendo sido
esta circunstancia determinante del inter?s de la empresa en su
contrataci?n, como ambas partes reconocen; 3.?) Como el propio demandante
expresamente indica en el escrito de impugnaci?n del recurso, su actividad
consist?a en buscar clientes, promocionando en cenas y mediante contactos
personales las actividades de la demandada, llevando a los potenciales
inversores a sus oficinas para presentarles al se?or B. B., quien
directamente se encargaba de realizar el efectivo ofrecimiento de las
operaciones de inversi?n o ventas; 4.?) En el desempe?o de esta actividad
gozaba de total libertad de horario, no se encontraba sometido a control
alguno por la empresa, realiz?ndolas conforme a su personal criterio y
compatibiliz?ndolas con el resto de sus otras actividades deportivas y como
comentarista de televisi?n; 5.?) Como retribuci?n percib?a la suma de
500.000 ptas. netas mensuales, as? como determinadas comisiones de acuerdo
con las inversiones derivadas de su actividad promocional.
Siendo ?stas las circunstancias en que se ven?a desarrollando la relaci?n
entre los litigantes, debe concluir la Sala que no nos encontramos ante una
relaci?n de naturaleza laboral y consecuentemente, no es competente el orden
social de la jurisdicci?n para conocer de la controversia suscitada respecto
a la misma. La existencia de una relaci?n de trabajo, exige la concurrencia
de las notas de ajeneidad y dependencia a las que se refiere el art?culo
1.1.? del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1980\607 y ApNDL 3006), esto es,
que la prestaci?n de servicios contratada se realice dentro del ?mbito de
organizaci?n y direcci?n de la empresa, por tanto, con sometimiento al
c?rculo rector, disciplinario y organizativo de la misma (Sentencia del
Tribunal Supremo de 16 febrero 1990 [RJ 1990\1099]); ya que no es suficiente
para la configuraci?n de la relaci?n laboral, la existencia de un servicio o
actividad determinada y su remuneraci?n por la persona a favor de quien se
prestan para que, sin m?s, nazca a la vida del derecho el contrato de
trabajo, pues su caracter?stica esencial es la dependencia o subordinaci?n
del que presta el servicio a favor de la persona que lo retribuye, siendo
necesario para que concurra que el trabajador se halle comprendido en el
c?rculo organicista, rector y disciplinario del empleador, de modo que si no
existe tal sujeci?n el contrato es meramente civil (Sentencias del Tribunal
Supremo de 7 noviembre 1985 [RJ 1985\5738] y 9 febrero 1990 [RJ 1990\886]).
Por lo que, para que sea efectiva la presunci?n favorable a la existencia
del contrato de trabajo, que establece el art?culo 8.1.? del Estatuto de los
Trabajadores, es preciso que concurran los requisitos antes apuntados
(Sentencias del Tribunal Supremo de 5 marzo 1990 [RJ 1990\1755 y
RJ 1990\1756]), no bastando la mera realizaci?n de una determinada
actividad a favor, o por cuenta, de la persona que la retribuye; y si bien
es cierto que la dependencia no se configura en la actualidad como una
subordinaci?n rigurosa e intensa, habiendo sido estructurada, primero por la
Jurisprudencia y luego por las propias normas legales, en un sentido
flexible y laxo, bastando con que el interesado se encuentre, ?dentro del
?mbito de organizaci?n y direcci?n de otra persona? (art?culo 1 del Estatuto
de los Trabajadores) (Sentencia de 21 mayo 1990 [RJ 1990\4993]), no es menos
cierto, que la concurrencia de esta circunstancia debe exigirse en todo
caso, en mayor o menor grado, pero estando siempre presente en la relaci?n
entre las partes, pues en caso contrario se corre el peligro de
desnaturalizar absolutamente el contrato de trabajo, trayendo a este ?mbito
del derecho relaciones en las que se dan los presupuestos f?cticos que lo
caracterizan, por lo que la flexibilizaci?n en la exigencia de este
requisito debe hacerse de manera rigurosa, siendo muy escrupulosos a tal
efecto, so pena de vaciar de contenido otras posibles formas de colaboraci?n
o prestaci?n de servicios por cuenta, o, en inter?s de terceros,
contempladas en el ordenamiento jur?dico como ajenas al derecho del trabajo
y en las que, en muchas ocasiones, las partes convienen libremente en basar
su relaci?n, rigi?ndose durante su vigencia por normas ajenas al derecho
laboral, pretendi?ndose la aplicaci?n de estas ?ltimas cuando la relaci?n se
rompe, sin que real y efectivamente hubieren concurrido en la prestaci?n de
servicios las notas caracter?sticas del contrato de trabajo.
En el caso de autos, el propio contenido de la actividad desarrollada por
el actor, su car?cter de personaje p?blico y conocido que act?a como
determinante de la contrataci?n, y la vaguedad de los servicios prestados
(promoci?n, publicidad, relaciones p?blicas ...), unidos a la total y
absoluta libertad con la que cuenta para su desempe?o, sin control alguno,
no ya horario, sino, simplemente carente de cualquier instrucci?n concreta u
orden sobre la forma de llevarlo a cabo, evidencian que no concurren en esta
relaci?n las notas que caracterizan el contrato de trabajo, por muy flexible
que se sea en la exigencia de subordinaci?n y dependencia, pues lo cierto es
que el actor se limitaba a actuar seg?n su propia iniciativa para dar a
conocer la actividad de la demandada, presentando a los responsables de la
misma a posibles clientes o inversores, siendo ?stos los encargados de
llevar a t?rmino el negocio, sin que el demandante interviniere directamente
en la actividad propiamente dicha de la empresa. No desvirt?a esta
conclusi?n, el hecho de que recibiere una remuneraci?n mensual fija, pues si
bien este dato pudiere ser indiciario de la existencia de una relaci?n
laboral, la mayor relevancia de las circunstancias antes apuntadas obligan a
valorarlo como un dato no determinante al respecto; siendo por otra parte,
que nada impide que una prestaci?n de servicios de car?cter civil o
mercantil sea tambi?n retribuida mediante el pago de cantidades fijas de
car?cter peri?dico. Lo esencial en todo caso es el sometimiento al ?mbito
rector, disciplinario y organizativo de la empresa, entendiendo como
subordinaci?n, sujeci?n, sometimiento directo o su control, ?rdenes e
instrucciones sobre la forma de desarrollar la actividad, y en el presente
caso, se ha demostrado la total ausencia de esta dependencia, lo que obliga
a calificar la relaci?n entre las partes como ajena al ?mbito del derecho
del trabajo.
Consecuentemente, debe ser estimado el recurso y acogida la invocaci?n de
incompetencia del orden social de la jurisdicci?n, haciendo saber a las
partes que corresponde a la jurisdicci?n civil el conocimiento de cualquier
controversia derivada de la aplicaci?n del contrato que la vincula.